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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 70001-23-31-000-2012-00160-01

Fecha
1 de julio de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 70001-23-31-000-2012-00160-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Modíficase la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre el 30 de octubre de 2015 la cual queda así: PRIMERO: Declárase patrimonial y extracontractualmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de que fueron víctimas los señores Ómar Eliécer Pérez Chávez y Rodrigo Larios Álvarez. SEGUNDO: Como consecuencia condénase a la Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de indemnización por perjuicios morales las siguientes sumas: a) A favor del señor Ómar Eliécer Pérez Chávez la suma de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia. b) A favor del señor Rodrigo Larios Álvarez la suma de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia. c) A favor de Michael Andrés Larios García, Lucy Álvarez de Arco y Denis Larios Calvo la suma de uno punto setenta y cinco (1,75) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia, para cada uno. d) A favor de Francisco Daniel Pérez Arrieta y Rosalba Chávez Troya la suma de uno punto setenta y cinco (1,75) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia, para cada uno. TERCERO: Condénase a la Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de indemnización por lucro cesante al señor Ómar Eliécer Pérez 32 Expediente 70001-23-31-000-2012-00160-01 (57.222) Actor: Rodrigo Larios Álvarez, Ómar Eliécer Pérez Chávez y otros Reparación directa Grado jurisdiccional de consulta Chávez la suma de cuatrocientos cincuenta y nueve mil trescientos treinta y cuatro pesos con cuarenta y siete centavos ($ 459.334,47). CUARTO: Condénase a la Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de indemnización por lucro cesante al señor Rodrigo Larios Álvarez la suma de cuatrocientos cincuenta y nueve mil trescientos treinta y cuatro pesos con cuarenta y siete centavos ($ 459.334,47). QUINTO: La Fiscalía General de la Nación remitirá con destino a los señores Ómar Eliécer Pérez Chávez y Rodrigo Larios Álvarez una misiva […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 70001-23-31-000-2012-00160-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

1 de julio de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, primero (1º) de julio de dos mil veintidós (2022)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 70001-23-31-000-2012-00160-01 (57.222)
Actor: RODRIGO LARIOS ÁLVAREZ Y OTROS
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA
NACIONAL Y OTROS
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA -
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD (LEY 600 DE 2000)

Síntesis del caso: Los señores Rodrigo Larios Álvarez y Ómar Eliécer Pérez Chávez fueron
vinculados a una investigación penal por la supuesta comisión del delito de apoderamiento
de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan, actuación
en la que se les mantuvo retenidos hasta que la fiscalía instructora se abstuvo de imponer
medida de aseguramiento en su contra. Posteriormente con la resolución de acusación se
dictó en su contra medida de aseguramiento que fue sustituida por detención domiciliaria.
En etapa de juicio se dictó sentencia absolutoria debido a la falta de demostración de la
tipicidad de la conducta punible atribuida. La Sala en grado jurisdiccional de consulta
modifica la sentencia de primera instancia para declarar la responsabilidad patrimonial de
la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad que afrontó el
demandante y por el periodo de detención que resulta atribuible a esta entidad.

Decide la Sala el grado jurisdiccional de consulta frente a la sentencia proferida el 30
de octubre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Sucre (fls. 273 a 285 cdno.
segunda instancia) mediante la cual se dispuso lo siguiente:

“4. FALLA

PRIMERO: DECLÁRASE probada la excepción de Falta de Legitimación
en la Causa por Pasiva invocada por la Nación - Ministerio de Defensa -
Policía Nacional y la Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura y
No probadas las demás que fueron propuestas por las entidades
accionadas.

SEGUNDO: DECLÁRASE responsable administrativa y patrimonialmente
a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios causados a la parte
actora con ocasión de la privación injusta de la libertad de que fueron objeto
los señores Rodrigo Larios Álvarez y Ómar Eliécer Pérez Chávez.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE a la Fiscalía
General de la Nación, a pagar a favor de la parte actora las sumas que se
relacionan a continuación por los siguientes conceptos:

2

Expediente 70001-23-31-000-2012-00160-01 (57.222)
Actor: Rodrigo Larios Álvarez,
Ómar Eliécer Pérez Chávez y otros
Reparación directa
Grado jurisdiccional de consulta

-Perjuicio Moral:

Grupo Familiar 1:

DEM ANDANTE PARENTESCO M ONTO DE LA
INDEM NIZACIÓN
EN SM LM V
Rodrigo Larios Álvarez Víctima 100
Michael Andrés Larios García Hijo 100
Denis Larios Calvo Padre 100
Lucy Álvarez De Arcos Madre 100
Elvis de Jesús Larios Álvarez Hermano 50
Edier de Jesús Larios Álvarez Hermano 50
Glenis Vanesa Larios Álvarez Hermano 50
Lucy Esthela Larios Álvarez Hermano 50
Candelaria Larios Álvarez Hermano 50
Mónica Sarith Larios Álvarez Hermano 50
Pab la Calvo Santana Ab uela 50
Estella de Arcos Sampayo Ab uela 50

Grupo Familiar 2:

DEM ANDANTE PARENTESCO M ONTO DE LA
INDEM NIZACIÓN
EN SM LM V
Ómar Eliécer Pérez Chávez Víctima 100
Francisco Daniel Pérez Arrieta Padre 100
Rosalb a Chávez Troya Madre 100
Liliana Pérez Chávez Hermano 50
Inés María Pérez Chávez Hermano 50
Lib ardo Rafael Chávez Troya Hermano 50
Lib rada Pérez Chávez Hermano 50
Milena del Carmen Pérez Chávez Hermano 50
Óscar Daniel Pérez Chávez Hermano 50

-Perjuicio Material - Lucro Cesante

Para Rodrigo Larios Álvarez la suma de Dieciocho Millones Doscientos
Veintidós Mil Ochenta y Cuatro Pesos con Cuarenta y Cuatro Centavos
($18.222.084,44).

Para Ómar Eliécer Pérez Chávez, la suma de Dieciocho Millones
Doscientos Veintidós Mil Ochenta y Cuatro Pesos con Cuarenta y Cuatro
Centavos ($18.222.084,44).

CUARTO: NIEGÁNSE las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los
términos indicados en los artículos 176 y 177 del C.C.A.

SEXTO: Sin condena en costas. (…) (fls. 284 vlto. a 285 cdno. segunda
instancia - mayúsculas y negrillas del original).

3

Expediente 70001-23-31-000-2012-00160-01 (57.222)
Actor: Rodrigo Larios Álvarez,
Ómar Eliécer Pérez Chávez y otros
Reparación directa
Grado jurisdiccional de consulta

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 9 de marzo de 2012 en la oficina de reparto en la Oficina
Judicial de Sincelejo (Sucre) los señores Rodrigo Larios Álvarez y Ómar Eliécer Pérez
Chávez junto con sus grupos familiares actuando por intermedio de apoderado
judicial presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa
consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo (fls. 87 a 123
cdno. ppal.) en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, Fiscalía
General de la Nación y Nación-Rama Judicial con las siguientes súplicas:

“5. DE LAS PRETENSIONES

Sobre la responsabilidad administrativa

Declárese que LA NACIÓN - MINDEFENSA - POLICÍA NACIONAL;
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y RAMA JUDICIAL - CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA sean administrativamente responsables
por el daño antijurídico causado a los demandantes indicados en el numeral
2 Supra, por la privación injusta de la libertad y vinculación a un proceso
penal a la que se vieron sometidos los señores RODRIGO LARIOS
ÁLVAREZ y ÓMAR ELIÉCER PÉREZ CHAVEZ entre los días 23 de marzo
de 2007 al 30 de diciembre de 2009, cuando el Juzgado Único Penal
Especializado del Circuito de Sincelejo mediante sentencia resuelve
absolverlos de toda responsabilidad penal ya que no se logró establecer la
demostración de la tipicidad de la conducta punible por la que los estaban
sindicando, lo que indica que el delito nunca existió (conducta atípica).

a. Grupo familiar de RODRIGO LARIOS ÁLVAREZ (víctima 1)

DAÑO MORAL

5.1.1. Condénese a LA NACIÓN - MINDEFENSA - POLICÍA NACIONAL;
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y RAMA JUDICIAL - CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA a pagar, por concepto de PERJUICIOS
MORALES SUBJETIVOS, los salarios mínimos legales que a continuación
se reclaman (…) por la privación injusta de la libertad de que fue víctima
directa RODRIGO LARIOS ÁLVAREZ (…).

Teniendo en cuenta que de acuerdo al artículo 90 Superior del Estado debe
reparar todo daño antijurídico que le sea imputable, se pretende que el
Estado indemnice por concepto de perjuicios morales lo siguiente:

DAM NIFICADO CALIDAD SM LM V VALOR ACTUAL
Rodrigo Larios Álvarez Víctima 100 $53.560.000

4

Expediente 70001-23-31-000-2012-00160-01 (57.222)
Actor: Rodrigo Larios Álvarez,
Ómar Eliécer Pérez Chávez y otros
Reparación directa
Grado jurisdiccional de consulta

Lilianis María García Gallego Compañera 100 $53.560.000
Michael Andrés Loaiza Hijo 100 $53.560.000
García
Denis Larios Calvo Padre 100 $53.560.000
Lucy Álvarez de Arcos Madre 100 $53.560.000
Elvis de Jesús Larios Álvarez Hermano 50 $26.780.000
Edier de Jesús Larios Álvarez Hermano 50 $26.780.000
Glenis Vanesa Larios Álvarez Hermana 50 $26.780.000
Lucy Esthela Larios Álvarez Hermana 50 $26.780.000
Candelaria Larios Álvarez Hermana 50 $26.780.000
Mónica Sarith Larios Álvarez Hermana 50 $26.780.000
Estella de Arcos Sampayo Ab uela 70 $37.492.000
Pab la Calvo Santana Ab uela 70 $37.492.000
TOTAL 940 $503.464.000

DAÑO A LA VIDA DE RELACIÒN

5.1.2. Condénese a la NACIÓN - MINDEFENSA - POLICÍA NACIONAL;
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y RAMA JUDICIAL - CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA a pagar a los demandantes, por concepto
de DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN, los salarios mínimos legales
mensuales vigentes que se indicarán a continuación (…).

