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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00460-01

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00460-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 27 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, la cual quedará de la siguiente manera: PRIMERO: DECLARAR la caducidad parcial del medio de control de reparación directa, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda. TERCERO: CONDENAR en costas de primera instancia a la parte demandante. Se fija como agencias en derecho la suma equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de la demandada. SEGUNDO: CONDENAR en costas en esta instancia a la parte actora, para lo cual se fija por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de la presente providencia, a cargo de la parte actora y a favor de la Empresa Colombiana de Petróleos – Ecopetrol S.A.- y Cenit Transporte de Hidrocarburos S.A.S. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la 30 Radicación número: 25000-23-36-000-2019-00460-01 (69.846) Actor: Aura María Luna de Vaca Demandado: Ecopetrol S.A. y otro Referencia: Medio de Control de Reparación Directa integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2019-00460-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

7 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 25000-23-36-000-2019-00460-01 (69.846)

Actor: AURA MARÍA LUNA DE VACA

Demandado: ECOPETROL S.A. Y OTRO

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: CADUCIDAD PARCIAL DE LA ACCIÓN – Cuando una demanda contiene una
acumulación de pretensiones, el término de caducidad debe contabilizarse de manera
independiente para cada una de estas / LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN LA LEY 1274
DE 2009 – Su reconocimiento no procede cuando el proceso de avalúo de perjuicios por
imposición de servidumbre de hidrocarburos termina por desistimiento / OCUPACIÓN DE
INMUEBLES – No se demostró la ocupación de los predios ni algún daño susceptible de
indemnización.

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia del 27 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que negó las
pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La parte actora pretende la indemnización de los perjuicios derivados del ejercicio
provisional de la servidumbre de hidrocarburos y la práctica de la medida cautelar
de inscripción de la demanda decretada sobre los bienes inmuebles de su
propiedad, en un proceso de avalúo de perjuicios por imposición de servidumbre de
hidrocarburos, que a la postre fue desistido, por cuanto no le fue pagada la
indemnización que fue tasada en el proceso y, además, la medida cautelar impidió
el cumplimiento de una promesa de compraventa celebrada sobre tales inmuebles.

Radicación número: 25000-23-36-000-2019-00460-01 (69.846)
Actor: Aura María Luna de Vaca
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

II. ANTECEDENTES
1. Demanda

El 21 de junio de 20191, la señora Aura María Luna de Vaca presentó demanda de
reparación directa, subsanada el 3 de septiembre siguiente 2, contra la Empresa
Colombiana de Petróleos Ecopetrol S.A. (en adelante Ecopetrol) y Cenit Transporte
de Hidrocarburos S.A.S. (en adelante Cenit), con el fin de que se les declare
patrimonialmente responsables de “la totalidad de los daños y perjuicios (…)
derivados de la práctica de unas medidas cautelares que han permanecido en el
tiempo, dentro del proceso abreviado de imposición de servidumbres de
hidrocarburos o petrolera, cautela que ha sacado el bien inmueble de su propiedad
del comercio, y consecuentemente la actora no pudo cumplir un contrato de
promesa, debiendo pagar los perjuicios por su incumplimiento”.

Por lo anterior, solicitó como indemnización de perjuicios materiales en la
modalidad de daño emergente, la suma de $302’514.159,76, por el ejercicio
provisional de la servidumbre de petróleos, de acuerdo con la indemnización tasada
en el proceso de avalúo de perjuicios por imposición de servidumbre de
hidrocarburos; asimismo, pidió la suma de $467’000.000, por concepto del lucro
cesante derivado del pago de la cláusula penal pactada en el contrato de promesa
de compraventa. En último término, solicitó por concepto de perjuicios morales la
suma equivalente a 100 SMLMV.

Como fundamento fáctico de las pretensiones se narró que el 22 de septiembre de
1977, la señora Aura María Luna de Vaca adquirió los inmuebles identificados con
folios de matrícula inmobiliaria Nos. 470-310 y 470-311, denominados “La
Argentina”, ubicados en la vereda La Palma de Monterrey, Casanare.

Con ocasión de las obras del “Sistema San Fernando Monterrey 30” que eran
requeridas para aumentar la capacidad de transporte de hidrocarburos en el país,
el 30 de mayo de 2013, Ecopetrol informó a la señora Aura María Luna de Vaca que
dichos predios serían afectados por tales construcciones y, el 8 de julio siguiente, le

1 Folios 1 a 12 del cuaderno principal.
2 Mediante auto del 15 de agosto de 2019, el Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección

Tercera, Subsección A inadmitió la demanda, con el fin de que precisara la atribución de
responsabilidad realizada a la pasiva, la cuantía de las pretensiones y la oportunidad del medio de
control (folios 19 y 20 del cuaderno principal). El memorial de subsanación obra en los folios 23 a
27 del cuaderno principal.

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Radicación número: 25000-23-36-000-2019-00460-01 (69.846)
Actor: Aura María Luna de Vaca
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

realizó un ofrecimiento económico por indemnización de daños y constitución de
servidumbre por valor total de $129’504.780, oferta que fue rechazada por la
propietaria.

En vista de lo anterior, el 6 de agosto de 2013, Ecopetrol levantó una constancia de
no acuerdo frente al ofrecimiento económico realizado a la señora Aura María Luna
de Vaca, ante la Personería Municipal de Monterrey.

De manera simultánea, ese mismo día, el señor Luis Gonzalo Vaca Luna, actuando
en representación de la señora Aura María Luna de Vaca, como promitente
vendedora, celebró un contrato de promesa de compraventa sobre los inmuebles
denominados “La Argentina” con la señora Gloria Yamile Tamara Álvarez, como
promitente compradora, en el que se fijó como plazo para la firma de la escritura
pública el 5 de agosto de 2014, junto con la condición de que el predio no tuviera
ningún gravamen y/o afectación por parte de Ecopetrol. Adicionalmente, las partes
pactaron como cláusula penal el valor equivalente al 10% del precio de venta del
inmueble, suma que fijaron en $467’000.000.

El 16 de agosto de 2013, Ecopetrol presentó demanda de avalúo de perjuicios por
servidumbre de hidrocarburos contra la señora Aura María Luna de Vaca y el 17 de
octubre siguiente, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Monterrey,
autoridad que asumió el conocimiento del asunto, llevó a cabo la diligencia de
entrega, autorizando la ocupación y el ejercicio provisional de la mencionada
servidumbre a Ecopetrol. Posteriormente, el 8 de mayo del 2014, se practicó la
medida cautelar de inscripción de la demanda en los respectivos folios de matrícula
inmobiliaria.

En vista de lo anterior, el plazo de la promesa de compraventa fue prorrogado en
dos oportunidades, la primera hasta el 4 de agosto de 2015 y luego hasta el 2 de
agosto de 2016. Empero, ante la imposibilidad de transferir el inmueble saneado, el
13 de julio de 2016, las partes resolvieron el contrato de promesa, celebrando una
transacción por el valor de la cláusula penal junto con la devolución del dinero
recibido como abono del pago del inmueble.

En dicho interregno, en el marco del proceso, se avaluaron los perjuicios
ocasionados con la constitución de la servidumbre en $302’514.159,76 y el 8 de

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Radicación número: 25000-23-36-000-2019-00460-01 (69.846)
Actor: Aura María Luna de Vaca
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

abril de 2016 Ecopetrol cedió los derechos litigiosos a la sociedad Cenit S.A.S.,
cesión que fue aceptada por la autoridad judicial el 12 de mayo siguiente.

Finalmente, el 14 de septiembre de 2016, Cenit desistió de la demanda, debido a
que las obras no podían realizarse en ese momento. En tal virtud, el 22 de
septiembre siguiente, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Monterrey
declaró terminado el proceso y dispuso la cancelación de las medidas cautelares,
decisión que fue confirmada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey el
15 de diciembre de 2017.

La parte actora aduce que las empresas demandadas son responsables del daño
reclamado, por cuanto ocuparon de manera provisional sus predios afectando su
derecho de propiedad, dado que en el proceso de imposición de servidumbre
Ecopetrol solicitó la entrega anticipada de las áreas requeridas para la obra de
utilidad pública, sin que luego de la cesión de derechos litigiosos Cenit hubiera
requerido al juez civil su liberación, pese a que la operación de la infraestructura
petrolera jamás fue ejecutada y el proceso de imposición de servidumbre de
hidrocarburos, a la postre, fue desistido. Por tanto, consideró que las demandadas
eran solidariamente responsables de pagar la indemnización de perjuicios que
ordena el artículo 5 y siguientes de la Ley 1274 de 2009, dado que durante el
proceso nunca cesó la ocupación del predio.

