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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00204-00

Fecha
16 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00204-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación del Consejo superior de la Judicatura. SEGUNDO. NEGAR el amparo del derecho fundamental de petición invocado por el accionante respecto del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por los motivos expuestos en este proveído. TERCERO. AMPARAR el derecho fundamental de petición invocado por el señor Jean Carlos Cendales frente a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, emita respuesta de fondo a la solicitud formulada el tutelante el 15 de diciembre de 2025. QUINTO. ADVERTIR a la autoridad indicada en el ordinal anterior, que el incumplimiento de lo dispuesto en esta sentencia dará lugar a las sanciones establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. SEXTO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991. SÉPTIMO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00204-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

16 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-00204-001
Accionante : Jean Carlos Cendales Peñaranda
Accionados : Consejo Superior de la Judicatura y Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)
Vinculado : Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
Acción : Tutela
Tema : Petición
Decisión : Sentencia de primera instancia

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia, en la acción de tutela incoada
por Jean Carlos Cendales Peñaranda, por la presunta vulneración de su derecho
fundamental de petición.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por
el actor frente a la vulneración alegada. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia
de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda en torno a las
pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela

2. El 16 de enero de 2026, el señor Jean Carlos Cendales Peñaranda, actuando en
nombre propio, interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la
protección de su derecho fundamental de petición, presuntamente vulnerado por el
Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

3. Por consiguiente, solicitó que se ordene a la autoridad accionada que, «dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo [de tutela], emita respuesta de fondo, clara,
precisa y congruente al derecho de petición presentado [relacionado con el pago de una liquidación],

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00204-00
Accionante: Jean Carlos Cendales Peñaranda
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otro

indicando expresamente el estado del trámite y la fecha estimada […]».

1.3 Hechos2

4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por el
accionante, se puede evidenciar que, mediante Resolución núm. 0001 del 4 de febrero
de 2025, fue nombrado en el cargo de oficial mayor de circuito en descongestión en el
Juzgado Treinta y Cuatro (34) Laboral del Circuito de Bogotá, empleo que desempeñó
hasta el 13 de diciembre de 2025, fecha en la que culminó la medida transitoria.

5. Como consecuencia de la terminación del vínculo laboral, refirió que el 15 de diciembre
de 2025 presentó petición ante el Consejo Superior de la Judicatura en la cual solicitó
información sobre la fecha estimada del pago de sus prestaciones sociales definitivas,
así como el estado del trámite. Al respecto se observa:

3

6. Finalmente, sostuvo que, a la fecha de presentación de la acción de tutela, no había
recibido respuesta alguna a la solicitud, circunstancia que, en su criterio, vulnera su
derecho fundamental de petición.

2
Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico, índice 2.
3
Visible a índice 2 de SAMAI, documento «3ED_ANEXOS_7_1_202614_35(.pdf) NroActua 2».

2

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Accionante: Jean Carlos Cendales Peñaranda
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otro

II. TRÁMITE PROCESAL

7. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del 20 de
enero de 2026, admitió la presente acción de tutela y en dicha decisión se ordenó
notificar al Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.

8. Posteriormente, mediante providencia del 17 de febrero de 2026, se ordenó vincular
como tercera con interés a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá,
en atención a que el Consejo Superior de la Judicatura, en su contestación manifestó
que el actor radicó la petición a través de la plataforma «JUDIT», la cual fue asignada a
la Unidad de Talento Humano de la mencionada Seccional.

2.1 Contestación de la acción

2.1.1 La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial4

9. Manifestó que, el accionante no radicó petición alguna ante la entidad. Además,
precisó que, no es la competente para resolver reclamaciones relacionadas con la
liquidación y pago de prestaciones sociales de empleados judiciales pertenecientes a la
Seccional Cundinamarca.

2.1.2 El Consejo Superior de la Judicatura5

10. Sostuvo que, no es la autoridad llamada a responder por lo pretendido por el actor,
por cuanto no obra prueba que demuestre que la solicitud se hubiera radicado en los
canales de comunicación de la Corporación. Por el contrario, indicó que, la petición se
presentó a través de la plataforma «JUDIT», la cual es administrada por la División de
Servicios Tecnológicos de la unidad de Transformación Digital e Informática de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

11. En ese sentido, agregó que, «[…] con el propósito de establecer que autoridad esta conociendo
de la referida petición, […] requirió a la Unidad de Transformación Digital e informática quien informó que
la misma fue asignada a la Unidad de Recursos Humanos/Talento Humano de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá […]».

