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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01821-00

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01821-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: RECONOCER COMO COADYUVANTE de la presente acción a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa. SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01821-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01821-00
Demandante: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FONDO NACIONAL
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, FOMAG
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA OCTAVA
DE DECISIÓN

Tema: Tutela contra providencia judicial – Declara improcedente por no
superar el requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, Fomag, a través de apoderado judicial1, instauró acción de tutela2 contra
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión3, a efectos de que
le sean amparados sus derechos fundamentales a la igualdad, de defensa y
contradicción, al debido proceso y la aplicación del principio de legalidad del gasto
público y responsabilidad fiscal.

Las anteriores garantías las estimó trasgredidas, con ocasión de la sentencia
proferida el 18 de febrero de 2026, a través de la cual, se confirmó el fallo dictado
el 9 de septiembre de 2025 por el Juzgado Veintiocho Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Medellín, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-028-2024-00149-00/01, en

1 Poder general otorgado al señor Martin Orlando Méndez Amador mediante Escritura Pública No.

1441 del 10 de octubre de 2024, quien a su vez, sustituyó el mandato al abogado Ronaldo Ruíz
Rodríguez, para promover la presente acción - índice 02 de Samai.
2 La cual fue radicada el 6 de marzo de 2026 con secuencia: 2755 – índice 01 del aplicativo Samai.
3 Integrada por los magistrados Luz Myriam Sánchez Arboleda, Juan Gabriel Villamarín Martínez y

Angy Plata Álvarez.

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Demandante: Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Octava de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01821-00

el que se accedió a las pretensiones de la demanda formulada por la señora Alba
Cecilia Ramírez Giraldo al interior del referido trámite.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió que:

2. DECLARAR, que la sentencia judicial demandada vulneró los derechos
fundamentales expuestos.

3. En consecuencia, DEJAR sin efectos la sentencia expedida por TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA DESPACHO 08 del 18 de febrero de 2026, en el
trámite del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho interpuesto
por ALBA CECILIA RAMÍREZ GIRALDO contra NACIÓN – MINISTERIO DE
EDUCACIÓN – FOMAG – FIDUPREVISORA S.A. – DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA (expediente: 05001 33 33 028 2024 00149 01) mediante la cual se
confirmó condenar al FOMAG al pago de una sanción moratoria por pago tardío de
las cesantías Ley 1071 de 2006 generada en vigencia del año 2023.

4. En su lugar, se ordene a la autoridad a expedir una decisión de reemplazo que se
ajuste al ordenamiento jurídico vigente, en especial, el Decreto 942 de 2022.4

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

El 16 de agosto de 2023 la señora Alba Cecilia Ramírez Giraldo en calidad de
docente adscrita al departamento de Antioquia, le solicitó al Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante
Fomag), el reconocimiento y pago de sus cesantías, la cual fue reconocida mediante
Resolución ANTIOD2023000727 del 25 de agosto de la misma anualidad.

Sin embargo, a criterio de la parte actora, la prestación solicitada le fue cancelada
fuera del término legal establecido; ya que la entidad territorial no expidió el acto
administrativo dentro de los 15 días siguientes, ni el Fomag canceló la prestación
dentro de los 45 días hábiles con los que contaba, además de aseverar que los
recursos fueron puestos a su disposición el 6 de diciembre de 2023.

Por lo anterior, radicó ante las autoridades respectivas, petición en la que solicitó el
reconocimiento y pago de la sanción por mora contemplada en la Ley 1071 de 2006;
frente a lo cual, el departamento de Antioquia mediante oficio ANT 2024EE001739
del 6 de febrero de 2024 resolvió de manera desfavorable lo peticionado,
configurándose el acto ficto o presunto negativo respecto a la Nación, Ministerio de
Educación Nacional – Fomag.

4 Transcripción del texto original con posibles errores.

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Demandante: Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Octava de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01821-00

Conforme a lo expuesto, la señora Ramírez Giraldo, instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en la que pretendía obtener la declaratoria de nulidad
de los actos administrativos aludidos, y como consecuencia, le fuera cancelada la
indemnización a que hubiere lugar por el pago tardío de sus cesantías, acorde con
lo previsto en la Ley 1071 de 2006.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Veintiocho Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Medellín que, mediante sentencia del 9 de septiembre de 2025,
accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda.