También consideró que se limitó su derecho de propiedad con el decreto y práctica
de la medida cautelar de inscripción de la demanda, por cuanto, pese a que el
proceso terminó, la medida cautelar se mantuvo, “lo que gener[ó] que [el bien
inmueble] se encontrara fuera del comercio”, impidiendo el perfeccionamiento del
contrato de promesa de compraventa.

Concluyó que era clara la causación del daño, “por cuanto la ocupación aún se
encuentra registrada como gravamen y afectación a la propiedad, y a raíz de ello se
puede denotar, como se manifestó en los hechos de la demanda, que mi cliente
estaba en curso de vender el predio, sin embargo al tener esta anotación como
gravamen o limitación al dominio, no pudo lograr realizar la venta y de hecho,
adicionalmente se vio en la obligación de pagar una indemnización por cláusula
penal al incumplir un contrato de promesa de venta”.

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Radicación número: 25000-23-36-000-2019-00460-01 (69.846)
Actor: Aura María Luna de Vaca
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

2. El trámite de primera instancia

2.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
en auto del 30 de octubre de 2019 admitió la demanda3. Notificado en debida forma
el auto admisorio4, las demandadas presentaron los siguientes planteamientos de
defensa:

2.1.1. Ecopetrol contestó la demanda y se opuso a las pretensiones. En síntesis,
señaló que no se produjo un daño antijurídico, por cuanto la constitución de la
servidumbre de hidrocarburos es una obligación de carácter legal que los
propietarios, ocupantes y poseedores de los inmuebles deben soportar, dado que
la exploración, explotación y transporte de hidrocarburos son actividades de utilidad
pública e interés general.

Asimismo, advirtió que la medida cautelar de inscripción de la demanda fue
ordenada de manera oficiosa por el Juez Segundo Promiscuo Municipal de
Monterrey, de ahí que, no pudiera endilgársele responsabilidad por ese hecho; al
lado de lo cual, apuntó que dicha medida no pone a los bienes fuera del comercio,
por lo que aquella no limitó la disposición del dominio sobre los inmuebles.

Anotó que, si bien la parte actora celebró un contrato de promesa de compraventa
en el que pactó que los predios se entregarían sin limitaciones o gravámenes, lo
cierto era que a éstos se les habían impuesto múltiples servidumbres de
hidrocarburos desde 1986, por lo que las partes no podían establecer dicha
condición para transferir el dominio. Finalmente, formuló las excepciones de: (i)
caducidad; (ii) falta de legitimación en la causa por pasiva; e (iii) inexistencia de
daño5.

2.1.2. Cenit se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Indicó que no se
demostró el daño reclamado en el libelo inicial, debido a que la medida cautelar de
inscripción de la demanda no saca al bien del comercio, de conformidad con lo
establecido en el artículo 591 del CGP. De igual manera, consideró que era
temerario que en el contrato de promesa de compraventa se hubiera pactado la

3 Folios 39 – 40 del cuaderno principal.
4 Folios 43 – 47, 53 y 54 del cuaderno principal
5 Folios 72 – 80 del cuaderno principal.

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Radicación número: 25000-23-36-000-2019-00460-01 (69.846)
Actor: Aura María Luna de Vaca
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

entrega del inmueble “La Argentina” sin ningún tipo de gravamen o limitación al
dominio, aun cuando el promitente vendedor conocía que el predio estaba siendo
solicitado para la imposición de una servidumbre de hidrocarburos.

Añadió que el desistimiento del proceso de avalúo de perjuicios por imposición de
servidumbre legal de hidrocarburos no tenía relación alguna con los daños
reclamados y que la parte actora tampoco demostró su causación. En
consecuencia, propuso las excepciones denominadas: (i) la inscripción de la
demanda no saca el bien del comercio; (ii) ausencia de los elementos estructurales
de la responsabilidad extracontractual del Estado; (iii) inexistencia de nexo causal;
(iv) temeridad o mala fe; (v) ausencia de prueba de los daños reclamados (lucro
cesante y daño emergente); y (vi) enriquecimiento sin causa6.

2.2. En auto del 25 de marzo de 2021, el Tribunal a quo resolvió las excepciones
previas formuladas por los demandados7.

2.3. En la audiencia inicial del 10 de mayo de 2022, el Tribunal, después de haber
saneado el proceso, fijó el litigio8 y dispuso presentar alegatos de conclusión por
escrito, debido a que no quedaban pruebas por practicar9.

2.3.1. Ecopetrol reiteró lo plasmado en su contestación y, agregó que, no era
responsable del daño reclamado, por cuanto cedió los derechos litigiosos a Cenit y
conforme el artículo 1969 del Código Civil, el cedente no es responsable una vez
se ha realizado la cesión de un derecho litigioso10.

2.3.2. Cenit insistió en los argumentos expuestos en su contestación.
Adicionalmente, advirtió que no le era imputable el daño deprecado, toda vez que
desistió de la demanda de avalúo de perjuicios por imposición de servidumbre de
hidrocarburos y no efectuó intervención alguna en los predios de la demandante11.

6 Folios 257 – 265 del cuaderno principal.
7 Índice 51 del aplicativo Samai del Tribunal.
8 En esa oportunidad se dispuso: “i. La responsabilidad que se atribuye a Ecopetrol S.A. y a la

empresa Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A., por el proceso judicial que Ecopetrol
inició para el avalúo de los predios “La Argentina”, donde se decretó por la parte demandante una
medida cautelar que se ejecutó, consistente en la inscripción de la demanda en el folio de matrícula
de los predios ya mencionados.
“ii. Los perjuicios pretendidos en la demanda, que las demandadas consideran que no se causaron”.
9 Índice 86 del aplicativo Samai del Tribunal.
10 Índice 88 del aplicativo Samai del Tribunal.
11 Índice 93 del aplicativo Samai del Tribunal.

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Radicación número: 25000-23-36-000-2019-00460-01 (69.846)
Actor: Aura María Luna de Vaca
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

2.3.3. La parte actora insistió en la solicitud indemnizatoria, por considerar que el
artículo 6 de la Ley 1274 de 2009 obliga a dicho reconocimiento en eventos de
ocupación permanente y transitoria; asimismo, reafirmó que la permanencia de las
medidas cautelares practicadas sobre sus inmuebles, frustró el contrato de
promesa de compraventa y la obligó a asumir el pago de la cláusula penal allí
pactada12.

2.3.4. El Ministerio Público no rindió concepto en esa oportunidad procesal.

3. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las súplicas de la demanda, por
estimar que no se causó daño antijurídico alguno a la parte actora, toda vez que,
con fundamento en la Ley 1274 de 2009, ante la falta de acuerdo sobre el valor
indemnizatorio de la constitución de una servidumbre de hidrocarburos, resultaba
procedente iniciar el proceso de avalúo de perjuicios, así como, decretar la medida
cautelar de inscripción de la demanda.

Aunado a lo anterior, sostuvo que la práctica y permanencia de la medida cautelar
de inscripción de la demanda durante un proceso cursado para imponer una
servidumbre de hidrocarburos, que a la postre fue desistido, no impidió el
perfeccionamiento del contrato de promesa de compraventa, por cuanto no sustrae
al bien inmueble del comercio y por tanto no impacta en la capacidad de disposición
del predio.

En tal sentido, agregó que si bien en el mencionado contrato se pactó como
condición que la transferencia del predio “La Argentina” se haría libre de todo
gravamen o limitación del dominio, lo cierto era que aquél no podía enervar el deber
jurídico de soportar las servidumbres necesarias para el desarrollo del sector de
hidrocarburos, más aún cuando desde el año 1986 dicha propiedad venía
soportando este tipo de limitaciones en función de la utilidad pública, de modo que
la eventual imposición de una nueva servidumbre no pudiera constituir una causa
que imposibilitara el perfeccionamiento del contrato de promesa, pues la práctica
negocial entre privados no puede desconocer los principios constitucionales y
legales que someten a la propiedad privada a una lógica de utilidad pública.

12 Índice 94 del aplicativo Samai del Tribunal.

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Radicación número: 25000-23-36-000-2019-00460-01 (69.846)
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Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
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Así mismo, precisó que la servidumbre no llegó a constituirse, dado que Cenit en su
calidad de cesionaria de Ecopetrol, desistió del proceso de imposición de
servidumbre en aplicación de los artículos 342 y 343 del CPC, razón por la que dicho
litigio únicamente supuso la práctica de la medida cautelar de inscripción de la
demanda, la cual, no entrañó un daño antijurídico en los términos propuestos por la
parte demandante13.

4. Recurso de apelación

La parte actora cuestionó la decisión del a quo, por considerar que interpretó de
forma errada la litis. Al respecto, manifestó que si bien existe la obligación jurídica
de soportar limitaciones al derecho de dominio en función de la utilidad pública del
sector de hidrocarburos, la ley también ordena el pago de indemnizaciones por los
perjuicios que se causen (artículo 6, Ley 1274 de 2009), lo que no ocurrió en el
presente caso.

