Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00367-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00367-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00367-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00367-01
Demandantes: Rodrigo Larios Álvarez y otros
Demandados: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Reparación
directa. Privación injusta de la libertad. Responsabilidad del
Estado. Grado jurisdiccional de consulta. Defecto sustantivo.
Violación directa de la constitución.
Decisión: Revoca sentencia y niega amparo.
La Sala decide la impugnación formulada por la parte actora en contra de la
Sentencia de 27 de febrero de 2026 proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción de
tutela por no cumplir con el requisito general de inmediatez.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 21 de enero de 2026, Rodrigo Larios Álvarez y otros 1 , a través de
apoderado, presentó acción de tutela con el propósito de obtener la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, los cuales estimó
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Sucre y la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso de reparación directa No. 70001-
23-31-000-2012-00160-00/01.
2. A título de amparo, solicitó que se declarara que la Sentencia de 1 de julio
de 2022 proferida en grado jurisdiccional de consulta por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en defecto sustantivo y violación
directa de la constitución.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la parte actora
señaló que el 9 de marzo de 2012 radicó una demanda de reparación directa contra
la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, la Fiscalía General de la
Nación y la Nación – Rama Judicial, con el propósito de que se les declarara
1 Michael Andrés Larios García, Denis Larios Calvo, Lucy Álvarez de Arco, Elvis de Jesús Larios Álvarez, Edier
de Jesús Larios Álvarez, Glenis Vanesa Larios Álvarez, Lucy Esthela Larios Álvarez, Candelaria Larios Álvarez,
Mónica Sharit Larios Álvarez, Pabla Calvo Santana, Estella de Arcos Sampayo, Lilianis María García Gallego,
Omar Eliecer Pérez Chávez, Liliana del Carmen Pérez Chávez, Inés María Pérez Chávez, Libardo Rafael
Chávez Troya, Librada Pérez Chávez, Milena del Carmen Pérez Chávez, Oscar Daniel Pérez Chavéz y Emilsa
del Carmen Padilla Cueto.
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Demandantes: Rodrigo Larios Álvarez y otros
administrativamente responsables por el daño antijurídico derivado de la privación
injusta de la libertad y de la vinculación a un proceso penal a la que fueron sometidos
Rodrigo Larios Álvarez y Omar Eliecer Pérez Chávez entre el 23 de marzo de 2007
y el 30 de diciembre de 2009. Indicó que fueron absueltos de toda responsabilidad
penal mediante sentencia judicial, dado que no se logró demostrar la tipicidad de la
conducta punible que les fue atribuida.
4. El 30 de octubre de 2015, el Tribunal Administrativo de Sucre (i) declaró
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por
la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la Rama Judicial – Consejo
Superior de la Judicatura; (ii) declaró administrativa y patrimonialmente responsable
a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios generados con ocasión de la
privación injusta de la libertad; y (iii) condenó al pago de perjuicios morales 2 y
materiales, en la modalidad de lucro cesante, a favor de los señores Larios Álvarez
y Pérez Chávez3.
5. Mediante providencia de 18 de abril de 2016, el Tribunal Administrativo de
Sucre tuvo por no presentado el recurso de apelación interpuesto contra la
Sentencia de 30 de octubre de 2015 y dispuso remitir el expediente al Consejo de
Estado para que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta.
6. El 1 de julio de 2022, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, al resolver el grado jurisdiccional de consulta, modificó la Sentencia de 30
de octubre de 2015 y, en consecuencia, (i) declaró patrimonial y
extracontractualmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por la
privación injusta de la libertad de la que fueron víctimas los señores Omar Eliécer
Pérez Chávez y Rodrigo Larios Álvarez; (ii) condenó a pagar, por concepto de
perjuicios morales, la suma de 5 SMLMV a favor de Omar Eliécer Pérez Chávez y
Rodrigo Larios Álvarez, así como la suma de 1,75 SMLMV a favor de Michael
Andrés Larios García, Lucy Álvarez de Arco, Denis Larios Calvo, Francisco Daniel
Pérez Arrieta y Rosalba Chávez Troya, para cada uno de ellos; y (iii) reconoció, por
concepto de lucro cesante, la suma de $459.334,47 en favor de Omar Eliécer Pérez
Chávez y Rodrigo Larios Álvarez, para cada uno.
