Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00291-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00291-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00291-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00291 00
Accionante: Inés Bernanda Serna de Córdoba
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por no cumplir con los
requisitos de legitimación en la causa por activa e inmediatez
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por la señora Inés Bernanda Serna de
Córdoba, quien manifestó que actúa en nombre propio y «en representación como madre
Cabeza de Familia de mis hijas Yasmina Cordoba Serna y Luz Manuela Cordoba Serna»
en contra de la sentencia del 9 de agosto de 2023, proferida por el Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsección A, dentro del medio de control de reparación directa,
identificado con radicado núm. 27001 23 31 000 2003 00646 00/01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Inés Bernanda Serna de Córdoba, quien manifestó que actúa en nombre propio
y «en representación como madre Cabeza de Familia de mis hijas Yasmina Cordoba
Serna y Luz Manuela Cordoba Serna», promovió acción de tutela en contra de la
precitada providencia, y para ello, formuló las siguientes pretensiones1:
1. Tutelar los derechos Fundamentales AL DEBIDO PROCESO, LA VIDA EN
CONDICINES [sic] DIGNAS, AL ACCESO LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA,
AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y DERECHO A LA DEFENSA DE: Inés Bernarda
Serna de Córdoba, Yasmina Córdoba Serna y Luz Manuela Córdoba Serna.
✓ Que se deje sin efectos la sentencia proferida por EL CONSEJO DE
ESTADO de La Ciudad de Bogotá el día 9 de agosto de 2023, Dentro el
Proceso de DEMANDA DE REPARACION DIRECTA.
✓ ORDENAR AL CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTECIO
ADMISTRATIVO SECCIONTERCERA [sic] SUBSECCION A DE Bogotá,
que, en el término de esta providencia, profiera una nueva sentencia dentro
del proceso DEMANDA DE REPARACION DIRECTA, teniendo en cuenta
los lineamientos establecidos por la ley y la jurisprudencia que versa sobre
la presente Litis.
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00291 00.
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 00291 00
Accionante: Inés Bernarda Serna de Córdoba
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante informó que su esposo, el señor Enemecio Córdoba Garrido, se
desempeñaba como inspector de policía en el corregimiento Las Hamacas en el
municipio de Lloró (Chocó) desde el 8 de febrero de 1995.
Resaltó que, como consecuencia de una avalancha ocurrida en el año 1994, el inmueble
donde funcionaba la Inspección de Policía de dicho municipio quedó totalmente
destruida. Por tal motivo, y por disposición del municipio, el señor Córdoba Garrido prestó
sus servicios como inspector desde su propia residencia cumpliendo un horario laboral.
Manifestó que en el municipio de Lloró (Chocó) ha sido notoria, desde hace varios años,
la presencia de grupos armados al margen de la ley, sin embargo, en el corregimiento de
Las Hamacas dicha presencia se registró a partir del año 2001, por lo que el señor
Córdoba Garrido solicitó en varias ocasiones, debido al cargo que ostentaba, medidas de
protección manifestando su temor ante el riesgo que implicaba el ejercicio de sus
funciones.
Señaló que el 26 de septiembre de 2001, mientras el señor Córdoba Garrido se
encontraba ejerciendo sus funciones como inspector de policía, fue sacado de manera
violenta por miembros de un grupo armado y conducido hacia el Rio Andágueda, donde
le causaron la muerte mediante impacto de arma de fuego. Por esta razón, la accionante
informó que junto a su núcleo familiar son víctimas de desplazamiento forzado, desde
ese momento.
Relató que, en virtud de lo anterior, presentó demanda de reparación directa contra la
Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y el municipio de Lloró (Chocó) con el
fin que se declarara la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado por la
muerte del señor Córdoba Garrido.
La demanda fue asignada al Tribunal Administrativo del Chocó que, mediante sentencia
del 10 de mayo de 2016 declaró administrativa y patrimonialmente responsable a las
entidades demandadas por los perjuicios que sufrieron los demandantes como
consecuencia de la muerte del señor Córdoba Garrido, por lo tanto, condenó a dichas
entidades a reparar el daño causado.
