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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00295-00

Fecha
27 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00295-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela en lo que se refiere al defecto fáctico alegado. 6 Con radicado 11001-03-06-000-2022-00213-00 7 Radicación: 11001-03-15-000-2026-00295-00 Accionante: Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por la configuración de un defecto sustantivo, en los términos indicados en este proveído. TERCERO: Como consecuencia, se dispone DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 12 de diciembre de 2025 emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 05837-33-33-005-2024- 00209-01, para que en el término de quince (15) días contados a partir de la notificación de la presente decisión adopte una providencia en la que adelante un análisis normativo completo, de conformidad con lo indicado en esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. QUINTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00295-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

27 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00295-00
Accionante: Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio (Fomag)
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL –Sentencia
emitida en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Sanción moratoria por
pago tardío de cesantías / ACCEDE AMPARO – Indebida aplicación normativa

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 16 de enero de 2026, el Ministerio de Educación Nacional – Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), mediante apoderada judicial,
promovió acción de tutela contra el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Turbo y el Tribunal Administrativo de Antioquia, con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción e igualdad2.

2.
Solicitó que se dejaran sin efectos las sentencias de 25 de septiembre y 12 de
diciembre de 2025, emitidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho 3 que inició la señora Griselda Elvira Calao Vargas en contra suya, de
Fiduprevisora S.A. y del distrito de Turbo; con la pretensión de que se declarara la
nulidad del acto ficto configurado el 12 de mayo de 2024, mediante el cual se le negó
el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, de
conformidad con los parámetros establecidos en la Ley 1071 de 2006 y la Ley 1955
de 2019.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 También invocó la protección de los principios de legalidad del gasto público y responsabilidad fiscal.
3 Con radicado: 05837-33-33-005-2024-00209-00/01.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00295-00
Accionante: Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (Fomag)
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

3.
Mediante la providencia del 12 de diciembre de 2025, el Tribunal accionado
confirmó la decisión adoptada el 25 de septiembre de ese año por el juzgado, quien
accedió a las pretensiones ordinarias. Consideró que según lo dispuesto en el
parágrafo del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, modificado por el artículo 324 de
la Ley 2294 de 2023, y lo establecido en la jurisprudencia del Consejo de Estado, el
responsable del pago de la sanción moratoria en el caso concreto era el Fomag.

4.
La parte actora sostuvo que se incurrió en defecto sustantivo por
desconocimiento del marco legal aplicable al caso concreto, según el cual, desde el
año 2019, los recursos del Fomag no pueden destinarse para cubrir sanciones
moratorias por el pago tardío de cesantías, siendo responsabilidad del ente territorial
o de la fiduciaria que administra el Fondo, dependiendo de quién haya generado el
retraso. Esta prohibición se fijó en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, que además
delimitó un trámite especial ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para
hacer los pagos de sanciones a cargo del Fomag causadas hasta 2019. Esa
excepción se extendió a las sanciones causadas hasta diciembre de 2022, por el
artículo 324 de la Ley 2294 de 2023.

5.
De otro lado, en el Decreto 942 de 2022, artículo 2.4.4.2.3.2.28, se determinó que:
“Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solo
podrán destinarse para garantizar el pago de las prestaciones económicas, sociales
y asistenciales a sus afiliados docentes, pensionados y beneficiarios. La sanción
moratoria no afectará los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y, en caso de presentarse, su pago será responsabilidad de la entidad
que la genere”. También se dispuso que en caso de que se presenten demoras en
el pago de las cesantías imputables a la sociedad fiduciaria encargada de la
administración de los recursos del Fondo que ocasionen sanción moratoria, esta
deberá ser cubierta con el patrimonio de la sociedad fiduciaria.

6.
También señaló que se configuró un defecto fáctico por no valorar las pruebas y
estudiar los argumentos que demostraban la responsabilidad de la entidad territorial
en la mora que originó el reclamo de la señora Griselda Calao. Sumado a que, se
determinó una fecha errada de solicitud de dicha prestación social. Finalmente, pidió
tener en cuenta que estaba acreditado que la Fiduprevisora S.A. pagó las cesantías
dentro de los 45 días hábiles permitidos por la ley, y los actos administrativos que
disponían y reconocían dicho desembolso, fueron proferidos fuera de término por la
Secretaría de Educación de Turbo.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

7.
Mediante auto de 26 de enero de 20264, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a las autoridades demandadas y se vinculó a la señora Griselda Elvira Calao

4 Notificado el 3 y 4 de febrero de 2026.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00295-00
Accionante: Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (Fomag)
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

Vargas, al distrito de Turbo y a la Fiduprevisora S.A., en calidad de terceros con
interés. De igual modo, se ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo y se requirió al Tribunal
Administrativo de Antioquia para que remitiera copia digital del expediente con
radicado 05837-33-33-005-2024-00209-00/01.

