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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03004-00

Fecha
28 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03004-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 1° de julio de 2022, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte actora. Se fija por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, a favor de la Fiscalía General de la Nación y la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente para la Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. 17 Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03004-00 Actor: Rodrigo Larios Álvarez y otros Por Secretaría General, liquídense los gastos procesales. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlacehttps://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador .aspx

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-03004-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

28 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA UNO ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03004-00
Demandante: RODRIGO LARIOS ÁLVAREZ Y OTROS
Demandado: LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Las causales de revisión son
taxativas y de interpretación restrictiva / CAUSAL QUINTA DE REVISIÓN – CPACA - Existir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la cual no procede recurso
de apelación.

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por los señores
Rodrigo Larios Álvarez y otros, contra la providencia de 1 de julio de 2022, dictada
por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado en el proceso de
reparación directa identificado con el radicado 70001-23-31-000-2012-00160-01
(57.222).

I. SÍNTESIS DEL CASO

La parte recurrente aseguró que se incurrió en la causal quinta de revisión prevista
en el artículo 250 del CPACA “por violación al debido proceso, lo que deriva en una
limitación del derecho de acceso a la administración de justicia”.

II. ANTECEDENTES

El proceso de reparación directa

1. El 9 de marzo de 2012, los señores Rodrigo Larios Álvarez y Ómar Eliécer Pérez
Chávez junto con sus grupos familiares, actuando por intermedio de apoderado
judicial, presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa en
contra de la Nación -Ministerio de Defensa -Policía Nacional -Fiscalía General de la
Nación y la Nación -Rama Judicial- para que se les declarara patrimonialmente

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03004-00
Actor: Rodrigo Larios Álvarez y otros

responsables por los perjuicios que sufrieron como consecuencia de la privación de
la libertad que tuvieron que soportar por varios años.

2. Como hechos narraron que, en inmediaciones del municipio de Sincé (Sucre), los
señores Pérez Chávez y Larios Álvarez fueron requisados por unos militares que
les solicitaron los documentos de identidad y advirtieron el vencimiento del seguro
obligatorio del vehículo en el que se desplazaban. Los militares les informaron que
les permitirían seguir su camino a cambio de que subieran “al camión militar unas
pimpinas que ellos tenían”, a lo cual accedieron los motociclistas.

3. Una vez se inició la tarea de cargue, al sitio arribó una camioneta de la SIJIN y
“luego de una conversación sostenida entre los comandantes de la patrulla militar y
la policial", los agentes de la policía aprehendieron a los señores Pérez Chávez y
Larios Álvarez, quienes fueron señalados de “haber sido sorprendidos perforando
el oleoducto Caño Limón Coveñas y extrayendo gasolina ñaña".

4. Las personas aprehendidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía Segunda
Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Sincelejo por la
supuesta comisión del delito de hurto de hidrocarburos o sus derivados, autoridad
que impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, la cual
fue sustituida por detención domiciliaria.

5. En sentencia del 30 de diciembre de 2009, el Juzgado Penal del Circuito
Especializado de Sincelejo los absolvió de toda responsabilidad penal, por
atipicidad de la conducta. En consecuencia, los señores Pérez Chávez y Larios
Álvarez permanecieron privados injustamente de su libertad en la cárcel La Vega
de Sincelejo y en sus respectivas residencias ubicadas en el municipio de
Magangué, desde el 22 de marzo de 2007, hasta el 30 de diciembre de 2009.

6. Una vez se surtió el trámite de primera instancia, el Tribunal Administrativo de
Sucre profirió sentencia el 30 de octubre de 2015, en la que se indicó que a los
demandantes se les restringió su libertad con detención en establecimiento
carcelario desde el 28 de marzo hasta el 10 de abril de 2007 y con medida de
detención domiciliaria desde el 25 de octubre de 2007 hasta el 30 de diciembre de
2009, por lo que se les impuso una carga que no estaban en la obligación de
soportar. Determinó que el daño le era imputable únicamente a la Fiscalía General
2

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Actor: Rodrigo Larios Álvarez y otros

de la Nación, porque fue quien adelantó la investigación y profirió las medidas
restrictivas de la libertad de los sindicados, y no demostró la existencia de un
eximente de responsabilidad a su favor. En cuanto a las otras entidades
demandadas, declaró probada la excepción de falta de legitimación.

