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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00275-01

Fecha
20 de abril de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00275-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

20 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00275-01 (3053)
Accionante: Marco Antonio Velásquez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de protección
de derechos e intereses colectivos. Subtema 2: reconocimiento de costas
procesales. Subtema 3: defecto sustantivo y desconocimiento del precedente.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por Marco Antonio Velásquez, en contra de la sentencia
del 12 de febrero de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta.

1. Síntesis del caso

El señor Marco Antonio Velásquez presentó acción de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la defensa y a la igualdad, que consideró vulnerados
con ocasión de la providencia del 1 de diciembre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, dentro del medio de control de protección de derechos
e intereses colectivos identificado con el radicado núm. 68679-33-33-003-2024-
00043-00/01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1.
A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00275-00, índice 2, certificado 6ACCC7845589C9E4 B6ECA8D8B6054E54
EBC142224F3112AE 736895F62D300985.

1

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00275-01 (3053)
Accionante: Marco Antonio Velásquez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

2. En el municipio de San Gil (Santander) se encuentra ubicado el parque
recreacional «Ragonessi», el cual presentaba una condición de abandono y
deterioro, que comprometía el ambiente, la seguridad y la salubridad del sector, por
lo que requería que la administración municipal adoptara medidas eficaces para su
recuperación.

3. El señor Marco Antonio Velásquez presentó demanda en ejercicio del medio de
control de protección de derechos e intereses colectivos contra el municipio de San
Gil, con el fin de que se garantizara el goce de un ambiente sano, a la moralidad
administrativa, al uso y disfrute del espacio público y al acceso a infraestructura de
servicios que garantice la salubridad; y a la seguridad y prevención de desastres
técnicamente previsibles, que consideró vulnerados con ocasión del abandono del
parque recreacional «Ragonessi».

4. El Juzgado Tercero Administrativo de San Gil, mediante sentencia del 13 de
junio de 2025, accedió al amparo de los derechos colectivos invocados y ordenó a
la entidad demandada: i) realizar un estudio sobre las condiciones del parque; ii)
elaborar un cronograma de trabajo, y iii) adelantar todas las actuaciones y gestiones
administrativas, presupuestales, financieras y contractuales necesarias para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el mencionado estudio. Igualmente, condenó en
costas al municipio, a favor del actor popular.

5. La entidad territorial, inconforme con la mencionada decisión judicial, presentó
recurso de apelación.

6. El Tribunal Administrativo de Santander, a través de providencia del 1 de
septiembre de 2025, confirmó el fallo de primera instancia, en lo relativo a la
declaratoria de vulneración de los derechos e intereses colectivos como en lo
referente al contenido y a los plazos de las órdenes impartidas al municipio de San
Gil. No obstante, negó la condena en costas, al considerar que no se acreditó la
realización de erogaciones imputables al ente territorial ni se demostró los gastos
derivados de la participación del actor popular en dicha instancia.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

7. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

1) Proteger los derechos fundamentales al debido proceso, vía de hecho al
acceso a la administración de justicia, a la defensa y a la igualdad ante la ley,
garantizar los principios de independencia e imparcialidad de la
administración de justicia (artículo 5 de la Ley 270 de 1996).
2) Ordenar se revoque el numeral Segundo de la sentencia de segunda
instancia que dice: «Sin condena en costas de segunda instancia, conforme
lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia».

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00275-01 (3053)
Accionante: Marco Antonio Velásquez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

3) Ordenar el pago de costas procesales y agencias en derecho de conformidad
con la jurisprudencia mencionada en la demanda en donde se unifica y deja
claro que se deben pagar las mismas al actor popular. […]2.

8. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que la
providencia, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, incurrió en
defecto sustantivo, porque efectuó una indebida interpretación del artículo 38 de la
Ley 472 de 1998, el cual, en su criterio, admite el reconocimiento de las costas
procesales a favor del actor popular y a cargo de la parte demandada, siempre que
la sentencia le resulte favorable a las pretensiones protectorias de los derechos
colectivos. Esto, conforme el artículo 361 del Código General del proceso, que
incorpora tanto el concepto de expensas y gastos procesales, como el de las
agencias en derecho.

