Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00402-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00402-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00402-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
16 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C. dieciséis (16) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00402-00
Demandante: Departamento del Chocó
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial / Proceso ejecutivo / Auto
decreta medida cautelar de embargo / Inembargabilidad de
cuentas del Sistema General de Participaciones / Defecto
sustantivo
Decisión: Acceder al amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por el departamento del Chocó, en ejercicio de
la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. El departamento del Chocó promovió solicitud de tutela con el fin de que se
amparara su derecho fundamental al debido proceso, así como el de la educación
de su comunidad (pago oportuno de salarios y mínimo vital de los docentes), los
cuales consideró vulnerados con ocasión de las providencias proferidas el 16 de
julio y 2 de diciembre de 2025 por los Juzgados Primero y Segundo Administrativo
del Circuito Judicial de Quibdó, en el expediente ejecutivo
27001333300220250015400 (antes 27001333300120090036701).
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. En sentencia del 26 de junio de 2015, el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito Judicial de Quibdó resolvió favorablemente una acción de grupo y lo
condenó «a pagar a un grupo de pensionados una suma de dinero por el desembolso
tardío de unas mesadas pensionales» (sic). Decisión confirmada parcialmente el 27 de
enero de 2017 por el Tribunal Administrativo del Chocó, pues, modificó la condena
1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «10ED_DemandaTutela(.pdf) NroActua 2(.pdf)
NroActua 2».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00402-00
Demandante: Departamento del Chocó
al ordenar el «pago de la indemnización colectiva, que contiene la suma ponderada de las
indemnizaciones individuales: a. Por daño emergente: dos mil treinta y ocho millones
ochocientos cuatro mil novecientos setenta pesos (…) B. Por lucro cesante: dos mil
ochocientos noventa y nueve millones quinientos treinta mil setecientos ochenta y siete
peses (…)» (sic).
2.2. Rogerio Fulton Velásquez Echeverry y otros, iniciaron proceso ejecutivo en
su contra, según radicado 27001333300120090036700, en el que el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó libró mandamiento de pago,
y el 10 de marzo de 2022 decretó el embargo y la retención de «los dineros que posee
la entidad ejecutada DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ […], hasta la suma de TRES MIL
MILLONES DE OESES ($3.000.000.000) M/CTE» (sic).
2.3. En auto del 22 de abril de 2022, decretó el embargo de igual suma «en las
cuentas corrientes y de ahorro que tiene el ejecutado en las entidades bancarias: BANCO
POPULAR, […], BANCO BBVA, […], BANCO DE COLOMBIA – Bancolombia –, […],
BANCO DE OCCIDENTE […]» (sic). El 11 de octubre de 2022, el juzgado decretó
nuevamente el embargo y retención de dineros de diferentes cuentas bancarias del
departamento «hasta por la suma de TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS)
($3.500.000.000) M/CTE» (sic).
2.4. En providencia del 26 de octubre de 2022, el monto de embargo y retención
se aumentó «respecto de los dineros que posee o llegare a poseer la entidad
ejecutada […], por recursos FONPET, hasta la suma de DIECISIETE MIL
MILLONES DE PESOS ($17.000.000.000) M/CTE» (sic).
2.5. El 23 de julio de 2023, el juzgado decretó «el embargo y retención de varias
cuentas de ahorro en el Banco de Bogotá, Banco Pichincha, Banco BBVA y Banco Agrario,
en especial sobre las cuentas del Fondo de Pensiones Territoriales y el FONPET» (sic).
2.6. El departamento instauró recurso de apelación contra las anteriores
decisiones, al considerar que las medidas de embargo recayeron « sobre recursos
que tiene una destinación específica y que gozan del principio de inembargabilidad, como
son la sobretasa a la gasolina y de los recursos de regalías, del FOPET y de licores
extranjeros, porque son cuentas destinadas al pago del Gasto Social» (sic).
2.7. El Tribunal Administrativo del Chocó, en providencia del 17 de mayo de 2024
revocó parcialmente los autos del 27 de marzo y 25 de julio de 2023, por lo que
ordenó «el levantamiento de las medidas embargo decretadas respecto de los recursos
provenientes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales “FONPET”,
del Sistema general de Regalías de la Sobre Tasa a la Gasolina y de las rentas relacionadas
con el consumo de licor pertenecientes al Departamento del Chocó» (sic). Asimismo,
ajustó el límite de las medidas a la aprobación de la liquidación del crédito contenido
en auto del 15 de septiembre de 2023, por la suma de « siete mil setecientos seis
millones cuatrocientos setenta mil doscientos sesenta y seis mil pesos con diez centavos,
[…], valor que deberá ser aumentado en un 50% de conformidad con lo preceptuado en el
numeral 10 del artículo 59350 del Código General del Proceso» (sic).
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Demandante: Departamento del Chocó
2.8. Lo anterior con la precisión de que, «podrían ser objeto de embargo las cuentas
corrientes y de ahorros abiertas por las entidades públicas que reciban recursos del
Presupuesto General de la Nación “salvo: i) los establecido en el parágrafo del artículo
2.8.1.6.1.1 del Decreto 1068 de 2015, esto es, los recursos depositados por la Nación en
cuentas abiertas exclusivamente a favor de la Nación – Dirección General de Crédito
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el banco de la
República o en cualquier otro establecimiento de crédito […]» (sic).
2.9. El 10 de junio de 2025, el departamento instauró incidente de desembargo
respecto de la cuenta 979038577 del Banco de Bogotá, por corresponder «a
recursos del Sistema General de participaciones, los cuales son de naturaleza
inembargable y se destinan específicamente al pago de la nómina del personal docente y
administrativo de la Secretaría de Educación Departamental» (sic).
2.10. El 15 de julio de 2025, el juzgado levantó la medida cautelar de embargo
respecto de las cuentas del departamento que se encontraban a disposición de la
Fiduciaria de Bogotá SA, correspondientes, entre otras, a « los dineros de esa misma
entidad que se encuentran en la cuenta No. 979038577 – Recursos del Sistema General
de Participaciones destinados a pagar la Nómina de los Docentes y Administrativos de la
Secretaría de Educación Departamental del Chocó, dado que se trata de recursos
inembargables conforme a la causal 1 del artículo 594 del C.G.P. […]» (sic).
2.11. El día 16 de julio siguiente, el juzgado dejó sin efecto la anterior decisión y en
firme la orden de embargo respecto de la referida cuenta del Banco de Bogotá
[cuenta 979038577]. Decisión contra la cual, el departamento interpuso recursos de
reposición y en subsidio de apelación, en razón a que, en lo que a esta se refería
no se había suscitado ninguna controversia, ni fue objeto de estudio por el Tribunal
Administrativo del Chocó en su momento.