7. Por lo tanto, condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar a favor de la
parte actora las siguientes sumas:

Perjuicio Moral:
Grupo familiar 1:

Demandante Parente Monto de la
sco indemnización
en SMLMV
Rodrigo Larios Álvarez Víctima 100
Michael Andrés Larios García Hijo 100
Denis Larios Calvo Padre 100
Lucy Álvarez de Arcos Madre 100
Elvis de Jesús Larios Álvarez Herman 50
o
Edier de Jesús Larios Álvarez Herman 50
o
Glenis Vanesa Larios Álvarez Herman 50
a
Candelaria Larios Álvarez Herman 50
a
Mónica Sarith Larios Álvarez Herman 50
a
Pabla Calvo Santana Abuela 50
Estella de Arcos Sampayo Abuela 50

Grupo familiar 2:
Demandante Parentesco Monto de la
Indemnización
Omar Eliecer Pérez Chávez Víctima 100
Francisco Daniel Pérez Arrieta Padre 100
Rosalba Chávez Troya Madre 100
Liliana Pérez Chávez Herman 50
a
Inés María Pérez Chávez Herman 50
a
Libardo Rafael Chávez Troya Herman 50
o
Librada Pérez Chávez Herman 50
a
Milena del Carmen Pérez Herman 50
Chávez a
Oscar Daniel Pérez Chávez Herman 50
o

3

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Actor: Rodrigo Larios Álvarez y otros

Perjuicio Material – Lucro Cesante
Para Rodrigo Larios Álvarez la suma de Dieciocho Millones Doscientos Veintidós Mil
Ochenta y Cuatro Pesos con Cuarenta y Cuatro Centavos ($18.222.084,44).

Para Omar Eliécer Pérez Chávez, la suma de Dieciocho Millones Doscientos Veintidós
Mil Ochenta y Cuatro Pesos con Cuarenta y Cuatro Centavos ($18.222.084,44)

8. En providencia del 18 de abril de 2016, el Tribunal Administrativo de Sucre tuvo
por no presentado el recurso de apelación formulado por la Fiscalía General de la
Nación y dispuso remitir el expediente al Consejo de Estado para que se surtiera el
grado jurisdiccional de consulta. En auto del 12 de agosto de 2016, el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, ordenó tramitar el grado jurisdiccional de
consulta y, una vez se adelantaron las actuaciones de segunda instancia, se profirió
sentencia el 1° de julio de 2022.

9. En la decisión, se indicó que la responsabilidad extracontractual por el daño
causado a los señores Omar Eliécer Pérez Chávez y Rodrigo Larios Álvarez era
imputable a la Fiscalía General de la Nación, porque no hizo un pronunciamiento
dentro del término de ley sobre la legalidad de la captura de los demandantes y,
posteriormente, en el momento de la acusación, impuso la medida de
aseguramiento restrictiva de la libertad cuando no resultaba procedente. En ese
sentido, indicó:

A la Fiscalía General de la Nación le sería imputable la detención de los actores
desde el momento en que fueron puestos a disposición del fiscal instructor hasta
la fecha de ejecutoria de la resolución de acusación (30 de enero de 2008), pues
de conformidad con el artículo 400 de la Ley 600 de 2000'’° es desde ese
momento que asume competencia sobre el asunto el funcionario encargado del
juzgamiento y el procesado deja de estar a cargo de la fiscalía

La Sala evidencia que la medida de aseguramiento se impuso en la etapa de
instrucción y se extendió hasta la etapa de juicio con lo cual se colige que en la
causación del daño invocado por los señores Pérez Chávez y Larios Álvarez
participaron tanto la Nación-Rama Judicial como la Fiscalía General de la
Nación, no obstante, la Rama Judicial no fue condenada en primera instancia
lo que impide, en grado jurisdiccional de consulta, pronunciarse frente a
su responsabilidad patrimonial.

En ese sentido, la Sala considera que le es imputable a la Fiscalía General de
la Nación el periodo de privación intramural comprendido entre el 28 de marzo
de 2007 al 10 de abril de 2007, así como el 30 de enero de 2008 como día de
detención domiciliaria imputable a la Fiscalía General de la Nación por cuanto
se demostró que el 31 de enero de 2008, fecha en que se remitió el expediente
percal al juzgado de conocimiento con ocasión de la ejecutoria de la resolución
de acusación la fiscalía instructora informó que los ‘‘detenidos quedaban a su
disposición en sus sitios de residencia.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03004-00
Actor: Rodrigo Larios Álvarez y otros

10. En consecuencia, se modificó la sentencia de primera instancia para condenar
a la Fiscalía General de la Nación, en proporción al daño causado por esa entidad,
en los siguientes términos:

PRIMERO: Declárase patrimonial y extracontractualmente responsable a la
Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de que
fueron víctimas los señores Omar Eliécer Pérez Chávez y Rodrigo Larios
Álvarez. SEGUNDO: Como consecuencia condénase a la Fiscalía General
de la Nación a pagar por concepto de indemnización por perjuicios morales
las siguientes sumas:

a) A favor del señor Omar Eliécer Pérez Chávez la suma de cinco (5) salarios
mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta
providencia.
b) A favor del señor Rodrigo Larios Álvarez la suma de cinco (5) salarios
mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta
providencia.
c) A favor de Michael Andrés Larios García, Lucy Álvarez de Arco y Denis
Larios Calvo la suma de uno punto setenta y cinco (1,75) salarios mínimos
legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia, para
cada uno.
d) A favor de Francisco Daniel Pérez Arrieta y Rosalba Chávez Troya la suma
de uno punto setenta y cinco (1,75) salarios mínimos legales mensuales
vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia, para cada uno.