9. Adicionalmente, indicó que en el fallo cuestionado se configuró un
desconocimiento del precedente, por cuanto no tuvo en cuenta las reglas
establecidas en la sentencia de unificación del 6 de agosto de 20193, proferida por
la Sala Veintisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado respecto a las
circunstancias y eventos en los que procede el reconocimiento y pago de las costas
procesales a favor del actor popular.

10. En este sentido, explicó que en el asunto analizado por el Tribunal accionado
se configuraban los presupuestos para acceder al pago de las costas reclamadas.

11. Así pues, consideró que el Tribunal confundió la figura de agencias en derechos
y costas procesales y le exigió al demandante, sin sustento legal, que se
pronunciara sobre los reparos formulados en el recurso de apelación interpuesto
por su contraparte, so pena de perder los derechos al reconocimiento de costas.

12. Adujo que su actuación en segunda instancia del medio de control de protección
de derechos e intereses colectivos le implicó una serie de gastos como el uso de
internet, electricidad, entre otros, para estar pendiente de avance del proceso, los
cuales no le estarían siendo reconocidos por la autoridad judicial accionada.

2.3. Trámite procesal

13. El despacho ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante
auto del 26 de enero de 20264, admitió la demanda, ordenó la notificación al Tribunal
Administrativo de Santander, y puso en conocimiento el escrito de tutela al Juzgado
Tercero Administrativo de San Gil, al municipio de San Gil y a la Defensoría del
Pueblo, en su condición de terceros con interés.

2
Se transcribe incluso con errores.
3
Expediente con radicado núm. 15001333300720170003601.
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00275-00 índice 5, certificado 76D062CA747FA6EE 0257759376C84711
8DB29B6ECFEAF3CE C4F9776A3D41A430.
3

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Accionante: Marco Antonio Velásquez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

2.4. Intervenciones

14. El Tribunal Administrativo de Santander5 manifestó que la decisión cuestionada
se encuentra debidamente fundamentada, en el ordenamiento jurídico vigente, y
responde a una aplicación estricta, razonada y diferenciada del régimen de costas
procesales en el medio de control de derechos e intereses colectivos.

15. Agregó que en el fallo cuestionado se efectuó una interpretación objetiva del
artículo 38 de la Ley 472 de 1998, en armonía con los artículos 361, 365 y 366 del
Código General del Proceso, así como el criterio de unificación fijado por la Sala
Especial de Decisión núm. 27 del Consejo de Estado en providencia del 6 de agosto
de 2019.

16. Afirmó que, según el numeral 8 del artículo 365 del C.G.P. «solo habrá lugar a
costas cuando en el expediente aparezca que se causaron». Esto le impone al juez
el deber de verificar que los gastos estén comprobados y que estos hayan sido
útiles, correspondan a actuaciones autorizadas por la ley y que atiendan a la
naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada.

17. Refirió que las actuaciones procesales desarrolladas en el trámite de segunda
instancia reflejaban la ausencia de prueba de la causación de costas y, por tanto, la
imposibilidad de la condena.

18. Por lo tanto, solicitó que se declare improcedente la acción o en su defecto se
niegue el amparo debido a que el asunto carece de relevancia constitucional por
fundarse sobre una discrepancia con la interpretación jurídica y la valoración
probatoria realizadas por el juez natural.

19. El municipio de San Gil6 afirmó que carece de legitimación en la causa por
pasiva, toda vez que los argumentos y pretensiones en los que se sustenta la tutela
están dirigidos a cuestionar una decisión judicial, en cuya expedición no tuvo
participación alguna. En consecuencia, pidió su desvinculación del presente trámite
constitucional

20.
Por otro lado, expuso que la providencia cuestionada, en lo que respecta a
las costas, se ajustó a los parámetros normativos y jurisprudenciales vigentes, sin
desconocer o vulnerar los derechos fundamentales de la parte actora.

