Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00359-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00359-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00359-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
9 de abril de 2026
Demandante: Javier Herrera Suan
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00359-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., nueve [9] de abril de dos mil veintiséis [2026]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00359-01
Demandante: JAVIER HERRERA SUAN
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
Constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación elevada por la parte actora contra el fallo de 13 de
febrero de 2026, por medio del cual la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró improcedente el mecanismo constitucional de la
referencia.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor Javier Herrera Suan, mediante apoderado judicial, radicó acción de tutela el
21 de enero de 2026, con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales a
la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Las referidas garantías superiores las consideró vulneradas con ocasión de la
sentencias de 30 de junio de 2022, del Juzgado Catorce Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Bucaramanga, que negó las pretensiones y de 10 de julio de
2025, del Tribunal Administrativo de Santander, que confirmó la decisión de primer
grado, dictadas al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que
adelantó contra la E.S.E. Hospital del Carmen, identificado con el radicado 68001-
33-33-014-2016-00277-00/02.
1.2. Pretensiones
Las peticiones deprecadas fueron las siguientes:
1)Se protejan los derechos fundamentales al acceso efectivo a la administración
de justicia, en armonía con el principio de primacía del derecho sustancial,
consagrados en los artículos 13, 29 229 y 228 de la Constitución Política.
2)Se ordene a las accionadas emitan una sentencia de remplazo, ordenado tomar las
medidas procesales necesaria tendientes al esclarecimiento de la verdad material1.
1 Transcripción de conformidad con el texto original con posibles errores.
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Demandante: Javier Herrera Suan
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
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1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la
decisión que se adoptará en esta instancia:
El señor Javier Herrera Suan, como empleado de la E.S.E. Hospital El Carmen, del
municipio del Carmen de Chucuri [Santander], solicitó el 3 de agosto de 2015, el
pago del incremento salarial consagrado en el artículo 13 del Decreto Reglamentario
439 de 1995, a partir del 1º de enero de 2013, al haber renunciado al régimen
retroactivo de las cesantías.
Dada la negativa de la administración al referido pedimento, el accionante interpuso
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
de la cual conoció, en primera instancia, el Juzgado Catorce Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Bucaramanga, autoridad judicial que, en sentencia de 30 de
junio de 2022, negó las súplicas, con sustento en que, como el demandante se
había vinculado al servicio con posterioridad a la entrada en vigor de las Leyes 10
de 1990 y 100 de 1993, no le era aplicable lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto
439 de 1995, por disposición expresa del artículo 242 de la Ley 100 de 1993.
El Tribunal Administrativo de Santander, al desatar el recurso de apelación
interpuesto por el extremo activo del litigio, en decisión de 10 de julio de 2025,
confirmó la providencia del a quo, para lo cual, en primer lugar precisó que,
conforme al argumento del escrito de alzada, el problema jurídico se circunscribía a
establecer sí le asistía derecho al actor al reconocimiento y pago del incremento del
15% sobre la asignación básica mensual, prevista en el artículo 13 del Decreto 439
de 1995, teniendo en cuenta que acreditó en esta instancia que había iniciado su
relación laboral con anterioridad a la vigencia de las Leyes 10 de 1990 y 100 de
1993.
En segundo término, indicó que con la demanda se aportó la certificación que daba
cuenta que el señor Herrera Suan se vinculó al servicio el 1º de marzo de 1997, en
ese orden, advirtió que, de conformidad con la prueba allegada oportunamente,
aquel inició labores con la demandada después de que empezaran a surtir efectos
las leyes 10 de 1990 y 100 de 1993, luego no le era aplicable la disposición solicitada
y con ello el referido incremento.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora, después de referirse al cumplimiento en su caso de los requisitos
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, manifestó que en
las sentencias censuradas se incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y
procedimental por exceso ritual manifiesto.
Frente al primer yerro alegó que, se desconoció el artículo 228 de la Constitución
Política, en tanto que, en su sentir, las decisiones se habían basado en que la
prueba estaba solamente en cabeza de la parte demandante, cuando desde el
escrito introductorio se afirmó que su vinculación se produjo desde el año 1988,
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circunstancia que no fue desmentida por la demandada, sumado a que con
documental extemporánea se acreditaba tal situación.