TERCERO: Condénase a la Fiscalía General de la Nación a pagar por
concepto de indemnización por lucro cesante al señor Omar Eliécer Pérez
Chávez la suma de cuatrocientos cincuenta y nueve mil trescientos treinta y
cuatro pesos con cuarenta y siete centavos ($ 459.334,47).

CUARTO: Condénase a la Fiscalía General de la Nación a pagar por
concepto de indemnización por lucro cesante al señor Rodrigo Larios Álvarez
la suma de cuatrocientos cincuenta y nueve mil trescientos treinta y cuatro
pesos con cuarenta y siete centavos ($459,334,47).

QUINTO; La Fiscalía General de la Nación remitirá con destino a los señores
Omar Eliécer Pérez Chávez y Rodrigo Larios Álvarez una misiva en la que
exprese disculpas a raíz de la privación de la libertad de la cual fueron objeto
y reconozca que no eran responsables del delito que se les imputó, conforme
a los términos señalados en esta providencia.

El recurso extraordinario de revisión

11. El 5 de junio de 2023, los señores Rodrigo Larios Álvarez, Michael Andrés Larios
García, Denis Larios Calvo, Lucy Álvarez de Arco, Elvis de Jesús Larios Álvarez,
Edier de Jesús Larios Álvarez, Glenis Vanesa Larios Álvarez, Lucy Esthela Larios
Álvarez, Candelaria Larios Álvarez, Mónica Sharit Larios Álvarez, Pablo Calvo
Santana, Estella de Arcos Sampayo, Lilianis María García Gallego, Omar Eliecer
Pérez Chávez, Liliana del Carmen Pérez Chávez, Inés María Pérez Chávez, Librado
Rafael Chávez Troya, Librada Pérez Chávez, Milena del Carmen Pérez Chávez,

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Actor: Rodrigo Larios Álvarez y otros

Oscar Daniel Pérez Chávez y Emilsa del Carmen Padilla Cueto, por medio de
apoderado judicial, presentaron recurso extraordinario de revisión contra la
sentencia proferida el 1 de julio de 2022, por la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado radicado 70001-23-31-000-2012-00160-01 (57.222).

12. Señalaron que la sentencia cuestionada era nula por “violación al debido
proceso, lo que deriva en una limitación del derecho de acceso a la administración
de justicia”. Para fundamentar ello, consideró que se desconoció que la Nación era
la entidad demandada y llamada a responder por el daño causado. Resaltó que de
manera equivocada, se le dio el tratamiento de parte a la Fiscalía General de la
Nación como si se tratara de una entidad pública con personería jurídica propia. Por
lo tanto, consideró que esta Corporación incurrió en una grave omisión al no resolver
la consulta en relación con la Nación, entidad centro de imputación de la
responsabilidad. Destacó que la sentencia era nula porque “segregó de esa persona
jurídica a la Fiscalía General de la Nación para resolver el grado jurisdiccional como
si la Fiscalía General de la Nación se tratara de persona autónoma, olvidando, en
primer lugar, que la condena en primera instancia fue impuesta a la Nación
colombiana y, en segundo lugar, que la Fiscalía no es más que un organismo que
hace parte de la Nación”.

13. Indicó que la jurisprudencia del Consejo de Estado era clara en cuanto a que no
podía confundirse la capacidad de ser parte en un proceso con la capacidad para
responder pecuniariamente, porque, la primera, únicamente otorgaba la aptitud para
comparecer, mientras que la segunda es la que daba la posibilidad de cubrir con su
patrimonio la condena que se le impusiera, adicional a que la imputación
presupuestal era un tema interno de las entidades estatales. En sus palabras “quien
está llamado a responder civil o extracontractualmente es la Nación, al margen de
la entidad a quien sea imputable presupuestalmente la condena”.

14. Manifestó que la Fiscalía General de la Nación tenía la posibilidad de oponerse
a la condena impuesta a la Nación con cargo a su presupuesto, para que se le
imputara presupuestalmente a la Rama Judicial, asunto netamente de discusión de
esas entidades y un aspecto ajeno a los intereses de la demandante, el cual excede
el marco jurídico de la consulta.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03004-00
Actor: Rodrigo Larios Álvarez y otros

15. También puso de presente que se incurrió en una incongruencia interna dado
que, por una parte, le atribuyó el daño a la Fiscalía General de la Nación, al ser el
organismo que profirió los actos jurídicos que privaron de libertad a los
demandantes, pero también afirmó que el daño era atribuible a la Rama Judicial
porque luego de la ejecutoria de la resolución de acusación, los detenidos quedaron
a cargo del juez de la causa, pero desafortunadamente, no se reconoció ese otro
tiempo para la indemnización del daño.