2.12. En tal sentido, respecto del embargo de dicha cuenta bancaria solo se había
presentado el incidente de desembargo [10 de junio de 2025]. Oportunidad en la
que también se solicitó «el amparo del derecho al debido proceso, porque el auto del 16
de julio […] no era congruente y veraz en torno a lo que fue decidido por el Superior el 17
de mayo» (sic). Petición reiterada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado2 el 19 de julio de 2025.
2.13. El 16 de septiembre de 2025, el juez primero administrativo del Circuito
Judicial de Quibdó se declaró impedido para continuar con el conocimiento del
asunto, en razón a la queja disciplinaria que por tales hechos interpuso el
departamento del Chocó en su contra.
2.14. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó, bajo el
radicado 27001333300220250015400, en auto del 27 de octubre de 2025 aceptó el
impedimento manifestado. El 2 de diciembre siguiente resolvió no reponer la
decisión recurrida ante su homólogo, rechazó el recurso de apelación y se estuvo a
2 En adelante ANDJE.
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la resuelto en auto proferido el 17 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo
del Chocó.
2.15. Respecto de la anterior decisión, de forma inmediata, el ente departamental
interpuso recurso de queja, en cuanto rechazó el de apelación. En la misma fecha
la ANDEJ solicitó la nulidad de todo lo actuado por violación al debido proceso, y
posteriormente, también recurso de reposición y, en subsidio queja, bajo supuestos
similares.
2.16. Los juzgados demandados vulneraron los derechos fundamentales cuya
protección invocó, al incurrir en defecto sustantivo por desconocimiento de las
disposiciones de inembargabilidad de los recursos del Sistema General de
Participaciones con destinación especifica, contenidas en los artículos 91 de la Ley
715 de 2001, 21 del Decreto 28 de 2008 y 594 del Código General del Proceso3.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] Primero: Le ruego se sirva adoptar como medida provisional la devolución
inmediata de la suma de CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO
MILLONES SETECIENTOA DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO
PESOS CON SIETE CENTAVOS (4 14.424.717.674.7)MCTE, dineros que se fueron
retenidos en virtud de la medida de embargo que se mantuvo en los autos del 16 de julio
y 2 de diciembre de 2025 emitidos por los Juzgados Primero y Segundo Administrativos
de Quibdó en el trámite de los procesos ejecutivos 27001333300120090036701 y
27001333300220250015400 y que recayó sobre la cuenta 979038577 del banco de
Bogotá del Departamento y que corresponden a recursos del Sistema General de
Participaciones del sector educación del Departamento del Chocó.
Segundo: Dejar sin efectos los autos del 16 de julio de 2025 y del 2 de diciembre de
2025 proferidos por los Juzgados Primero y Segundo Administrativos de Quibdó,
respectivamente y, en su lugar, disponer la devoluición inmediata de la suma de
CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOA
DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SIETE
CENTAVOS (4 14.424.717.674.7)MCTE, dineros que se fueron retenidos en virtud de la
medida de embargo decretada en las referidas providencias en el trámite […] de los
procesos ejecutivos 27001333300120090036701 y 27001333300220250015400, que
recayó sobre la cuenta del Banco de Bogotá del Departamento, y que corresponden a
recursos del Sistema General del Participaciones del sector educación del departamento
del Chocó. […]». (sic)
1.2. Trámite de instancia
4. El asunto fue asignado en una primera oportunidad al Tribunal Administrativo
del Chocó. Mediante auto del 14 de enero de 2026 ordenó notificar como
demandados a los Juzgados Primero y Segundo Administrativo del Circuito Judicial
de Quibdó y al Banco de Bogotá, Seccional Quibdó; vinculó a todos aquellos que
integraron la parte activa en el proceso ejecutivo objeto de litis, negó la solicitud de
3 En adelante CGP.
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medida cautelar y solicitó en préstamo el expediente ejecutivo 27001-33 33-002-
2025-00154-00.
5. En auto del 16 de enero de 2026 aceptó la coadyuvancia de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado4 y ratificó la negativa frente a la solicitud
de medida cautelar.
6. El 20 de enero de 2026 remitió el expediente a esta corporación para su
conocimiento, al considerar que, podía «tener interés en la Litis planteada en la solicitud
de amparo, por haber emitido la providencia interlocutoria 0540 del 17 de mayo de 2024, la
cual definió el objeto planteado en la presente acción de tutela».
7. Una vez repartido el asunto ante esta corporación, con auto del 26 de enero
de 20265, se avocó el conocimiento del asunto en el estado en que se encontraba,
se accedió a la solicitud de medida cautelar, se vinculó en calidad de demandado al
Tribunal Administrativo del Chocó y se requirió a las autoridades judiciales
demandadas la remisión del expediente ejecutivo identificado con el radicado
27001-33-33-002-2025-00154-00 (antes 27001-33-33-001-2009-00367-00/01)
impetrado por Rogerio Fulton Velásquez Echeverry y otros contra el departamento
del Chocó.
1.3. Informes rendidos en el proceso
4. El Banco de Bogotá6 solicitó que se ordenara el archivo de las actuaciones en
su contra, pues, las actuaciones adelantadas respecto de la cuenta bancaria objeto
de litis ha sido en cumplimiento de órdenes judiciales, toda vez que:
4.1. El 28 de marzo del 2023, se le comunicó acerca de la medida de embargo
decretada mediante auto del 27 de marzo de 2023, respecto de las cuentas
específicas «578491490- 578541377-578498511- 578498529- 578542482- 979038577-
979026606, por cuantía de $17.000.000.000, brindando el fundamento legal como
excepción al principio de inembargabilidad».
4.2. Con radicado GCOE-EMB- 202303291141778 del 30 de marzo de 2023
informó al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó acerca
del conocimiento de la medida cautelar, «quedando ésta en turno de aplicación».
4.3. El 18 de mayo de 2023, se le comunicó el Oficio 9035 y el auto del 16 de
mayo de 2023, por el cual el juzgado administrativo ordenó el embargo de la cuenta
denominada «Toquen número 279682012», la cual no existía, por lo que así se lo
informó de vuelta a través escrito GCOE-EMB- 202303291141778-1 del 19 de mayo
de 2023.
4 En adelante ANDJE.
5 Ver ítem 10 de Samai. Archivo denominado
«28Autoqueresuel_Avocatute_11001031500020260040(.pdf) NroActua 10».
