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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-31-000-2003-00646-01

Fecha
9 de agosto de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-31-000-2003-00646-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 10 de mayo de 2016 por el Tribunal Administrativo del Chocó. SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por el hecho exclusivo del tercero. TERCERO: Sin condena en costas. CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 27001-23-31-000-2003-00646-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

9 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 27001-23-31-000-2003-00646-01 (59964)
Actor: Inés Bernarda Serna de Córdoba y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

Temas: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - daños causados por terceros derivados
de la ausencia de protección por parte del Estado – en el presente caso no existen criterios
de imputación frente a la institución demandada / CRIMEN DE LESA HUMANIDAD –
exigencias de conformidad con el Estatuto de Roma – el caso no satisface los requisitos
para brindarle ese alcance.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Chocó que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Se demanda la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte
de un inspector de policía que fue asesinado por miembros de grupos armados
ilegales debido a una supuesta falta de protección por parte de la fuerza pública.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la sentencia proferida el 10 de mayo de 2016 por el Tribunal
Administrativo del Chocó que resolvió la demanda presentada1 por Inés Bernarda
Serna de Córdoba y otros2 contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y el municipio de Lloró, Chocó, con el fin de que se les declare
patrimonialmente responsables por los perjuicios padecidos con ocasión de la
muerte del señor Enemecio Córdoba Garrido, en ejercicio de sus funciones como
inspector de policía municipal.

2. Como fundamento fáctico se expuso que el señor Enemecio Córdoba Garrido
desempeñaba el cargo de inspector de policía del corregimiento de Hamacas del
municipio de Lloró desde el 8 de febrero de 1995.

3. Afirmó que, en 1995 una avalancha cubrió la casa comunal donde operaba la
inspección de policía, por lo que el citado señor, al recibir la orden del municipio,
continuó con la ejecución de sus labores desde su casa, en el horario de 8 A.M. a
12 M y de 2 P.M. a 6. P.M.

1 El 25 de septiembre de 2003, folio 1 c. 1.
2 Diana Córdoba Serna, Yasmina Córdoba Serna, Diego Luis Córdoba Serna, Luz Manuela Córdoba Serna.

Folio 7 c. 1.

Radicación: 27001-23-31-000-2003-00646-01 (59964)
Actor: Inés Bernarda Serna de Córdoba y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

4. En el corregimiento se comenzó a registrar la presencia de grupos armados
ilegales que motivaron al señor Córdoba Garrido y a su hermana María Antonia
Córdoba a solicitar verbalmente a las autoridades municipales la adopción de
medidas de seguridad que protegieran su vida e integridad, no obstante, nunca
tuvieron respuesta.

5. El 26 de septiembre de 2001, miembros de un grupo armado ilegal irrumpieron
en la casa del señor Córdoba Garrido, lo sacaron violentamente y lo trasladaron al
río “Andagueda” donde le causaron la muerte con arma de fuego.

6. Con fundamento en esta situación fáctica, se afirmó que la Nación – Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional y el municipio de Lloró debían resarcir los perjuicios
derivados de la muerte del señor Córdoba Garrido, a título de falla en el servicio,
en atención a que se produjo por la falta de adopción de medidas de seguridad que
evitaran ese resultado y, por ende, supuso el incumplimiento del mandato
constitucional de garantizar la vida e integridad de las personas, en especial, de un
servidor público que se encontraba en ejercicio de sus funciones3.

La defensa

7. El Ejército Nacional solicitó despachar negativamente las pretensiones con
fundamento en las excepciones de ausencia de fundamento jurídico de imputación
y hecho de un tercero. Para tal efecto indicó que las funciones que la Constitución
y la Ley asignan comprenden la defensa de la soberanía, la independencia, la
integridad territorial y el orden constitucional pero no la protección y seguridad de
las personas individualmente consideradas ni la adopción de medidas de seguridad
urbana, de ahí que, ante la falta de un mandato legal que pudiera entenderse
incumplido, no era posible admitir como imputable el daño; además, explicó que la
muerte del señor Córdoba Garrido fue causada por personal ajeno a la institución
militar, comportamiento de un tercero que desestructura la imputación que se
plantea y que tampoco podría soportarse a título de omisión, pues en un contexto
de violencia generalizada, todas las personas están expuestas a riesgo de daños,
sin que el Estado pueda disponer de agentes para cada una de ellas para impedir
su concreción4.

8. El municipio de Lloró no se pronunció.

3 Folio 8 c. 1.
4 Folios 333 a 357 c. 1.

2

Radicación: 27001-23-31-000-2003-00646-01 (59964)
Actor: Inés Bernarda Serna de Córdoba y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

Los alegatos

9. Vencida la etapa probatoria5, el Ejército Nacional6 y la parte demandante7
reiteraron lo expuesto en la demanda y su respectiva contestación. El Ministerio
Público solicitó negar las pretensiones, por falta de fundamento de imputación
jurídica y fáctica8.

