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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00218-01

Fecha
12 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00218-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico y el Consejo Superior de la Judicatura, conforme a la motivación. SEGUNDO. REVOCAR la sentencia del Veinte (20) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), proferido por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y, en su lugar, NEGAR el amparo deprecado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. EXHORTAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, para que, en el marco de sus competencias, adopte las medidas necesarias para imprimir celeridad al proceso con radicado núm. 25000-23-36-000- 2025-00599-00. En particular, para que se pronuncie, dentro de un plazo razonable, 15 Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00218-01 Accionantes: María Victoria Velásquez García y otros Accionado: Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Bogotá sobre la admisión de la demanda, cuyo expediente ingresó el pasado Veintisiete (27) de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025) al despacho para proveer. CUARTO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. QUINTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00218-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

12 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Doce (12) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-00218-011
Accionantes : María Victoria Velásquez García, Jesús David Velásquez
García y Paola Andrea Llano Díaz
Accionado : Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Bogotá2
Vinculados : Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, y
Consejo Superior de la Judicatura
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, auto que rechaza demanda
por falta de jurisdicción y competencia, demanda
reivindicatoria
Decisión : Sentencia de segunda instancia

1. Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la parte actora contra el

fallo del Veinte (20) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), proferido por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo interpuesta contra el Juzgado Quinto (5°)
Administrativo de Bogotá, por no superar los requisitos de relevancia constitucional
y subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por los accionantes frente a las providencias judiciales objeto de censura; luego,
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela; y, finalmente,
determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo
constitucional.

La demanda de tutela

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
Si bien la acción se dirige también contra el Juzgado Cuarto (4°) Civil del Circuito de Bogotá, en auto admisorio del 21 de
enero de 2026, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado decidió no avocar conocimiento en lo relativo
a las pretensiones frente a ese juzgado civil.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00218-01
Accionantes: María Victoria Velásquez García y otros
Accionado: Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Bogotá

3. Los señores María Victoria Velásquez García, Jesús David Velásquez García y

Paola Andrea Llano Díaz, a través de apoderado judicial, interpusieron el presente
recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad,
que consideran vulnerados por el Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Bogotá.

4. Por consiguiente, solicitaron:

[…] SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS las providencias proferidas por:

[…] 2. El Juzgado Quinto Administrativo de Bogotá, de fechas 10 de junio de 2025 y
30 de septiembre de 2025, mediante las cuales rechazó la demanda por cuantía y
confirmó dicha decisión en reposición, respectivamente.

[…] CUARTA: (MEDIDA DE REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN): Ordenar o exhortar
al Consejo Superior de la Judicatura y a los Consejos Seccionales de la Judicatura,
que, en aras de garantizar la celeridad judicial y evitar futuros desgastes
administrativos, CIRCULEN Y DIFUNDAN la presente decisión judicial (o en su
defecto el contenido de la regla jurisprudencial del Auto 1045 de 2021) entre los
jueces civiles del circuito y administrativos del distrito, advirtiendo que los conflictos
por ocupación de hecho sin servidumbre son de competencia de la Jurisdicción
Ordinaria Civil, independientemente de la composición accionaria de la empresa de
servicios públicos demandada.

QUINTA: Solicitar a la H. Corte Constitucional la SELECCIÓN Y REVISIÓN eventual
de este fallo, dada la necesidad de unificar jurisprudencia y detener la práctica de
inaplicación de los autos de conflictos de competencia por parte de los jueces de
instancia.

Pretensión subsidiaria

SEXTA: En caso de encontrar ajustada al ordenamiento legal y constitucional y
especialmente al precedente de la Corte Constitucional, la actuación del Juzgado
Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, Sírvase ORDENAR al Juzgado Quinto
Administrativo de Bogotá provocar el conflicto negativo de competencia y remitir las
actuaciones a la Corte Constitucional para que[,] al dirimir el conflicto propuesto,
confirme o modifique su postura al respecto.

Hechos3

5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado en la

tutela, se puede evidenciar que, los actores presentaron demanda reivindicatoria
contra CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. (CENIT S.A.S.). En
su escrito, alegaron que, su predio denominado «Miralindo» es atravesado por el
poliducto ODECA, de propiedad de la empresa, sin que, se hubiera constituido
legalmente una servidumbre a su favor, y no se ha reconocido ninguna
indemnización por la afectación que esa infraestructura de hidrocarburos genera.

