Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00187-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00187-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00187-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
21 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00187 01
Accionante: Javier Bermejo Arrieta
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección “B”
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirma la sentencia impugnada que declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir el
requisito general de relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra del fallo de tutela
proferido el 5 de marzo de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró
improcedente el amparo solicitado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Javier Bermejo Arrieta, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela
en contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, y para ello formuló
las siguientes pretensiones1:
Primero. Pido comedidamente al despacho se sirva declarar probado la existencia
de un defecto factico, defecto material o sustantivo y desconocimiento del
precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, conforme las reglas
expuestas en la sentencia C- 590/05 de la Corte Constitucional del 8 de junio de
2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, fallas estructuradas en el contenido de la
decisión plasmada en la Sentencia de fecha 16 de octubre de 2025, notificada el
27 de octubre de 2025, identificada con el No. 4402- 2022, expedida por la Sección
Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso
Administrativo, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo; Expediente o Proceso No. 13001-
23-33-000-2015-00367-01.
Segundo. Pido al despacho se sirva dejar sin efecto jurídico la Sentencia de fecha
16 de octubre de 2025, notificada el 27 de octubre de 2025, identificada con el No.
4402 - 2022, expedida por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de
Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo;
Expediente o Proceso No. 13001-23-33-000-2015-00367-01.
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00187 00.
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Accionante: Javier Bermejo Arrieta
Accionado: Consejo de estado, Sección Segunda, Subsección “B”
Tercero. Pido que se valoren las pruebas en su contenido intrínseco y externo,
conforme la sana critica tanto individual como en su conjunto; por el gran acervo
probatorio aportado al proceso, que prueban mi formación académica avanzada,
suscritos por las diferentes universidades y entidades especializadas de
educación superior y la experiencia altamente calificada; con las certificaciones
que detallan el cargo profesional, el periodo laborado, la entidad pública o privada
y la relación de las funciones realizadas que determina la alta experiencia
funcional en el sector hacendatario. Con estas pruebas de la academia avanzada
y la experiencia altamente calificada; se confirma el derecho adquirido de la prima
técnica desde los dos puntos de vista que exige la norma; ya sea con los 3 años
de experiencia y el título de posgrado antes del 13 de julio de 1997, o con los 6
años de experiencia y el título profesional antes del 13 de julio de 1997.
Cuarto. Pido se ampare los derechos fundamentales: Al debido proceso, a la
igualdad, a los derechos adquiridos, de defensa, los principios de buena fe, la
primacía del derecho sustancial sobre cualquier trivialidad procesal, el principio de
progresividad en materia laboral, el de favorabilidad, el principio de no regresividad
en materia laboral de JAVIER BERMEJO ARRIETA.
Quinto. Pido se ampare los derechos constitucionales y deje sin efecto la decisión
de primera у segunda instancia, donde no se accedió a las pretensiones de la
demanda incoada, al no valorar las pruebas aportadas de educación avanzada y
experiencia altamente calificada. Cercenándose el derecho adquirido de la prima
técnica al omitir efectuar un análisis crítico de las pruebas y consecuentemente su
razonamiento jurídico.
Sexto. Acorde al artículo 2 del ordenamiento constitucional, pido se ampare la
protección efectiva de los derechos constitucionales, y que se asuma de manera
oficiosa por parte del juez constitucional la valoración integral de las pruebas
inherentes y la práctica de aquellas que estime conducentes para clarificar los
efectos del cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia calificada;
pruebas que al ser valorados implicarían una decisión diferente de fondo a lo
decidido por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado - Sala de
lo Contencioso Administrativo y favorable al accionante.
Séptimo. Por tratarse de un asunto laboral, se pide aceptar, las pretensiones que
consideren favorables al actor, atendiendo las facultades extra y Ultra Petita.
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN, con el fin que se declarara la nulidad del acto administrativo núm. 10223 del 17 de
enero de 2013 por medio del cual se le negó el reconocimiento y pago de la prima técnica
por formación avanzada y experiencia altamente calificada.
Relató que el asunto fue conocido en primera instancia por el Tribunal Administrativo de
Bolívar que, mediante sentencia del 30 de julio de 2021, negó las pretensiones de la
demanda al considerar que (i) el demandante no acreditó los requisitos exigidos por los
Decretos 1661 de 1991 y 1724 de 1997, en particular los tres años de experiencia
altamente calificada posteriores al título de formación avanzada antes de la entrada en
vigencia del Decreto 1724 de 1997; y (ii) que los cargos desempeñados por el actor
correspondían al nivel profesional y no a los niveles directivo, asesor o ejecutivo.
