Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00291-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00291-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00291-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00291-01
Accionantes: Inés Bernarda Serna de Córdoba
Accionado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala resuelve la impugnación presentada contra la sentencia proferida el 12 de marzo
de 2026 por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la
improcedencia de la demanda de tutela por falta del requisito de inmediatez.
SÍNTESIS1
La accionante cuestiona la sentencia proferida el 9 de agosto de 2023 por la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se revocó la decisión
de primera instancia, y en su lugar, negó las pretensiones de la demanda del medio de
control de reparación directa presentado contra la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional y el municipio de Lloró, Chocó con el fin de que se les declarara
patrimonialmente responsables por los perjuicios sufridos con ocasión de la muerte del
señor Enemecio Córdoba Garrido en ejercicio de sus funciones como inspector de
policía.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 16 de enero de 2026, la señora Inés Bernarda Serna de Córdoba presentó una
demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y vida digna,
los cuales, a su juicio, fueron vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 9 de
agosto de 2023 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante la cual se revocó la providencia de primera instancia emitida el 10 de mayo de
2016 por el Tribunal Administrativo del Chocó, y en su lugar, negó las pretensiones de
la demanda dentro del proceso de reparación directa núm. 27001-23-31-000-2003-
00646-00/01.
2. La accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
Tutelar los derechos Fundamentales AL DEBIDO PROCESO, LA VIDA EN CONDICINES
DIGNAS, AL ACCESO LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, AL PRINCIPIO DE
LEGALIDAD Y DERECHO A LA DEFENSA DE: Inés Bernarda Serna de Córdoba,
1
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Reparación directa / Confirma improcedencia / Inmediatez
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00291-01
Accionante: Inés Bernarda Serna de Córdoba
Se confirma la sentencia de primera instancia
Yasmina Córdoba Serna y Luz Manuela CórdobaSerna.
Que se deje sin efectos la sentencia proferida por EL CONSEJO DE ESTADO de La
Ciudad de Bogotá el día 9 de agosto de 2023, Dentro el Proceso de DEMANDA DE
REPARACION DIRECTA.
ORDENAR AL CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTECIO ADMISTRATIVO
SECCIONTERCERA SUBSECCION A DE Bogotá, que, en el término de esta
providencia, profiera una nueva sentencia dentro del proceso DEMANDA DE
REPARACION DIRECTA, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la ley y
la jurisprudencia que versa sobre la presente Litis.2
B. Hechos
3. Los señores Diego Luis Córdoba Serna, Inés Bernarda Córdoba Serna, Diana
Córdoba Serna, Yasmina Córdoba Serna y Luz Manuela Córdoba Serna presentaron
una demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y el municipio de Lloró, Chocó con el fin de
que se les declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios sufridos con
ocasión de la muerte del señor Enemecio Córdoba Garrido en ejercicio de sus funciones
como inspector de policía, toda vez que fue víctima de homicidio por miembros de
grupos armados ilegales debido a una falta de protección por parte de la fuerza pública.
4. Mediante sentencia del 10 de mayo de 2016, el Tribunal Administrativo de Chocó
accedió a las pretensiones de la demanda, tras advertir que la muerte del señor Córdoba
constituía un caso de violación a los derechos humanos, por lo cual se configuró un
daño antijurídico imputable al Estado a título de falla en el servicio, por no haberle
brindado protección al señor Córdoba y por la omisión de la protección a la población
civil que permitió la injerencia de un grupo al margen de la ley en el contexto del conflicto
armado.
5. El 9 de junio de 2017, la Nación – Ministerio de Defensa -Ejército Nacional presentó
recurso de apelación y solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, por
cuanto hubo un error en la valoración probatoria y en la imputación de responsabilidad,
en particular, alegó que el asesinato del señor Córdoba no era previsible ni resistible,
por el contrario, fue un hecho ajeno que imposibilitó la imputación del daño.
6.Por medio de sentencia del 9 de agosto de 2023, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado revocó la decisión de primera instancia, y en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda por hecho exclusivo del tercero, al advertir que la
muerte del señor Cordoba provino del actuar de terceros ajenos al Estado en un
contexto de riesgo generalizado, ausente de amenazas personales, claras y directas,
por lo cual el daño fue un hecho imprevisible, irresistible y libre de falla en el servicio.
