República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00406-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
23 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00406-00 (567)
Accionante: Andrea Xioamara Morales González
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Tema: tutela por vulneración de los derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia y al debido proceso. Subtema 1: mora judicial.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por la señora Andrea Xiomara Morales González
contra el Tribunal Administrativo de Boyacá.
1. Síntesis del caso
La señora Andrea Xiomara Morales González, a través de apoderado, presentó
acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la información, que
consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Boyacá debido a la mora
judicial injustificada en la que, a su juicio, incurrió dicha autoridad al no proferir
sentencia de segunda instancia dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 15001-33-33-009-2024-00002-01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes al
trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00406-00 (567)
Accionante: Andrea Xiomara Morales González
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
2. La señora Mercedes González de Morales era propietaria del predio identificado
con la matricula inmobiliaria núm. 072-1086, correspondiente a un «lote de terreno»,
«parte de mayor extensión», ubicado en la «carrera 6 A # 19 – 61».
3. El 5 de diciembre de 2022 los señores Héctor José Morales y Mercedes
González De Morales, en calidad de vendedores, y Andrea Xiomara Morales
González, en condición de compradora, suscribieron contrato de compraventa núm.
05122022, cuyo objeto fue «transferir el derecho de posesión material u ocupación
por 49 años del bien inmueble […] identificado con número de matrícula inmobiliaria
072-1086 y cédula catastral 01-01-0018-0026-000».
4. Andrea Xiomara Morales González, mediante escrito del 10 de marzo de 2023,
le solicitó al municipio de Chiquinquirá «identificar mediante acto administrativo
como bien fiscal titulable[el] predio denominado carrera 6.ª N.° 19 – 61, identificado
con matrícula inmobiliaria N.° 072-1086, y la cédula catastral No. 01-01-0018-0026-
000, ubicado en el artículo 3 numeral primero de la Ley 2044 de 2020» […] «declarar
como titular real de derecho de dominio del bien inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria 072-1086, y cédula catastral 01-01-0018-0026-000, a la señora Andrea
Xiomara Morales González».
5. La Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana del municipio de
Chiquinquira, a través de oficio OFI-1017-SEGOB-202329 del 12 de julio de 2023,
negó el requerimiento de la accionante, al considerar que no reunía los requisitos
exigidos en la Ley 2044 de 2020 y el Decreto 523 de 2021. Contra dicha decisión,
la interesada presentó los recursos de reposición y apelación.
6. El municipio de Chiquinquirá, mediante Resolución núm. 0937 del 2 de octubre
de 2023, confirmó lo resuelto en la comunicación OFI-1017-SEGOB-2023 del 12 de
julio de 2023.
7. La accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el municipio de Chiquinquirá, con el fin de que se dejaran sin efecto los
referidos actos administrativos y se ordenara a la entidad demandada adelantar el
procedimiento administrativo respectivo para la transformación del inmueble con
matrícula núm. 072-1086 y cédula catastral núm. 01-01- 0018-0026-000 en un bien
fiscal titulable y, como consecuencia, se le ceda a título gratuito.
8. El Juzgado Noveno Administrativo de Tunja, mediante sentencia del 19 de
noviembre de 2024, declaró probada la excepción de «legalidad de los actos
administrativos» demandados y negó las pretensiones de la parte actora. Contra
esta decisión, la tutelante presentó recurso de apelación.
9. El referido juzgado, por medio de auto del 10 de diciembre de 2024, concedió
el recurso de apelación, el cual fue admitido por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, el 17 de febrero de 2025.
2
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Accionante: Andrea Xiomara Morales González
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
10. La parte demandante a través de memoriales del 9 de junio y del 1 de agosto
de 2025, solicitó al Tribunal Administrativo de Boyacá impulso procesal para que se
profiriera decisión de segunda instancia.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
11. La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 lo siguiente:
1. Primera: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, derecho a la información y la tutela judicial efectiva de la
accionante.
2. Segundo. Ordenar al Tribunal Contencioso-Administrativo de Boyacá que, dentro de
un término razonable y perentorio, profiera la sentencia de segunda instancia dentro
del proceso núm. 15001333300920240000200.
3. Tercero: Ordenar, de manera subsidiaria, que se responda de fondo el Memorial
núm. 09062025-001 de 09 de junio de 2025, y Memorial núm. 01082025-001 de 01 de
agosto del año 2025 explicando las razones de la demora, si a ello hubiere lugar 2.
12. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que el
Tribunal Administrativo de Boyacá vulneró sus derechos fundamentales porque ha
pasado más de 1 año desde que el expediente del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho ingresó al despacho para proferir sentencia de
segunda instancia y no se ha expedido decisión alguna que resuelva de fondo el
litigio, por lo que, en su criterio, la autoridad judicial incurrió en mora «injustificada».
13. Adicionalmente, indicó que se vulnera su derecho a la información, por cuanto
no se ha dado respuesta a las solicitudes radicadas el 9 de junio y el 1 de agosto
de 2025.
2.3. Trámite procesal
14.
El despacho ponente, mediante auto del 27 de enero de 20263, admitió la
solicitud, ordenó la notificación a la autoridad accionada, es decir, al Tribunal
Administrativo de Boyacá y puso en conocimiento el escrito de tutela al municipio
de Chiquinquirá, al Juzgado Noveno Administrativo de Tunja y a la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos, en su condición de terceros interesados.
2.4. Intervenciones
15.El despacho 4 del Tribunal Administrativo de Boyacá4 realizó una descripción
de las actuaciones que se han surtido al interior del proceso de nulidad y
1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00406-00, índice 2, certificado núm. D1CBB24821A40DE7 F56C75E6AA1FC41D
47E44DF75DAF355D 30A9C21A3924F4DB.
2
Se transcribe incluso con errores.
3
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5EDFF862F25F8638 A1D5C93C5A3268DB
4
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825012AC406E0DFE D72E67B39E38FFCF.
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restablecimiento del derecho con radicado núm. 15001-33-33-009-2024-00002-01,
desde la presentación de la demanda hasta la expedición de la providencia que
admitió el recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia e indicó que
el proceso ha seguido su trámite procesal de forma oportuna.
16. Asimismo, expuso que la alta carga laboral asignada al despacho ha incidido en
la proyección y emisión de las sentencias pendientes dentro de los procesos
ordinarios en turno de fallo. Sin embargo, se ha mantenido el orden de sustanciación
de los procesos de acuerdo con la fecha de ingreso del expediente al despacho
para la correspondiente actuación.
17. Agregó que, por el momento el despacho ha dado trámite a los asuntos
ordinarios que ingresaron para dictar sentencia de única, primera y segunda
instancia en el año 2023, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley
446 de 1998.
18. Adicionalmente, mencionó que debido a la elevada demanda de procesos que
afronta el Tribunal Administrativo de Boyacá y específicamente el despacho
accionado, se han implementado planes de acción con el equipo de trabajo a
efectos de enfrentar la alta carga; incluso desde la Presidencia de la corporación se
solicitó la creación de un nuevo despacho de magistrado y de empleados que
apoyen la labor judicial.
19. Refirió que los datos estadísticos, tomados del último informe de la Secretaría
del Tribunal Administrativo de Boyacá, dan cuenta de los problemas de congestión
que afronta la corporación.
20. De este modo, explicó que, una comparación del número de ingresos con los
egresos de cada uno de los despachos del Tribunal Administrativo de Boyacá,
correspondiente al mes de noviembre del año 2025 (último mes completo con
información disponible), permite observar que, en prácticamente, todos los 6
despachos del Tribunal el número de ingresos es superior al de los egresos.
21. Por otro lado, advirtió que el elevado inventario de procesos en cada uno de los
6 despachos del Tribunal Administrativo de Boyacá (con corte a noviembre de 2025)
demuestra que el número total de procesos por despacho es superlativo al del
promedio nacional de los tribunales administrativos reportado de enero a septiembre
de 2025 por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, promedio que equivale
a 369 procesos por despacho.
22. En este sentido, expresó que no existe actuación arbitraria, dilatoria o irregular
atribuible al despacho, sino al desarrollo normal del trámite conforme al turno
procesal y a la carga judicial existente, así como el respeto por el orden de ingreso
de los expedientes para fallo.
23.
Por lo expuesto, consideró que no se ha incurrido en una mora judicial
injustificada, por lo que pidió que se niegue la tutela.
4
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Accionante: Andrea Xiomara Morales González
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
24. El Juzgado Noveno Administrativo de Tunja5 remitió, a esta corporación, el
expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin
pronunciarse sobre los hechos y pretensiones del escrito de tutela.
25. El municipio de Chiquinquirá6 solicitó que se declare improcedente la tutela
porque los hechos y pretensiones expuestos en la solicitud de amparo no permiten
advertir una acción u omisión por parte de la entidad territorial que amenace o
vulnere los derechos fundamentales invocados por la accionante.
