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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07430-00

Fecha
22 de enero de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07430-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la señora Martha Marín Villanueva, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07430-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

22 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2025 07430 00
Accionante: Martha Marín Villanueva
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por incumplir el
requisito general de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por la señora Martha Marín Villanueva, en
contra de la providencia del 23 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
del Atlántico, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
identificado con radicado nro. 08001 33 33 012 2022 00041 00/01.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Martha Marín Villanueva, actuando por conducto de su apoderado judicial,
promovió acción de tutela en contra de la precitada providencia, y para ello, formuló las
siguientes pretensiones1:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BARRANQUILLA (sic)
en sentencia proferida el día 23 de mayo de 2025 dentro del expediente radicado
bajo No. 08001-33-33-012-2022-00041-01, transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA de la señora
MARTHA MARÍN VILLANUEVA, por indebida valoración de los elementos
determinantes para la resolución del litigio.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BARRANQUILLA [sic] dejar sin efectos la providencia
referida en el numeral anterior y se profiera una nueva en la que se efectúe un
juicio valorativo de la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica a fin de
resolver en debida forma la pretensión de reconocimiento de la pensión de
jubilación por aportes contemplada en la Ley 71 de 1988. […] (Mayúsculas y
negrillas originales del escrito tutela).

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 07430 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionante: Martha Marín Villanueva
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La accionante informó que tiene 55 años y que ha trabajado como docente tanto en el
sector público como en el privado, incluyendo la labor como docente oficial entre el 1 de
febrero de 2002 y el 30 de septiembre de 2005.

Manifestó que, al reunir los requisitos dispuestos en la ley, presentó a través de la
plataforma denominada “Sistema de Atención Ciudadano (SAC)”, reclamación
administrativa solicitando el reconocimiento pensional bajo el régimen previsto en la Ley
71 de 1988. Sin embargo, mediante la Resolución nro. 00607 del 1 de febrero de 2022,
la Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla negó su solicitud.

Relató que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin que
se declarara la nulidad del acto administrativo contenido en la precitada resolución y, a
título de restablecimiento del derecho, se condenara a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
y al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla a que le reconociera y pagara
la pensión de jubilación por aportes equivalente al 75% del salario devengado al
cumplimiento del status jurídico de pensionada.

La demanda fue asignada al Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Barranquilla
que, mediante sentencia del 31 de marzo de 2025 negó sus pretensiones al considerar
que la señora Marín Villanueva no cumplía los requisitos exigidos en la Ley 71 de 1988.

Inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación y el Tribunal
Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 23 de mayo de 2025, la confirmó.

Señaló que “(…) la decisión del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BARRANQUILLA (sic)
con todo el respeto, no apareja el contenido de la ley y de la (…) jurisprudencia (…)”2.

Argumentó que3:

El presente asunto reviste relevancia constitucional, toda vez que el Tribunal
Administrativo de Barranquilla (sic), en sentencia del 23 de mayo de 2025,
transgredió los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y tutela judicial efectiva como consecuencia de una
apreciación defectuosa de las pruebas determinantes que acreditaban el
cumplimiento del requisito de tiempo de servicios públicos y privados para el
reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes reglamentada en la Ley 71
de 1988, lo que evidencia que la controversia se resolvió al margen de lo
acreditado en el proceso.

Al respecto, indicó que, junto con la demanda presentó (i) copia del reporte de semanas
cotizadas con corte a 28 de noviembre de 2018 emitido por Colpensiones en el cual se
registran las cotizaciones realizadas entre el 30 de noviembre de 1988 y el 31 de octubre
de 1995, acumulando 269,43 semanas al sistema de pensión; (ii) copia de la certificación
laboral emitida por el Jefe de Talento Humano del Municipio de Malambo – Atlántico en
cual se deja constancia que laboró en la Institución Educativa Técnica Comercial Alberto
Pumarejo, en el área de lenguas modernas, durante el período comprendido entre del 1

2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 07430 00.
3 Ibidem.