La decisión recurrida

10. Al dictar sentencia, el Tribunal Administrativo del Chocó accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda, así (se transcribe literalmente):

“PRIMERO: DECLÁRANSE NO probadas las excepciones planteadas por la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, conforme con la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLÁRASE administrativa y patrimonialmente responsable a la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por los perjuicios que
sufrieron los demandantes, como consecuencia del homicidio de que fue
víctima el señor Enemecio Córdoba Garrido el día 26 de septiembre de 2001.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE a la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar por concepto de perjuicios
morales, las siguientes cantidades:

TRESCIENTOS (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de
cada una de los que a continuación se relacionan: Inés Bernarda Serna de
Córdoba, Yasmina Córdoba Serna y Luz Manuela Córdoba Serna.

CUARTO: CONDÉNESE a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional a pagar por concepto de perjuicios materiales (lucro cesante
consolidado y futuro) las siguientes cantidades:

A. Para la señora Inés Bernarda Serna Córdoba en calidad de esposa de la
víctima la suma de DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CIENTO
CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($223’143.469,40)

5 Como pruebas se tuvieron las allegadas por las partes, correspondientes a partida de matrimonio, registros

civiles de defunción y nacimiento, acta de levantamiento de cadáver, informe de necropsia, Protocolo de
Necropsia del señor Córdoba Garrido, copia de múltiples piezas documentales del expediente 1277-136734 de
la Unidad de Vida de la Fiscalía Segunda, abierto con ocasión del homicidio del citado señor, auto del 26 de
septiembre de 2001, proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Lloró, Esquema del Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, sentencia del 8 de noviembre de 2004, proferida por el Juzgado Primero Penal del
Circuito de Quibdó por el homicidio del señor Córdoba Garrido, certificaciones del municipio de Lloró sobre el
ejercicio como inspector de policía y la prestación de sus servicios en su lugar de habitación y declaraciones
extraprocesales de Roberto Garrido Garrido, ver auto de pruebas a folio 366 c. 1.
6 Folios 411 a 433 c. 1.
7 Folios 434 a 436 c. 1.
8 Folios 440 a 450 c. 1.

3

Radicación: 27001-23-31-000-2003-00646-01 (59964)
Actor: Inés Bernarda Serna de Córdoba y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

B. Para la señora Yasmina Córdoba Serna en calidad de hija de la víctima la
suma de DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y TRES PESOS CON TRECE CENTAVOS ($12’182.273,13)

C. Para la señora Luz Manuela Córdoba Serna en calidad de hija de la víctima
la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL
SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVO
($77’223.605,61).

QUINTO: NIEGUENSE las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: CONDÉNESE a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
a la reparación simbólica por la violación de los Derechos Humanos y al
Derecho Internacional Humanitario de los actores, para lo cual de conformidad
con la parte motiva de esta providencia, cumplirán la siguiente medida no
pecuniaria:

1) El Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional publicarán la
presente sentencia por todos sus medios electrónicos, redes sociales y página
web de las entidades, por un período de seis (6) meses, contados desde la
ejecutoria de la presente providencia;

2) Con el ánimo de cumplir los mandatos de los artículos 1, 2, 11, 16, 29, 42,
90, 93 y 214 de la Carta Política, 1.1, 2, 4 y 5 de la Convención Americana de
Derechos Humanos y la normativa que se dejó relacionada, se remite la
presente providencia a la Fiscalía General de la Nación para que revise en la
Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario si hay
lugara reabrir y continuar la investigación contra la organización ilegal Ejército
de Liberación Nacional ‘ELN’ en sus mandos o jefaturas nacionales y
regionales, en cuanto participaron en la comisión de las violaciones de
Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario cometidas contra
la población civil, víctima del presente asunto y consistentes en a) la violación
del derecho a la vida, b) violación del derecho a la integridad personal, c)
violaciones a las normas de los Convenios de Ginebra, d) uso de armas no
convencionales, etc., y todas aquellas que se desprendan de los hechos
ocurridos con ocasión del homicidio del señor Enemecio Córdoba Garrido,
quien se desempeñaba como Inspector de Policía del corregimiento las
Hamacas del municipio de Lloró el 26 de septiembre de 2001.