6 Ver ítem 8 de Samai. Archivo denominado « 26_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
RAD110010315000(.pdf) NroActua 8 »
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4.4. El 25 de julio de 2023, recibieron el Oficio 11099, por medio del cual le
remitieron copia del auto del 25 de julio de 2023, con el que se ordenó el embargo
de diferentes cuentas específicas: al respecto, con Oficio GCOE-EMB-
202307271286961 del 28 de julio de 2023 informó que «se encontraba en turno de
aplicación».
4.5. Con ocasión de la apertura de un incidente de desacato en su contra por
parte del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó, informó
acerca del «congelamiento de los recursos en la cuenta de ahorros Nro. 578498529
denominada SGP-SGSS-PRESTACION DE SERVICIO PP NO ATENDIDA-27, por la suma
de $ 17.000.000.000,00., conforme lo ordenado mediante auto del 28 de marzo del 2023»
(sic). Medida levantada posteriormente, de conformidad con el auto del 7 de marzo
de 2024.
4.6. Mediante Oficio 0114 del 12 de junio 2025, el juzgado le informó acerca del
auto del 9 de octubre de 2023, por el cual se disminuyó el monto de la medida «a la
suma de $11.559.705.399,15». En cumplimiento de esta orden, «se procedió a
congelar la suma señalada en la cuenta de ahorros No. 979038577 denominada
GOBERNACION DEL CHOCO CUENTA MAESTRA SN, teniendo en cuenta que la medida
recaía sobre esta específica cuenta conforme a la literalidad de lo dispuesto en el auto del
28 de marzo de 2023, lo cual fue debidamente informado mediante nuestro comunicado
GOAE -EMB- 202303291141778-1. En dicha comunicación, se advirtió la denominación de
la cuenta maestra y la naturaleza inembargable de los recursos afectados en el mencionado
producto financiero, comunicación que se acompañó con la respectiva certificación de
inembargabilidad en la que se indica la naturaleza y destinación de los recursos afectados
con la medida cautelar […]» (sic). [Se resalta]
4.7. El 2 de julio de 2025, se le remitió certificación en la que le informaron acerca
de la decisión en la que se ordenó seguir adelante con la ejecución. Asimismo, le
comunicaron el auto 16 de julio de 2025, en el que se aprobó la liquidación del
crédito en cuantía de $9.616’478.449,80. Al respecto, solicitó «aclaración de la
cuantía a trasladar al despacho».
4.8. Con Oficio 602 del 5 de diciembre de 2025, el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó, modificó el valor del embargo a
«$14.424.717.674,7 y ordenó el traslado del valor congelado a disposición del
despacho». Oportunidad en la cual, se adjuntó, entre otros, el auto interlocutorio
1427 del 2 de diciembre, «en el que se observó una imprecisión frente a la orden
impartida, toda vez que en el numeral cuarto de la parte resolutiva dio respuesta a nuestro
comunicado GOAE -EMB- 202303291141778-2 del 26 de agosto de 2025, señalando como
límite de la medida de embargo la suma de $14.424.717.674,7 que corresponde al valor de
la liquidación de crédito aprobada aumentada en un 50% y posteriormente mediante el
numeral sexto ordenó el levantamiento de la medida cautelar sobre las cuentas especificas
0979038601 y 0979038577, siendo esta última la cuenta en la que se encuentran retenidos
los recursos que ordenó trasladar, por lo tanto, previo al traslado de la suma mencionada,
mediante nuestro comunicado IQV00100273458, se solicitó aclaración e instrucciones al
despacho» (sic).
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4.9. A la fecha el banco mantiene el congelamiento de «$14.424.717.674,7 en la
cuenta de ahorros No. 979038577, denominada GOBERNACION DEL CHOCO CUENTA
MAESTRA SN (servicio de nómina), a la espera de las instrucciones solicitadas al Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó» (sic).
5. Con escrito del 28 de enero de 20267 informó que, en cumplimiento de la
medida cautelar, «procedió a levantar la medida de retención y embargo de los recursos
que se encontraban congelados por la suma de $14.424.717.674,7 M/cte, los cuales ya se
encuentran a disposición del del Departamento del Chocó» (sic).
6. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó8, si
bien allegó el link de consulta del proceso ejecutivo requerido, guardó silencio
respecto de la solicitud de amparo.
7. Jorge Américo Viveros Gallego9 solicitó que se le reconociera como tercero
interviniente, en calidad de apoderado judicial de los demandantes en el proceso
ejecutivo objeto de litis. Así, requirió que se le reconociera como apoderado judicial
de los terceros interesados; se le concediera el término legal para contestar la tutela;
y se le decretara una etapa probatoria.
7.1. Con escrito del 29 de enero de 202610, el cual reiteró el 9 de febrero
siguiente11, solicitó la nulidad de todo lo actuado por falta de competencia y
vulneración al debido proceso, con inclusión del «auto admisorio y las medidas
provisionales decretadas, por haber sido proferidas por un juez que posteriormente se
declaró impedido y/o incompetente».
8. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado12, en ejercicio de las
facultades dispuestas en los artículos 610 y 611 del Código General del Proceso13,
se opuso a la solicitud de nulidad presentada por el profesional del derecho Jorge
Américo Viveros Gallego, toda vez que, i) en razón a que el Tribunal Administrativo
del Chocó fue vinculado como demandado, el Consejo de Estado era el competente
para conocer de la tutela; ii) no se desconoció el derecho al debido proceso de las
partes, a las que se le notificaron todas las actuaciones adelantadas; iii) la «falta de
legitimación por inexistencia de nexo causal», resultó inexistente de acuerdo con el
artículo 133 ibidem; y iv) no se impidió su actuar en el trámite.
7 Ver ítem 21 de Samai. Archivo denominado «RECIBEMEMORIAL_RAD11001031500020260(.pdf)
NroActua 21».
8 Ver ítem 20 de Samai. Archivo denominado «38RECIBEPRUEBAS_MemorialesSecGeneral(.pdf)
NroActua 20».
9 Ver ítem 22 de Samai. Archivo denominado
«47RECIBEMEMORIAL_Memorial_SOLICITUDDETERCEROIN(.pdf) NroActua 22».
10 Ver ítem 24 de Samai. Archivo denominado
«53RECIBEMEMORIAL_Memorial_SolicituddeNulidadde(.pdf) NroActua 24».