El perjuicio a la vida de relación sufrido por RODRIGO LARIOS ÁLVAREZ
se ha visto reflejado en los constantes señalamientos de que es víctima en
el transcurrir de los días, ya que ha sido estigmatizado como un
“delincuente” y además ha tenido que llevar a cuestas la discriminación
social que lo aparta de la comunidad, viéndose afectado en su vida laboral.
Lo cual lo ubica en un constante aislamiento que lo limita al normal
funcionamiento de su vida.

Para efectos de la presente demanda los daños a la vida de relación se
estiman así:

DAM NIFICADO CALIDAD SM LM V VALOR ACTUAL
Rodrigo Larios Álvarez Víctima 100 $53.560.000
Lilianis María García Gallego Compañera 100 $53.560.000
Michael Andrés Loaiza Hijo 100 $53.560.000
García
TOTAL 300 $160.680.000

DAÑO MATERIAL

Lucro Cesante

5.1.3. Declárase a LA NACIÓN - MINDEFENSA - POLICÍA NACIONAL;
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y RAMA JUDICIAL - CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA a pagar a RODRIGO LARIOS ÁLVAREZ,
víctima directa, por concepto de PERJUICIOS MATERIALES en su
modalidad de LUCRO CESANTE DEBIDO, las sumas de dinero dejadas de
percibir durante los 33 meses que fue privado de la libertad toda vez que la
capacidad productiva del señor nunca se hubiese visto afectada.

5

Expediente 70001-23-31-000-2012-00160-01 (57.222)
Actor: Rodrigo Larios Álvarez,
Ómar Eliécer Pérez Chávez y otros
Reparación directa
Grado jurisdiccional de consulta

Así las cosas, tenemos que el señor RODRIGO LARIOS ÁLVAREZ
devengaba de su actividad como mototaxista un salario mínimo mensual
vigente, el cual era destinado a su manutención personal (…).

a. RODRIGO LARIOS ÁLVAREZ dejó de percibir su ingreso económico
durante 33 meses que estuvo privado de la libertad.

b. La renta mensual que la víctima devengó de su actividad laboral
(mototaxista), según presunción jurisprudencial, es igual a un salario
mínimo legal mensual vigente (...).

Esa suma debe adjudicarse en su totalidad a RODRIGO LARIOS
ÁLVAREZ, víctima directa de la privación injusta de la libertad.

b. Grupo familiar de ÓMAR ELIÉCER PÉREZ CHAVEZ (víctima 2)

DAÑO MORAL

4.2.1. Condénese a LA NACIÓN - MINDEFENSA - POLICÍA NACIONAL;
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y RAMA JUDICIAL - CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA a pagar, por concepto de PERJUICIOS
MORALES SUBJETIVOS, los salarios mínimos legales que a continuación
se indican (…) por la privación injusta de la libertad de que fue víctima
directa ÓMAR ELIÉCER PÉREZ CHÁVEZ (…).

DAM NIFICADO CALIDAD SM LM V VALOR ACTUAL
Ómar Eliécer Pérez Chavez Víctima 100 $53.560.000
Emilsa Padilla Cueto Compañera 100 $53.560.000
Rosalb a Chávez Troya Madre 100 $53.560.000
Francisco Daniel Pérez Padre 100 $53.560.000
Arrieta
Liliana Pérez Chávez Hermana 50 $26.780.000
Inés María Pérez Chávez Hermana 50 $26.780.000
Lib ardo Rafael Chávez Troya Hermano 50 $26.780.000
Lib rada Pérez Chávez Hermana 50 $26.780.000
Milena del Carmen Pérez Hermana 50 $26.780.000
Chávez
Öscar Daniel Pérez Chávez Hermano 50 $26.780.000
TOTAL 700 $374.920.000

DAÑO A LA VIDA DE RELACIÒN

5.2.2. Condénese a LA NACIÓN - MINDEFENSA - POLICÍA NACIONAL;
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y RAMA JUDICIAL - CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA a pagar a los demandantes, por concepto
de DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN, los salarios mínimos legales
mensuales vigentes que se indicarán a continuación (…).

El perjuicio a la vida de relación sufrido por ÓMAR ELIÉCER PÉREZ
CHÁVEZ se ha visto reflejado en los constantes señalamientos de que es
víctima en el transcurrir de los días, ya que ha sido estigmatizado como un
delincuente y además ha tenido que llevar a cuestas la discriminación social
que lo aparta de la comunidad, viéndose afectado en su vida laboral. Lo

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Expediente 70001-23-31-000-2012-00160-01 (57.222)
Actor: Rodrigo Larios Álvarez,
Ómar Eliécer Pérez Chávez y otros
Reparación directa
Grado jurisdiccional de consulta

cual lo ubica en un constante aislamiento que lo limita al normal
funcionamiento de su vida.

Para efectos de la presente demanda los daños a la vida de relación se
estiman así:

DAM NIFICADO CALIDAD SM LM V VALOR ACTUAL
Ómar Eliécer Pérez Chávez Víctima 100 $53.560.000
Emilsa Padilla Cueto Compañera 100 $53.560.000
TOTAL 200 $107.120.000

DAÑO MATERIAL

Lucro Cesante

5.2.3. Condénese a LA NACIÓN - MINDEFENSA - POLICÍA NACIONAL;
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y RAMA JUDICIAL - CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA deberá pagar a ÓMAR ELIÉCER PÉREZ
CHAVEZ, víctima directa, por concepto de PERJUICIOS MATERIALES en
su modalidad de LUCRO CESANTE DEBIDO, las sumas de dinero dejadas
de percibir durante los 33 meses que fue privado de la libertad toda vez que
la capacidad productiva del señor nunca se hubiese visto afectada.

Así las cosas, tenemos que el señor ÓMAR ELIÉCER PÉREZ CHAVEZ
devengaba de su actividad como mototaxista un salario mínimo mensual
vigente, el cual era destinado a su manutención personal. (…)

a. ÓMAR ELIÉCER PÉREZ CHAVEZ dejó de percibir su ingreso económico
durante 33 meses que estuvo privado de la libertad.

b. La renta mensual que la víctima devengó de su actividad laboral
(mototaxista), según presunción jurisprudencial, es igual a un salario
mínimo legal mensual vigente (...).

Esa suma debe adjudicarse en su totalidad a ÓMAR ELIÉCER PÉREZ
CHAVEZ, víctima directa de la privación injusta de la libertad. (fls. 96 a 107
cdno. ppal. - mayúsculas sostenidas y negrillas del original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte demandante expuso en el
escrito contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1) El 22 de marzo de 2007, el señor Ómar Eliécer Pérez Chávez en compañía de su
amigo Rodrigo Larios Álvarez mediante motocicletas se desplazaron del municipio de
Magangué (Bolívar) al municipio de Sincé (Sucre) por una vía alterna a la carretera
principal.

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Expediente 70001-23-31-000-2012-00160-01 (57.222)
Actor: Rodrigo Larios Álvarez,
Ómar Eliécer Pérez Chávez y otros
Reparación directa
Grado jurisdiccional de consulta

2) En inmediaciones del municipio de Sincé (Sucre) los señores Pérez Chávez y
Larios Álvarez fueron requisados por unos militares que les solicitaron los
documentos y advirtieron el vencimiento del seguro obligatorio. Los militares les
informaron que les permitirían seguir su camino a cambio de que embarcaran “al
camión militar unas pimpinas que ellos tenían” a lo cual accedieron los motociclistas.

3) Una vez iniciada la tarea de cargue, al sitio arribó una camioneta de la SIJIN y
“luego de una conversación sostenida entre los comandantes de la patrulla militar y
la policial”, los agentes de la policía aprehendieron a los señores Pérez Chávez y
Larios Álvarez quienes fueron señalados de “haber sido sorprendidos perforando el
oleoducto Caño Limón Coveñas y extrayendo gasolina nafta”.

4) Las personas aprehendidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía Segunda
Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Sincelejo por la
supuesta comisión del delito de hurto de hidrocarburos o sus derivados, autoridad
que impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, la cual
fue sustituida por detención domiciliaria.

5) En sentencia del 30 de diciembre de 2009 el Juzgado Penal del Circuito
Especializado de Sincelejo absolvió de toda responsabilidad penal a Ómar Eliécer
Pérez Chávez y Rodrigo Larios Álvarez por atipicidad de la conducta.

6) Los señores Pérez Chávez y Larios Álvarez permanecieron privados injustamente
de su libertad en la cárcel La Vega de Sincelejo y en sus respectivas residencias
ubicadas en el municipio de Magangué desde el 22 de marzo de 2007 hasta el 30 de
diciembre de 2009.

7) Las entidades demandadas son responsables patrimonialmente por la privación
de la libertad que afrontaron los aquí demandantes y, en consecuencia, quienes
integran la parte actora deben ser indemnizados por los perjuicios materiales e
inmateriales que sufrieron.