3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 2, archivo 6.
2

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Accionantes: María Victoria Velásquez García y otros
Accionado: Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Bogotá

6. Como pretensiones, los demandantes solicitaron que, se declarara (i) su
dominio sobre el bien inmueble; (ii) que la demandada era poseedora sin justo título
de una franja de terreno de 41.160 m²; y (iii) que, ante la imposibilidad de restitución
material, se condenara a CENIT S.A.S. a pagar el valor real del terreno poseído,
estimado en $ 3.706.485.032. Los ahora accionantes invocaron el Auto 1045 de
2021 de la Corte Constitucional como fundamento de la competencia de la
jurisdicción ordinaria civil para conocer de una controversia como esa, relacionada
con servidumbres.

7. El asunto correspondió por reparto al Juzgado Cuarto (4°) Civil del Circuito de

Bogotá (proceso con radicado núm. 11001-31-03-004-2024-00561-00), que,
mediante Auto del Diez (10) de Diciembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), rechazó
la demanda por falta de competencia y ordenó remitir el expediente a los juzgados
administrativos del circuito de Bogotá. Expuso, con fundamento en el artículo 104
de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)4, que, «se sabe que la sociedad Cenit Transporte y
Logística de Hidrocarburos S.A.S, es de economía mixta, y sus acciones corresponden en un
100% a Ecopetrol, luego, sin lugar a duda el asunto debe ser dirimido por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo» y «la acción que pretende incoar se direcciona a obtener
reivindicación ficta […] corresponde a una Reparación Directa».

8. Tras un nuevo reparto, el proceso fue asignado al Juzgado Quinto (5°)
Administrativo de Bogotá (proceso con radicado núm. 11001-33-34-005-2025-
00017-00). Mediante Auto del Diez (10) de Junio de Dos Mil Veinticinco (2025),
dicha autoridad declaró que, carecía de competencia y ordenó remitir el
expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Expuso que, las
pretensiones no se dirigían a cuestionar la legalidad de un acto administrativo o
un daño derivado de aquel, sino que, buscaban que, se declarara la
responsabilidad del Estado por el daño antijurídico derivado de la ocupación
permanente del inmueble.

9. En consecuencia, concluyó que, teniendo en cuenta (i) la naturaleza de las
pretensiones y su cuantía, que superan los 1.000 salarios mínimos legales
mensuales vigentes y (ii) que Cenit S.A.S. es una sociedad de economía mixta

4
Según el cual la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de “las controversias y litigios originados en actos,
contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades
públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa […]. Para los solos efectos de este Código, se entiende por
entidad pública todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las sociedades o empresas
en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participación
estatal igual o superior al 50%”.
3

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00218-01
Accionantes: María Victoria Velásquez García y otros
Accionado: Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Bogotá

con participación mayoritaria de Ecopetrol (99.93 %), el competente en primera
instancia era el referido tribunal. La parte demandante interpuso recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación, contra ese auto.

10. Mediante providencia del Treinta (30) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco

(2025), el Juzgado resolvió no reponer la decisión impugnada y rechazar, por
improcedente, el recurso de apelación. Para ello, reiteró que, las pretensiones
correspondían al medio de control de reparación directa 5 y que, en todo caso, «si
el demandante tenía algún reproche frente a la jurisdicción competente, debía agotar los recursos
previstos en la normatividad vigente contra la providencia de la referencia [el auto del 10 de
diciembre de 2024 del Juzgado Cuarto (4°) Civil del Circuito de Bogotá]».

11. El Veinticinco (25) de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025), el expediente

fue repartido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera
(proceso con radicado núm. 25000-23-36-000-2025-00599-00) y, el Veintisiete (27)
de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025), ingresó al despacho para resolver
sobre la admisión de la demanda, sin que, a la fecha de presentación del amparo
se hubiera proferido una decisión.

12. En su acción de tutela, la parte actora sostuvo que, las providencias
cuestionadas incurrieron en desconocimiento del precedente constitucional y en
defecto orgánico. En cuanto al primero, adujo que, se desconoció el Auto 1045 de
2021, reiterado en el Auto 1630 de 2025, en los que, la Corte Constitucional
estableció que, «[l]a jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, es la competente para conocer
de los procesos de responsabilidad extracontractual [y reivindicatorios] derivados de la ocupación
permanente de inmuebles por parte de empresas prestadoras de servicios públicos, sin que medie
la constitución legal de una servidumbre, independientemente de la naturaleza jurídica de la entidad
y su composición accionaria

13. En consecuencia, reprochó la configuración de un defecto orgánico, en tanto,

el juez administrativo pretendió retener o decidir sobre el conflicto de competencia,
cuando ello corresponde a una facultad de la Corte Constitucional, de acuerdo
con el artículo 241 superior.

