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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02535-00

Fecha
4 de mayo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02535-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

4 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02535-00 (3884)
Accionante: Diana Cristina Pedroza Cubillos
Accionados: Tribunal Administrativo de Arauca y Ministerio de Defensa
Nacional

Tema: tutela por vulneración de los derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia y al debido proceso. Subtema 1: mora judicial. Subtema
2: cesión de derechos litigiosos.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por la señora Diana Cristina Pedroza Cubillos
contra el Tribunal Administrativo de Arauca y el Ministerio de Defensa Nacional.

1. Síntesis del caso

La señora Diana Cristina Pedroza Cubillos presentó solicitud de tutela el 6 de abril
de 20261 con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Arauca y el Ministerio de Defensa Nacional. El primero,
por no proferir sentencia en segunda instancia en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado al núm. 81001-33-33-001-2018-00191-01 y
no resolver lo relativo a la cesión de derechos litigiosos; y, el segundo, porque se
negó a reconocer esa cesión en el Oficio núm. RS20250625128884 el 25 de junio
de 2025, como consecuencia de que el Tribunal no ha proferido la aludida
providencia.

1 Samai, índice 2, 4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02535-00 (3884)
Accionante: Diana Cristina Pedroza Cubillos
Accionados: Tribunal Administrativo de Arauca y Ministerio de Defensa Nacional

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes al
trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. La señora María del Pilar Chinome, por conducto de apoderado judicial,
presentó demanda en ejercicio el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el Ministerio de Defensa Nacional, con el objeto de reclamar la
pensión de sobrevivientes de la que era beneficiaria en su condición de madre del
soldado voluntario Wilson Hernando Chinome.

3. El asunto le correspondió conocerlo al Juzgado Primero Administrativo de
Arauca que, en providencia del 17 de julio de 2018, admitió la demanda. El 13 de
diciembre de 2019 llevó a cabo audiencia inicial en la que se propuso la excepción
de pleito pendiente con ocasión de que la actora había promovido un proceso con
iguales pretensiones ante el Juzgado Segundo Administrativo de Arauca, radicado
al núm. 2018-000278, y otro ante un juzgado administrativo del circuito de Florencia
(Caquetá). Por tanto, la citada diligencia se suspendió y se reanudó el 29 de julio de
2021.

4. En esta última oportunidad, luego de surtidas las etapas correspondientes, el
Juzgado anunció el sentido del fallo de primera instancia. Accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda y consideró que a la demandante le asistía el
derecho a beneficiarse de la pensión de sobrevivientes en los términos previstos en
el Decreto 1211 de 1990 y en las reglas fijadas en la sentencia de unificación dictada
por el Consejo de Estado el 4 de octubre de 2018.

5. Por ende, tuvo por acreditado que el señor Wilson Hernando Chinome falleció
como consecuencia de la acción directa del enemigo por realizar actos de
mantenimiento y restablecimiento del orden público el 13 de diciembre de 1998 y
que la señora María del Pilar Chinome, en su condición de progenitora del causante,
era la única beneficiaria. En consecuencia, de conformidad con el literal d) del
artículo 189 y el literal d) del artículo 185 del Decreto 1211 de 1990, vigentes para
el momento del deceso, la actora tenía derecho a obtener el reconocimiento de la
prestación pensional pretendida. El texto completo de la providencia se les notificó
a las partes electrónicamente el 30 de julio de 2021.

6. Inconformes con esta decisión, ambos extremos procesales interpusieron
recurso de apelación. La demandante el 8 de agosto de 2021 y, la demandada, el
11 de agosto de 2021. En este escenario, el Juzgado Primero Administrativo de
Arauca dictó proveído el 20 de mayo de 2022, en el que resolvió no citar a audiencia
de conciliación, por advertir el incumplimiento de los requisitos previstos en el
artículo 247.2 del CPACA y concedió los recursos de apelación. Le envió al Tribunal
el expediente el 9 de junio de 2022.

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Accionante: Diana Cristina Pedroza Cubillos
Accionados: Tribunal Administrativo de Arauca y Ministerio de Defensa Nacional

7. La magistrada sustanciadora del Tribunal Administrativo de Arauca admitió
los recursos de apelación contra la sentencia de primera instancia en auto del 27 de
abril de 2023. La parte demandante radicó solicitud de impulso procesal que el
Tribunal atendió el 5 de marzo de 2025, y le puso de presente que el expediente se
encontraba en el turno 90 e ingresó al despacho el 16 de mayo de 2023. Además,
sostuvo que los jueces están en la obligación de proferir las sentencias en el orden
en el que los respectivos procesos ingresan al despacho para fallo, sin que pueda
alterarse ese mandato2.