Asimismo, aseveró que las autoridades cuestionadas fueron omisivas al no
cuestionarse el hecho de que, si estaba recibiendo el 15% de incremento de la
asignación básica por haber renunciado a la retroactividad de las cesantías, era
porque su vinculación había ocurrido con anterioridad al Decreto 1298 de 1994.
Respecto del defecto fáctico indicó que se dejó de realizar una valoración
sistemática, pues, en su sentir, los jueces encartados debieron haber decretado una
prueba, en uso de la facultad oficiosa, para haber determinado con certeza la fecha
de su ingreso al servicio de la demandada.
Finalmente, en relación con el último cargo, señaló que, si bien se cumplió a
cabalidad con el procedimiento establecido para el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, no obstante, pese a haberse aportado una
certificación que indicaba que su vinculación fue el año 1988, aun cuando fuese
extemporánea, no podía desconocerse, bajo un exceso ritual probatorio, en
contravía de la prevalencia del derecho sustancial y la justicia material.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 23 de enero de 2026, el a quo constitucional admitió la solicitud
de amparo y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Santander y al Juzgado
Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, como
accionados. Asimismo, como tercero con interés vinculó a la E.S.E Hospital El
Carmen.
De otra parte, reconoció al abogado José Fernando Álvarez Castillo como
apoderado del accionante en los términos del poder otorgado en su favor.
1.6. Intervenciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes manifestaciones:
1.6.1. Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Bucaramanga
El titular del referido despacho señaló que no se vulneraron los derechos
fundamentales del accionante, en atención a que la decisión de primer grado se
tomó con sustento en las pruebas aportadas oportunamente al proceso.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Santander
La magistrada ponente de la decisión de segunda instancia censurada solicitó la
declaratoria de improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional, ante la falta de carga argumentativa que justifique la intervención del
juez de este escenario. En su defecto, pidió que se deniegue la protección de las
garantías superiores alegadas por el actor.
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1.7. Fallo impugnado
Mediante sentencia de 13 de febrero de 2026, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
Así entonces, después de hacer un recuento sobre el trámite del proceso ordinario
donde se dictaron las sentencias censuradas, advirtió que, en primer lugar, las
autoridades judiciales habían negado las pretensiones de la demanda con sustento
en las pruebas oportunamente allegadas al expediente, luego, dicho sentido fue el
resultado de la negligencia del demandante frente a la carga probatoria que le
competía para acreditar los supuestos fácticos en los que fundó sus súplicas.
En ese orden, señaló que no era admisible que el tutelante pretendiera alegar la
presunta configuración de determinados defectos para sacar provecho de su propio
descuido, cuando, lo cierto era que el tribunal adoptó su decisión en derecho, con
sustento en lo acreditado y en observancia en lo dispuesto en el artículo 212 de la
Ley 1437 de 2011, que le impedía valorar la documental allegada con el recurso de
apelación.
En segundo término, aseveró que lo pretendido por el actor era que se revisara una
vez más el debate surtido en el contencioso de nulidad y restablecimiento del
derecho y obtener un fallo favorable a sus intereses, lo cual indicó era notoriamente
improcedente en tanto la acción de tutela no era una instancia adicional del proceso
ordinario.
1.8. Impugnación
La parte actora indicó que, si bien era cierto que el mecanismo constitucional no
podía ser utilizado para volver sobre la controversia ya zanjada por los jueces
naturales, en su caso, las autoridades judiciales encartadas omitieron hacer una
valoración conjunta de las pruebas, pues, solo se basaron en la certificación laboral
aportada al expediente, cuando, conforme a los artículos 167 y 170 del Código
General del Proceso, el operador jurisdiccional puede decretar pruebas de oficio o
requerir a las partes para que aporten las evidencias o esclarezcan los hechos
controvertidos. Asimismo, alegó que, aunque estaba de acuerdo con el análisis
realizado por el a quo sobre el artículo 212 de la Ley 1437 de 2011, no se había
estudiado el artículo 213 de la misma normativa, que también regula la prueba de
oficio.