Como fundamento, manifestó que, conforme al material probatorio allegado se logró
demostrar que el 16 de agosto de 2023 la señora Alba Cecilia Ramírez Giraldo
solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales, razón por la cual, bajo
los presupuestos de la Ley 1071 de 2006 la entidad contaba con un término de
setenta (70) días hábiles para el pago oportuno de la prestación, los cuales
vencieron el 28 de noviembre de 2023; sin embargo, al haberse efectuado el pago
a la demandante el 6 de diciembre de 2023, concluyó que se causó la mora alegada
desde el 29 de noviembre de 2023 hasta el 5 de diciembre de 2023 [día calendario
anterior al que se realizó el pago], para un total de 6 días corrientes de mora.

De igual forma, coligió que la condena aludida debía ser asumida por la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fomag, toda vez que, al interior del plenario
quedó demostrado que la Resolución ANTIOD2023000727 fue firmada desde el 25
de agosto de 2023, siendo gestionada y finalizada el 22 de agosto de la misma
anualidad, pese a que el departamento de Antioquia tenía hasta el 7 de septiembre
de 2023 para expedir dicho acto.

La anterior decisión fue recurrida por la parte demandada y confirmada por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión mediante sentencia
del 18 de febrero de 2026, utilizando como sustento argumentos similares a los
expuestos por el a quo.

La citada providencia fue notificada a las partes mediante correo electrónico el 23
de febrero de 20265.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que, conforme a lo preceptuado en el artículo
2.4.4.2.3.2.28 del Decreto 942 de 2022, el Fomag se encuentra excluido de
cualquier responsabilidad frente al pago tardío de las cesantías generadas con
posterioridad a la entrada en vigencia de la mencionada norma.

Precisó que, si bien el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023 modificó el parágrafo
transitorio del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, en el sentido de facultar al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir títulos en pro de financiar el

5 Índice 12 y 13 del expediente ordinario.

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Demandante: Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Octava de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01821-00

pago de las sanciones por mora a cargo del Fomag y que se hubieren causado a
diciembre de 2022, ello no significa que a dicha entidad le corresponda cancelar las
prestaciones que deben ser asumidas por los entes territoriales o por la
Fiduprevisora S.A., máxime cuando se trata de una sanción generada en el año
2023, que no se encuentra dentro de la esfera de la norma en mención.

De igual forma, refirió que, a través de la providencia acusada el Tribunal
Administrativo accionado incurrió en un defecto sustantivo, toda vez que, la
corporación enjuiciada la condenó a pagar en favor de la demandante la sanción
por mora causada en el año 2023, sin la existencia de una norma jurídica que
determine que a dicha entidad le corresponde cancelar la referida prestación a partir
del 1º de enero de la citada anualidad, omitiendo dar aplicación a lo dispuesto en el
Decreto 942 de 2022.

Por último, alegó que, al haberse exonerado a la entidad territorial a pagar la sanción
por mora solicitada, por cumplir oportunamente las etapas que le correspondían, de
conformidad con lo previsto en la Ley 1071 de 2006, sin que hubiere exonerado al
Fomag al pago de dicha indemnización en consonancia con lo dispuesto en el
Decreto 942 de 2022, se vulneró de manera flagrante su derecho fundamental a la
igualdad, y a los principios de legalidad del gasto público y responsabilidad fiscal,
por haberse efectuado una aplicación selectiva de las normas.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 16 de marzo de 2026, la Magistrada Ponente de esta decisión
avocó el conocimiento de la solicitud de amparo y ordenó notificar en calidad de
accionados a los magistrados Luz Myriam Sánchez Arboleda, Juan Gabriel
Villamarín Martínez y Angy Plata Álvarez, integrantes del Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Octava de Decisión6.

Así mismo, vinculó como terceros con interés jurídico legítimo, al juez Veintiocho
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín7 [quien profirió la sentencia de
primera instancia dentro del proceso ordinario que se cuestiona], a la señora Alba
Cecilia Ramírez Giraldo8 [quien fungió como extremo activo de la litis], y al
departamento de Antioquia9 [quien actuó en calidad de demandado al interior del
dicho trámite].

Por último, se reconoció personería al abogado Martín Orlando Méndez Amador,
para actuar como apoderado de la Nación, Ministerio de Educación, Fomag, para
que representara los intereses de la parte actora dentro del presente asunto.