Sobre este aspecto, explicó que mediante decisión judicial Ecopetrol ocupó y
realizó el ejercicio provisional de la servidumbre de hidrocarburos desde el
momento de rendición del peritaje, por cuanto así lo establece el procedimiento
previsto en el artículo 5 de la Ley 1274 de 2009. También, expuso que la
servidumbre se materializó con la inscripción de la demanda en los respectivos
folios de matrícula inmobiliaria.

De igual manera, afirmó que debió asumir el pago de la cláusula penal por el
incumplimiento del contrato de promesa de compraventa, debido a “la inscripción
de una imposición de una servidumbre de hidrocarburos que obtuvo sentencia
favorable el ente gestor del proceso, y a la postre desistió de los efectos de la
sentencia a su favor”. Igualmente, adujo que “ante el desistimiento de las
pretensiones y de la sentencia favorable por parte de Ecopetrol, y ante la anuencia
en pagar la indemnización (…) se vio perjudicada por los perjuicios por el
incumplimiento derivado de la promesa, es por esto que acá se pretende el
reconocimiento y pago del valor que arrojó el dictamen pericial con base en la ley
como suma compensatoria”.

13 Índice 96 del aplicativo Samai del Tribunal.

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Radicación número: 25000-23-36-000-2019-00460-01 (69.846)
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Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

De otro lado, señaló que “la indemnización que se pretende no es que el predio
soporte o no el gravamen, es por el perjuicio que las aquí demandadas causaron
(…) por iniciar una demanda, inscribir un gravamen, obtener sentencia favorable y
luego desistir, obligando a la demandante a realizar prórrogas que no pudo cumplir
derivadas del contrato de promesa de compraventa”. En este sentido, indicó que
las demandadas fueron terceros intervinientes que lesionaron una futura venta “con
su mala praxis dentro de la ejecución sin concretar el proceso de imposición de
servidumbre”.

Adujo que el Tribunal incurrió en yerro por falta de aplicación del artículo 316 del
CGP frente al desistimiento expreso de las pretensiones, dado que en el proceso
de avalúo de perjuicios por servidumbre de hidrocarburos existía sentencia
ejecutoriada que accedió a las pretensiones, es decir, que el proceso ya había
terminado de manera normal, y estaba en curso el trámite de liquidación incidental
de perjuicios, de modo que, lo que procedía era pagar la indemnización que había
sido cuantificada en el proceso.

Precisó que no se opuso al desistimiento en el proceso de imposición de
servidumbre, por cuanto “es un derecho consagrado en las normas procesales” y
que “el a quo en el presente asunto sacó de órbita las consecuencias o efectos que
conlleva desistir de unas pretensiones cuando ya existe sentencia que accedió en
primer lugar a las pretensiones de los aquí demandados”.

Concluyó que estaban dados los presupuestos –sentencia y avalúo- para que se
hubiera pagado la indemnización por la servidumbre prevista en el numeral 12 del
artículo 5 de la Ley 1274 de 2009, lo que no ocurrió14.

El anterior recurso fue concedido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
el 12 de diciembre de 202215 y remitido al Consejo de Estado para su trámite
mediante oficio del 27 de abril de 202316.

14 Índice 108 del aplicativo Samai del Tribunal.
15 Folio 347 del cuaderno principal.
16 Folio 348 del cuaderno principal.

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Radicación número: 25000-23-36-000-2019-00460-01 (69.846)
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Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

5. Trámite en segunda instancia

5.1. En proveído del 26 de julio de 2023, esta Corporación admitió el recurso de
apelación17. Se advierte que en aplicación del artículo 247 del CPACA, modificado
por el artículo 67 de la Ley 2080 de 202118, no se corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión, dado que no se decretaron pruebas en esta instancia.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, establece que
el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de “las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación”.

Por su parte, el artículo 152.6 del CPACA dispone que los tribunales administrativos
conocerán en primera instancia, entre otros asuntos, “de los de reparación directa,
inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales”,
cuando la cuantía exceda los 500 SMLMV.

En el caso bajo estudio se advierte que la pretensión mayor superó la cuantía
señalada en la mencionada disposición normativa19, de ahí que esta Corporación
sea competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte
actora contra el fallo del a quo.

2. Oportunidad en el ejercicio del derecho de acción

El literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 establece que la
demanda debe interponerse dentro de los dos años siguientes al día de la

17 Índice 3 del aplicativo Samai del Consejo de Estado.
18 La Ley 2080 de 2021 resulta aplicable al sub examine, con excepción de las normas que modifican

la competencia, por cuanto el recurso de apelación fue interpuesto el 6 de diciembre de 2022, esto
es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021 -25 de enero de 2021-.
19 La pretensión por lucro cesante ascendió a $467’000.000. Para la fecha de presentación de la

demanda -2019- 500 SMLMV equivalían a $414’058.000.

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ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante
lo conoció o debió tener conocimiento si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Para efectos de contabilizar el término de caducidad en el sub lite, conviene precisar
que la parte actora cimentó su imputación de responsabilidad contra las
demandadas en varias causas que dieron lugar a diferentes pretensiones, las
cuales, aunque relacionadas, se acumularon en el mismo trámite. Una de ellas
corresponde a la atribución de responsabilidad por (i) la ocupación de los predios
denominados “La Argentina”, en razón al ejercicio provisional de la servidumbre de
hidrocarburos autorizado por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de
Monterrey en el marco del proceso establecido en la Ley 1274 de 2009, que a la
postre fue desistido, sin que se hubiera pagado la indemnización allí prevista; la
otra imputación recae en (ii) la práctica y permanencia de la medida cautelar de
inscripción de la demanda en los respectivos folios de matrícula inmobiliaria, que
ocasionó que se hiciera efectiva una cláusula penal a la señora Luna de Vaca por
haber incumplido un contrato de promesa de compraventa.

Así las cosas, con el objeto de efectuar el cómputo del término de caducidad, se
procederá a identificar, respecto de las anteriores imputaciones, el momento de
ocurrencia del hecho dañoso cuando con este se hubiera concretado el daño; o el
momento en que se concretó o consolidó el mismo, si fue posterior a la acción u
omisión que le dio origen y desde cuándo la aquí demandante lo conoció, puesto
que, a partir de ello, surge el interés jurídico para ejercer el derecho de acción.

Con este derrotero y atendiendo a las particularidades del caso concreto, se
advierte que el interés de la demandante para reclamar la indemnización de los
perjuicios que el ejercicio provisional de la servidumbre de hidrocarburos pudo
haber generado, se concretó con la decisión que autorizó el desistimiento del
proceso regulado por la Ley 1274 de 2009, por cuanto a partir de allí se reveló que
la indemnización establecida en la citada ley no sería reconocida a la propietaria de
los inmuebles.

De este modo, al tenerse como hecho conocido que el 22 de septiembre de 2016,
el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Monterrey aceptó el desistimiento de
la demanda, declaró terminado el proceso y ordenó el levantamiento de las medidas

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Radicación número: 25000-23-36-000-2019-00460-01 (69.846)
Actor: Aura María Luna de Vaca
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

cautelares20; decisión que fue confirmada el 15 de diciembre de 2017 por el
Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey21, se observa que, sin perjuicio de la
suspensión del término de caducidad en razón a la solicitud de conciliación
prejudicial radicada el 25 de febrero de 201922, el medio de control se ejerció
oportunamente, por cuanto la demanda fue presentada el 21 de junio de esa misma
anualidad.

Ahora bien, en relación con el daño reclamado por la práctica y permanencia de la
medida cautelar de inscripción de la demanda que llevó a la resolución del contrato
de promesa de compraventa celebrado respecto de los inmuebles afectados, se
tiene que, aun cuando su levantamiento fue ordenado en la misma providencia que
aceptó el desistimiento y en consecuencia declaró terminado el proceso, lo cierto
es que el daño cuya indemnización se reclama se concretó con anterioridad a dicha
actuación, puesto que los promitentes vendedor y comprador resolvieron el contrato
de promesa el 13 de julio de 2016, mediante la celebración de una transacción, a
partir de la cual surgió para la demandante la obligación de pagar la cláusula penal
estipulada en el aludido contrato de promesa23.

De esta manera, se observa que, el plazo para demandar a través de la acción de
reparación directa por esa específica imputación feneció el 14 de julio de 2018, esto
es, antes de la presentación de la solicitud de conciliación y de la demanda. Por
tanto, es claro que la acción no se ejercitó dentro de la oportunidad legal establecida
para tal efecto.

