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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00218-00

Fecha
20 de febrero de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00218-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Jesús David Velásquez García María Victoria Velásquez García y Paola Andrea Llano Díaz en contra del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bogotá, por no superar los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 30 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019. 31 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008. 18 0000 Radicado: 11001-03-15-000-2026-00218-00 Accionantes: Jesús David Velásquez García y otros TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00218-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

20 de febrero de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00218-00
Accionantes: Jesús David Velásquez García y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00218-00
Accionantes: Jesús David Velásquez García
Accionado: Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bogotá y
otros
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de la acción de tutela
contra providencia judicial. Subsidiariedad. Improcedencia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela formulada Jesús David
Velásquez García, María Victoria Velásquez García y Paola Andrea Llano Díaz
contra el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Jesús David Velásquez García, María Victoria Velásquez García y Paola Andrea
Llano Díaz, por intermedio de apoderado1, promovieron acción de tutela con el fin
de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia y a la igualdad2, que consideraron vulnerados
por (i) el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, con ocasión del auto del 10
de diciembre de 2024 mediante el cual se rechazó la demanda identificada con el
radicado número 11001-31-03-004-2024-00561-00; y (ii) el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Bogotá con motivo de los autos proferidos el 10 de
junio de 2025 y el 30 de septiembre de 2025, mediante los cuales se declaró la falta
de competencia y se confirmó dicha decisión en reposición, respectivamente, al
interior del expediente número 11001-33-34-005-2025-00017-00.

1 Poder conferido al abogado Camilo Torres Ramírez. Índice
00002 del aplicativo SAMAI, con certificados
5F171C235D6EE27F B2317C43CB4DF697 72A09DFDE8B2F6FD 730618EBD72AAE4C y
921F0E9E0ACC292F 73EAF4784CD5DC3E BA2E70734A70CE15 E7F389FF00B29411.
2 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 880B91EFFF702344 DF93C3AFDA0E77A4
CB71B982C58B696B 5DE847267396BBA6.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00218-00
Accionantes: Jesús David Velásquez García y otros

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:

2.1. Los señores Jesús David Velásquez García, María Victoria Velásquez García y
Paola Andrea Llano Díaz presentaron ante la jurisdicción ordinaria “demanda verbal
reivindicatoria ficta o por equivalencia de mayor cuantía” en contra de CENIT
Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. – CENIT S.A.S, en la que solicitaron:

“PRIMERO: Que se DECLARE el DOMINIO pleno y absoluto de los señores
JESÚS DAVID VELÁSQUEZ GARCÍA, MARÍA VICTORIA VELÁSQUEZ
GARCÍA y PAOLA ANDREA LLANO DÍAZ sobre el bien inmueble denominado
“MIRALINDO”, el cual cuenta con una cabida superficiaria de 60.335 m2 y se
identifica con la Matrícula Inmobiliaria No. 290- 88561 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Pereira y asimismo, ficha catastral No. 66001-
0001-00000-00300-55000- 00000-0.

SEGUNDO: DECLARAR que la demandada CENIT S.A.S. es poseedora y sin
justo título, de una franja de terreno de CUARENTA Y UN MIL CIENTO
SESENTA METROS CUADRADOS (41.160 m2) dentro del predio de mis
representados.

TERCERO: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y ante la
imposibilidad de que la demandada CENIT S.A.S. pueda adquirir por
prescripción la franja de terreno ocupada con la infraestructura de hidrocarburos
descrita en el acápite de hechos, como tampoco que restituya materialmente la
misma; el Juez Natural de aplicación a la ACCIÓN REIVINDICATORIA FICTA
O POR EQUIVALENCIA, y en consecuencia se le CONDENE a PAGAR el valor
REAL que corresponde a dicha franja de terreno como lo señala el avalúo
adjunto con esta demanda”3.

2.2. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de
Bogotá, bajo el radicado número 11001-31-03-004-2024-00561-00, autoridad
judicial que, mediante auto del 10 de diciembre de 2024 rechazó la demanda por
falta de competencia y ordenó remitir el expediente a los juzgados administrativos
del circuito de Bogotá.

2.3. Posteriormente, el asunto fue asignado al Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Bogotá y se le asignó el radicado 11001-33-34-005-2025-00017-00. No
obstante, con proveído del 10 de junio de 2025, la referida autoridad declaró que
carecía de competencia para conocer la demanda y ordenó remitir el expediente al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera, por las siguientes
razones:

“En este orden de ideas, se constata que las pretensiones no se encuentran
asociadas a cuestionar la legalidad de un acto administrativo o un daño derivado
de este, si no a la presunta responsabilidad del Estado por el daño antijurídico
causado por la ocupación permanente del inmueble a través de un poliducto,
3 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado DC0689ED5AA865AC 3F918C1242BC8B10
6F14D325E17829DC 8A48F2F4A465DC90.
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Accionantes: Jesús David Velásquez García y otros

de tal forma que, para el caso concreto, el medio de control atañe al de
reparación directa, debido al factor subjetivo, por la naturaleza de CENIT
Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S, al ser una sociedad de
economía mixta, en el cual Ecopetrol S.A., es el accionista mayoritario, con una
participación del 99.93%7, así como también en atención a las pretensiones de
la demanda, en las que, como se expuso, van dirigidas al reconocimiento de
una indemnización por la ocupación de un inmueble.