6 Notificada a: lsanchear@cendoj.ramajudicial.gov.co jvillamam@cendoj.ramajudicial.gov.co
aplataa@cendoj.ramajudicial.gov.co sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co
7 Notificación efectuada a: adm28med@cendoj.ramajudicial.gov.co
8 Notificación efectuada a: carolina@lopezquinteroabogados.com albaramgi30@gmail.com
9 Notificación efectuada a: notificacionesjudiciales@antioquia.gov.co

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Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Octava de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01821-00

En igual sentido, se reconoció personería al abogado Ronaldo Ruíz Rodríguez para
actuar como apoderado sustituto de la referida entidad, en los estrictos términos de
la sustitución del poder obrante en el expediente digital.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Juzgado Veintiocho Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín

La titular del despacho allegó informe en el que manifestó que, los argumentos de
hecho y de derecho que sustentan la decisión adoptada en primera instancia se
encuentran debidamente expuestos en la providencia del 9 de septiembre de 2025,
por ende, no es del caso reproducir los mismos, como tampoco efectuar
comentarios adicionales a lo expuesto en la sentencia aludida.

Precisó que, sin perjuicio de lo anterior, la acción de tutela formulada deviene
improcedente, en tanto persigue la protección de derechos que ya fueron objeto de
debate, cuyo proceso culminó con providencia desfavorable a los intereses de la
parte actora, sin que jurídicamente resulte admisible pretender, por esta vía
excepcional y subsidiaria reabrir una controversia definida por el juez natural.

Conforme a lo anterior, solicitó que se denieguen las pretensiones elevadas por la
tutelante, al no existir vulneración de los derechos fundamentales que se invocan,
toda vez que, dentro del trámite del proceso ordinario, dicha autoridad actuó con
respeto a los sujetos procesales y con sujeción a las normas que resultan aplicables
al caso en concreto, ciñendo sus decisiones conforme a derecho.

1.6.2. Departamento de Antioquia

Allegó escrito en el que manifestó que, los argumentos traídos por el Tribunal
Administrativo accionado en el fallo acusado son producto del análisis razonado de
la sentencia de Unificación proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, el 18 de julio de 201810, en armonía
con los preceptos establecidos en la Ley 1071 de 2006.

Aunado a ello, precisó que, la autoridad judicial accionada realizó un análisis
normativo, jurisprudencial, emitiendo sus argumentos conforme al material
probatorio obrante en el proceso, sin que la acción de tutela pueda convertirse en
una tercera instancia como lo pretende la accionante, por lo que solicitó que, se
resuelvan de manera desfavorables las pretensiones invocadas por la actora.

10 Expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01 (4961-2015)

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Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG
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Sala Octava de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01821-00

1.6.3. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión.

La Magistrada ponente de la decisión que se cuestiona, allegó escrito en el que
manifestó que, en el presente asunto no se suple con el requisito de relevancia
constitucional para que se torne procedente la acción constitucional de la referencia,
toda vez que la parte actora trajo a colación los mismos argumentos en los que se
fundamentó la apelación presentada contra la sentencia proferida por el juzgado de
primera instancia, aspectos que fueron debidamente resueltos en la providencia
acusada.

Refirió que, conforme al precedente jurisprudencial establecido sobre la materia, la
acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional para reabrir
debates concluidos, lo cual guarda íntima relación con la causal genérica para que
proceda una tutela en contra de una providencia judicial.

Aseveró que, el Fomag no indica ni desarrolla de forma clara, detallada y
comprensible cómo la sentencia censurada incurre en defectos graves que hacen
incompatible la decisión censurada con la Constitución, además de no contar con la
carga argumentativa mínima exigida que permita dilucidar los defectos invocados.

Por ende, lo que subyace en la solicitud de amparo es evitar el pago de una condena
a 6 días de sanción por mora, suma que al momento de su liquidación no llegaría al
valor de un salario mínimo mensual legal vigente, y que no afectaría su patrimonio
y mucho menos el mínimo vital.

Por lo anterior, concluyó que, lo pretendido por la tutelante no es controvertir la
afectación a derechos fundamentales de trascendencia Constitucional, sino rebatir
un asunto legal, de contenido netamente económico, de índole patrimonial que no
tiene relevancia Constitucional.

1.6.4. Ministerio de Educación Nacional

Manifestó que, en calidad de coadyuvante de la parte actora, respalda la solicitud
elevada por el Fomag en la acción formulada, toda vez que la autoridad accionada
en la sentencia acusada le impuso una obligación que no encuentra sustento en el
ordenamiento jurídico vigente, en la medida en que la sanción moratoria objeto de
controversia al interior del trámite ordinario se generó con posterioridad a la entrada
en vigencia del Decreto 942 de 2022, circunstancia que resulta determinante para
efectos de establecer el sujeto responsable de dicha carga.