26. Adicionalmente, afirmó que carece de legitimación en la causa por pasiva, por
cuanto los argumentos de la tutelante se dirigen a cuestionar una posible omisión
del Tribunal Administrativo de Boyacá, en cuyo trámite no tuvo injerencia alguna.
27. Los demás sujetos vinculados guardaron silencio.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
28. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por la señora Andrea Xiomara Morales
González, en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá.
3.2. Legitimación en la causa
29. La legitimación en la causa por activa de la señora Andrea Xiomara Morales
González está acreditada porque es la demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 15001-33-33-009-2024-00002-01;
y, por lo tanto, la titular de los derechos fundamentales que adujo vulnerados.
30. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Boyacá, en la medida en que es la autoridad que tiene a cargo el
proceso ordinario y de quien se predica la mora judicial.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
31. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por
la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala
la ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez7.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00406-00 índice 14, certificado núm. F9F5889F0F52CEDA B991698AF8AD6DED
B90B88AA10320E87 38571E22A3A1BC5F.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00406-00 índice 15, certificado núm. F161C9683C8E32FB B2693EA26806661B
D1F5FBE49ED3C095 923238E09A1FCB81.
7
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
5
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Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
32. El primero exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que busque evitar un perjuicio irremediable8; y el segundo consiste en
que se acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo
contrario, «[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda
en entredicho […]»9.
3.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
33. En el presente asunto, el presupuesto de subsidiariedad se encuentra
satisfecho, dado que la parte actora no cuenta con otro mecanismo de defensa
judicial para discutir la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia e información, ante la inactividad
por parte de la autoridad accionada.
34. Ahora bien, la Sala tendrá por cumplido el requisito de inmediatez, en la medida
en que la parte accionada no ha proferido sentencia de segunda instancia dentro
del proceso con radicado núm. 15001-33-33-009-2024-00002-01 y la mora judicial
alegada es una vulneración que continúa en el tiempo10.
3.5. Problema jurídico
35. La Sala debe decidir si el despacho 4 del Tribunal Administrativo de Boyacá
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la información de la señora Andrea Xiomara Morales
González; en particular, si ¿incurrió en mora judicial injustificada al no proferir
sentencia de segunda instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado núm. 15001-33-33-009-2024-00002-01, promovido por la
actora en tutela en contra del municipio de Chiquinquirá?.
3.5.1. La acción de tutela en casos de mora judicial
36. La Corte Constitucional ha dispuesto en su jurisprudencia que el debido proceso
es una garantía para obtener una decisión de fondo, sin dilaciones injustificadas y
dentro de plazos razonables, esto conforme con lo dispuesto en la Ley 1957 de 2019
que estableció la eficacia, eficiencia, celeridad y economía procesal en las
actuaciones de la jurisdicción. La mora judicial se configura en los siguientes
escenarios:
4.9. A partir de la lectura del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, y el artículo 29 constitucional, puntualmente del enunciado que señala que
toda persona tiene derecho “a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas”
la Corte ha reconocido que la mora judicial se debe a dos motivos: (i) por un lado el
8
Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
9
Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, reiterada en sentencia SU-084 de 2019.
10
Corte Constitucional, sentencia T-032 de 2023.
«La Corte Constitucional ha señalado que en aquellos casos en los que se demuestre que la vulneración del derecho es
permanente en el tiempo y el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela,
pero la situación es continua y actual, el principio de inmediatez en la interposición de la tutela no es exigible de manera
estricta».
6
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capricho, arbitrariedad o falta de diligencia de los funcionarios judiciales encargados de
adoptar las providencias, o (ii) por la sobrecarga de trabajo que afrontan los jueces de
la República, la que a la postre produce un represamiento de procesos que impide que
los mismos se fallen conforme a los códigos adjetivos. A partir de la anterior
consideración, este Tribunal ha distinguido entre la mora judicial justificada (producida
por sobrecarga y congestión judicial) y la injustificada (causada por la arbitrariedad)11.
37. De acuerdo con lo anterior, para que se configure la mora judicial y pueda
estudiarse en las acciones de tutela, es prerrequisito haber sido diligente dentro del
proceso ordinario y demostrar que existe arbitrariedad o falta de diligencia de los
funcionarios judiciales. En ese orden, la Corte Constitucional indicó que no todo
incumplimiento de los términos procesales vulnera derechos fundamentales, por
cuanto dicha vulneración solo es el resultado de la inexistencia de un motivo válido
que justifique la mora.
38. Por último, el alto tribunal expuso que la mora judicial que no es imputable a la
autoridad judicial accionada es aquella que está justificada en las siguientes
razones:
[C]uando “(i) es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se
demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) se constata que
efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que
generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial, o (iii) se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia
en el plazo previsto en la ley”12.