C. Fundamentos de la vulneración
7. La accionante considera que se vulneraron los derechos al debido proceso, acceso
a la administración de justicia, defensa, vida en condiciones dignas y el principio de
legalidad.
2
Índice 2 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00291-01
Accionante: Inés Bernarda Serna de Córdoba
Se confirma la sentencia de primera instancia
8. Alegó que la administración municipal fue negligente respecto la presencia de los
grupos armados al margen de la ley en el corregimiento de las Hamacas, pues omitió
solicitar protección del Ejército Nacional para salvaguardar los derechos fundamentales
de la comunidad, máxime cuando el señor Córdoba, en su calidad de inspector de
policía, informó al alcalde la presencia de estos grupos subversivos.
9. A su vez, señaló que su familia es víctima de desplazamiento forzado en el
corregimiento de las Hamacas, municipio de Lloró, Chocó, pues fueron despojados de
sus pertenencias y tierras después del fallecimiento del señor Córdoba Garrido.
10. Manifestó que se encuentra en una condición de extrema pobreza, ya que no tiene
los recursos económicos para mantener a su familia, debido a que el sustento de su
hogar estaba bajo la titularidad del señor Córdoba.
D. Trámite procesal
11. La señora Inés Bernarda presentó la demanda de tutela en nombre propio y en
representación de sus hijas Yasmina Córdoba Serna y Luz Manuela Córdoba Serna, no
obstante, en el proceso ordinario se observó que la señora Luz Manuela nació el 30 de
octubre de 1975, por lo cual había una falta de certeza en la calidad en la que actuaba
la demandante.
12. Mediante auto del 22 de enero de 20263, se requirió a la señora Inés Bernarda Serna
de Córdoba para que (se transcribe): (i) aporte la documentación correspondiente que
acredite que Yasmina Córdoba Serna y Luz Manuela Córdoba Serna son efectivamente
sus hijas; (ii) informe si, quienes asegura son sus hijas, son menores o mayores de
edad; (iii) precise en que calidad presenta la acción de tutela respecto de quienes
asegura son sus hijas.
13. Por medio de escrito presentado el 29 de enero de 20264, la señora Inés Bernarda
insistió en que actúa en nombre propio y en representación de sus hijas Yasmina
Córdoba Serna y Luz Manuela Córdoba Serna. Además, aportó sus registros civiles de
nacimiento y sus cédulas de ciudadanía, documentos que acreditan que son hijas de la
señora Inés Bernarda y que son mayores de edad.
14. Mediante auto del 5 de febrero de 20265, la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió la demanda y ordenó notificar a la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, y en calidad de terceros con interés al Tribunal Administrativo del
Chocó, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejercito Nacional, municipio de
Lloró, Chocó, a los señores Diana Córdoba Serna, Yasmina Córdoba Serna, Diego Luis
Córdoba Serna y Luz Manuela Córdoba, para que, rindieran un informe sobre los hechos
objeto de la demanda de tutela.
E. Oposiciones e intervenciones
15. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado6 (accionado) señaló
3
Índice 4 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
4
Índice 8 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
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Índice 10 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
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Índice 21 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00291-01
Accionante: Inés Bernarda Serna de Córdoba
Se confirma la sentencia de primera instancia
que la demanda de tutela no tiene vocación de prosperidad, por cuanto no se satisfacen
los requisitos de inmediatez y relevancia constitucional. Resaltó que la decisión de
segunda instancia se fundamentó en el acervo probatorio allegado al proceso ordinario,
los lineamientos jurisprudenciales y normativos aplicables al caso concreto y con estricto
apego a las garantías procesales, por lo cual no se configuró ningún defecto.
16.El Tribunal Administrativo del Chocó7 (tercero con interés) remitió copia del
expediente digital núm. 27001-23-31-000-2003-00646-00/01.