En ese contexto, refirió que trasladar al Fomag la obligación de asumir el pago de
la sanción desconoce de manera directa el marco normativo aplicable, el cual
establece que este tipo de cargas deben ser asumidas por la autoridad que haya
generado la mora, ya sea la entidad territorial certificada o la sociedad fiduciaria,
según el caso, y no con cargo a los recursos del Fomag cuya destinación se
encuentra legalmente restringida, interpretación que no solo se deriva del tenor

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Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG
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Sala Octava de Decisión
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literal de la norma, sino que además, ha sido reiterada por la Sección Tercera,
Subsección A de esta Corporación en sentencia del 27 de febrero de 2026 al interior
de la tutela con radicado 11001-03-15-000-2026-00295-00, en la cual se analizó un
asunto sustancialmente análogo, arribando a la citada conclusión.

Así mismo, señaló que en el mencionado proceso, se resaltó que los recursos del
Fomag solo pueden destinarse al pago de prestaciones económicas, sociales y
asistenciales, por lo que no resulta jurídicamente viable ordenar el pago de
indemnizaciones con cargo a dichos recursos, en aplicación del principio de
legalidad del gasto público, perspectiva de la que se advierte que la providencia
judicial objeto de tutela en el presente asunto incurrió en el defecto sustantivo
alegado, por haber realizado una interpretación contraria al ordenamiento jurídico
vigente, razón por la cual resulta procedente acceder a las pretensiones formuladas
en el mecanismo de la referencia.

1.6.5. La señora Alba Cecilia Ramírez Giraldo, pese a ser debidamente notificada
de la existencia del presente asunto, no se pronunció sobre la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86
de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5. ° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, por cuanto se dirige contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Octava de Decisión.

2.2. De la Coadyuvancia

La Nación, Ministerio de Educación Nacional, manifestó su intención de coadyuvar
las pretensiones formuladas en la presente acción de tutela, al considerar que la
autoridad judicial accionada mediante la sentencia acusada le impuso una
obligación que no encuentra sustento en el ordenamiento jurídico vigente, en la
medida en que la sanción moratoria objeto de controversia, se generó con
posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 942 de 2022, circunstancia que
resulta determinante para establecer el sujeto responsable de dicha carga.

En relación con la procedencia de la coadyuvancia, la Corte Constitucional11 ha
dispuesto las siguientes reglas:

I) La participación del coadyuvante debe estar acorde con la postura y las
pretensiones formuladas por la parte actora o el demandado en el trámite de tutela,
esto es, no puede formular pretensiones propias de amparo de sus derechos
fundamentales.

11 Al respecto, ver, entre otros: Auto 401 del 2020.

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Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG
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Sala Octava de Decisión
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II) La coadyuvancia puede ser llevada a cabo hasta antes de que se expida la
sentencia que finalice el proceso de tutela, es decir, hasta antes de la sentencia de
única, de segunda instancia o de revisión ante la Corte Constitucional.

En virtud de lo expuesto, la Sala reconocerá a la referida entidad ministerial como
coadyuvante en el presente proceso constitucional, al evidenciar que se cumple con
los requisitos dispuestos por el alto tribunal para el efecto. Ello es así, por cuanto
manifestó su voluntad de cooperar íntegramente la solicitud de amparo presentada
por la parte actora, petición que fue formulada previo a que se profiera sentencia de
primera instancia.

2.3. Problema jurídico

Conforme lo establecido en los antecedentes, las pretensiones invocadas por la
parte accionante, el material probatorio recaudado y las intervenciones
presentadas, corresponde a la sala resolver el siguiente problema jurídico:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, vulneró
los derechos fundamentales de la tutelante, con ocasión de la sentencia
proferida el 18 de febrero de 2026, que confirmó el fallo dictado el 9 de
septiembre de 2025 por el Juzgado Veintiocho Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Medellín, al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-028-2024-00149-
00/01, en el que se accedió a las pretensiones de la demanda formulada por
la señora Alba Cecilia Ramírez Giraldo al interior del referido trámite?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos generales de procedibilidad y, (iii) el caso
concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 12
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema13 y declaró su
procedencia.14

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.5.1. Relevancia constitucional

Sobre este punto, es necesario traer a colación las reglas establecidas por la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202215.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la

13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
14 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
15 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Octava de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01821-00

búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal16 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico17; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional18

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica […]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal19”. En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales20”.