Por lo anterior, la Sala declarará la caducidad parcial del medio de control de
reparación directa respecto de la imputación relacionada con el daño consistente
en la resolución del contrato de promesa de compraventa.

3. La legitimación en la causa

La señora Aura María Luna de Vaca está legitimada en la causa por activa, en su
calidad de propietaria de los inmuebles identificados con folio de matrícula

20 Folio 185 del cuaderno 2.
21 Folios 4 – 12 del cuaderno 3.
22 El 3 de abril de 2019, la Procuraduría 55 Judicial II para asuntos administrativos de Bogotá profirió

constancia de no conciliación (folio 13 del cuaderno 3).
23 Folios 181 – 182 del cuaderno 2.

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inmobiliaria Nos. 470-310 y 470-311, denominados “La Argentina”24, que estuvieron
afectos al proceso de avalúo de perjuicios por imposición de servidumbre de
hidrocarburos.

De otra parte, Ecopetrol y Cenit se encuentran legitimadas en la causa por pasiva,
pues de lo narrado en la demanda se concluye que es a dichas entidades a las que
se les imputa el daño objeto de la controversia.

4. Problema jurídico

Atendiendo a los reparos concretos de la impugnación, el debate jurídico se orienta
a determinar si la parte demandada ocasionó un daño antijurídico a la parte actora
susceptible de indemnización, con la ocupación y el ejercicio provisional de la
servidumbre de hidrocarburos autorizada en el proceso abreviado de avalúo de
perjuicios por servidumbre petrolera.

5. La servidumbre legal de hidrocarburos

La industria del petróleo en sus ramos de exploración, explotación, refinación,
transporte, distribución y cualquier otro necesario para el aprovechamiento del
recurso, ha sido calificada por la ley como de utilidad pública e interés social, de
conformidad con el artículo 4º del Decreto Legislativo 1056 de 1953 “[p]or el cual se
expide el Código de Petróleos”. En armonía con ello, el artículo 9 ejusdem consagró
como un derecho la imposición de “la servidumbre de oleoductos, comprendiendo
en ella el terreno suficiente para las estaciones de bombeo y demás dependencias
necesarias para el funcionamiento de los oleoductos, y el de establecer muelles,
cargaderos y tuberías submarinas y subfluviales (…)”.

En desarrollo de dichos mandatos, el legislador definió en el artículo 1º de la Ley
1274 de 2009, normatividad por medio de la cual “se establece el procedimiento de

24 Tal como consta en los certificados de tradición y libertad de los inmuebles, obrantes a folios 124

a 128 del cuaderno principal.

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avalúo para las servidumbres petroleras”, el alcance y contenido de la servidumbre
de hidrocarburos, en los siguientes términos:

Artículo 1°. Servidumbres en la Industria de los Hidrocarburos. La industria
de los hidrocarburos está declarada de utilidad pública en sus ramos de
exploración, producción, transporte, refinación y distribución. Los predios
deberán soportar todas las servidumbres legales que sean necesarias para
realizar las actividades de exploración, producción y transporte de los
hidrocarburos, salvo las excepciones establecidas por la ley.

Se entenderá que la servidumbre de ocupación de terrenos comprenderá el
derecho a construir la infraestructura necesaria en campo e instalar todas las
obras y servicios propios para beneficio del recurso de los hidrocarburos y del
ejercicio de las demás servidumbres que se requieran.

Según lo anterior, la servidumbre de hidrocarburos es de carácter legal25 y se basa
en los principios de utilidad pública e interés social, de modo que su imposición no
depende de la voluntad del propietario, poseedor u ocupante del predio sirviente
sino de la ley; luego, el predio debe soportar la servidumbres que sean necesarias
para las actividades de exploración, producción y transporte de los hidrocarburos,
lo cual comprende la construcción de infraestructura y la instalación de las obras y
servicios que se requieran, por tratarse de actividades de utilidad pública que
desarrollan la función social que debe cumplir la propiedad.

Conviene precisar que, para la constitución de la servidumbre de hidrocarburos no
es suficiente el mandato legal, pues requiere de un instrumento que la concrete,
como lo es el convenio con el afectado o una orden judicial, toda vez que, por ser
un derecho real necesita, además, su inscripción en la oficina de registro de
instrumentos públicos.

6. De la indemnización prevista en la Ley 1274 de 2009

Como se dejó visto, la servidumbre de hidrocarburos es una prerrogativa que
dimana de la ley, que todos los predios comprendidos en el territorio nacional están
obligados a soportar, razón por la cual los propietarios, poseedores u ocupantes del
inmueble gravado no pueden oponerse o resistirse a ella. No obstante el deber
jurídico de soportar el gravamen, la Ley 1274 de 2009 prevé una justa

25 Según el artículo 897 del Código Civil “Las servidumbres legales son relativas al uso público, o a

la utilidad de los particulares. // Las servidumbres legales, relativas al uso público, son: // El uso de
las riberas en cuanto sea necesario para la navegación o flote. // Y las demás determinadas por las
leyes respectivas”.

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indemnización por los perjuicios causados con el desarrollo de las labores que
requiera la industria de los hidrocarburos.

Así las cosas, con el propósito de imponer el gravamen que permita el ejercicio del
derecho real de servidumbre que la ley otorga a los actores del sector petrolero e
indemnizar los perjuicios que pueda traer aparejados, la Ley 1274 de 2009
consagró, en síntesis, dos fases para la imposición de la servidumbre legal de
hidrocarburos: una denominada “negociación directa” y otra llamada “solicitud de
avalúo de perjuicios”.

De acuerdo con tal procedimiento, el interesado a efectos de concretar la
servidumbre legal de que es titular debe, en primer lugar, agotar la “negociación
directa” con los implicados, a fin de obtener un acuerdo sobre el monto de la
indemnización y las condiciones en que ejercerá el derecho, el cual elevarán a
escritura pública a fin de registrarla en la oficina de registro de instrumentos públicos
(artículo 2, Ley 1274 de 200926). Y solo si esta fracasa, el reclamante podrá acudir
a la “solicitud de avalúo de perjuicios” (artículo 3, ibídem27), con el propósito de que

26 “Artículo 2°. Negociación directa. Para el ejercicio de las servidumbres de hidrocarburos el
interesado deberá adelantar el siguiente trámite:
1. El interesado deberá dar aviso formal al propietario, poseedor u ocupante de los terrenos o al
dueño de las mejoras, según el caso.
2. El aviso deberá realizarse mediante escrito y señalar:
a). La necesidad de ocupar permanente o transitoriamente el predio.
b). La extensión requerida determinada por linderos.
c). El tiempo de ocupación.
d). El documento que lo acredite como explorador, explotador, o transportador de hidrocarburos.
e). Invitación para convenir el monto de la indemnización por los perjuicios que se ocasionarán con
los trabajos.
3. El aviso se entenderá surtido con su entrega material y con la remisión de una copia del mismo a
los Representantes del Ministerio Público con competencia en la circunscripción en donde se ubique
el predio.
4. Ejecutado el aviso se indicará la etapa de negociación directa entre las partes, la cual no excederá
de veinte (20) días calendario, contados a partir de la entrega del aviso.
5. En caso de no llegar a un acuerdo sobre el monto de la indemnización de perjuicios, se levantará
un acta en la que consten las causas de la negociación fallida y el valor máximo ofrecido, firmado
por las partes, con copia a cada una de ellas.
Si el proponente, poseedor o tenedor se abstiene de firmar el acta referida dentro del plazo señalado
para la negociación directa, el interesado acudirá al representante del Ministerio Público o quien
haga sus veces de la circunscripción del inmueble, para que dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes, deje constancia de tal situación.
Parágrafo. Igual tratamiento se dará a las personas que ocupen o posean tierras baldías”.
27 “Artículo 3°. Solicitud de avalúo de perjuicios. Agotada la etapa de negociación directa sin que

hubiere acuerdo sobre el valor de la indemnización que deba pagarse por el ejercicio de las
servidumbres o sin que hubiere sido posible dar el aviso formal al propietario, poseedor u ocupante
de los terrenos o al dueño de las mejoras, por lo menos dos (2) veces durante los veinte (20) días
anteriores a la solicitud de avalúo de perjuicios, el interesado presentará ante el Juez Civil Municipal
de la jurisdicción donde se encuentre ubicado el inmueble, la solicitud del avalúo de los perjuicios
que se ocasionarán con los trabajos o actividades a realizar en ejercicio de las servidumbres de
hidrocarburos, la cual contendrá los siguientes requisitos:

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se avalúen los perjuicios que ocasionará la constitución de la servidumbre y,
adicionalmente, se ordene el registro de la sentencia en la oficina de instrumentos
públicos bajo la denominación de “establecimiento de una servidumbre legal”
(artículo 728).