Inconforme con la anterior decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación
y el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, mediante sentencia del 9 de
agosto de 2023, revocó la sentencia de primera instancia y en consecuencia negó las
pretensiones de la demanda por el hecho exclusivo de un tercero.
La accionante aseveró que la sentencia acusada vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la vida en condiciones dignas y al acceso efectivo a la administración
de justicia.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 00291 00
Accionante: Inés Bernarda Serna de Córdoba
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A
3.1. La tutela fue radicada el 19 de enero de 20262 y correspondió por reparto a esta
Sección que, mediante auto del 22 de enero de 2026, requirió a la señora Inés Bernarda
Serna de Córdoba para que precisara la calidad en la que actuaba dentro del presente
trámite.
3.2. Mediante escrito allegado el 29 de enero de 2026, la señora Serna de Córdoba reiteró
que actuaba en nombre propio y en representación de sus hijas, Yasmina Córdoba Serna
y Luz Manuela Córdoba Serna, en su condición de madre cabeza de familia.
3.3. Aclarado lo anterior, mediante auto del 5 de febrero de 20263 admitió la acción de
tutela y dispuso notificar4 al Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, como
parte accionada; así como vincular5 al Tribunal Administrativo del Chocó, a la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, al municipio de Lloró (Chocó), a la
señora Diana Córdoba Serna, a la señora Yasmina Córdoba Serna, al señor Diego Luis
Córdoba Serna y a la señora Luz Manuela Córdoba, como terceros con interés directo en
el resultado del proceso.
De igual forma, se requirió al Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A y al
Tribunal Administrativo del Chocó para que allegaran copia digital del expediente
correspondiente al proceso de reparación directa, identificado con radicado núm. 27001
23 31 000 2003 00646 00/01, el cual fue remitido6.
3.4. La apoderada del Ministerio de Defensa allegó escrito7 en el que se opuso a las
pretensiones y solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por
desconocimiento del principio de inmediatez, comoquiera que “la decisión emitida por el
Consejo de Estado data del 9 de agosto de 2023 (…), por lo tanto, se torna
IMPROCEDENTE EL ESTUDIO de la acción”.
3.5. El magistrado ponente de la providencia acusada rindió informe8 en el que adujo que
la accionante carece de legitimación en la causa por activa para presentar la acción de
tutela en nombre de sus hijas ya que no acreditó los requisitos de la agencia oficiosa
Adicionalmente, manifestó que la solicitud de amparo no tiene vocación de prosperidad
pues el asunto no cumple con el requisito de la inmediatez y carece de relevancia
constitucional.
3.6. La secretaria del Tribunal Administrativo de Chocó remitió el expediente solicitado,
sin embargo, no se pronunció sobre los hechos y las pretensiones de la acción de tutela.
2 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00291 00.
3 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00291 00.
4 Esta orden se cumplió el 9 de febrero de 2026. Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00291 00.
5 Esta orden se cumplió el 9 de febrero de 2026. Visto en los índices 14 y 15 de la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00291 00.
6 Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00291 00.
7 Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00291 00.
8 Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00291 00.
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Accionante: Inés Bernarda Serna de Córdoba
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A
3.7. El municipio de Lloró (Chocó), la señora Diana Córdoba Serna, la señora Yasmina
Córdoba Serna, el señor Diego Luis Córdoba Serna y la señora Luz Manuela Córdoba,
guardaron silencio.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 9 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,10 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202111, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201912, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.
4.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente13:
4.2.1. Los ciudadanos Inés Bernarda Serna de Córdoba, Diana Córdoba Serna, Yasmina
Córdoba Serna, Diego Luis Córdoba Serna y Luz Manuela Córdoba Serna, actuando por
conducto de apoderada judicial, presentaron demanda de reparación directa contra la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional y el municipio de Lloró (Chocó), con
el fin de que se declarara la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado por
la muerte del señor Córdoba Garrido.