11 Ver ítem 34 de Samai. Archivo denominado
«77RECIBEMEMORIAL_RENUNCIATERMINOSYRES(.pdf) NroActua 34».
12 Ver ítem 30 de Samai. Archivo denominado « 59_MemorialWeb_Respuesta-2026022(.pdf)
NroActua 30».
13 En adelante CGP.
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Demandante: Departamento del Chocó
9. El departamento del Chocó14 se opuso a la solicitud de nulidad propuesta
por Jorge Américo Viveros Gallego, al considerar que las razones que la motivaron
no se enmarcan en las disposiciones del artículo 133 del CGP. Así explicó:
9.1. La causal de «declaratoria de impedimento del Tribunal Contencioso
Administrativo del Chocó de forma posterior al auto admisorio de la acción de tutela», es
inexiste. Por el contrario, «el artículo 140 del CGP establece las causales de
impedimentos como un deber de los magistrados, jueces, conjueces quienes deben
declararse impedidos tan pronto adviertan están en curso en alguna de ellas,
situación que ocurrió en el presente, y por lo tanto, es acorde a derecho el actúa del
Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, hecho que no vicia el Auto
Interlocutorio 01 del 14 de enero del 2026 a través del cual se admitió la acción
constitucional» (sic).
9.2. En cuanto al argumento de «inexistencia del nexo causal y falsedad en el
argumento de la urgencia en la acción de tutela», contario a ello, su necesidad fue
debidamente probada, con ocasión de la grave afectación del acceso al servicio
público y derecho fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes
del departamento. Situación que conllevó a «[l]a declaratoria de emergencia en materia
educativa […] mediante el Decreto 018 del 16 de enero de 2026, con la cual se busc[ó]
adoptar medidas administrativas, jurídicas y excepcionales que garanti[zaran] el pago de la
nómina de docentes, directivos y administrativos y otras medidas, para asegurar normalidad
del servicio educativo […]» (sic).
9.3. Frente a la «Omisión sobre terceros interesados», el Consejo de Estado solo
resolvió la medida provisional «al observar una grave vulneración de los derechos
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes del Departamento del Chocó
resolvió tomar una medida de urgencia con la finalidad de proteger dichos derechos
y evitar un perjuicio irremediable», sin que ello implicara la vulneración a los
derechos de los terceros.
2. Consideraciones
10. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) de la solicitud de
reconocimiento como tercero interviniente y de nulidad propuesta por Jorge Américo
Viveros Gallego; iii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; iv)
determinación del problema jurídico; y v) análisis de la Sala.
14 Ver ítem 31 de Samai. Archivo denominado «64_MemorialWeb_Otro-
PRONUNCIAMIENTOSOBR(.pdf) NroActua 31».
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Demandante: Departamento del Chocó
2.1. Competencia.
11. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución
Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 1.° del
Decreto 333 del 6 de abril de 2021, esta Sala es competente para conocer de la
solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo del Chocó y otros.
2.2. De la solicitud de reconocimiento como tercero interviniente y de nulidad
propuesta por Jorge Américo Viveros Gallego
12. Jorge Américo Viveros Gallego presentó escritos en los que solicitó que se le
reconociera como tercero interviniente, en razón a su calidad de apoderado judicial
de los demandantes en el proceso ejecutivo objeto de litis. Asimismo, que se
declarara la nulidad de todo lo actuado por falta de competencia y vulneración al
debido proceso.
13. En este punto, llama la atención el hecho de que el profesional del derecho
Viveros Gallego no tendría la condición de parte dentro del proceso ejecutivo objeto
de litis, lo que evidenció la carencia de interés algún en el asunto. Situación distinta
es, que pretendiera que se le reconozca como apoderado judicial de aquellos,
respecto de lo cual se advierte que no allegó poder para actuar en tal condición, tal
como lo exige el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, que dispone:
[…] Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y
lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no este
en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud. […]
14. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia T-194 de 2012 refirió:
«[…] La Corte, en reiterados fallos, ha señalado los elementos del apoderamiento en
materia de tutela[13], así: (i) acto jurídico formal que se concreta en un escrito, llamado
poder, el cual se presume auténtico[14]; (ii) tratándose de un poder especial, debe
ser específico, de modo que aquel conferido para la promoción o para la defensa de los
intereses en un determinado proceso no se entiende otorgado[15] para la promoción[16] de
procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento a estos tengan origen[17] en
el proceso inicial; (iii) el destinatario del acto de apoderamiento sólo puede ser un
profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional. Es decir, la legitimación por
activa se configura si quien presenta la demanda de tutela acredita ser abogado titulado
y se anexa el respectivo poder especial, de modo que no se puede pretender hacer valer
un poder otorgado en cualquier proceso para solicitar el amparo constitucional. Al respecto,
la Corte, en sentencia T-001 de 1997, señaló que por las características de la acción de
tutela “todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez
para el fin específico y determinado de representar los intereses del accionante en punto
de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en
relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión” […]». (Se subraya)
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Demandante: Departamento del Chocó
15. También15 ha sido enfática16 en señalar que «cuando el proceso de tutela se
promueve por intermedio de apoderado, […] la legitimación por activa se configura si quien
presenta la demanda de tutela acredita ser abogado titulado y se anexa el respectivo poder
especial, de modo que no se puede pretender hacer valer un poder otorgado en un
proceso ordinario para solicitar el amparo constitucional.» (Se resalta).
16. En este caso, si bien no es está en discusión la legitimación por activa o
pasiva de las partes, lo cierto es que respecto a la comparecencia de los terceros
con interés en el asunto opera de igual forma, es decir, para que proceda a través
de apoderado judicial debe existir el poder especial debidamente conferido.
17. En tal sentido, se recuerda que, mediante auto admisorio del 14 de enero de
2026, el Tribunal Administrativo del Chocó, entre otros, vinculó a todos aquellos que
integraron la parte activa en el proceso ejecutivo objeto de litis, lo cual evidencia el
respeto por sus derechos de defensa y contradicción. No obstante, guardaron
silencio.
18. Ahora, si bien Jorge Américo Viveros Gallego solicitó que se le reconociera
personería para actuar en nombre y representación de aquellos, lo cierto es que no
allegó ningún poder que le otorgue tal facultad; razón por la cual los pedimentos
elevados le serán rechazados.
2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
19. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo del Consejo de Estado17 unificó el criterio de la corporación en cuanto
a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema. Al
respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[…]».
15 T-493 de 2007. MP Clara Inés Vargas Hernández.
16 Ver también T-001 de 1997, T-821 de 1999, T-531 de 2002, T-658 de 2002, T-1025 de 2006, entre
otras.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, MP María Elizabeth García González.