16. Finalmente, sintetizó sus objeciones en los siguientes términos:

En conclusión, la sentencia que decidió el grado jurisdiccional de consulta
es nula por violar el debido proceso, porque: i) decidió el grado jurisdiccional
en relación con la Fiscalía General de la Nación -que es el representante
judicial de la Nación- y no en relación con la parte demandada sobre la que
recayó la condena que es la Nación colombiana y, ii) porque obró con falta
de competencia al exceder el marco funcional de la consulta, pues decidió
que una parte de la condena de primera instancia era atribuible a uno de
los organismos que solo compareció al proceso en representación de la
Nación, sin tener en cuenta que frente a la víctima la condena se impuso
contra la Nación y iii) por falta de congruencia interna, por lo expuesto en
párrafos anteriores.

Trámite impartido e intervenciones

17. Mediante auto del 18 de julio de 2023 se admitió el recurso extraordinario de
revisión. Se ordenó notificar la decisión a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía
Nacional - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación y al Ministerio Público
(SAMAI 6).

18. En el término de traslado, la apoderada judicial de la Fiscalía General de la
Nación señaló que no había razón para declarar la nulidad de la sentencia del 1° de
julio de 2022, dictada por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado
porque el recurso de revisión no se puede constituir como una tercera instancia para
revivir el debate que se surtió al interior del proceso de reparación directa y que, en
este caso, no podía prosperar, en tanto que no se configuró la causal alegada por
el recurrente ni ninguna otra prevista para la procedencia de este medio de
impugnación extraordinario (SAMAI 14).

19. El Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó se declara improcedente
el recurso extraordinario de revisión, porque, correctamente, la sentencia que en
grado jurisdiccional de consulta profirió el Consejo de Estado advirtió que los
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Actor: Rodrigo Larios Álvarez y otros

detenidos no estuvieron todo el tiempo a disposición de la Fiscalía General de la
Nación, por lo que se vio en la necesidad de disminuir los perjuicios reconocidos en
proporción a la responsabilidad individual de cada una de las entidades, “decisión
que se encuentra razonable por cuanto las imputaciones jurídicas son individuales,
no de otra manera se entiende que se llame a la actuación a cada una de las
entidades que participan en los hechos, sino es para que respondan en la medida
en que sus actos contribuyan al daño causado” (SAMAI 17).

20. La Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial manifestó que era improcedente el recurso de
revisión porque los argumentos que presentó el recurrente no se ajustaban a las
exigencias del numeral 5 del artículo 250 del CPACA y, por el contrario, intentó a
través de este mecanismo el análisis del caso en una tercera instancia. Consideró
que la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la sentencia del 1° de julio de
2022, al resolver el grado jurisdiccional de consulta, profirió una decisión
debidamente razonada, acorde con la pretensiones y pruebas aportadas, adicional
a que adecuadamente realizó la modificación de la condena, teniendo en cuenta
que la medida de aseguramiento impuesta fue de detención domiciliaria,
ajustándose a la sentencia de unificación1 que desarrolló el tema (SAMAI 18).

21. Se prescindió del período probatorio por cuanto no existían solicitudes
probatorias dirigidas a demostrar o desvirtuar la causal de revisión invocada.
Además, se verificó que el expediente del proceso ordinario -necesario para decidir
el asunto- podía ser consultado en la plataforma SAMAI.

CONSIDERACIONES

Competencia

22. La Sala es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia del 1° de julio de 2022, dictada por la Sección
Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, en atención a lo dispuesto en los

1 Consejo de Estado - Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2013. Radicado No. 36149.
M.P. Hernán Andrade Rincón (E).
8

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Actor: Rodrigo Larios Álvarez y otros

artículos 1072 y 2493 del CPACA, en concordancia con la distribución de negocios
al interior del Consejo de Estado establecida en el artículo 29 4 del Acuerdo No. 80
de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

Caducidad

23. De acuerdo con el inciso primero del artículo 251 del CPACA, el término para
interponer el recurso extraordinario de revisión por la causal quinta es de un año,
contado a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia cuestionada. En
esta medida, como el fallo de segunda instancia fue notificado electrónicamente el
14 de octubre de 20225, quedó ejecutoriado el 25 de octubre del mismo año, se
concluye que el término para formular el recurso de revisión corrió entre el 26 de
octubre de 2022 y el 26 de octubre de 2023. Dado que la parte actora, acudió a esta
Corporación el 5 de junio de 20236, se puede concluir que lo hizo en oportunidad.

Recurso extraordinario de revisión – marco normativo y jurisprudencial

24. El recurso extraordinario de revisión, en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada. Las causales de
revisión se encuentran enlistadas en el artículo 250 del CPACA y en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003.