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Expediente 70001-23-31-000-2012-00160-01 (57.222)
Actor: Rodrigo Larios Álvarez,
Ómar Eliécer Pérez Chávez y otros
Reparación directa
Grado jurisdiccional de consulta

3. Contestación de las entidades demandadas

Por auto del 9 de octubre de 2012 el Tribunal Administrativo de Sucre admitió la
demanda y ordenó la notificación personal de los representantes del Ministerio de
Defensa Nacional-Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Nación-
Rama Judicial (fl. 132 cdno. ppal.).

1) Mediante escrito de contestación presentado el 31 de mayo de 2013 (fls. 140 a
156 cdno. ppal.1) la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional propuso la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva por estimar que no existió
falla alguna en la actuación policial pues sus agentes no intervinieron en la
vinculación de los señores Pérez Chávez y Larios Álvarez a la investigación penal
adelantada en su contra.

2) En escrito del 4 de junio de 2013 la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
en representación de la Nación-Rama Judicial presentó contestación de la demanda
(fls. 157 a 163 cdno. ppal. 2) y se opuso a las pretensiones reclamadas por considerar
que no le asistía responsabilidad y en caso tal la misma recaería en la Fiscalía
General de la Nación, por ello invocó la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva.

Asimismo invocó la excepción de hecho de un tercero por estimar que la Policía
Nacional a través del Comandante de la Estación de Policía de Sincé (Sucre)
presentó el informe 271 del 23 de marzo de 2007 donde informó que la captura de
los demandantes se realizó en momentos en que se apoderaban del líquido
transportado por el oleoducto Caño Limón Coveñas en el tramo 210.

3) En escrito presentado el 7 de junio de 2013 la Fiscalía General de la Nación
contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de la parte demandante por
considerar que la medida de aseguramiento impuesta a los señores Ómar Eliécer
Pérez Chávez y Rodrigo Larios Álvarez fue ajustada pues tuvo como fundamento
pruebas legalmente aportadas (fls. 169 a 180 cdno. ppal. 2).

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Expediente 70001-23-31-000-2012-00160-01 (57.222)
Actor: Rodrigo Larios Álvarez,
Ómar Eliécer Pérez Chávez y otros
Reparación directa
Grado jurisdiccional de consulta

4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Sucre en providencia del 30 de octubre de 2015
declaró la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación y la
condenó al pago de perjuicios morales y materiales por concepto de lucro cesante
(fls. 273 a 286 cdno. consulta) luego de concluir que la privación de la libertad
afrontada por los señores Ómar Eliécer Pérez Chávez y Rodrigo Larios Álvarez fue
injusta por cuanto finalmente se profirió sentencia absolutoria a su favor.

Para el a quo el daño es imputable a la Fiscalía General de la Nación por haber sido
la entidad que adelantó la investigación y dictó las medidas restrictivas de la libertad,
a su vez no demostró la existencia de eximente alguno de responsabilidad.

El tribunal de primera instancia concluyó la falta de legitimación en la causa de la
Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y de la Nación-Rama Judicial por
encontrar demostrado que el centro de imputación jurídica fue la investigación penal
adelantada por la Fiscalía General de la Nación, autoridad que a su vez dispuso la
restricción de la libertad de los demandantes.

5. El grado jurisdiccional de consulta y su trámite

1) En providencia del 18 de abril de 2016 el Tribunal Administrativo de Sucre tuvo por
no presentado el recurso de apelación formulado por la Fiscalía General de la Nación
contra la sentencia del 30 de octubre de 2015 y dispuso remitir el expediente al
Consejo de Estado para que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta (fl. 304
cdno. consulta), el que fue remitido a esta Corporación mediante oficio del 16 de
mayo de 2016 (fl. 305 cdno. consulta).

2) En providencia del 12 de agosto de 2016 el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B ordenó tramitar el grado jurisdiccional de consulta y dispuso correr
traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión por el término
común de cinco (5) días y por el mismo lapso al Ministerio Público para que emitiera
concepto (fl. 308 cdno. consulta).

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Expediente 70001-23-31-000-2012-00160-01 (57.222)
Actor: Rodrigo Larios Álvarez,
Ómar Eliécer Pérez Chávez y otros
Reparación directa
Grado jurisdiccional de consulta

3) En dicha oportunidad procesal la parte actora solicitó confirmar la sentencia de
primera instancia (fl. 309 cdno. consulta), la Fiscalía General de la Nación solicitó su
revocatoria y señaló que sus actuaciones se surtieron de conformidad con la
Constitución Política y las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes
para la época de los hechos; además, sostuvo que la resolución por medio de la cual
se impuso la medida de aseguramiento contra los demandantes se soportó en serios
elementos materiales probatorios allegados a la investigación penal a partir de los
cuales se edificaron los dos indicios graves de responsabilidad en contra de los
sindicados (fls. 310 a 315 cdno. consulta).

4) El Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó confirmar la sentencia de
primera instancia por encontrarse acreditado que la privación de la libertad afrontada
por los señores Ómar Eliécer Pérez Chávez y Rodrigo Larios Álvarez constituyó un
daño que no estaban obligados a soportar por cuanto resultaron favorecidos con
sentencia absolutoria. Para el representante de la Procuraduría “aunque en el
proceso penal fueron practicados testimonios de los agentes de la Policía que
participaron en la captura de los implicados, y pese a que existían actas de
incautación de un líquido con características similares al nafta, surgió duda respecto
de si tal sustancia en realidad era un derivado de hidrocarburos, al no haber sido
practicada una prueba esencial para determinarlo, como lo era el experticio técnico”
(fls. 328 a 339 cdno. consulta).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia, 2) objeto del
grado jurisdiccional de consulta y competencia del ad quem, 3) análisis de la medida,
4) conclusión, 5) otra determinación y, 6) condena en costas.

1. Objeto de la controversia

La controversia planteada busca determinar si la restricción de la libertad que

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Expediente 70001-23-31-000-2012-00160-01 (57.222)
Actor: Rodrigo Larios Álvarez,
Ómar Eliécer Pérez Chávez y otros
Reparación directa
Grado jurisdiccional de consulta

soportaron los señores Ómar Eliécer Pérez Chávez y Rodrigo Larios Álvarez en el
proceso penal número 70-001-31-07-001-2008-00009-00 adelantado en su contra
por la supuesta participación en el delito de apoderamiento de hidrocarburos
constituyó una privación injusta de su libertad pasible de comprometer la
responsabilidad de las demandadas y si como consecuencia de ello hay lugar a
reparar los perjuicios reclamados por los actores.

2. Alcance del grado jurisdiccional de consulta y competencia del ad quem

El grado de jurisdiccional de consulta se instituyó como una herramienta procesal que
favorece a la entidad condenada en primera instancia cuando contra la sentencia no
se formuló recurso de apelación.

En consecuencia la condena de primera instancia que excedió los 300 salarios
mínimos legales mensuales habilita la competencia de la Sala para conocer el asunto
en sede del grado jurisdiccional de consulta que se surte únicamente en lo
desfavorable a la entidad condenada de conformidad con el artículo 184 del Código
Contencioso Administrativo.

Por lo anterior, la Sala en esta providencia tomará las siguientes determinaciones:

1) Decidirá el fondo del asunto porque encuentra reunidos los presupuestos para
fallar, entre ellos la oportunidad en la presentación de la demanda. En efecto, la
sentencia que absolvió a los demandantes Ómar Eliécer Pérez Chávez y Rodrigo
Larios Álvarez del delito de apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados,
biocombustibles o mezclas que los contengan por el cual fueron vinculados a la
actuación penal se profirió el 30 de diciembre de 2009 y cobró ejecutoria el 20 de
enero de 2010 (fl. 130 cdno ppal. 1), mientras que la demanda se interpuso el 9 de
marzo de 2012 (fl. 123 cdno. ppal. 1), luego de agotado el trámite de conciliación
prejudicial1, por lo que se satisface el ejercicio de la acción dentro del término previsto

1A partir de la constancia que reposa en el folio 83 del cuaderno principal se acredita que la parte
actora presentó solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría 44 Judicial II Administrativa
de Sincelejo el 27 de diciembre de 2011, trámite que culminó el 9 de marzo de 2011 sin que existiera
ánimo conciliatorio de las partes.

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Actor: Rodrigo Larios Álvarez,
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por el artículo 136 numeral 8 del CCA.

2) Modificará la sentencia de primera instancia para declarar la responsabilidad
patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad que
afrontaron los señores Ómar Eliécer Pérez Chávez y Rodrigo Larios Álvarez en
proporción al tiempo que resulta imputable a esta entidad, es decir, por el periodo en
que los ahora demandantes estuvieron a disposición de la fiscalía instructora.

3. Análisis de la consulta

En los términos en que ha sido planteada la controversia la sentencia objeto de
consulta será modificada, por las razones que se exponen a continuación.

3.1 Privación de la libertad

En atención a lo afirmado por la Corte Constitucional en sentencias C-037 de 1996 y
SU-072 de 20182 la metodología adecuada para abordar el estudio de
responsabilidad en los casos de privación injusta de la libertad debe hacerse de la
siguiente manera: i) en primer lugar se identifica la existencia del daño, esto es, debe
estar probada la privación de la libertad de la que en este caso se derivan los
perjuicios reclamados por los actores; ii) en segundo lugar, se analiza la legalidad de
la medida de privación de la libertad desde una óptica subjetiva, esto es, se estudia
si esta se ajustó o no a los parámetros dados por el ordenamiento constitucional y
legal para decretar la restricción de la libertad, tanto en sus motivos de derecho como
de hecho; iii) en tercer lugar, y solo en el caso de no probarse la existencia de una
responsabilidad por el régimen subjetivo, esta se analiza por un régimen objetivo
(daño especial); iv) en cuarto lugar, en el caso de que se considere que hay sustento
para declarar la responsabilidad estatal, ya fuere en un régimen de subjetivo o uno
objetivo, se procederá a verificar a qué entidad debe imputarse el daño antijurídico;
v) aparte de lo anterior, en todos los casos, debe realizarse el análisis de la culpa de

2 Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018, MP José Fernando Reyes Cuartas.