8. Por su parte, la señora Diana Cristina Pedroza Cubillos, por conducto de
apoderado judicial, allegó memorial de cesión de derechos litigiosos en virtud del
cual le pidió al Tribunal impartirle aprobación. Al efecto, solicitó que para todos los
efectos legales se le tuviera como cesionaria de los derechos reconocidos al interior
de este trámite, que se le reconociera personería a su apoderado para actuar en su
representación y que se profiriera sentencia de segunda instancia3. La citada
cesionaria allegó solicitud de impulso procesal, en la que insistió en sus peticiones
y pidió que se le informara la fecha en la que se proferiría sentencia de segunda
instancia4.

9. Con ocasión a esto, el Tribunal expidió el Oficio núm. OFD01TAA006 del 16
de abril de 2026, enviado por medios electrónicos, en el que les comunicó a las
señoras María del Pilar Chinome y Diana Cristina Pedroza Cubillos que el proyecto
de sentencia en segunda instancia sería estudiado en Sala ordinaria del 24 de abril
de 2026 y que, en dicha providencia, además de atender los cuestionamientos de
la alzada, resolvería lo relativo a la cesión de derechos litigiosos de la demandante.
Por tanto, invitó a las partes a consultar las actuaciones surtidas en el Sistema de
Gestión Judicial, Samai.

10. Finalmente, de conformidad con lo anterior, el 21 de abril de 2026 se registró
en el Sistema de Gestión Judicial, Samai proyecto de sentencia para Sala ordinaria
del 24 de abril de 20265.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

11. La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

1) La presunción de veracidad a los relatos de la presente tutela;
2) Se requiera a los accionados:
➢ Ministerio de Defensa se pronuncien sobre la tutela y en especial sobre la
legalidad de no aceptar la cesión de derechos litigiosos, a pesar de no ser
procedente la manifestación vertida en el oficio NO. RS20250625128884 del 25 de
junio de 2025;

2 Samai, exp. 81001333300120180019101, índice 14.
3 Samai, exp. 81001333300120180019101, índice 16.
4 Samai, exp. 81001333300120180019101, índice 18.
5 Samai, exp. 81001333300120180019101, índice 21.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02535-00 (3884)
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Accionados: Tribunal Administrativo de Arauca y Ministerio de Defensa Nacional

➢ Al Tribunal de Arauca informe por qué no ha resuelto las solicitudes de cesión de
derechos de crédito y/o litigiosos, y de fondo porqué se ha pretermitido desde
octubre de 2024 el turno para emitir el fallo de 2da Instancia a lugar dentro del
radicado 81001333300120180019101 como fuera informado al Consejo de Estado;
3) Se amparen mis derechos fundamentales acceso a la justicia al debido proceso
y solicitud de parte como cesionaria de los derechos de crédito y/o litigiosos cuyos
contratos fueron allegados ante el Ministerio de Defensa Nacional y en el expediente
radicado 81001333300120180019101 del Tribunal Administrativo de Arauca;
4) Se profiera fallo de tutela que proteja mis derechos fundamentales invocados, y:
✓ Se tenga al Ministerio de Defensa por notificado de la cesión de los derechos de
crédito y/o litigiosos suscritos entre María del Pilar Chinome y la suscrita DIANA
CRISTINA PEDROZA CUBILLOS para todos los efectos legales sin esperar a que
se profiera fallo de 2da Instancia en el expediente radicado
81001333300120180019101, y;
✓ Se requiera al Tribunal Administrativo de Arauca emitir en un término prudencial
de 3 meses o antes el fallo de Segunda instancia incluyendo las cesiones de
derechos en el expediente radicado 81001333300120180019101, atendiendo que
había informado al Consejo de Estado que emitiría fallo en octubre de 2024, sin que
hubiera sido cierto;

12.
Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que el 12
de julio de 2024 suscribió con la señora María del Pilar Chinome contrato de cesión
de los derechos de crédito por el retroactivo pensional reconocido entre el 10 de
diciembre de 2009 y el 24 de octubre de 2021, con ocasión del fallo de primera
instancia proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Arauca el 29 de julio
de 2021. Precisó que radicó estos documentos ante el Ministerio de Defensa
Nacional y ante el Tribunal, frente al primero para surtir la notificación de la cesión;
y, frente al segundo, para que la reconociera como cesionaria.

