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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01437-00

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01437-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: - Archivo Central. Primero: NEGAR la acción de tutela que presentó el señor Jean Carlos Cendales Peñaranda, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia. Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-01437-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01437-00
Accionante: Jean Carlos Cendales Peñaranda
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B

Tema: Derechos: debido proceso, acceso a la administración de justicia
y tutela judicial efectiva. Presunta mora judicial por no proferir fallo
de primera instancia en acción de tutela. NIEGA AMPARO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Jean Carlos Cendales
Peñaranda, en nombre propio, en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B.

ANTECEDENTES

El accionante solicita se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, que considera
vulnerados por la autoridad judicial accionada, por la presunta mora judicial dentro
de la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2026-00204-00.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que el 19 de enero de 2026 le asignaron la tutela 11001-03-15-000-2026-00204-00
al consejero Jorge Edison Portocarrero Banguera de la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado.

Que a la fecha de la interposición de la acción de tutela ha transcurrido más de un
mes y el despacho accionado no ha proferido fallo de primera instancia, situación

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01437-00

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
que desconoce «abiertamente el carácter preferente y sumario del -mecanismo
Archivo Central.
constitucional, vaciando de contenido su finalidad y convirtiendo en ilusoria la
protección judicial solicitada».

Que la inactividad judicial injustificada «configura una vía de hecho por dilación
indebida, vulnerando de manera directa mis derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva».

PRETENSIONES

El accionante pide que se amparen los derechos invocados y, en consecuencia,
ordenar al consejero Jorge Edison Portocarrero Banguera que emita decisión de
fondo en la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2026-00204-00.

TRÁMITE DEL PROCESO

El 27 de febrero de 2026, se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar a la
autoridad judicial accionada.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El consejero ponente de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado expuso que adelanta una gestión comprometida y eficiente, con el fin de
proveer el mejor servicio a la ciudadanía, que prueba de ello es que fue el despacho
«con mayor índice de egresos efectivos de todo el Consejo de Estado entre enero
y diciembre de 2025», tal y como se puede corroborar en la estadística que elaboró
la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico División de información del Consejo
Superior de la Judicatura, donde se extrae que en ese lapso produjo 1.588 egresos
efectivos.

Manifestó que el 20 de enero de 2026 admitió la acción constitucional y el 17 de
febrero del año en curso vinculó a la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Bogotá, como tercera interesada. Dicha decisión fue notificada el 3 de marzo del
año en curso.

Expuso que no se configura mora judicial atribuible al despacho, ya que ha actuado
de manera diligente y «orientado a integrar debidamente el contradictorio, a fin de
garantizar los derechos fundamentales del señor Cendales Peñaranda».

Se decidirá previa las siguientes,

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) mora judicial y III)
análisis del caso concreto.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01437-00

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Mora judicial

Ha establecido la Corte que la mora judicial impide el disfrute efectivo del derecho
de acceso a la administración de justicia, lo cual ocurre como consecuencia de las
acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los
funcionarios que tienen a su cargo la solución de los procesos.

De igual forma, ha considerado que hay mora en los siguientes casos:

«[…] Si el incumplimiento del término procesal “(i) es producto de la
complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia
razonable del operador judicial, (ii) se constata que efectivamente existen
problemas estructurales en la administración de justicia que generan un
exceso de carga laboral o de congestión judicial, o (iii) se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley”

[…]

Existirá mora judicial justificada cuando se constate que el
incumplimiento del término procesal para decidir la cuestión sometida al
conocimiento del juez competente“(i) es producto de la complejidad del
asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del
operador judicial, (ii) se constata que efectivamente existen problemas
estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de
carga laboral o de congestión judicial, o (iii) se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley […]».1

Frente a la mora judicial ha precisado la Corte Constitucional que según las
circunstancias del caso, es posible (i) negar la violación de los derechos al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, sometiendo al interesado al
sistema de turnos; (ii) ordenar excepcionalmente la alteración del orden para proferir
el fallo, cuando el juez está en presencia de un sujeto de especial protección
constitucional, o cuando la mora judicial supere los plazos razonables y tolerables
de solución, en contraste con las condiciones de espera particulares del afectado; o

1 Corte Constitucional. Sentencias SU 333 de 2020 y SU 179 de 2021

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01437-00

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
(iii) disponer un amparo transitorio en relación con los derechos fundamentales
comprometidos, mientras la autoridad judicial competente se pronuncia de forma
definitiva en torno a la controversia planteada, en aquellos casos en que se está
ante la posible materialización de un daño cuyos perjuicios no puedan ser
subsanados2.

Análisis del caso concreto

En síntesis, el señor Jean Carlos Cendales Peñaranda considera que el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B le viola los derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva,
por no haber proferido fallo de primera instancia en la acción de tutela con radicado
11001-03-15-000-2026-00204-00.

El titular del despacho accionado, en el informe que rindió indicó, lo siguiente:

• El 20 de enero de 2026, admitió la acción de tutela en contra del Consejo Superior
de la Judicatura y de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ).

• El 17 de febrero de 2026, vinculó a la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá, como tercero interesado, en vista de que el Consejo Superior de
la Judicatura en el informe que allegó dijo que la petición del actor fue radicada a
través de la plataforma «JUDIT», la cual «[…] es administrada por la División de
Servicios Tecnológicos, oficina adscrita a la Unidad de Transformación Digital e
Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial». Esta Unidad
informó, que la autoridad que actualmente conoce de la solicitud que elevó el actor
es la «[…] Unidad de Recursos Humanos / Talento Humano de la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bogotá […]». El 3 de marzo del año en curso
se notificó el auto mencionado.

De acuerdo con lo anterior, la Sala considera que la tardanza reprochada por el
accionante mediante la presente acción no puede considerarse una mora
injustificada, puesto que no ha obedecido a negligencia por parte del despacho
accionado, sino al volumen de trabajo y a las circunstancias propias de la gestión
de los procesos, como lo fue en este caso, la debida integración del contradictorio,
en aras de garantizar los derechos del tutelante.

En consecuencia, se negará el amparo invocado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

2 Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2013, recogida en la T-346 de 2018

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01437-00

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
FALLA: - Archivo Central.

Primero: NEGAR la acción de tutela que presentó el señor Jean Carlos Cendales
Peñaranda, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia.

Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

5

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