2

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Accionante: Martha Marín Villanueva
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

de febrero de 2002 y el 30 de septiembre de 2005, bajo la modalidad de contrato de
prestación de servicios y, (iii) copia del formato único para la expedición de Certificado
de Historia Laboral que registra una vinculación formal al servicio público educativo oficial
entre el 21 de enero de 2008 y el 20 de febrero de 2020.

Aseguró que la sumatoria de los anteriores períodos demostraban el cumplimiento de los
20 años de servicios acumulados con entidades del sector público y privado como lo
exige la Ley 71 de 1988 para el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes,
normatividad que, anotó, resulta aplicable a quienes acreditaran la prestación del servicio
docente oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

Expuso que en la providencia acusada se evidencia una fuerte transgresión de sus
derechos fundamentales, comoquiera que la decisión adoptada por el tribunal accionado
no se corresponde con las pruebas incorporadas al proceso judicial, y que dicho análisis
no se puede amparar en la autonomía e independencia judicial, al desligarse de los
hechos probados.

Alegó que el análisis realizado por la autoridad judicial accionada en la providencia
cuestionada “no se ajusta a una interpretación armónica de los medios de convicción
aportados por la señora Martha Marín Villanueva a la luz del marco normativo que regula
la pensión de jubilación por aportes, incurriendo el tribunal en una indebida valoración
probatoria”4.

Explicó que5:

[…] la actuación del Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia del 23 de
mayo de 2025, pone de manifiesto la existencia de un defecto fáctico por
defectuosa valoración de las pruebas. En su resolución de la controversia
determinó que la señora Martha Marín Villanueva no tenía derecho al
reconocimiento pensional bajo la Ley 71 de 1988; sin embargo, los elementos
probatorios incluidos en el expediente – como el reporte de semanas cotizadas
expedido por Colpensiones y los certificados emitidos por la Secretaría de
Educación del Municipio de Malambo y el Fomag – demostraban lo contrario. En
este contexto, y conforme a la jurisprudencia constitucional, el error en el juicio
valorativo de pruebas determinantes condujo a una conclusión contraria de los
hechos probados en la controversia […].

Arguyó que6:

Una valoración conjunta y adecuada del material probatorio permitía verificar con
claridad que la actora acumuló más de veinte años de servicio en los sectores
público y privado, tanto antes como después de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003. Por ello, la providencia cuestionada se apartó de una correcta
apreciación de las pruebas, lo que terminó por vulnerar los derechos
fundamentales de la demandante a la seguridad social y al debido proceso, al
negarse el reconocimiento pensional pese a que se demostró plenamente el
cumplimiento de los requisitos legales.

4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem.

3

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Accionante: Martha Marín Villanueva
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 24 de noviembre de 20257 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 26 de noviembre de 20258 la admitió y dispuso notificar9 al
Tribunal Administrativo del Atlántico, como parte accionada; así como vincular10 al
Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Barranquilla, a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
y al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, como terceros con interés
directo en el resultado del proceso.

De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo del Atlántico y al Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Barranquilla para que allegaran copia digital del expediente
correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con
radicado nro. 08001 33 33 012 2022 00041 00/01, el cual fue remitido11.

3.2. El apoderado del Distrito de Barranquilla allegó escrito12 en el que se opuso a las
pretensiones y solicitó que se declare improcedente la acción de tutela ante la falta de
presupuestos fácticos y jurídicos que conlleven a una eventual vulneración de los
derechos invocados por la parte accionante.

Al respecto, señaló que la acción de tutela no supera el requisito de relevancia
constitucional, y que el objetivo del demandante es obtener una nueva valoración
probatoria.

3.3. La magistrada ponente de la providencia acusada rindió informe13 en el que adujo
que la accionante plantea un debate legal en torno a la pensión solicitada y la cual le fue
negada al evidenciarse que no había acreditado el requisito concerniente al tiempo de
servicio, por lo que no le asistía el derecho al reconocimiento pensional.