16 Sentencia SU-573 de 2019.
17 Sentencia SU-103 de 2022.
18 Sentencia SU-103 de 2022.
19 Sentencia SU-103 de 2022.
20 Sentencia SU-128 de 2021.

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En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental […]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto21, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal22. (Resaltado de la Sala)

2.6. Caso concreto

Como se señaló, la parte actora atribuye la vulneración de sus derechos
fundamentales a la sentencia proferida el 18 de febrero de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión que confirmó el fallo dictado
el 9 de septiembre de 2025 por el Juzgado Veintiocho Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Medellín, al interior del medio de control identificado de manera
previa.

Lo anterior, al considerar que, a través de la misma se incurrió en un defecto
sustantivo, toda vez que, la corporación enjuiciada la condenó a pagar en favor de
la demandante la sanción por mora causada en el año 2023, sin la existencia de
una norma jurídica que determine que a dicha entidad le corresponde cancelar la
referida prestación a partir del 1º de enero de la citada anualidad, omitiendo dar
aplicación a lo dispuesto en el Decreto 942 de 2022.

Sin embargo, considera la Sala que el presente asunto no cumple con el requisito
general de relevancia constitucional, por cuanto, no se avizora un argumento sólido
que demuestre la transgresión de sus garantías constitucionales que permitan
superar el referido presupuesto tratándose de acción de tutela contra providencia
judicial; comoquiera que: (i) el debate gira en torno a un asunto de interpretación
meramente legal y, (ii) no se observan, a primera vista, la afectación a derechos
fundamentales como el debido proceso, pues no se alegó algún reproche frente a
su ejercicio de defensa y contradicción dentro del trámite adelantado al interior del
proceso ordinario.

Así mismo, se advierte que el amparo constitucional estudiado no tiene la identidad
o trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos constitucionales, ya
que la discusión planteada por la accionante pone en evidencia una inconformidad
con la conclusión a la que llegó el juez de segunda instancia.

Ello es así, por cuanto revisado el escrito de amparo, se evidencia que la tutelante
reitera los argumentos que fueron estudiados a lo largo del proceso ordinario, y que
además fueron planteados en el recurso de apelación formulado contra la sentencia

21 Sentencia SU-573 de 2019.
22 Ib.

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de primera instancia, pues en aquella oportunidad el Fomag también fue enfático en
señalar que no era posible utilizar sus propios recursos para pagar la condena que
le fue impuesta, como quiera que, la mora alegada se generó en vigencia del 2023.

Circunstancia que, según su criterio imposibilita que a través de los títulos de
tesorería se reconozca el pago de la indemnización solicitada, ya que a partir del 1º
de enero de la mencionada calenda, el responsable de asumir la sanción por mora
a que hubiere lugar por el pago tardío de las cesantías es el ente territorial respectivo
o la Fiduprevisora S.A.

En este orden, y revisada la motivación desplegada por el ad quem en la sentencia
censurada, se evidencia que en la misma se dejó señalado que:

con el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 se estableció que “Los recursos del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio sólo podrán destinarse para
garantizar el pago de las prestaciones económicas, sociales y asistenciales a sus
afiliados docentes, pensionados y beneficiarios. No podrá decretarse el pago de
indemnizaciones económicas por vía judicial o administrativa con cargo a los recursos
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.

No obstante, tal precepto no implica en modo alguno que en caso de que el FOMAG
incurra en mora en la actuación que le compete, no pueda ser condenado al pago de
esta, pues lo que la norma consagra es que sus recursos solo podrán utilizarse para
los efectos allí mencionados y no para el pago de indemnizaciones judiciales o
administrativas, lo que implica que deberán acudir a otras fuentes de financiación.
[…]

Por lo anterior, la Ley 2294 de 2023, de ninguna manera prescribe que en todos los
eventos en los que se configure la sanción moratoria, serán los entes territoriales los
obligados al reconocimiento y pago, pues solo lo serán cuando efectivamente incurran
en ella.

Asimismo, tampoco es acertado el argumento referido a que la responsabilidad del
pago de la sanción moratoria corresponde asumirla a la Fiduprevisora S.A., pues esta
última actúa única y exclusivamente como vocera y administradora del patrimonio
autónomo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, en
cumplimiento de las obligaciones contractuales que se desprenden del contrato de
Fiducia Mercantil.