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Expediente 70001-23-31-000-2012-00160-01 (57.222)
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la víctima como causal excluyente de responsabilidad; vi) finalmente, en caso de
condena, se procede a liquidar los perjuicios.

3.1.1 Existencia del daño

La Sala encuentra que los señores Ómar Eliécer Pérez Chávez y Rodrigo Larios
Álvarez fueron privados de su libertad en dos oportunidades: i) entre el 22 de marzo
de 20073 al 10 de abril de 20074 en establecimiento carcelario y, ii) en detención
domiciliaria que culminó el 30 de diciembre de 2009 5.

Sobre esto último, la Sala advierte que el tribunal de primera instancia limitó la
detención intramural del 28 de marzo de 2007 hasta el 10 de abril de 2007 y la
detención domiciliaria del 25 de octubre de 2007 hasta el 30 de diciembre de 2009,
intervalos que tendrá en cuenta la Sala para no perjudicar a la entidad condenada;
sin embargo, tratándose de la detención domiciliaria la Sala observa que si bien el a

3 Actas de derechos del capturado (fls. 12 y 15 cdno. pruebas) y oficio del 23 de marzo de 2007 del
Comandante de la Estación de Policía de Sincé (Sucre) a la Fiscalía de Reacción Inmediata de
Sincelejo (Sucre) (fls. 2 a 6 cdno. pruebas).
4 Este periodo de privación de la libertad se encuentra acreditado con las actas de derechos del

capturado (fls. 12 y 15 cdno. pruebas), el oficio del 23 de marzo de 2007 del Comandante de la
Estación de Policía de Sincé (Sucre) a la Fiscalía de Reacción Inmediata de Sincelejo (Sucre) por el
cual dejó a disposición a los señores Pérez Chávez y Larios Álvarez (fls. 2 a 6 cdno. pruebas), el oficio
230 del 23 de marzo de 2007 del Fiscal Doce Seccional de Sincé (Sucre) al Comandante de la Estación
de Policía del mismo municipio por el cual solicitó mantener en calidad de retenidos a los señores
Ómar Eliécer Pérez Chávez y Rodrigo Larios Álvarez (fl. 23 cdno. pruebas), el oficio del 28 de marzo
de 2007 dirigido por el Fiscal Doce Seccional de Sincé (Sucre) al Director de la Cárcel La Vega de
Sincelejo por el cual solicita mantener en custodia a los señores a los señores Ómar Eliécer Pérez
Chávez y Rodrigo Larios Álvarez hasta tanto les sea resuelta su situación jurídica (fl. 49 cdno. pruebas )
y la resolución del 10 de abril de 2007 proferida por la Fiscalía Segunda Delegada ante los Jueces
Penales del Circuito de Sincelejo que definió la situación jurídica de los señores Pérez Chávez y Larios
Álvarez absteniéndose de imponer medida de aseguramiento en su contra, por lo que dispuso la
libertad inmediata de los procesados (fls. 67 a 73 cdno. pruebas).
5 Periodo de detención domiciliaria que se acredita con la resolución del 25 de octubre de 2007 de la

Fiscalía Segunda Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Sincelejo por la
cual se acusó a los señores Ómar Eliécer Pérez Chávez y Rodrigo Larios Álvarez, se impuso medida
de aseguramiento de detención preventiva la cual se sustituyó por detención domiciliaria (fls. 114 a
131 cdno. pruebas) y para disponer tal beneficio no se exigió el pago de caución prendaria, además
para su cumplimiento se tuvo en cuenta la diligencia de compromiso que suscribieron los señores
Pérez Chávez y Larios Álvarez cuando gozaron del beneficio de la libertad provisional , por su parte en
el oficio del 31 de enero de 2008 por el cual se remitió el expediente penal al juzgado de conocimient o
con ocasión de la ejecutoria de la resolución de acusación se informó que los “detenidos quedaban a
su disposición en sus sitios de residencia” (fl. 139 cdno. pruebas).
Finalmente se advierte que durante la etapa de juicio el juzgado de conocimiento reportó que los
acusados se encontraban detenidos en sus lugares de residencia (fls. 140 a 246 cdno. pruebas).

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quo señaló que esta inició el 25 de octubre de 2007, en realidad no existe certeza del
momento en que este inició por cuanto las piezas del expediente penal no
documentan esta circunstancia, por el contrario se evidencia que en el momento en
que se impuso la medida no se exigió el pago de caución prendaria y para su
cumplimiento se tuvo en cuenta la diligencia de compromiso que suscribieron los
señores Pérez Chávez y Larios Álvarez cuando gozaron del beneficio de la libertad
provisional inicialmente concedido (fl. 129 cdno. pruebas), en ese orden, la
imposición de tal medida en este caso no implica que esta se haya cumplido de
manera inmediata.

3.1.2 Legalidad de la privación

Con la finalidad de estudiar la existencia de la privación injusta de la libertad, la Sala
encuentra que en el plenario se acreditan los siguientes hechos relevantes:

1) El 23 de marzo de 2007, el Comandante de la Estación de Policía de Sincé (Sucre)
dejó a disposición de la Fiscalía de Reacción Inmediata del mismo municipio a los
señores Ómar Eliecer Pérez Chávez y Rodrigo Larios Álvarez quienes, según lo
indicado en el informe, fueron capturados el 22 de marzo de 2007 a las 11:30 horas,
por miembros de la policía en la vía que del municipio de Sincé comunica con el
corregimiento de La Vivienda en jurisdicción del mismo municipio, cuando el señor
Ómar Eliécer Pérez Chávez conducía una motocicleta en la cual se movilizaban los
dos sujetos y al mismo tiempo transportaban 4 bolsas de polietileno negro dentro de
cuatro costales de fique color blanco, que contenían en su interior combustible de
características similares a la Nafta, hurtado de un oleoducto (fls. 2 a 6 cdno. pruebas).

2) El 23 de marzo de 2007, la Fiscalía Doce Seccional de Sincé (Sucre) dispuso la
apertura de instrucción y la vinculación mediante indagatoria de los señores Ómar
Eliécer Pérez Chávez y Rodrigo Larios Álvarez (fl. 25 cdno. pruebas), los que fueron
oídos el 28 de marzo de 2007 (fls. 36 a 42 cdno. pruebas).

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3) El 28 de marzo de 2007, la Fiscalía Segunda Delegada ante los Juzgados Penales
del Circuito Especializado de Sincelejo avocó el conocimiento de la investigación (fl.
50 cdno. pruebas).

4) En resolución del 10 de abril de 2007 la Fiscalía Segunda Especializada de
Sincelejo se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en contra de los señores
Pérez Chávez y Larios Álvarez por las razones que se citan a continuación:

“De todo el material probatorio recolectado hasta este momento, se
desprende por una parte que los testimonios de los procesados son
totalmente distintos de los contenidos en el informe de policía # 271 de
fecha 23 de marzo de 2007, suscrito por el comandante de policía de Sincé,
Sucre, y de los testimonios de los policiales ANIBAL NICANOR OLMOS
PÉREZ, JESUS DAVID PEREIRA TORRES Y ALBERTO JOSÉ PALENCIA
LUNA, pero lo que si se dejó en claro es que en ningún momento fueron
capturados hurtándose la gasolina decomisada del tubo por donde la
empresa ECOPETROL lo transporta, o sea el oleoducto Caño Limón
Coveñas, tampoco es claro cómo se produjo la captura de los señores
RODRIGO LARIOS ÁLVAREZ y ÓMAR ELIÉCER PÉREZ CHÁVEZ, toda
vez que ellos afirman que fueron parados por un retén que la infantería de
marina tenía montado en la vía antes de llegar a Sincé, y que les pidieron
los papeles de la moto, y como tenían era fotocopia se quedaron con ellos,
y le pidieron la ayuda que les trajeran una gasolina que habían decomisado
y que se hallaba como a 100 metros de la vía al lado del oleoducto, y
cuando terminaron esa labor, fue cuando llegó el carro de la policía, y se
pusieron a discutir policía y ejército, hasta cuando llegó un mayor del
Ejército y los metieron en la camioneta diciendo que ellos eran los que se
habían hurtado la gasolina, versión totalmente distinta a la del informe;” (…)
cosa si cierta y comprobada es el dicho de los policiales al coincidir en sus
afirmaciones que ninguno de los capturados, fueron encontrados al
momento de sus capturas, pegados en el tubo de ECOPETROL sacando
gasolina alguna, y se limitan a decir que solamente la transportaban,
razones estas más que claras para el Despacho que los señores (…) Ómar
Eliécer Pérez Chávez, Rodrigo Larios Álvarez (…) no están hasta este
momento procesal incurso en el delito del artículo 327 A del Código Penal,
que trata de APODERAMIENTO DE HIDROCARBURO, SUS
DERIVADOS, BIOCOMBUSTIBLES O MEZCLA QUE LOS CONTENGA,
razón por la cual este despacho se abstendrá de imponer medida de
aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de
libertad, y como quiera que estos señores se encuentran retenidos en la
penitenciaria La Vega de esta ciudad se oficiará a su director para que los
conceda libertad inmediata, previa suscripción de acta de compromiso (fl.
72 cdno. pruebas).