7. El 5 de junio de 2023, la parte actora interpuso recurso extraordinario de
revisión contra la Sentencia de 1 de julio de 2022, proferida dentro del proceso de
reparación directa No. 2012-00160-01. Sostuvo que dicha providencia incurrió en la
causal 5 de revisión prevista en el artículo 250 del CPACA, por vulneración del
2 Primer grupo familiar: Rodrigo Larios Álvarez, Michael Andrés Larios García, Denis Larios Calvo y Lucy Álvarez
de Arcos un valor de 100 SMLMV a cada uno; Elvis de Jesús Larios Álvarez, Edier de Jesús Larios Álvarez,
Glenis Vanesa Larios Álvarez, Lucy Esthela Larios Álvarez, Candelaria Larios Álvarez, Pabla Calvo Santana y
Estella de Arcos Sampayo un valor de 50 SMLMV a cada uno.
Segundo grupo familiar: Omar Eliecer Pérez Chávez, Francisco Daniel Pérez Arrieta y Rosalba Chávez Troya
un valor de 100 SMLMV a cada uno; Liliana Pérez Chávez, Inés María Pérez Chávez, Libardo Rafael Chávez
Troya, Librada Pérez Chávez, Milena del Carmen Pérez Chávez y Oscar Daniel Pérez Chávez por un valor de
50 SMLMV a cada uno.
3 Rodrigo Larios Álvarez y Omar Eliecer Pérez Chávez la suma de $18.222.084,44 para cada uno.
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debido proceso, circunstancia que limitó su derecho de acceso a la administración
de justicia.
8. El 28 de noviembre de 2025, la Sala Uno Especial de Decisión del Consejo
de Estado declaró infundado el recurso extraordinario de revisión y condenó en
costas a la parte actora. Fijó por concepto de agencias en derecho la suma
equivalente a 1 SMLMV a favor de la Fiscalía General de la Nación y otro tanto a
favor de la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, tras concluir que los reproches formulados por la parte
actora no se subsumían en ninguna de las hipótesis previstas en la causal 5 de
revisión y que, por el contrario, constituían cuestionamientos jurídicos dirigidos
contra una decisión que había sido adoptada de manera razonada y fundamentada
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado respecto de la
entidad llamada a comparecer al proceso y a responder por los hechos que le fueron
atribuidos de manera directa.
9. Como fundamentos de la vulneración, la parte actora sostuvo que la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un defecto
sustantivo y en una violación directa de la Constitución. Afirmó que la autoridad
judicial omitió aplicar un enfoque constitucional orientado a la salvaguarda de los
derechos fundamentales, realizó una interpretación irrazonable de los elementos
probatorios obrantes en el expediente, efectuó un análisis incompleto de los medios
de prueba y adoptó una decisión incongruente con los hechos acreditados en el
proceso, circunstancias que condujeron a la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y a la reparación integral.
10. Señaló que, mediante la Sentencia de 1 de julio de 2022, proferida en grado
jurisdiccional de consulta, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado modificó el fallo de primera instancia y accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda con fundamento en la Sentencia de Unificación de 29
de noviembre de 2021. Sostuvo que dicha providencia fue aplicada de manera
retroactiva, pese a que no existía para la época de presentación de la demanda ni
cuando se desarrolló el debate probatorio dentro del proceso de reparación directa.
Afirmó que se redujeron los salarios mínimos legales mensuales vigentes
reconocidos en primera instancia a los hoy accionantes e, incluso, se revocaron
indemnizaciones que ya habían sido reconocidas.
11. Asimismo, afirmó que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso
ya que se desconocieron las reglas de aplicación previstas en la propia sentencia
de unificación para evitar la afectación de derechos fundamentales. Explicó que la
demanda de reparación directa fue presentada en el año 2012 y decidida en primera
instancia en 2015, de modo que, para el momento en que fue proferida la Sentencia
de Unificación de 29 de noviembre de 2021, el proceso aún se encontraba pendiente
de resolverse en grado jurisdiccional de consulta. Sostuvo que el magistrado
ponente o la respectiva Sala de Decisión debían ejercer las facultades probatorias
que les confería la ley para garantizar el debido proceso y evitar que se defraudara
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la confianza legítima de los hoy accionantes en que les fuera aplicada la
jurisprudencia vigente al momento de interponer la demanda, particularmente en lo
relacionado con la acreditación del daño.
