Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00288-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00288-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00288-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
12 de febrero de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, doce (12) de febrero dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00288-00
Demandante: JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA
Demandado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN POR EL
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.
Síntesis del caso: el actor cuestionó la providencia de segunda instancia que negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió
encaminadas a que se declarara la existencia de una relación laboral encubierta. No obstante, la
Sala declarará improcedente la acción por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, pues se advirtió que el interés es exponer su desacuerdo con la valoración
probatoria del juez natural.
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Juan Carlos Iriarte Quiroga1
en contra de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado para la
protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la
administración de justicia consagrados en los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución
Política, presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia del 3 de julio de 2025,
proferidas por dicha autoridad judicial.
I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda
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El escrito fue radicado el 19 de enero de 2026.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00288-00
Actor (a): Juan Carlos Iriarte Quiroga
Acción de tutela
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) Prestó sus servicios a la Agencia Presidencial para la Acción Social, la Cooperación
Internacional (FIP) y el Departamento Para la Prosperidad Social (DPS), desde mayo de
2002 hasta el 7 de septiembre de 2012, a través de contratos de prestación de servicios,
de forma continua y permanente.
2) Promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, en la que solicitó que se declarara la nulidad del Oficio 20156111859401 del 31
de agosto de 2015, suscrito por la subdirectora del Departamento para la Prosperidad
Social (DPS), que le negó la existencia de la relación laboral entre ella y dicha entidad,
así como el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales dejadas de percibir.
3) Mediante providencia del 20 de febrero de 2020, la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad del acto
demandado y la existencia de la relación laboral entre el actor y el DPS2.
4) El DPS interpuso recurso de apelación con base en que no se analizaron los contratos
de prestación de servicios suscritos, teniendo en cuenta que los mismos prevén una serie
de obligaciones para con el contratista, sin que se indique cómo estas pueden llegar a
configurar la permanencia en el servicio o la subordinación, sobre todo porque no se hace
una valoración de fondo de estos.
5) Las actuaciones desplegadas son propias de los contratos de prestación de servicios
y no de una relación laboral, y menos si se trata de aplicar el principio de realidad sobre
las formas, pues, en últimas, el demandante reclama que se le otorguen las mismas
condiciones de un funcionario vinculado mediante una relación legal y reglamentaria,
quienes no gozan de tener dos relaciones laborales simultáneas o pueden separarse del
servicio a su arbitrio o por su mera necesidad.
6) Consideró contradictorio el análisis probatorio al circunscribirlo a unos pocos contratos,
porque debió hacerse prueba a prueba de manera independiente y seguidamente en
2
La magistrada Carmen Rengifo Sanguino salvó parcialmente el voto.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00288-00
Actor (a): Juan Carlos Iriarte Quiroga
Acción de tutela
conjunto, para llegar a una conclusión; sin embargo, no se realizó de esta manera
desconociendo los presupuestos definidos en el CGP.
7) Finalmente, hubo una indebida aplicación del precedente en lo que respecta a la
interrupción de los contratos y en lo que respecta a los parámetros para el reconocimiento
y pago de las prestaciones sociales de quien demuestra la existencia de la primacía de
la realidad sobre las formalidades.
8) Mediante fallo del 3 de julio de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado revocó la decisión y, en su lugar, negó las pretensiones tras analizar
que no se acreditó la existencia de una relación laboral encubierta entre el demandante
y el entonces Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –Acción Social–,
pese a la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios entre 2002 y 2012.
9) Los contratos celebrados contemplaban autonomía técnica y administrativa del
contratista y los objetos contractuales variaron en cada vigencia, lo cual impedía predicar
la permanencia en una única función o actividad propia de un vínculo laboral.
10) Asimismo, advirtió que los correos electrónicos, circulares y actos administrativos
allegados al expediente correspondían a directrices generales sobre el funcionamiento
institucional y no constituían órdenes específicas impartidas al actor en relación con la
ejecución de sus obligaciones contractuales.