13. Igualmente, puso de presente que, la señora María del Pilar Chinome radicó
acción de tutela ante el Consejo de Estado6, autoridad que profirió sentencia el 1.°
de agosto de 2024, en la que negó la protección reclamada, porque a partir del
contenido de la información allegada por el Tribunal Administrativo de Arauca, el
expediente núm. 81001-33-33-001-2018-00191-01 estaba al despacho para dictar
sentencia y se habría programado llevar a Sala el proyecto de fallo en octubre de
2024. En este contexto, comoquiera que no se dictó sentencia en el plazo previsto,
suscribió nuevamente cesión de derechos litigiosos con la señora María del Pilar
Chinome, y la radicó ante el Ministerio de Defensa Nacional y el Tribunal
Administrativo de Arauca con las finalidades previamente identificadas.

14. Por ende, aunque le notificó en debida forma la cesión de los derechos
litigiosos, el Ministerio de Defensa Nacional profirió el Oficio núm.
RS20250625128884 el 25 de junio de 2025 en el que se negó a reconocerla, en
atención a que el Tribunal no había proferido sentencia de segunda instancia. Con
esta actuación se contrariaron los artículos 1960 y subsiguientes del Código Civil y
los precedentes del Consejo de Estado en materia de cesiones, que han precisado
que la entidad no está llamada a pronunciarse sobre la aceptación, legalidad o

6 Radicada al consecutivo núm. 11001031500020240370900.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02535-00 (3884)
Accionante: Diana Cristina Pedroza Cubillos
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conveniencia del contrato de cesión, pues su intervención está limitada a las
repercusiones judiciales del acto.

15. Así las cosas, el Ministerio de Defensa Nacional ha mantenido su posición
con sustento en la ausencia de decisión de fondo por parte del Tribunal, de suerte
que se advierte que este último no ha emitido pronunciamiento frente a las cesiones,
a pesar de que la primera solicitud se radicó desde julio de 2024 y la segunda en
junio de 2025. Tampoco ha atendido los impulsos procesales presentados en el
trámite ordinario. En otras palabras, pese a contar con el respaldo de una sentencia
de unificación que soportó la decisión judicial de primera instancia, el Tribunal, a la
fecha, no ha proferido decisión, de ahí que tampoco ha definido lo relativo a las
cesiones.

16.
Destacó que la señora María del Pilar Chinome goza de un avanzado estado
de edad y patologías que en la actualidad la tienen en la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) en Duitama. Por consiguiente, el hecho de que se perpetúe la
decisión del Ministerio de Defensa Nacional de no aceptar la cesión de los derechos
litigiosos, sumado al silencio del Tribunal frente a la resolución de fondo del asunto,
le causa a la accionante un perjuicio, en tanto se pone en riesgo la suma de dinero
invertida en las cesiones, con lo cual se violan sus derechos fundamentales7.

2.3. Trámite procesal

17. El despacho ponente, mediante auto del 10 de abril de 20268, admitió la
solicitud presentada por la accionante contra el Tribunal Administrativo de Arauca y
el Ministerio de Defensa Nacional; vinculó al presente trámite, como terceros con
interés, al Juzgado Primero Administrativo de Arauca, al Grupo de Prestaciones
Sociales del Ministerio de Defensa Nacional (DIVRI), al Ejército Nacional y a la
señora María del Pilar Chinome. Requirió al Juzgado y al Tribunal para que
remitieran, en medio digital, el expediente del proceso ordinario; tuvo como pruebas
las aportadas con la demanda de tutela; y le ordenó a la Secretaría adoptar las
medidas necesarias para corregir el nombre de la parte actora en Samai.

2.4. Intervenciones

18. El Juzgado remitió enlace de acceso al expediente ordinario9 y el titular rindió
informe en el que puso de presente que carecía de legitimación en la causa por
pasiva, en tanto el asunto ordinario radicado al núm. 81001-33-33-001-2018-00191-
01 no se tramitaba en esa sede porque fue remitido al Tribunal Administrativo de
Arauca, desde el año 2022, para surtir el recurso de apelación. Además, precisó
que no ha recibido solicitud presentada por la actora que deba ser resuelta10.

19. Por su parte, el coordinador del Grupo de Prestaciones Sociales del
Ministerio de Defensa Nacional advirtió que, consultado el sistema de información

7 Samai, índice 2, 4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2.
8 Samai, índice 4.
9 Samai, índice 12.
10 Samai, índice 17, 18_MemorialWeb_Otro-04InformeDelJuzgado(.pdf) NroActua 17.

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de la dependencia, no se advertía que la accionante hubiera radicado petición. En
ese sentido, informó que el Grupo de Reconocimiento de Obligaciones Litigiosas
era la dependencia encargada de realizar el trámite de cumplimiento de las
sentencias. Por tanto, era quien debía dar respuesta a la presente solicitud, por lo
cual se le remitió copia del escrito de tutela y de sus anexos. Pidió la desvinculación
de la solicitud de amparo, al no existir omisión o vulneración de los derechos11.