Intervenciones4
12. La Policía Nacional solicitó su desvinculación del trámite tras alegar la falta
de legitimación en la causa por pasiva. Sostuvo que le correspondía al Tribunal
Administrativo de Sucre y a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado determinar si los argumentos expuestos por la parte actora tenían mérito, en
tanto fueron dichas autoridades judiciales las que profirieron las decisiones objeto
de controversia en la presente acción de tutela.
13. La Fiscalía General de la Nación5 alegó la falta de legitimación en la causa
por pasiva tras advertir que no existía relación de causalidad entre sus actuaciones
y la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte
actora. Señaló que el reproche constitucional estaba dirigido contra la actuación u
omisión de una autoridad judicial y no contra actuaciones que se le pudiesen atribuir.
14. Sostuvo que la acción de tutela únicamente debía dirigirse contra quienes
hubieran intervenido en los hechos que dieron origen a la presunta vulneración o
contra quienes, por razón de sus competencias y funciones, estuvieran llamados a
responder por ella. Afirmó que no se le atribuía la vulneración de los derechos
fundamentales alegados ni se le endilgaba hecho u omisión alguno que justificara
su vinculación al presente trámite.
Sentencia impugnada
15. El 27 de febrero de 2026, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del
requisito de inmediatez en la medida en que la solicitud de amparo fue presentada
por fuera del plazo que la jurisprudencia constitucional ha considerado razonable y
que la parte actora no aportó elemento probatorio alguno encaminado a demostrar
la existencia de circunstancias que permitieran flexibilizar dicho presupuesto de
procedibilidad.
16. Indicó que el accionante no expuso razones que se encuadraran en los
eventos excepcionales que la jurisprudencia constitucional ha reconocido para
flexibilizar el requisito de inmediatez ni acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable que hiciera necesaria la intervención urgente del juez constitucional.
Agregó que tampoco ofreció justificación alguna que explicara la demora en la
interposición de la acción de tutela, circunstancia que impedía abordar el estudio de
fondo de los cuestionamientos formulados en el escrito de amparo. Precisó que los
4 Mediante Auto de 22 de enero de 2026, se admitió la acción de tutela de la referencia contra el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, y vinculó al Tribunal Administrativo de Sucre, la Nación - Ministerio de
Defensa - Policía Nacional - Fiscalía General de la Nación y la Nación - Rama Judicial.
5 Informe de 20 de mayo de 2026, radicado en SAMAI con el consecutivo No. 00026.
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reproches constitucionales estaban dirigidos contra la Sentencia de 1 de julio de
2022 y no contra la providencia mediante la cual se resolvió el recurso extraordinario
de revisión.
Impugnación
17. La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, comoquiera que
consideró que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado efectuó
una interpretación errónea de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez al
concluir que la acción de tutela fue promovida por fuera de un término razonable.
Sostuvo que no podía exigírsele la presentación del amparo constitucional mientras
se encontraba en trámite el recurso extraordinario de revisión que interpuso contra
la providencia judicial cuestionada, pues dicho mecanismo constituía un medio de
defensa judicial previsto por el ordenamiento jurídico para controvertir la decisión
objeto de reproche.
18. Afirmó que la providencia cuestionada no adquirió firmeza material definitiva
mientras permaneció pendiente la resolución del recurso extraordinario de revisión,
razón por la cual el análisis del requisito de inmediatez debía efectuarse a partir de
la decisión que resolvió dicho mecanismo extraordinario y no desde la sentencia
proferida dentro del proceso ordinario. Agregó que exigir la interposición de la acción
de tutela antes de agotarse el referido recurso implicaba desconocer el carácter
subsidiario del amparo constitucional y obligar al interesado a promover actuaciones
judiciales paralelas.
