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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00275-00

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00275-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por el municipio de San Gil y la Defensoría del Pueblo. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Marco Antonio Velásquez Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2026-00275-00 SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por el señor Marco Antonio Velásquez, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00275-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

12 de febrero de 2026

Demandante: Marco Antonio Velásquez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00275-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00275-00
Demandante: MARCO ANTONIO VELÁSQUEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por no
superar el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Marco Antonio Velásquez, actuando en nombre propio, instauró acción
de tutela1 contra el Tribunal Administrativo de Santander2 en la que solicitó el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, de defensa e igualdad ante la ley.

Las anteriores garantías las estimó trasgredidas, con ocasión de la sentencia
proferida por la autoridad judicial accionada el 1º de diciembre de 2025, a través
de la cual, se negó la condena en costas en segunda instancia al interior del medio
de control de protección de los derechos e intereses colectivos con radicado
68679-33-33-003-2024-00043-00/01, que se promovió contra el municipio de San
Gil.

1 Radicada el 19 de enero de 2026 con secuencia: 358
2 Sala integrada por los Magistrados Claudia Patricia Peñuela Arce, Francy Del Pilar Pinilla Pedraza

e Iván Fernando Prada Macías.

1

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Demandante: Marco Antonio Velásquez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00275-00

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]
2) Ordenar se revoque el numeral Segundo de la sentencia de segunda instancia
que dice:” Sin condena en costas de segunda instancia, conforme lo expuesto en
la parte considerativa de esta providencia”.
3) Ordenar el pagos de costas procesales y agencias en derecho de conformidad
con la jurisprudencia mencionada en la demanda en donde se unifica y deja claro
que se deben pagar las mismas al actor popular.3

1.3. Hechos

El actor formuló medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos contra el Municipio de San Gil con ocasión del presunto abandono y
deterioro del parque recreacional Ragonessi que comprometía el ambiente, la
seguridad y la salubridad del sector.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito Judicial de San Gil que dentro del radicado 68679-33-33-003-2024-00043-
00 profirió sentencia el 13 de junio de 2025, en la que declaró la vulneración a los
derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano; al goce del espacio
público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; a la defensa del
patrimonio público; a la seguridad y salubridad públicas; al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; y al derecho a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

En tal sentido, ordenó a la demandada a efectuar un estudio de las necesidades
del parque, así como un cronograma de trabajo y realizar todas las actuaciones y
gestiones administrativas presupuestales, financieras y contractuales necesarias
tendientes a cumplir lo establecido en el aludido estudio de necesidades.
Asimismo, se condenó en costas al municipio y a favor del actor popular.

Para el efecto, tuvo por acreditadas además de las condiciones de deterioro e
inseguridad del espacio, el incumplimiento a los deberes que las leyes 142 de 1994
y 99 de 1993 imponen a los municipios en materia de servicios públicos, protección
ambiental, ordenamiento del territorio y manejo de residuos.

Inconforme con la decisión, la entidad territorial elevó recurso de apelación que fue
desatado en sentencia del 1.° de diciembre de 2025 por el Tribunal Administrativo
de Santander.

3 Transcripción literal que puede contener errores.

2

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Demandante: Marco Antonio Velásquez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
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Sostuvo el tribunal accionado en esa oportunidad que las intervenciones alegadas
por la demandada, incluidas las asociadas a la licitación pública de 2023, no
desvirtúan el deterioro estructural del parque ni acreditan su recuperación en
términos funcionales, ambientales y de seguridad. En cuanto al reproche de la
accionada concerniente a la ampliación del plazo concedido por el a quo, señaló
que este resultaba razonable y proporcional a las órdenes impartidas, esto es, tres
(3) meses para el estudio integral, dos (2) meses para el cronograma y hasta dos
(2) años para las gestiones y la ejecución, atendiendo la finalidad preventiva y
correctiva propia de la acción popular.

Finalmente, estimó que no se acreditó la causación de gastos procesales
imputables al ente territorial ni la intervención del actor en segunda instancia, que
sustentaran la imposición de condena en costas a favor de este, conforme a la
sentencia de unificación del Consejo de Estado del 6 de agosto de 2019.