El procedimiento para las indemnizaciones producto del ejercicio de las
servidumbres de hidrocarburos debe adelantarse en cada caso particular,
atendiendo las características propias del bien objeto de servidumbre y la ocupación
u obras a realizar sobre él, para efectos de determinar el monto de la indemnización
de perjuicios, ya sea que se pacten en la etapa de negociación directa entre las
partes o a través del mecanismo de avaluación de perjuicios ante la autoridad
judicial.

En tal sentido, según el artículo 6 de la Ley 1274 de 2010, la forma en que se causa
y paga la indemnización por los perjuicios causados con el ejercicio de la
servidumbre, depende del carácter permanente o transitorio que dicha ocupación
suponga. La norma establece:

Artículo 6°. Ocupación permanente y ocupación transitoria. Cuando se
trate de obras o labores que impliquen ocupación de carácter permanente, la
indemnización se causará y se pagará por una sola vez y amparará todo el
tiempo que el explorador, explotador o transportador de hidrocarburos ocupe
los terrenos y comprenderá todos los perjuicios.

Se entiende por obras de carácter permanente la construcción de carreteras,
la de oleoductos, la de campamentos, la instalación de equipos de perforación,

1. Nombre y prueba de existencia y representación del interesado.
2. Copia del título o documento en el que consten los derechos a explorar, explotar o transportar
hidrocarburos del interesado.
3. Ubicación del inmueble o predio objeto de las servidumbres de hidrocarburos y la identificación
del área a ocupar permanente o transitoriamente con los trabajos de exploración, explotación y
transporte de los hidrocarburos, sus linderos y la extensión de la misma.
4. Identificación y descripción de las construcciones, cercas, cultivos, plantaciones, pastos y mejoras
que resulten afectadas con la ocupación y el ejercicio de las servidumbres de hidrocarburos.
5. Constancia de la entrega del aviso o prueba de la imposibilidad de su entrega.
6. Descripción de las actividades a adelantar en los terrenos a ocupar.
7. Identificación del dueño u ocupante de los terrenos o de las mejoras y lugar donde puede ser
notificado de la solicitud.
8. Recibo de consignación a órdenes del Juzgado de la suma correspondiente al valor del avalúo
comercial realizado por el Instituto Agustín Codazzi o por un profesional adscrito a una agremiación
de lonja de la jurisdicción del predio debidamente reconocida, como depósito judicial a favor del
propietario, poseedor u ocupante de los terrenos o de las mejoras por los perjuicios a ocasionar con
la ocupación y ejercicio de las servidumbres.
9. Copia del acta de la negociación fallida”.
28 “Artículo 7. Registro. El acuerdo entre las partes que se elevará a escritura pública o, en su

defecto, la decisión judicial deberá registrarse en la Oficina de Instrumentos Públicos del lugar de
ubicación de los terrenos objeto de la diligencia de avalúo, calificándola el respectivo Registrador
como el establecimiento de una servidumbre legal de hidrocarburos”.

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las instalaciones necesarias para la operación y fiscalización de la actividad en
el campo, la instalación de líneas de flujo y demás semejantes.

Cuando se trate de obras o labores que impliquen ocupación de carácter
transitorio, la indemnización amparará períodos hasta de seis (6) meses.

Se entiende por ocupación de carácter transitorio la ejecución de trabajos de
exploración superficial con aparatos de geofísica, trazados de oleoductos, de
carreteras, etc., que impliquen destrucción de cercas, apertura de trochas o
senderos de penetración, excavaciones superficiales y otras análogas.

Ahora, si bien el procedimiento para el ejercicio de las servidumbres de
hidrocarburos establecido en la Ley 1274 de 2009, contempla la posibilidad de
autorizar la ocupación y el ejercicio provisional de la servidumbre, esto es, antes de
que se profiera sentencia definitiva sobre su imposición (artículo 5, núm. 629); lo
cierto es que el procedimiento de avalúo de perjuicios previsto en la mencionada
ley no está orientado al pago de los eventuales daños que dicho ejercicio
provisional, como hecho independiente, hubiera podido causar, sino que se centra
en reparar anticipadamente y con fundamento en el principio de reparación integral,
la totalidad de los perjuicios que pueda sufrir el propietario, poseedor u ocupante
del predio sirviente como consecuencia del ejercicio definitivo de la servidumbre
que será constituida mediante el registro de la sentencia que ponga fin al proceso.

Nótese que, el procedimiento de avalúo dispuesto en la citada normativa es
meramente anticipativo, pues es probable que durante el proceso judicial no se
hayan efectuado las obras o causado alguna afectación al predio sirviente, de ahí
que, “para efectos del avalúo el perito ten[ga] en cuenta las condiciones objetivas
de afectación que se puedan presentar de acuerdo con el impacto que la
servidumbre genere sobre el predio” (artículo 5, núm. 530), y no los daños ciertos

29 “Artículo 5°. Trámite de la solicitud. A la solicitud de avalúo se le dará el trámite siguiente:

(…)
“6. Rendido el dictamen pericial, el juez autorizará la ocupación y el ejercicio provisional de las
servidumbres de hidrocarburos. No obstante lo anterior, si el interesado solicita la entrega
provisional del área requerida para los trabajos antes de rendido el dictamen pericial, el juez
autorizará la ocupación y el ejercicio de las servidumbres de hidrocarburos dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, siempre y cuando con ella se acompañe copia
de depósito judicial que corresponda a un 20% adicional del depósito realizado en el momento de
la solicitud de avalúo de perjuicios del que trata el numeral 8 del artículo 3° de la presente ley”.
30 “Artículo 5°. Trámite de la solicitud. A la solicitud de avalúo se le dará el trámite siguiente:

(…)
“5. El perito deberá rendir el dictamen pericial dentro del término de quince (15) días hábiles
contados a partir de la posesión. Para efectos del avalúo el perito tendrá en cuenta las condiciones
objetivas de afectación que se puedan presentar de acuerdo con el impacto que la servidumbre
genere sobre el predio, atendiendo la indemnización integral de todos los daños y perjuicios, sin
perjuicio de las reclamaciones posteriores que pueda presentar el propietario, poseedor u ocupante
de los predios afectados por daños ocasionados a los mismos durante el ejercicio de las
servidumbres. No se tendrán en cuenta las características y posibles rendimientos del proyecto

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que se hubieren causado para el momento de elaboración del peritaje, puesto que,
se reitera, las obras de carácter permanente o los trabajos transitorios pueden no
haberse efectuado aún.

Como corolario de lo anterior, se tiene que la tasación de perjuicios establecida en
el procedimiento de naturaleza especial y autónoma de la Ley 1274 de 2009, es
anticipada, de ahí que se soporte en la identificación y descripción hecha por el
interesado respecto de aspectos como el área a ocupar permanente o
transitoriamente con los trabajos de exploración, explotación y transporte de los
hidrocarburos, así como, de las construcciones, cercas, cultivos, plantaciones,
pastos y mejoras que pudieran resultar afectadas con la ocupación y el ejercicio de
la servidumbre.

7. Caso concreto

Empieza la Sala por señalar que la atribución de responsabilidad que la parte actora
endilga a las demandadas se centra en reclamar la indemnización de los perjuicios
ocasionados con la ocupación y el ejercicio provisional de la servidumbre de
hidrocarburos en sus predios. Así mismo, considera el recurrente que debe darse
un reconocimiento indemnizatorio correspondiente al tasado en el proceso de
avalúo de perjuicios por imposición de servidumbre de hidrocarburos, de
conformidad con la Ley 1274 de 2009, dado que dicho proceso concluyó con
“sentencia ejecutoriada que accedía a las pretensiones, [de manera que] lo que
procedía era pagar la indemnización que delanteramente cuantificó el titular activo
de la imposición de la servidumbre”.

Pues bien, se encuentra acreditado que agotada la etapa de negociación directa,
el 16 de agosto de 2013, Ecopetrol presentó demanda de avalúo de perjuicios por
servidumbre petrolera contra la señora Aura María Luna de Vaca, en su calidad de
propietaria de los predios identificados con matrículas inmobiliarias Nos. 470-310 y
470-311, denominados “La Argentina”, con el propósito de que se impusiera como
cuerpo cierto una servidumbre de hidrocarburos con ocupación permanente a favor
de Ecopetrol sobre los dos inmuebles, en franjas de terreno aproximadas de 1.890

petrolero, ni la potencial abundancia o riqueza del subsuelo, como tampoco la capacidad económica
del contratista u operador. La ocupación parcial del predio dará lugar al reconocimiento y pago de
una indemnización en cuantía proporcional al uso de la parte afectada, a menos que dicha ocupación
afecte el valor y el uso de las zonas no afectadas”.