2
Artículo 107. Integración y composición. «El Consejo de Estado es el Tribunal Supremo de lo
Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno. Estará integrado por treinta
y un (31) Magistrados. (…)
Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este
Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de
nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por
cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto,
si fuere el caso.
3
Artículo 249. Competencia. «De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. (…)».
4
Artículo 29. «Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado. (…)».
5
Como se evidencia a índice 74 de Samai, en el proceso de Reparación Directa- Grado Jurisdiccional
de Consulta.
6
Índice 2, Samai.
9

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03004-00
Actor: Rodrigo Larios Álvarez y otros

25. Este medio de impugnación pretende la infirmación de la providencia por resultar
contraria a la justicia y al derecho, con miras a que se produzca una nueva decisión,
ajustada a la ley.

26. El recurso extraordinario de revisión no permite cuestionamientos sobre el
criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, o sobre la valoración
probatoria que efectuó, de manera que su estudio se restringe a las causales
taxativamente establecidas por el legislador. Por consiguiente, no puede ser
empleado como una tercera instancia para reabrir el debate probatorio o
interpretativo.

27. Uno de los requisitos formales de la demanda consiste en invocar con precisión
cuál es la causal de nulidad que se estima configurada, con indicación clara y exacta
de los motivos y hechos que le sirven de fundamento, los cuales, en orden a ser
analizados, deben estar estrechamente relacionados con el vicio alegado7.

Alcance de la causal quinta de revisión

28. La causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA ha
sido objeto de múltiples pronunciamientos al interior de esta Corporación, en la
medida en la que su redacción no permite conocer cuáles situaciones dan lugar a
la nulidad de la sentencia. Por esa razón, la jurisprudencia se ha ocupado de
establecer los supuestos que pueden configurar esa causal y le ha encomendado
al juez la función de establecer su alcance.

29. Se ha sostenido que la providencia es nula por las causales de nulidad procesal
establecidas en el ordenamiento de procedimiento civil. Al respecto, la
jurisprudencia contencioso administrativa ha identificado ciertos vicios 8 que afectan
la validez, los cuales fueron sintetizados en la sentencia de 31 de mayo de 2011 9,
como pasa a exponerse:

7
Así lo indicó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia de
8 de mayo de 2018, exp. 1998-153-01(REV), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
8
Al respecto, se pueden consultar, por ejemplo, las siguientes providencias: Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 11 de mayo de 1998, rad. REV-093; 18 de octubre de
2005, rad. 2000-00239 y de 20 de octubre de 2009, Rad. REV-2003-00133. Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 11 de junio de 2009, rad. 836-06; y Sección Primera,
sentencia de 14 de diciembre de 2009, rad. 2006-00123.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. 11001-03-15-000-2008-
00294-00, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
10

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Actor: Rodrigo Larios Álvarez y otros

En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta
de jurisdicción o competencia10, ii) cuando se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más
actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual
hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada
la perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación,
sin el previo trámite correspondiente, v) cuando se condena al demandado por
cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por
causa diferente de la invocada en ésta11, vi) cuando se condena a quien no ha
sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia
después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de
suspensión12 o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando
la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o
adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la
providencia carece completamente de motivación13.

30. Se ha aceptado, además, que la violación del derecho al debido proceso
estatuido en el artículo 29 de la Constitución Política14 genera la nulidad de la
sentencia, conforme al razonamiento efectuado en ese sentido por la Corte
Constitucional15 y en los específicos casos que ha identificado esta Corporación.

31. Por vía jurisprudencial, se han reconocido los siguientes supuestos
transgresores del derecho al debido proceso: i) fallo inhibitorio; ii) ausencia de
motivación; iii) transgresión del principio de la non reformatio in pejus; iv) condena
contra un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; v) falta de
competencia o jurisdicción; vi) decisión proferida en un proceso terminado por
desistimiento, transacción o perención; v) no contar la decisión con el número de
votos requerido para su aprobación, y vi) falta de congruencia por condena extra,
ultra o infra petita.

32. En cualquier caso, le corresponde al juez definir si la situación analizada
quebranta un mandato constitucional, al punto de desvirtuar el efecto de cosa
juzgada de la decisión.

10
«Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de diciembre
de 1997, Rad. REV-080».
11
«Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de mayo de
1998, Rad. REV-093».
12
«Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección ‘A’, sentencia de 3 de febrero de 2009, Rad.
REV-1998-00170».
13
«Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de junio de
2005, Rad. REV-062».
14
Al respecto, consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 26,
sentencias de 3 de febrero de 2015, rad. 1998-00157-01(REV); de 1 de octubre de 2019, rad. 2017-
00811-00(REV); y Sala Especial de Decisión No. 21, sentencia de 3 de diciembre de 2019, rad.
2014-01303-00(REV).
15
Ver sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-739 de 2001.
11

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03004-00
Actor: Rodrigo Larios Álvarez y otros

Caso concreto

33. El recurso extraordinario de revisión no está llamado a prosperar, por las
razones que pasan a exponerse.

34. La parte demandante considera que la sentencia cuestionada está viciada de
nulidad por vulneración al debido proceso, lo que conllevó a una limitación al
derecho de acceso a la administración de justicia porque se “desconoció” que la
parte demandada era realmente la Nación y, a su juicio, erradamente se le dio
tratamiento de parte a la Fiscalía General de la Nación como si se tratara de una
persona jurídica diferente.