4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Chocó que,
mediante sentencia del 10 de mayo de 2016 declaró administrativa y patrimonialmente
responsable a las entidades demandadas, por los perjuicios que sufrieron los
demandantes como consecuencia de la muerte del señor Córdoba Garrido y en
consecuencia de lo anterior, condenó a dichas entidades a reparar el daño.
4.2.3. Inconforme con la decisión anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación,
y el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, mediante sentencia del 9 de
agosto de 2023, la revocó y en consecuencia negó las pretensiones de la demanda por
el hecho exclusivo de un tercero.
9 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
10 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
11 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
12 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
13 Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con radicado núm. 08001 33 33 33 012 2022 00041 00/01. Visto en los índices 10 y 14 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 07430 00.
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4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
4.3.1. Del análisis de la legitimación en la causa por activa de la señora Inés
Bernarda Serna de Córdoba.
La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa por activa
constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la
calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el
proceso de tutela, de modo que el derecho cuya protección se persigue debe ser propio
del demandante y no de otra persona14.
El artículo 86 de la Constitución Política dispone que «[…] toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad […]».
[Negrilla fuera de texto].
Por su parte, el artículo 10º del Decreto Ley 2591 de 199115 establece lo siguiente:
La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de
los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando
tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrá
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales. [Negrillas fuera del
texto].
A partir de lo anterior, es claro que el o la titular de los derechos fundamentales que se
estiman amenazados o vulnerados puede ejercer la acción de tutela: i) por sí mismo o
actuando mediante apoderado judicial, o ii) a través de agente oficioso, quien deberá
manifestar que actúa como tal y acreditar las razones por las cuales el titular de los
derechos fundamentales que se estiman amenazados o conculcados no puede ejercer
por sí mismo su propia defensa.
En el presente caso, la señora Inés Bernarda Serna de Córdoba presentó la acción de
tutela de la referencia en nombre propio y en representación de sus hijas Yasmina
Córdoba Serna y Luz Manuela Córdoba Serna.
De lo anterior, la Sala considera que, si bien la señora Inés Bernarda Serna de Córdoba
se encuentra legitimada en la causa por activa para promover la presente acción de tutela
en nombre propio, lo cierto es que no lo está para representar a sus hijas Yasmina
Córdoba Serna y Luz Manuela Córdoba Serna, quienes son mayores de edad y no se
acreditó una situación que les impidiera interponer de manera autónoma, directa y en
causa propia la presente acción de tutela.
Por tanto, la Sala advierte que la señora Serna de Córdoba carece de legitimación en la
causa por activa para representar los intereses de sus hijas Yasmina Córdoba Serna y
14 Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
15 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
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Luz Manuela Córdoba Serna, por lo que la acción de tutela será declarada improcedente
por este aspecto.
4.3.2. Del requisito de inmediatez
Aclarado lo anterior y como la señora Serna de Córdoba sí se encuentra legitimada para
interponer la acción de tutela en nombre propio, la Sala analizará la procedencia de la
solicitud de amparo.
En el presente caso, tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se tiene lo siguiente:
La jurisprudencia constitucional ha considerado que, dado que la finalidad de la tutela es
la protección urgente e inmediata de los derechos fundamentales, ésta debe formularse
en un plazo razonable contado a partir del hecho que originó la amenaza o vulneración,
pues aceptar lo contrario desvirtuaría su carácter excepcional.
En este sentido, en la sentencia SU-354 de 2017, la Corte Constitucional destacó que la
importancia de exigir un término razonable entre la notificación de la providencia que se
controvierte y la interposición de la acción de tutela, radica en que dicho requisito: “(…)
(i) garantiza una protección urgente de los derechos fundamentales presuntamente
amenazados o vulnerados; (ii) evita una lesión desproporcionada a atribuciones jurídicas
de terceros; (iii) resguarda la seguridad jurídica; y (iv) desestima las solicitudes
negligentes (…)”.