1.2. Contestaciones de la acción

5
Para lo cual acudió a lo dicho por la Corte Constitucional y la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
respectivamente, en Auto 287 de 2022 y sentencia del 7 de febrero de 2025 (Rad. 25000-23-36-000-2019-00460-01).
Aseguró que, según dichas providencias, las controversias sobre ocupación de inmuebles por entidades de economía mixta
comprometen la responsabilidad del Estado, de manera que procede la acción de reparación directa.
4

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00218-01
Accionantes: María Victoria Velásquez García y otros
Accionado: Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Bogotá

14. 1.2.1. La Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca6 informó el número de radicado del proceso y compartió copia del
acta de reparto y del expediente digital.

15. 1.2.2. El Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Bogotá 7 remitió copia del

expediente digital, y alegó que, el asunto carece de relevancia constitucional,
porque los accionantes buscan «sustituir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
obteniendo una decisión alterna por parte de la Corporación en sede de tutela, respecto de la
demanda impetrada […] a manera de tercera instancia».

16. 1.2.3. La Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior

de la Judicatura8 adujo que, ni el Consejo Superior de la Judicatura ni esa
dependencia son competentes para proferir decisiones judiciales, por lo que, no
ostentan legitimación en la causa por pasiva. En consecuencia, solicitó que, se
desvincule al Consejo Superior del presente proceso.

1.3. Providencia impugnada9

17. Mediante sentencia del Veinte (20) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), la

Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la
improcedencia de la tutela, por no superar los requisitos de relevancia
constitucional y subsidiariedad. El A quo expuso, por un lado, que «la parte actora se
relevó de exponer sus reparos constitucionales en función de los defectos, lo que a todas luces
demuestra que su discrepancia se limita a un asunto de mera legalidad, sin que exista el menor
esfuerzo en demostrar la vulneración de una garantía fundamental».

18. Por otro lado, agregó que, «se observa que efectivamente el expediente fue asignado el 25

de noviembre de 2025 al Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección B,
bajo el radicado 25000-23-36-000 2025-00599-00 [y] […] el asunto ingresó a despacho para resolver
sobre la admisión de la demanda, el 27 de noviembre de 2025, sin embargo, hasta la fecha no se
ha proferido decisión alguna. En este punto, huelga precisar que en el presente trámite no se cumple
con el requisito de subsidiariedad respecto de los reparos elevados en contra del auto del 30 de
septiembre de 2025, pues al momento de la interposición del mecanismo constitucional, el
expediente aún se encuentra en trámite y pendiente por resolver sobre la admisión de la demanda
por parte del mencionado tribunal».

6
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 10, archivo 19.
7
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 12.
8
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 15, archivo 28.
9
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 24.
5

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-00218-01
Accionantes: María Victoria Velásquez García y otros
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1.4. La impugnación10

19. Inconforme con la decisión, la parte actora impugnó el fallo del Veinte (20) de

Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026). Si bien reconoció que, «el expediente seguía
activo (con un tercer radicado) ante el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
pendiente (desde hace 5 meses)», señaló que, al concluir que, no se agotaba la

subsidiariedad, la Subsección C de la Sección Tercera dispuso que, «[sus]
representados, que ya llevan año y medio sin tener noticias sobre la admisibilidad de esa demanda,
deben seguir esperando de manera indefinida».

20. Así, concluyó que, «el fallo impugnado sucumbe en una interpretación estrictamente
formalista, al ignorar la mora judicial relativa, pues no valoró que mis representados van para dos
años (2 AÑOS) de estar esperando a que su demanda sea tan siquiera admitida, lo cual es una
clara violación al acceso efectivo de la justicia, más allá de la subsidiariedad».

21. Agregó que, el debate no es meramente legal, sino que, trata del presunto
desconocimiento de una regla de jurisdicción fijada por la Corte Constitucional en
Auto 1045 de 2021 y reiterada en Autos 303 de 2024, 910 de 2023 y 1630 de 2025
(según la cual, «Corresponde a los jueces ordinarios, en su especialidad civil, el conocimiento de
los conflictos originados por la ocupación permanente de predios por parte de empresas prestadoras
de servicios públicos, en los eventos en los que no se hubiese constituido legalmente una
servidumbre»).