5) En resolución del 25 de octubre de 2007 la Fiscalía Segunda Especializada de
Sincelejo acusó a los señores Ómar Eliécer Pérez Chávez y Rodrigo Larios Álvarez
como autores materiales del delito de apoderamiento de hidrocarburos, sus

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derivados, biocombustibles o mezcla que los contenga y, como consecuencia impuso
en su contra medida de aseguramiento de detención preventiva la cual sustituyó por
detención domiciliaria (fls. 114 a 131 cdno. pruebas). La resolución de acusación
cobró ejecutoria el 30 de enero de 2008 (fl. 140 cdno. pruebas).

La fiscalía instructora otorgó plena credibilidad al informe de captura y a los
testimonios de los policías que adelantaron la aprehensión para concluir la
responsabilidad penal de los procesados Ómar Eliécer Pérez Chávez y Rodrigo
Larios Álvarez en el delito de apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados,
biocombustibles o mezcla que los contenga, el ente investigador se apartó del criterio
que en su momento tuvo al definir la situación jurídica de los procesados.

A partir del informe de captura coligió que los dos investigados fueron aprehendidos
el 22 de marzo de 2007 aproximadamente a las 11:30 horas “en la vía que de Sincé
conduce a La Vivienda, kilómetro 1, momentos en que se movilizaban transportando
en una motocicleta AUTECO BAJAJ, de placas AEX-80B, cuatro bolsas negras de
polietileno dentro de cuatro costales de fique color blanco, los cuales al ser verificados
contenían combustible que por sus características es similar al NAFTA, los cuales
para su transporte, judicialización y conservación, se vio la necesidad de
reembolsarlas en ocho pimpinas plásticas de diferentes colores con capacidad para
5 galones cada una”(fl. 124 cdno. pruebas).

Por su parte, pese a que los capturados en diligencia de indagatoria negaron su
participación en el delito atribuido y señalaron que fueron engañados por miembros
de la Infantería de Marina que les pidieron transportar una gasolina decomisada,
momento en el cual hicieron presencia los miembros de la policía que los capturaron,
la fiscalía instructora no aceptó esta justificación y, por el contrario, otorgó credibilidad
a los testimonios de los policiales que participaron en el operativo de captura, según
los cuales, los procesados se encontraban en la vía que de Sincé conduce a La
Vivienda, exactamente en la finca “La Ponderosa” “con varias pimpinas que
contenían gasolina Nafta”, único hidrocarburo que transporta el oleoducto Caño
Limón Coveñas (fl. 125 cdno. pruebas).

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Soportada en estos elementos la fiscalía coligió que los señores Pérez Chávez y
Larios Álvarez fueron capturados en circunstancias de flagrancia cuando se
encontraban hurtando la gasolina en mención (fl. 125 cdno. pruebas). Igualmente
encontró reunidos los requisitos previstos por los artículos 355 y 356 del Código de
Procedimiento Penal vigente (Ley 600 de 2000) para imponer medida de
aseguramiento de detención preventiva la cual sustituyó por detención domiciliaria en
consideración a que la pena mínima a imponer no superaba los 5 años y no se
advirtieron “antecedentes penales, ni comportamientos familiares o sociales
anómalos” que les impidiera a los acusados gozar de este beneficio.

6) El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo en sentencia del 30 de
diciembre de 2009 absolvió a los señores Ómar Eliécer Pérez Chávez y Rodrigo
Larios Álvarez de toda responsabilidad en el delito atribuido en la resolución de
acusación y como consecuencia les concedió libertad inmediata (fls. 247 a 265 cdno.
pruebas).

Para el juez penal se impuso la absolución de los señores Ómar Eliécer Pérez
Chávez y Rodrigo Larios Álvarez por cuanto a la investigación no se allegó prueba
alguna en relación con la tipicidad de la conducta punible de apoderamiento de
hidrocarburos, toda vez que no se incorporó “el experticio técnico que determinara
con certeza cuál era la composición, concentración e ingredientes de la sustancia
líquida descubierta en poder de los hoy sentenciados”.

Visto lo anterior, es necesario recordar que el artículo 28 de la Constitución Política
consagra que el derecho a la libertad en principio solo puede restringirse en virtud de
mandamiento escrito de autoridad judicial competente en cumplimiento de las
formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley.

El requisito del mandamiento escrito puede prescindirse de manera excepcional
cuando exista una de las situaciones de flagrancia contempladas en la norma penal,
que para el caso que ocupa la atención de la Sala se encontraban en el artículo 345

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de la Ley 600 de 20006, código de procedimiento penal vigente para la época de los
hechos y, ante lo cual, una vez retenida la persona debía ser conducida
inmediatamente ante el funcionario judicial competente para legalizar su captura y
quien iniciaría la respectiva investigación.

El artículo 355 del referido código de procedimiento penal autorizaba la imposici ón
de la medida de aseguramiento de detención preventiva siempre y cuando se
cumpliera con la finalidad de “garantizar la comparecencia del sindicado al proceso,
impedir su fuga o la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda
para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la
instrucción o entorpecer la actividad probatoria”.

De conformidad con los artículos 356 y 357 de la Ley 600 de 2000 la detención
preventiva resultaba procedente cuando contra el sindicado aparecieran por lo menos
dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente
producidas en el proceso y cuando la Fiscalía General de la Nación imputara un delito
cuya pena mínima excediera 4 años, que se tratara de alguno de los delitos previstos
en el mismo artículo 357, o que el sindicado ya estuviese condenado mediante
sentencia ejecutoriada por otro delito que tuviera pena de prisión.

En el caso objeto de análisis, de conformidad con las pruebas obrantes en el
expediente, se tiene que no se dieron los requisitos de la captura en flagrancia ni
mucho menos se cumplió con lo señalado por la norma procesal para dictar la medida
de aseguramiento.

Ciertamente, en cuanto a la aprehensión de los aquí actores se observa que los
integrantes de la Policía Nacional los detuvieron porque aparentemente
transportaban en cuatro bolsas de polietileno que, a su vez estaban empacadas en

6 “Artículo 345. Flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando:

1. La persona es sorprendida y aprehendida al momento de cometer una conducta punible.
2. La persona es sorprendida e identificada o individualizada al momento de cometer la conducta
punible y aprehendida inmediatamente después por persecución o voces de auxilio de quien presencie
el hecho.
3. Es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezc a
fundadamente que momentos antes ha cometido una conducta punible o participado en ella”.

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cuatro costales de fique, combustible de características similares a la NAFTA 7; sin
embargo, ni en esta etapa inicial ni durante la investigación se establecieron las
características de la sustancia incautada ni se determinó a través de prueba técnica
que en efecto se tratara de un hidrocarburo, derivado o una mezcla que lo contuviera
para endilgar su autoría en el delito que les fue atribuido.

De otro lado, como lo reconoció la fiscalía instructora en el momento en que definió
la situación jurídica de los aquí demandantes, por lo cual se abstuvo de imponer en
aquella oportunidad medida de aseguramiento en su contra, “en ningún momento
fueron capturados hurtándose la gasolina decomisada del tubo por donde la empresa
Ecopetrol lo transporta, o sea el oleoducto Caño Limón Coveñas” y tampoco se
estableció de manera clara la forma en que fueron capturados 8.

Al día siguiente de su aprehensión los señores Ómar Eliécer Pérez Chávez y Rodrigo
Larios Álvarez fueron puestos a disposición de la fiscalía quien no hizo un
pronunciamiento expreso sobre la legalidad de la captura a pesar que le era exigible
en virtud del artículo 352 de la Ley 600 de 2000, el cual establece lo siguiente:
“cuando el capturado, según las previsiones legales, deba ser recluido, el funcionario
judicial bajo cuyas órdenes se encuentre dispondrá de un plazo máximo de treinta y
seis (36) horas para legalizar dicha situación”.

Debe precisarse que en la resolución que definió la situación jurídica la propia entidad
reconoció que en realidad no había mérito para detener a los señores Ómar Eliécer
Pérez Chávez y Rodrigo Larios Álvarez por cuanto no fueron sorprendidos

7 Oficio 271 /COMAN-ESSIN-DESUC del 23 de marzo de 2007 del Comandante de la Estación de
Policía de Sincé (Sucre) deja a disposición de la Fiscalía de Reacción Inmediata del mismo municipio
a los aquí demandantes y rinde informe de la manera en que fueron capturados (fl. 2 a 6 cdno.
pruebas).
8 Para la fiscalía entró en contradicción el dicho de los investigados -quienes afirmaron que fueron

detenidos en su marcha por un retén que la Infantería de Marina tenía instalado en la vía que conduce
al municipio de Sincé, les pidieron los papeles de la motocicleta pero como solo contaban con una
fotocopia se quedaron con ellos, luego los requirieron para que prestaran su ayuda para transportar
un combustible decomisado y cuando estaban realizando la labor encomendada llegó la patrulla de la
policía que luego los aprehendió-, con los testimonios de los miembros de la Policía Nacional que
adelantaron el procedimiento de captura - que por su parte señalaron que los ahora demandant es
fueron capturados en momentos en que transportaban combustible procedente del oleoducto-, sin
embargo concluyó que ninguno de los policías declarantes señaló que estas personas hubieren sido
capturadas “pegadas en el tubo de ECOPETROL, sino transportando la gasolina” (fls. 71 a 72 cdno.
pruebas).

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apoderándose del combustible transportado por el oleoducto.