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m2 -FMI 470-311- y 62.450 m2 -FMI 470-310-, por cuanto eran requeridas para la
construcción y permanencia de la infraestructura del oleoducto de 30 pulgadas del
“Sistema San Fernando Monterrey”, que iba a ser empleado para aumentar la
capacidad de transporte de crudo en el país.

En el mismo escrito, Ecopetrol solicitó a la autoridad jurisdiccional la ocupación y el
ejercicio provisional de la servidumbre de hidrocarburos dentro de los 15 días
hábiles siguientes31.

Con lo anterior, el 2 de octubre de 2013, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal
de Monterrey admitió la demanda32 y el 17 de octubre siguiente llevó a cabo la
diligencia de entrega provisional a favor de Ecopetrol, autorizando la ocupación y
el ejercicio provisional de la servidumbre de hidrocarburos, así como la solicitud de
colaboración de la fuerza pública en caso de ser necesario para el ejercicio de la
servidumbre. Finalmente, dispuso comunicar dicha decisión al Ministerio del Medio
Ambiente, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (Corporinoquia) y la
Alcaldía Municipal de Monterrey, para que designaran a un funcionario que vigilara
el desarrollo de las obras33. En esa oportunidad, el despacho de conocimiento,
expresó lo siguiente:

Una vez en el predio no se hizo presencia por parte de la demandada y se deja
constancia que la entrada al predio respecto a la matrícula inmobiliaria No. 470-
311 se encuentra cerrada con portón de 8 metros el cual se encuentra con
cadena y candado, igualmente se deja constancia que sobre la línea indicada
por los funcionarios de ECOPETROL S.A., como de acceso ya se encuentra
una vía de aproximadamente 3 o 4 metros de ancho (…).

(…) Como la única vía de acceso al predio se encuentra cerrada el despacho
se abstiene de hacer su ingreso al mismo en esta diligencia procediéndose a
tomar coordenadas de georreferencia a fin de verificar su concordancia con las
indicadas en el escrito de demanda (…). Corroboradas las mismas se establece
que se encuentran dentro de los rangos solicitados por la parte demandante, e
identificados en su pretensión primera (folio 02), por lo que se establece que
nos encontramos en el predio objeto de la servidumbre (…).

Se deja constancia que la entrada al predio se encuentra al lado de la vía
pavimentada que conduce a la estación Porvenir y que frente a ella se
encuentra otro predio adquirido por Ecopetrol por la estación Monterrey.

Sobre el segundo predio no se dejan observaciones toda vez que no se pudo
ingresar al mismo.

31 Folios 19 – 30 del cuaderno 2.
32 Folios 31 – 33 del cuaderno 2.
33 Folios 36 – 38 del cuaderno 2.

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Así las cosas encuentra el Despacho que los predios corresponden plenamente
con los indicados en la demanda para la imposición de la servidumbre por lo
que evidenciándose su plena identificación y el cumplimiento de [los] requisitos
expuestos por el numeral sexto del artículo quinto de la ley 1274 de 2009 (Copia
del depósito judicial que corresponde al 20% adicional del depósito realizado
en el momento de la solicitud de avalúo de perjuicios (folio 2 y 3 del cuaderno
de entrega provisional), estableciéndose la procedencia de la entrega
provisional del área. (Se destaca)

En el transcurso de las diligencias, el 15 de enero de 2014, el Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal de Monterrey resolvió el recurso de reposición interpuesto por
la señora Aura María Luna de Vaca contra el auto admisorio de la demanda,
disponiendo su inadmisión con el fin de que Ecopetrol aportara copia del título o
documento en el que constaran sus derechos a explorar, explotar o transportar
hidrocarburos, so pena de rechazo. Como consecuencia de lo anterior, ordenó la
suspensión de las obras y demás actuaciones que Ecopetrol viniera realizando en
el predio, hasta que se tomara una decisión final sobre la admisión o rechazo de la
demanda34.

Tras haberse presentado el escrito de subsanación35, en auto del 12 de febrero de
2014, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Monterrey admitió la demanda
y decretó la práctica del dictamen pericial de avalúo de la indemnización a pagar
por el ejercicio de la servidumbre legal de hidrocarburos, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo 5 de la Ley 1274 de 2009, teniendo en cuenta,
además, lo siguiente36:

1. Los linderos y área total de la ocupación petrolera permanente por parte de
ECOPETROL S.A., de acuerdo a las coordenadas presentadas en los planos
anexos a la demanda.

2. La extensión de las zonas que se encuentren fuera del área de servidumbre
o zonas anexas que pueden resultar afectadas y si estas se encuentran
debidamente definidas y cercadas.

3. Si se afectarán zonas de bosque natural, pastos artificiales, cultivos u otras
mejoras, especificarlas y valorarlas.

4. Verificar y valorar la explotación actual y futura del predio con su
correspondiente estimación económica.

34 Folios 57 – 70 del cuaderno 2.
35 Folios 71 – 73 del cuaderno 2.
36 Folios 74 – 76 del cuaderno 2.

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La decisión anterior fue confirmada por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal
de Monterrey, el 2 de abril de 201437.

El 1º de agosto de 2014, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) presentó
al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Monterrey un informe técnico sobre
el avalúo de los inmuebles afectos al proceso, sin que se dejara constancia escrita
o fotográfica de la presencia de Ecopetrol o del desarrollo de las obras de
construcción del oleoducto38.

En esa misma dirección, en el dictamen rendido durante el 2015 -fecha completa
de radicación ilegible- por el perito designado por el despacho, señor José
Eurípides Carrero Ibáñez, se realizó el avalúo de la indemnización por la futura
intervención de los predios con ocasión de la servidumbre petrolera de ocupación
permanente “Oleoducto Sistema San Fernando Monterrey 30 pulgadas”, sin
advertir la presencia de Ecopetrol. Si bien para la realización de dicho estudio se
inspeccionaron los predios, en esa oportunidad no se evidenció el adelantamiento
de algún tipo de obras u ocupación por parte de Ecopetrol, verbigracia, en el informe
se anotó lo siguiente39:

INVENTARIO DE DAÑOS
(…)

5.10.2. En la inspección física se pudo evidenciar que se afectarán 560 metros
lineales de la única vía de acceso vehicular del predio por la vía al Porvenir, vía
conformada en macadam o afirmado, que tiene obras de arte como alcantarillas
y bateas.

5.10.3. Se ocuparán permanentemente, una línea de 60.420 m² de terreno,
para la construcción del oleoducto y una línea de 3.920 m² de terreno para la
construcción de una vía de acceso.

(…)

MINUSVALÍA DE LA PROPIEDAD

(…)

Es claro que para realizar el proyecto petrolero se harán excavaciones que
afectarán la calidad del suelo y las fuentes de agua, dado que los horizontes
del suelo serán trozados y las aguas corrientes serán excavadas para enterrar
la tubería. El predio pasara de tener una vía de acceso por una vía veredal
pavimentada para quedar sin acceso.

37 Folios 13 – 15 del cuaderno 2.
38 Folios 97 – 115 del cuaderno 2.
39 Folios 116 – 135 del cuaderno 2.

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En el expediente también obra el “informe de la evaluación del área destinada para
servidumbre petrolera dentro del predio La Argentina” rendido por el perito Gilberto
Gutiérrez Holguín en agosto de 2015, en el que se analizó el impacto ambiental que
podía producir el proyecto antes, durante y después de ejecutado, a partir del
análisis de la capa efectiva del suelo y de un inventario forestal. En esta experticia
tampoco se advirtió la ocupación del predio por parte de Ecopetrol o la causación
de daños que le fueran atribuibles por el ejercicio provisional de la servidumbre40.

Asimismo, el perito Gilberto Gutiérrez Holguín realizó el avalúo comercial del predio
sirviente como parte de la tasación de la indemnización por los perjuicios que
generaría la servidumbre de oleoductos del “Sistema San Fernando Monterrey 30
Pulgadas”. En tal experticia se concluyó que el valor total de la indemnización por
la servidumbre y los daños asociados ascendía a $302’514.159,7641.

En proveído del 12 de mayo de 2016, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de
Monterrey reconoció como sucesor procesal de Ecopetrol a su filial Cenit
Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., conforme a la cesión de derechos
litigiosos aportada al plenario. En esa misma actuación, dispuso agregar al proceso
la aclaración, ampliación y complementación del dictamen pericial rendido por el
perito Gilberto Gutiérrez Holguín42 -esta última no obrante en el expediente-.

El 14 de septiembre de 2016, Cenit solicitó el desistimiento de la demanda y la
devolución de los depósitos judiciales realizados a órdenes del despacho, por
cuanto “durante el trámite del proceso, algunas circunstancias del proyecto que se
llevaría a cabo en los predios objeto de la demanda ha[bían] cambiado y Ecopetrol
S.A. ahora Cenit S.A.S., luego de evaluar las diferentes variables operativas,
técnicas y logísticas, a la fecha ha[bía] determinado que las obras a realizar en los
predios “La Argentina”, no ser[ían] ejecutadas por el momento y, por lo tanto, sería
un despropósito gravar el predio sin que se lle[varan] a cabo estas obras”.