Explicó que:

En la sentencia de segunda instancia, por la cual se confirmó la sentencia que
negó las pretensiones de la demanda, es decir, el reconocimiento y pago de la
pensión reclamada, se recalcó que el tiempo laborado por la demandante como
docente mediante contratos de prestación de servicios en favor del Municipio de
Malambo Atlántico era perfectamente computable para determinar el derecho
pensional, que, en ese orden, la parte actora había surtido vinculación en calidad
de docente antes del año 2003 y por consiguiente, con antelación a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, por ende, la situación debía ser examinada a la

7 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 07430 00.
8 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 07430 00.
9 Esta orden se cumplió el 28 de noviembre de 2025. Visto en los índices 8 y 9 de la Sede Electrónica para

la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 07430 00.
10 Ibidem.
11 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 07430 00.
12 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 07430 00.
13 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 07430 00.
4

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Radicado: 11001 03 15 000 2025 07430 00
Accionante: Martha Marín Villanueva
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

luz del régimen previo a la expedición de la Ley 812 de 2003, ii) según dicha
normativa, se requiere acreditar los siguientes presupuestos para acceder al
derecho pensional: (a) 60 años de edad si es hombre o 55 si es mujer. (b) Haber
realizado 20 años de cotizaciones den distintas cajas de previsión social o tiempos
servidos en calidad de docente. Concluyó el Tribunal, tal como hizo el juez de
primera instancia, que la demandante no había acreditado el requisito
concerniente al tiempo de servicio por lo que no existía derecho al reconocimiento
pensional, denegando así las pretensiones de la demanda.

3.4. La profesional especializada de la Oficina Jurídica del Ministerio de Educación
Nacional allegó escrito14 en el que solicitó que se declare improcedente la presente
acción de tutela.

Al respecto, indicó que la solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial de relevancia constitucional
y subsidiaridad. Adicionalmente, sostuvo que la parte actora no acreditó la vulneración
de los derechos fundamentales invocados.

3.5. El Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Barranquilla remitió el expediente
solicitado, sin embargo, no se pronunció sobre los hechos y las pretensiones de la acción
de tutela.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 15 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,16 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202117, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201918, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10
de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la
distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente19:

4.2.1. La señora Martha Marín Villanueva, actuando por conducto de apoderado judicial,
presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio

14 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 07430 00.
15 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
16 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
17 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
18 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
19 Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado

con radicado nro. 08001 33 33 33 012 2022 00041 00/01. Visto en los índices 10 y 14 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 07430 00.
5

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de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla – Secretaría de
Educación Distrital, con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución nro. 00607
del 1 de febrero de 2022, mediante la cual se le negó el reconocimiento de la pensión de
jubilación solicitada.

A título de reconocimiento del derecho solicitó que se condenara a las entidades
demandadas al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, equivalente al 75%
de los salarios y las primas recibidas, anteriores al cumplimiento del status jurídico de
pensionado, es decir a partir del día 9 de enero del 2019, momento en que cumplió los
55 años de edad y las 1.000 semanas de cotización, sin exigir el retiro definitivo del cargo,
en compatibilidad con el salario en la docencia oficial.

4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Doce Administrativo del Circuito
de Barranquilla que, mediante sentencia del 31 de marzo de 2025 negó las pretensiones.

4.2.3. Inconforme con la decisión anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación,
y la Sala de Decisión Oral A del Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia del 23
de mayo de 2025, la confirmó.

4.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.

El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii)
caso concreto.

4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que20:

[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
20 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.

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hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades21:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 22. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.

4.3.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:

[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de mera
legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra providencias judiciales
no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios”, pues la
competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a
la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de
carácter legal” (…)23. (Se destaca) […].

En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio

21 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este

criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
22 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29

de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
23 Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

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o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.

La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la compone, esto es, impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces, no está superado.

Ello, debido a que, a través de la solicitud de amparo, la parte actora pretende reabrir el
debate que se surtió en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que
sus inconformidades están encaminadas a cuestionar la valoración probatoria realizada
por la autoridad judicial accionada en tanto que alega que no tuvo en cuenta los
elementos probatorios incluidos en el expediente, tales como el reporte de semanas
cotizadas expedido por Colpensiones y los certificados de vinculación expedidos por la
Secretaría de Educación del Municipio de Malambo y el FOMAG.