20.
El abogado William Cañón Velandia contestó la acción de tutela en nombre
de la señora María del Pilar Chinome y coadyuvó las pretensiones de amparo. Con
posterioridad, complementó su escrito, pidió mantener suspendidos los términos de
la presente acción hasta finales de abril de 2026, con el fin de tener certeza de si el
Tribunal cumpliría o no con la expedición del fallo y la notificación de la decisión, y
solicitó emitir pronunciamiento de unificación, de ser procedente, sobre la cesión de
derechos litigiosos12. Sin embargo, aunque fungió como apoderado en el asunto
ordinario, no aportó poder especial que lo habilitara para ejercer la representación
de la accionante en esta sede constitucional13.

21. La magistrada sustanciadora del Tribunal Administrativo de Arauca indicó
que surtido el trámite de la segunda instancia el proceso estaba al despacho para
dictar sentencia, en la cual correspondía no solo dar respuesta al problema jurídico
planteado sino resolver lo relativo a la cesión de derechos litigiosos de la accionante.
En ese sentido, precisó que el proceso sería estudiado en sesión ordinaria, por la
Sala, el 24 de abril de 2026, situación que fue puesta en conocimiento de la parte
actora; al efecto, expresó que remitiría el registro en Samai del proyecto de
sentencia una vez se efectuara, y que con esto atendería de manera integral el
derecho fundamental de la accionante14.

22. Luego, el 21 de abril de 2026, puso en conocimiento que se efectuó anotación
del proyecto de sentencia de segunda instancia en el proceso ordinario, el cual se
estudiaría el Sala del 24 de abril de 202615.

23.
La coordinadora del Grupo de Reconocimiento de Obligaciones Litigiosas de
la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional también
intervino en este asunto en ejercicio de sus derechos y puso de presente que la
notificación de la cesión de derechos no se respaldó en una sentencia definitiva
ejecutoriada, en tanto el asunto estaba pendiente de ser definido por el Tribunal
Administrativo de Arauca. En virtud de ello, no existía una condena que le impusiera
al Ministerio de Defensa una obligación clara, expresa y exigible que pudiera ser
cedida; por ende, carecía de competencia para llevar a cabo cualquier actuación
administrativa tendiente al reconocimiento, el registro o la validación de cesiones
frente a derechos que aún no están en firme.

11
Samai, índice 15.
12
Samai, índice 20.
13 Samai, índice 18. El citado abogado actuó como apoderado de la señora María del Pilar Chinome conforme

al poder que obra en el trámite ordinario, que la referida le otorgó al señor William Cañón Velandia para que en
su nombre y representación instaurara demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.
14 Samai, índice 19, 24RECIBEMEMORIAL_AC2026002535InformeT(.pdf) NroActua 19.
15 Samai, índice 21.

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24. En consecuencia, consideró que lo procedente era que los contratos de
cesión de derechos litigiosos se radicaran ante el juzgado natural que conocía del
asunto, en este caso el Juzgado Primero Administrativo de Arauca, para que
determinara los efectos puntuales dentro del proceso. Agregó que la acción de tutela
era improcedente por no acreditarse la configuración de un perjuicio irremediable,
en tanto la entidad ha actuado amparada en sus competencias y no existía respaldo
jurídico que la obligara a notificar, aceptar o estudiar contratos de cesión de
derechos litigiosos ante la ausencia de una condena en firme, pues hacerlo
conllevaría a desconocer la legalidad del gasto público.

25. En su criterio, en el presente asunto, operó la figura denominada carencia de
objeto por hecho superado y pidió declarar que no existió vulneración, por ende,
procedía negar las pretensiones de la demanda16. Finalmente, el Ejército Nacional
no presentó contestación pese a que se le notificó en debida forma el auto admisorio
proferido al interior de este trámite17.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

26. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y
el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por la señora Diana Cristina Pedroza
Cubillos en contra del Tribunal Administrativo de Arauca y el Ministerio de Defensa
Nacional.

3.2. Legitimación en la causa

27. La legitimación en la causa por activa de la señora Diana Cristina Pedroza
Cubillos está acreditada, porque según el contrato de cesión de derechos litigiosos
que obra en el expediente, suscrito el 8 de mayo de 202518, esta actúa en calidad
de compradora cesionaria del 100% de los derechos litigiosos generados en el
proceso tramitado bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado al núm. 81001-33-33-001-2018-00191-01, correspondientes al retroactivo
pensional generado del período del 10 de diciembre de 2009 al 24 de octubre de
2021, inclusive «de los demás derechos económicos derivados por ley en caso que
se mantenga dicho reconocimiento en fallo de segunda instancia».