21. La Defensoría del Pueblo7 realizó un resumen de las actuaciones y
decisiones adoptadas en el marco del proceso objeto de tutela y consideró que la
autoridad accionada se apartó sin motivación del criterio jurisprudencial unificado
respecto a la condena en costas que debe realizarse en las respectivas instancias
e incurrió en indebida aplicación del artículo 38 de la Ley 472 de 1998.

5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00275-00 Incide 10, certificado DB6FE1299FCBE670 8914F3CA40E5109C
6F0ED5C739F15457 3F9B7C8BD3E92CF3.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00275-00, índice 12, certificado C66BC9AFC698A76D B0496849D9BCCBC7
8141A49CB7D382CE A9C4958549B4AA08.
7
Samai, exp, 11001-03-15-000-2026-00275-00, 13, certificado 7CB087845EED4DCF 034BF42CF4DCE50A
6D24DB5A5BD8012B FBE8804E9C30391B.
4

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Accionante: Marco Antonio Velásquez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

22. Por otra parte, solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional,
al considerar que no existe vulneración alguna de los derechos fundamentales del
actor que le sea atribuible.

23. El Juzgado Tercero Administrativo de San Gil guardó silencio.

2.5. Sentencia de primera instancia

24. El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 26 de enero
de 20268, declaró improcedente la tutela, al considerar que no cumplió con el
requisito de relevancia constitucional.

25. Al respecto, explicó que los argumentos planteados por el accionante, en el
escrito de tutela, se orientan únicamente a manifestar su inconformidad con el
sentido de la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Santander e
intentan imponer su propio criterio con relación a la forma como debe determinarse
la procedencia de la condena en costas dentro del medio de control de protección
de los derechos e intereses colectivos, sin desarrollar una carga argumentativa
suficiente y específica de naturaleza constitucional sobre el asunto.

26. Así mismo, precisó que no es suficiente realizar una simple enunciación de
los derechos ni de los pronunciamientos que, sobre estos, hayan proferido las altas
cortes con respecto a las costas procesales y otros derechos fundamentales,
cuando tales referencias carecen de incidencia directa y concreta en la resolución
del caso objeto de estudio.

27. Adicionalmente, consideró que la parte actora se limitó a transcribir apartes
de la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2019 del Consejo de Estado sin
explicar las razones por las cuales la ratio de dicha decisión era aplicable a su caso,
de tal manera que un estudio resulta improcedente.

28. Asimismo, refirió que las autoridades judiciales actúan con autonomía e
independencia, por lo cual, en principio, sus decisiones no pueden ser cuestionadas
mediante acción de tutela, especialmente cuando esta se usa de forma indebida
para reabrir un debate jurídico ya resuelto por el juez competente y convertir la tutela
en una instancia adicional.

2.6. Impugnación

29. La parte actora presentó impugnación9 contra la sentencia del Consejo de
Estado, Sección Quinta. En su escrito, indicó que en su condición de defensor de
las causas sociales acudió al medio de control de protección de derechos e
intereses colectivos, en cuyo trámite incurrió en diversos gastos que consideró no

8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00275-00, índice 12, certificado 6170ED0B35C01275 9A57244A9BCF5E42
523F908CF1321C52 03D3565786FA427C.
9
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00275-00, índice 33, certificado núm. 27AB13AB3D182D12 C7D8BE6C18B886E8
767C61AD4F8F2158 53626860A8F38CE9.
5

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Accionante: Marco Antonio Velásquez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

estaba obligado a asumir, tales como los servicios de internet, energía eléctrica, así
como aquellos destinados al recaudo probatorio, entre estos, los gastos de
transporte, además del tiempo invertido en la gestión del proceso.