En ese orden de ideas, como la cuantía supera los mil (1000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes para el año 20258, es el H. Tribunal Administrativo
de Cundinamarca en primera instancia, el competente para conocer el asunto
de la referencia, conforme a lo previsto en el numeral 3º del artículo 152 de La
Ley 1437 de 2011”4.

2.4. Inconforme con la anterior decisión, los demandantes presentaron recurso de
reposición y en subsidio apelación, el cual fue resuelto por el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Bogotá, a través de auto del 30 de septiembre de
2025, en el sentido de (i) no reponer la decisión impugnada y (ii) rechazar por
improcedente el recurso subsidiario de apelación.

2.5. La parte actora afirmó que, luego de dos meses, el 21 de noviembre de 2025,
el expediente fue remitido a la Oficina de Apoyo para los Juzgados Administrativos
de Bogotá, “para que se sometiera a un TERCER reparto ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera, completando así más de un
año sin que la demanda haya podido ser siquiera admitida, configurando así una
evidente Denegación De Justicia”5.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

Como pretensiones, la parte actora solicito:

“Medida Provisional

PRIMERO: Solicito respetuosamente que, mientras se decide el fondo del
asunto, SE ORDENE LA SUSPENSIÓN de cualquier trámite de reparto o
devolución del expediente digital que se encuentre en curso entre el Tribunal
Administrativo y cualquier otro despacho, para evitar que el expediente se dilate
más.

Pretensión principal

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS las providencias proferidas
por:

1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, de fecha 10 de diciembre
de 2024, mediante la cual rechazó la demanda por falta de jurisdicción.

4 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 477574F858969D89 031B75ACCCDE512A
832673C42E9D1557 5FC4506EA000FF0B.
5 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 880B91EFFF702344 DF93C3AFDA0E77A4
CB71B982C58B696B 5DE847267396BBA6.
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Accionantes: Jesús David Velásquez García y otros

2. El Juzgado Quinto Administrativo de Bogotá, de fechas 10 de junio de
2025 y 30 de septiembre de 2025, mediante las cuales rechazó la demanda por
cuantía y confirmó dicha decisión en reposición, respectivamente.

TERCERA: ORDENAR al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá que, en
el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
del fallo, ASUMA EL CONOCIMIENTO de la demanda reivindicatoria y proceda
a calificar su admisibilidad de fondo, absteniéndose de alegar falta de
jurisdicción por la naturaleza de la entidad demandada (Cenit S.A.S.), EN
ESTRICTO ACATAMIENTO DEL PRECEDENTE FIJADO en el Auto 1045 de
2021 de la Corte Constitucional.

CUARTA: (MEDIDA DE REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN): Ordenar o
exhortar al Consejo Superior de la Judicatura y a los Consejos Seccionales de
la Judicatura, que, en aras de garantizar la celeridad judicial y evitar futuros
desgastes administrativos, CIRCULEN Y DIFUNDAN la presente decisión
judicial (o en su defecto el contenido de la regla jurisprudencial del Auto 1045
de 2021) entre los jueces civiles del circuito y administrativos del distrito,
advirtiendo que los conflictos por ocupación de hecho sin servidumbre son de
competencia de la Jurisdicción Ordinaria Civil, independientemente de la
composición accionaria de la empresa de servicios públicos demandada.

QUINTA: Solicitar a la H. Corte Constitucional la SELECCIÓN Y REVISIÓN
eventual de este fallo, dada la necesidad de unificar jurisprudencia y detener la
práctica de inaplicación de los autos de conflictos de competencia por parte de
los jueces de instancia.

Pretensión subsidiaria

SEXTA: En caso de encontrar ajustada al ordenamiento legal y constitucional y
especialmente al precedente de la Corte Constitucional, la actuación del
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, Sírvase ORDENAR al Juzgado
Quinto Administrativo de Bogotá provocar el conflicto negativo de competencia
y remitir las actuaciones a la Corte Constitucional para que al dirimir el conflicto
propuesto, confirme o modifique su postura al respecto” 6.

Como fundamento a sus pretensiones señaló que la decisión cuestionada incurrió
en desconocimiento del precedente constitucional y defecto orgánico.

Explicó que, la regla de decisión fue fijada con claridad en el auto 1045 de 2021
emitido por la Corte Constitucional. Sostuvo que esta providencia no es una mera
opinión auxiliar, sino una decisión hito que fijó una regla clara, precisa y actual:

"La jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, es la competente para
conocer de los procesos de responsabilidad extracontractual [y reivindicatorios]
derivados de la ocupación permanente de inmuebles por parte de empresas
prestadoras de servicios públicos, sin que medie la constitución legal de una
servidumbre, independientemente de la naturaleza jurídica de la entidad y su
composición accionaria."