(i) Tribunal Administrativo de Antioquia5

8.
Pidió declarar la improcedencia de la tutela o negar las pretensiones de la parte
actora, en razón a que se interpuso para surtir una instancia adicional al proceso
ordinario, pues se sustentó en el descontento del tutelante con el análisis jurídico
adelantado por el Tribunal sin que lograra demostrar que en la sentencia objeto de
reproche se hubiera incurrido en alguno de los defectos alegados. Reiteró que, de
conformidad con lo establecido en la Ley 1955 de 2019 (artículo 57), tanto la entidad
territorial como el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio son
responsables por la mora que se incurra en el pago de las cesantías, bien sea que
tenga como causa el retraso en la expedición y remisión del acto administrativo (ente
territorial) o la tardanza en el pago (Fomag).

9.
Dicha norma no exonera de responsabilidad al referido fondo en este tipo de
casos, ni tampoco se estableció como único responsable en el pago de la mora a los
entes territoriales encargados del reconocimiento de las cesantías; tan es así que en
su parágrafo transitorio dispuso una regla presupuestal para el pago de esa sanción
causada hasta 2022 a cargo del fondo.

II. CONSIDERACIONES

C. Análisis del caso concreto

10.
La Sala empieza por precisar que el defecto fáctico alegado en la tutela no supera
el presupuesto de relevancia constitucional, pues no es mas que una reiteración
respecto a la forma en que debieron ser valoradas las pruebas al momento de definir
si la responsabilidad por la mora en el pago de cesantías era atribuible al ente
territorial o a Fiduprevisora, debate respecto al cual se razonó en un sentido que no
se advierte contraevidente o irrazonable. En tal sentido, respecto a esa censura la
tutela es improcedente.

11.
No se puede decir lo mismo sobre el defecto sustantivo, respecto al cual se estima
que el asunto planteado es relevante desde la óptica constitucional, en tanto la parte
accionante presenta un escenario en el que el Tribunal, a partir de lo que se califica
como una interpretación carente de razonabilidad jurídica, ordenó que se
reconociera el pago de una sanción moratoria con cargo a los recursos de un
patrimonio autónomo de recursos públicos, a pesar de existir -según el criterio del

5 Intervención contenida en 4 folios.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00295-00
Accionante: Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (Fomag)
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

Fomag- una prohibición legal expresa, lo que supondría una afectación a los
derechos fundamentales invocados.

12.
También se encuentran satisfechos los demás presupuestos generales de
procedencia, en la medida en que (i) no existe otro mecanismo judicial para decidir
sobre los reproches expuestos; (ii) la acción constitucional se ejerció dentro de un
término razonable desde que se notificó la providencia cuestionada, esto es el 16 de
diciembre de 2025; (iv) la parte accionante identificó de manera razonable, tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos; y, (v) no se controvierte
una sentencia de tutela o alguna de aquellas providencias respecto de las cuales la
jurisprudencia ha indicado que esta acción constitucional es absolutamente
improcedente.

13.
Precisado lo anterior, el análisis de fondo parte por destacar que en el marco de
proceso ordinario, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Turbo, en
sentencia de primera instancia proferida el 25 de septiembre de 2025, declaró la
nulidad del acto administrativo demandado y, a título de restablecimiento del
derecho, ordenó al Fomag, reconocer y pagar a la señora Calao Vargas, un día de
salario por cada día de mora en el pago efectivo de las cesantías, para un total de
46 días.

14.
El Fomag, que ahora funge como accionante, presentó recurso de apelación en
el que alegó que acorde a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, los
recursos del patrimonio autónomo solo podrían destinarse para garantizar el pago
de las prestaciones económicas, sociales y asistenciales a sus afiliados docentes,
pensionados y beneficiarios, sin que pudiera “decretarse el pago de indemnizaciones
económicas por vía judicial o administrativa con cargo a los recursos del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”, desde el año 2020. Además,
resaltó que según el parágrafo del artículo ejusdem, la entidad territorial sería
responsable del pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías en aquellos
eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del
incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de
pago de cesantías por parte de la Secretaría de Educación territorial al Fomag.
Evento en el que se consagró expresamente que el Fondo sería responsable
únicamente del pago de las cesantías.

