Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00417-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00417-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00417-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00417-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
27 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00417-00
Accionante: ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Tutela contra entidades públicas por derecho de petición no contestado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Antecedentes
1. En nombre propio, Ericsson Ernesto Mena Garzón ejerció acción de tutela contra
la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y
del Derecho, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de
Defensa Nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento
Nacional de Planeación, la Unidad Nacional de Protección, la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Policía Nacional, la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, el Consejo Superior de la Judicatura, la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla,
la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y la
Secretaría del Acuerdo de Escazú - CEPAL. El tutelante se identificó como defensor
ambiental y víctima del conflicto armado.
2. El tutelante invocó un número amplio de hechos como fundamento de la acción
constitucional, y realizó un número plural de peticiones al juez de tutela. Por un lado,
indicó que presentó un derecho de petición el pasado 17 de diciembre de 2025, ante
el Consejo Superior de la Judicatura, y varias de las unidades administrativas que
integran esa autoridad judicial, ante la comisión nacional de Disciplina Judicial, ante
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio del Interior, la Unidad
Nacional de Protección y el Departamento de Planeación Nacional. Como se verá
detalladamente a continuación, el derecho de petición interrogaba a las autoridades
sobre la implementación del Acuerdo de Escazú en la rama judicial y la formación
que se ofrece en temas de justicia ambiental.
3. Una segunda parte de las pretensiones de la solicitud de amparo van dirigidas a
que el juez de tutela ordene que implementen medidas de ciberseguridad para el
tutelante. Otras pretensiones van destinadas a que, el juez constitucional ordene a
autoridades públicas la implementación efectiva del acuerdo de Escazú, y
finalmente, unas peticiones relacionadas con que esta sala ordene suspender el
avance de procesos judiciales que el tutelante ha iniciado ante otras instancias
judiciales.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00417-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
4. Para facilitar la comprensión de los antecedentes, se presentarán las solicitudes
en las siguientes tablas, que distribuye la información en los siguientes criterios: (i)
solicitud concreta, (ii) autoridad ante la que se presentó, y (iii) respuesta o situación
procesal.
Tabla 1. Solicitud de suspensión de actuaciones judiciales
Elemento Descripción
Solicitud en tutela Suspender provisionalmente los términos en aproximadamente 70
procesos judiciales ambientales promovidos por el actor, hasta
que se adopten medidas de protección personal, procesal y de
ciberseguridad.
Autoridad ante la Juez constitucional (Consejo de Estado – Sección Tercera,
que se formula Subsección A).
Fundamento Riesgos de seguridad personal y ciberseguridad derivados de su
fáctico alegado actividad como defensor ambiental.
Situación No se aportaron elementos probatorios sumarios sobre amenazas
probatoria concretas o incidentes que afecten directamente los procesos
judiciales referidos.
Actuación previa No se acreditó que tales solicitudes hubieran sido presentadas
ante jueces previamente ante los despachos judiciales que conocen los
naturales procesos respectivos.
Table 2. Derecho de petición del 17 de diciembre de 2025
Solicitud (tema) Autoridad Respuesta reportada en el
destinataria expediente
Hojas de vida de Consejo Superior de Indicó que no tiene custodia
magistrados y jueces; la Judicatura (CSJ) centralizada; remitió por competencia
soportes académicos a dependencias correspondientes.
Sistema de formación CSJ – Escuela Respondió con informe técnico y
en justicia ambiental; Judicial Rodrigo anexo estadístico; el actor considera
estadísticas y cobertura Lara Bonilla que fue incompleta en aspectos de
evaluación y validación.
Inventario de peritos en Unidad de Registro Remitió listado de peritos y normativa
ciencias ambientales Nacional de aplicable; no consolidó estadísticas
Abogados y solicitadas.
Auxiliares de la
Justicia
Implementación del CSJ / Ministerio de CSJ informó actividades formativas;
Acuerdo de Escazú en Ambiente Ministerio de Ambiente indicó límites
la Rama Judicial de competencia y ausencia de
protocolos específicos.
Recursos CSJ / Ministerio de CSJ indicó que no existe partida
presupuestales e Ambiente / DNP exclusiva; MinAmbiente explicó que
infraestructura para no contrata peritajes directos; DNP
justicia ambiental afirmó no encontrar registro de la
petición en su sistema.
Régimen disciplinario y Comisión Nacional Respondió fuera del término legal y de
estadísticas sobre de Disciplina manera parcial; omitió
idoneidad ambiental Judicial (CNDJ) pronunciamiento explícito sobre
varios ítems estadísticos.
Medidas de protección Unidad Nacional de UNP solicitó ampliación de término;
para defensores Protección (UNP) / no consta respuesta final de fondo.
ambientales en litigios Ministerio del Ministerio del Interior no acreditó
Interior respuesta en el expediente.