Manifestó que esa regla fue reiterada por la Corte en el Auto 1630 de 2025
(específicamente en un caso promovido por este mismo apoderado judicial), lo que

6 Ibid.

4

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Accionantes: Jesús David Velásquez García y otros

confirma que la ratio decidendi sigue vigente y es de obligatorio cumplimiento para
todos los jueces de la República.

Adujo que el juez administrativo incurrió en una dilación que buscó eludir la
competencia mediante el factor cuantía, a pesar de conocer la regla de jurisdicción
imperante. Por lo tanto, puso de presente que esta conducta no era una
"interpretación alternativa", sino un desconocimiento de la jerarquía constitucional.

En cuanto al defecto orgánico sostuvo que “el Juzgado Quinto Administrativo de
Bogotá, al pretender retener o decidir sobre el destino de una litis que la Corte
Constitucional ya ha sustraído de su órbita, no está ejerciendo hermenéutica
jurídica; está, en rigor, desconociendo la voluntad del Constituyente que delegó en
la Corte Constitucional la facultad de dirimir los conflictos de competencia entre
jurisdicciones (Art. 241 Superior)”7.

Reiteró que la competencia en materia de conflictos suscitados por ocupación de
predios para la prestación de servicios públicos, sin la debida constitución de la
servidumbre, sufrió una transformación necesaria con la expedición del Auto 1045
de 2021, que constituyó un hito que redefinió el mapa jurisdiccional.

4. Trámite de tutela e intervenciones

El Despacho de la magistrada ponente, con auto del 21 de enero de 20268 (i)
escindió la solicitud y admitió la acción de tutela únicamente por los cargos
expuestos en contra del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bogotá; (ii)
vinculó como terceros con interés Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Tercera y al Consejo Superior de la Judicatura; (iii) requirió al Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito para que allegara copia del expediente objeto de
amparo; (iv) requirió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera
para que informara el número de radicado asignado al expediente que fue remitido
para su conocimiento por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bogotá,
y lo allegara en medio digital al presente trámite constitucional; (v) negó la medida
provisional solicitada; y (vi) ordenó remitir el expediente de tutela al Tribunal
Superior de Bogotá-Sala Civil, respecto de la solicitud presentada en contra del
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, autoridad que conoció de la demanda
identificada con el radicado número 11001-31-03-004-2024 00561-00, para su
respectivo reparto; además, ordenó la notificación a las partes y suspendió los
términos.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

7 Ibid.
8 Índice 00005 del aplicativo SAMAI, certificado 6BF7D5DBA751D97B 66FC78C9029F08C4
333165AD4FDF9E9C 7DD9A71B9D209CD3.
5

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Accionantes: Jesús David Velásquez García y otros

4.1. La Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca9 informó que el proceso remitido por el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Bogotá fue repartido en esa Corporación el 25 de
noviembre de 2025, bajo el radicado 25000-23-36-000-2025-00599-00, así:

Adicionalmente compartió el expediente digital, así como el link de acceso.

4.2. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bogotá10 se opuso a las
pretensiones de amparo y solicitó declarar la improcedencia de la acción por no
superar los requisitos de subsidiariedad, ni de relevancia constitucional.

Sostuvo que la accionante pretende transformar la acción de tutela en una nueva
instancia, es decir, se busca una nueva reclamación judicial a costa del debido
proceso de las partes, toda vez que, el auto por medio del cual se declaró la falta
de competencia fue objeto de los recursos procedentes, los cuales fueron resueltos
en debida forma.

Señaló que no se satisface el presupuesto de relevancia constitucional, en la
medida en que la controversia fue resuelta en las instancias ordinarias
correspondientes con observancia de las garantías propias del debido proceso, sin
que se advierta una afectación que trascienda el ámbito legal para adquirir
dimensión constitucional. Precisó que el hecho de invocar los derechos
fundamentales no basta para configurar dicho requisito, sino que es necesario que
el asunto planteado justifique la apertura de un escenario excepcional de control
constitucional.

Advirtió que lo que se pretendía en ejercicio del mecanismo de amparo, era sustituir
a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y así obtener una decisión alterna
en sede de tutela, respecto de la demanda impetrada por los accionantes a manera
de tercera instancia, al cuestionar la legalidad de las decisiones adoptadas por ese
despacho, para que en su lugar, se ordene proponer el conflicto negativo de
competencia entre la jurisdicción ordinaria (Juzgado Cuarto (4) Civil del Circuito de
Bogotá) y ese Juzgado, ante la Corte Constitucional, lo que demuestra que el asunto
carece de relevancia constitucional.