15.
Acto seguido, expuso que se pasó por alto que acorde a lo dispuesto en el artículo
2.4.4.2.3.2.28 del Decreto 942 de 2022, mediante el cual se reguló lo consagrado en
el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, el pago de la sanción moratoria por pago tardío
de cesantías, sería responsabilidad o de la entidad territorial certificada en educación
o de la sociedad Fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fomag, con
recursos propios de cada una de esas instituciones, y no del Fondo como tal.

16.
Enfatizó que, en todo caso, la posibilidad de endilgar al Fomag el pago de una
sanción moratoria se previó por el legislador hasta el año 2022. En concordancia con
4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00295-00
Accionante: Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (Fomag)
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

ello, advirtió que como la indemnización pretendida se causó en 2023, anualidad
para la cual no se dictó regulación expresa referente al procedimiento de pago de las
sanciones por mora en caso de que fueran atribuibles al Fomag en virtud de lo
dispuesto en el marco normativo citado, de manera que debió declararse que la
entidad encargada de pagar las sanciones por mora en las prestaciones económicas
a cargo del Fondo, sería Fiduprevisora S.A. Sin embargo, aclaró que en el caso
concreto, estaba acreditado que la tardanza en el pago fue producto del actuar tanto
de la Secretaría de Educación de Turbo como de la empresa fiduciaria que maneja
el Fomag, por lo que la sanción respectiva debería ser pagada con recursos de
ambas entidades, no con recursos del Fondo por expresa prohibición legal del inciso
4 del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019.

17.
En el fallo del 12 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia
confirmó la decisión del a quo. Luego de definir lo relativo a la fecha de radicación
de la solicitud de cesantías, razonó en torno a si la demora que se cuestionaba era
responsabilidad o no del municipio, concluyendo que el acervo probatorio daba
cuenta de que la Secretaría de Educación de Turbo profirió el acto de reconocimiento
de las cesantías en el término legal respectivo a pesar de lo cual Fiduprevisora
devolvió la resolución y pidió correcciones que generaron que se profirieran otros
actos administrativos por el ente territorial, con lo cual, el pago de las cesantías se
hizo con un total de 46 días de mora. Conforme a ello estimó que la sanción moratoria
debía ser pagada por el Fomag.

18.
Frente a los reparos sustantivos presentados por el Fondo en su apelación, en
torno a lo previsto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, el Tribunal citó el
parágrafo permanente de dicha disposición y el transitorio introducido en el artículo
324 de la Ley 2294 de 2023, y acorde a ello, determinó que el legislador había
previsto en casos como el que se analizaba que tanto el ente territorial como el
Fomag, podían ser responsables por el pago de la sanción moratoria: el Distrito por
la demora en el envío del expediente para el desembolso y el Fondo por la tardanza
en el pago.

19.
De entrada, la Sala advierte varias falencias en el razonamiento del Tribunal, que
parten de ignorar lo puntos expuestos por el Fomag en su recurso de apelación, en
lo relativo al artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 y su decreto reglamentario (Decreto
942 de 2022), que daban cuenta de la necesidad de realizar un estudio que iba más
allá de sólo definir si la falencia era atribuible al ente territorial o a Fiduprevisora.

20.
El primer punto a destacar es que al abordar el problema, la autoridad judicial
estudió la responsabilidad del Fomag y de Fiduprevisora S.A. de forma indistinta, sin
reparar en que el primero insistió en que la Ley 1955 de 2019 marcó una diferencia,
que determinaba que las omisiones en que incurriera la fiduciaria administradora del
patrimonio autónomo no podían determinar la imposición de sanciones moratorias
con cargo a este.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00295-00
Accionante: Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (Fomag)
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

21.
En línea con ello, llama la atención que el Tribunal pasara completamente por alto
lo dispuesto en el artículo 57 ibídem, que no sólo señaló que “los recursos del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio sólo podrán destinarse para
garantizar el pago de las prestaciones económicas, sociales y asistenciales a sus
afiliados docentes, pensionados y beneficiarios”, sino que fijó una prohibición en los
siguientes términos: “No podrá decretarse el pago de indemnizaciones económicas
por vía judicial o administrativa con cargo a los recursos del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio”.