17. El Ministerio de Defensa Nacional8 (tercero con interés) señaló que la solicitud de
amparo no cumple con el requisito de inmediatez, debido a que la decisión cuestionada
fue proferida el 9 de agosto de 2023 y la demanda de tutela se presentó casi dos años
después, por lo cual es evidente que se superó el término de 6 meses. Agregó que la
parte accionante no superó los requisitos específicos de procedencia, ya que no acreditó
la vulneración de sus derechos fundamentales y tampoco explicó ningún defecto para
habilitar el estudio de la acción constitucional. Así, solicitó que se nieguen las
pretensiones de la demanda.
18. Mediante memorial allegado el 20 de febrero de 2026 9, la señora Inés Bernarda
allegó distintas pruebas documentales – declaraciones extrajudiciales, orientadas a
acreditar, entre otros, que el señor Enemecio Córdoba Garrido ejercía el cargo de
inspector de policía en el corregimiento de Hamacas - Lloró, Chocó, que era el principal
apoyo económico de su núcleo familiar y que fue asesinado por un grupo armado al
margen de la ley.
19. El municipio de Lloró, Chocó y los señores Diana Córdoba Serna, Yasmina Córdoba
Serna, Diego Luis Córdoba Serna y Luz Manuela Córdoba fueron debidamente
notificados10, sin embargo, guardaron silencio.
F. Sentencia impugnada
20. Mediante sentencia del 12 de marzo de 202611, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, tras determinar que no se
satisfizo el requisito de inmediatez y declaró la falta de legitimación en la causa por
activa de la señora Inés Bernarda Serna de Córdoba para presentar demanda de tutela
en nombre de sus hijas mayores, las señoras Yasmina Córdoba Serna y Luz Manuela
Córdoba Serna.
21. Adicionalmente, indicó que en los casos que se cuestionan providencias judiciales,
por regla general, la demanda de tutela debe presentarse dentro de los 6 meses
siguientes a la notificación de la providencia que se controvierte.
22.Explicó que en el presente trámite constitucional se excedió dicho término, por
cuanto la accionante cuestionó la sentencia proferida el 9 de agosto de 2023 por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la cual fue notificada el 1°
7
Índice 23 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
8
Índice 24 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
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Índice 30 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
10
Índice 13 y 25 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
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Índice 33 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00291-01
Accionante: Inés Bernarda Serna de Córdoba
Se confirma la sentencia de primera instancia
de septiembre de 2023 y presentó la demanda de tutela el 19 de enero de 2026.
23. En ese sentido, determinó que no se superó el requisito de inmediatez, pues la
acción constitucional fue interpuesta extemporáneamente. Adicional a ello, manifestó
que la accionante no expuso ningún motivo que justifique su inactividad en la
presentación de la acción de tutela en un término razonable y prudente y agregó que
tampoco se advirtió que la demandante se encuentre en condiciones de debilidad
manifiesta, ni se evidenció algún motivo que explique la presentación tardía de la
solicitud de amparo.
24. Finalmente, estableció la señora Inés Bernarda está legitimada en la causa por
activa para presentar demanda de tutela en nombre propio, pero no tiene facultad para
representar los intereses de sus hijas mayores de edad.
G. Impugnación
25. Mediante escrito presentado el 24 de marzo de 202612, la accionante impugnó la
decisión de primera instancia proferida el 12 de marzo de 2026 por la Sección Primera
del Consejo de Estado y solicitó que se revoque la providencia judicial, y en su lugar, se
tutelen los derechos fundamentales invocados.
26.Señaló que es una persona de la tercera edad que se encuentra en una condición
de extrema pobreza y debilidad manifiesta debido a que no cuenta con los recursos
económicos para proveer a su familia, toda vez que no tiene un trabajo formal y tampoco
cuenta con una renta fija, pues el sustento de su familia provenía de su esposo, el señor
Córdoba Garrido. Indicó (se transcribe):
Según el DANE, un hogar se considera pobre si el total de los ingresos (salarios,
rentas, pensiones, entre otros), al dividirse sobre el número de miembros de ese
hogar (padres, hijos, abuelos), es inferior a $ 331.688 pesos mensuales per cápita,
y pobre extremo, si ese monto es inferior a $ 145.004 pesos mensuales per cápita.