Inconforme con dicha decisión interpuso recurso de apelación, en el cual argumentó que
sí cumplía con el régimen de transición, pues contaba con título profesional,
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Accionante: Javier Bermejo Arrieta
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especialización y más de tres años de experiencia calificada (especialmente como asesor
en FONPREBOL) o, en su defecto, con más de seis años de experiencia homologable,
lo que hacía procedente el reconocimiento de la prestación solicitada, y que las
certificaciones laborales aportadas acreditaban plenamente la experiencia exigida.
Señaló que el conocimiento del recurso correspondió al Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección “B”, que mediante sentencia del 16 de octubre de 2025 confirmó
parcialmente la decisión de primera instancia, al considerar que no se demostraron
integralmente los requisitos para el reconocimiento de la prima técnica, especialmente la
experiencia altamente calificada y el desempeño en cargos de los niveles exigidos.
Adujo que dichas decisiones desconocieron el régimen de transición, no valoraron
adecuadamente las certificaciones laborales, aplicaron de forma restrictiva la
jurisprudencia y omitieron analizar la posibilidad de homologar la experiencia. Al respecto
sostuvo que sí acreditó la formación avanzada, la experiencia calificada y el desempeño
en cargos de responsabilidad, por lo que la sentencia vulneró sus derechos al debido
proceso, defensa e igualdad al negar el reconocimiento de la prima técnica.
Expuso que la decisión judicial impugnada desconoció la normativa aplicable y la verdad
probatoria al exigir requisitos no previstos, como que las certificaciones laborales
indicaran expresamente que la experiencia era “altamente calificada”. En consecuencia,
afirmó que la tutela es el único mecanismo idóneo para corregir el defecto en la valoración
probatoria y evitar el perjuicio laboral y pensional derivado de la negativa del
reconocimiento de la prima técnica, por lo que cumple con el requisito de subsidiariedad.
Adicionalmente, indicó que en el presente asunto se cumplen los otros requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, esto es, la inmediatez, el agotamiento
de los medios judiciales y la relevancia constitucional.
Como fundamento de la acción de tutela, alegó que la providencia cuestionada adolece
de los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial.
El accionante alegó la configuración de defectos fáctico y sustantivo, así como la
existencia de una vía de hecho, al considerar que las providencias censuradas realizaron
una valoración probatoria inadecuada y omitieron el análisis de pruebas determinantes
sobre su formación académica y experiencia laboral altamente calificada.
Advirtió que las autoridades judiciales accionadas desconocieron títulos de pregrado y
posgrado y certificaciones laborales que, a su juicio, acreditaban el cumplimiento de los
requisitos previstos en la normativa aplicable, bien fuera mediante título de
especialización con tres años de experiencia calificada o título universitario con seis años
de experiencia profesional antes de la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997, lo
que derivó en una decisión arbitraria.
Finalmente, respecto del desconocimiento del precedente jurisprudencial, aseveró que
las providencias acusadas se apartaron de la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre
la aplicación del régimen de transición de la prima técnica previsto en el artículo 4 del
Decreto 1724 de 1997 y el reconocimiento de derechos adquiridos.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
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3.1. La tutela fue radicada el 13 de enero de 20262 y correspondió por reparto a la Sección
Cuarta de esta Corporación que, por auto del 20 de enero de 20263 la admitió y dispuso
notificar4 a la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, como
autoridad judicial accionada; así como vincular a la DIAN como tercero con interés directo
en las resultas del proceso.
De igual forma, requirió al Tribunal Administrativo de Bolívar para que allegara copia
digital del expediente correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado núm. 13001 23 33 000 2015 00367 00.
3.2. La DIAN5 allegó escrito en el que solicitó negar la acción de tutela, al considerar que
los argumentos expuestos por el accionante no evidencian una vulneración de derechos
fundamentales, sino una simple inconformidad con la valoración probatoria y la
interpretación jurídica realizadas dentro del proceso ordinario.
Manifestó que el actor pretende reabrir el debate ya resuelto por el Tribunal Administrativo
de Bolívar y el Consejo de Estado sobre el reconocimiento de la prima técnica, lo cual
desnaturaliza la tutela al convertirla en una instancia adicional.