De tal manera que los recursos administrados por la Fiduprevisora S.A. provienen del
FOMAG que, aunque son recursos públicos, su disponibilidad depende y se
condiciona a las instrucciones del Fideicomitente, en este caso, el Ministerio de
Educación Nacional.

Así mismo, y si bien la tutelante es reiterativa en señalar que al haberse exonerado
a la entidad territorial demanda de pagar la sanción por mora solicitada, por cumplir
oportunamente las etapas que le correspondían, conforme a lo preceptuado en la
Ley 1071 de 2006, sin que se hubiere eximido al Fomag al pago de dicha
indemnización en consonancia con lo dispuesto en el Decreto 942 de 2022, se
evidencia que, en la parte considerativa de la sentencia del 18 de febrero de 2026,
y que ahora es objeto de cuestionamiento, se indicó:

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no se acogerán los argumentos expuestos en el recurso por parte del FOMAG, ya
que pretende que se le excluya de la responsabilidad en el pago de la sanción por
mora en virtud de lo establecido en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, lo que difiere
del contenido allí previsto, por cuanto lo que consigna esta norma es que la sanción
prevista en la Ley 1071 de 2006, cuando se cause la mora en el pago de las cesantías,
le corresponde asumirlo al ente que en el trámite asignado por esta Ley, haya
generado quebrantado los términos allí regulados.

Lo anterior, permite concluir que, si bien la parte actora intenta exponer las razones
por las cuales considera que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava
de Decisión incurrió en una vulneración de sus derechos fundamentales y a su vez,
en el defecto alegado, en realidad lo que se evidencia es una simple inconformidad
con lo dispuesto por el ad quem en la sentencia censurada, y las conclusiones a las
cuales arribó, lo cual, per se, no implica una trasgresión de los mencionados
derechos.

En ese sentido, se resalta que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar las mismas vía
acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el
debate planteado por la accionante busca mutar el amparo constitucional en una
tercera instancia.

Aunado a lo expuesto, se reitera que el juez constitucional no está instituido como
órgano de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de los
procesos que se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto estableció el
legislador, ya que, de avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la acción
de tutela y la desarticulación de la organización judicial.

Por último, y si bien el Ministerio de Educación Nacional en el escrito de
coadyuvancia presentado manifestó que con la decisión adoptada por la autoridad
judicial accionada se desconocieron los pronunciamientos realizados por la Sección
Tercera, Subsección A de esta Corporación en sentencia del 27 de febrero de 2026
al interior de la tutela con radicado 11001-03-15-000-2026-00295-00, en la cual se
analizó un asunto sustancialmente análogo al que ahora ocupa la atención de la
Sala, arribando a la conclusión de que los recursos del Fomag solo pueden
destinarse al pago de prestaciones económicas, sociales y asistenciales, por lo que
no resulta jurídicamente viable ordenar el pago de indemnizaciones con cargo a
dichos recursos, en aplicación del principio de legalidad del gasto público; considera
la Sala que frente al particular no hay lugar a emitir pronunciamiento alguno.

Ello, por cuanto la Corte Constitucional en la sentencia SU-067 del 24 de febrero de
2022 fue enfática en señalar que, si bien la coadyuvancia en las acciones de tutela
surge como la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso
que manifiesta compartir las reclamaciones y argumentos expuestos por el
accionante, dicha circunstancia no supone que éste pueda realizar
planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las
realizadas por el demandante, pues de suceder esto se estaría realmente ante
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una nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la
coadyuvancia.

Conforme a lo analizado, concluye la Sala que en el caso sub examine no es
evidente la tensión entre derechos fundamentales en contraste con lo decidido por
la autoridad judicial accionada, que amerite la intervención del juez constitucional,
en tanto que, la acción de tutela no se encuentra instituida para resolver asuntos de
tal naturaleza legal, máxime cuando lo perseguido por la parte actora es que el juez
de tutela realice un nuevo estudio de los planteamientos ya examinados al interior
del proceso ordinario, pretendiendo que se adopte una decisión diferente a la ya
analizada por el juez natural, por lo que se impone declarar la improcedencia de la
presente acción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: RECONOCER COMO COADYUVANTE de la presente acción a la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, conforme a las razones expuestas en la
parte considerativa.

SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por la parte actora contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de
Decisión, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el
siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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