30. Insistió en los argumentos expuestos en el escrito de tutela, relacionados con el
defecto sustantivo y el desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre el
reconocimiento y pago de costas procesales y agencias en acciones populares.

31. Así pues, resaltó que la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2019,
proferida por el Consejo de Estado, establece que la condena en costas y agencias
en derecho procede a favor del demandante cuando la entidad demandada resultó
vencida en el proceso, sin exigir mayores requisitos.

32.De esta manera, a su juicio, el reconocimiento y pago de las costas y agencias
en derecho tiene un fundamento constitucional en los derechos de acceso a la
administración de justicia, a la equidad y a la reparación del daño, por lo que el
asunto debe ser estudiado por el juez de tutela.

33. Con fundamento en lo anterior, pidió que se revoque el fallo impugnado y, en su
lugar, se acceda a las pretensiones de la tutela.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

34. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 12 de
febrero de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

35. La legitimación en la causa por activa del señor Marco Antonio Velásquez está
acreditada, porque fue el demandante en el medio de control de protección de
derechos e intereses colectivos en el que fue expedida la providencia que, a su
juicio, desconoció sus derechos fundamentales.

36.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Santander, debido a que fue la autoridad que profirió las
decisiones, objeto de estudio.

37. Por otro lado, se advierte que el municipio de San Gil y la Defensoría del Pueblo
solicitaron su desvinculación, al considerar que no estaban llamadas a responder
por la vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.

38. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de terceros, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda
6

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Accionante: Marco Antonio Velásquez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

vez que dichas entidades actuaron como parte demandada y sujeto vinculado
dentro del proceso constitucional en el que fue expedida la providencia objeto de
reparos y, en consecuencia, la decisión que resuelva la tutela podría afectar sus
intereses. Por los motivos expuestos, se negará su solicitud.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

39. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 10, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional11.

40.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

41. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales12 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

42. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a
la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución13.

10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
13
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
7

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Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

43. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional14 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

44. Así pues, la Corte Constitucional15 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»16 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»17;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

45. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que la
decisión cuestionada fue proferida con desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
46. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del trámite del medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos en el que se profirió la decisión objeto de tutela.

47. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 1 de diciembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Santander, fue notificada el 2 de diciembre siguiente18, y la demanda de tutela se

14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
18
Samai, exp. 68679-33-33-003-2024-00043-01, índice 11.
8

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Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

presentó el 19 de enero de 202619, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto
por la jurisprudencia constitucional20 y del Consejo de Estado21 como razonable.

48. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera expuesto la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

49. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior del medio de control de protección de derechos e
intereses colectivos.

50. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con el defecto sustantivo y el
desconocimiento del precedente y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo
en los términos que planteó la parte actora.

3.4. Problema jurídico

51. Corresponde a la Sala, determinar ¿si el Tribunal Administrativo de Santander
incurrió, en la sentencia del 1 de diciembre de 2025, en los defectos sustantivo y de
desconocimiento del presente y vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la defensa y a la igualdad del
accionante?

52. Para el efecto, se estudiarán: (i) las generalidades de los defectos invocados; y
(ii) el caso concreto.

3.4.1. El defecto sustantivo

53. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado22.

54. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,

19
Samai, exp. 11001-15-000-2026-00275-00 índice 1.
20
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
22
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
9

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Accionante: Marco Antonio Velásquez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

55. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar
el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones
de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los
contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación
[…]23.

56. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.

57. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).24

3.4.2. El desconocimiento del precedente judicial

58. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas25.

23
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
25 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenamiento
constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo,
lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial
tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”.
El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y,
en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo
contrario desconoce el precedente horizontal».
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00275-01 (3053)
Accionante: Marco Antonio Velásquez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

59. Al respecto, la Corte Constitucional26 ha considerado que el precedente se
define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados
y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por
las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior. Frente a la
obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:

90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de
la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio
de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar,
pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley. Particularmente,
el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde un
sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el legislador, sino además
comprende todas las fuentes del derecho incluidas las sentencias que interpretan la
Constitución como norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia
de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo principal
garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de
seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento
constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio
relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la aplicación de
la ley y por otras prescripciones constitucionales27.

60. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia28.

61.
En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»29.

62. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una

26 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
27 Se transcribe incluso con errores.
28 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
29 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
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violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela30.

63. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de
la función judicial, pues se trata de una sola corporación31.

64. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.

3.5. Caso concreto

65. En el asunto bajo estudio, el señor Marco Antonio Velásquez presentó escrito
en ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos
en contra del municipio de San Gil, con el fin de obtener el amparo de prerrogativas
como, el goce de un ambiente sano, a la moralidad administrativa, al uso y disfrute
del espacio público y al acceso a infraestructura de servicios que garantice la
salubridad; y a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles,
con ocasión del abandono y deterioro del parque recreacional «Ragonessi».

66. En primera instancia, el Juzgado Tercero Administrativo de San Gil, mediante
sentencia del 13 de junio de 2025, accedió a las pretensiones de la demanda.

67. Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo de Santander emitió
providencia el 1 de diciembre de 2025 en la que confirmó la decisión de primera
instancia. Adicionalmente, resolvió no condenar en costas.

68. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela que el Tribunal
accionado, al proferir la sentencia del 1 de diciembre de 2025, incurrió en defecto
sustantivo, porque efectuó una indebida interpretación del artículo 38 de la Ley 472
de 1998 y de los artículos 361 y 365 del Código General del Proceso, al negar el
reconocimiento de costas procesales, pese a que la sentencia accedió a la
protección de derechos colectivos invocados y resultó favorable al demandante.

69. Afirmó que el fallo cuestionado, también desconoció el precedente fijado por el

30 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente horizontal
o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige que el juez
enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca expresamente el
precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo
requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que
justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto
o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto
el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
31 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
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Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2019 32,
proferida por la Sala Veintisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado, al no
tener en cuenta las reglas fijadas sobre el reconocimiento de costas a favor del actor
popular.

70. El accionante agregó que el Tribunal confundió las costas procesales con las
agencias en derecho y le impuso, sin fundamento legal, la carga de pronunciarse
sobre la apelación presentada por la contraparte. Asimismo, omitió valorar que su
actuación en segunda instancia le generó gastos necesarios para el seguimiento
del proceso, como el uso de internet, electricidad, entre otros, los cuales no fueron
reconocidos por la autoridad judicial.

71. Al respecto, resulta pertinente señalar que el artículo 38 de la Ley 472 de 1998
regula la condena en costas dentro del medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos. Dicha disposición establece que el juez deberá
acudir a las normas del procedimiento general para determinar la procedencia de
tales erogaciones, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 38.- Costas. El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a
las costas. Sólo podrá condenar el demandante a sufragar los honorarios, gastos y
costos ocasionados al demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o de
mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá imponer una
multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al
Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las
demás acciones a que haya lugar.

72. Entre tanto, el artículo 365 del Código General del Proceso establece las reglas
a las que se deben sujetar las autoridades judiciales para determinar la procedencia
de la condena en costas en los procesos judiciales a su cargo. Así pues, el numeral
8 de la mencionada norma prevé lo que sigue:

ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones
posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las
siguientes reglas:

[…]

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en
la medida de su comprobación.

73. En atención a lo anterior, el Consejo de Estado, mediante sentencia del 6 de
agosto de 201933, unificó su jurisprudencia con el propósito de precisar el alcance
de la interpretación del artículo 38 de la Ley 472 de 1998 y su armonización con las
disposiciones del Código General del Proceso que regulan el reconocimiento, la
condena y la liquidación de las costas procesales. Para tal efecto, estableció las
siguientes reglas:

32
Expediente con radicado núm. 15001333300720170003601.
33
Expediente con radicado núm. 15001333300720170003601.
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2.1 El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 admite el reconocimiento de las costas
procesales a favor del actor popular y a cargo de la parte demandada, siempre que la
sentencia le resulte favorable a las pretensiones protectorias de los derechos
colectivos, y la condena en costas, a la luz del artículo 361 del Código General del
proceso, incorpora tanto el concepto de expensas y gastos procesales como el de las
agencias en derecho.