35. Sin embargo, para dar solución al caso, esta Sala de Decisión considera
necesario poner de presente unas consideraciones respecto a la facultad de la
Fiscalía General de la Nación para comparecer a un proceso judicial al ser señalada
de la causación de un daño, así como la posibilidad de responder por éste.

36. Advierte la doctrina que el Estado Colombiano está constituido por un conjunto
de personas jurídicas de derecho público que ejercen la distintas manifestaciones
del poder público -funciones públicas- y dentro de ellas se encuentra la Nación quien
“es la persona jurídica principal de la organización estatal en la cual se centraliza el
conjunto de dependencias que ejercen las funciones públicas esenciales propias
del Estado Unitario”16. Así lo previó el ordenamiento jurídico al reconocer que la
Nación es una persona jurídica -artículo 80 de la Ley 153 de 1887-, a la cual
pertenecen múltiples entidades y dependencias de las distintas ramas del poder
público y de los entes autónomos.

37. Es así como la persona jurídica “Nación” está representada por diversos
funcionarios de las distintas ramas del poder público que despliegan las
tradicionales funciones públicas legislativa, administrativa y jurisdiccional y de los
órganos autónomos e independientes para el cumplimiento de las demás funciones
del Estado -fiscalizadora y electoral entre otras-, tal y como lo establece el artículo
149 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 49 de la Ley

16
IBAÑEZ NAJAR, Jorge Enrique, Estudios de derecho constitucional y administrativo, Ed. Legis,
Bogotá, segunda edición, 2007, p. 222.
12

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03004-00
Actor: Rodrigo Larios Álvarez y otros

446 de 199817.

38. Al respecto, señala el Código Contencioso Administrativo en su artículo 149 lo
siguiente18:

Artículo 149. Modificado. Ley 446 de 1998, art. 49. Las entidades públicas
y las privadas que cumplan funciones públicas podrán obrar como
demandantes, demandadas o intervinientes en los procesos Contencioso
Administrativos, por medio de sus representantes, debidamente
acreditados. Ellas podrán incoar todas las acciones previstas en este
Código si las circunstancias lo ameritan.

En los procesos Contencioso Administrativos la Nación estará
representada por el Ministro, Director de Departamento Administrativo,
Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General,
Procurador o Contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad
que expidió el acto o produjo el hecho.

El Presidente del Senado representa a la Nación en cuanto se relacione
con el Congreso. La Nación - Rama Judicial estará representada por el
Director Ejecutivo de Administración Judicial.

(…) (Se destaca).

39. Sobre el tema, la jurisprudencia de la Sección Tercera expuso19:

“Ocurre, sin embargo, que esta persona jurídica (la Nación) está
representada por diversos funcionarios según la rama del poder público o
la dependencia u órgano que deba concurrir al proceso porque ‘los actos
administrativos, los hechos, las operaciones administrativas y los contratos
administrativos y privados con cláusula de caducidad de las entidades
públicas’ que juzga la jurisdicción de lo contencioso administrativo (art. 83
C.C.A.) les sean atribuibles de manera directa, de acuerdo con las
previsiones contenidas en el artículo 149 C.C.A.

Podría afirmarse que el centro genérico de imputación -Nación- es una
persona jurídica unitaria y como tal, para efectos procesales, considerada
parte, sólo que en cuanto a su representación esa imputación se
particulariza teniendo en cuenta la rama, dependencia u órgano al que,
específicamente para los efectos de la responsabilidad
extracontractual del Estado, se le atribuya el hecho, la omisión, la
operación administrativa o la ocupación causante del daño
indemnizable (art. 86 C.C.A.).

17
En este sentido puede consultarse, entre otras providencias, la sentencia de 18 de junio de 2008,
Expediente: 70001-23-31-000-2003-00618-01(AP), Consejera ponente: Dra. Ruth Stella Correa
Palacio.
18
Normativa aplicable a la acción de reparación directa que culminó con la providencia que ahora
se recurre
19
Al respecto puede consultarse la sentencia de septiembre 4 de 1997, Radicación número: 10285,
Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque. En el mismo sentido sentencia de 7 de diciembre de
2004, Ref. 14.676 (0491), Consejero Ponente: Dr. Alier E. Hernández Enríquez.
13

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03004-00
Actor: Rodrigo Larios Álvarez y otros

40. En igual dirección, la jurisprudencia constitucional ha considerado 20:

“3. El fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado y de sus
agentes.