3.5.2. Alcances del derecho de petición frente autoridades judiciales
39.
El derecho de petición es una garantía constitucional que faculta a las personas
a presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades, las cuales deben ser
resueltas de manera clara, precisa y oportuna. Este deber se extiende a las
autoridades judiciales, quienes se encuentran obligadas a resolver las solicitudes
de los peticionarios en los términos prescritos por la Ley y la Constitución para tal
efecto.13
40.
Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que «si
bien es cierto que el derecho de petición puede ejercerse ante los jueces y en
consecuencia estos se encuentran en la obligación de tramitar y responder las
solicitudes que se les presenten,14 también lo es que “el juez o magistrado que
conduce un proceso judicial está sometido -como también las partes y los
intervinientes- a las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que las
disposiciones legales contempladas para las actuaciones administrativas no son
necesariamente las mismas que debe observar el juez cuando le son presentadas
peticiones relativas a puntos que habrán de ser resueltos en su oportunidad
11
Corte Constitucional, sentencia SU-333 de 2020, reiterada en sentencia T-183 de 2024.
12
Corte Constitucional, sentencia T-183 de 2024.
13
Corte Constitucional, sentencia T-267 de 2017.
14
Corte Constitucional, sentencia T-215A de 2011.
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procesal y con arreglo a las normas propias de cada juicio”.15»16.
41.
Lo anterior, permite inferir que el ejercicio del derecho de petición ante
autoridades judiciales encuentra su limitación en los asuntos respecto de los cuales
se fundamenta el requerimiento de la persona. De manera que, solo es procedente
cuando la solicitud hace referencia a temas de naturaleza administrativa, ajenas al
contenido del litigio e impulsos procesales, los cuales deben ser atendidos por los
jueces de la República bajo las normas generales del derecho de petición que rigen
a la administración y,17 en especial, de la Ley 1755 de 201518.
42.
Contrario ocurre con las peticiones referidas a actuaciones estrictamente
judiciales, que se encuentran reguladas en el procedimiento con el que se rige cada
juicio, cuyo pronunciamiento o decisión se debe sujetar a los términos y etapas
procesales previstos para tal efecto en la normativa definida por el legislador.
43. Así pues, la omisión del funcionario judicial en resolver las peticiones
relacionadas a su actividad jurisdiccional según las formas propias del trámite
procesal configura una violación del debido proceso y del derecho al acceso a la
administración de justicia19. Por otro lado, la omisión de la autoridad jurisdiccional
en resolver las peticiones formuladas en relación con los asuntos administrativos
constituye una vulneración al derecho de petición20.
3.6. Caso concreto
44. En el asunto bajo estudio, la accionante manifestó que desde el 14 de enero de
2025 cuando el expediente de nulidad y restablecimiento el derecho con radicado
núm. 15001-33-33-009-2024-00002-01 ingresó al despacho para tramitar y proferir
sentencia de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Boyacá no ha resuelto
lo correspondiente.
45.Adicionalmente, indicó que la autoridad judicial accionada no se ha pronunciado
sobre los requerimientos que efectuó el 9 de junio y el 1 de agosto de 2025.
46. Revisados los documentos aportados al expediente de tutela, se observa que
el Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del referido proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, realizó las siguientes actuaciones: i) radicación y
reparto del expediente al despacho 4 de la corporación, i) mediante auto del 17 de
febrero de 2025 admitió el recurso de apelación interpuesto por la señora Andrea
Xiomara Morales González en contra de la sentencia del 19 de noviembre de 2024,
por el Juzgado Noveno Administrativo de Tunja.
15
Corte Constitucional, sentencia T-344 de 1995.
16
Corte Constitucional, sentencia T-398 de 2018.
17
Corte Constitucional, sentencias T-311 de 2013, criterio reiterado en sentencias T-2015A de 2013. T-267 de 2017.
18
«Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».
19
Corte Constitucional, sentencia T-215A de 2011, criterio reiterado en sentencias T-377 de 2000, T-178 de 2000 y C-951 de
2014.
20
Corte Constitucional, sentencia T-215A de 2011, criterio reiterado en sentencia T-267 de 2017.
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47. También, se encuentra acreditado que, el expediente pasó al despacho para
fallo el 21 de marzo de 2025. Posteriormente, se registró un cambio de ponente, el
25 de marzo de 2025. Más adelante, la señora Andrea Xiomara Morales González
radicó solicitudes de impulso procesal, el 9 de junio y el 1 de agosto de 2025.