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Demandante: Departamento del Chocó
20. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
21. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo18 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
22. Ahora bien, la Corte Constitucional19 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
23. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores
requisitos20, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió
la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la
prosperidad de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la
configuración de alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y
ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la
afectación de derechos fundamentales21.
24. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
18 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
19 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
21 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Demandante: Departamento del Chocó
2.4. Problema jurídico
25. La Sala deberá definir: ¿si el Tribunal Administrativo del Chocó y los
Juzgados Primero y Segundo Administrativos del Circuito Judicial de Quibdó
vulneraron los derechos fundamentales del departamento del Chocó al incurrir en
defecto sustantivo, pues, en el trámite del proceso ejecutivo adelantado por Rogerio
Fulton Velásquez Echeverry y otros en su contra, se ordenó el embargo de recursos
de carácter inembargables pertenecientes al Sistema General de Participaciones,
con destinación específica a la educación del departamento?
2.5. Análisis de la Sala
2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
26. En este punto, la Sala debe precisar que, pese a que para el momento de la
radicación de la tutela se encontraban pendiente de resolución varios recursos y
una solicitud de nulidad respecto del auto del 2 de diciembre de 2025, hoy acusado,
y el proceso ejecutivo objeto de litis se encontraba en curso, el requisito de la
subsidiariedad amerita un estudio excepcional de cara a las particularidades del
asunto y las pruebas aportadas con el fin de evidenciar la configuración de un
perjuicio irremediable, no solo respecto del departamento del Chocó, sino de su
población docente, administrativa y escolar.
27. Ello es así, en razón a que, desde una valoración inicial y sumaria en la fase
cautelar, fue posible evidenciar que las decisiones de embargo cuestionadas
recayeron sobre la cuenta madre en la que se recibían recursos del Sistema General
de Participaciones, con destinación especifica al pago de la nómina de docentes y
personal administrativo de la Secretaría de Educación del Chocó, tal como se puede
leer de la certificación correspondiente:
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Demandante: Departamento del Chocó
28. Así, para la Sala es evidente que pese a los recursos y solicitudes
actualmente en curso, los cuales a la fecha tampoco fueron resueltos, se supera el
requisito de la subsidiariedad de manera excepcional, pues, es claro que aquellos
no resultaron eficaces para evitar la configuración de un perjuicio irremediable,
consistente en que, como el departamento del Chocó no dispuso de los recursos
del Sistema General de Participaciones, con destinación específica a la educación
– nómina, se impactó el pago de los salarios de los docentes y administrativos del
ente territorial, lo que afectó el mínimo vital del personal y el atrasó en el inició de la
jornada académica 2026.
29. En un asunto de contornos similares, la Corte Constitucional en sentencia
SU-396 de 2025, consideró:
140. La acción de tutela satisface el requisito de subsidiariedad. La ANM, como
parte demandada dentro del proceso ejecutivo, agotó todos los medios ordinarios de
defensa que tenía a su alcance. Por un lado, hizo uso de los recursos ordinarios que
podía presentar dentro del proceso. A saber, el artículo 321 del Código General del
Proceso establece que en primera instancia es apelable el auto “que resuelva sobre una
medida cautelar, o fije el monto de la caución para decretarla, impedirla o levantarla”. De
conformidad con lo anterior, el 30 de julio de 2024, la entidad presentó el recurso de
apelación en contra del Auto de 24 de julio de 2024. Sin embargo, a la fecha de
presentación de la tutela el recurso no había sido resuelto por el Tribunal Administrativo
de Chocó. Además, el 1 de agosto de 2024 la entidad presentó un incidente de
desembargo que fue resuelto negativamente el 23 de octubre de 2024 por la autoridad
judicial accionada.
141. En consecuencia, la Sala advierte que no existe otro medio de defensa
judicial que permita a la accionante solicitar lo que pretende por vía de tutela. Sobre el
particular, la Sala reconoce que podría argumentarse válidamente que el requisito de
subsidiariedad no se cumpliría, precisamente porque continúa el trámite del recurso de
apelación y sin que a la fecha exista un pronunciamiento por parte del Tribunal. Sin
embargo, la Corte considera que incluso bajo esta circunstancia, se encuentra que ese
recurso no ha resultado idóneo ni eficaz en el caso concreto. Así, la Sala insiste en que
para la fecha de presentación de la tutela el Tribunal no había resuelto el recurso de
apelación, circunstancia que se mantuvo a lo largo del trámite del revisión, entre otras
razones por una comprensión equivocada sobre el alcance de las medidas provisionales
adoptadas por la Sala, aspecto al que se hará referencia específica en apartado
posterior. Igual consideración debe realizarse en relación con la posibilidad de haber
formulado recursos en contra de la decisión que negó el incidente de desembargo. La
Sala encuentra que, en virtud de esa errónea comprensión de las medidas provisionales
adoptadas por la Corte, en la actualidad los medios judiciales ordinarios han resultado
sistemáticamente bloqueados, lo que implica la necesidad de adoptar una decisión en
sede de tutela que dé respuesta al problema jurídico planteado.
142. Sumado a lo anterior, la Sala advierte que existe la posibilidad de
configurarse un perjuicio irremediable. Como se ha mencionado, estarían en riesgo
recursos del SGR, así como la competencia del FDDIC para arbitrar tales recursos.
Como lo ha indicado la Sala, estas facultades trascienden el ámbito administrativo y se
extienden al derecho constitucional, habida cuenta de la necesidad de proteger (i) los
derechos fundamentales de los beneficiarios de las indemnizaciones mencionadas, los
cuales se materializan a través de la acción del mencionado fondo, y (ii) la destinación
particular que la Constitución impone para los recursos del SGR y a favor de las
entidades territoriales. En ese sentido, a juicio de la Sala, el potencial desvío o pérdida
de dichos recursos representa un riesgo inminente que podría desencadenar en un
perjuicio irremediable, lo que inclusive motivó la adopción de la medida provisional por
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00402-00
Demandante: Departamento del Chocó
parte de la Corte. De esta manera, resulta claro que las acciones para conjurar la
potencial vulneración de garantías superiores son urgentes . Sobre este punto, la Sala
reitera que las solicitudes de desembargo se formularon dentro del proceso ejecutivo,
sin que dichas medidas hubiesen sido atendidas de manera favorable. Por lo tanto, se
requiere una actuación célere para evitar que los recursos, que al parecer hacen parte
del SGR, no tengan como destino una cuenta diferente que no corresponda a la del
Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos. La Sala aclara que el
estudio de este requisito se hace con los elementos probatorios que obraban al momento
de la presentación de la tutela, sin perjuicio de lo que se evalúe posteriormente respecto
de la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente (ver párr. 150 infra).