28. En consecuencia, con ocasión a la literalidad del referido contrato, en el cual
se pactó que a partir de la fecha de suscripción la cesionaria quedaría autorizada
para realizar los trámites necesarios ante el Ministerio de Defensa Nacional o ante
los jueces para obtener la aceptación de la cesión y el reconocimiento de su calidad,
la señora Diana Cristina Pedroza Cubillos, por conducto de apoderado judicial,

16 Samai, índice 22, 30_MemorialWeb_Alegatos-RS20260421087134(.pdf) NroActua 22.
17 Samai, índice 16, Acuse Entregados Recibo Notificación/Comunicación 2026-04-16T10:25:54.214 (.zip)
NroActua 16.
18 Mediante el cual se dejó sin efectos el contrato de cesión suscrito el 12 de julio de 2024.

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acudió ante el Tribunal Administrativo de Arauca para pedirle de manera expresa
que la tuviera como cesionaria de los derechos reconocidos al interior de este
trámite, y que se profiriera sentencia de segunda instancia.

29. En razón de lo anterior, el Tribunal Administrativo de Arauca expidió el Oficio
núm. OFD01TAA006 del 16 de abril de 2026, en el que reconoció que la señora
Diana Cristina Pedroza Cubillos era sujeto activo en el proceso. Por consiguiente,
está demostrada la legitimación de esta última para acudir en sede tutela en tanto
pretende la protección derivada de la mora frente a la definición del asunto relativo
a la cesión de sus derechos litigiosos, aspecto que le repercute directamente.

30. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Arauca por cuanto es la autoridad que tiene a su cargo resolver el
asunto en segunda instancia en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Al respecto, cabe precisar que aunque se admitió este
asunto constitucional en contra del Ministerio de Defensa, lo cierto es que este más
que un accionado es un interesado, porque los cargos de la tutela se subsumen en
la mora judicial en que incurrió el Tribunal Administrativo de Arauca, ya que en la
sentencia de segunda instancia este definirá lo relativo a la cesión de los derechos
litigiosos.

31. Dicho en otras palabras, pese a que la accionante mencionó que le notificó
en debida forma la cesión de derechos litigiosos al Ministerio de Defensa Nacional
y que esta entidad emitió el Oficio núm. RS20250625128884 del 25 de junio de 2025
en el que se negó a reconocerla, esto lo fundamentó en que el Tribunal no ha dictado
sentencia. Por ende, más que cuestionar en este asunto lo relativo a la actuación
administrativa impartida por la citada cartera ministerial frente a una supuesta
notificación, en punto a la cual, el Ministerio indica que no surte efectos hasta que
no haya un fallo ejecutoriado, se discute la demora del Tribunal la cual repercute en
la definición de la cesión de los derechos litigiosos.

32.
Así las cosas, comoquiera que el asunto está pendiente de ser resuelto en
sede judicial, y, en virtud de que en aplicación del artículo 68 del CGP19 el adquirente
del derecho litigioso intervendrá en el proceso, será en dicho escenario en la que
se evalúe la validez de la cesión en el marco del reconocimiento de los derechos.
Por tanto, no es de la órbita del juez constitucional de tutela entrar a definir lo relativo
a la notificación al deudor sin esperar el resultado del proceso, de ahí que la tutela
se enfocará exclusivamente en la violación de los derechos por parte del Tribunal.

33. Igualmente, debe advertirse que, aunque el Juzgado alegó que carecía de
legitimación en la causa por pasiva, este requisito no se predica de esta autoridad
en tanto intervino en este asunto como tercero interesado. Lo mismo ocurre con el
Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, que se vinculó
a este proceso en condición de tercero con interés y solicitó su desvinculación. Por

19 «El adquirente a cualquier título de la cosa o del derecho litigioso podrá intervenir como litisconsorte del

anterior titular. También podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente».

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tanto, se negará de manera expresa esta solicitud en la parte resolutiva de la
decisión, porque esta no procede por la ausencia de vulneración de los derechos.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

34. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por
la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala
la ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez20.

35. El primero exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que busque evitar un perjuicio irremediable21; y el segundo consiste
en que se acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de
lo contrario, «[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda
en entredicho […]»22.

3.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

36. En el presente asunto, el presupuesto de subsidiariedad se encuentra
satisfecho, dado que la parte actora no cuenta con otro mecanismo de defensa
judicial para discutir la vulneración de sus derechos fundamentales, ante la
inactividad por parte de la autoridad accionada.

37. Ahora bien, la Sala tendrá por cumplido el requisito de inmediatez, dado que
la parte accionada no ha proferido sentencia de segunda instancia dentro del
proceso con radicado al núm. 81001-33-33-001-2018-00191-01, y, por ende, no se
ha pronunciado sobre la cesión de los derechos litigiosos. En consecuencia, se tiene
que la mora judicial alegada es una vulneración que continúa en el tiempo23.