Por último, resaltó que, al consultar el aplicativo SAMAI, la citada demanda le
correspondió por reparto efectuado el 25 de noviembre de 2025 al magistrado Henry

9 Índice 00010 del aplicativo SAMAI, certificado 54FC14F97E7F50F8 00C2FC6F61144479
4752DF7A640DE1F4 A9D17737F0E559E7.
10 Índice 00012 del aplicativo SAMAI, certificado 158A2AD108469E16 3675F25B53FC7A7D
9083D346D0ABAA5E 4661EBCBB71CD7AE.
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Accionantes: Jesús David Velásquez García y otros

Barreto Mogollón del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con radicado No.
25000-23-36-000-2025-00599-00, el que se encuentra al Despacho para su
calificación desde el 27 de noviembre de 2025.

4.3. El Consejo Superior de la Judicatura-Unidad de Análisis Estadístico11 pidió
declarar la improcedencia de la acción por no superar el requisito de subsidiariedad
toda vez que existe otro mecanismo administrativo cuya finalidad está orientada a
obtener el impulso procesal, herramienta prevista en el numeral 6 del artículo 101
de la Ley 270 de 1996, reglamentado por el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011.

Por otra parte, deprecó su desvinculación en la medida en que no existe un nexo
causal entre los hechos y la supuesta vulneración alegada que lo legitime en la
causa.

4.4. El Tribunal Superior de Bogotá-Sala Civil12 informó que, conforme a lo
dispuesto en el auto del 21 de enero de 2026, emitido en el asunto de la referencia,
la solicitud de amparo escindida se radicó bajo el número 11001-22-03-000-2026-
00270-00 y se asignó por reparto al despacho del magistrado Iván Darío Zuluaga
Cardona. Para el efecto adjuntó la respectiva acta de reparto.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
Jesús David Velásquez García, María Victoria Velásquez García y Paola Andrea
Llano Díaz son los titulares de las garantías constitucionales que afirma fueron
vulneradas en su condición de demandante dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, con radicado núm. 11001-33-34-005-2025-00017-
00.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bogotá fue la autoridad que profirió
las decisiones que, según los tutelantes, vulneraron sus derechos fundamentales.

2.3. Antes de continuar con el análisis de los defectos invocados, la Sala pone de
presente que, aunque la parte actora cuestionó las dos decisiones proferidas por el

11 Índice 00015 del aplicativo SAMAI, certificado 9ECB78915200E6A7 24CAD7496016FDC7
7C0FCBC5285E08F6 805371C3FF2A480B.
12 Índice 00019 del aplicativo SAMAI, certificado 39FF09BA7BE81A57 76FC055ECAB5243F
186BB749357A3C1E 9EBD97ABE42557C2.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00218-00
Accionantes: Jesús David Velásquez García y otros

Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bogotá, circunscribirá su análisis al
auto del 30 de septiembre de 2025, por cuanto fue la providencia que resolvió el
recurso de reposición, en subsidio apelación, presentado en contra del proveído del
10 de junio de 2025.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200513 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela14 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto15.

13 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
15 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en

los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial
se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A
saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental,
que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el
mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional;
g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
15 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Accionantes: Jesús David Velásquez García y otros

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”16.

4.1. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que
el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga
una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el
juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la
vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”17.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o
económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a
demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez

16 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
17 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.

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Accionantes: Jesús David Velásquez García y otros

constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes
y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad
y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que
ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la
causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los
defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto18.

4.2. Subsidiariedad

El carácter subsidiario de la acción de tutela está definido expresamente en el
artículo 86 Superior como presupuesto general de procedencia de esta, al
establecer que “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho presupuesto se desarrolló en el artículo
6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991.

Estas disposiciones son claras al establecer que la acción de tutela no es un
mecanismo principal de defensa de los derechos fundamentales, por lo tanto, se
debe acudir a los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa que resulten
idóneos y eficaces para su amparo, con el fin de: i) prevenir la intromisión indebida
de una autoridad distinta a la que adelanta el proceso ordinario; ii) que no se alteren
o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa diseñados por el
Legislador; y iii) que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión
de sus asuntos, pues no es esta la forma de enmendar deficiencias, errores o
descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso
judicial19.

Sobre el particular, en la sentencia T – 053 de 2020, la Corte Constitucional precisó
los siguientes tres eventos que hacen improcedente la tutela contra providencia
judicial por no superar el requisito de subsidiariedad:

18 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
19 Ver sentencia de la Corte Constitucional T-017 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa.

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Accionantes: Jesús David Velásquez García y otros

“[...] (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento en que no se han
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) si se
usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico”

Por lo anterior, la Corte Constitucional precisa que la tutela no se puede emplear
para “obtener un pronunciamiento más rápido sin el agotamiento de las instancias
ordinarias de la respectiva jurisdicción”20, los tutelantes no pueden pretender que el
juez constitucional invada las competencias del juez ordinario para resolver el
conflicto.