30. Precisado lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de
procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de
nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto
planteado.
2.5.2. Defecto sustantivo o material
31. En cuanto al defecto sustantivo, la Corte Constitucional ha señalado que este
se presenta cuando el juez adopta una decisión que desborda del marco
constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso
concreto22, cuyo origen se fundamenta en el hecho de que, si bien los jueces gozan
de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas,
esta no es una facultad absoluta23, pues, sus límites se encuentran en el orden
jurídico preestablecido y en los valores, principios, derechos y garantías que
identifican al actual Estado Social de Derecho.
32. El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones
en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta
en una norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la
interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen
de razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses
legítimos de las partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta
sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición
aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una
interpretación sistémica de la norma; y (vi) se desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso.
33. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación
en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal
entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o
caprichosa. Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la
decisión proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los
derechos fundamentales de los sujetos procesales24.
22 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
23 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018.
24 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018.
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Demandante: Departamento del Chocó
2.5.3 Sobre el caso concreto
34. El departamento del Chocó acudió al juez de tutela con el fin de que se
amparara su derecho fundamental al debido proceso, así como el de la educación
de su comunidad (pago oportuno de salarios y mínimo vital de los docentes) y, en
consecuencia, se dejara sin efectos las providencias proferidas el 16 de julio y 2 de
diciembre de 2024 por los Juzgados Primero y Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Quibdó, en el expediente ejecutivo 27001333300220250015400 (antes
27001333300120090036701), en cuanto decidió mantener la orden de embargo
que pesa sobre la cuenta de ahorros 979038577 del Banco de Bogotá, de su
titularidad.
35. Lo anterior, al considerar que la corporación judicial demandada incurrió en
defecto sustantivo por desconocimiento de las disposiciones del artículo 91 de la
Ley 715 de 200125, el 21 del Decreto 28 de 200826 y el 594 del CGP, pues, los
recursos contenidos en dicha cuenta bancaria eran de carácter inembargable al
integrar el Sistema general de participaciones, con destinación específica a la
educación.
36. Así, se recuerda que el 27 de marzo de 2023, el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó resolvió:
«[…] PRIMERO: DECRETAR EL EMBARGO Y RETENCIÓN de los dineros que posee
la entidad ejecutada DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, CON NIT. 891.680.010-3 hasta la
suma de DIECISIETE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($17.000.000.000), en las
entidades financieras:
Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en los numerales 1 y 10 del artículo 593 del
CGP, de conformidad a lo dispuesto en la parte considerativa de esta providencia. […]».
37. En este punto, llama la atención de la Sala que, el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó, en el auto del 27 de marzo de 2023
25 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad
con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre
otros.
26 Por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que
se realice con recursos del Sistema General de Participaciones.
15
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00402-00
Demandante: Departamento del Chocó
decretó el embargo de la cuenta de ahorros 979038577 del Banco de Bogotá, bajo
la consideración general de que, «el principio de inembargabilidad no es absoluto, sino
que el mismo tiene excepciones, las cuales deben estudiarse en cada caso en concreto, a
efectos de no violentar derechos fundamentales de las partes, tales como el debido
proceso, el acceso a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva, ello como
garantía a la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidas en sentencias,
obligaciones laborales provenientes de contratos y/o de obligaciones claras, expresas y
exigibles» (sic). Sin embargo, no realizó el análisis dicho de cara a las
particularidades del caso.
38. Decisión que, si bien fue apelada por el departamento del Chocó, lo cierto es
que, en lo que al embargo de la cuenta de ahorros 979038577 del Banco de Bogotá
se refiere, nada se dijo ni acreditó respecto de sus especiales características, pues,
se expusieron los siguientes argumentos generales:
«[…] En el presente caso, la medida de embargo recae sobre recurso que tienen una
destinación específica tal como lo es el Gasto Social, el cual como objetivo del gasto
público social es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de la población
económicamente vulnerable, tales como salud, saneamiento ambiental, educación,
vivienda, acueducto y alcantarillado, entre otras, situación que no tiene relación con el
objeto del proceso, por lo tanto, las excepciones establecidas por la Corte Constitucional
en relación al principio de inembargabilidad no aplican
No existe sustento legal ni constitucional que permita la aplicación de la medida de
embargo sobre las cuentas establecidas en el auto recurrido, ello en cumplimiento de las
regla y parámetros establecidos por la Corte Constitucional, que tal como se expuso en
precedencia las obligaciones derivadas del proceso que en este caso obedece al pago
de Intereses producto de una sentencia judicial no guardan relación con la destinación
específica de las cuentas embargadas. […]». (sic)
39. El 17 de mayo de 202427, el Tribunal Administrativo del Chocó confirmó la
orden de embargo respecto de la referida cuenta, al considerar que:
«[…] Las consideraciones expuestas conducen a establecer que los recursos
pretendidos en embargo por la ejecutante, pese a ser inembargables, pueden ser objeto
de retención preventiva y de eventual traslado al patrimonio del acreedor, en primera
medida porque se trata de un proceso ejecutivo promovido para obtener el pago de una
suma reconocida mediante sentencia judicial proferida por esta jurisdicción, en segunda
medida porque si bien es cierto, la orden de embargo está dirigida a las sumas de dinero
que llegare a tener depositada el Departamento del Chocó en cuentas en diferentes
establecimientos financieros, específicamente sobre los fondos que tenga o llegare a
tener las centrales del Banco de Bogotá, Banco Pichincha, Banco BBVA y Banco Agrario,
se precisará que la medida de embargo ordenada solo deberá aplicarse sobre las
cuentas corrientes y de ahorros abiertas por las entidades públicas que reciban recursos
del Presupuesto General de la Nación De tal manera, la medida cautelar decretada por
el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó, resulta consecuente y
adecuada, pues la inembargabilidad en el caso concreto fue desvirtuada. […]».
27 Ver proceso ejecutivo. Archivo denominado «10Auto decide ape_27001333300120090036(.pdf)
NroActua 16».