El anterior proveído se notificó a las partes por correo electrónico el 2 de diciembre
de 20254.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora realizó una amplia exposición sobre el alcance de los derechos
fundamentales invocados y algunos de los pronunciamientos que frente a tales
prerrogativas ha emitido la Corte Constitucional5.

Así, de la lectura de los hechos se puede entender que su discusión se centra en
la negativa del tribunal accionado de proferir condena en costas a su favor en dicha
instancia. En tal sentido cuestionó la indebida interpretación de la norma que
consagra tal institución para este tipo de asuntos, como lo es el artículo 38 de la
Ley 472 de 1998 y de la sentencia de unificación proferida por el Consejo de
Estado del 6 de agosto de 2019, lo que podría estudiarse como defecto sustantivo
y desconocimiento de precedente.

Consideró que el tribunal confundió la figura de agencias en derechos y costas
procesales y asimismo exigió erradamente, sin sustento legal, que la parte actora
se pronunciara sobre los reparos formulados en el recurso de apelación
interpuesto por su contraparte, so pena de perder los derechos al reconocimiento
de costas.

4 Índice 011 Samai, proceso 68679-33-33-003-2024-00043-01
5 Corte Constitucional, sentencias T-1021 de 2002, T-442 de 1993, T-772 de 2003, T-1263 de 2001,

T-120 de 1993, T-1739 de 2000 y T-165 de 2001 y T-194 de 2015.

3

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Aludió que su actuación en segunda instancia le implicó una serie de gastos como
el uso de internet, electricidad, entre otros, para estar pendiente de avance del
proceso, los cuales no le estarían siendo reconocidos por la autoridad judicial
accionada.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por auto del 26 de enero de 2026 se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar
a la parte accionante6 y, como parte accionada, al Tribunal Administrativo de
Santander7.

Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso, al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial
de San Gil [primera instancia del medio de control], al municipio de San Gil [parte
demandada del medio de control] y al Defensor del Pueblo8.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Santander9

Los Magistrados de tal Corporación señalaron que la decisión cuestionada se
encuentra debidamente fundada en el ordenamiento jurídico vigente y responde a
una aplicación estricta, razonada y diferenciada del régimen de costas procesales
en el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos

Aludieron a la interpretación objetiva que dieron al artículo 38 de la Ley 472 de
1998, en armonía con los artículos 361, 365 y 366 del Código General del Proceso,
así como el criterio de unificación fijado por la Sala Especial de Decisión No. 27
del Consejo de Estado en providencia del 6 de agosto de 2019.

Recordaron la disposición expresa concerniente a que «solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron», exigencia que impone al juez
el deber de verificar que los gastos estén comprobados y que estos hayan sido

6 Índice 008 de Samai.
7Índice 008 de Samai. La notificación fue enviada a los correos
sectribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co, sgtadminstd@notificacionesrj.gov.co y
ventanillatriadmsan@cendoj.ramajudicial.gov.co.
8Índice 008 de Samai. La notificación fue enviada a los correos
notificacionesjudiciales@sangil.gov.co, juridica@defensoria.gov.co y
santander@defensoria.gov.co
9 Índice 0010 de Samai.

4

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útiles, correspondan a actuaciones autorizadas por la ley y que
atiendan a la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada.

Refirieron que, contrario a lo sostenido por el actor, a este no se le impuso deber
procesal alguno en la segunda instancia ni se le condicionó tal reconocimiento a
la formulación de algún pronunciamiento o intervención frente al recurso de
apelación elevado por la demandada. En tal sentido, aludieron a las actuaciones
procesales desarrolladas en esa etapa que reflejaban la ausencia de prueba de la
causación de costas y por tanto la imposibilidad de la condena.

Por lo tanto, solicitaron la declaración de improcedencia de la acción o en su
defecto la negativa del amparo atendiendo a la falta de relevancia constitucional
que reviste el presente asunto por fundarse sobre una discrepancia con la
interpretación jurídica y la valoración probatoria realizadas por el juez natural.

1.6.2. Municipio de San Gil10

El apoderado de la entidad manifestó que las decisiones adoptadas por la
accionada son ajenas a esa administración y fueron proferidas en derecho.