En atención al carácter exceptivo de la acción de tutela, la Corte Constitucional en
Sentencia T-396 de 2014, advierte que el amparo constitucional resulta
improcedente cuando se pretende emplear para reabrir un asunto litigioso que, por
negligencia, descuido o distracción de las partes, se encuentra debidamente
resuelto. En tal sentido, desde los primeros pronunciamientos de la Corporación
Constitucional, se ha indicado:

“Si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, además,
pudiendo evitarlo, permite que su acción caduque, no podrá más tarde apelar a
la acción de tutela para exigir el reconocimiento o respeto de un derecho suyo.
En este caso, tampoco la acción de tutela podría hacerse valer como mecanismo
transitorio, pues esta modalidad procesal se subordina a un medio judicial
ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesión
constitucional.”21

Con fundamento en lo anterior, se reitera la posición de la Corte Constitucional, pues
la acción de tutela no puede usarse como un mecanismo accesorio para reabrir
términos de caducidad vencidos, pues con esto se vulneraría la seguridad jurídica
y desvirtuaría su propósito. Quien alegue la vulneración de sus derechos
fundamentales debe haber agotado previamente los mecanismos de defensa
previstos en la ley. Esto responde al principio de subsidiariedad, que impide que la
tutela se convierta en una instancia adicional del proceso judicial o en un medio para
corregir omisiones y errores de las partes.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con los requisitos
de relevancia constitucional y de subsidiariedad, conforme las razones que se
exponen a continuación:

5.1. La parte actora cuestiona, en esencia, que la decisión proferida por el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Bogotá incurrió en desconocimiento del
precedente constitucional y defecto orgánico al no aplicar en debida forma el auto
1045 de 2021 emitido por la Corte Constitucional en el que se fijó la regla consistente
en que: "La jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, es la competente para

20 Corte Constitucional, Sentencia SU-599 de 1999, reiterada en la Sentencia T-610 de 2015.
21 sentencia SU-111 de 1997, reiterado, entre otras, en las sentencias T-1588 de 2000, T-983 de 2001, T-1217

de 2003, T-1140 de 2005, T-1009 de 2006, T-373 de 2007, T-472 de 2008, T-175 de 2011 y T-882 de 2009.
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conocer de los procesos de responsabilidad extracontractual [y reivindicatorios]
derivados de la ocupación permanente de inmuebles por parte de empresas
prestadoras de servicios públicos, sin que medie la constitución legal de una
servidumbre, independientemente de la naturaleza jurídica de la entidad y su
composición accionaria".

5.2. Pues bien, al revisar el expediente aportado a la actuación, la Sala observa que
los aquí accionantes presentaron ante la jurisdicción ordinaria “demanda verbal
reivindicatoria ficta o por equivalencia de mayor cuantía” en contra de CENIT
Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. – CENIT S.A.S, en la que solicitaron:

“PRIMERO: Que se DECLARE el DOMINIO pleno y absoluto de los señores
JESÚS DAVID VELÁSQUEZ GARCÍA, MARÍA VICTORIA VELÁSQUEZ
GARCÍA y PAOLA ANDREA LLANO DÍAZ sobre el bien inmueble denominado
“MIRALINDO”, el cual cuenta con una cabida superficiaria de 60.335 m2 y se
identifica con la Matrícula Inmobiliaria No. 290- 88561 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Pereira y asimismo, ficha catastral No. 66001-
0001-00000-00300-55000- 00000-0.
SEGUNDO: DECLARAR que la demandada CENIT S.A.S. es poseedora y sin
justo título, de una franja de terreno de CUARENTA Y UN MIL CIENTO
SESENTA METROS CUADRADOS (41.160 m2) dentro del predio de mis
representados.
TERCERO: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y ante la
imposibilidad de que la demandada CENIT S.A.S. pueda adquirir por
prescripción la franja de terreno ocupada con la infraestructura de hidrocarburos
descrita en el acápite de hechos, como tampoco que restituya materialmente la
misma; el Juez Natural de aplicación a la ACCIÓN REIVINDICATORIA FICTA
O POR EQUIVALENCIA, y en consecuencia se le CONDENE a PAGAR el valor
REAL que corresponde a dicha franja de terreno como lo señala el avalúo
adjunto con esta demanda”22.

5.3. El asunto se identificó con el radicado 11001-31-03-004-2024-00561-00 y le
correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, autoridad
judicial que, mediante auto del 10 de diciembre de 2024 rechazó la demanda por
falta de competencia y ordenó remitir el expediente a los juzgados administrativos
del circuito de Bogotá.