2.2 También hay lugar a condenar en costas a la parte demandada, en los
componentes de expensas y gastos procesales y de agencias en derecho, cuando
haya obrado con temeridad o mala fe. En este último evento, también habrá lugar a
condenarlo al pago de la multa prevista en la disposición 38 ibídem.

2.3 Sólo cabe reconocer costas a favor de la parte demandada y a cargo del actor
popular, cuando este último actuó temerariamente o de mala fe, caso en el cual también
habrá lugar a imponer la multa prevista en el artículo 38 de la Ley 472 de 1998. No hay
lugar a condenarlo cuando la demanda le sea decidida en contra. En este evento la
condena en costas sólo admite el reconocimiento de los honorarios y de las expensas,
pues al tenor del artículo 364 del Código general del Proceso, es claro que las agencias
en derecho no corresponden a los honorarios a los que se refiere la norma, pues ellos
se señalan- n relación con los auxiliares de la justicia.

2.4 Conforme lo dispone el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, armonizado con el
artículo 361 del Código General del Proceso, en las acciones populares la condena en
costas a favor del actor popular incluye las expensas, gastos y agencias en derecho
con independencia de que la parte actora haya promovido y/o concurrido al proceso
mediante apoderado judicial o lo haya hecho directamente.

2.5 En cualquiera de los eventos en que cabe el reconocimiento de las costas
procesales, bien sea en cuanto a las expensas y gastos procesales o a las agencias
en derecho, bien sea a favor del actor popular o de la parte demandada, la condena se
hará atendiendo las reglas previstas en el artículo 365 del Código General del Proceso,
de forma que sólo se condenará al pago de aquellas que se encuentren causadas y se
liquidarán en la medida de su comprobación, conforme con lo previsto en el artículo
366 del Código general del Proceso.

2.6 Las agencias en derecho se fijarán por el juez aplicando las tarifas establecidas por
el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o
este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración
de la gestión realizada por el actor popular, con independencia de si actuó directamente
o mediante apoderado, u otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el
máximo de dichas tarifas.

74.En efecto, el numeral 2.5 de la sentencia de unificación permite advertir que la
condena en costas procede cuando se «encuentren causadas y se liquidarán en la
medida de su comprobación».

75.
Ahora bien, al examinar el contenido de la sentencia del 1 de diciembre de 2025,
se observa que el Tribunal Administrativo de Santander consideró que en el asunto
objeto de estudio, no era procedente acceder al reconocimiento y pago de las costas
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00275-01 (3053)
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reclamadas por la parte actora, debido a que no se aportó prueba que acreditara su
causación.

76. La autoridad judicial accionada, para adoptar dicha determinación, tomó como
referencia el contenido de los artículos 38 de la Ley 472 de 1998 y 365 del Código
General del Proceso, y se apoyó en el criterio fijado en la sentencia de unificación
del 6 de agosto de 2019, proferida por la Sala Especial de Decisión núm. 27 del
Consejo de Estado. Con fundamento en ello, precisó que el juez del medio de control
de protección de los derechos e intereses colectivos, además de verificar que la
entidad pública demandada resultó vencida en el proceso, debe constatar
efectivamente los gastos y expensas en los que incurrió el actor popular, como
presupuesto para acceder al reconocimiento y pago de las costas a su favor.