Es decir, un hogar de cuatro personas se clasifica como pobre, si sus ingresos son
menores a $1.326.752 mensuales, y aquellos hogares cuyos ingresos son inferiores
a $ 580.060 pesos mensuales, se catalogan en condición de pobreza extrema.
27. A su vez, allegó un certificado emitido por la Unidad para las Víctimas mediante el
cual consta su inscripción en el Registro Único de Víctimas por los hechos victimizantes
de homicidio y desplazamiento forzado ocurridos en los municipios de Quibdó y Lloró,
respectivamente, en septiembre de 2001.
II. CONSIDERACIONES
H. Competencia
28. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver, en segunda instancia, la demanda de tutela interpuesta por la señora Inés
Bernarda Serna de Córdoba contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política,
12
Índice 37 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00291-01
Accionante: Inés Bernarda Serna de Córdoba
Se confirma la sentencia de primera instancia
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado
(Acuerdo 80 de 2019).
I. Cuestión Previa
29. En la medida en que la impugnación se dirigió únicamente a cuestionar la decisión
relacionada con el requisito de inmediatez, la Sala limitará su análisis a ese aspecto.
J. Sentido de la decisión
30. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la
demanda de tutela, por cuanto no se satisfizo el requisito de inmediatez. En ese sentido,
y por razones metodológicas, en esta providencia no se hará la verificación de los demás
requisitos de procedencia de la demanda de tutela13.
K. El requisito de inmediatez
31. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela puede
presentarse “en todo momento y lugar”, lo que implica que no se encuentra sometida a
un término de caducidad. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional14 ha reiterado que
dicho carácter no exime al accionante del cumplimiento del requisito de inmediatez, en
virtud del cual la solicitud de amparo debe presentarse dentro de un término razonable y
proporcionado entre la ocurrencia de los hechos que presuntamente vulneraron los
derechos fundamentales y la interposición de la demanda.
32. En ese sentido, la exigencia de inmediatez responde a la naturaleza urgente y
residual de la tutela, pues su finalidad es brindar una protección inmediata respecto las
vulneraciones inminentes de derechos fundamentales y no reabrir controversias que ya
se han consolidado en el tiempo. En consecuencia, el mecanismo constitucional no
puede ejercerse de manera indefinida, pues ello comprometería la seguridad jurídica y
desnaturalizaría su función como mecanismo de protección inmediata.
33. Por tal razón, aun cuando no existe un término fijo o preestablecido para evaluar el
cumplimiento del requisito de inmediatez, corresponde al juez de tutela examinar las
circunstancias particulares de cada caso y determinar, en atención a ellas, si la demanda
fue promovida dentro de un término razonable. Lo anterior, bajo el presupuesto que, en
13
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente
relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de
2005).
14
Corte Constitucional. Sentencias T-461 de 2019, T-422 de 2025 y T-246 de 2015.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00291-01
Accionante: Inés Bernarda Serna de Córdoba
Se confirma la sentencia de primera instancia
el caso concreto, se presenten circunstancias que expliquen razonablemente la tardanza
en el ejercicio del mecanismo constitucional, a saber:
(i) [Ante] La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por
ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o
imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia
de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente
las circunstancias previas, entre otras.
(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación desfavorable
como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es actual. Lo que
adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es
imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de
que se trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera, en
realidad, una protección inmediata.
(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable
resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se
encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo
13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra
ellas se cometan.15
34. La Corte Constitucional16 ha sido reiterativa respecto a la protección de la seguridad
jurídica, la certeza sobre las decisiones judiciales y la autonomía de los jueces, razón por
la cual la tutela contra providencias judiciales se erige como un recurso excepcional y su
análisis debe ser más estricto, con el fin de no transgredir los principios de cosa juzgada
y seguridad jurídica, debido a que:
la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de la controversia
constitucional que en cualquier momento, sin límite de tiempo, pudiera iniciar cualquiera
de las partes. En un escenario de esta naturaleza nadie podría estar seguro sobre cuales
son sus derechos y cual el alcance de éstos, con lo cual se produciría una violación del
derecho de acceso a la administración de justicia – que incluye el derecho a la firmeza y
ejecución de las decisiones judiciales – y un clima de enorme inestabilidad jurídica.17
35. Por otra parte, en concordancia con los precedentes fijados por la Corte
Constitucional, el Consejo de Estado ha adoptado como regla general un término de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según
corresponda, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se
ejerce oportunamente, así:
Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto
jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios
y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad
de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
15
Corte Constitucional. Sentencia T-087 de 2018.