11) En cuanto a la prueba testimonial, consideró que las declaraciones rendidas daban
cuenta, de manera general, de la dinámica de trabajo en la entidad, pero no demostraban
la existencia de subordinación efectiva, ni la imposición concreta de órdenes, ni el
ejercicio de potestad disciplinaria o ius variandi respecto del demandante; además, las
testigos solo coincidieron con el actor en uno de los programas y durante un periodo
limitado, lo cual impedía extender sus afirmaciones a la totalidad del vínculo contractual.
12) Por último, el cumplimiento de horarios institucionales y la permanencia en las
instalaciones de la entidad podían obedecer a la coordinación inherente a la ejecución de
contratos de prestación de servicios en el marco de programas misionales, sin que ello
fuera constitutivo de subordinación.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00288-00
Actor (a): Juan Carlos Iriarte Quiroga
Acción de tutela
Fundamento de la vulneración
El actor sostuvo que la sentencia cuestionada incurrió en defecto fáctico por valoración
probatoria irrazonable y contraevidente, en tanto desconoció pruebas directas,
coherentes y concordantes que, a su juicio, acreditaban la existencia de subordinación
real y continuada durante el tiempo en que prestó sus servicios al Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social.
En su criterio, la providencia accionada no controvirtió los hechos acreditados en el
proceso, pero les restó eficacia jurídica mediante la exigencia de un estándar formal
inexistente, particularmente al exigir la demostración de sanciones disciplinarias formales
o actos escritos de subordinación.
El interrogatorio de parte rendido en el proceso demostraba que cumplía un horario de
ingreso a las 8:00 am, que en ciclos de liquidación de subsidios debía laborar hasta altas
horas de la madrugada por exigencias institucionales, que recibía órdenes y directrices
de múltiples superiores jerárquicos (supervisores, coordinadores, directores de área,
Secretaría General y Dirección General) y que debía rendir cuentas sobre su gestión.
El testimonio de la señora Ana Milena Negrete Contreras acreditaba el cumplimiento
obligatorio de horario por parte de los contratistas, el control de la jornada desde la
Secretaría General y Talento Humano, la obligación de justificar ausencias, la
compensación de tiempo, la asistencia obligatoria a comités semanales y la recepción
permanente de órdenes e instrucciones provenientes de coordinadores y directivos de la
entidad.
De igual manera, el testimonio de la señora Ingrid Lorena Parra Cabrera daba cuenta de
la existencia de una directriz general de horarios sin distinción entre personal de planta y
contratistas, del control biométrico de ingreso y salida, de la obligación de solicitar
permisos para ausentarse, de llamados de atención por inasistencia a reuniones
obligatorias, de la imposibilidad de delegar las funciones en terceros, del trabajo
presencial permanente y de la recepción de instrucciones verbales y escritas por parte
de distintos niveles jerárquicos.
A partir de lo anterior, la subordinación se encontraba demostrada mediante un conjunto
de indicios concordantes –horario, control de jornada, órdenes constantes, inserción en
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00288-00
Actor (a): Juan Carlos Iriarte Quiroga
Acción de tutela
la estructura organizacional, imposibilidad de delegación y dedicación exclusiva de
hecho– que debían apreciarse en su conjunto conforme al principio de primacía de la
realidad.
En su criterio, la sentencia atacada le restó valor probatorio a los testimonios y el
interrogatorio de parte e impuso un estándar probatorio excesivo por cuanto exigió la
acreditación de sanciones formales o de un ejercicio explícito de poder disciplinario, lo
que condujo a una conclusión contraevidente.
En segundo lugar, se presentó un defecto sustantivo porque la autoridad judicial
accionada exigió, como condición necesaria para declarar la existencia de subordinación,
la acreditación de órdenes individualizadas y de sanciones disciplinarias formales, lo cual
no se encuentra previsto en la Constitución ni en la jurisprudencia constitucional y
desconoce el alcance del artículo 53 superior, particularmente el principio de primacía de
la realidad sobre las formas.