22. Al respecto, expuso que, en el caso sub examine, si bien CENIT S.A.S. es una

entidad con participación mayoritariamente pública, no ingresó al predio amparada
por un acto administrativo o un contrato estatal, sino que, incurrió en lo que
denominó una «vía de hecho» al instalar tubos sin permiso y sin la indemnización que
correspondía.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

23. En virtud de los artículos 3211 del Decreto Ley 2591 de 199112 y 2513 del Acuerdo

80 del Doce (12) de Marzo de Dos Mil Diecinueve (2019)14 expedido por la Sala

10
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 28.
11
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
12
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
13
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de
la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
14
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
6

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Accionantes: María Victoria Velásquez García y otros
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Plena del Consejo de Estado, esta Subsección es competente para conocer de la
presente impugnación.

2.2. La acción

24. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política

y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que, no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3. Falta de legitimación en la causa por pasiva

25. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 dispone que, la acción de tutela «[…]se

dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó
el derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional15 ha considerado

que, «[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental […]».

26. La Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la
Judicatura, en su escrito de contestación, solicitó su desvinculación, así como, la
del Consejo Superior, por falta de legitimación en la causa por pasiva. Al respecto,
la Sala advierte que, su vinculación en el presente asunto fue en calidad de terceros
con interés, por ser a quienes se dirigía la solicitud de medida cautelar incluida por
los actores en su tutela. Por lo tanto, se negará su solicitud.

2.4. Problema Jurídico

27. Se contrae a determinar si la acción de tutela es procedente para examinar el

eventual quebranto de derechos fundamentales que puedan comportar los autos
del Diez (10) de Junio de Dos Mil Veinticinco (2025) y el Treinta (30) de Septiembre

15
Sentencia T-1015 de 2006, M.P. Alvaro Tafur Galvis.
7

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Accionado: Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Bogotá

de Dos Mil Veinticinco (2025), mediante los cuales, el Juzgado Quinto (5°)
Administrativo de Bogotá declaró su falta de competencia para conocer de la
demanda, y ordenó remitirla al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al interior
del expediente identificado con el radicado núm. 11001-33-34-005-2025-00017-00;
y, en caso afirmativo, si se vulneraron los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad, al configurarse los
defectos de desconocimiento del precedente y orgánico.

2.5. La acción de tutela contra providencias judiciales

28. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 16 y de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado17, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

29. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

16
Sentencia C-590 de 2005.
17
Sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
8

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Accionado: Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Bogotá

30. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.

2.6. Caso concreto

31. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra

providencias judiciales, en el sub lite se observa que: (i) contrario a lo dicho por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el asunto planteado sí
reviste de relevancia constitucional, pues, recae sobre los autos mediante los cuales
el Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Bogotá declaró que, carecía de
competencia para conocer de la demanda y ordenó remitir el expediente al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, pese a que, los actores estiman que, debió
enviarlo a la Corte Constitucional; lo cual, de comprobarse, vulneraría sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia; (ii) contra
la decisión objeto de censura no procede recurso alguno, por tratarse de un auto
mediante el cual, se resolvió un recurso de reposición y apelación contra auto que
declara la carencia de competencia y ordena remitir el expediente a la autoridad que
considera competente; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto
quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se
9

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Accionantes: María Victoria Velásquez García y otros
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satisface, en la medida en que, la providencia del Treinta (30) de Septiembre de
Dos Mil Veinticinco (2025) quedó ejecutoriada el Seis (6) de Octubre de Dos Mil
Veinticinco (2025)18 y la solicitud de amparo se radicó el Dieciséis (16) de Enero de
Dos Mil Veintiséis (2026), esto es, dentro de los seis meses siguientes; y (v) el auto
acusado no corresponde a una sentencia de tutela.

32. En razón a que, se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo

del asunto bajo la causal específica denominada defecto orgánico. Se descarta el
estudio del desconocimiento del precedente, en tanto, si bien los actores alegaron
que el Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Bogotá se apartó de los Autos 1045
de 2021 y 1630 de 2025, de conformidad con la sentencia T-292 de 2006, constituye
precedente «aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de
resolver que[,] por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe
considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia»
(Énfasis propio).

