Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00187-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00187-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00187-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-00187-00
Demandante JAVIER BERMEJO ARRIETA
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. Prima técnica por experiencia
altamente calificada. Defectos fáctico, sustantivo y por
desconocimiento del precedente. Requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial: la relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir, en primera
instancia, la acción de tutela instaurada por Javier Bermejo Arrieta de conformidad
con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 13 de enero de 20261 el señor Javier Bermejo Arrieta, actuando en nombre
propio, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, a los derechos adquiridos y los principios de buena fe,
primacía del derecho sustancial, progresividad en materia laboral y favorabilidad,
con la sentencia de del 16 de octubre de 2025, proferida en la segunda instancia
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 13001-
23-33-000-2015-00367-00/01.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(Sic a toda la cita)
«Primero. Pido comedidamente al despacho se sirva declarar probado la existencia de un
defecto factico, defecto material o sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial
de la Corte Constitucional, conforme las reglas expuestas en la sentencia C- 590/05 de la
Corte Constitucional del 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, fallas estructuradas
en el contenido de la decisión plasmada en la Sentencia de fecha 16 de octubre de 2025,
notificada el 27 de octubre de 2025, identificada con el No. 4402 - 2022, expedida por la
Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso
Administrativo, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo; Expediente o Proceso No. 13001-23-33-000-
2015-00367-01.
Segundo. Pido al despacho se sirva dejar sin efecto jurídico la Sentencia de fecha 16 de
octubre de 2025, notificada el 27 de octubre de 2025, identificada con el No. 4402 - 2022,
expedida por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado - Sala de lo
Contencioso Administrativo, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo; Expediente o Proceso No.
13001-23-33-000-2015-00367-01.
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Escrito de tutela radicado inicialmente el 31 de diciembre de 2025 al correo de tutelas en línea y dirigido posteriormente
al correo de la Secretaría General de la Corporación el 13 de enero de 2026.
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Demandante: Javier Bermejo Arrieta
Tercero. Pido que se valoren las pruebas en su contenido intrínseco y externo, conforme la
sana critica tanto individual como en su conjunto; por el gran acervo probatorio aportado al
proceso, que prueban mi formación académica avanzada, suscritos por las diferentes
universidades y entidades especializadas de educación superior y la experiencia altamente
calificada; con las certificaciones que detallan el cargo profesional, el periodo laborado, la
entidad pública o privada y la relación de las funciones realizadas que determina la alta
experiencia funcional en el sector hacendatario. Con estas pruebas de la academia avanzada
y la experiencia altamente calificada; se confirma el derecho adquirido de la prima técnica
desde los dos puntos de vista que exige la norma; ya sea con los 3 años de experiencia y el
título de posgrado antes del 13 de julio de 1997, o con los 6 años de experiencia y el título
profesional antes del 13 de julio de 1997
Cuarto. Pido se ampare los derechos fundamentales: Al debido proceso, a la igualdad, a los
derechos adquiridos, de defensa, los principios de buena fe, la primacía del derecho sustancial
sobre cualquier trivialidad procesal, el principio de progresividad en materia laboral, el de
favorabilidad, el principio de no regresividad en materia laboral de JAVIER BERMEJO
ARRIETA.
Quinto. Pido se ampare los derechos constitucionales y deje sin efecto la decisión de primera
y segunda instancia, donde no se accedió a las pretensiones de la demanda incoada, al no
valorar las pruebas aportadas de educación avanzada y experiencia altamente calificada.
Cercenándose el derecho adquirido de la prima técnica al omitir efectuar un análisis crítico de
las pruebas y consecuentemente su razonamiento jurídico.
Sexto. Acorde al artículo 2 del ordenamiento constitucional, pido se ampare la protección
efectiva de los derechos constitucionales, y que se asuma de manera oficiosa por parte del
juez constitucional la valoración integral de las pruebas inherentes y la práctica de aquellas
que estime conducentes para clarificar los efectos del cumplimiento de los requisitos de
formación y experiencia calificada; pruebas que al ser valorados implicarían una decisión
diferente de fondo a lo decidido por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado
• Sala de lo Contencioso Administrativo y favorable al accionante.
Séptimo. Por tratarse de un asunto laboral, se pide aceptar, las pretensiones que consideren
favorables al actor, atendiendo las facultades extra y Ultra Petita».
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Javier Bermejo Arrieta prestó sus servicios a la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN como Inspector
IV, Código 308, Grado 08 en la división de gestión de liquidación de la
Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena.