16
Corte Constitucional. Sentencia SU 108 DE 2018.
17
Corte Constitucional. Sentencia T-315 de 2005.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00291-01
Accionante: Inés Bernarda Serna de Córdoba
Se confirma la sentencia de primera instancia
La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el
plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional
y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional.18
L. El caso concreto
36. La accionante pretende que se deje sin efectos la sentencia proferida el 9 de agosto
de 2023 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la cual fue
notificada por edicto electrónico el 1° de septiembre de 2023, según consta en el índice
30 del expediente digital del aplicativo Samai correspondiente al proceso de reparación
directa núm. 27001-23-31-000-2003-00646-01.
37. La Sala advierte que la demanda de tutela no supera el requisito de inmediatez, por
cuanto la presentación de la solicitud de amparo excedió el término de seis meses
establecido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado,
cuyo cómputo inicia desde la ejecutoria de la providencia atacada. En adición, como
bien lo afirmó el a quo constitucional, no se evidencia razón alguna que justifique la
demora en la interposición de la acción constitucional.
38. En efecto, resulta evidente que la accionante excedió ampliamente el término de
seis meses fijado por la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa para
la presentación oportuna de la demanda de tutela contra providencia judicial. En efecto,
entre la notificación de la decisión que cuestiona la señora Inés Bernarda (1° de
septiembre de 2023) y la presentación de la demanda de tutela (16 de enero de 2026)
transcurrió un lapso superior a dos años.
39. La Sala reconoce que la jurisprudencia ha admitido, de manera excepcional, la
flexibilización del término de seis meses para la presentación de la demanda de tutela
contra providencias judiciales, sin embargo, tal flexibilización únicamente ha sido
reconocida en los supuestos citados en el párrafo núm. 33 de esta providencia.
40. No obstante, ni en el escrito de tutela ni en la impugnación se expuso una razón
poderosa que justificara la tardía interposición del mecanismo constitucional. La
accionante tampoco alegó encontrarse en alguno de los supuestos excepcionales
descritos, de manera que la Sala no advierte elementos que permitan flexibilizar el
requisito de inmediatez.
41. Esta Sala, al igual que el juzgador de primera instancia, no desconoce que la parte
accionante alegó que es víctima de desplazamiento forzado, es una persona de la
tercera edad y se encuentra en una condición de pobreza, empero, esas circunstancias
no fueron acompañadas de una explicación concreta sobre la forma en que le impidieron
acudir oportunamente al juez constitucional, por lo tanto, no resultan suficientes para
justificar la inactividad procesal por más de dos años.
42. Permitir el ejercicio del mecanismo constitucional una vez superado el término de
seis meses, sin que medie una justificación suficiente, razonable y objetiva que explique
la inactividad procesal de la accionante o la demora en la interposición de la solicitud de
18
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00291-01
Accionante: Inés Bernarda Serna de Córdoba
Se confirma la sentencia de primera instancia
amparo, conlleva al desconocimiento del requisito de inmediatez, compromete
gravemente los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, desnaturaliza la esencia
urgente y residual del trámite constitucional y desvirtúa la necesidad y premura de
intervención del juez de tutela en el marco del instrumento de protección inmediata de
los derechos fundamentales.
43.Así las cosas, la Sala confirmara la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la demanda de tutela por falta del requisito de inmediatez, toda vez
que la presentación de la solicitud de amparo excedió el término establecido de seis
meses, no se advirtió ninguna razón que flexibilizara el requisito de inmediatez y
tampoco se justificó la demora en la radicación de la solicitud de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 12 de marzo de
2026 por la Sección Primera del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: Una vez notificada, y si no fuese. impugnada, ENVÍESE el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
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