5.4. El asunto fue asignado al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bogotá
bajo el número radicado 11001-33-34-005-2025-00017-00. No obstante, con
proveído del 10 de junio de 2025, la referida autoridad declaró que carecía de
competencia para conocer la demanda y ordenó remitir el expediente al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera, por las siguientes razones:

“En este orden de ideas, se constata que las pretensiones no se encuentran
asociadas a cuestionar la legalidad de un acto administrativo o un daño derivado
de este, si no a la presunta responsabilidad del Estado por el daño antijurídico
causado por la ocupación permanente del inmueble a través de un poliducto,

22 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado DC0689ED5AA865AC 3F918C1242BC8B10
6F14D325E17829DC 8A48F2F4A465DC90.
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Accionantes: Jesús David Velásquez García y otros

de tal forma que, para el caso concreto, el medio de control atañe al de
reparación directa, debido al factor subjetivo, por la naturaleza de CENIT
Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S, al ser una sociedad de
economía mixta, en el cual Ecopetrol S.A., es el accionista mayoritario, con una
participación del 99.93%7, así como también en atención a las pretensiones de
la demanda, en las que, como se expuso, van dirigidas al reconocimiento de
una indemnización por la ocupación de un inmueble.

En ese orden de ideas, como la cuantía supera los mil (1000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes para el año 20258, es el H. Tribunal Administrativo
de Cundinamarca en primera instancia, el competente para conocer el asunto
de la referencia, conforme a lo previsto en el numeral 3º del artículo 152 de La
Ley 1437 de 2011”23.

Para llegar a esa conclusión, advirtió que las pretensiones corresponden al pago
derivado de unos presuntos daños con ocasión a la ocupación del bien inmueble
denominado “Mirolindo” de propiedad de los demandados, por donde pasa el
poliducto ODECA, sin que presuntamente hubiese una servidumbre a favor de
CENIT y que esta última hubiese reconocido una indemnización.

En consecuencia, puso de presente que el Consejo de Estado, Sección Tercera al
conocer de un caso similar en el que actuaba como demandado CENIT, estableció
lo que a continuación se transcribe:

“Se tiene entonces que, este último escenario, en el que se estableció la
necesidad de desarrollar una obra pública para el transporte de hidrocarburos y
autorizó la ocupación y el ejercicio provisional de la servidumbre, sin que se
hubieran indemnizado anticipadamente los perjuicios ni constituido el gravamen
mediante acuerdo directo elevado a escritura pública o sentencia, aún así
corresponde al campo de la ocupación de un inmueble que podría comprometer
la responsabilidad del Estado en los términos del artículo 90 de la Constitución
Política.

En estos casos, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la parte
actora debe demostrar que una parte o la totalidad de bien inmueble de su
propiedad, fue ocupado por la administración o por particulares que actuaron
autorizados por ella.

Los elementos que estructuran esta clase de responsabilidad son: (i) el daño
antijurídico, que consiste en la lesión a un derecho del que es titular el
demandante. Están comprendidos, por tanto, los perjuicios derivados del
menoscabo a su derecho real o de posesión por la ocupación del inmueble; y
(ii) la imputación jurídica del daño al ente demandado, que se configura con la
prueba de la ocupación del bien inmueble, parcial o total, por parte de la
administración (…)”24.

5.5. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante presentó recurso de
reposición y en subsidio apelación. Sostuvo que la Corte Constitucional ha
establecido al resolver los conflictos de jurisdicción en asuntos relacionados a la

23 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 477574F858969D89 031B75ACCCDE512A
832673C42E9D1557 5FC4506EA000FF0B.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejera

Ponente: María Adriana Marín. Sentencia del 7 de febrero de 2025. Radicación número: 25000-23-36-000-2019-
00460-01 (69.846)
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00218-00
Accionantes: Jesús David Velásquez García y otros

ocupación de predios para servidumbres, la naturaleza jurídica de la empresa que
ocupa el bien no determina la competencia del despacho judicial que debe conocer
del proceso.

Afirmó que la Jurisdicción Contenciosa Administrativa solo podrá conocer de litigios
en los que obre como demandado CENIT cuando existe un acto administrativo que
constituya la servidumbre, conforme al artículo 33 de la Ley 142 de 1994, no
obstante, en el presente caso, no se ha expedido acto administrativo alguno.

Señalo que CENIT, aunque era una sociedad de economía mixta, prestaba un
servicio público, esto es el transporte de hidrocarburos, por lo que, para la
constitución obligatoria de servidumbre se aplicaban la Ley 1274 de 2009 y la Ley
142 de 1994, que imponían al interesado la obligación de adquirir la servidumbre e
indemnizar conforme a las normas civiles.

Transcribió apartes de providencias proferidas por el Juzgado Segundo
Administrativo de Pereira y el Consejo Superior de la Judicatura para concluir que
la constitución de servidumbres corresponde a la jurisdicción ordinaria civil, bajo el
proceso abreviado.

Por último, afirmó que la providencia recurrida desconoció el precedente judicial,
por lo que incurrió en vía de hecho al mantener la competencia en la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa, en tanto, requiere se revoque la decisión y se remita el
proceso a la Jurisdicción Ordinaria Civil.