En consecuencia, se encuentra demostrado que no se cumplieron los requisitos
legales exigidos para proceder a la aprehensión de los aquí demandantes puesto que
no fueron sorprendidos i) al momento de cometer una conducta punible, ii) por
persecución o voces de auxilio de quienes presenciaron el hecho, o iii) con objetos,
instrumentos o huellas de los cuales aparecía fundadamente que momentos antes
cometieron una conducta punible o participaron en ella en virtud del artículo 345 de
la Ley 600 de 2000, de manera que una vez fueron dejados a disposición de la fiscalía
no había lugar a privarlos de su libertad.

En ese orden se demuestra que la Fiscalía General de la Nación incurrió en una falla
por permitir la privación de la libertad de los demandantes durante el periodo
comprendido entre el 28 de marzo de 20079 hasta el 10 de abril de 2007 sin estudiar
la legalidad de la captura y posteriormente concluir que no existía mérito para
disponer esta aprehensión.

Asimismo, se demostró que en la resolución de acusación la fiscalía instructora varió
su propio análisis y “encontró” reunidos los indicios graves de responsabilidad en
contra de los ahora demandantes Pérez Chávez y Larios Álvarez frente al delito de
apoderamiento de hidrocarburos pues, concluyó a partir del informe de captura y las
declaraciones de los agentes de policía que adelantaron el aludido operativo, que los
procesados se encontraban en la vía que de Sincé conduce a La Vivienda,
exactamente en la finca “La Ponderosa” “con varias pimpinas que contenían gasolina
Nafta”, único hidrocarburo que transporta el oleoducto Caño Limón Coveñas.

La Sala advierte que la fiscalía dio credibilidad a las declaraciones de los policías que
participaron en el procedimiento de captura y al informe rendido por estos; no
obstante, como lo advirtió el juez penal, para aquel momento no existía una prueba
que diera cuenta de la tipicidad de la conducta.

9 Si bien se acreditó que los demandantes fueron capturados el 22 de marzo de 2007 hasta el 23 de
marzo de 2007 fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, no obstante el primer
periodo de detención imputable a la Fiscalía comenzará a partir del 28 de marzo de 2007, como fue
reconocido por el a quo, por cuanto no fue controvertida esta decisión por la parte demandante.

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Igualmente conviene precisar que la fiscalía instructora omitió considerar las razones
de necesidad de la medida de aseguramiento de conformidad con sus fines
constitucionales en el caso particular de los demandantes Pérez Chávez y los motivos
que dieron lugar a la detención domiciliaria frente a su situación particular, cuando
previamente se les había concedido la libertad provisional y en aquel momento no
desatendieron los compromisos que se les impuso para acceder a este beneficio.

En virtud de lo anterior está demostrado que no se cumplieron los requisitos legales
exigidos para proferir medida de aseguramiento en contra de los señores Ómar
Eliécer Pérez Chávez y Rodrigo Larios Álvarez toda vez que no existieron dos indicios
graves de responsabilidad en su contra de conformidad al artículo 356 del Código de
Procedimiento Penal y se omitió el estudio de necesidad de la medida de
aseguramiento impuesta.

3.2 Entidad a la que se le imputa el daño

La responsabilidad extracontractual por el daño causado a los señores Ómar Eliécer
Pérez Chávez y Rodrigo Larios Álvarez es imputable a la Fiscalía General de la
Nación por ser la entidad que no hizo un pronunciamiento dentro del término de ley
sobre la legalidad de la captura del demandante y porque posteriormente, en el
momento de la acusación impuso la medida de aseguramiento restrictiva de la
libertad cuando no resultaba procedente.

Se advierte que el día de la captura, esto es, el 22 de marzo de 2007, no le es
atribuible puesto que de conformidad con los hechos probados en esa fecha el actor
estuvo detenido primero por parte de los miembros de la Policía Nacional y luego
pasó a manos de la Fiscalía General de la Nación y si bien se acreditó que los
demandantes fueron dejados a disposición de la Fiscalía el 23 de marzo de 2007, se
tendrá en cuenta la fecha reconocida por el a quo (28 de marzo de 2007), en beneficio
de la entidad condenada. La Sala se abstendrá de pronunciarse frente a la
responsabilidad de la Policía Nacional por cuanto en primera instancia se declaró la
falta legitimación en la causa por pasiva y en esta oportunidad solo le asiste
competencia para resolver lo desfavorable a la entidad condenada.

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A la Fiscalía General de la Nación le sería imputable la detención de los actores
desde el momento en que fueron puestos a disposición del fiscal instructor hasta la
fecha de ejecutoria de la resolución de acusación (30 de enero de 2008), pues de
conformidad con el artículo 400 de la Ley 600 de 200010 es desde ese momento que
asume competencia sobre el asunto el funcionario encargado del juzgamiento y el
procesado deja de estar a cargo de la fiscalía.

La Sala evidencia que la medida de aseguramiento se impuso en la etapa de
instrucción y se extendió hasta la etapa de juicio con lo cual se colige que en la
causación del daño invocado por los señores Pérez Chávez y Larios Álvarez
participaron tanto la Nación-Rama Judicial como la Fiscalía General de la Nación, no
obstante la Rama Judicial no fue condenada en primera instancia lo que impide, en
grado jurisdiccional de consulta, pronunciarse frente a su responsabilidad patrimonial.

En ese sentido, la Sala considera que le es imputable a la Fiscalía General de la
Nación el periodo de privación intramural comprendido entre el 28 de marzo de 2007
al 10 de abril de 2007, así como el 30 de enero de 2008 como día de detención
domiciliaria imputable a la Fiscalía General de la Nación por cuanto se demostró que
el 31 de enero de 2008, fecha en que se remitió el expediente penal al juzgado de
conocimiento con ocasión de la ejecutoria de la resolución de acusación la fiscalía
instructora informó que los “detenidos quedaban a su disposición en sus sitios de
residencia”11 (fl. 139 cdno. pruebas).

10 El artículo 400 de la Ley 600 del 2000 preveía: “Con la ejecutoria de la resolución de acusación
comienza la etapa del juicio y adquieren competencia los jueces encargados del juzgamiento y el
Fiscal General de la Nación o su delegado la calidad de sujeto procesal.
Al día siguiente de recibido el proceso por secretaría se pasarán las copias del expediente al despacho
y el original quedará a disposición común de los sujetos procesales por el término de quince (15) días
hábiles, para preparar las audiencias preparatoria y pública, solicitar las nulidades originadas en la
etapa de la investigación y las pruebas que sean procedentes ”.
11 Oficio del 31 de enero de 2008 dirigido por el Fiscal Segundo Especializado de Sincelejo al Juzgado

Penal del Circuito Especializado por el cual remitió el proceso adelantado en contra de los señores
Ómar Eliécer Pérez Chávez y Rodrigo Larios Álvarez.

23

Expediente 70001-23-31-000-2012-00160-01 (57.222)
Actor: Rodrigo Larios Álvarez,
Ómar Eliécer Pérez Chávez y otros
Reparación directa
Grado jurisdiccional de consulta

En consecuencia se declarará la responsabilidad extracontractual de la Fiscalía
General de la Nación en proporción a su participación en el daño invocado por la
parte actora.

3.3 Culpa exclusiva de la víctima

De conformidad con el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y lo señalado por la Corte
Constitucional en sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 201812 en el presente caso
no se evidenció conducta alguna de los señores Ómar Eliécer Pérez Chávez y
Rodrigo Larios Álvarez digna de reproche y que además tuviera incidencia exclusiva
en la decisión de privarlo de su libertad.

3.4 Determinación de los perjuicios y su reparación

Satisfechos los elementos requeridos para la declaratoria de responsabilidad
patrimonial de la Nación - Fiscalía General de la Nación en relación con la privación
injusta de la libertad de los señores Ómar Eliécer Pérez Chávez y Rodrigo Larios
Álvarez, la Sala entrará a verificar la acreditación de los perjuicios cuya reparación
reclama la parte demandante y que fueron reconocidos en primera instancia.

Como se advirtió en precedencia la Sala modificará la sentencia de primera instancia
para condenar a la Fiscalía General de la Nación en proporción a la causación del
daño reclamado.

3.4.1 Perjuicios morales

En relación con la indemnización reclamada por perjuicios morales, el a quo accedió
a su reconocimiento y otorgó a los actores Rodrigo Larios Álvarez, Michael Andrés
Larios García, Denis Larios Calvo y Lucy Álvarez de Arcos la suma de 100 smlmv13
para cada uno, a Elvis de Jesús, Edier de Jesús, Glenis Vanesa, Lucy Esthela Larios
Álvarez, Candelaria y Monica Sarith Larios Álvarez la suma equivalente a 50 smlmv

12 Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018, MP José Fernando Reyes Cuartas.
13 Salarios mínimos legales mensuales vigentes.

24

Expediente 70001-23-31-000-2012-00160-01 (57.222)
Actor: Rodrigo Larios Álvarez,
Ómar Eliécer Pérez Chávez y otros
Reparación directa
Grado jurisdiccional de consulta

para cada uno, a Pabla Calvo Santana y Estella de Arcos Sampayo la suma de 50
smlmv para cada una, respecto al primer grupo familiar demandante y, para su pago,
condenó a la Fiscalía General de la Nación.

Igualmente el tribunal de primera instancia accedió al reconocimiento de
indemnización para Ómar Eliécer Pérez Chávez, Francisco Daniel Pérez Arrieta, y
Rosalba Chávez Troya por la suma de 100 smlmv para cada uno y para Liliana, Inés
María, Libardo Rafael, Librada, Milena del Carmen y Oscar Daniel Pérez Chávez 50
smlmv para cada uno, respecto al segundo grupo familiar demandante.