La subordinación no se circunscribe a la existencia de memorandos o actuaciones
disciplinarias formales, sino que puede manifestarse a través de elementos como el
control del tiempo de trabajo, la dirección funcional, la inserción en la organización
institucional y la sujeción a una estructura jerárquica, aspectos que, se encontraban
acreditados mediante el interrogatorio de parte y los testimonios practicados dentro del
proceso contencioso.
La providencia cuestionada desconoció la jurisprudencia constitucional relativa a la
desnaturalización del contrato de prestación de servicios cuando este pierde su carácter
excepcional y temporal y se prolonga por varios años, en tal sentido, citó apartes de la
Sentencia T-388 de 2020 y otras decisiones en las que se ha señalado que la sucesión
continua de contratos de prestación de servicios constituye un indicio relevante para
establecer la existencia de una relación laboral encubierta, especialmente cuando se trata
de funciones permanentes propias del giro ordinario de la entidad.
En ese contexto, su vinculación contractual se extendió entre los años 2002 y 2012,
mediante la suscripción sucesiva de contratos, lo que desbordó el marco excepcional
previsto en la Ley 80 de 1993 y evidenció una necesidad permanente del servicio.
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Actor (a): Juan Carlos Iriarte Quiroga
Acción de tutela
Asimismo, omitió valorar el estudio técnico realizado con ocasión de la transformación de
Acción Social en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en 2011,
documento que evidenciaba que un alto porcentaje de las funciones misionales de la
entidad eran desarrolladas por contratistas y que tales actividades habían adquirido
carácter permanente, indicio adicional sobre la naturaleza estructural de las funciones
desempeñadas por él.
Como tercer defecto afirmó que se desconoció el precedente jurisprudencial, tanto de la
Corte Constitucional como del Consejo de Estado, toda vez que la demandada se apartó
sin justificación de la jurisprudencia constitucional que reconoce que la subordinación
puede acreditarse mediante prueba indiciaria, testimonios, control de horario y demás
elementos fácticos, sin que resulte necesario exigir órdenes individualizadas o sanciones
disciplinarias formales como presupuesto indispensable para declarar la existencia de
una relación laboral encubierta.
De igual manera, la providencia desconoció unas sentencias de unificación del Consejo
de Estado, en particular las proferidas el 25 de agosto de 2016 (exp.23001-23-33-000-
2013-00260-01) y el 9 de septiembre de 2021 (exp. 05001-23-33-000-2013-01143-01),
en las que se fijaron criterios claros sobre la prueba del contrato realidad y la incidencia
de los intervalos o soluciones de continuidad entre contratos de prestación de servicios.
En ese contexto, la decisión otorgó relevancia determinante a ciertas interrupciones
temporales entre los contratos suscritos con la entidad, para concluir que no existió
continuidad suficiente que permitiera afirmar la unidad de una relación laboral,
razonamiento que se aparta del precedente conforme con el cual un intervalo inferior a
treinta (30) días hábiles entre la terminación de un contrato y el inicio del siguiente no
rompe la continuidad del vínculo, e incluso lapsos mayores deben analizarse
integralmente a la luz del conjunto probatorio.
Adicionalmente, la misma Sección Segunda en el proceso con radicación no. 25000-23-
42-000-2015-04103-01 (6021-2018) reconoció la existencia de contrato realidad frente a
otra contratista del DPS, mientras que, en el presente caso, a los correos electrónicos,
disposiciones generales sobre horarios y declaraciones testimoniales para inferir
subordinación fueron considerados insuficientes por su carácter general.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00288-00
Actor (a): Juan Carlos Iriarte Quiroga
Acción de tutela
La circunstancia de que ambos procesos hubieran sido instaurados en el año 2015 y que,
pese a fundarse en hechos y pruebas similares, recibieran decisiones opuestas en
segunda instancia, evidencia de un apartamiento injustificado del precedente y de un trato
desigual frente a situaciones análogas.