3.1. El Estado, como organización socio-política y estructura jurídica del
poder público, para los efectos de cumplir y realizar sus fines, se
desenvuelve en el orden institucional a través de un conjunto de órganos,
dirigidos, coordinados y manejados por personas naturales que ostentan
la calidad de agentes, funcionarios o autoridades públicas, cuyos actos
relacionados con el servicio son imputables directamente al ente político
estatal, representado en cada caso por sus entidades u organismos del
nivel central y descentralizado. Esto último, en razón a que el Estado se
concibe como un ente ficticio impedido para obrar directamente por
carecer de entidad material, debiendo hacerlo entonces por intermedio de
las instituciones públicas que lo conforman, a quienes en razón de sus
objetivos constitucionales la propia Carta Política y las leyes le reconoce
la respectiva personalidad jurídica.

3.2. El reconocimiento de la personalidad jurídica a los órganos
constitucionales del Estado, permite y facilita su sometimiento al orden
institucional en los mismos términos en que se encuentran los demás
sujetos de derecho -personas naturales y jurídicas de derecho privado-,
haciéndolo particularmente responsable por las acciones u omisiones de
quienes legalmente lo integran y representan. En este sentido, la
personalidad jurídica y política reconocida a los órganos del Estado,
fundada en los principios de la representación y del mandato, no sólo le
confieren a este último capacidad y cierto grado de libertad para
desarrollar y ejecutar sus actos, sino que también configura un centro de
imputación jurídica, que le permite a los asociados formular en su contra
las pretensiones de responsabilidad contractual y extracontractual, las
cuales constituyen una garantía constitucional de las personas frente a los
daños antijurídicos que puedan causar los distintos órganos estatales en
el ejercicio de los poderes de gestión e intervención.”

41. De manera que existe absoluta claridad en que la Nación es una sola persona
jurídica, capaz de comparecer a juicio; ahora bien, la representación de la Nación
debe ser ejercida por el funcionario de mayor jerarquía en el área de la cual
provino la actuación que dio lugar a la formulación de una demanda. Teniendo
en cuenta lo anterior, se tiene que la representación de la Nación, en asuntos en los
se discute la responsabilidad derivada de la función de administrar justicia por las
decisiones de jueces y fiscales, radica en el Director Ejecutivo de Administración
Judicial y el Fiscal General de la Nación, respectivamente.

42. Como quedó suficientemente claro que la Nación debe comparecer al proceso,
representada por el funcionario de mayor jerarquía de la entidad que produjo el
daño, para el sub exámine, teniendo en cuenta que el hecho causante del daño
antijurídico por el cual se reclama fue ocasionado, entre otros, por decisiones de

20
Sentencia C-619 de 2002, criterio reiterado en la sentencia C-306 de 2004.
14

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03004-00
Actor: Rodrigo Larios Álvarez y otros

funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, correctamente esa entidad se
convocó y compareció al proceso y defendió sus intereses litigiosos sobre los actos
que le correspondían y de conformidad con la participación en la privación de la
libertad de los demandantes, lo que estuvo conforme a las normas y jurisprudencia
previamente señaladas.

43. Ahora bien, en la providencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de
Sucre declaró la falta de legitimación de la Rama Judicial, decisión que no fue
cuestionada por la parte actora y sobre la cual no podía pronunciarse esta
Corporación, a pesar de que se comprobó en la sentencia del 1° de julio de 2022
que también contribuyó con la causación del daño. Pero, se insiste, tal decisión no
fue objeto de recurso ni rechazo por la demandante.

44. De manera que, en sede del grado jurisdiccional de consulta, la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la decisión del 1 de julio de 2022
correctamente confirmó la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por
la privación injusta de la libertad de los demandantes y estableció que debía hacerlo
por el período que le era atribuible.

45. Para fundamentar lo anterior, es importante señalar que la
jurisprudencia de esta Corporación ha estudiado el alcance y naturaleza del
grado jurisdiccional de consulta, para establecer, en conclusión, que se trata
de un mecanismo para proteger los intereses de la entidad que resultó
condenada. Sobre el particular21:

La consulta consiste en una revisión oficiosa de la sentencia de primera
instancia en aquellos eventos en los que la misma no ha sido impugnada por
las partes procesales, para lo cual, el ordenamiento jurídico consagra las
causales de procedencia de este grado jurisdiccional, que corresponden a
eventos en los que el legislador ha considerado que, por estar involucrados
derechos e intereses superiores que ameritan una protección especial, debe
surtirse en todo caso, la revisión oficiosa de los fallos, siempre que contra
ellos no se hubiere interpuesto el recurso de apelación, que en condiciones
normales es el que le otorga competencia al juez de segunda instancia para
reexaminar la decisión del a-quo.