3) Se ordenará remitir copia de esta providencia y de los elementos esenciales
del expediente a la Fiscalía General de la Nación, Unidad de Derechos
Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, para que se investigue la
comisión del delito de toma de rehenes por parte del Ejército de Liberación
Nacional en los hechos acaecidos aquí memorados, así como de la privación
de la vida que inmolaron;

4) Exhortar al Estado para que dentro del marco de la Ley 1448 de 2011 y de
sus decretos reglamentarios, estudie la situación de cada uno de los
integrantes de la familia que hoy demanda, para establecer si pueden recibir
beneficios relativos al restablecimiento de la estructura familiar que resultó
vulnerada por hechos que desencadenaron en el 26 de septiembre de 2001;

5) Se ordenará que por Secretaría de la Corporación se remita una copia de
esta sentencia al señor Director del Centro Nacional de Memoria Histórica y al
4

Radicación: 27001-23-31-000-2003-00646-01 (59964)
Actor: Inés Bernarda Serna de Córdoba y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

Director del Archivo General de la Nación, con el fin de que haga parte de su
registro, y contribuya a la construcción documental del país que busca
preservar la memoria de la violencia generada por el conflicto armado en
Colombia y reparación integral de las víctimas;

6) Por lo demás, la inacción de estos servidores públicos abrieron el abanico
para que los actos previstos por los organismos policiales y militares regionales
no solo se concretaran y extendieran en el tiempo, sino que con sus conductas
se abrió paso al indebido menoscabo -del erario público correspondiente a las
indemnizaciones que se reconocen, por ello, es criterio de la Sala que tal
conducta aparece nítida como dolosa y permisiva, sin fundamento alguno y
pueden por ello responder en repetición por los costos que sus entidades
deben sufragar para restituir las cosas a su estado anterior, en cuanto fuere
posible;

7) Los señores Ministros de Defensa Nacional, el señor Comandante de las
FF.MM y el señor Comandante del Ejército Nacional REALIZARÁN una
declaración oficial a través de un periódico de amplia circulación nacional y en
uno de amplia circulación regional en el departamento del Chocó en donde se
deberá informar que el homicidio causado al señor Enemecio Córdoba Garrido
cuando ejercía el cargo de Inspector de Policía del corregimiento de Hamacas
en el municipio de Lloró, perpetrado por los grupos armados ilegales del
Ejército de Liberación Nacional, tuvo ocasión por omisión del Estado, en
cumplir sus funciones encomendadas al Ministerio de Defensa Nacional y los
Comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército Nacional, para el efecto,
se ALLEGARÁ copia de dicha publicación a esta Corporación con la mención
del número del expediente, número de radicación y nombre de cada uno de
los integrantes de la parte demandante, dentro de los dos (2) meses siguientes
a la ejecutoria de la presente sentencia.

8) Los Señores Ministros de Defensa Nacional, el señor Comandante de las
FF.MM y el señor Comandante del Ejército Nacional CITARÁN Y
COSTEARÁN el traslado de los demandantes, posibilitados para hacerlo, y en
el seno de la plenaria de la Asamblea Departamental del Chocó, los Ministros
de Defensa Nacional y los Comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército
Nacional pedirán una disculpa pública en nombre del Estado colombiano en la
que se indicará que el homicidio causado al señor Enemecio Córdoba Garrido
cuando ejercía el cargo de Inspector de Policía del corregimiento de Hamacas
en el municipio de Lloró, perpetrado por los grupos armados ilegales del
Ejército de Liberación Nacional, tuvieron ocasión por omisión del Estado, en
cumplir las funciones encomendadas al Ministerio de Defensa Nacional, los
Comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército Nacional, en
consecuencia, reconocerá la responsabilidad del Estado en el presente caso.
Esta medida se llevará a cabo solo si cada una de las víctimas manifiesta
voluntaria y libremente su acuerdo.

SÉPTIMO: CONDÉNESE a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional a pagar en favor de la parte demandante, las costas procesales en
suma equivalente al cinco (5%) de las pretensiones reconocidas en esta
sentencia conforme se indicó en la parte motiva de esta providencia.

5

Radicación: 27001-23-31-000-2003-00646-01 (59964)
Actor: Inés Bernarda Serna de Córdoba y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

OCTAVO: la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional dará
cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, en los términos indicados en los
artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo”9.

11. Para arribar a estas decisiones, el Tribunal comenzó por aclarar que la muerte
del señor Córdoba Garrido se constituía en un caso de grave violación a los
derechos humanos, en la medida en que la imputación se fundaba en la omisión de
protección a la población civil que permitió el actuar delictivo de un grupo al margen
de la ley en el contexto del conflicto armado, de ahí que la exigencia probatoria
fuera más flexible y abriera paso a valorar elementos como las declaraciones extra
juicio no ratificadas, las copias simples de la documental proveniente de los
procesos penales y las copias de los registros civiles de nacimiento y matrimonio.

12. Efectuada la valoración de las pruebas, estimó acreditado que el señor Córdoba
Garrido fue asesinado por miembros del grupo ilegal autodenominado ELN el 26 de
septiembre de 2001 y ese resultado resultaba atribuible al Ejército Nacional, pese
a que no intervino materialmente en el suceso, pues, conforme con informes
militares allegados, tenía pleno conocimiento de la operación de ese grupo ilegal
en el corregimiento de Hamacas, municipio de Lloró y aun así no desplegó ninguna
medida ni tomó acción alguna tendiente a proteger la vida e integridad del citado
señor, quien no las había solicitado expresamente, pero las requería en función de
su condición de inspector de policía de esa jurisdicción desde hace cinco años
antes de su deceso.