19. Señaló que la interpretación acogida en la sentencia impugnada desconocía
los principios de buena fe, confianza legítima, proporcionalidad y economía
procesal, pues terminaba sancionando la conducta diligente de quien agotó
oportunamente los mecanismos judiciales establecidos por el legislador antes de
acudir al juez constitucional. Sostuvo que la valoración del requisito de inmediatez
debía realizarse de manera flexible y atendiendo a las particularidades del caso
concreto, especialmente a la existencia de un recurso extraordinario en trámite y al
momento en que la presunta vulneración adquirió carácter definitivo.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
20. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Cuestión previa
21. La Sala advierte que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, mediante la sentencia de primera instancia, no emitió pronunciamiento
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alguno respecto de las solicitudes de desvinculación formuladas por la Policía
Nacional y la Fiscalía General de la Nación. En consecuencia, y dado que se trata
de una cuestión procesal que debe ser resuelta previamente al análisis de fondo de
la controversia, procede la Sala a efectuar las siguientes consideraciones.
22. En su intervención, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación
solicitaron ser desvinculadas del presente trámite constitucional al estimar que
carecían de legitimación en la causa por pasiva frente a las pretensiones formuladas
en la acción de tutela.
23. Al respecto, la Sala accederá a la solicitud formulada por la Policía Nacional
toda vez que dicha entidad fue desvinculada del proceso de reparación directa No.
70001-23-31-000-2012-00160-00/01, razón por la cual las decisiones judiciales
cuestionadas no contienen pronunciamiento alguno respecto de su eventual
responsabilidad patrimonial. Por el contrario, se negará la solicitud presentada por
la Fiscalía General de la Nación, en la medida en que el resultado del presente
trámite podría afectar sus intereses, habida consideración de que fue la entidad
declarada responsable dentro del referido proceso de reparación directa y la
providencia cuestionada contiene determinaciones directamente relacionadas con
la imputación del daño y la condena impuesta en su contra.
Problema jurídico
24. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, si la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso y a la igualdad de los accionantes al proferir la Sentencia de 1 de
julio de 2022, al modificar la condena impuesta en primera instancia, tras
circunscribir la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación a determinados
períodos de privación de la libertad, incurriendo presuntamente en defecto
sustantivo y violación directa de la Constitución.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
25. La Sala revocará la Sentencia de 27 de febrero de 2026 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en su lugar, negará
la solicitud de amparo, por las razones que pasan a explicarse:
26. Contrario a lo que sostuvo el juez de tutela de primera instancia, la
controversia sí cumple con el requisito de inmediatez, pues si bien la acción de tutela
fue promovida el 21 de enero de 2026 contra la Sentencia de 1 de julio de 2022
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, lo cierto
es que la parte actora acudió previamente al recurso extraordinario de revisión
previsto en el ordenamiento jurídico con el propósito de controvertir la providencia
que ahora cuestiona por vía constitucional. En efecto, se encuentra acreditado que
el 5 de junio de 2023 los accionantes interpusieron recurso extraordinario de revisión
contra la referida sentencia y que dicho mecanismo fue resuelto mediante
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providencia de 28 de noviembre de 2025, proferida por la Sala Uno Especial de
Decisión del Consejo de Estado. Así, la parte actora optó por agotar un instrumento
judicial extraordinario encaminado a obtener la corrección de las presuntas
irregularidades que atribuía a la decisión cuestionada, antes de acudir al juez
constitucional.
27. En ese contexto, no resulta desproporcionado valorar el requisito de
inmediatez teniendo en consideración el trámite y la resolución del recurso
extraordinario de revisión, toda vez que exigir la presentación simultánea de la
acción de tutela y del referido mecanismo extraordinario desconocería el carácter
subsidiario del amparo constitucional y podría propiciar la tramitación concurrente
de actuaciones judiciales orientadas a controvertir una misma providencia.
28. Además, la acción de tutela fue presentada el 21 de enero de 2026, esto
es, dentro de un término razonable contado desde la providencia de 28 de
noviembre de 2025 que resolvió el recurso extraordinario de revisión. Por
consiguiente, atendiendo a las particularidades del asunto y al comportamiento
procesal desplegado por la parte actora, la Sala concluye que el requisito de
inmediatez se encuentra satisfecho y, en consecuencia, procede a examinar los
demás presupuestos de procedencia y los defectos invocados en la solicitud de
amparo.