16
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00402-00
Demandante: Departamento del Chocó
40. El 10 de junio de 202528, el departamento del Chocó presentó incidente de
desembargo, entre otras, respecto de la «cuenta de ahorro No. 979038577
(Nómina) – Educación del Banco de Bogotá […], así como la devolución de los recursos
retenidos», en los siguientes términos:
[…]
41. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó, en auto
del 15 de julio de 202529 levantó la medida cautelar de embargo, entre otras,
respecto de «los dineros de esa misma entidad que se encuentran en la Cuenta No.
979038577- Recursos de Sistema General de Participaciones, destinados a pagar la
Nómina de Docentes y Administrativos de la Secretaria de Educación del Departamental
del Chocó, dado que se trata de recursos inembargables conforme a la causal 1 del artículo
594 del C.G.P» (sic).
42. Hasta este punto, la Sala debe precisar que, si bien el Tribunal Administrativo
del Chocó, en auto del 17 de mayo de 2024 confirmó la orden de embargo respecto
de la cuenta de ahorro 979038577 (Nómina) – Educación del Banco de Bogotá, lo
cierto es que en ese momento no analizó sus particularidades, por lo que, era
procedente que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó,
28 Ver proceso ejecutivo. Archivo denominado «240Recepcionmemor_IncidentedeDesembarg(.pdf)
NroActua 154».
29 Ver proceso ejecutivo. Archivo denominado «270Autolevantame_2009367Levantamiento(.pdf)
NroActua 181».
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Demandante: Departamento del Chocó
con ocasión del incidente de desembargo propuesto por el departamento del Chocó,
estudiara dichas particularidades y resolviera levantar la referida medida cautelar
en atención a lo dispuesto en el artículo 594 del CPG, en concordancia con el
artículo 597 del CGP, que dispone:
Artículo 597. Levantamiento del embargo y secuestro. Se levantarán el embargo y
secuestro en los siguientes casos:
[…]
11. Cuando el embargo recaiga contra uno de los recursos públicos señalados en el
artículo 594, y este produzca insostenibilidad fiscal o presupuestal del ente demandado,
el Procurador General de la Nación, el Ministro del respectivo ramo, el Alcalde, el
Gobernador o el Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, podrán
solicitar su levantamiento. […]
43. Decisión que resulta ajustada al principio de inembargabilidad de los recursos
del Sistema General de Participaciones con destinación especifica, contenidas en
los artículos 91 de la Ley 715 de 2001, 21 del Decreto 28 de 2008 y 594 del Código
General del Proceso y la sentencia C-793 de 2002 de la Corte Constitucional, pues,
no se trató de desconocer las excepciones al principio de inembargabilidad, sino de
analizar las particularidades de esa cuenta y la naturaleza de la sentencia judicial a
ejecutar, tal como lo ha señalado la jurisprudencia de la corporación.
44. Sin perjuicio de lo anterior, el 16 de julio de 2025, el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó resolvió dejar sin valor y efecto el auto
del día 15 anterior, «y en su lugar, mante[ne]r la orden de embargo que pesa sobre la
Cuenta No. 979038577, en cumplimiento a lo dispuesto por el H. Tribunal Administrativo del
Chocó mediante Interlocutorio No. 0540 del 17 de mayo de 2024», al considerar que,
como el Tribunal Administrativo del Chocó en auto del 17 de mayo de 2024 confirmó
dicha medida, lo cual se obedeció y cumplió el 11 de junio siguiente:
« […] no es posible que este Despacho ordene el levantamiento de la medida cautelar
que en la actualidad recae sobre la Cuenta No. 979038577, que posee el Departamento
del Chocó, en el Banco de Bogotá, ello en atención a lo establecido por el H. Tribunal
Administrativo del Chocó, en Auto Interlocutorio No. 0540 del 17 de mayo de 2024,
providencia que se encuentra debidamente ejecutoriada, por lo que este Despacho y la
entidad Bancaria, al igual que las parte intervinientes en este proceso, sobre la referida
decisión no les queda más que estarse a lo allí ordenado, de lo contrario, se incurriría en
la causal de nulidad establecida en el artículo 133 numeral 2 del CGP, […]» (sic)
45. Contra la anterior decisión, el departamento de Chocó interpuso recurso de
reposición. Por su parte, la ANDJE solicitó el levantamiento de la medida de
embargo respecto de la cuenta de ahorros 979038577 del Banco de Bogotá.
46. En ese momento, con ocasión de la queja disciplinaria interpuesta por el
departamento del Chocó en contra del juez primero administrativo del circuito
judicial de Quibdó, este manifestó impedimento para conocer del asunto. Así, el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó lo aceptó y asumió
el conocimiento del asunto, pero bajo el radicado 27001333300220250015400.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00402-00
Demandante: Departamento del Chocó
47. En providencia del 2 de diciembre de 2025, en cuanto a los recursos y
peticiones de desembargo pendientes de resolución, el juez ejecutante resolvió:
«[…] PRIMERO: NO REPONER providencia interlocutoria del 16 de julio de 2025, por
medio de la cual el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, dispuso
efectuar control de legalidad a la actuación.
SEGUNDO: Rechazar por improcedente el recurso de apelación interpuesto en subsidio
por parte del Departamento del Chocó, en atención a que la decisión por medio de la
cual se efectúa control de legalidad no se encuentra enlistada en el artículo 321 del
Código General del Proceso.
TERCERO: ESTESE a lo resuelto por el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante
providencia interlocutoria No. 540 del 17 de mayo de 2024, respecto de la solicitud de
levantamiento de embargo elevada por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
CUARTO: Por secretaria del despacho dar respuesta a la comunicación GOAE
EMB202303291141778-2 del 26 de agosto de 2025, al Banco de Bogotá, señalando que
el límite de la medida decretada corresponde a la suma de catorce mil cuatrocientos
veinticuatro millones setecientos diecisiete mil seiscientos setenta y cuatro pesos con
siete centavos ($14.424.717.674,7) que corresponde a la liquidación del crédito
aprobada aumentada en un 50% de conformidad con lo preceptuado en el numeral 10
del artículo 59350 del Código General del Proceso, a efecto de que se pongan a
disposición de este despacho en atención a haber asumido conocimiento en virtud del
impedimento del señor Juez Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó,
declarado fundado. Verificado lo anterior procédase a la entrega de los depósitos
judiciales existentes a favor del proceso al apoderado de la parte ejecutante, con facultad
de recibir; hasta la suma determinada en la providencia que dispuso respecto de la
reliquidación del crédito. Háganse los fraccionamientos a que haya lugar.
QUINTO. Fíjense como agencias en derecho la suma de cuatrocientos sesenta y dos
millones trescientos ochenta y ocho mil doscientos quince pesos con noventa y seis
centavos ($462.388.215.96).