48. Así pues, se encuentra acreditado que el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho ingresó para proferir sentencia, el 21 de marzo de
2025 y desde entonces, el despacho 4 del Tribunal Administrativo de Boyacá no ha
proferido decisión definitiva, pese a las solicitudes de impulso procesal, por lo que
la Sala encuentra probada la mora judicial.
49.
Ahora, para establecer si dicha mora es injustificada y, por tanto, vulnera
derechos fundamentales de la accionante, es preciso tener en cuenta las siguientes
circunstancias que puso en conocimiento, con la contestación de tutela, el
magistrado del despacho 4 del Tribunal Administrativo de Boyacá:
• Expuso que desde que asumió la dirección del despacho 4 del Tribunal
Administrativo de Boyacá recibió la mayor carga laboral de los demás despachos
de la corporación.
• Explicó que según reporte de estadística de movimientos de procesos del
año 2025 (enero a septiembre), el despacho 4 del Tribunal Administrativo de
Boyacá cuenta con un inventario de 595 expedientes.
• Entre los meses de enero a septiembre de 2025 se han reportado 493
expedientes como ingresos efectivos al despacho accionado y 217 procesos
como egresos21.
• Se han implementado planes de acción con el equipo de trabajo con el fin de
enfrentar la alta cargade trabajo. Tales medidas han estado relacionadas con
solicitudes a la Presidencia de la corporación concernientes a la creación de un
nuevo despacho de magistrado y de empleados adicionales que apoyen
labores.
• Los procesos a cargo del despacho se han tramitado de acuerdo con la fecha
de ingreso del expediente al despacho para la correspondiente actuación. Así
pues, para fines de dictar sentencia de única, primera y segunda instancia se
sigue el turno de los procesos del año 2023.
50. Verificado lo anterior, es claro que, aunque existe mora judicial en el proceso de
la referencia, lo cierto es que existen circunstancias que la justifican. En ese orden,
es preciso destacar que, el despacho 4 del Tribunal Administrativo de Boyacá a lo
largo del año 2025 ha recibido por reparto una mayor carga de expedientes por
parte de la oficina judicial, en asuntos ordinarios y acciones constitucionales en
comparación con los demás despachos de la corporación.
21
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/1513685/203826817/Tribunal+y+Juzgado+Administrativos+Enero+-
+Septiembre++2025.pdf/c356de0f-5b6b-387d-4507-f30054aaf0d1?t=1762302902812
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51. Además, el escaso personal con el que cuentan los despachos del Tribunal
Administrativo de Boyacá no es suficiente para atender y evacuar con mayor
celeridad los expedientes a su cargo, por lo que se ha solicitado ampliar la planta
de personal o crear un nuevo despacho de magistrado para sustanciar y fallar los
procesos asignados por reparto.
52. Esto, sin contar con las acciones constitucionales de tutela que exigen ser
gestionadas de manera prioritaria, lo que implica un trabajo constante en relación
con el flujo permanente de ingresos y egresos por parte del despacho accionado.
53.
Por último, es preciso destacar, por un lado, que el 21 de marzo de 2025 el
expediente objeto de controversia pasó al despacho para proferir sentencia de
segunda instancia, por lo que en atención a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley
446 de 1998 deberá respetar el turno que se le asigne para emitir la decisión
definitiva que en derecho corresponda, en aras de garantizar y respetar el derecho
a la igualdad de los demás asuntos que le preceden.
54. En los términos expuestos, no se advierte dilaciones injustificadas en el trámite
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 15001-33-
33-009-2024-00002-01 de parte del despacho 4 del Tribunal Administrativo de
Boyacá.
55. Finalmente, se debe indicar que no se observa una vulneración del derecho a
la información, pues los requerimientos mencionados por la parte actora hacen
referencia a una actuación estrictamente judicial, cuyo proceder se encuentra
establecido en la normativa que regula el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, por lo que debía sujetarse a los términos y etapas procesales respectivas
y no a las reglas generales del derecho de petición que rigen la administración.
3. Conclusión
56. En la medida en que el despacho 4 del Tribunal Administrativo de Boyacá no
incurrió en una mora judicial injustificada, y, por lo tanto, no vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte tutelante, la Sala negará la solicitud de
amparo.
4. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla
Primero: Negar el amparo de tutela solicitado por la señora Andrea Xiomara
Morales González en contra del despacho 4 del Tribunal Administrativo de Boyacá,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00406-00 (567)
Accionante: Andrea Xiomara Morales González
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
11
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