13. Según el a quo, conforme con los mandatos convencionales sobre Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario y los designios constitucionales, el
Ejército Nacional tenía la posición de garantía y de seguridad de las personas y en
la medida en que dejó de ejecutar medidas de protección de la población civil y con
ello permitió que subversivos causaran la muerte al señor Córdoba Garrido, no era
admisible la excepción del hecho de un tercero y, en su lugar, configuraba una falla
en el servicio por la que el deceso del ciudadano le resultaba imputable.

14. En sede de perjuicios, señaló que era procedente hacer reconocimientos extra
petita, en atención a la grave violación de derechos humanos que suponía el caso.
Con fundamento en esta premisa, reconoció a favor de Inés Bernarda Serna, como
esposa, Yasmina y Luz Manuela Córdoba Serna, como hijas, 300 SMLMV para
cada una, a título de perjuicios morales.

15. Finalmente, expresó que la gravedad del caso tornaba necesario la adopción
de las medidas no pecuniarias de reparación definidas en la parte resolutiva

9 Folios 490 y 491 c. principal.

6

Radicación: 27001-23-31-000-2003-00646-01 (59964)
Actor: Inés Bernarda Serna de Córdoba y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

transcrita. Condenó en costas, teniendo como parámetro lo definido en el artículo
361 del CGP10.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

Sustentación del recurso de apelación

16. En su apelación, el Ejército Nacional solicitó la revocatoria de la sentencia,
aduciendo errores en la valoración probatoria y en la definición de criterios jurídicos
de imputación de responsabilidad.

17. Expresó que era desacertado afirmar que la condición de inspector de policía
implicaba per se la obligación de adoptar medidas de protección especiales y, por
tanto, para que pudiera llegar a comprometerse la responsabilidad por el actuar de
un tercero ilegal era necesario que se constatara que el señor Córdoba Garrido
había dado noticia de amenazas en su contra o que se encontrara en una situación
de peligro latente, condiciones que no se acreditaron, pues de un lado, aunque se
afirmó en la demanda que el occiso dio aviso verbalmente a las autoridades
municipales del peligro, estas nunca dieron aviso al Ejército Nacional y, de otro, si
bien las autoridades militares tenían conocimiento de la operación de grupos
armados ilegales en el municipio de Lloró, no implicaba que también operaran en
el corregimiento de Hamacas y que representara una amenaza directa, personal y
concreta para el señor Córdoba Garrido, ni siquiera como inspector de policía.

18. Bajo esta premisa, afirmó que el asesinato del señor Córdoba Garrido
correspondió a un ataque furtivo de miembros insurgentes que no era previsible ni
resistible para el Ejército Nacional y, por tanto, se constituye en un hecho ajeno que
imposibilita la imputación del daño.

19. Finalmente, cuestionó la liquidación de perjuicios y las medidas no pecuniarias
de reparación, pues en su sentir la concesión extra petita no fue justificada por el a
quo como tampoco se explicaron las razones de cada una de las medidas de
reparación integral, las cuales de llegar a ser procedentes debían ser impuestas al
municipio de Lloró y no al órgano militar, pues fue la autoridad que recibió las
peticiones de protección verbal a que se refieren en la demanda. Dijo que eran
improcedentes las costas, en atención a que no había prueba de su causación11.

10 Folios 455 a 489 c. 1.
11 Folios 496 a 505 c. principal.

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Radicación: 27001-23-31-000-2003-00646-01 (59964)
Actor: Inés Bernarda Serna de Córdoba y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

Alegatos de segunda instancia

20. Las partes guardaron silencio y el Ministerio Público12 solicitó confirmar la
condena, pero modificar la imposición de las costas.

III. CONSIDERACIONES

21. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a resolver el recurso de apelación.

Objeto de apelación

22. El objeto de pronunciamiento de la Sala se circunscribe a verificar si se
encuentra configurada la responsabilidad patrimonial estatal por una supuesta
omisión de seguridad respecto de la muerte del referido inspector de policía,
causada por miembros de un grupo ilegal o, si se configuró la excepción del hecho
de un tercero alegada por la demandada.

23. Previo a estudiar el caso concreto, es preciso aclarar que todo homicidio
constituye una violación y ofensa a la vida como derecho prístino y objeto de
protección del derecho interno e internacional; sin embargo, para que pueda
tenerse como crimen de lesa humanidad a la par de grave violación a los derechos
humanos y una infracción al Derecho Internacional Humanitario no basta con que
la imputación se funde en una omisión de protección de la población civil por parte
del Estado, sino que se requiere la comprobación de que el daño, en este caso, el
homicidio, haya hecho parte de una comisión conductual generalizada y sistemática
contra la población civil13, como política de una organización de cometer ese ataque
o para promover esa política, conforme se describe en el literal a del artículo 7.2.
del Estatuto de Roma14, exigencia que no está satisfecha en el caso concreto, en
la medida en que no hay evidencia que permita establecer que la muerte del señor