3.5. Problema jurídico

38. ¿El Tribunal Administrativo de Arauca incurrió en mora judicial injustificada
y vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de la accionante, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado al núm. 81001-33-33-001-2018-00191-01,
por no haber proferido sentencia de segunda instancia ni definido lo relativo a la
cesión de los derechos litigiosos?

20
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
21
Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
22 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, reiterada en sentencia SU-084 de 2019.
23 Corte Constitucional, sentencia T-032 de 2023.

«La Corte Constitucional ha señalado que en aquellos casos en los que se demuestre que la vulneración del
derecho es permanente en el tiempo y el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, pero la situación es continua y actual, el principio de inmediatez en la interposición de
la tutela no es exigible de manera estricta».

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02535-00 (3884)
Accionante: Diana Cristina Pedroza Cubillos
Accionados: Tribunal Administrativo de Arauca y Ministerio de Defensa Nacional

3.5.1. La acción de tutela en casos de mora judicial

39. La Corte Constitucional ha dispuesto en su jurisprudencia que el debido
proceso es una garantía para obtener una decisión de fondo, sin dilaciones
injustificadas y dentro de plazos razonables, esto conforme con lo dispuesto en la
Ley 1957 de 2019 que estableció la eficacia, eficiencia, celeridad y economía
procesal en las actuaciones de la jurisdicción. La mora judicial se configura en los
siguientes escenarios:

4.9. A partir de la lectura del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, y el artículo 29 constitucional, puntualmente del enunciado que señala que
toda persona tiene derecho “a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas”
la Corte ha reconocido que la mora judicial se debe a dos motivos: (i) por un lado el
capricho, arbitrariedad o falta de diligencia de los funcionarios judiciales encargados
de adoptar las providencias, o (ii) por la sobrecarga de trabajo que afrontan los jueces
de la República, la que a la postre produce un represamiento de procesos que impide
que los mismos se fallen conforme a los códigos adjetivos. A partir de la anterior
consideración, este Tribunal ha distinguido entre la mora judicial justificada (producida
por sobrecarga y congestión judicial) y la injustificada (causada por la arbitrariedad) 24.

40. De acuerdo con lo anterior, para que se configure la mora judicial y pueda
estudiarse en las acciones de tutela, es prerrequisito haber sido diligente dentro del
proceso ordinario y demostrar que existe arbitrariedad o falta de diligencia de los
funcionarios judiciales. En ese orden, la Corte Constitucional indicó que no todo
incumplimiento de los términos procesales vulnera derechos fundamentales, por
cuanto dicha vulneración solo es el resultado de la inexistencia de un motivo válido
que justifique la mora.

41. Por último, el alto tribunal expuso que la mora judicial que no es imputable a
la autoridad judicial accionada es aquella que está justificada en las siguientes
razones:

[C]uando “(i) es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se
demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) se constata que
efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que
generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial, o (iii) se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia
en el plazo previsto en la ley”25.

3.6. Caso concreto

42. En el caso puntual la señora Diana Cristina Pedroza Cubillos consideró que
se violaron sus derechos fundamentales porque el Tribunal Administrativo de
Arauca, competente para conocer del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho en segunda instancia, no ha proferido sentencia en la que resuelva

24 Corte Constitucional, sentencia SU-333 de 2020, reiterada en sentencia T-183 de 2024.
25 Corte Constitucional, sentencia T-183 de 2024.

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definitivamente la controversia, de ahí que tampoco se ha pronunciado frente a la
cesión de los derechos litigiosos. En ese escenario, sostuvo que a pesar de que
radicó solicitudes en ese sentido en julio de 2024 y en junio de 2025 e impulsos
procesales al interior del trámite ordinario, el Tribunal a la fecha no ha dictado
decisión de fondo en la controversia.

43. Del contexto expuesto, y una vez revisadas las actuaciones surtidas en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la Sala observa que el
Tribunal Administrativo de Arauca admitió los recursos de apelación interpuestos
contra el fallo de primera instancia en auto del 27 de abril de 2023, y el expediente
ingresó al despacho para fallo el 16 de mayo de 2023. Desde ese momento la parte
demandante ha radicado memoriales de impulso procesal, lo que también hizo la
señora Diana Cristina Pedroza Cubillos, quien presentó memorial de cesión de
derechos litigiosos, frente a lo cual le pidió al Tribunal impartir su aprobación.