Hizo un recuento de los argumentos empleados para su defensa en el medio de
control y se opuso a las pretensiones de la tutela por no haber vulnerado derecho
fundamental alguno al actor. En tal sentido, solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva.

1.6.3. Defensoría del Pueblo11

El Defensor Regional de Santander realizó un resumen de las actuaciones y
decisiones adoptadas en el marco del proceso objeto de tutela y consideró que la
autoridad accionada se apartó sin motivación del criterio jurisprudencial unificado
en torno a la condena en costas que debe realizarse en las respectivas instancias
e incurrió en indebida aplicación del artículo 38 de la ley 472 de 1998. Igualmente,
solicitó la desvinculación de esta entidad del presente trámite constitucional al no
existir vulneración alguna de los derechos fundamentales del actor que le sea
atribuible.

1.7 Manifestación de impedimento.

El magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez en escrito del 10 de febrero de 2026
manifestó estar impedido para conocer y decidir el presente asunto, sin embargo,
la Sala lo declaró infundado.

10Índice 012 de Samai.
11Índice 013 y 015 de Samai.

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por el actor contra el Tribunal Administrativo de Santander, de
conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

El municipio de San Gil y la Defensoría del Pueblo aludieron en el escrito de
contestación a su falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitaron su
desvinculación de la presente acción.

Sin embargo, se advierte que el llamado realizado a las citadas entidades se hizo
en calidad de terceros por tener interés en el resultado que se adopte en este
asunto al haber fungido como parte [la entidad territorial] y agente del ministerio
público [Defensoría del Pueblo], en el proceso dentro del cual se profirió la
providencia cuestionada.

2.3. Problema jurídico

Acorde con lo señalado en los antecedentes, las pretensiones invocadas por la
parte actora, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas,
corresponde a esta Corporación resolver:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:

• ¿El Tribunal Administrativo de Santander vulneró las garantías invocadas
por el extremo activo, con ocasión de la providencia del 1.° de diciembre de
2025, que confirmó la sentencia del 13 de junio de 2025 dictada por el
Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil y
decidió no condenar en costas de segunda instancia a la parte vencida
dentro del medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos identificado con radicado 68679-33-33-003-2024-00043-00/01?

Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra

6

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providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y, (iii)
el caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201212
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema13 y declaró su
procedencia.14

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.5.1. Relevancia constitucional

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.

María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñado.
14 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

7

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La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202215 explicó que
las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones
de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal16
(Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico17; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional18.

[…]

15 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
16 Sentencia SU-573 de 2019.
17 Sentencia SU-103 de 2022.
18 Sentencia SU-103 de 2022.

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En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal
y/o económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal19”. En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales20”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto21, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal22.
(Resaltado de la Sala)

2.6. Caso Concreto

La parte actora cuestionó la providencia del 1.° de diciembre de 2025 proferida por
el Tribunal Administrativo de Santander que se abstuvo de condenar en costas en
sede de segunda instancia al municipio de San Gil como parte vencida dentro del
medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos con radicado
68679-33-33-003-2024 00043-00/01, formulado por el actor.

Lo anterior, ya que, a juicio del tutelante, se incurrió en defecto sustantivo por
indebida aplicación e interpretación del artículo 38 de la Ley 5572 de 1998 que
regula la aludida penalidad y desconocimiento de precedente establecido en la
sentencia de unificación del 6 de agosto de 201923. Ello, según la lectura que
realiza la Sala del líbelo introductorio, en el cual, como se explicó, no se plantearon
concretamente los defectos aludidos.

El anterior cuestionamiento lo realizó el actor en el entendido que el juez ordinario
exigió, para tener por acreditada dicha figura, un pronunciamiento respecto al

19 Sentencia SU-103 de 2022.
20 Sentencia SU-128 de 2021.
21 Sentencia SU-573 de 2019.
22 Ibid.
23 Radicación número: 15001-33-33-007-2017-00036-01, consejera ponente: Rocío Araújo Oñate

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recurso de apelación elevado por la entidad demandada, una vez este
fuera admitido en segunda instancia, desconociendo de tal manera todos los
gastos en que tuvo que incurrir el interesado para hacer el respectivo seguimiento
al expediente con independencia a que este hubiese preferido guardar silencio en
dicha etapa procesal.