12 Folios 521 a 535 c. principal.
13 Conforme con los lineamientos del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la

protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, 1977.
14 Artículo 7. Crímenes de lesa humanidad. “1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por ‘crimen

de lesa humanidad’ cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado
o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c)
Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad
física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud
sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual
de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos
políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos
universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier
acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición
forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen
intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o
física.
2. A los efectos del párrafo 1: a) Por ‘ataque contra una población civil’ se entenderá una línea de conducta que
implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad
con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política; (...)”.
8

Radicación: 27001-23-31-000-2003-00646-01 (59964)
Actor: Inés Bernarda Serna de Córdoba y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

Córdoba Garrido hizo parte de una política criminal clara y específica de eliminación
de población civil o ataque a un servidor público o agente representativo de
autoridad, pues, de un lado, la testimonial trasladada del señor Francisco Córdoba
Garrido sugiere que fue la condición de informante el móvil determinante del
homicidio del citado señor y, de otro, que no hubo otro motivo sino el mencionado,
el que encontró probado el Juzgado Primero Penal del Circuito de Quibdó para
procesar y condenar al determinador de su homicidio, tal como más adelante se
detallará.

24. Así las cosas, sin perjuicio de la evaluación del caso conforme con los
mandatos convencionales, constitucionales y legales en función al derecho a la vida
y la seguridad personal, es necesario aclarar que no es posible catalogar el caso
como un crimen de lesa humanidad o grave violación de los derechos humanos, en
los términos planteados en sede de primera instancia.

25. Sentado lo anterior, la Sala anticipa que la sentencia de instancia será
revocada, en la medida que la injusta muerte del señor Córdoba Garrido provino
del actuar de terceros ajenos al Estado en un contexto de riesgo generalizado,
ausente de amenazas personales claras y directas que lo tornaron en un hecho
imprevisible, irresistible y libre de falla en el servicio, por lo que, no es atribuible al
Ejército Nacional, tal como pasa a explicarse.

26. Está probado que el señor Enemecio Córdoba Garrido falleció el 26 de
septiembre de 2001 en el corregimiento de Hamacas, municipio de Lloró (Chocó),
como consecuencia de heridas “irremediablemente letales” provenientes de
proyectiles de armas de fuego y golpes con armas cortocontundentes, según
revelan el registro civil de defunción15, el informe16 y el protocolo de necropsia17
practicados. Como también se encuentra acreditado que, para el momento de su
deceso, el citado señor se desempeñaba como inspector de policía de ese
corregimiento desde el 8 de febrero de 1995, según acta de posesión y certificación
allegadas18.

27. En relación con el desenvolvimiento causal de los hechos y las condiciones
modales y circunstanciales del suceso, se encuentran las diversas documentales
del proceso penal 1376-13734, seguido por la Fiscalía Segunda – Unidad
Especializada en delitos contra la vida, la libertad sexual y la dignidad humana, los
informes provenientes de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional y la sentencia del
8 de noviembre de 2004, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Quibdó, que permiten concluir lo siguiente:

15 Folio 16 y 17 c. 1.
16 Folio 85 c. 1.
17 Folios 88 a 95 c. 1.
18 Folio 400 c. 1.

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Radicación: 27001-23-31-000-2003-00646-01 (59964)
Actor: Inés Bernarda Serna de Córdoba y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

28. Para la época de los hechos, toda la jurisdicción del municipio de Lloró era
campo de movilidad y desplazamiento constante de los miembros del Ejército
Revolucionario Guevarista y el Frente Manuel Hernández “El Boche” del Ejército de
Liberación Nacional, según demuestra la orden de batalla cuadrilla Manuel
Hernández “El Boche” elaborada por la Sección de Información y Análisis del CTI y
según confirma el informe allegado por la Cuarta Brigada del Ejército Nacional19, lo
que demuestra que sobre la población existía riesgo de ofensas contra la vida y la
integridad de la población civil.

29. El homicidio del señor fue causado por miembros de este último frente del ELN
por órdenes de uno de sus cabecillas, quien fue procesado en calidad de
determinador por los delitos de homicidio y rebelión, según Resolución 76 del 13
de agosto de 2002, proferida por la Fiscalía Segunda – Unidad Especializada en
delitos contra la vida, la libertad sexual y la dignidad humana20 y condenado por
esos punibles mediante sentencia del 8 de noviembre de 200421, proferida por el
Juzgado Primero Penal del Circuito de Quibdó, con base en orden de batalla
cuadrilla Manuel Hernández “El Boche” elaborada por la Sección de Información y
Análisis del CTI, la certificación de operación de ese grupo insurgente proveniente
de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional y las testimoniales de Antonia y Francisco
Córdoba Garrido, familiares del occiso22. El razonamiento del juez fue el siguiente:

“(…) con los testimonios de la señora Antonia Córdoba Garrido y del señor
Francisco Córdoba Garrido (…) queda claramente demostrado que quienes
dieron muerte al señor ENEMECIO fueron miembros de la célula subversiva
del Ejército de Liberación Nacional ELN (…) quienes expresaron ante los
familiares de aquél, que la razón por la cual lo asesinaron fue porque era
informante del Ejército y de la Policía cuestión que resulta veraz como
expresión fáctica de los facinerosos si se tiene en cuenta que la víctima se
desempeñaba como inspector de policía de las Hamacas, ya que la experiencia
nos enseña que los miembros de un grupo rebelde ‘cobran’ ese tipo de
acciones (las cuales consideran deletéreas para su accionar delincuencial, ya
que a la fuerza pública se le facilita prevenir y contrarrestar su actividad ilícita
en las poblaciones donde hacen presencia en la medida que sus cooperantes
la mantengan informada del movimiento de subversivos por su respectiva
área), con la finalidad de crear como grupo insurgente in efecto intimidatorio en
la comunidad de la región en la que operan, para que ningún otro habitante se

19 Folios 135 y 136 c. 1.
20 Folios 151 a 158 c. 1.
21 Folios 249 y 250 c. 1.
22 Las declaraciones de estas dos personas fueron entregadas ante la Fiscalía Segunda – Unidad Especializada

en delitos contra la vida, la libertad sexual y la dignidad humana y no fueron ratificadas en este proceso, sin
embargo, en atención a que fueron rendidas bajo gravedad de juramento, fueron puestas a disposición de las
entidades demandadas y no fueron objeto de contradicción, son susceptibles de valoración, sin perjuicio del
tamiz de la sana crítica exigible por la condición de familiares del señor Córdoba Garrido equivalente a la de
aquellos que concurren a este juicio.
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Radicación: 27001-23-31-000-2003-00646-01 (59964)
Actor: Inés Bernarda Serna de Córdoba y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

atreva a delatarlos ante las autoridades legítimamente constituidas, por ser este
un comportamiento que ellos ilegítimamente juzgan y sancionan con la pena
capital y en todo caso para que sepan que de hacerlo pueden correr similar
suerte.

(…)

En este orden de ideas y partiendo del entendido que el señor (…) para la
época de los hechos era el primer cabecilla de la renombrada facción
subversiva, tenemos el susodicho en su primera calidad anotada, debe
responder como determinador del delito de homicidio del que da cuenta esta
pesquisa, pues este en su condición de tal, es el que idea, programa, coordina
e imparte a sus comandos las órdenes correspondientes de cara a que se
ejecuten las actividades ilegales que les permitan mantenerse en la realización
de su accionar delictivo insurrecto (influjo psicológico); por tanto, se infiere en
sana lógica jurídica que como líder de la multicitada agrupación subversiva
propició y determinó a sus subalternos para que asesinaran al señor
ENEMECIO, por considerar que este en perjuicio del grupo rebelde en cuestión,
le estaba llevando información al Ejército y a la Policía, de allí que debe
responder como determinador de ese homicidio”23.

30. Está claro, por tanto, que el deceso del señor Córdoba Garrido no fue causado
por el actuar de los agentes del Estado, ya que provino exclusivamente de las
conductas delictivas de miembros del ELN, razón por la cual pasa la Sala a analizar
si, aun cuando el daño proviene del hecho de un tercero, cabe imputar
responsabilidad al Ejército Nacional.

31. En el campo de la teoría clásica de la responsabilidad, para que nazca el deber
de indemnización por la causación de daños a otro, es necesaria la constatación
de la lesión y, además, de una relación entre ésta y el sujeto acusado que le brinda
sustento o justifica la imputación en el plano fáctico; así, existe mérito de atribución
y, por ende, de responsabilidad, cuando se constata que el demandado ha
intervenido activamente en la producción del daño y sólo podrá redimirse siempre
que demuestre que la relación de causalidad que aduce el lesionado es inexistente
respecto de su conducta y, en su lugar, se predica del actuar de un sujeto diferente
o tercero, o de la misma víctima.

32. Sin embargo, si a pesar de que el daño provino de un tercero, el demandado
tenía un deber normativo de desplegar una conducta que impidiera su producción
y contaba con el conocimiento y la capacidad para hacerlo, no podrá exonerarse
bajo la alegada excepción, en consideración a que el hecho ajeno era previsible y
resistible a la par que supuso el incumplimiento de un mandato legal, lo cual
constituye fundamento suficiente para hacer el daño imputable, tal como ocurre en

23 Folio 250 c. 1.

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Radicación: 27001-23-31-000-2003-00646-01 (59964)
Actor: Inés Bernarda Serna de Córdoba y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

algunos casos de actos cometidos por grupos ilegales, en los que el Estado no es
la fuente de los daños, pero puede llegar a responder en tanto se compruebe que
como titular del deber convencional, constitucional y legal de preservar y proteger
la vida e integridad de las personas24: (i) no brindó medidas de protección o fueron
insuficientes o tardías, pese a que las víctimas contra quienes se dirigió el ataque
las habían solicitado previamente; (ii) no desplegó conducta alguna tendiente a
proteger a las personas que, aunque no habían solicitado medidas de protección,
resultaron ser un objetivo terrorista claro y previsible, dadas las especiales
circunstancias fácticas que se vivían en el momento; u, (iii) omitió adoptar medidas
de prevención y seguridad para evitar o atender adecuadamente una situación de
riesgo que hubiera creado, conforme lo ha decantado la jurisprudencia unificada de
esta Corporación25.