Lo anterior, con el fin de insistir que sí tiene derecho al reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación al cumplir con los requisitos de la Ley 71 de 1988, específicamente
el relacionado con el tiempo de servicio, lo cual ya fue objeto de debate.

Al respecto, el tribunal accionado, en la sentencia acusada, expuso lo siguiente:

51. En la sentencia de primer grado, el a quo negó las pretensiones de la
demanda, es decir, el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por
aportes, precisando que el tiempo laborado por la demandante como docente
mediante contratos de prestación de servicios en favor del Municipio de Malambo
Atlántico era perfectamente computable para determinar el derecho pensional, i)
que en ese orden, la parte actora había surtido vinculación en calidad de docente
con antelación al año 2003 y por consiguiente, con antelación a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, por ende, al pretenderse la acumulación de
tiempos servidos en el sector privado y en el sector oficial, la situación debía ser
examinada a la luz de lo contemplado en la Ley 71 de 1988 que consagra la
pensión por aportes, ii) según dicha normativa, se requiere acreditar los siguientes
presupuestos para acreditar el derecho pensional: (a) 60 años de edad si es
hombre o 55 si es mujer. (b) Haber realizado 20 años de cotizaciones o aportes
al Instituto de Seguros Sociales y a una o varias de las entidades de previsión
social del sector público. (c) Las cotizaciones o aportes pueden ser continuos o
discontinuos en el tiempo. (d) Los aportes pueden realizarse en cualquier tiempo.
iv) concluyó que la demandante no había acreditado el requisito concerniente al
tiempo de servicio por lo que no existía derecho al reconocimiento pensional,
denegando así las pretensiones de la demanda.

52. La anterior decisión judicial fue objeto de impugnación por parte de la señora
Martha Marín Villanueva, solo en punto al cumplimiento del requisito del tiempo
de servicio, exponiendo que, se encuentra activa prestando sus servicios en
calidad de docente, por ende, de contabilizarse los tiempos de servicios hasta la
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fecha de presentación del recurso de apelación, la conclusión sería que cumple
los requisitos para acceder al derecho pensional, por lo tanto, esta corporación,
en virtud de los principios de congruencia y acorde con lo previsto en el primer
inciso del artículo 328 del Código General del Proceso, solamente habrá de
pronunciarse sobre los argumentos expuestos por la apelante.

53. Dicho lo anterior, el presente caso se distingue por determinar el cumplimiento
o no del requisito del tiempo de servicio contemplado en la norma Ley 71 de 1989
para acceder al derecho pensional – 20 años- el cual puede ser completado con
labores desempeñadas tanto en el sector privado como en el oficial, así como las
cotizaciones realizadas en distintas administradoras de pensiones.

54. De las pruebas anteriormente enunciadas, se desprende que, la demandante
nació 9 de enero de 1962, es decir, los 55 años de edad de que trata la norma los
cumplió en el año 2017 el mismo día y mes.

55. En lo que respecta al tiempo de servicio laborado, se tiene que, entre los años
1988 al 1995 estuvo afiliada al ISS hoy COLPENSIONES, según reporte de
semanas cotizadas, aportes a pensión derivados de sus vinculaciones laborales
con empleadores particulares como: CTRO CIAL MIGUEL A BUILES, CENTR DE
EDUCACION MEDIA MIGUEL AB y LICEO MIXTO DE LA COSTA para un total
de 269.43 semanas de cotización, de las cuales, 15 semanas corresponden al
periodo cotizado a instituciones educativas, esto es, por el periodo enero de 1995
y junio a septiembre de 1995, tal como consta en el reporte emitido por
Colpensiones.

56. La accionante se vinculó mediante relación contractual como docente en la
Institución Educativa Técnica Comercial Alberto Pumarejo de Malambo en el área
de lenguas modernas, en tiempo completo, mediante orden de prestación de
servicio durante el periodo comprendido entre el primero (1) de febrero de 2002
hasta el treinta (30) de septiembre de 2005, que corresponden aproximadamente
a 3 años, 7 meses.