Posteriormente fue nombrado mediante la resolución 0835 del 23 de febrero
de 1996 en carrera administrativa en el empleo de Profesional de Ingresos
Públicos I, Nivel 30, Grado 18.
Explicó que, en varias oportunidades asumió funciones de cargos de jefatura
pero siguió nombrado en el cargo de profesional.
Cuenta con dos títulos profesionales: de abogado y economista, además de
un postgrado en finanzas y derecho aduanero.
2.2. El actor solicitó ante la entidad el reconocimiento y pago de la prima técnica
por formación avanzada y experiencia altamente calificada, lo que se negó
mediante oficio del 20 de marzo de 2013.
Contra la anterior decisión presentó recurso de reposición, resuelto en la
resolución 006576 del 1º de agosto de 2013 en la que se confirmó el oficio
recurrido.
2.3. Por lo anterior, el señor Javier Bermejo Arrieta haciendo uso del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra la
DIAN, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos que
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Demandante: Javier Bermejo Arrieta
negaron el reconocimiento de la prima técnica y en consecuencia, pidió el
reconocimiento y pago de esta por cumplir con los requisitos para percibirla.
2.4. En primera instancia conoció el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de
Decisión 005 (expediente 13001-23-33-000-2015-00367-00) y, en sentencia del 30
de julio de 2021 negó las pretensiones de la demanda.
Para el tribunal, con las pruebas del expediente se acreditó el desempeño del
señor Bermejo Arrieta en empleos del nivel profesional al haberse vinculado
en un cargo de ese nivel y haber sido nombrado en carrera administrativa,
además de contar con un título de formación avanzada. Sin embargo,
consideró que el actor no comprobó la experiencia altamente calificada con
posterioridad a la obtención del título, dado que el diploma como especialista
en finanzas había sido conferido el 4 de noviembre de 1996 y, desde ese
momento hasta la fecha en que entró a regir el Decreto 1724 de 1997 (el 11 de
julio de 1997), no acreditó los 3 años de experiencia altamente calificada que
exige la norma.
Agregó que si bien el demandante aportó certificaciones en las que relacionó
experiencia laboral con anterioridad, éstas no permitían acreditar la
experiencia altamente calificada requerida para el reconocimiento de la prima
técnica pretendida.
2.5. La decisión se apeló por la parte demandante.
En segunda instancia el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
mediante sentencia del 16 de octubre de 2025 (notificada a las partes por correo
electrónico el 27 de octubre de 2025) confirmó la decisión del tribunal.
Para la Sección Segunda de esta corporación, si bien el actor cumplía con uno
de los requisitos (haber desempeñado el cargo de profesional en propiedad), no
cumplía con los restantes requisitos, pues aseguró que, de acuerdo con las
pruebas obrantes en el expediente, el título de especialista en finanzas lo
obtuvo en el mes de mayo de 1996, esto es, un año antes de la entrada en
vigencia del Decreto 1724 de 1997 y, aclaró que era necesario cumplir con
todos los requisitos para el reconocimiento de la prima técnica por ese
concepto lo que no se acreditó por el servidor.
Sostuvo que sin desconocer que se aportaron certificaciones laborales
anteriores a la vinculación que tuvo con la DIAN, por el periodo comprendido
entre 1983 y 1996, con lo que pretendió certificar la experiencia altamente
calificada, lo cierto era que del contenido de estas solo se advertía el
desempeño en diversos empleos pero no la experiencia altamente calificada
para el ejercicio del cargo del cual pretendió derivara el reconocimiento de la
mencionada prima.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora alegó que la sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 13001-23-33-000-2015-00367-00/01 incurrió en los
defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento del precedente. Las razones
fueron las siguientes:
3.1. Defecto fáctico: Señaló que se desconocieron y dejaron de valorar por parte
del alto tribunal las pruebas que acreditaban la formación académica y la
experiencia calificada tales como la aprobación de los títulos universitarios de
economista y abogado, de especialización en Finanzas, en Derecho
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Demandante: Javier Bermejo Arrieta
Aduanero, diplomados, seminarios y cursos de carácter profesional, además
de las certificaciones de cargos de alta responsabilidad y calidad profesional
en diferentes entidades del sector público y privado, tales como: Distribuidora
José Schuster, Perfumería Lemaitre, Banco Cooperativo de Colombia, Fondo
de Previsión Social de Bolívar y la DIAN.