33. En este caso, a pesar de que la parte demandante aduce que el señor Córdoba
Garrido solicitó verbalmente a la alcaldía de Lloró medidas de protección, debido a
la presencia de grupos al margen de la ley en el corregimiento de Hamacas del cual
era inspector de policía, en el plenario no hay ninguna prueba que permita
corroborar tal aserto respecto de las autoridades municipales ni del Ejército
Nacional, por el contrario, según las declaraciones de Antonia Córdoba Garrido 26,
a esta le habían contado que su hermano, el señor Enemecio, había sido
amenazado, sin embargo, que él nunca había expresado tal cosa y que sólo tuvo
noticia cuando otro de sus hermanos le contó lo sucedido, y las declaraciones de
Francisco Córdoba Garrido27, quien expuso que momentos previos a su muerte
había visitado al fallecido, quien había decidido ir al río a bañarse, ya que había
tenido noticia de la presencia guerrillera en el corregimiento y además, de la llegada
ese día de tropas del Ejército Nacional, por lo que prefería evitar ser un blanco en
medio del combate y que, posteriormente, los insurgentes habían ido a buscar al

24 “(…) diversas fuentes han servido para reconocer la existencia y el carácter ius fundamental del derecho a

la seguridad personal. Por un lado, en la Constitución Política aparecen de manera expresa ciertos mandatos
que obligan a las autoridades a proteger la seguridad personal de los ciudadanos. Así, el artículo 2 superior
dispone que las autoridades colombianas están instituidas para brindar protección a las personas, protegiendo
su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. En este mismo sentido, en los artículos 11 y
12 de la Constitución se consagran los derechos a la vida y a la integridad personal, que tienen una relación
inescindible con el derecho a la seguridad personal. Y, por otro lado, en virtud del bloque de constitucionalidad
(art. 93 y 94 superiores), el Estado colombiano tiene la obligación de reconocerlo y protegerlo. En este sentido,
por ejemplo, el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José, incorporada
a nuestro ordenamiento mediante la Ley 16 de 1972, establece que ‘1. Toda persona tiene derecho a la libertad
y a la seguridad personales’. Otro tanto dispone el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, aprobado mediante la Ley 74 de 1968, en el cual se establece que ‘1. Todo individuo tiene derecho
a la libertad y a la seguridad personales’. Por lo tanto, el reconocimiento del derecho fundamental a la seguridad
personal surge de una lectura sistemática de la Constitución Política y se deriva del deber elemental, en cabeza
de las autoridades, de proteger la vida, la integridad y la tranquilidad de las personas. En este orden, el derecho
fundamental a la seguridad personal ha sido definido por esta Corporación como aquel que faculta a las
personas para recibir protección adecuada por parte de las autoridades públicas, en aquellos casos en los
cuales están expuestas a riesgos excepcionales que no tienen el deber jurídico de soportar”, ver Corte
Constitucional, sentencia T 339 de 2010.
25 Consejo de Estado, sentencia de unificación del 20 de junio de 2017, exp. 18860, citada en sentencia del

30 de agosto de 2022, exp. 56702, MP José Roberto Sáchica Méndez.
26 Folio 1113 c. 1.
27 Folio 116 c. 1.

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señor Francisco y a informarle que fuera a recoger a su hermano muerto y a
indicarle que lo habían matado por “sapo”.

34. Así, no puede entenderse que la muerte del citado señor provino de una
omisión de atender una petición de protección.

35. Ahora, no se desconoce que el señor Córdoba Garrido prestaba sus servicios
como inspector de policía del corregimiento de Hamacas, jurisdicción del municipio
de Lloró; no obstante, pese a ser representativo de la institucionalidad, no había
mandato legal alguno que forzara al Ejército Nacional a prestar medidas de
seguridad personales que no hacen parte de sus cometidos constitucionales, como
tampoco la función esencial de conciliar y resolver los asuntos de convivencia
ciudadana a cargo de ese tipo de servidores públicos fue el motivo o móvil
determinante de su muerte, conforme lo sugiere la testimonial y lo encontró probado
la justicia penal, por manera que no es posible colegir que su muerte se provocó
por la condición de servidor público. No puede olvidarse que, si bien las
declaraciones del hermano del fallecido Francisco Córdoba Garrido28 sugieren que
los sujetos de actuar ilegal lo asesinaron por informante, lo cierto es que esas
declaraciones, de un lado, no permiten inferir que el homicidio fue por el ejercicio
de funciones de conciliación y convivencia ciudadana de la víctima y, de otro,
tampoco cuentan con un respaldo suasorio contundente que le brinde solidez, pues
no deja de ser una exposición de lo que supuestamente contó un tercero al señor
declarante.