La citada Corporación estableció dos eventos en los que es posible valorar la
admisibilidad de una acción de tutela presentada luego de que hubiese transcurrido un
largo período respecto de la vulneración o amenaza de derechos: (i) cuando se
demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho
que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la
situación es continua y actual; y (ii) cuando la especial situación de aquella persona a
quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, hace desproporcionado el hecho
de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros 16.
La razonabilidad del plazo debe ser valorada en cada caso concreto, teniendo en cuenta,
entre otros, los siguientes criterios: (i) si existe un motivo válido para la inactividad del
accionante; (ii) si la inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados, y (iv) si el
fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de
los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha
de interposición17.
16 Sentencia T-584 de 2011.
17 Sentencias T-648 de 2003, T-322 de 2008, T-581 de 2012, entre otras.
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De manera similar, la Corte Constitucional, en la sentencia SU - 069 del 21 de junio de
2018, explicó lo siguiente:
[…] la tutela debe interponerse dentro de un término oportuno y razonable, es
decir, en un momento cercano a aquel en que se presentó la vulneración o
amenaza. No obstante, también ha considerado que en los eventos donde la
afectación permanece en el tiempo el requisito debe flexibilizarse no solo porque
la posición desfavorable es continua y actual, sino por la situación de debilidad en
que puede hallarse el accionante […].
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del
5 de agosto de 2014, unificó su jurisprudencia18 y, en cuanto al requisito de inmediatez,
estableció que “(…) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente
(…)”. [Negrillas del texto].
Así entonces, en los casos que se controvierten providencias judiciales, por regla general,
la acción se debe interponer dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de
la providencia que se cuestiona, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional,
los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y
extraordinarios y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
estabilidad, plazo que deberá ser analizado en cada caso particular, tomando en
consideración las circunstancias especiales de modo, tiempo y lugar en que se encuentre
el accionante.
En el asunto bajo examen, la accionante cuestiona la providencia proferida el 9 de agosto
de 2023 por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado que revocó la
sentencia de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda dentro del proceso
identificado con el radicado núm. 27001 23 31 000 2003 00646 00/01.
En ese sentido, y, comoquiera que la providencia del 9 de agosto de 2023 fue notificada
mediante edicto del 1 de septiembre de 202319 tanto al correo electrónico del
demandante, hoy accionante, como al de su apoderada en el proceso contencioso, y la
presente acción de tutela fue radicada el 19 de enero de 202620, se desprende que la
solicitud de amparo no cumple con el requisito de la inmediatez, dado que fue promovida
luego de transcurridos más de seis meses de notificada la providencia cuestionada.
Adicional a lo anterior, la Sala observa que la parte accionante no ofreció ningún motivo
que justifique su inactividad en la interposición de la acción en un término prudencial, ni
se advierte, prima facie, que se encuentre en condiciones de debilidad manifiesta, por
consiguiente, no se evidencia alguna circunstancia que valide la interposición tardía de
la presente tutela. Si bien en el escrito de tutela la accionante expuso que es víctima de
desplazamiento forzado, esta razón, por sí sola no justifica la inactividad para promover
la presente solicitud de amparo.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014.
M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad.:11001 03 15 000 2012 02201 01.
19 Visto en el índice 30 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
27001233100020030064601
20 Visto en los índices 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2026 00291 00.
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 00291 00
Accionante: Inés Bernarda Serna de Córdoba
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A
Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la Sala declarará
improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con el requisito general de
inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA
de la señora Inés Bernarda Serna de Córdoba para promover la presente acción de tutela
en nombre de sus hijas mayores, las señoras Yasmina Córdoba Serna y Luz Manuela
Córdoba Serna, conforme lo expuesto en precedencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la señora
Inés Bernarda Serna de Córdoba, según lo expuesto en la parte considerativa de esta
sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 12 de
marzo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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