22.
Esa disposición, y en concreto la prohibición, merecían un estudio mucho más
acucioso. Ahora, si bien el artículo en mención sólo expone los eventos en que se
configura la responsabilidad del ente territorial, y ello sumado a un parágrafo
transitorio referido a las condenas impuestas al Fomag con corte a 2022, sirvieron al
Tribunal para concluir que el ordenamiento jurídico no excluía a ninguno de los
actores de responsabilidad; lo cierto es que la providencia ignora por completo la
reglamentación fijada en el Decreto 942 de 2022, concretamente el artículo
2.4.4.2.3.2.28, cuyo tenor es el siguiente:

«ARTÍCULO 2.4.4.2.3.2.28. Sanción moratoria. La Entidad Territorial Certificada en
Educación y la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán las responsables del pago de la
sanción por mora en el pago tardío de las cesantías, en aquellos eventos en los que el
pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los términos
previstos para cada una de ellas en los artículos 2.4.4.2.3.2.22 y 2.4.4.2.3.2.27 del
presente decreto, así como de los términos aplicables para la notificación y la resolución
de recursos de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solo podrán
destinarse para garantizar el pago de las prestaciones económicas, sociales y
asistenciales a sus afiliados docentes, pensionados y beneficiarios. La sanción moratoria
no afectará los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y,
en caso de presentarse, su pago será responsabilidad de la entidad que la genere.

PARÁGRAFO. La entidad territorial será responsable de pagar la sanción por mora en el
pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo de la
prestación se generó como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para
la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio. En caso de que se presenten demoras en el pago
de las cesantías imputables a la sociedad fiduciaria encargada de la administración de
los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que ocasionen
sanción moratoria, deberá ser cubierta con el patrimonio de la sociedad fiduciaria.

En el evento en que la sanción por mora resulte imputable a las dos entidades antes
enunciadas, ésta deberá calcularse y pagarse de forma proporcional según los días de
retraso en el reconocimiento o el pago que corresponda para cada entidad.»

6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00295-00
Accionante: Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (Fomag)
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

23.
En ese contexto normativo, la argumentación del Tribunal se muestra limitada e
insuficiente, pues a pesar de que tales disposiciones legales fueron puestas de
presente en el recurso de apelación, no se adelantó un estudio que las considerara.

24.
Por cuenta de ello, la autoridad judicial omitió que en el debate intervienen tres
actores: el ente territorial, la fiducia y el fondo. Así, resolvió sólo la discusión entre el
municipio y el Fomag, tratando a este y a Fiduprevisora, como si se trataran de un
único sujeto. Con ello obvió la distinción que para efectos de las sanciones
moratorias introdujeron la Ley 1955 de 2019 y su decreto reglamentario. A partir de
esa omisión impuso el pago de la mencionada sanción a cargo del Fomag.

25.
La Sala no desconoce que el artículo 57 de la referida Ley 1955 de 2019 se limita
a indicar que no se pueden imponer por vía judicial indemnizaciones a cargo de dicho
fondo, y que el ente territorial debe asumir el pago de las sanciones moratorias que
cause, pero no es explícito en qué sucede con las sanciones moratorias que se
causen por omisiones de Fiduprevisora; sin embargo el decreto reglamentario lo
indica, pues precisa que siempre deben pagar con sus recursos o el ente territorial o
la fiducia, pero nunca se deben cargar a los recursos del patrimonio autónomo
Fomag.

26.
Sobre dicho decreto el Tribunal no se pronuncia, pues su análisis se restringe a
una particular interpretación de la mencionada ley, que pretende complementar con
una lectura incompleta del concepto de 28 de julio de 20236 de la Sala de Consulta
y Servicio Civil del Consejo de Estado.

27.
En ese orden de ideas, esta Sala accederá al amparo del derecho fundamental al
debido proceso del Fomag y, en consecuencia, dejará sin efectos el proveído de 12
de diciembre de 2025 del Tribunal Administrativo de Antioquia, al haber incurrido en
defecto sustantivo, con el fin de que esa autoridad judicial, en el término de quince
(15) días contados a partir de la notificación de la presente decisión, adopte una
providencia adelante un análisis normativo completo, de conformidad con lo indicado
en esta providencia.

28.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela en lo que se refiere al defecto
fáctico alegado.

6 Con radicado 11001-03-06-000-2022-00213-00

7

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00295-00
Accionante: Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (Fomag)
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por
la configuración de un defecto sustantivo, en los términos indicados en este proveído.

TERCERO: Como consecuencia, se dispone DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de
12 de diciembre de 2025 emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 05837-33-33-005-2024-
00209-01, para que en el término de quince (15) días contados a partir de la
notificación de la presente decisión adopte una providencia en la que adelante un
análisis normativo completo, de conformidad con lo indicado en esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

QUINTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE7
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

7 VF

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