En ese sentido, atribuyó al ad quem haber realizado una interpretación incorrecta
de la norma y jurisprudencia que regula la materia, sin desarrollar el cargo o los
motivos de la vulneración que invoca, limitándose a transcribir apartes de la
providencia del Consejo de Estado anteriormente señalada, careciendo de tal
manera de la carga argumentativa necesaria que justifiquen la intromisión del juez
de tutela, cuando, además, no se evidencia, prima facie, la vulneración de los
derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial.

Respecto a lo alegado por el actor, la Sala evidencia que los argumentos
planteados, pese a que hacen alusión a un lenguaje constitucional, realmente
denotan una inconformidad con la decisión proferida por el juez contencioso, por
lo que este mecanismo se torna improcedente al no cumplir el requisito de
relevancia constitucional, como pasa a explicarse.

Como sustento para la negativa de la condena económica reclamada por el
tutelante, el fallador de segunda instancia tuvo por no acreditada la causación de
alguna erogación que le fuera imputable al ente territorial demandado, en tanto
que no evidenció la existencia de gastos derivados de la participación procesal del
actor popular, todo ello con sustento en los artículos 38 de la Ley 472 de 1998 y
365 del Código General del Proceso, así como del criterio fijado por la Sentencia
de Unificación del 6 de agosto de 2019, en la que se abordó la procedencia de la
condena en costas en las acciones populares cuando estas se encuentren
causadas.

Entonces, si bien el señor Marco Antonio no comparte los razonamientos
efectuados por el Tribunal Administrativo de Santander en cuanto a la negativa de
imponer condena en costas en segunda instancia, lo cierto es que estos ya fueron
objeto de análisis normativo y jurisprudencial por la autoridad accionada, pese a
que el resultado no le sea favorable a sus intereses.

En ese orden, es evidente que la controversia esbozada por el extremo actor no
satisface el requisito de relevancia constitucional, debido a que con la discusión la
parte actora pretende imponer su criterio, el cual estima más acertado, sobre el del
operador judicial, lo cual denota un desconcierto respecto al sentido de la decisión,
sin precisar de qué manera se encuentran siendo transgredidas sus garantías
constitucionales, pues no basta para ello hacer una mera enunciación de los
derechos y los pronunciamientos que al respecto hayan realizado las altas cortes
en este caso sobre las costas procesales y los demás derechos fundamentales,

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Demandante: Marco Antonio Velásquez
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cuando estos no son aterrizados al caso en concreto, como se puede
observar del escrito inicial.

Cabe señalar que, si bien la parte actora no invocó puntualmente el defecto por
desconocimiento del precedente, tal cuestionamiento se puede deducir en razón a
la mención que hace de la Sentencia de Unificación que esta misma Corporación
emitió el 6 de agosto de 2019, en la que se abordó el concepto, la naturaleza y
definición de las costas procesales en el marco de acciones populares.

Así, sobre el cargo de desconocimiento del precedente es preciso advertir que la
Sala ha considerado que la parte que lo invoca debe cumplir con la carga mínima
de identificar: (i) la decisión que considera desatendida; (ii) la ratio aplicable a la
solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la
litis anterior y (iii) la incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de
instancia. Aspectos que no fueron atendidos por el tutelante, pues únicamente
transcribió apartes de la sentencia de unificación aludida sin hacer planteamiento
alguno de los anteriores presupuestos, de tal suerte que un estudio al respecto
resulta improcedente.

En suma, se recuerda que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar las providencias
vía acción de tutela, máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que
el debate planteado por la parte actora, se reitera, busca mutar el amparo
constitucional en una instancia adicional y reabrir la discusión jurídica ya zanjada
por el juez contencioso, conforme las etapas que para tal efecto estableció el
legislador.

De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la acción de tutela y la
desarticulación de la organización judicial, por lo que, en el presente caso, este
mecanismo de tutela se torna improcedente por no superar el requisito de
relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por el municipio de San
Gil y la Defensoría del Pueblo.

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Demandante: Marco Antonio Velásquez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00275-00

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida
por el señor Marco Antonio Velásquez, por no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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