Mecanismos de CSJ Respuesta genérica sobre
participación y mecanismos de evaluación; no detalló
transparencia instrumentos específicos.
Coordinación CSJ / Ministerio de MinAmbiente indicó inexistencia de
interinstitucional para Ambiente instancia permanente; CSJ no se
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00417-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
implementación de pronunció de forma expresa sobre
Escazú coordinación estructural.
Tabla 3. Solicitud de medidas de seguridad física y digital para el tutelante y su familia
(no identificó quiénes integran su familia)
Elemento Descripción
Solicitud en tutela Ordenar al CERREM, Ministerio del Interior y UNP realizar estudio
integral de riesgo; designar enlaces de seguridad en procesos
judiciales; implementar protocolos de ciberseguridad y copias
físicas de expedientes.
Autoridad ante la Juez constitucional.
que se formula
Actuación previa Según informe de la UNP, el actor no había solicitado estudio
ante UNP individual de riesgo al momento de la tutela.
Prueba aportada No se allegaron pruebas sumarias de amenazas concretas
actuales; la UARIV confirmó inclusión del actor en el Registro Único
de Víctimas.
Situación El actor afirma riesgo vital y digital; las entidades sostienen que no
controvertida existe solicitud formal previa ni acreditación de amenaza
específica.
Tabla 4. Pretensiones orientadas a la implementación del Acuerdo de Escazú
Solicitud estructural Autoridad Respuesta o posición
ante la que se institucional
dirige
Convocar la Comisión Intersectorial Presidencia de Presidencia alegó falta de
para la Implementación del Acuerdo la República legitimación por pasiva e
de Escazú (CIESCAZÚ) con incongruencia entre derecho de
participación obligatoria de la Rama petición y pretensiones de
Judicial tutela.
Diseñar e implementar programa CSJ Informó existencia de
obligatorio de formación judicial en programas de formación, pero
Escazú no aceptó omisión estructural.
Crear fondo especial para peritos Ministerio de Entidades señalaron límites
ambientales y asignación Ambiente / CSJ competenciales y ausencia de
presupuestal específica / DNP rubro presupuestal específico.
Presentar Plan Integral de CSJ No consta adopción de plan
Ciberseguridad para expedientes de específico; la entidad defendió
defensores ambientales el sistema general de gestión
documental.
5. En este contexto, la Sala reseña que el actor indicó que había presentado un
derecho de petición el 17 de diciembre de 2025, dirigido al Consejo Superior de la
Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia,
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Justicia y del
Derecho, el Departamento Nacional de Planeación, el CERREM y el Ministerio del
Interior, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Unidad Nacional
de Protección, la Unidad para la Atención y Reparación integral a las víctimas y la
Policía Nacional.
6. El derecho de petición se organiza en diez ejes temáticos. En cada eje el tutelante
indica a qué autoridad pública van dirigidos los interrogantes y las precisiones de la
información que requiere. Con el fin de precisar el contenido de cada petición y a
qué autoridad va dirigida a continuación se precisa el contenido de esos diez ejes
temáticos.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00417-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
7. En ejercicio del derecho de petición, el tutelante pidió al Consejo Superior de la
Judicatura: (i) información sobre hojas de vida de funcionarios judiciales, en
particular “solicito la entrega directa, en formato digital editable, de las hojas de vida
completa y soportes académicos de los siguientes magistrados: magistrados del
Consejo de Estado, magistrados de los tribunales administrativos, jueces
administrativos. Igualmente solicito información detallada y desglosada sobre el
sistema de formación en justicia ambiental para funcionarios judiciales. Requiero
número total de funcionarios judiciales capacitados en derecho ambiental,
porcentaje de cobertura por departamento y distrito, número de funcionarios sin
formación en temas ambientales por región”1.
8. Al Consejo Superior de la Judicatura solicitó inventario de peritos en ciencias
ambientales. Información sobre la implementación efectiva del acuerdo regional
sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos
ambientales (Acuerdo de Escazú), precisando planes estratégicos, formación
judicial en Escazú, protocolos operativos de aplicación, estadísticas de
implementación, si se han producido mesas de trabajo interinstitucional,
presupuestos y recursos asignados, presupuesto específico para justicia ambiental,
infraestructura tecnológica, recursos humanos especializados, apoyo técnico
científico, infraestructura física, mecanismos disciplinarios en justicia ambiental,
medidas de protección para defensores ambientales en litigios judiciales, medidas
de participación ciudadana y transparencia, medidas de coordinación existentes
entre la Rama Judicial y el Ministerio de Ambiente para garantizar la actualización
permanente de los contenidos técnicos en formación judicial ambiental y la
implementación efectiva del Acuerdo de Escazú.