Advirtió que el proceso tenía por objeto avaluar los perjuicios que se ocasionarían
a la demandada como consecuencia de “una servidumbre que se constituiría sobre
los predios denominados “La Argentina”, en el evento en que el proceso hubiera

40 Folios 150 – 158 del cuaderno 2.
41 Folios 159 – 168 del cuaderno 2.
42 Folio 180 del cuaderno 2.

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Actor: Aura María Luna de Vaca
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

llegado a su fin” y que la complejidad técnica de la actividad de utilidad pública de
transporte, exploración y explotación de hidrocarburos, conllevaba a que en
ocasiones las condiciones del proyecto cambiaran, como en efecto había ocurrido
en ese caso43.

En auto del 22 de septiembre de 2016, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal
de Monterrey aceptó el desistimiento de la demanda, en aplicación del artículo 342
del CPC, por cuanto no se había proferido sentencia que pusiera fin al proceso. En
consecuencia, lo declaró terminado y condenó en costas a la parte actora44.

La señora Aura María Luna de Vaca recurrió la decisión anterior en reposición y
apelación, por estimar que no era jurídicamente viable el desistimiento del proceso
regulado por la Ley 1274 de 2009, dado que la servidumbre legal de hidrocarburos
era preexistente a la determinación judicial y no admitía objeciones.
Adicionalmente, sostuvo que el industrial petrolero adquirió el derecho a construir
la infraestructura necesaria en campo cuando se admitió la demanda de avalúo y
decretó la entrega provisional del predio, con lo cual surgió el derecho de la
propietaria a la indemnización integral, de manera que, la figura del desistimiento
no pudiera emplearse para eximirse de pagar los daños y perjuicios que ordena la
Ley 1274 de 200945.

En proveído del 6 de octubre de 2016, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal
de Monterrey resolvió el recurso de reposición y concedió la apelación -decisión
incompleta-46.

Finalmente, el 15 de diciembre de 2017, el Juzgado Promiscuo del Circuito de
Monterrey confirmó la providencia del 22 de septiembre de 2016. Consideró que el
demandante podía desistir del proceso, siempre que no se hubiere proferido
sentencia que resolviera de fondo el asunto, el apoderado contara con poder para
ello y soportara la condena en costas, de conformidad con los artículos 342, 343 y
345 del CPC, normas que resultaban aplicables al procedimiento previsto en la Ley
1274 de 2009.

43 Folios 183 – 184 del cuaderno 2.
44 Folio 185 del cuaderno 2.
45 Folios 186 – 191 del cuaderno 2.
46 Folios 2 – 3 del cuaderno 3.

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Actor: Aura María Luna de Vaca
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

En ese orden, adujo que la solicitud de desistimiento fue presentada oportunamente
y en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley; y que “no ha[bía]
lugar a una indemnización sin un daño que lo cause, pues la obligación de
indemnizar sólo surge con ocasión de un daño o hecho jurídico, de lo contrario se
estaría ante la figura del enriquecimiento sin causa, y esto lo reconoce la Ley atrás
citada pues se habla de un avalúo de perjuicios que se cause con la servidumbre,
por ende solo en caso de gravarse el inmueble afectado hay lugar a la
indemnización”47.

Con fundamento en las pruebas a las cuales se hizo referencia antes, para la Sala
es claro que en el sub lite no se demostró un daño indemnizable que se hubiera
derivado de la autorización de la ocupación y el ejercicio provisional de la
servidumbre petrolera a favor de Ecopetrol, y menos aún, que aquél se hubiera
causado por la constitución de una servidumbre petrolera que hiciera procedente la
indemnización prevista en la Ley 1274 de 2009, por las razones que pasan a
exponerse.

Como quedó visto, la servidumbre de hidrocarburos es una prerrogativa que dimana
de la ley, que todos los predios comprendidos en el territorio nacional están
obligados a soportar por consideraciones de utilidad pública e interés social, de ahí
que, la Ley 1274 de 2009 establezca un proceso de tasación anticipada de los
perjuicios que facilite el ejercicio del derecho real de servidumbre y por tanto el
desarrollo de las obras que sean necesarias para realizar las actividades de
exploración, producción y transporte de los hidrocarburos.

En este contexto, la ley tiene como finalidad procurar la indemnización de los daños
ocasionados con la imposición del gravamen de servidumbre, para lo cual, se itera,
no es suficiente el mandato legal, sino que se requiere de un instrumento que la
concrete, puesto que al tratarse de un derecho real necesita, además, su inscripción
en la oficina de registro de instrumentos públicos, motivo por el cual el juez ordena
en la misma providencia: (i) el pago de los perjuicios mediante la liberación de los
depósitos que se hicieron como requisito para la presentación de la demanda 48; y

47 Folios 4 – 12 del cuaderno 3.
48 “Artículo 5º. Trámite de la solicitud. A la solicitud de avalúo se le dará el trámite siguiente:

(…)
“12. Surtida la revisión el Juez del Circuito ordenará la entrega de los dineros consignados al dueño,
poseedor u ocupante de los terrenos o de las mejoras y si estos no fueren suficientes, ordenará al

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Actor: Aura María Luna de Vaca
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

(ii) el registro de la sentencia en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria para
efectos de su constitución.

Así las cosas, la tasación de perjuicios que se desarrolla con el proceso de avalúo
previsto en la Ley 1274 de 2009 y que está soportada en el principio de reparación
integral, constituye un ejercicio anticipativo de las condiciones objetivas de
afectación que se puedan presentar a futuro en el predio, esto es, luego de la
imposición de la servidumbre y de la ocupación permanente o transitoria de la
respectiva área con las obras de exploración, explotación y transporte de los
hidrocarburos, razón por la que no puede surgir el derecho a recibir la
indemnización allí prevista, sin que al mismo tiempo se constituya el gravamen a
favor del actor del sector petrolero.

En consecuencia, para la procedencia de la indemnización establecida en la
pluricitada ley se requiere no solo que se haya definido su monto, bien sea por
acuerdo directo entre las partes o por perito designado en el proceso de avalúo,
sino que aquél se concrete en un instrumento que permita el registro del gravamen
en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, entiéndase escritura pública o
sentencia.

Como se observa en el caso concreto, basta apuntar que el proceso de avalúo de
perjuicios por imposición de servidumbre petrolera no terminó con sentencia que
accediera al pago de la indemnización y al registro de la servidumbre, sino que
finalizó por desistimiento de la demanda, antes de que se hubiera proferido decisión
definitiva, de modo que, contrario a lo sostenido por la parte actora, en dicho trámite
no se profirió decisión alguna que accediera al reconocimiento de perjuicios.

En línea con este planteamiento, está probado que la servidumbre de hidrocarburos
de ocupación permanente para la construcción del oleoducto del “Sistema San
Fernando Monterrey” no se encuentra registrada en los folios de matrícula
inmobiliaria de los predios denominados “La Argentina”, lo que ratifica su falta de

explorador, explotador o transportador interesado que, dentro de los diez (10) días siguientes
consigne la cantidad suficiente para cubrir la indemnización. Si resultare un remanente, este le será
devuelto dentro del mismo término al beneficiario de la servidumbre. Si el interesado no lo hiciere el
Juez solicitará al Alcalde que adopte de inmediato las medidas para suspender los trabajos objeto
de la ocupación y del ejercicio de las servidumbres de hidrocarburos”.

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Actor: Aura María Luna de Vaca
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

constitución o registro, de ahí que no haya cabida a la indemnización prevista en la
Ley 1274 de 2009.

Lo que muestran las pruebas aportadas es que precisamente por no haberse
proferido sentencia que pusiera fin al proceso de avalúo de perjuicios por
imposición de servidumbre de hidrocarburos, se hizo viable la terminación anormal
del proceso por desistimiento en los términos del artículo 342 del CPC, según el
cual “[e]l demandante podrá desistir de la demanda mientras no se haya
pronunciado sentencia que ponga fin al proceso”.

Ahora, si bien durante el trámite se autorizó la ocupación y el ejercicio provisional
de la servidumbre a favor de Ecopetrol, tal como se ha sostenido, dicha
circunstancia no hace procedente el reconocimiento de la indemnización tasada en
los términos de la Ley 1274 de 2009, principalmente, porque aquél corresponde a
un avalúo de perjuicios anticipado que se funda en el ejercicio definitivo de la
servidumbre y de los daños que supondrá a futuro, y en el presente caso no se
constituyó el gravamen de servidumbre con ocupación permanente cuyos perjuicios
fueran tasados.