29. Frente a los demás requisitos generales de procedencia la Sala advierte
que: (2) la controversia goza de relevancia constitucional, comoquiera que el debate
gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad, no se trata de una discusión de raigambre eminentemente
legal ni una reiteración de los argumentos planteados en el trámite ordinario; (3) se
encuentra satisfecha la legitimación en la causa, tanto activa como pasiva, puesto
que el accionante tenía la calidad de demandante dentro del proceso No. 70001-23-
31-000-2012-00160-00/01 y la decisión objeto de cuestionamiento fue emitida por
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado; (4) se cumplió con
el requisito de subsidiariedad, ya que la parte actora agotó todos los recursos
judiciales disponibles para procurar la defensa de sus derechos; (5) los hechos que
generaron la presunta vulneración, así como los derechos fundamentales y defectos
alegados, fueron identificados de manera razonable; y (6) la tutela no fue
presentada contra una providencia de la misma naturaleza.
30. Verificados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial, se estudiará de fondo el asunto de la referencia.
Análisis de vulneración alegada: estudio de defectos
31. La Sala negará el amparo invocado por las razones que a continuación se
exponen:
32. La parte actora sostuvo que la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado incurrió en defecto sustantivo y violación directa de la
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Constitución al proferir la Sentencia de 1 de julio de 2022 dentro del proceso de
reparación directa No. 70001-23-31-000-2012-00160-01. En síntesis, afirmó que
dicha autoridad judicial aplicó de manera retroactiva la Sentencia de Unificación de
29 de noviembre de 2021, desconoció la confianza legítima de los demandantes,
omitió decretar pruebas para garantizar el debido proceso y redujo
injustificadamente las indemnizaciones reconocidas en primera instancia.
33. La Sala no comparte tales planteamientos. De la lectura integral de la
providencia cuestionada se advierte que la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado expuso de manera suficiente las razones jurídicas y probatorias
que sustentaban la modificación de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, sin que se observe una interpretación arbitraria, caprichosa
o manifiestamente irrazonable del ordenamiento jurídico que permita predicar la
configuración de los defectos invocados.
34. En efecto, la providencia de 1 de julio de 2022 no se limitó a aplicar las
reglas fijadas en la Sentencia de Unificación de 29 de noviembre de 2021 para
efectos de la liquidación de perjuicios. Antes de abordar ese aspecto, la Subsección
B realizó un análisis acerca de la imputación jurídica del daño y de las entidades
llamadas a responder por los distintos períodos de privación de la libertad
soportados por los señores Rodrigo Larios Álvarez y Omar Eliécer Pérez Chávez.
35. Al respecto, la Subsección B advirtió que la medida de aseguramiento fue
impuesta durante la etapa de instrucción y se prolongó durante la etapa de
juzgamiento, circunstancia que permitía concluir que en la producción del daño
habían intervenido tanto la Fiscalía General de la Nación como la Rama Judicial. No
obstante, también precisó que esta última entidad no había sido condenada en la
sentencia de primera instancia, toda vez que el Tribunal Administrativo de Sucre
declaró probada en su favor la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva, razón por la cual no resultaba jurídicamente posible, en sede de grado
jurisdiccional de consulta, efectuar un pronunciamiento encaminado a declarar o
extender su responsabilidad patrimonial.
36. Sin perjuicio de las consideraciones efectuadas por la Subsección B acerca
de la participación de la Rama Judicial en determinados períodos de privación de la
libertad, lo cierto es que dicha entidad no había sido condenada en primera
instancia, circunstancia que delimitaba el ámbito de decisión del grado jurisdiccional
de consulta. En ese contexto, la reducción de las condenas reconocidas por el
Tribunal Administrativo de Sucre no obedeció a una actuación arbitraria ni al
desconocimiento de los derechos fundamentales de los accionantes. Por el
contrario, fue consecuencia del análisis efectuado por la autoridad judicial respecto
del alcance de la responsabilidad atribuible a la Fiscalía General de la Nación y de
los períodos de privación de la libertad que podían serle imputados conforme a las
particularidades del caso.
37. De esta manera, la providencia cuestionada se limitó a circunscribir la
condena a los períodos respecto de los cuales encontró acreditada la
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responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, sin extender sus efectos a
lapsos cuya imputación jurídica correspondía a una entidad respecto de la cual no
existía condena susceptible de ser revisada en el marco del grado jurisdiccional de
consulta. Se trata, entonces, de una conclusión derivada del análisis propio de la
controversia y de las competencias funcionales del juez de instancia, mas no de una
actuación constitutiva de defecto sustantivo o de violación directa de la Constitución.