3.2. Defecto sustantivo: Que sustentó de la siguiente manera:
«El defecto sustantivo por desconocer las pruebas, no valorarlas en la sana crítica y de
acuerdo con los principios probatorios; es una causal de procedibilidad de la acción de tutela,
por la flagrante omisión, valoración indebida e irrazonable, ignorando las pruebas esenciales
y arrimadas al proceso acorde con la norma preexistente; conllevando a la aplicación
incorrecta de la ley y vulnerando el debido proceso, derecho de defensa; afectado derechos
fundamentales al no considerar la realidad fáctica del caso»
3.3. Defecto por desconocimiento del precedente: Sostuvo que a otros
funcionarios les fue otorgada la prima técnica quienes estaban en similares
condiciones a las suyas, lo que iba en contra del principio de igualdad y de
confianza legítima.
Citó como desconocidas las siguientes providencias del Consejo de Estado:
• Sentencia del 14 de diciembre de 2015, Sección Segunda, Subsección B,
radicación 73001-23-31-000-2011-00546-01, con ponencia del magistrado
Gerardo Arenas Monsalve.
• Sentencia de tutela del 11 de diciembre de 2014, Sección Quinta,
radicación11001-03-15-000-2014-00756-01, ponencia de la magistrada Susana
Buitrago Valencia.
• Sentencia de tutela del 16 de enero de 2014, Sección Segunda, Subsección B,
radicación 11001-03-15-000-2013-02409-00, ponencia del magistrado Gerardo
Arenas Monsalve.
• Sentencia del 14 de julio de 2014, Sección Segunda, Subsección B, radicación
52001-23-30- 000-2012-00182-01, con ponencia del magistrado Gustavo
Gómez Aranguren.
Mencionó la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico del 3 de
octubre de 2014, radicación 08001-33-31-002-2009-00391-00 con ponencia del
magistrado Ángel Hernández Cano.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 20 de enero de 2026 el despacho ponente: (i) admitió la acción
de tutela interpuesta por el señor Javier Bermejo Arrieta contra el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B; (ii) ordenó la notificación de las
partes; (iii) como terceros con interés a la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN (entidad que actuó como
demandada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho), a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio Público
(quienes fueron vinculados en el medio de control) y al Tribunal Administrativo de
Bolívar, Sala de Decisión 005 (autoridad que dictó sentencia de primera instancia
en el citado medio de control).
4.2. La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado intervino por
conducto de la magistrada ponente quien indicó que la decisión fue adoptada
teniendo en cuenta las pruebas aportadas al expediente y las normas
aplicables que llevaron a concluir que el actor no cumplía con los requisitos
para ser acreedor a la prima técnica, al no contar con experiencia altamente
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calificada, sin que se advirtiera la vulneración de derechos fundamentales en
la sentencia cuestionada.
4.3. El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 005 por conducto
del magistrado titular del despacho manifestó que la tutela no cumplía con el
requisito de relevancia constitucional al estar discutiéndose un aspecto legal
ya resuelto en la sentencia que, en primera instancia, negó las pretensiones al
no acreditarse los requisitos para el pretendido reconocimiento de la prima
técnica por experiencia altamente calificada. Por lo anterior, pidió que se
declare la improcedencia de la acción de tutela.
4.4. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, DIAN se pronunció por conducto de apoderado judicial quien
manifestó que la tutela no cumplía con el requisito de relevancia constitucional
por entender la presente acción como una instancia adicional del proceso
ordinario, en busca de un nuevo pronunciamiento reiterando los argumentos
propuestos en sede ordinaria, por lo que consideró que la misma era
improcedente.
4.5. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio Público,
no se pronunciaron en esta oportunidad pese haber sido notificados de la
existencia de la presente acción.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991,2 fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales.
Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
2
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
3
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
4
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
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Demandante: Javier Bermejo Arrieta
De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Es por tal razón que la procedencia de la acción contra providencias
judiciales exige una mejor fundamentación del vicio que se le atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
Ahora bien, cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida
por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la
acción de amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las
encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que
los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia.
Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional
para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada
debe contener un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa
con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar
el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales especiales
de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y
sea incompatible con la jurisprudencia constitucional. Es importante tener en cuenta
que, en la sentencia, SU-573 de 2017, la Corte Constitucional analizó el tercer
elemento en el acápite de relevancia constitucional.
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta que se trata de una tutela contra providencia judicial deberá
verificarse previamente el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad,
concretamente el de la relevancia constitucional.