Ello no quiere decir que los daños derivados de la ocupación y el ejercicio
provisional de la servidumbre de hidrocarburos no deban ser indemnizados, sino
que tal circunstancia es distinta al supuesto de hecho que ampara la indemnización
anticipada establecida en la Ley 1274 de 2009, resultando evidente que el valor del
daño anticipado que pueda ocasionar el ejercicio definitivo de la servidumbre de
hidrocarburos, en este caso, con ocupación permanente de predios por la
construcción de un oleoducto, no puede ser el mismo que el daño cierto derivado
de un ejercicio provisional de la servidumbre, el cual, en todo caso, debe estar
acreditado.

Se tiene entonces que, este último escenario, en el que se estableció la necesidad
de desarrollar una obra pública para el transporte de hidrocarburos y autorizó la
ocupación y el ejercicio provisional de la servidumbre, sin que se hubieran
indemnizado anticipadamente los perjuicios ni constituido el gravamen mediante
acuerdo directo elevado a escritura pública o sentencia, aún así corresponde al
campo de la ocupación de un inmueble que podría comprometer la responsabilidad
del Estado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

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Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

En estos casos, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la parte
actora debe demostrar que una parte o la totalidad de bien inmueble de su
propiedad, fue ocupado por la administración o por particulares que actuaron
autorizados por ella49.

Los elementos que estructuran esta clase de responsabilidad son: (i) el daño
antijurídico, que consiste en la lesión a un derecho del que es titular el demandante.
Están comprendidos, por tanto, los perjuicios derivados del menoscabo a su
derecho real o de posesión por la ocupación del inmueble; y (ii) la imputación
jurídica del daño al ente demandado, que se configura con la prueba de la
ocupación del bien inmueble, parcial o total, por parte de la administración50.

Como quedó probado en el sub examine, si bien el 17 de octubre de 2013, el
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Monterrey llevó a cabo la denominada
diligencia de entrega provisional de las áreas requeridas para la servidumbre de
hidrocarburos a Ecopetrol, autorizando su ocupación y el ejercicio provisional de la
servidumbre; lo cierto es que no se demostró que dicha entidad hubiera ocupado
efectivamente los predios, en tanto que durante la diligencia de entrega no se pudo
ingresar a los mismos, razón por la que la autoridad judicial dispuso que podría
solicitarse la colaboración de la fuerza pública en caso de que fuera necesario para
el ejercicio provisional de la servidumbre.

Así mismo, se demostró que durante el trámite procesal el juzgado de conocimiento
ordenó la suspensión de las obras y demás actuaciones que Ecopetrol “viniera
realizando” en los predios hasta que se tomara una decisión final sobre la admisión
o rechazo de la demanda; lo que de suyo no prueba que la ocupación o algún daño
se hubiera materializado, pues la autoridad judicial no tenía certeza de tales hechos
para ese momento.

49 La Sección Tercera, en sentencia de 28 de junio de 1994, expediente No. 6806; actor: Olga Bernal

de Unda y otros, señaló: Esta acción denominada de ocupación de hecho por trabajos públicos,
como ya lo ha dicho la Sala, puede utilizarse en el caso en que, no obstante, no ser la entidad de
derecho público la que materialmente ocupa el predio, los efectos de su conducta irregular o las
consecuencias de su falla son similares por cuanto el particular resulta, por dicha falla, privado del
derecho de dominio que ejerce sobre su bien.
50 Sentencia del 10 de mayo de 2001, de la Sección Tercera del Consejo de Estado, expediente No.

20001-23-31-000-1993-0273-01 (11783); actor: Sociedad Construcciones e Inversiones Santa
Rosalía Ltda.

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Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

Es más, lo que se advierte en las piezas procesales allegadas al plenario, es que
la solicitud de desistimiento del proceso de avalúo de perjuicios se soportó
precisamente en la inejecución de las obras, por cuanto las variables operativas,
técnicas y logísticas del proyecto habían variado, y así lo reconocieron los jueces
que conocieron en primera y en segunda instancia del proceso al aceptar su
terminación anormal. En efecto, se reitera que, el Juzgado Promiscuo del Circuito
de Monterrey resaltó que “no ha[bía] lugar a una indemnización sin un daño que
cause, pues la obligación de indemnizar solo surge con ocasión de un daño hecho
jurídico, de lo contrario se estaría ante la figura del enriquecimiento sin causa”.

En este orden de ideas y con base en las pruebas a las que se ha hecho referencia,
para la Sala es claro que no se demostró que las entidades demandadas, pese a
la autorización otorgada por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de
Monterrey, hubieran ocupado y ejercido provisionalmente la servidumbre de
hidrocarburos en los predios de la demandante, razón por la que no resulta
procedente reconocimiento indemnizatorio alguno por supuestos daños, que
tampoco fueron advertidos por la parte actora en su libelo inicial.

Por las razones expuestas, considerando que no se constituyó una servidumbre
petrolera en los predios de la demandante para la ejecución de las obras del
oleoducto del “Sistema San Fernando Monterrey” y, por tanto, tampoco se profirió
una sentencia que accediera al reconocimiento indemnizatorio previsto en el
proceso rituado por la Ley 1274 de 2009; así como, ante la falta de prueba de la
causación de algún daño a la parte actora derivada de la ocupación de los predios,
circunstancia que materialmente tampoco se acreditó, se colige que la parte actora
no cumplió con la carga de demostrar un daño antijurídico susceptible de
indemnización.

En consecuencia, se impone confirmar en este punto la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda.

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Radicación número: 25000-23-36-000-2019-00460-01 (69.846)
Actor: Aura María Luna de Vaca
Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

8. Condena en costas

De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, adicionado por el
artículo 47 de la Ley 2080 de 202151, en concordancia con el artículo 365 del CGP52,
la Sala emitirá condena en costas por la segunda instancia a favor de las entidades
demandadas, en partes iguales, y a cargo de la parte actora, toda vez que en esta
providencia se resuelve desfavorablemente el recurso de apelación por ella
interpuesto.

En consecuencia, la Subsección, teniendo en cuenta la duración del proceso en
segunda instancia y los deberes de vigilancia53 que ello implicó54, y con fundamento
en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016, expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura55, fija por concepto de agencias en derecho para la
segunda instancia el valor equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente
a la fecha de ejecutoria de esta providencia. Tal suma se dividirá por partes iguales
entre la Empresa Colombiana de Petróleos – Ecopetrol S.A.- y Cenit Transporte de
Hidrocarburos S.A.S.

51 En el siguiente sentido: “[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando

se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”, regla que,
por ser de orden público, de aplicación inmediata y no estar sujeta a régimen de transición, rige en
todos los procesos en curso para la fecha de su entrada en vigor.
El aspecto subjetivo citado no es aplicable a los procesos ordinarios, sino a aquellos en los que se
ventila un interés público, en los cuales proceden las costas, ante la “manifiesta carencia de
fundamento legal” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente 63.217, CP: Fredy Ibarra Martínez;
Subsección A, sentencia del 11 de mayo de 2022, expediente 67.700; sentencia del 10 de octubre
de 2022, expediente 67.965).
52“Artículo 365. Condena en costas. (…) [L]a condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación (…).
53 La Sala ha considerado como criterio para fijar las agencias en derecho, lo referente a las labores

de vigilancia del proceso inherentes al trámite de una instancia adicional (Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 17 de junio y 21
de noviembre de 2022, así como del 3 de febrero de 2023, expedientes 67.618, 68.941 y 69.319).
54 El numeral 4 del artículo 366 del CGP señala: “4. Para la fijación de agencias en derecho deberán

aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquéllas establecen
solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
55 “ARTÍCULO 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en

cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la
naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas
con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se
puedan desconocer los referidos límites”.
“(…)
“ARTÍCULO 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:
(…)
“En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”.

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Radicación número: 25000-23-36-000-2019-00460-01 (69.846)
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Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

En atención al artículo 366 del CGP, la liquidación de las costas se efectuará de
manera concentrada en la primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 27 de octubre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, la cual
quedará de la siguiente manera:

PRIMERO: DECLARAR la caducidad parcial del medio de control de
reparación directa, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta decisión.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO: CONDENAR en costas de primera instancia a la parte
demandante. Se fija como agencias en derecho la suma equivalente a
cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de la
demandada.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en esta instancia a la parte actora, para lo cual
se fija por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de la presente providencia,
a cargo de la parte actora y a favor de la Empresa Colombiana de Petróleos –
Ecopetrol S.A.- y Cenit Transporte de Hidrocarburos S.A.S.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen para lo de su cargo.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la

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Demandado: Ecopetrol S.A. y otro
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integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Aclaración de voto

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

31

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