En sentencia de unificación frente al reconocimiento de indemnización por perjuicios
morales en eventos en los que se reclama la responsabilidad patrimonial del Estado
por privación injusta de la libertad 14 el Consejo de Estado señaló las siguientes reglas:

“65.1.- En relación con la víctima directa de la detención, tanto si se trata
de detención en establecimiento carcelario, como si se trata de detención
domiciliaria, la sola prueba de la privación de la libertad constituye
presunción de perjuicio moral para ella.
65.2.- En relación con los parientes en el primer grado de consanguinidad
del detenido, su cónyuge o su compañero o compañera permanente, la
prueba de tales calidades constituye presunción del perjuicio moral para
ellos.
65.3.- Las presunciones establecidas en las dos reglas anteriores podrán
desvirtuarse por la parte demandada.
65.4.- En relación con las demás víctimas indirectas, la prueba del
parentesco no es una presunción del perjuicio moral. En tales casos, el juez
determinará si el demandante cumplió la carga de acreditar la existencia
del perjuicio moral derivado de la existencia de una relación estrecha con
el detenido, de la cual pueda inferirse la existencia de un perjuicio moral
indemnizable”.

De igual forma, en la providencia se estableció hasta 5 smlmv de indemnización para
el reconocimiento del perjuicio moral a la víctima directa cuando la privación de la
libertad tiene una duración que no supera un mes. A su vez estableció que en casos
de detención domiciliaria la reparación debía disminuirse en un 50%.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de
unificación jurisprudencial del 29 de noviembre de 2021, expediente 46.681, MP Martín Bermúdez
Muñoz.

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Expediente 70001-23-31-000-2012-00160-01 (57.222)
Actor: Rodrigo Larios Álvarez,
Ómar Eliécer Pérez Chávez y otros
Reparación directa
Grado jurisdiccional de consulta

Para las víctimas indirectas el perjuicio se determina a partir del monto reconocido a
la víctima directa, de la siguiente manera: i) a los parientes en el primer grado de
consanguinidad del detenido, su cónyuge o su compañero o compañera permanente,
el cincuenta por ciento (50%) de lo que le corresponda a la víctima directa y ii) a los
demás demandantes, cuando acrediten el perjuicio moral, el treinta por ciento (30%)
de lo que le corresponda a la víctima directa.

En el presente caso toda vez que los señores Rodrigo Larios Álvarez y Ómar Eliécer
Pérez Chávez fueron afectados con 14 días de privación intramural y un día de
detención domiciliaria imputables a la Fiscalía General de la Nación tienen derecho
a una indemnización por los perjuicios morales derivados de la privación de la libertad
de 5 smlmv, para cada uno.

Del primer grupo familiar la Sala encuentra que los demandantes Michael Andrés
Larios García, Lucy Álvarez de Arco y Denis Larios Calvo acreditaron su parentesco 15
sin embargo no demostraron el grado de afectación moral que padecieron con la
privación de la libertad del señor Rodrigo Larios Álvarez, por lo que se reconocerá el
mínimo que corresponde a 35% de lo otorgado a la víctima directa.

Respecto a los demandantes Elvis de Jesús, Edier de Jesús, Glenis Vanesa, Lucy
Esthela, Candelaria y Monica Sarith quienes acuden al proceso en calidad de
hermanos del señor Rodrigo Larios Álvarez16 y las señoras Pabla Calvo Santana y
Estella de Arcos Sampayo en su condición de abuelas 17, la Sala encuentra que no
hay lugar a reconocer indemnización por perjuicio moral porque este no fue
demostrado18. En ese orden se revocará la indemnización reconocida en primera
instancia.

15 El señor Rodrigo Larios Álvarez es padre de Michael Andrés Larios García (registro civil fl. 26 cdno.
ppal.) e hijo de Lucy Álvarez De Arco y Denis Larios Calvo (fl. 22 cdno. ppal.).
16 Registros civiles de nacimiento obrantes a folios 31 a 40 cdno. ppal.
17 Registros civiles de nacimiento que reposan en los folios 27 y 29 cdno. ppal.
18 La parte demandante solicitó la práctica de prueba testimonial para acreditar los hechos aludidos

en la demanda, especialmente las relaciones de afecto de los integrantes de cada grupo familiar y los
perjuicios que padecieron a costa de la privación de la libertad de los señores Pérez Chávez y Larios
Álvarez, sin embargo los testigos citados no comparecieron a ofrecer su declaración en la fecha
prevista para el efecto (fls. 236 a 287 cdno. ppal.).

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Expediente 70001-23-31-000-2012-00160-01 (57.222)
Actor: Rodrigo Larios Álvarez,
Ómar Eliécer Pérez Chávez y otros
Reparación directa
Grado jurisdiccional de consulta

Del segundo grupo familiar la Sala evidencia que los demandantes Francisco Daniel
Pérez Arrieta y Rosalba Chávez Troya demostraron ser padres del señor Ómar
Eliécer Pérez Chávez19, sin embargo no acreditaron en qué medida se vieron
afectados con la privación de su libertad, en consecuencia se reconocerá el 35% de
lo otorgado a la víctima directa.

Los demandantes Liliana, Inés María, Librada, Milena del Carmen, Oscar Daniel
Pérez Chávez y Libardo Rafael Chávez Troya si bien acreditaron ser hermanos del
señor Ómar Eliécer Pérez Chávez20 no demostraron la existencia del perjuicio moral,
es decir la forma en que se vieron afectados por la privación de la libertad de su
familiar. En ese orden se revocará la indemnización reconocida por el tribunal de
primera instancia.

De conformidad con lo anterior, la Sala reconocerá a los demandantes Ómar Eliécer
Pérez Chávez y Rodrigo Larios Álvarez la suma equivalente a 5 smlmv, para cada
uno; a los demandantes Michael Andrés Larios García, Lucy Álvarez de Arco y Denis
Larios Calvo pertenecientes al primer grupo familiar y a los demandantes Francisco
Daniel Pérez Arrieta y Rosalba Chávez Troya del segundo grupo familiar, la suma
equivalente a 1.75 smlmv, para cada uno.

3.4.2 Perjuicios materiales

3.4.2.1 Lucro cesante

El a quo condenó a la Fiscalía General de la Nación al pago de indemnización por
lucro cesante a favor de los señores Ómar Eliécer Pérez Chávez por la suma de
$18.222.084,44 y Rodrigo Larios Álvarez por $18.222.084,44 que resultó de aplicar
el salario mínimo mensual legal vigente para la fecha de la sentencia de primera
instancia.

19 Registro civil de nacimiento obrante a folio 44 cdno. ppal.
20 Registros civiles de nacimiento obrantes a folios 51 a 61 cdno. ppal.

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Expediente 70001-23-31-000-2012-00160-01 (57.222)
Actor: Rodrigo Larios Álvarez,
Ómar Eliécer Pérez Chávez y otros
Reparación directa
Grado jurisdiccional de consulta

La Sala encuentra, a partir de las piezas del expediente penal que fue aportado al
proceso, que los señores Pérez Chávez y Larios Álvarez eran mototaxistas para el
momento de la privación de la libertad 21 por lo que resulta procedente la
indemnización por concepto de lucro cesante consolidado sin incluir el porcentaje por
prestaciones sociales, toda vez que no se probó que los demandantes estuvieran
vinculados a una relación laboral subordinada como lo exige el criterio de unificación
del Consejo de Estado22.

Ante la falta de acreditación de los ingresos mensuales aducidos por los actores, por
razones de equidad23 se tiene que percibían por lo menos un salario mínimo mensual
vigente al momento de la privación y en esta oportunidad se tendrá el vigente para la
fecha de la presente providencia para el cálculo del lucro cesante consolidado, por el
tiempo de privación de la libertad que le es imputable a la Fiscalía General de la
Nación.

La liquidación del perjuicio es la siguiente:

a. Primer periodo de privación:

S = Ra (1+ i)n – 1 S = $ 1.000.000 (1+ 0.004867)0.43 – 1 S= 429.405,06
i 0.004867

b. Segundo periodo de privación

S = Ra (1+ i)n – 1 S = $ 1.000.000 (1+ 0.004867)0.03 – 1 S= 29.929,41
i 0.004867

En consecuencia, la Sala ordenará el pago de cuatrocientos cincuenta y nueve mil
trescientos treinta y cuatro pesos con cuarenta y siete centavos ($ 459.334,47) para

21 Así se consignó en el informe de captura en el momento de reseñar los datos personales de los
aquí demandantes y así lo refirieron los señores Pérez Chávez y Larios Álvarez en el momento de
rendir diligencia de indagatoria (fls.2 a 6 y fls. 36 a 42 cdno. pruebas).
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de julio de 2019, expediente 73001-23-31-

000-2009-00133-01 (44.572), MP Carlos Alberto Zambrano Barrera.
23 Cuando no se encuentran demostrados los ingresos mensuales por razones de equidad se tiene

que la persona percibía por lo menos el salario mínimo legal mensual, porque por ley ni en el sector
público ni en el sector privado nadie puede ganar menos que aquel.

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Expediente 70001-23-31-000-2012-00160-01 (57.222)
Actor: Rodrigo Larios Álvarez,
Ómar Eliécer Pérez Chávez y otros
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Grado jurisdiccional de consulta

el señor Ómar Eliécer Pérez Chávez y la suma de cuatrocientos cincuenta y nueve
mil trescientos treinta y cuatro pesos con cuarenta y siete centavos ($ 459.334,47)
para el señor Rodrigo Larios Álvarez, a cargo de la Fiscalía General de la Nación.