38. Tampoco prospera el argumento relativo a la supuesta aplicación
retroactiva de la Sentencia de Unificación de 29 de noviembre de 2021. Lo anterior,
por cuanto dicha providencia se encontraba vigente para el momento en que fue
resuelto el grado jurisdiccional de consulta y constituía el precedente aplicable para
la definición del litigio. En consecuencia, la circunstancia de que la demanda hubiera
sido presentada con anterioridad a la expedición de la sentencia de unificación no
impedía que el juez aplicara las reglas jurisprudenciales vigentes al momento de
adoptar la decisión.
39. De igual manera, la Sala no advierte vulneración alguna derivada de la
supuesta omisión en el decreto de pruebas. La parte actora no identificó cuáles
medios probatorios concretos debieron ser decretados por la Subsección B ni
explicó de qué manera su ausencia tuvo incidencia determinante en la decisión
finalmente adoptada. Por el contrario, el cuestionamiento formulado parte de la
premisa de que el juez debía desplegar facultades probatorias oficiosas para arribar
a una conclusión distinta, planteamiento que no evidencia por sí mismo la
configuración de un defecto constitucional.
40. Además, la parte actora no identificó una regla específica de la referida
sentencia de unificación que hubiera sido desconocida por la Subsección B ni
demostró que la aplicación del precedente hubiera supuesto la afectación de una
situación jurídica consolidada o la vulneración de una garantía constitucional
concreta. Por el contrario, sus reparos se orientan a cuestionar las conclusiones
jurídicas alcanzadas por el juez natural y los efectos patrimoniales derivados de
ellas.
41. En ese orden, la Sala observa que las inconformidades planteadas por los
accionantes reflejan una discrepancia con la interpretación jurídica acogida por la
autoridad judicial demandada y con la cuantificación de los perjuicios finalmente
reconocidos, asuntos que fueron objeto de análisis dentro del proceso ordinario y
que, incluso, fueron posteriormente sometidos al examen de la Sala Uno Especial
de Decisión del Consejo de Estado en sede de recurso extraordinario de revisión,
autoridad que concluyó que tales planteamientos correspondían a discrepancias
jurídicas frente a la decisión adoptada y no a irregularidades constitutivas de la
causal invocada.
42. Así las cosas, la acción de tutela no puede convertirse en una instancia
adicional destinada a reabrir un debate jurídico ya definido por el juez natural ni a
sustituir los criterios interpretativos adoptados por este en ejercicio de su autonomía
e independencia judicial. La intervención del juez constitucional únicamente resulta
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Demandantes: Rodrigo Larios Álvarez y otros
procedente cuando la decisión cuestionada se aparta de manera ostensible del
ordenamiento jurídico o desconoce de forma evidente derechos fundamentales,
circunstancias que no se configuran en el presente asunto.
43. Por consiguiente, la Sala concluye que la Sentencia de 1 de julio de 2022
no incurrió en defecto sustantivo ni en violación directa de la Constitución, razón por
la cual se negará el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley
III. FALLA
PRIMERO. REVOCAR la Sentencia de 27 de febrero de 2026 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en su lugar, NEGAR
el amparo solicitado por Rodrigo Larios Álvarez, Michael Andrés Larios García,
Denis Larios Calvo, Lucy Álvarez de Arco, Elvis de Jesús Larios Álvarez, Edier de
Jesús Larios Álvarez, Glenis Vanesa Larios Álvarez, Lucy Esthela Larios Álvarez,
Candelaria Larios Álvarez, Mónica Sharit Larios Álvarez, Pabla Calvo Santana,
Estella de Arcos Sampayo, Lilianis María García Gallego, Omar Eliecer Pérez
Chávez, Liliana del Carmen Pérez Chávez, Inés María Pérez Chávez, Libardo
Rafael Chávez Troya, Librada Pérez Chávez, Milena del Carmen Pérez Chávez,
Oscar Daniel Pérez Chavéz y Emilsa del Carmen Padilla Cueto, de conformidad con
los argumentos expuestos en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co 10
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