33. Además, el desconocimiento de autos que resuelven conflictos de competencia

entre jurisdicciones, o de otros autos proferidos por la Corte Constitucional, no ha
sido reconocido como parte de esa causal, de manera que lo alegado se estudiará
dentro del mismo defecto orgánico.

34. En todo caso, se destaca que, el desacuerdo radica en que el Juzgado Quinto

(5°) Administrativo de Bogotá decidió «retener o decidir sobre el destino de una litis que la
Corte Constitucional ya ha sustraído de su órbita […] desconociendo la voluntad del Constituyente
que delegó en la Corte Constitucional la facultad de dirimir los conflictos de competencia entre
jurisdicciones». Es decir, que la discusión planteada gira en torno a si el Juzgado

Quinto (5°) Administrativo de Bogotá era competente para remitir el expediente al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y no a la Corte Constitucional.

2.6.1. Defecto orgánico

35. Sea lo primero señalar que, este defecto se produce cuando «el funcionario judicial

que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello»19. Esta

causal se desprende de la garantía constitucional al debido proceso, en tanto su
núcleo esencial comprende el derecho a ser juzgado ante un juez o autoridad

18
Visible en el expediente electrónico del proceso 11001-33-34-005-2025-00017-00 en SAMAI, índice 11, según el cual se
notificó por estado el 1 de octubre de 2025.
19
Corte Constitucional, sentencias C-590 de 2005, T-929 de 2008 y SU-447 de 2011.
10

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Accionantes: María Victoria Velásquez García y otros
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competente para ello. Existen dos escenarios en que se configura este defecto, a
saber, cuando la autoridad judicial se extralimita, en forma manifiesta, del ámbito
de sus competencias constitucionales y legales20, y cuando, a pesar de tener ciertas
atribuciones o competencias, las ejerce por fuera del término previsto para ello.

36. En este caso, los accionantes aseguraron que, en los autos del Diez (10) de

Junio y Treinta (30) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), el Juzgado Quinto
(5°) Administrativo de Bogotá incurrió en la primera modalidad de este defecto, «en
el momento en que el Juzgado Quinto Administrativo de Bogotá emite pronunciamientos de fondo o
de trámite (como el rechazo por cuantía) en un expediente sobre el cual tiene vedado el
conocimiento», en virtud de los autos 1045 de 2021 y 1630 de 2025 de la Corte

Constitucional. Su falta de competencia obedecería a que la Corte estableció que,
la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, es la competente para conocer de
los procesos de responsabilidad extracontractual y reivindicatorios derivados de la
ocupación permanente de inmuebles por parte de empresas prestadoras de
servicios públicos, sin que, medie la constitución legal de una servidumbre,
independientemente de la naturaleza jurídica de la entidad y su composición
accionaria.

37. Mediante auto del Diez (10) de Junio de Dos Mil Veinticinco (2025), el Juzgado

Quinto (5°) Administrativo de Bogotá expuso que, la parte demandante estimó la
cuantía del proceso en $ 7.022.930.000,00, teniendo en cuenta el avalúo catastral
del inmueble. Seguido, la autoridad judicial accionada acudió a los artículos 155 y
157 del CPACA que regulan, respectivamente, la competencia de los jueces
administrativos en primera instancia, y el cálculo de la cuantía. También citó la
sentencia del Siete (7) de Febrero de Dos Mil Veinticinco (2025) de la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado21, en la que se estableció lo
siguiente:

Se tiene entonces que, este último escenario, en el que se estableció la necesidad de
desarrollar una obra pública para el transporte de hidrocarburos y autorizó la
ocupación y el ejercicio provisional de la servidumbre, sin que se hubieran
indemnizado anticipadamente los perjuicios ni constituido el gravamen mediante
acuerdo directo elevado a escritura pública o sentencia, aun así corresponde al
campo de la ocupación de un inmueble que podría comprometer la responsabilidad
del Estado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

38. Del anterior análisis, concluyó que:

20
Corte Constitucional, sentencias T-079 de 2014, C-208 de 1993, T-929 de 2012 y T-309 de 2013.
21
Radicación número: 25000-23-36-000-2019-00460-01 (69.846), C.P. María Adriana Marín.
11

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[…] se constata que las pretensiones no se encuentran asociadas a cuestionar la legalidad
de un acto administrativo o un daño derivado de este, si no a la presunta responsabilidad
del Estado por el daño antijurídico causado por la ocupación permanente del inmueble a
través de un poliducto, de tal forma que, para el caso concreto, el medio de control atañe al
de reparación directa, debido al factor subjetivo, por la naturaleza de CENIT Transporte y
Logística de Hidrocarburos S.A.S, al ser una sociedad de economía mixta, en [la] cual
Ecopetrol S.A., es el accionista mayoritario, con una participación del 99.93%, así como
también en atención a las pretensiones de la demanda, en las que, como se expuso, van
dirigidas al reconocimiento de una indemnización por la ocupación de un inmueble.