5.6. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados en el auto del 30 de
septiembre de 2025 dictado por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Bogotá, se advierte que se arribó a las siguientes conclusiones:

“Para resolver el recurso de reposición presentado, se encuentra que, en primer
lugar, que la inconformidad que alude el accionante refiere a que la jurisdicción
ordinaria es la competente para dirimir la litis propuesta.

Sea lo primero advertir que el Juzgado 4 Civil del Circuito mediante providencia
del 10 de diciembre de 2024 dentro del proceso No. de Radicado
11001310300420240056100 resolvió rechazar la demanda interpuesta por el
accionante en contra de CENIT y remitir a la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, auto que no fue objeto de recurso por parte del demandante
conforme a la consulta realizada en la página web
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion,
pese a que fue debidamente notificado por estado el 11 de diciembre de 2024.

Por lo cual, es preciso indicar que, si el demandante tenía algún reproche frente
a la jurisdicción competente, debía agotar los recursos previstos en la
normatividad vigente contra la providencia de la referencia”25.

Puso de presente que el demandante señaló que tratándose de servidumbres debía
conocer la jurisdicción ordinaria, por lo cual, el despacho no podría conocer de la

25 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 477574F858969D89 031B75ACCCDE512A
832673C42E9D1557 5FC4506EA000FF0B.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00218-00
Accionantes: Jesús David Velásquez García y otros

demanda, no obstante, advirtió que la Corte Constitucional en el Auto A-287 del
2022 al resolver un conflicto de jurisdicción señaló:

“(…) La Sala Plena considera que la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo es competente para conocer las pretensiones de indemnización
formuladas por la propietaria de un predio afectado por una servidumbre
petrolera cuando el conflicto involucre a una entidad pública. Ello, por cuanto el
procedimiento especial establecido en la Ley 1274 de 2009 fue diseñado por el
Legislador para que las entidades pertenecientes a la industria de los
hidrocarburos contaran con un medio expedito para poder desarrollar
legalmente las actividades necesarias para la exploración, producción y
transporte de hidrocarburos, debido a la utilidad pública de esa industria. Las
pretensiones indemnizatorias formuladas por la sociedad propietaria de un
predio afectado por una servidumbre petrolera debidamente constituida,
derivadas de la extralimitación el ejercicio del derecho de servidumbre, pueden
ser resueltas a través de los mecanismos ordinarios de indemnización de
perjuicios previstos en la ley…”26 (Subrayado fuera del texto original)

.
La autoridad judicial explicó que esa posición había sido reiterada en sentencia del
Consejo de Estado que fue citada en el auto recurrido, en la cual se expuso que:

“Se tiene entonces que, este último escenario, en el que se estableció la
necesidad de desarrollar una obra pública para el transporte de hidrocarburos y
autorizó la ocupación y el ejercicio provisional de la servidumbre, sin que se
hubieran indemnizado anticipadamente los perjuicios ni constituido el gravamen
mediante acuerdo directo elevado a escritura pública o sentencia, aun así
corresponde al campo de la ocupación de un inmueble que podría comprometer
la responsabilidad del Estado en los términos del artículo 90 de la Constitución
Política”27.

Por lo tanto, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bogotá concluyó:

“De tal forma que, el reparo que tiene frente a la falta de jurisdicción debió
hacerlo ante el Despacho que profirió el auto resolviendo dicho asunto, por lo
que esta Judicatura se limitó en la providencia de la referencia a determinar que
carece de competencia por la cuantía y el medio de control que se ajusta al caso
en concreto, hecho disímil a lo objetado por el demandante.

En virtud de los elementos fácticos y jurídicos del caso, se advierte que las
pretensiones formuladas en la demanda no están orientadas a controvertir la
legalidad de un acto administrativo ni a reclamar por un daño derivado de este.
Por el contrario, se dirigen a obtener el reconocimiento de la responsabilidad
patrimonial del Estado por un presunto daño antijurídico, derivado de la
ocupación permanente de un bien inmueble mediante la infraestructura de
hidrocarburos por parte de CENIT.

En este contexto, el medio de control procedente es el de reparación directa,
conforme a lo establecido en el artículo 140 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), en concordancia
con el artículo 90 de la Constitución Política, que consagra la cláusula general
de responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que le sean

26 Ibid.
27 5Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejera

Ponente: María Adriana Marín. Sentencia del 7 de febrero de 2025. Radicación número: 25000-23-36-000-2019-
00460-01 (69.846)
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00218-00
Accionantes: Jesús David Velásquez García y otros

imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, en
este caso por la presunta ocupación de hecho por la infraestructura para el
transporte de hidrocarburos” 28.

Así entonces, teniendo en cuenta que CENIT, conforme a sus estatutos sociales, es
una sociedad por acciones simplificada de economía mixta, sujeta al régimen de
derecho privado, en la que Ecopetrol S.A. ostenta una participación accionaria del
99.93%, esta naturaleza jurídica implica que, aunque opera bajo normas del
derecho privado, su vinculación mayoritaria con el Estado la hace susceptible de ser
demandada ante la jurisdicción contencioso administrativa por hechos que generen
responsabilidad patrimonial estatal.