4
Visible a índice 14 de SAMAI.
5
Visible a índice 16 de SAMAI.

3

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12. Por lo anterior, solicitó su desvinculación del trámite, al considerar que carece de
legitimación en la causa por pasiva, dado que no tuvo conocimiento directo de la solicitud
ni cuenta con competencia para resolverla de fondo.

2.1.3 La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá

13. Guardó silencio en la oportunidad prevista para el efecto.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia

14. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333
de 2021.

3.2 La acción

15. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.

3.3 Legitimación en la causa por pasiva

16. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone que la acción de tutela «[…] se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el
derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional9, ha considerado
que, «[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la persona
contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza
del derecho fundamental […]».

4

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17. El Consejo Superior de la Judicatura, en el escrito de intervención solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, al sostener que
accionante no radicó petición alguna ante la Corporación.

18. Al respecto, la Sala advierte que su vinculación en el presente asunto es en calidad
de accionada, ya que el tutelante arguye que dicha autoridad ha vulnerado su derecho
fundamental de petición al no dar respuesta a una solicitud que presentó, por lo tanto,
en aras de garantizar su derecho de defensa y contradicción, se negará su solicitud.

3.4 Problema jurídico

19. Se contrae a determinar si el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Bogotá vulneraron el derecho fundamental de petición del accionante, al no dar
respuesta a la solicitud presentada el 15 de diciembre de 2025.

3.5 La acción de tutela frente al derecho de petición

20. El derecho fundamental de petición se encuentra consagrado en el artículo 23 de la
Constitución Política en los siguientes términos:

Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos
de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar
su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

21. Por su parte, la Corte Constitucional, respecto del derecho de petición, ha sostenido:

Frente a las características esenciales del derecho de petición, ha sido abundante y reiterativa
la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al considerar que el núcleo esencial de este
derecho reside en la resolución pronta y oportuna de la solicitud.

En este sentido, esta Corporación ha manifestado:

(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos
constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad
de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna,
precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo
razonable, el cual debe ser lo más corto posible; (v) la respuesta no implica aceptación de lo
solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por
regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; (vii) el
silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa
y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición pues su objeto es
distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha
violado el derecho de petición; (viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía
gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera
del deber de responder; y (x) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe
notificar su respuesta al interesado.

5

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Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otro

De los anteriores componentes jurisprudenciales cabe destacar que el derecho de petición
exige, por parte de las autoridades competentes, una decisión de fondo a lo requerido por el
ciudadano, lo cual implica la prohibición de respuestas evasivas o abstractas, sin querer decir
con ello que la respuesta deba ser favorable. La respuesta de fondo implica un estudio
sustentado del requerimiento del peticionario, acorde con las competencias de la autoridad
frente a la que ha sido presentada la petición6.

22. Asimismo, la aludida Corporación ha expresado que «una respuesta es suficiente cuando
resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario; es efectiva si la respuesta soluciona el caso
que se plantea; y es congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la
solución verse sobre lo pedido y no sobre un tema semejante, sin que se excluya la posibilidad de
suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta» 7.

23. De acuerdo con el anterior derrotero jurisprudencial, el derecho de petición es
vulnerado cuando la autoridad (i) no resuelve de fondo lo pedido o (ii) no emite una pronta
respuesta, conforme a los términos que directamente fija el legislador y (iii) no cumple
con su deber de notificar la respuesta.

3.6 Caso concreto

24. En el asunto sub judice, la inconformidad del actor radica en que, a la fecha de
presentación de la acción de tutela, las autoridades accionadas, no han emitido
respuesta de fondo a la solicitud radicada el 15 de diciembre de 2025, por medio de la
cual pidió información sobre el estado del trámite de sus prestaciones sociales definitivas
y la fecha estimada para su pago. Tal omisión, en su sentir, quebranta su derecho
fundamental de petición.