En ese orden de ideas, como la cuantía supera los mil (1000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes para el año 2025, es el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca en
primera instancia, el competente para conocer el asunto de la referencia, conforme a lo
previsto en el numeral 3º del artículo 152 de La Ley 1437 de 2011.

39. En virtud del artículo 39 del CPACA, «La autoridad que se considere incompetente remitirá

la actuación a la que estime competente». A su vez, el artículo 168 del CPACA establece

que «En caso de falta de jurisdicción o de competencia, mediante decisión motivada el Juez
ordenará remitir el expediente al competente, en caso de que existiere, a la mayor brevedad
posible». A la luz de estas normas, la Sala encuentra que la accionada actuó de

conformidad con la competencia que le atribuye el código contencioso para remitir
el expediente a la autoridad que estime deba conocer del asunto. Además, el
juzgado expuso con claridad, y sustentó de manera razonable, los motivos de su
decisión.

40. No es cierto, como lo aseguran los actores, que, en este caso, debía remitirse el

expediente a la Corte Constitucional para que, fuera esa corporación, y no el
juzgado, quien definiera a qué autoridad judicial le correspondía avocar
conocimiento. De conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución
y el artículo 70 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019, la Corte Constitucional es
competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones que se
susciten entre jueces administrativos y civiles. Sin embargo, el Juzgado no usurpó
esa facultad, pues, en este caso no se configuró un conflicto de jurisdicción.

41. Lo anterior se debe a que dichos conflictos suponen, de acuerdo con el artículo

139 del Código General del Proceso, que un juez declare su incompetencia para
conocer de un proceso y, que el juez al que remita el asunto, a su vez, concluya
que también carece de competencia o jurisdicción. A diferencia de estos supuestos,
en el presente asunto, después que, el Juzgado Cuarto (4.°) Civil del Circuito de
Bogotá, por auto del Diez (10) de Diciembre de Dos Mil Veinticuatro (2024) (que,
se destaca, no fue recurrido por los actores), remitiera el proceso a los jueces
administrativos, por estimar que carecía de jurisdicción, el Juzgado Quinto (5.°)
Administrativo de Bogotá no se opuso a que el asunto fuera conocido por la
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jurisdicción contenciosa. Así, no se configuró un conflicto de jurisdicciones que
habilitara a la Corte Constitucional para pronunciarse sobre la autoridad
competente.

42. Segundo, en la medida en que, el Juzgado Quinto (5.°) remitió el asunto, por

competencia, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero este no se ha
opuesto a su vez a la competencia que le fue atribuida, tampoco se ha trabado un
conflicto de jurisdicciones. Sin perjuicio que, no se advierte la configuración de un
defecto orgánico, la Sala pasará a pronunciarse sobre la mora judicial alegada por
la parte accionante.

2.6.2. La acción de tutela frente a la mora judicial

43. El derecho fundamental al acceso a la administración de justicia comporta la

facultad de toda persona de acudir ante los jueces de la República, en aras de
resolver las controversias que vulneran o amenazan sus derechos.

44. Dicha atribución constitucional no solo se refiere a la posibilidad de poner en

funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado, sino también a la de recibir una
pronta solución al conflicto, para lo cual, las autoridades cuentan con la facultad de
adoptar las medidas coercitivas previstas en el sistema normativo.

45. Ahora bien, cuando los funcionarios judiciales no actúan dentro de los términos

fijados en las normas procesales, se configura la mora judicial, que constituye un
«[…] fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho
de acceso a la administración de justicia, pero que muchas veces una buena parte de la misma es
el resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los
funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos»22.

46. No obstante, el mero retraso en las actuaciones judiciales no vulnera el derecho

fundamental, por cuanto debe mediar una tardanza injustificada por parte de los
funcionarios para quebrantar esa garantía, caso en el cual será susceptible de
protección a través de la solicitud de amparo.