SEXTO. Levantar las ordenes de embargo decretadas sobre las cuentas bancarias No.
0979038601 y 0979038577 del Banco de Bogotá y de propiedad del Departamento del
Chocó. Por secretaria líbrense los oficios para tal fin de manera inmediata. […]». (sic)
48. Respecto de la anterior decisión, el departamento de Chocó interpuso
recurso de reposición y, en subsidio de apelación, y la ANDJE solicitud de nulidad
de lo actuado.
49. Con ocasión del trámite de la solicitud de tutela de la referencia, con auto
proferido el 27 de enero de 2026 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Quibdó, se ordenó suspender el trámite del proceso ejecutivo objeto de
litis, hasta tanto sea resuelta, al considerar que, «como lo que se pretende vía la acción
constitucional es se revise la decisión contenida por el superior funcional (Tribunal
Administrativo del Chocó) y a través de la cual se resolvió el recurso de apelación contra la
decisión proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito del Chocó, que
efectuó el decreto de medidas cautelares; se dispondrá la suspensión del trámite hasta
tanto el superior funcional (Consejo de Estado) de quien profirió la decisión cuestionada
(Tribunal Administrativo del Chocó), disponga lo que corresponda en el trámite
constitucional» (sic).
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Demandante: Departamento del Chocó
50. Como se observa, los Juzgados Primero y Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Quibdó, resolvieron mantener la medida de embargo en
acatamiento de la providencia proferida el 17 de mayo de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Chocó. Consideración de la cual se aparta esta Sala de decisión
y que, por demás, resultó vulneradora del derecho fundamental al debido proceso
del departamento del Chocó, así como el de la educación de su comunidad (pago
oportuno de salarios y mínimo vital de los docentes).
51. En efecto, se evidencia el defecto sustantivo alegado por el demandante, no
por desconocimiento de las disposiciones de inembargabilidad de los recursos del
Sistema General de Participaciones con destinación específica contenidas en los
artículos 91 de la Ley 715 de 2001, 21 del Decreto 28 de 2008 y 594 del Código
General del Proceso, sino por ausencia de aplicación del artículo 597 del CGP.
52. Ello, en razón a que, si bien el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó,
con ocasión del incidente de desembargo propuesto por el departamento del Chocó,
en auto del 15 de julio de 2025, una vez analizó las particularidades del caso de
cara a la normativa aplicable, levantó la medida cautelar de embargo respecto de
«los dineros de esa misma entidad que se encuentran en la Cuenta No. 979038577-
Recursos de Sistema General de Participaciones, destinados a pagar la Nómina de
Docentes y Administrativos de la Secretaria de Educación del Departamental del Chocó,
dado que se trata de recursos inembargables conforme a la causal 1 del artículo 594 del
C.G.P», lo cierto es que sin fundamento constitucional ni legal, con auto del día 16
siguiente consideró que no era posible levantar tal medida, en tanto previamente
había sido confirmada por el Tribunal Administrativo del Chocó. Conclusión que
desconoce íntegramente el artículo 597 del CGP, pues, se estaba ante los
presupuestos del numeral 11, ya que la medida de embargo recayó contra recursos
públicos señalados en el artículo 594 ibidem, y su efecto de afectación presupuestal
fue debidamente motivado de cara al impacto del impago salarial en favor de los
docentes y administrativos del departamento.
53. A juicio de la Sala, la autoridad judicial demandada incurrió en defecto
sustantivo por indebida aplicación e interpretación de los artículos 594 y 597-11 del
CGP, al desconocer que, sin perjuicio de que el embargo de la cuenta de ahorro
979038577 (Nómina) – Educación del Banco de Bogotá fuera confirmada por el
Tribunal Administrativo del Chocó, lo cierto es que se daban los presupuestos para
su levantamiento.
54. En este punto, debe precisar la Sala que, considerar que no es procedente
solicitar el levantamiento de una medida cautelar en los términos del artículo 597
del CGP, que ha sido confirmada previamente por el superior, es una manifestación
abiertamente contraria a derecho y excesiva, lo cual haría incurrir en el desacierto
jurídico de que el decreto de una medida de embargo y secuestro es definitivo.
55. Como punto adicional, precisa la Sala que con las providencias cuestionadas
no solo se vulneró el derecho al debido proceso del departamento del Chocó, sino
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Demandante: Departamento del Chocó
el de la educación de su comunidad, pues, tal como se consideró en el auto del 26
de enero de 2026, en el cual se decretó como medida provisional la suspensión de
los efectos de aquellas, el embargo de la cuenta bancaria objeto de litis incidió en
el cese de actividades por parte de los docentes y administrativos de la Secretaría
de Educación del Chocó, con ocasión de la falta de pago de sus salarios
correspondiente a diciembre de 2025, lo cual generó, a su vez, mora en el inició del
calendario escolar 2026 de los niños, niñas y adolescentes del ente territorial.
3. Conclusión
51. De conformidad con todo lo expuesto, sin desconocer el principio de autonomía
judicial del que gozan los jueces de la República, lo cierto es que cualquier decisión
que adopten tiene que ser el reflejo de una verdadera tutela judicial efectiva 30, es
decir, debe contener una motivación suficiente soportada en un análisis literal de las
disposiciones normativas aplicables [artículos 594 y 597-11 del CGP], lo cual no
sucedió en la controversia ejecutiva bajo estudio, por lo que se accederá al amparo
solicitado.
40. En consecuencia, se dejará sin efectos las providencias proferidas el 16 de julio
y 2 de diciembre de 2024 por los Juzgados Primero y Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Quibdó, respectivamente, en el expediente ejecutivo
27001333300220250015400 (antes 27001333300120090036701).
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Levantar la medida cautelar decretada en auto del 26 de enero de 2026.
Segundo. Rechazar las solicitudes de reconocimiento como tercero interviniente y
de nulidad propuestas por Jorge Américo Viveros Gallego.
Tercero. Amparar el derecho fundamental al debido proceso del departamento del
Chocó, así como el de la educación de su comunidad (pago oportuno de salarios y
mínimo vital de los docentes).
Cuarto. Dejar sin efectos las providencias proferidas el 16 de julio y 2 de diciembre
de 2024 por los Juzgados Primero y Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
30 C-279 de 2013 «[…] la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de
poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por
la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e
intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes […]».
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Demandante: Departamento del Chocó
Quibdó, respectivamente, en el expediente ejecutivo 27001333300220250015400
(antes 27001333300120090036701).
Quinto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Sexto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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