Con fundamento en lo anterior, se desatendió precedente jurisprudencial vigente en
materia de contrato realidad, prueba de la subordinación y solución de continuidad entre
contratos de prestación de servicios.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:
“PRIMERA: Que el H. Consejo de Estado, AMPARE los derechos
fundamentales invocados, es decir, que TUTELE a favor de mi mandante, los
Derechos Constitucionales Fundamentales a un debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, al trabajo y al principio constitucional de primacía de
la realidad amenazados y vulnerados por la sentencia de julio 3 de 2025,
proferida por la Sección Segunda-Subsección A del Consejo de Estado, la cual
revocó la sentencia del 20 de febrero de 2020 del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que había reconocido la existencia de contrato realidad entre mi
representado y el DPS, desestimando integralmente la prueba testimonial, el
interrogatorio de parte y la prueba documental, bajo el argumento de que no
existían “órdenes específicas” ni sanciones formales, y que los testimonios eran
“generales”.
SEGUNDA: Que, como consecuencia, se DEJE SIN EFECTOS la Sentencia
proferida por el Consejo de Estado Sección Segunda Subsección A y se le
ORDENE A esa Alta Corporación que, en el término perentorio , emita una
nueva sentencia de reemplazo en la segunda instancia del proceso
contencioso, subsanando los vicios identificados, valorando integralmente los
testimonios y demás pruebas conforme a los lineamientos de la Constitución y
el precedente vigente, en la que se reconozcan todas las pretensiones de la
demanda”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI -
índice 2).
Actuación procesal
Mediante auto del 21 de enero de 2026, se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y a los magistrados integrantes de la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, al tiempo que se vinculó como tercero con
interés, al director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y al
presidente y a los magistrados integrantes de la Subsección A de la Sección Segunda de
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00288-00
Actor (a): Juan Carlos Iriarte Quiroga
Acción de tutela
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de que allegaran un informe sobre
los hechos que motivaron el ejercicio de la acción (índice 04 de Samai).
Intervenciones de las autoridades demandadas y vinculadas
La Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Secretaría de la Sección
Segunda del Consejo de Estado remitieron copia digital correspondiente al proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho en ambas instancias (índice 09 y 10 de Samai).
El magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (índice 11 de Samai)
solicitó ser desvinculado del presente trámite en razón a que las pretensiones se dirigen
a cuestionar la providencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Para el DPS (índice 12 de Samai) la providencia cuestionada no adolece de los defectos
sustantivo, procedimental o desconocimiento del precedente jurisprudencial, sino que por
el contrario se ajustó al ordenamiento legal y al precedente jurisprudencial aplicable.
La parte actora no puede pretender usar la acción de tutela como una tercera instancia
para revisar las decisiones adoptadas por el juez competente de la causa, sin acudir al
recurso extraordinario de revisión y después de haberse agotado un procedimiento
establecido en la Ley para el efecto.
II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) delimitación del asunto y 3) el
caso concreto.
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00288-00
Actor (a): Juan Carlos Iriarte Quiroga
Acción de tutela
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con
ocasión de la providencia del 3 de julio de 2025.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará improcedente
la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las
siguientes razones:
La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias judiciales
Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.
En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos
los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia de
los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.
Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales se
la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una genuina,
verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00288-00
Actor (a): Juan Carlos Iriarte Quiroga
Acción de tutela
En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.
En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente3, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez constitucional
sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de la
legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional que afecte
derechos fundamentales de las partes involucradas.
De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole
constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un
derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales
de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma
procesal4”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de
manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.
En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se había
planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca
una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la
intención de revivir los términos procesales”.
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Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.
4
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00288-00
Actor (a): Juan Carlos Iriarte Quiroga
Acción de tutela
En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña una
exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con invocar,
en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la carga de
explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada comporta una
restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado por el Consejo
de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la que se dispuso
que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales5”, enfatizando
en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so
pena de rechazo o improcedencia.
En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional
fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola
invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho
fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de
naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir
a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos
desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un
derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada” de tales derechos:
“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”.6
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
6
Ibidem.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00288-00
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Acción de tutela
En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples
desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la
decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.
Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019, determinó
que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las decisiones
de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano que la
intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de cuestionar
la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por encontrarse en
desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho mecanismo carece de
una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.