47. Resulta oportuno advertir que, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 23 ha

indicado que, como regla general, el juez de tutela no debe inmiscuirse en el trámite

22
Corte Constitucional, Sentencia T-945 de 1998, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
23
Sentencia T-258 de 2004, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
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de los procesos judiciales debido a que, podría desconocer el principio de
autonomía judicial. Sin embargo, cuando se evidencia que, la tardanza no obedece
a cuestiones relacionadas con carga de trabajo, problemas estructurales o
complejidad de los asuntos que se conocen, la acción de tutela resulta procedente
para proteger el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia.

48. Por tanto, para establecer la prosperidad de la acción de tutela en los casos de

mora judicial, se deben analizar las particularidades de cada situación en concreto
con el fin de determinar si el retardo es justificado o no.

49. En el sub lite, los accionantes sostienen que, se ha dilatado injustificadamente la

admisión de la demanda por más de un año, por «[…] la mora judicial vista en el Juzgado
Quinto Administrativo de Bogotá» y al tener que «[e]sperar a que el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca se pronuncie […] dentro de un trámite que puede tardar meses o años».

50. Ahora bien, la Sala no desconoce que, ha transcurrido un tiempo considerable,

desde la radicación inicial de la demanda (en diciembre de 2024) ante los jueces
civiles del circuito de Bogotá, para que se admita el estudio del asunto. Sin embargo,
(i) entre la radicación del proceso núm. 11001-33-34-005-2025-00017-00, el
Diecisiete (17) de Enero de Dos Mil Veinticinco (2025), ante el Juzgado Quinto
(5.°) Administrativo de Bogotá y el Auto del Diez (10) de Junio de Dos Mil Veinticinco
(2025) mediante el que declaró su falta de competencia, transcurrieron
aproximadamente 5 meses; y (ii) entre el momento en que el proceso con radicado
núm. 25000-23-36-000-2025-00599-00 fue repartido al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el Veinticinco (25) de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025), y la
radicación de la presente tutela, el Dieciséis (16) de Enero de Dos Mil Veintiséis
(2026), pasó cerca de un mes, si se excluye la vacancia judicial del conteo. Ambos
lapsos de tiempo resultan razonables.

51. En ese contexto, ni la autoridad judicial accionada ni el Tribunal Administrativo

de Cundinamarca han incurrido en actuaciones que puedan calificarse, por sí solas,
como una dilación caprichosa o arbitraria que les sea atribuible, pues, la decisión
del juzgado administrativo de remitir el expediente a la autoridad considerada
competente por el factor cuantía se orientó a evitar que el proceso esté viciado de
una nulidad por falta de competencia.

52. De otro lado, la Sala precisa que el ejercicio de la acción de tutela no habilita al

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juez constitucional para sustituir los procedimientos jurisdiccionales ni interferir en
ellos, a menos que, exista un perjuicio irremediable, o una evidente vulneración al
debido proceso, lo que no fue acreditado en este asunto.

53. En todo caso, en consideración a que, el proceso fue remitido por competencia

al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y no se registra aún un
pronunciamiento, se exhortará a esa autoridad judicial para que imprima la debida
celeridad a las actuaciones que correspondan y decida sobre la admisión de la
demanda, dentro de un plazo razonable, con el fin de asegurar los derechos de las
partes.

III. DECISIÓN

54. Por las razones expuestas, la Sala revocará la providencia impugnada, que
declaró la improcedencia de la tutela, y en su lugar negará el amparo deprecado,
comoquiera que, los accionantes no acreditaron que, las providencias cuestionadas
hayan incurrido en los defectos alegados.

55. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Unidad de Desarrollo y
Análisis Estadístico y el Consejo Superior de la Judicatura, conforme a la
motivación.

SEGUNDO. REVOCAR la sentencia del Veinte (20) de Febrero de Dos Mil
Veintiséis (2026), proferido por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, y, en su lugar, NEGAR el amparo deprecado, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. EXHORTAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, para que, en el marco de sus competencias, adopte las medidas
necesarias para imprimir celeridad al proceso con radicado núm. 25000-23-36-000-
2025-00599-00. En particular, para que se pronuncie, dentro de un plazo razonable,

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sobre la admisión de la demanda, cuyo expediente ingresó el pasado Veintisiete
(27) de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025) al despacho para proveer.

CUARTO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma
y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

QUINTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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