De estar acreditado, corresponderá a la Sala determinar si al emitir la providencia
del 16 de octubre de 2025 en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho 13001-23-33-000-2015-00367-00/01, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y por
desconocimiento del precedente, en los términos propuestos por la parte actora.
4. Requisito de procedencia de la relevancia constitucional y su análisis en
el caso concreto
4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta
premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está
condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.
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Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso 11001-03-15-000-2012-02201-
01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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Demandante: Javier Bermejo Arrieta
Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este
requisito, esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del
Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por
la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos
criterios orientadores:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga
de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
La Corte Constitucional ha considerado que la relevancia constitucional es el
primer presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos de rango
fundamental.
En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al
juez verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia
adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal
propósito, le corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso en
que se profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de
tutela son iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez natural.
4.2. En el caso propuesto, encuentra la Sala que no se acredita este requisito de
procedibilidad, pues al verificar los argumentos presentados en el recurso de
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Demandante: Javier Bermejo Arrieta
apelación contra la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de
Decisión 005 se evidencia que coinciden con los argumentos propuestos al
juez natural de la causa, ahora a través de la interposición de la presente
acción y al amparo de los defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento
del precedente.
Las razones de inconformidad presentadas por el demandante en el recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia del 30 de julio de 2021, proferida
en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Bolívar, se hicieron
consistir en lo siguiente:
(i) Afirmó que las pruebas aportadas al proceso acreditaban su formación
académica y la experiencia calificada. Mencionó los títulos profesionales
obtenidos y se refirió a su experiencia profesional en cargos de alta
responsabilidad y calidad profesional en diferentes entidades del sector
público y privado, tales como: Distribuidora José Schuster, Perfumería
Lemaitre, Banco Cooperativo de Colombia, Fondo de Previsión Social de
Bolívar y la DIAN.
(ii) Indicó que a otros funcionarios sí les fue otorgada la prima técnica,
estando en las mismas condiciones que él, lo que iba en contra del
principio de igualdad y de confianza legítima. Citó las siguientes
providencias del Consejo de Estado:
• Sentencia del 14 de diciembre de 2015, Sección Segunda, Subsección B,
radicación 73001-23-31-000-2011-00546-01 con ponencia del magistrado
Gerardo Arenas Monsalve.
• Sentencia de tutela del 11 de diciembre de 2014, Sección Quinta,
radicación11001-03-15-000-2014-00756-01, ponencia de la magistrada
Susana Buitrago Valencia.
• Sentencia de tutela del 16 de enero de 2014, Sección Segunda, Subsección
B, radicación 11001-03-15-000-2013-02409-00, ponencia del magistrado
Gerardo Arenas Monsalve.
• Sentencia del 14 de julio de 2014, Sección Segunda, Subsección B,
radicación 52001-23-30- 000-2012-00182-01, con ponencia del magistrado
Gustavo Gómez Aranguren.
También citó la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico del
3 de octubre de 2014, radicación 08001-33-31-002-2009-00391-00, con
ponencia del magistrado Ángel Hernández Cano.
La providencia del 16 de octubre de 2025 proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B resolvió el problema jurídico de la siguiente
manera:
«78. Según las normas citadas en el marco normativo que se dejó expuestos en párrafos
anteriores, para el reconocimiento de la prima técnica antes de la entrada en vigencia del
Decreto 1724, se requería cumplir los siguientes presupuestos: - Desempeñar cargo en
propiedad en los niveles profesional, ejecutivo, asesor o directivo y que sea susceptible de
dicha asignación. - Título de formación avanzada que exceda los requisitos mínimos fijados
para el cargo. - Tres años de experiencia altamente calificada en el ejercicio profesional o en
la investigación técnica o científica en áreas relacionadas con las funciones propias del cargo
que sea calificada por el jefe de la entidad con base en la documentación que el funcionario
acredite.
79. Para esta Sala y si bien el actor acreditó que desempeñó el cargo de profesional en
propiedad para el que fue nombrado el 23 de febrero de 1996, lo cierto es que no demostró
los restantes requisitos. Así se puede advertir del análisis de la prueba documental relacionada
en el párrafo 75.