57. Acreditó además haber ingresado a la planta de docentes del Distrito de
Barranquilla en periodo de prueba desde el 7 de diciembre de 2007, con efectos
fiscales a partir del 21 de enero de 2008 hasta el 23 de abril de 2009 y en
propiedad desde el 24 de abril de 2009 encontrándose activa al 17 de junio de
2022, según certificado de historia laboral aportado por la demandada con el
escrito de contestación de demanda, que corresponden aproximadamente a 14
años y 5 meses.

58. Ahora bien, el Tribunal aclara que, el examen de legalidad del acto demandado
debe realizarse acorde con los hechos que se encontraban probados a la fecha
de su expedición, es decir, el momento en el que la administración estableció que,
la parte demandante no reunía los requisitos para acceder al derecho pensional,
pues resultaría absolutamente desproporcional que hubiere realizado un estudio
con base en aspectos que le resultaban imposible corroborar en dicho estadio.

59. En ese orden de ideas, la sentencia de primer grado debe ser confirmada,
precisamente porque para la data en la que la demandante presentó la solicitud
de reconocimiento y pago del derecho pensional y la prestación fue estudiada, no
cumplía con los requisitos establecidos en la Ley para su disfrute, en particular, el
del tiempo de servicio, momento en el que acumulaba menos de 20 años de
servicios.

60. Así las cosas, aun tratándose de hechos sobrevivientes, no encuentra
procedente el Tribunal anular el acto administrativo demandando bajo el
argumento de que la actora cumplió los requisitos pensionales en el trascurso del
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proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, tal como lo pretende la
impugnante, pues se trata de elementos, de aspectos que la administración no
pudo tener en consideración a efectos de decidir la petición pensional de la
demandante. Además, si bien la demandante manifiesta que a la fecha se
encuentra activa como docente, más allá del certificado de historia laboral de fecha
17 de junio de 2022, que fue aportado por la demandada con el escrito de
contestación de demanda, no existe documental que acredite su dicho,
aclarándose que, inclusive con el cómputo del tiempo reportado en dicho
certificado no es suficiente para colmar los requisitos para acceder al disfrute del
derecho pensional reclamado, tal como lo concluyó la juez de primer grado.

61. Tampoco se evidencia una situación de debilidad manifiesta o que con esta
decisión se pudiera causar un perjuicio irremediable a la demandante, por el
contrario, si considera que ya cuenta con los requisitos para acceder al derecho
pensional, lo que debe hacer es acudir nuevamente a la administración y reclamar
el derecho pensional acreditando los periodos que manifiesta laboró con
posterioridad al mes de junio del año 2022, es decir, el requisito atinente al tiempo
de servicio.

Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la acción de tutela está siendo utilizada como
una instancia o recurso adicional al proceso ordinario para controvertir lo resuelto por el
juez natural de la causa y la valoración probatoria efectuada, e insistir en que la
accionante sí tiene derecho al reconocimiento pensional solicitado, por lo que se
concluye que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la petición de amparo no
cumple con el tercer criterio de la relevancia constitucional.

En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las pretensiones, las
excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y que la decisión
del juez se fundamenta precisamente en las razones de la demanda y de la contestación,
las pruebas y el derecho que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales
que la ley prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene.

Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes,
simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución
y la ley, en el ámbito de sus competencias; y cualquier desconocimiento que a tales
atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por
fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia, entraría
en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del juez
competente para conocer del caso, en el escaso término legal que le da la ley para
pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el
evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse sobre las
cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate, porque así le fueron
planteadas por el demandante y el demandado en sus pretensiones, excepciones y
hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad el llamado a
decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre
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las partes que precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido el
debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que se toma, cuando ella está
por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han formulado
demandante y demandado, pues, en este caso, la decisión puede comprometer el núcleo
fundamental del debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero ese no es el supuesto en el
caso que aquí se examina.

Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la Sala declarará
improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la señora
Martha Marín Villanueva, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 22 de
enero de 2026.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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