3.4.3 Daño al buen nombre

En sentencia del 28 de agosto de 2014 24 la Sala Plena de la Sección Tercera unificó
los criterios para la reparación integral de perjuicios inmateriales por vulneraciones o
afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente
amparados y precisó las características de este daño autónomo como nueva
categoría de daño inmaterial y advirtió que: i) su presupuesto de configuración está
dado por la acreditación o comprobación en cada situación particular, ii) su propósito
es restablecer plenamente a la víctima en el ejercicio de sus derechos y libertades;
iii) las medidas de reparación integral pueden adoptarse de oficio o a petición de
parte, siempre y cuando aparezca acreditada su existencia; iv) su reparación
corresponde a medidas no pecuniarias que guarden correspondencia con el daño
provocado.

En consecuencia, la reparación integral ante la presunta afectación a derechos
convencional o constitucionalmente protegidos tiene origen en la solicitud del
demandante o de oficio cuando el juez advierta su vulneración a partir de los hechos
y con sustento en las pruebas aportadas que incluso tiene lugar cuando se estudia el
asunto en grado jurisdiccional de consulta pues como expresión de la justicia
restaurativa conmina al juez a adoptar medidas de restablecimiento frente al daño
causado.

La Sala considera que la incriminación que soportaron los señores Ómar Eliécer
Pérez Chávez y Rodrigo Larios Álvarez trajo consigo la afectación de su libertad

24 Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, MP Ramiro
Pazos Guerrero, expediente 32.988.

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Expediente 70001-23-31-000-2012-00160-01 (57.222)
Actor: Rodrigo Larios Álvarez,
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Reparación directa
Grado jurisdiccional de consulta

personal y comportó el menoscabo a su derecho al buen nombre 25 como expresión
del principio a la dignidad humana 26.

El buen nombre hace referencia a la buena opinión que se forma de una determinada
persona, es decir el concepto favorable que tienen los congéneres o la comunidad
de alguien en particular.

Para la Sala la restricción de la libertad por sí misma tiene la potencialidad para
generar descrédito, señalamiento y estigmatización y por ser injusta en tanto se
demostró que el reproche penal consolidado con la detención fue anulado a través
de sentencia absolutoria definitiva es suficiente para tener por acreditada la
afectación al buen nombre.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en aquellos casos en los que se
evidencia que la víctima ha sido ilegal y arbitrariamente privada de su libertad ha
ordenado como garantía destinada a restituir el derecho al buen nombre, que se
hagan publicaciones en las que se indique que el afectado es ajeno a todos los
cargos que se le imputaron.27

En el orden anterior, la Sala advierte una afectación al derecho al buen nombre de
los señores Ómar Eliécer Pérez Chávez y Rodrigo Larios Álvarez cuya única forma
de reparación es a través de la rectificación como medida de satisfacción no
pecuniaria y en tal sentido dispondrá que la Fiscalía General de la Nación exprese

25 Derecho constitucionalmente consagrado en el artículo 15 de la Carta Política según el cual toda
persona tiene derecho a su buen nombre y el Estado está obligado a respetarlo y hacerlo respetar.
Convencionalmente se encuentra consagrado en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
26 Al respecto confrontar Corte Constitucional, sentencia T-411 de 13 de septiembre de 1995,

expediente T-49.272, MP Alejandro Martínez Caballero.
27 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador,

sentencia de 21 de noviembre de 2007. En esta oportunidad, la Corte Interamericana se ocupó de
decidir el caso de dos personas que habían sido inves tigadas y privadas ilegalmente de su libertad
por presuntamente pertenecer a una organización dedicada al tráfico internacional de narcóticos. La
detención de las víctimas fue ilegal y se prolongó injustificadamente. Aunque el Estado ecuatoriano
ordenó que se quitaran las publicaciones y registros que hacían alusión a los ilícitos por los cuales las
víctimas fueron investigadas, la Corte indicó que si bien con ello se buscaba restituir del buen nombre
de los actores, como medida de reparación integral de las víctimas se debía realizar una publicación
en la cual se señalara específicamente que fueron ilegal y arbitrariamente privadas de su libertad, lo
anterior, con la finalidad de restituir el buen nombre y como garantías de no repetición.

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Expediente 70001-23-31-000-2012-00160-01 (57.222)
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Grado jurisdiccional de consulta

disculpas a los señores Pérez Chávez y Larios Álvarez por la privación injusta de la
libertad de la que fueron objeto, a través de una misiva dirigida a los demandantes.

Se ordenará, en consecuencia, a la Fiscalía General de la Nación que emita un
comunicado en el que se disculpen con las víctimas por el perjuicio causado y
reconozcan que no eran responsables del delito que se les imputó. De acuerdo con
el principio según el cual este tipo de reparaciones integrales debe concertarse con
la víctima, los demandantes le informarán a la demandada, dentro del mes siguiente
a la ejecutoria de esta providencia, si dicho documento solamente le será entregado
en físico a él o sí, además, desea que se publique en las plataformas de
comunicación y difusión de cada entidad, y a ello se procederá una vez así sea
comunicado. De no hacerse ninguna manifestación durante ese lapso, se entenderá
que la víctima opta porque las disculpas se expresen de manera privada, por lo que
así se cumplirá de inmediato.

4. Otra determinación

De otra parte, la Sala pone de presente, un vez más que por auto de fecha 7 de
febrero de 2022 se determinó que la solicitud de regulación de incidente de
honorarios presentada por el abogado Diego Fernando Posada Grajales no podía
resolverse en esta instancia, sino que se trataba de un asunto que le corresponde al
tribunal de primera instancia, en consecuencia se deberá dar cumplimiento a lo allí
resuelto.

5. Conclusión

En conclusión, se declarará la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación
por la privación injusta de la libertad de los señores Ómar Eliécer Pérez Chávez y
Rodrigo Larios Álvarez y se ordenará el reconocimiento de los perjuicios que se
encuentran probados a favor de aquellos y sus familiares en proporción al grado de
participación de la entidad en el daño causado.

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Expediente 70001-23-31-000-2012-00160-01 (57.222)
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Ómar Eliécer Pérez Chávez y otros
Reparación directa
Grado jurisdiccional de consulta

6. Costas procesales

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, en el
presente asunto no hay lugar a condenar en costas a las partes por cuanto no se
observa una conducta caprichosa o arbitraria.

En mérito de lo expuesto, EL CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Modíficase la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre el 30
de octubre de 2015 la cual queda así:

PRIMERO: Declárase patrimonial y extracontractualmente responsable a
la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de que
fueron víctimas los señores Ómar Eliécer Pérez Chávez y Rodrigo Larios
Álvarez.

SEGUNDO: Como consecuencia condénase a la Fiscalía General de la
Nación a pagar por concepto de indemnización por perjuicios morales las
siguientes sumas:

a) A favor del señor Ómar Eliécer Pérez Chávez la suma de cinco (5)
salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de
esta providencia.

b) A favor del señor Rodrigo Larios Álvarez la suma de cinco (5) salarios
mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta
providencia.

c) A favor de Michael Andrés Larios García, Lucy Álvarez de Arco y Denis
Larios Calvo la suma de uno punto setenta y cinco (1,75) salarios mínimos
legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia,
para cada uno.

d) A favor de Francisco Daniel Pérez Arrieta y Rosalba Chávez Troya la
suma de uno punto setenta y cinco (1,75) salarios mínimos legales
mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia, para cada
uno.

TERCERO: Condénase a la Fiscalía General de la Nación a pagar por
concepto de indemnización por lucro cesante al señor Ómar Eliécer Pérez

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Expediente 70001-23-31-000-2012-00160-01 (57.222)
Actor: Rodrigo Larios Álvarez,
Ómar Eliécer Pérez Chávez y otros
Reparación directa
Grado jurisdiccional de consulta

Chávez la suma de cuatrocientos cincuenta y nueve mil trescientos treinta
y cuatro pesos con cuarenta y siete centavos ($ 459.334,47).

CUARTO: Condénase a la Fiscalía General de la Nación a pagar por
concepto de indemnización por lucro cesante al señor Rodrigo Larios
Álvarez la suma de cuatrocientos cincuenta y nueve mil trescientos treinta
y cuatro pesos con cuarenta y siete centavos ($ 459.334,47).

QUINTO: La Fiscalía General de la Nación remitirá con destino a los
señores Ómar Eliécer Pérez Chávez y Rodrigo Larios Álvarez una misiva
en la que exprese disculpas a raíz de la privación de la libertad de la cual
fueron objeto y reconozca que no eran responsables del delito que se les
imputó, conforme a los términos señalados en esta providencia.

SEXTO: Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: La entidad condenada deberá dar cumplimiento a la sentencia
en los términos del artículo 176 del CCA y deberá reconocer intereses sobre
los valores debidos, si a ello hubiere lugar en la forma prevista en el artículo
177 ídem y la sentencia C-188 de 1999.

OCTAVO: Ejecutoriada la presente providencia y con observancia de lo
dispuesto en el artículo 115 del CPC, expídase copia de la sentencia a las
partes.

2º) Sin condena en costas en esta instancia.

3º) De conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, dese
cumplimiento a lo decidido en el auto de fecha 7 de febrero de 2022, respecto del
incidente de regulación de honorarios propuesto por el abogado Diego Fernando
Posada Grajales.

4°) En firme este fallo devuélvase el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado

Aclaración de voto
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado

33

Expediente 70001-23-31-000-2012-00160-01 (57.222)
Actor: Rodrigo Larios Álvarez,
Ómar Eliécer Pérez Chávez y otros
Reparación directa
Grado jurisdiccional de consulta

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados
integrantes de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma
SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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