El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo del
actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con miras
a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura, específicamente,
con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la consecuencia lógica
es que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces improcedente pues en esa
hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no compromete directamente
mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente a los jueces ordinarios,
quienes fueron investidos por el legislador de precisas facultades para ello.
El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una genuina
y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales, en orden
a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de vaciar de
contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de tutela no
puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias proferidas
por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento dirigido a reemplazar o
arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser contenido.
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Actor (a): Juan Carlos Iriarte Quiroga
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En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128
de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción de tutela
reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela debe
trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación
o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede
limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de proyección
constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave,
concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión
judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión
dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el
proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.
Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción
para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo establecido
por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta hipótesis
comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto
de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios.” (negrillas adicionales).”7.
En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio que
condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara y específica,
que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación razonable y
comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.
En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al
juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones probatorias
o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o privados; únicamente
7
Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel
Cabo.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00288-00
Actor (a): Juan Carlos Iriarte Quiroga
Acción de tutela
cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de los defectos alegados
en el caso concreto.
2.1 La falta de relevancia constitucional en el caso concreto
1) En el presente caso se invocaron como causales específicas de procedibilidad contra
providencias judiciales el defecto fáctico, el defecto sustantivo y el desconocimiento del
precedente judicial, en relación con la sentencia proferida por Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se revocó la decisión de primera
instancia que había accedido a las pretensiones de nulidad y restablecimiento del
derecho.
2) En cuanto al defecto fáctico, se sostuvo que la autoridad judicial accionada realizó una
valoración probatoria irrazonable y contraevidente, al restar eficacia demostrativa a la
declaración de parte, a los testimonios practicados y a los documentos aportados al
proceso –entre ellos, correos electrónicos institucionales, circulares internas y actos
administrativos relacionados con horarios y funcionamiento de la entidad–, elementos,
que apreciados en conjunto, acreditaban la existencia de subordinación real y continuada,
por lo que la conclusión adoptada en la sentencia cuestionada desconoció el alcance
probatorio de dichos medios de convicción.
3) Respecto del defecto sustantivo, se adujo que la providencia impuso un estándar
probatorio inconstitucional para el reconocimiento del contrato realidad, al exigir la
demostración de órdenes individualizadas o manifestaciones formales del poder
disciplinario como condición necesaria para estructurar la subordinación. En criterio del
accionante, tal exigencia desnaturaliza el principio de primacía de la realidad y desconoce
que la subordinación puede acreditarse mediante indicios, entre ellos el control del
tiempo, la inserción en la organización institucional y la prolongación sucesiva de los
contratos de prestación de servicios.
4) Finalmente, bajo la causal de desconocimiento del precedente judicial, se afirmó que
la sentencia se apartó sin justificación de la jurisprudencia constitucional y del propio
Consejo de Estado en materia de contrato realidad, particularmente en lo relativo a la
eficacia de la prueba indiciaria y a la incidencia de la solución de continuidad entre
contratos sucesivos.
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Actor (a): Juan Carlos Iriarte Quiroga
Acción de tutela
5) No obstante lo anterior, la Sala advierte que la acción de tutela no satisface el requisito
general de procedencia relativo a la relevancia constitucional, en efecto, los
planteamientos formulados por la parte actora, aun cuando se presentan bajo la
invocación de defectos específicos, no plantean un problema iusfundamental autónomo
ni evidencian la configuración de un yerro judicial ostensible, manifiesto o arbitrario que
comprometa directamente el núcleo esencial de los derechos fundamentales invocados.
6) En efecto, la sentencia cuestionada, luego de efectuar un ejercicio explícito de
valoración integral del material probatorio, concluyó que en el caso concreto no se
demostró el desbordamiento de las condiciones pactadas en los contratos de prestación
de servicios ni la configuración de un vínculo laboral encubierto. Tal determinación fue
adoptada con fundamento en el análisis individual y conjunto de los medios de convicción
allegados al proceso.
7) De este modo, lo que se plantea en la acción de tutela no es la ausencia de
pronunciamiento ni la omisión de análisis por parte del juez natural, sino el desacuerdo
con la apreciación probatoria realizada.