Explicó que en el proceso ordinario se concluyó que el demandante no cumplía los
requisitos para acceder a la prima técnica, pues no acreditó la experiencia altamente
calificada exigida ni el desempeño en cargos de los niveles directivo, asesor o ejecutivo,
y tampoco demostró ser beneficiario del régimen de transición del Decreto 1724 de 1997.
Precisó que, si bien el accionante alegó en apelación que sí reunía los requisitos con
base en su experiencia profesional y certificaciones laborales, el Consejo de Estado
determinó que dichas pruebas no permitían demostrar la experiencia altamente calificada
ni el cumplimiento integral de los presupuestos normativos.
Arguyó que la tutela carece de relevancia constitucional, ya que el accionante no
demuestra arbitrariedad judicial ni vulneración de derechos fundamentales, sino que
insiste en los mismos argumentos del proceso ordinario.
3.3. El Tribunal Administrativo de Bolívar6 presentó escrito en el que solicitó que se
declare improcedente la acción de tutela o, en su defecto, se nieguen las pretensiones,
al considerar que no se acreditó el cumplimiento del requisito general de relevancia
constitucional, en la medida en que el accionante pretende utilizar la acción de tutela
como una tercera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
3.4. La Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado7 rindió informe en
el que solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto en la
providencia acusada se analizó el marco normativo aplicable y se valoraron las pruebas
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00187 00.
3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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4 Esta orden se cumplió el 22 de enero de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00187 00.
5 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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6 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00187 00.
7 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00187 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2026 00187 01
Accionante: Javier Bermejo Arrieta
Accionado: Consejo de estado, Sección Segunda, Subsección “B”
aportadas, concluyéndose que el accionante no cumplía los requisitos para el
reconocimiento de la prima técnica.
En particular, determinó que no acreditó el desempeño en cargos de los niveles directivo,
asesor o ejecutivo, ni los tres años de experiencia altamente calificada exigidos, ya que
las certificaciones laborales solo demostraban el tiempo de servicio y las funciones
desempeñadas, sin evidenciar el nivel de experiencia requerido. Por ello, sostuvo que la
decisión judicial está debidamente motivada, no incurre en los defectos alegados y la
acción de tutela debe ser negada.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 5 de marzo de 2026,
declaró improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con el requisito general de
relevancia constitucional.
Al respecto, indicó que la decisión judicial cuestionada analizó el caso, valoró las pruebas
y concluyó razonadamente que el accionante no acreditó todos los requisitos para el
reconocimiento de la prima técnica, en particular la experiencia altamente calificada. En
ese sentido, afirmó que las inconformidades del demandante ya fueron resueltas por el
juez natural con base en el material probatorio y la normativa aplicable, por lo que la tutela
solo pretende reabrir el debate jurídico y probatorio.
Arguyó que, al no evidenciarse una vulneración de derechos fundamentales ni un error
manifiesto en la providencia, y dado el carácter excepcional de la tutela contra decisiones
judiciales, el amparo es improcedente.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante presentó impugnación y
solicitó su revocatoria, al considerar que sí se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela y que las decisiones judiciales cuestionadas incurrieron
en defectos fáctico y sustantivo, así como en vía de hecho y desconocimiento del
precedente.
Para ello, reiteró que no se valoraron adecuadamente las pruebas que acreditaban su
formación avanzada y experiencia altamente calificada para el reconocimiento de la prima
técnica, lo que vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa.
Insistió en que las providencias cuestionadas omitieron valorar títulos académicos,
certificaciones laborales y demás elementos probatorios que, a su juicio, demostraban el
cumplimiento de los requisitos previstos en el Decreto 1661 de 1991 y el régimen de
transición del Decreto 1724 de 1997.
En consecuencia, solicitó revocar el fallo impugnado, declarar procedente el amparo y
proteger sus derechos fundamentales, ordenando el reconocimiento de la prima técnica
con fundamento en una valoración integral de las pruebas aportadas.
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Radicación: 11001 03 15 000 2026 00187 01
Accionante: Javier Bermejo Arrieta
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5.2. Por auto proferido el 24 de marzo de 2026 se concedió la impugnación8 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto del 10 de abril de 20269.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 10, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201511, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202112, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
de 201913, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente14:
6.2.1. El accionante, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la DIAN con el propósito de que se declarará la nulidad parcial de los actos
administrativos: (i) oficio núm. 100000202-00380 del 20 de marzo de 2013, por medio del
cual se le negó el reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y
experiencia calificada; y (ii) Resolución núm. 006576 del 1 de agosto de 2013, por la cual
se resuelve un recurso de reposición. A dicho expediente se le asignó el radicado núm.