44. Al respecto, el Tribunal expidió el Oficio núm. OFD01TAA006 del 16 de abril
de 2026, en el curso de esta acción constitucional, en el cual les comunicó a las
señoras María del Pilar Chinome y Diana Cristina Pedroza Cubillos, mediante correo
electrónico, que el proyecto de sentencia sería estudiado en Sala ordinaria del 24
de abril de 2026, decisión en la cual atendería los cuestionamientos de la alzada y
resolvería lo relativo a la cesión de los derechos litigiosos de la demandante.

45. De lo visto, se tiene que, para el momento de interposición de la demanda de
tutela, el 6 de abril de 2026, y hasta la fecha en la cual se profiere esta sentencia,
el Tribunal no ha dictado sentencia de segunda instancia y, en ese sentido, no se
ha pronunciado sobre la cesión de los derechos litigiosos. Por ende, hay lugar a
considerar que se incurrió en mora judicial.

46. Al efecto, en el caso concreto debe tenerse en cuenta que el Tribunal le
respondió a la parte demandante, el 5 de marzo de 2025, que el expediente se
encontraba en el turno núm. 90 y que los jueces estaban en la obligación de proferir
sus decisiones en el orden en que los procesos ingresaran al despacho para fallo,
sin que esto pudiera alterarse.

47. Además, como se expuso, el Tribunal el 16 de abril de 2026 emitió el Oficio
núm. OFD01TAA006 en el que de manera precisa les informó a las señoras María
del Pilar Chinome y Diana Cristina Pedroza Cubillos que el proyecto de sentencia
en segunda instancia sería estudiado en Sala ordinaria del 24 de abril de 2026. Por
ese motivo, en el Sistema de Gestión Judicial, Samai obra que se registró proyecto
de sentencia el 21 de abril de 2026, para ser llevado a Sala ordinaria del 24 de abril
de 2026.

48. Estas circunstancias son válidas, pero no justifican la mora judicial, porque el
registro de un proyecto no necesariamente garantiza la notificación de la decisión
en un término prudencial, que constituye el objeto de esta tutela. Además, a ello se
agrega que el Tribunal Administrativo de Arauca, al contestar la acción
constitucional, se limitó a referir ese criterio, sin poner de presente otras

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circunstancias relevantes para efectos del examen del asunto, como la carga
laboral, los movimientos de los procesos del despacho, los ingresos efectivos y
egresos y la implementación de planes de acción, factores que han servido para
fundamentar la ausencia de mora judicial injustificada en casos similares26.

49. Por lo tanto, pese a que el Tribunal le respondió a la parte demandante, el 5
de marzo de 2025, que el expediente se encontraba en el turno núm. 90 y que los
jueces estaban en la obligación de proferir sus decisiones en el orden en que los
procesos ingresaran al despacho para fallo, lo cierto es que esto solo tendría
relevancia si el proceso aún se encontrara pendiente de emitir decisión. Sin
embargo, en el presente asunto obra una circunstancia particular de registro que
genera una expectativa a favor de las partes en el proceso y que no puede quedar
indefinida.

50. Lo anterior cobra especial importancia en el caso concreto, dado que se
demostró que la señora María del Pilar Chinome interpuso demanda de tutela en
contra del Tribunal Administrativo del Arauca por la demora en proferir decisión de
segunda instancia. Esta acción constitucional la conoció la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en el radicado núm. 11001-03-15-000-
2024-03709-00, y al interior de este trámite el Tribunal contestó que, verificado el
expediente núm. 81001-33-33-001-2018-00191-01, el proyecto de fallo sería llevado
a Sala en octubre de 2024.

51. Con ocasión de lo anterior, en esa oportunidad el Consejo de Estado negó el
amparo de los derechos fundamentales, porque consideró que el Tribunal tenía
otros procesos en curso y no se advertían razones de prelación. Por tanto, descartó
que el Tribunal hubiera sido negligente en el trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, dado que la tardanza obedeció a circunstancias
propias de la gestión de procesos, lo cual no depende de la voluntad judicial.

52. En este orden de ideas, se tiene que el expediente del proceso ordinario
ingresó al despacho del Tribunal Administrativo de Arauca para dictar sentencia de
segunda instancia el 16 de mayo de 2023. No obstante, de las actuaciones que
obran en el Sistema de Gestión Judicial, Samai no se evidencia el cumplimiento del
registro del proyecto en octubre de 2024. Por oposición, solo obra esa anotación en
el índice 21, de fecha 21 de abril de 2026, con ocasión de la presente acción
constitucional.

53. En consecuencia, es posible advertir que el solo registro en el caso concreto
no desacredita la mora judicial, porque pese a la existencia de una primera tutela
interpuesta por la interesada en este trámite – que no tiene efectos de cosa juzgada
ni de temeridad–, el Tribunal persistió en la tardanza y hasta la fecha no ha expedido
la sentencia de segunda instancia.