En ese orden, aseveró que, no se pretendía sorprender a la parte contraria con una
prueba sobreviniente sino, de hacerle ver al juez constitucional que al interior del
proceso obraban otras pruebas e indicios con las cuales se podía establecer su
fecha de vinculación y con ello propiciar el decreto de una prueba de oficio para
determinar si aquella se produjo antes de la vigencia del Decreto 439 de 1995. En
este punto hizo referencia a i] la certificación laboral que daba cuenta que se le
estaba pagando el 15% sobre la asignación básica; ii] la contestación de la demanda
y; iii] los argumentos de la entidad en el proceso administrativo para negar la
continuación del pago del mentado beneficio, referidos a que de conformidad con la
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sentencia C-255 de 1995, la Corte Constitucional había declarado inexequible el
Decreto 1298 de 1994 y con ello la pérdida de vigencia del Decreto 439 de 1995.
Asimismo, señaló que desde la demanda se había indicado la fecha de vinculación,
sin que tal hecho fuera negado u objeto de discusión o controversia, pues, el debate
jurídico fue únicamente sobre si le asistía derecho a seguir percibiendo el
incremento del 15% sobre el salario básico previsto en el Decreto 439 de 1995.
Por último, iteró que, no se pretendía crear una tercera instancia ni suplir una falta
probatoria, sino de advertir que las autoridades judiciales accionadas solo se
basaron en una prueba, sin cuestionarse el hecho de que le estaban pagando el
referido beneficio, circunstancia que ameritaba analizar si su vinculación fue anterior
al año 1995.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte actora contra el fallo de 13 de febrero de 2026, proferido por la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591
de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y los
Acuerdos 080 de 2019 y 434 de 2024, de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 13 de febrero de 2026, de la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró improcedente el mecanismo de
protección superior presentado por el señor Javier Herrera Suan, ante la falta de
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: [i] la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, [ii] de los requisitos
de procedibilidad adjetiva, en especial el de relevancia constitucional y, de
superarse, junto con los demás, [iii] el caso concreto.
Se precisa en este punto que, aun cuando el actor cuestionó las sentencias tanto
del Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga como
del Tribunal Administrativo de Santander, el análisis recaerá sobre la dictada en
segundo grado por ser el pronunciamiento que puso fin a la controversia.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 2,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
2 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
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la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma instancia habían adoptado posturas diversas sobre el tema3.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la viabilidad del mecanismo superior contra decisiones de los jueces4.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20145, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, sobre la referida temática.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
2.4.1. Relevancia constitucional
2.4.1.1. La Sala advierte que en el caso sub examine, de conformidad con lo
señalado por el a quo constitucional, no se cumple el presupuesto de la referencia,
para lo cual resulta pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción de
amparo de cara a este requisito, así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: [i] que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; [ii] que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, [iii] que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].
[Énfasis de la Sala]
En segundo lugar, se tiene que esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de
20226, modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del
requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales
3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
4 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico,
sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un análisis de fondo respecto
de una posible vulneración de una garantía constitucional.
De esta manera, la Sala planteó que el examen de dicha exigencia debía estar
acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y acogidos
por esta Corporación, que en concreto se refieren a:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente
la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no
basta que simplemente se aduzca la trasgresión de aquellos;
ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede convertirse en una
tercera instancia.
Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la decisión atacada se presenta
una afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de una
actuación arbitraria.
Así, dicho requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de
las prerrogativas superiores, sino en que se aporten elementos suficientes que
permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este
mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre 7.
2.4.1.2. Ahora, en el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por
el tutelante, como se indicó en precedencia, no satisface el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que, las inconformidades planteadas no contienen la
carga argumentativa necesaria que dé cuenta de las razones del por qué el asunto
requiere la intervención del fallador de esta sede; es decir, no tienen la entidad o
trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos constitucionales.
En efecto, si bien el actor alegó la configuración de los defectos sustantivo, fáctico
y procedimental por exceso ritual manifiesto, lo cierto es que no satisfizo la carga
desde la perspectiva constitucional, según lo establecido en la referida sentencia de
unificación SU-215 de 2022, pues, el debate planteado en esta instancia se
circunscribe a un simple desacuerdo con la valoración probatoria, cimentado en que,
pese a que se aportó con la demanda una certificación que contenía una fecha de
7 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
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vinculación errada, en el escrito introductorio se había indicado la correcta y también
con una documental allegada con el recurso de apelación, circunstancias que, en
su sentir, debieron habilitar la facultad oficiosa para el decreto de pruebas.