13001 23 33 000 2015 00367 00.
6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Bolívar que,
mediante sentencia de 30 de julio de 2021, negó las pretensiones.
6.2.3. Inconforme con la anterior decisión, el accionante interpuso recurso de apelación
y la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia
de 16 de octubre de 2025, resolvió:
PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia de primera instancia
proferida el 30 de julio de 2021, por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó
8 Visto en el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00187 00.
9 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00187 01.
10 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
11 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
12 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
13 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
14 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 13001 23 33 000 2015 00367
00/01.
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Accionante: Javier Bermejo Arrieta
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las pretensiones de la demanda, salvo la condena en costas que se revoca, de
conformidad con lo consignado en la parte motiva de esta providencia.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Teniendo en cuenta lo que es motivo de impugnación, la Sala considera necesario
resolver si, en este caso, frente a los reparos expuestos por el accionante en el escrito
de tutela y analizado en el fallo de primera instancia, se reúne el requisito general de
relevancia constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.
6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que:
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […]15.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C - 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades16:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
15 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
16 Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
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Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 17. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar dicho requisito de procedibilidad.
6.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que18:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […].
(Se destaca).
En la sentencia SU- 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional
está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una
instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e independencia
del juez natural.
En el asunto bajo examen, al analizar tanto el escrito de tutela, como la impugnación, se
observa que el accionante contrae su inconformidad a la valoración de las pruebas
realizada por la autoridad judicial accionada, de las cuales, según estima, se acreditaban
su formación avanzada y experiencia altamente calificada para el reconocimiento de la
prima técnica.
Ahora bien, revisada la providencia objeto de examen en esta sede constitucional, la Sala
observa que la autoridad judicial accionada efectuó una valoración expresa del material
17 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29
de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
18 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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Accionante: Javier Bermejo Arrieta
Accionado: Consejo de estado, Sección Segunda, Subsección “B”
probatorio allegado al proceso y explicó las razones por las cuales concluyó que el actor
no acreditaba los requisitos exigidos para el reconocimiento de la prima técnica.
En particular, señaló que, aunque el accionante demostró haber sido nombrado en
propiedad en un cargo del nivel profesional, no cumplía los demás presupuestos exigidos,
pues el título de especialización fue obtenido poco antes de la entrada en vigencia del
Decreto 1724 de 1997 y las certificaciones laborales, tanto anteriores como posteriores a
su vinculación con la DIAN, solo daban cuenta de los cargos desempeñados, las
funciones y el tiempo de servicio, sin evidenciar una experiencia altamente calificada en
los términos previstos por la normativa y la jurisprudencia aplicable. Asimismo, indicó que
no se encontraba acreditado que hubiera ocupado cargos de los niveles directivo, asesor
o ejecutivo requeridos para el reconocimiento del beneficio.
Con fundamento en lo anterior, determinó que el actor no era beneficiario del régimen de
transición ni cumplía los requisitos exigidos por el Decreto 1724 de 1997, razón por la
cual confirmó la negación del reconocimiento de la prima técnica.
Bajo este contexto, la Sala considera que, en este evento, tal como lo indicó el a quo, no
se cumple el requisito de relevancia constitucional, comoquiera que no se supera el tercer
elemento que lo integra, esto es, evitar que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir decisiones judiciales.
En efecto, la inconformidad de la accionante no se dirige a evidenciar una actuación
arbitraria o caprichosa, sino a cuestionar la valoración jurídica y probatoria efectuada por
el juez ordinario respecto del cumplimiento de los requisitos académicos y de experiencia
para el reconocimiento de la prima técnica a su favor, lo que torna el asunto en uno propio
del ámbito de la legalidad, que no adquiere dimensión constitucional.
En ese sentido, resulta claro que la accionante pretende que el juez de tutela reexamine
un asunto ya definido por el juez natural de la causa, con el propósito de obtener una
conclusión distinta y favorable a sus intereses, lo que desborda la naturaleza excepcional
de este mecanismo y desconoce la autonomía judicial.
En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente por cuanto
no cumple con el requisito general de relevancia constitucional, por lo que se confirmará
el fallo proferido el 5 de marzo de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 5 de marzo de 2026, proferida por la Sección
Cuarta de esta Corporación, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
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Radicación: 11001 03 15 000 2026 00187 01
Accionante: Javier Bermejo Arrieta
Accionado: Consejo de estado, Sección Segunda, Subsección “B”
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 21 de
mayo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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