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80. En efecto, el título de especialista en finanzas lo obtuvo el actor en mayo de 1996, un año
antes de la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997. A partir de este hecho no es posible
concluir que demostró el requisito de experiencia altamente calificada en los términos que
exigía la Resolución 8011 de 1995 concordante con el artículo 2 del Decreto 1661 de 1991. Además, los restantes estudios que aparecen certificados fueron posteriores a la vigencia de
referido decreto, el 11 de julio de 1997. 81. Por otra parte, y sin desconocer que al expediente se aportaron certificaciones laborales
anteriores a la vinculación del demandante con la DIAN de 1983 a 1996 con las cuales
pretendió demostrar la experiencia altamente calificada, de su contenido solo se puede
observar el desempeño en diversos empleos, pero no la experiencia altamente calificada para
el ejercicio del cargo del cual pretendió derivar el reconocimiento a la prima técnica. 82. En consecuencia, tal y como el Tribunal lo concluyó, el señor Javier Bermejo Arrieta no es
beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 4 del Decreto 1724 de 1997. 83. Resuelto lo anterior, pasa la Sala entonces a revisar si el actor tenía derecho al
reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada
en vigencia del Decreto 1724 de 1997 que exige cumplir los siguientes 4 requisitos: (i) ejercer
el cargo en propiedad; (ii) que el cargo corresponda a los niveles ejecutivo, asesor o directivo;
(iii) acreditar título de formación avanzada como especialización, maestría o doctorado; y (iv)
3 años de experiencia altamente calificada. 84. En ese sentido, es fundamental tener presente que, para que se configure el derecho al
reconocimiento de la prima técnica bajo estudio, deben acreditarse de manera íntegra los
cuatro requisitos exigidos, los cuales son de cumplimiento conjunto, más no electivo; en
consecuencia, la ausencia de cualquiera de ellos impide al servidor ser beneficiario de dicho
rubro. 85. Así las cosas, en el expediente quedó demostrado que el señor Javier Bermejo Arrieta,
fue incorporado a la planta de personal desde el año 1996, como Profesional en Ingresos
Públicos I Nivel 30 Grado 18, por estar en la lista de elegibles del concurso de méritos
convocado por la DIAN. De esta manera acreditó el cumplimiento del primero de los requisitos
enunciados. 86. Respecto al segundo de los requisitos, esto es, que la vinculación se de en empleos del
nivel directivo, ejecutivo, asesor, no aparece acreditado. Javier Bermejo Arrieta desempeñó
varios cargos de nivel profesional, entre ellos, el de Profesional en Ingresos Públicos I, nivel
30 grado 18; Gestor I, código 301 grado 01; Gestor III, código 303 grado 03; Inspector IV,
código 308 grado 08; Asesor; Jefe de Grupos Internos; Jefe de División. 87. Finalmente, tampoco certificó la experiencia altamente calificada porque, si bien en el
expediente digital reposan certificaciones laborales suscritas por la Jefe de División
Fiscalización Aduanera, el Administrador Especial de Aduanas de Cartagena y la Subdirección
de Gestión de Personal de la DIAN, su contenido se limita a señalar el tiempo de servicio, los
cargos y las funciones propias de los mismos. Estas descripciones, a la luz de la
jurisprudencia, no permiten evidenciar el nivel de exigencia requerida por la normativa, para
concluir que el demandante demostró la experiencia altamente calificada que le dé derecho al
reconocimiento económico reclamado. 88.
Este requisito tampoco se puede tener por acreditado, como se dijo en el párrafo 81 de
esta providencia, con las certificaciones que dan cuenta de su desempeño anterior a su
vinculación con la DIAN, durante el periodo comprendido entre 1983 a 1996, en la Distribuidora
Lemaitre S.A., Banco Cooperativo de Colombia, Distribuidora José Shuster y CIA LTDA,
Fondo de Previsión Social de Bolívar FONPREBOL,, dado que, del contenido de estos
documentos no se puede concluir la experiencia altamente calificada en los términos que la
normativa y la jurisprudencia exigen. 89. Lo anterior debido a que no demostró que sus competencias estaban relacionadas con las
áreas en las que sustentó la experiencia altamente calificada y a que el solo título de formación
avanzada, de especialista en finanzas, no resulta suficiente para deducir el cumplimiento del
citado presupuesto».
Ahora, en el escrito de tutela, la parte actora insistió en los mismos argumentos
al amparo de los defectos sustantivo, fáctico y por desconocimiento del
precedente jurisprudencial con los siguientes argumentos:
(i) Sostuvo que se desconocieron y dejaron de valorar por parte del alto
tribunal las pruebas que acreditaban la formación académica y la
experiencia calificada tales como la aprobación de los títulos
universitarios de Economista y Abogado, de especialización en
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Finanzas, en Derecho Aduanero, diplomados, seminarios y cursos de
carácter profesional, además de las certificaciones de cargos de alta
responsabilidad y calidad profesional en diferentes entidades del sector
público y privado, tales como: Distribuidora José Schuster, Perfumería
Lemaitre, Banco Cooperativo de Colombia, Fondo de Previsión Social de
Bolívar y la DIAN.