25. Frente a la aludida solicitud, tanto el Consejo Superior de la Judicatura como la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial coincidieron en señalar que el tutelante no
la radicó a través de los canales oficiales de las entidades. No obstante, el primero
informó que el señor Jean Carlos Cendales Peñaranda presentó la petición mediante la
plataforma «JUDIT», la cual es administrada por la División de Servicios Tecnológicos de
la unidad de Transformación Digital e Informática de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

6
Sentencia T-1130 del 13 de noviembre de 2008, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
7
Ver las sentencias T-669 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-350 de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño y T-682 de 20
de noviembre de 2017, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado Y T-587-06, M. P. Jaime Araujo Rentería.

6

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26. Asimismo, precisó que, con el fin de establecer cuál dependencia asumió el
conocimiento del asunto, requirió a la Unidad de Transformación Digital e informática
quien informó que la solicitud fue asignada a la Unidad de Talento Humano de la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, de lo anterior se observa8:

27. En razón de lo anterior, mediante auto del 17 de febrero de 2026, se dispuso la
vinculación de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, entidad que
guardó silencio dentro del término concedido, pese a haber sido debidamente notificada.

28. Ahora bien, del material probatorio allegado no se observa que la petición del 15 de
diciembre de 2025 hubiera sido presentada ante el Consejo Superior de la Judicatura y

8
Visible a índice 16 de SAMAI, documento «14RECIBEMEMORIAL_O149RespuestaTutela1(.pdf)», página 5.

7

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la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, razón por la cual bajo ese entendido,
no es posible imputar a las accionadas una vulneración del derecho pretendido, pues la
protección de este supone, la acreditación de la existencia de la solicitud cuyo silencio
se predica. En ausencia de prueba siquiera sumaria sobre la radicación de referida
solicitud, ante las mencionadas autoridades no puede predicarse el incumplimiento del
deber de responder.

29. En tales condiciones, no existe conducta vulneradora imputable a los accionados.
Por lo tanto, al no encontrarse acreditada una solicitud previa no existe pronunciamiento
expreso o implícito de parte del Consejo Superior de la Judicatura y de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial al cual endilgarle la alegada violación del derecho
fundamental invocado.

30. Por el contrario lo que sí esta está demostrado dentro del trámite es que el señor
Cendales Peñaranda, elevo su petición por medio del aplicativo «JUDIT» y fue asignada
a la Unidad de Talento Humano de la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Bogotá, quien no se manifestó respecto de los hechos expuestos en este trámite
constitucional. En ese contexto, y ante el silencio guardo por la entidad vinculada, la Sala
dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 209 del Decreto 2591 de 1991 y, en tal virtud,
tendrá por cierto los hechos que se desprenden de la presente acción de tutela y en sus
anexos.

31. En ese orden de ideas, la Sala encuentra acreditada la vulneración de la garantía
superior de petición del accionante, habida cuenta que no obra dentro del plenario
elemento alguno que permita concluir que la entidad vinculada a la fecha haya emitido
una respuesta de fondo, clara y congruente frente a lo solicitado.

IV. DECISIÓN

32. Por las razones expuestas, la Sala considera que se ha vulnerado el derecho
fundamental de petición del señor Cendales Peñaranda, por lo que en consecuencia se
amparará su derecho y se ordenará a la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Bogotá que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
esta providencia, emita respuesta de fondo a la solicitud formulada el 15 de diciembre

9
«[…] PRESUNCI[Ó]N DE VERACIDAD. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los
hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa».

8

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de 2025, la cual deberá de ser comunicada en los términos del artículo 66 y siguientes
del CPACA.

33. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación del Consejo superior de la Judicatura.

SEGUNDO. NEGAR el amparo del derecho fundamental de petición invocado por el
accionante respecto del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, por los motivos expuestos en este proveído.

TERCERO. AMPARAR el derecho fundamental de petición invocado por el señor Jean
Carlos Cendales frente a la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia, emita respuesta de fondo a la solicitud
formulada el tutelante el 15 de diciembre de 2025.

QUINTO. ADVERTIR a la autoridad indicada en el ordinal anterior, que el incumplimiento
de lo dispuesto en esta sentencia dará lugar a las sanciones establecidas en el artículo
52 del Decreto 2591 de 1991.

SEXTO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991.

SÉPTIMO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

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Accionante: Jean Carlos Cendales Peñaranda
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otro

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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