En los procesos contencioso administrativos, la consulta ha sido concebida
como un mecanismo legal de protección de los derechos de las entidades
estatales, por cuanto en los mismos se halla involucrado, de manera directa
o indirecta, el interés general de la sociedad y por lo tanto, debe el juez de lo
contencioso administrativo, cuando así resulte procedente, revisar las
condenas que se hayan proferido en su contra, para establecer la legalidad

21Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B. Sentencia del 31 de mayo de 2013.
Radicado No. 23903. M.P. Danilo Rojas Betancourth.
15

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03004-00
Actor: Rodrigo Larios Álvarez y otros

de las mismas y que no resulten lesivas del debido proceso ni del interés
general.

46. Por lo tanto, la Subsección B de la Sección Tercera realizó el estudio del caso
bajo tales parámetros y determinó que sólo le asistía competencia para resolver lo
desfavorable de la entidad condenada - Fiscalía General de la Nación22- y no podía
pronunciarse sobre nada diferente a este punto. En consecuencia, determinó que le
era imputable el periodo de privación intramural comprendido entre “el 28 de marzo
de 2007 al 10 de abril de 2007, así como el 30 de enero de 2008 como día de
detención domiciliaria imputable” y, tasó los perjuicios según la sentencia de
unificación de esta Sección23, con sujeción a los parámetros de esta.

47. Conforme a todo lo manifestado, esta Sala de Decisión encuentra que los
reproches de la parte recurrente no se subsumen en ninguna de las hipótesis que
recoge la causal quinta de revisión y, por el contrario, se trató de un juicio jurídico
en contra de la decisión que, de manera razonada y fundamentada, profirió la
Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación contra la entidad que
estaba facultada a comparecer al juicio y responder por los hechos atribuibles a ésta
de manera directa.

48. En consecuencia, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario
interpuesto.

Condena en costas

49. El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021,
establece que «si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y
perjuicios al recurrente».

22
Resulta conveniente mencionar que la decisión que tomó la Subsección B se ajustó con lo que la
jurisprudencia ha señalado en cuanto a la implementación de la Ley 906 de 2004 y la atribución de
responsabilidades de las entidades involucradas. Al respecto la sentencia del 3 de agosto de 2017.
Radicado No. 50078. M.P. Martha Nubia Velásquez Rico.:“(…) conviene reiterar que, tal como lo ha
puntualizado esta Subsección, con la expedición de la Ley 906 de 2004, el legislador al estatuir en
nuestro ordenamiento jurídico el Sistema Penal Acusatorio distinguió de manera clara y
precisa en cabeza de qué entidad recaen las funciones de investigar y acusar -Fiscalía General
de la Nación- y sobre cual radica la función de juzgar -Rama Judicial-. En ese sentido, la Sala
en pronunciamiento reciente ha considerado:“Así las cosas, a la luz de las disposiciones
consagradas en la normativa procesal penal vigente, la facultad jurisdiccional se encuentra radicada
única y exclusivamente en cabeza de la Rama Judicial, razón por la cual, los únicos que pueden
tomar la decisión de privar a una persona de su libertad son los jueces, ya sean de conocimiento o
en función de control de garantías, tal y como en efecto sucedió”.
23 Consejo de Estado - Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2013. Radicado No. 36149.

M.P. Hernán Andrade Rincón (E).
16

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03004-00
Actor: Rodrigo Larios Álvarez y otros

50. El artículo 361 del CGP prevé que las costas están integradas por la totalidad
de expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias
en derecho. El numeral 8º del artículo 365 del CGP dispone, por su parte, que solo
habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación.

51. En el presente asunto, las entidades demandadas contestaron la demanda, a
través de apoderado judicial, y presentaron argumentos dirigidos a que se declarara
infundado el recurso extraordinario de revisión. Por consiguiente, se impondrá, en
favor de cada una, condena en costas.

52. Para establecer las agencias en derecho, la Sala se remite a lo establecido en
el artículo 5º, numeral 9 del Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016,
expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que
dispone la tarifa máxima de agencias en derecho, tratándose de recursos
extraordinarios, en veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

53. Así, atendiendo a la naturaleza, calidad y gestión desarrollada por el profesional
del derecho que ejerció la representación judicial de los demandados, se tasará a
su favor, por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Uno Especial de Decisión, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 1° de julio de 2022, proferida
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte actora. Se fija por concepto de
agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente, a favor de la Fiscalía General de la Nación y la suma equivalente a un (1)
salario mínimo legal mensual vigente para la Rama Judicial Consejo Superior de la
Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
17

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03004-00
Actor: Rodrigo Larios Álvarez y otros

Por Secretaría General, liquídense los gastos procesales.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
enlacehttps://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador
.aspx
Notifíquese y cúmplase

Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
WILSON RAMOS GIRÓN PEDRO PABLO VANEGAS

VF

18

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