Se reitera que la afirmación consistente en que se vulneraron sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, no conlleva a que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela revista
necesariamente de relevancia constitucional, pues para ello se requiere que en el
escrito inicial medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita
vislumbrar que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un
derecho fundamental. Esto, ya que la competencia de este operador judicial se
restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas
de carácter legal o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas
por los jueces naturales.
La carga argumentativa a la cual hace alusión la Corte Constitucional no se satisface
simplemente con enunciar y transcribir artículos de la Constitución Política o realizar
manifestaciones genéricas para cumplir el mencionado ejercicio, sino que dicha
labor comprende una labor de sustentación mucho más profunda.
En el escrito contentivo de la tutela, se advierte el reparo a la decisión de segunda
instancia a partir de la configuración de determinados defectos, pero huérfano de
una línea conceptual ius fundamental que permita al juez desarrollar, interpretar o
aplicar la Carta Política respecto al caso concreto.
Ello por cuanto, si bien se indicó que el tribunal accionado debió valorar en conjunto
las pruebas aportadas al proceso, al existir documentales e indicios que daban
cuenta de la fecha real de vinculación laboral del señor Herrera Suan, aun cuando,
en la certificación inicialmente aportada se indicaba una fecha errada, circunstancia
que obligaba al decreto oficioso de pruebas, lo cierto es que no se advierten
disquisiciones en las que se haga ver cómo tal circunstancia había trasgredido las
garantías superiores alegadas como conculcadas, es decir, tan solo se hacen
reparos desde la óptica de análisis que debe hacer el operador judicial que conoce
del medio de control.
Ahora bien, resulta pertinente precisar que la autoridad judicial censurada, advirtió
que fue el propio demandante quien allegó la certificación inicial que acreditaba su
fecha de vinculación, sin que además en el trascurso de la primera instancia hubiera
aportado alguna prueba adicional que demostrara la afirmación contenida en la
demanda, según la cual se incorporó al servicio en el año 1988 y en ese orden,
concluyó:
Así las cosas, se advierte que la parte demandante dejó vencer las oportunidades
procesales previstas en el ordenamiento jurídico para aportar la prueba documental
que finalmente suministró junto con el recurso de apelación, de suerte tal que fue
allegada de forma extemporánea y no puede ser valorada en virtud del principio de
preclusividad de las etapas procesales.
En otras palabras, el acta de posesión allegada por la parte demandante con el
recurso de apelación no puede ser tenida en cuenta como material probatorio dentro
del presente asunto, al no cumplir con las exigencias del artículo 212 del CPACA, es
decir: i) no fue un documento pedido de común acuerdo por las partes; ii) una prueba
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que no haya sido decretadas o practicadas en la primera instancia; iii) no versa sobre
hechos acaecidos después de finalizada la etapa probatoria; iv) tampoco se explicó
que sean oficios que no hayan podido solicitarse por fuerza mayor o caso fortuito en
la oportunidad que correspondía y, v) no se pretende con ella desvirtuar las pruebas
aportadas por la contraparte en el recurso de alzada bajo las condiciones de los
numerales 3 y 4 del artículo 212 del CPACA.
Sumado a lo anterior, tal como se observa en la transcripción que antecede, el
Tribunal Administrativo de Santander realizó el respectivo pronunciamiento sobre la
extemporaneidad de la prueba allegada con el recurso de alzada, luego, es claro
que lo pretendido es que el juez constitucional analice nuevamente el tema ya
resuelto en el proceso ordinario.
En ese orden, se recuerda que en materia de tutela contra providencias judiciales
le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de
los jueces naturales de la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en las consideraciones de raigambre constitucional esgrimidos por
la parte actora dentro del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los
motivos del accionante frente a la apreciación de las pruebas del proceso
contencioso expuestos en la solicitud de amparo sin el debido contraste de un
indebido e irracional estudio por parte de la autoridad judicial, ello atentaría contra
el principio de autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el mecanismo
amparo en una tercera instancia.
No sobra iterar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada
y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra providencias
judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos generales de
procedibilidad.
2.5. Conclusión
Con fundamento en los anteriores argumentos, se confirmará la sentencia de la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 13 de febrero de
2026, que declaró improcedente el presente mecanismo constitucional, por falta de
acreditación del requisito de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de 13 de febrero de 2026, proferido por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
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TERCERO: Dentro de los diez [10] días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con permiso
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente vínculo
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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