8) Sin embargo, la valoración de los medios de convicción y la determinación del alcance
probatorio de cada elemento constituyen manifestaciones propias de la autonomía e
independencia judicial, garantizadas por el artículo 230 de la Constitución Política, de
modo que la acción de tutela no puede erigirse en una tercera instancia destinada a
reabrir el debate probatorio ni a sustituir el criterio razonado del juez natural por otro que
resulte más favorable a los intereses de la parte actora.
9) Mientras la decisión se encuentre debidamente motivada, como ocurre en este caso,
el desacuerdo con la conclusión alcanzada no adquiere, por sí mismo, dimensión
constitucional, en consecuencia, la controversia planteada se sitúa en el ámbito propio
de la legalidad y no supera el umbral de relevancia constitucional exigido para habilitar la
intervención excepcional del juez de tutela.
10) Ahora bien, en cuanto al defecto sustantivo, se observa que los planteamientos que
sustentan este reparo, en realidad, también se circunscriben a cuestionar otro aspecto
de la valoración de las pruebas que hizo el juez natural de la causa, lo cual refuerza la
falta de relevancia constitucional.
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11) Por otra parte, y particularmente frente al desconocimiento del precedente judicial, la
Sala considera que la censura no estructura un problema constitucional autónomo
derivado de la inobservancia de una regla jurisprudencial vinculante, sino que se dirige a
controvertir las conclusiones a las que arribó el juez natural respecto de la acreditación
del elemento de subordinación y del alcance de las interrupciones contractuales en el
caso concreto.
12) En todo caso, si se tuviera por superado este requisito, lo cierto es que la providencia
cuestionada hizo referencia expresa, entre otras, a la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 2021 y desarrolló el análisis correspondiente con fundamento en el
material probatorio obrante en el proceso y de cara a las circunstancias particulares del
caso concreto.
13) En ese contexto, la inconformidad planteada no trasciende el ámbito propio del
debate jurídico ordinario y, por consiguiente, este reparo tampoco supera el requisito de
relevancia constitucional exigido para la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales.
14) Tales planteamientos no trascienden el ámbito de una discrepancia estrictamente
probatoria y procesal frente a la forma como el juez natural valoró los medios de
convicción, pues no evidencian, prima facie, una afectación directa del núcleo esencial
del debido proceso, más allá de la insistencia del demandante en sostener que las
pruebas o indicios daban cuenta de que sí hubo subordinación, discusión que fue
debidamente abordada en la sentencia cuestionada, razón por la cual no satisface el
requisito de relevancia constitucional exigido para la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales.
15) En ese orden de ideas, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la
referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir
un debate probatorio que era propio del proceso ordinario y al juez constitucional le está
vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.
16) Lo anterior recobra mayor sentido si se tiene en cuenta que la providencia atacada
fue expedida por una Alta Corte, eventos en los cuales el análisis de procedibilidad debe
ser mucho más riguroso en orden a establecer si se incurrió en una actuación a todas
luces arbitraria e ilegítima, así:
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Actor (a): Juan Carlos Iriarte Quiroga
Acción de tutela
“[L]a tutela en contra de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte,
exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los jueces
constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en estricto respeto
a la independencia de los jueces ordinarios ”.
17) En esa medida, única y exclusivamente cuando se advierta prima facie que la
providencia proferida por un tribunal de cierre contiene una decisión abiertamente
incompatible con la Constitución la tutela será procedente, sin que en ningún caso la mera
diferencia de criterios constituya una razón válida para justificar la intervención del juez
constitucional, por cuanto:
“La tutela contra providencias judiciales de las altas Cortes es más restrictiva,
en tanto: ‘sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por
la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos
fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto
es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa
intervención del juez constitucional. En los demás eventos los principios de
autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de órganos
supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las
interpretaciones y valoraciones probatorias aún cuando el juez de tutela pudiera
tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión”.
18) En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las razones hasta aquí
expuestas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
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Acción de tutela
2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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