Explicado esto, reiteró que cuando el litigio atañe a la ocupación permanente de un
inmueble por parte de una entidad estatal o de economía mixta, en la que
presuntamente debió constituirse una servidumbre y pretende el pago de perjuicios,
como ocurre en el particular, el medio de control que procede es el de reparación
directa, sin perjuicio de lo que pueda considerar el juez competente en el presente
caso, esto es, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera.

5.7. Se advierte entonces que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Bogotá explicó los motivos por los cuales consideró que no procedía reponer la
decisión del 10 de junio de 2025, dado que: (i) fundamentó su decisión en
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado y (ii) porque el
litigio atañe a la ocupación permanente de un inmueble por parte de una entidad
estatal o de economía mixta, en la que presuntamente debió constituirse una
servidumbre y pretende el pago de perjuicios, por lo que el medio de control que
procede es el de reparación directa, sin perjuicio de lo que pueda considerar el juez
competente en el presente caso.

Pues bien, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con
claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por
el juez competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de
forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni
que se hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el
desarrollo del proceso ordinario.

5.8. Ahora bien, lo que sí se observa es que la parte actora se relevó de exponer
sus reparos constitucionales en función de los defectos, lo que a todas luces
demuestra que su discrepancia se limita a un asunto de mera legalidad, sin que
exista el menor esfuerzo en demostrar la vulneración de una garantía fundamental.

Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de
manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al

28 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 477574F858969D89 031B75ACCCDE512A
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debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender
como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
se requiere demostrar: i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su
carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes
que permitan al juez constitucional advertir tal vulneración29.

A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte actora pretende imponer su
interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así
como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate
surtido en el trámite del proceso primigenio.

5.9. En cuanto al cargo por desconocimiento del precedente, se colige que, del
análisis de las decisiones invocadas como desconocidas, en primer lugar, si bien,
la parte actora las identificó, no precisó si correspondían a la misma situación
fáctica, pues se limitó a afirmar que se adecuaban a su caso sin explicar las razones
concretas. Máxime, en el entendido que la autoridad judicial cuestionada justificó su
decisión en sentencias proferidas por la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado.

En segundo lugar, el accionante no tuvo en cuenta que la autoridad judicial
cuestionada citó jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado
en su decisión y no presentó reparo alguno sobre la manera en que la interpretó,
situación que hace que el cargo carezca de relevancia constitucional en la medida
en que no es del resorte del juez de tutela inmiscuirse en asuntos que atañen a la
autonomía del juez del proceso ordinario, porque esto invadiría su órbita y
propendería al mal uso de esta acción constitucional.

5.10. Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela
formulada está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite de
instancia, toda vez que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados
en el marco de esta, sin esbozar las razones concretas por las cuales el derecho
fundamental invocado fue vulnerado con la providencia atacada, lo que escapa de
la órbita del juez constitucional, toda vez que la decisión censurada se sustenta en
el principio de autonomía judicial.

Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y
subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una
posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión
proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un
nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.

29 Sentencia SU215 de 2022.

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Accionantes: Jesús David Velásquez García y otros

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada30, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o
de interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso
ordinario31.

5.11. Por último, al margen de lo expuesto, esta judicatura pone de presente que
luego de revisar el aplicativo SAMAI, se observa que efectivamente el expediente
fue asignado el 25 de noviembre de 2025 al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección B, bajo el radicado 25000-23-36-000-
2025-00599-00. No obstante, verificada la actuación, la Sala encuentra que el
asunto ingresó a despacho para resolver sobre la admisión de la demanda, el 27 de
noviembre de 2025, sin embargo, hasta la fecha no se ha proferido decisión alguna.

5.12. En este punto, huelga precisar que en el presente trámite no se cumple con el
requisito de subsidiariedad respecto de los reparos elevados en contra del auto del
30 de septiembre de 2025, pues al momento de la interposición del mecanismo
constitucional, el expediente aún se encuentra en trámite y pendiente por resolver
sobre la admisión de la demanda por parte del mencionado tribunal.

5.13. En ese orden, los argumentos planteados en la solicitud de tutela,
relacionados con el citado cargo, buscan que el juez constitucional se pronuncie
sobre solicitudes que aún estaban pendientes de resolver por parte del juez
ordinario. Situación que impide al juzgador constitucional decidir de fondo el asunto,
en la medida que invadiría el ámbito de competencia del juez de la causa, y se
desconocería el escenario jurídico en el que se podían, en principio, discutir aquellas
reclamaciones iusfundamentales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por
Jesús David Velásquez García María Victoria Velásquez García y Paola Andrea
Llano Díaz en contra del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bogotá, por
no superar los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

30 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
31 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.

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Accionantes: Jesús David Velásquez García y otros

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

SABF

19

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