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del

23 de febrero de 2026, exp. 11001-03-15-000-2026-00406-00 (567), M.P Elizabeth Becerra Cornejo.

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54. Pues bien, aunque esa primera tutela estudió la supuesta mora judicial hasta
la comunicación del Tribunal, dirigida a proferir fallo en octubre de 2024, lo que hace
que por temporalidad no sea igual a la presente, su trámite sí resulta relevante como
prueba de que persiste una situación de tardanza en contravía de las propias
manifestaciones del Tribunal, quien indicó que proferiría decisión de fondo. De esta
forma, pese a las particulares solicitudes de amparo, se demuestra que la demora
del Tribunal ha perdurado en el tiempo, inclusive, pese a los recientes impulsos
presentados al interior del trámite judicial. Asimismo, comoquiera que la primera
acción de tutela negó los derechos, no es procedente acudir al trámite de
cumplimiento o desacato27.

55. Adicionalmente, la Sala observa que la parte actora en el proceso ordinario
allegó memorial dirigido al Tribunal, el 15 de junio de 2024, en el que informó sobre
la suscripción de un contrato de cesión de derechos litigiosos. En este orden, pidió
impulsar el proceso, expedir el correspondiente fallo de segunda instancia, y aceptar
la aludida crédito. Con posterioridad, la señora Diana Cristina Pedroza Cubillos, el
27 de junio de 2025, remitió poder conferido al apoderado de la demandante y allegó
nuevo contrato de venta de los derechos de crédito.

56. En ese tenor, la Subsección considera que aunque hubo una nueva cesión
de derechos litigiosos, en virtud del contrato celebrado el 8 de mayo de 2025, que
dejó sin efectos el previamente suscrito por las mismas partes el 12 de julio de 2024,
eso no incide en la tardanza del Tribunal. Como resultado, se concluye que el
Tribunal Administrativo de Arauca incurrió en mora judicial injustificada al no haber
proferido sentencia de segunda instancia ni definido lo relativo a la cesión de los
derechos litigiosos al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado al núm. 81001-33-33-001-2018-00191-01.

57. Finalmente, la Sala advierte que el doctor William Cañón Velandia,
apoderado de la señora María del Pilar Chinome en el proceso ordinario, solicitó en
esta acción constitucional que se mantuvieran suspendidos los términos de este
asunto hasta finales de abril de 2026 y que, de ser procedente, se emitiera sentencia
de unificación en punto a la cesión de derechos litigiosos. Sin embargo, este acudió
en este trámite sin aportar el poder especial conferido por la interviniente que lo
habilitaba para pronunciarse, lo que de entrada permite establecer que carece de
legitimación para intervenir en este proceso.

58. Aun al margen de esto, el motivo de la suspensión el interviniente lo dirigió a
que se efectuara un análisis de fondo, que se materializó en esta presente
providencia. En razón a ello, por sustracción de materia, no se requiere un
pronunciamiento expreso sobre el particular.

3. Conclusión

59. En consecuencia, la respuesta al problema jurídico planteado será afirmativa
porque el Tribunal Administrativo de Arauca vulneró los derechos fundamentales al

27 Artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991.

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debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la accionante, al
incurrir en mora judicial injustificada dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 81001-33-33-001-2018-00191-01,
por no haber proferido sentencia de segunda instancia ni definido lo relativo a la
cesión de los derechos litigiosos.

60. En razón a ello, la Sala amparará los derechos fundamentales de la parte
actora y le ordenará al Tribunal Administrativo de Arauca que en un término
perentorio de veinte (20) días, contados a partir de la notificación de esta
providencia, dicte sentencia de segunda instancia en la que resuelva de fondo la
controversia y defina lo relativo a la cesión de los derechos litigiosos, en garantía de
los derechos fundamentales de las partes y los principios de transparencia,
publicidad, eficacia, economía y celeridad que rigen el proceso contencioso-
administrativo28.

4. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla

Primero: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de la accionante, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

Segundo: Ordenar al Tribunal Administrativo de Arauca que, en un término
perentorio de veinte (20) días, contados a partir de la notificación de esta
providencia, dicte sentencia de segunda instancia en la que resuelva de fondo la
controversia y defina lo relativo a la cesión de los derechos litigiosos, en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho radicado al núm. 81001-33-33-001-2018-
00191-01.

Tercero: Negar la solicitud de desvinculación presentada por el coordinador del
Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, de acuerdo con
los motivos consignados en la parte considerativa de esta sentencia.

Cuarto: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Quinto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

28 Artículo 3 del CPACA.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02535-00 (3884)
Accionante: Diana Cristina Pedroza Cubillos
Accionados: Tribunal Administrativo de Arauca y Ministerio de Defensa Nacional

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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