77. En concreto, la sentencia objeto de tutela, expuso lo siguiente:

En atención a los artículos 38 de la Ley 472 de 1998 y 365 del Código General del
Proceso, así como al criterio fijado por la Sala Especial de Decisión No. 27 del Consejo
de Estado en providencia del 6 de agosto de 2019, mediante la cual se unificó la
jurisprudencia sobre la procedencia de la condena en costas en las acciones populares,
la Sala debe verificar, para su imposición, no solo la condición de vencido en la
instancia, sino también la efectiva causación de gastos procesales. En el presente
asunto, aunque el recurso de apelación interpuesto por el Municipio de San Gil no
prosperó, no se acreditó en el expediente la realización de erogaciones imputables al
ente territorial.

Aunado a lo anterior, el actor popular no intervino en la segunda instancia, circunstancia
que impide afirmar la existencia de gastos derivados de su participación procesal en
esta etapa. En ausencia de prueba sobre su causación, no se cumplen los
presupuestos para la condena en costas, razón por la cual no habrá lugar a su
imposición.

78. De acuerdo con lo anterior, se observa que la providencia cuestionada realizó
un análisis razonable y adecuado de la normativa, la jurisprudencia aplicable al
asunto y de los elementos probatorios aportados al proceso, lo que le permitió
concluir que el actor popular no acreditó las expensas que, a su juicio, se causaron
en el desarrollo de la actuación judicial.

79. En efecto, se advierte que el Tribunal fundamentó su decisión en lo dispuesto
en los artículos 38 de la Ley 472 de 1998 y 365 del Código General del Proceso, así
como en el criterio fijado por la Sala Especial de Decisión núm. 27 del Consejo de
Estado en la providencia del 6 de agosto de 2019, con el fin de precisar que la
condena en costas no procede de manera automática por el solo hecho de que la
entidad pública demandada haya resultado vencida en el proceso, toda vez que
requiere que la parte actora acredite efectivamente los gastos procesales en los que
incurrió durante el trámite de la actuación judicial.

80.Ciertamente se constata que los argumentos desarrollados en la providencia
acusada atienden las pautas establecidas por el ordenamiento jurídico sobre la

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procedencia de la condena en costas en el marco del medio de control de protección
de derechos e intereses colectivos.

81. En este orden, la Sala considera que el estudio del caso del tutelante
desarrollado por la autoridad judicial lejos de mostrar alguna situación indebida por
acción u omisión, lo que en realidad revela es que fue estricto, objetivo y apegado
al contenido de la normativa y la jurisprudencia aplicable, por lo que no es posible
inferir que la decisión objeto de tutela fue contraria a derecho. Distinto es que el
actor no se encuentre conforme con el sentido de la decisión adoptada por el
Tribunal accionando.

82. Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las normas y los criterios jurisprudenciales
aplicables al caso concreto. Por estas razones, si bien la providencia objeto de tutela
no resultó favorable al tutelante, esto no significa que se hayan desconocido sus
garantías constitucionales.

83. De esta manera, no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la
acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el
debate jurídico que se surtió dentro del trámite del medio de control de protección
de derechos e intereses colectivos, con el único propósito de obtener un
pronunciamiento que se acomode a sus intereses y pretensiones, máxime cuando
el asunto debatido es meramente económico.

4. Conclusiones

84. Por lo anterior, la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander no vulneró los derechos fundamentales invocados por el accionante, por
cuanto no se evidencia en su contenido un análisis arbitrario, infundado o
caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que
constituya una vía de hecho por el defecto sustantivo y el desconocimiento del
precedente, que exija la intervención del juez de tutela.

85. En consecuencia, modificará la sentencia del 12 de febrero de 2026 proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado y, en su lugar, se negará la solicitud
de amparo invocado por el accionante.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Falla:

Primero: Modificar la sentencia del 12 de febrero de 2026, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta providencia. En
su lugar, quedará así:

Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por el municipio de
San Gil y la Defensoría del Pueblo, conforme las razones expuestas en esta
sentencia.

Segundo: Negar el amparo de tutela solicitado por Marco Antonio Velásquez
en contra del Tribunal Administrativo de Santander, por los motivos indicados
en las consideraciones de esta providencia

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta a través del siguiente enlace.

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