36. Ahora, está probado que en la jurisdicción del municipio de Lloró operaban
miembros del ELN y que para la época de los hechos tal situación era de pleno
conocimiento del Ejército Nacional, tal como se deriva del oficio de la Cuarta
Brigada del Ejército Nacional29, en el cual la oficial de inteligencia a cargo describe
el modus operandi de ese grupo insurgente y del Ejército Revolucionario
Guevarista, lo cual, aunque es indicativo de un riesgo terrorista latente, no es un
contexto del cual se pueda entender la existencia de una amenaza directa, cierta y
concreta contra la vida e integridad del señor Córdoba Garrido de conocimiento
previo o previsible a cargo del Ejército Nacional.

37. Téngase en cuenta que el riesgo, aun cuando implica “proximidad de un daño”,
es siempre abstracto y no produce consecuencias concretas, mientras que la
amenaza supone la existencia de señales o manifestaciones que hagan suponer
que un suceso lesivo. En otras palabras, la amenaza supone la existencia de
“signos objetivos que muestran la inminencia de la agravación del daño”, por este

28 Folio 116 c. 1.
29 Folios 135 y 136 c. 1.

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motivo, “cualquier amenaza constituye un riesgo, pero no cualquier riesgo es una
amenaza”30.

38. Lo anterior cobra especial relevancia, comoquiera que el riesgo a personas y
bienes que supone la presencia de un grupo al margen de la ley es evidente,
teniendo en cuenta los medios terroristas de los que se valían para sus objetivos;
sin embargo, en el caso del señor Córdoba Garrido, no se tiene prueba de que
estaba bajo una amenaza que requiriera intervención militar personal y directa y,
por ende, no puede decirse que el Ejército Militar dejó de adoptar medidas de
protección, pues no habían signos que permitan decir que el atentado contra el
citado señor era plenamente previsible y resistible. Además, si se diera pleno
alcance a las declaraciones del señor Francisco Córdoba Garrido, según el cual el
día de los hechos habían hecho presencia las tropas del Ejército Nacional, se podría
concluir que sí se ejecutaron acciones de seguridad para mitigar el riesgo terrorista,
a pesar de la muerte del señor Córdoba Garrido.

39. Finalmente, ninguna prueba sugiere y, por el contrario, la documental
recaudada evidencia que la muerte del señor Córdoba Guerrero no se produjo por
combates o por la llegada de las unidades del Ejército Nacional al corregimiento de
Hamacas que abra paso a pensar que fue la falta de adopción de medidas de
prevención las que causaron el daño, pues, tal como lo definió el juez penal, sin
que sea su raciocinio una prueba, pero sí un criterio argumentativo, su asesinato
fue determinado como un medio para el libre ejercicio delictivo del grupo subversivo
del ELN.

40. Así las cosas, no hay duda de lo injusto del fallecimiento violento del señor
Córdoba Garrido; sin embargo, no hay evidencia de que su muerte, causada por
miembros de un grupo ilegal, hubiera estado acompañada por una inacción del
Ejército Nacional, de ahí que la excepción propuesta por esta autoridad sobre la
cual fundó su apelación esté llamada a prosperar, haciendo forzoso la revocatoria
del fallo de instancia.

Costas

41. El trámite del asunto inició el 25 de septiembre de 2003, por lo que se rige hasta
su culminación conforme con las normas procesales vigentes para esa fecha, es
decir, las dispuestas en el Código Contencioso Administrativo y en lo allí no
previsto, las consagradas en el Código de Procedimiento Civil.

30 Sobre la diferencia entre los conceptos de amenaza y riesgo, se puede consultar el artículo “De la importancia

de concebir la amenaza y el riesgo sobre derechos ambientales como daño cierto” HENAO PÉREZ, Juan
Carlos, publicado en Daño ambiental, Tomo II , Universidad Externado de Colombia, Bogotá D.C., 2009.
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Radicación: 27001-23-31-000-2003-00646-01 (59964)
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Nacional y otro
Referencia: Acción de reparación directa

42. De acuerdo con lo previsto en el artículo 171 del CCA, subrogado por el artículo
55 de la Ley 446 de 1998, es procedente la condena al pago de costas cuando se
observa temeridad o mala fe en el de las partes, lo cual no advierte esta Sala, por
lo que revocará la condena impuesta por el a quo y se abstendrá de proferir ese
tipo de condena en esta instancia.

IV. PARTE RESOLUTIVA

43. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 10 de mayo de 2016 por el Tribunal
Administrativo del Chocó.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por el hecho exclusivo del
tercero.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.

15

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