(ii) Citó nuevamente idénticas providencias:
Del Consejo de Estado:
• Sentencia del 14 de diciembre de 2015, Sección Segunda, Subsección B,
radicación 73001-23-31-000-2011-00546-01 con ponencia del magistrado
Gerardo Arenas Monsalve.
• Sentencia de tutela del 11 de diciembre de 2014, Sección Quinta,
radicación11001-03-15-000-2014-00756-01, ponencia de la magistrada
Susana Buitrago Valencia.
• Sentencia de tutela del 16 de enero de 2014, Sección Segunda, Subsección
B, radicación 11001-03-15-000-2013-02409-00, ponencia del magistrado
Gerardo Arenas Monsalve.
• Sentencia del 14 de julio de 2014, Sección Segunda, Subsección B,
radicación 52001-23-30- 000-2012-00182-01, con ponencia del magistrado
Gustavo Gómez Aranguren.
Del Tribunal Administrativo del Atlántico la sentencia del 3 de octubre de
2014, radicación 08001-33-31-002-2009-0391con ponencia del magistrado
Ángel Hernández Cano.
4.3. De acuerdo con lo resuelto en la decisión de cierre, se advierte que la
autoridad judicial realizó el análisis del caso, en relación con el cumplimiento
de los requisitos establecidos en la norma para el reconocimiento y pago de
la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada,
de cara a los medios de prueba aportados al proceso, que le permitieron
concluir que el señor Javier Bermejo Arrieta solo cumplía con uno de ellos: el
relacionado con el desempeño de un empleo del nivel profesional en el que se
posesionó el actor en carrera administrativa, pero sin encontrar probado el
segundo, consistente en la acreditación de la experiencia altamente calificada.
Explicó la autoridad judicial, que era necesario cumplir con la totalidad de los
requisitos y no solo con algunos de ellos.
Las inconformidades propuestas por la parte demandante fueron
razonablemente resueltas por el juez natural de la causa, a partir de los
supuestos fácticos expuestos, los medios de prueba legal y válidamente
allegados al respectivo medio de control y con fundamento en los requisitos
exigidos por la norma que consagra el derecho reclamado.
En este orden de ideas, la acción de tutela no supera el requisito de relevancia
constitucional pues lo que busca la parte actora es reabrir el debate en relación
con el derecho que dice asistirle a la prima técnica por formación avanzada y
experiencia altamente calificada, sin que con la decisión de cierre se evidencie
la trasgresión de los derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso
y los principios a los que alude en el escrito de tutela.
Conforme lo ha establecido la jurisprudencia reiterada de la Corte
Constitucional6, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales es excepcional. Ello es así porque el análisis de las sentencias y de
6
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño; sentencia SU-050 de 2015 M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva; y sentencia SU-917 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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los autos por vía de tutela, involucra los principios de independencia y
autonomía judicial, la preclusión de los procesos y la cosa juzgada que se
predica de las providencias judiciales con miras a definir los litigios puestos en
conocimiento de los jueces de la República.
De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye en sí misma una
vulneración de derechos fundamentales. De aceptar esa posibilidad, se
desnaturalizaría la acción de tutela contra providencias judiciales, como
mecanismo excepcional. Es por tal motivo, que de manera reiterada se ha
sostenido que cuando se controvierten decisiones judiciales, la procedencia
del amparo está sujeto a que el asunto sea de tal relevancia en materia
constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración
grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso.
Por último. no debe olvidarse, que tratándose de providencias judiciales
proferidas por altas Cortes (quienes cumplen la función de unificar jurisprudencia y
actuar como órganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones), se exige la
configuración de un error en la providencia judicial acusada que haga que esta
riña de manera abierta con la Constitución Política y que sea incompatible con
la jurisprudencia constitucional, además de encontrar plenamente justificada
la procedencia de tutela contra providencia judicial Lo cual no acontece en el
sub examine.
5. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará improcedente la presente
acción al no cumplirse con el requisito de procedencia de la relevancia constitucional
por entender la tutela como una instancia adicional.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Javier Bermejo
Arrieta, de conformidad con las consideraciones hechas en esta providencia.
2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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