9. Al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla solicitó información sobre los programas académicos de formación a
servidores judiciales, los contenidos técnicos y científicos, los mecanismos de
validación dichos contenidos, las entidades responsables de avalar la calidad
académica y la frecuencia y duración de las capacitaciones. A la unidad de
administración y carrera judicial del Consejo Superior de la Judicatura solicitó el
número total de funcionarios judiciales capacitados en derecho ambiental, el
porcentaje de cobertura por departamento y distrito, el número de funcionarios sin
formación en temas ambientales, los tiempos promedio de acceso a formación
especializada por zona geográfica, y las brechas críticas de formación en regiones
con alto valor ecológico.
10. A la Unidad de Registro Nacional de Abogados y auxiliares de la Justicia, unidad
administrativa del Consejo Superior de la Judicatura le solicitó información sobre el
registro oficial de peritos y auxiliares de la justicia especializados en ciencias
ambientales, recursos naturales y áreas protegidas, inscritos ante el Consejo
Superior de la Judicatura desde el año 1991.
11. Al Consejo Superior de la Judicatura, concretamente a la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla y al Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible solicitó
información sobre la implementación efectiva del acuerdo regional sobre acceso a
1
Indice samai 2 certificado 546BACFDFBE02CFD 88ADB1A0CC5F28EE 1AD9E3CA1DD74142
A7A88BFDF75AC74A folio 4.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00417-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
la información, participación pública y acceso a la justicia en Asuntos ambientales
en América latina y el caribe (acuerdo de Escazú). Solicitó concretamente copias de
planes estratégicos de implementación del Acuerdo de Escazú en la rama judicial,
un cronograma de acciones concretas y metas cuantificables, información sobre el
presupuesto asignado anualmente para la implementación del mencionado
acuerdo, indicadores de seguimiento y evaluación de resultados. Nuevamente,
información sobre capacitación a funcionarios judiciales, y protocolos operativos de
aplicación y estadísticas de implementación. De la misma manera requirió
información sobre la mesa de trabajo institucional y el presupuesto y recursos
asignados.
12. Al Consejo Superior de la Judicatura y al Departamento Nacional de Planeación
solicitó información sobre el presupuesto específico para justicia ambiental,
infraestructura tecnológica, recursos humanos especializados, apoyo técnico
científico, infraestructura física y cooperación internacional. A la “Comisión Nacional
de Disciplina Judicial del (sic) Consejo Superior de la Judicatura”2 solicitó
información sobre el sistema disciplinario aplicable a los funcionarios judiciales en
materia ambiental, precisando el marco normativo disciplinario, los procedimientos
disciplinarios, la certificación y evaluación de los funcionarios en competencias en
justicia ambiental, los protocolos de recusación, la formación disciplinaria, y las
estadísticas y transparencia.
13. Al Comité Cerrem, Ministerio del Interior y Unidad Nacional de Protección solicitó
información sobre las medidas de protección para defensores ambientales que
participan en procesos judiciales. Concretamente protocolos de seguridad, medidas
contra la estigmatización, garantías de igualdad en el acceso a la justicia, seguridad
de la información, mecanismos de participación y consulta y estadísticas y
evaluación.
14. Al Consejo Superior de la Judicatura solicitó información sobre mecanismos de
participación ciudadana y transparencia. Esa petición se concretiza en solicitar copia
de los protocolos de transparencia y rendición de cuentas para verificar la
efectividad de la formación ambiental impartida a los funcionarios, y los mecanismos
institucionalizados de participación ciudadana en el diseño y evaluación de los
programas de formación en justicia ambiental, conforme al artículo 7 de la Ley
Escazú.
15. Finalmente, al Consejo Superior de la Judicatura solicitó información sobre
medidas de implementación inmediata, concretamente requirió: “compromiso por
escrito de las entidades destinatarias para la entrega directa de la información
solicitada en formato digital editable, sin remitir al interesado a buscarla en portales
web, conforme al estándar establecido en la Sentencia T-610 de 2008 de la Corte
Constitucional.”.
16. En el escrito de amparo sostiene que las entidades accionadas, puntualmente,
el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la
Escuela Judicial, La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
2 Índice Samai 2. Certificado 546BACFDFBE02CFD 88ADB1A0CC5F28EE 1AD9E3CA1DD74142
A7A88BFDF75AC74A folio 11.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00417-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
justicia, el Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, ministerio de justicia y del
derecho, Departamento Nacional de Planeación, Comité Cerrem y Ministerio del
Interior, Unidad Nacional de Protección, Policía Nacional, Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales, Mesa Técnica interinstitucional para Escazú, Secretaría del
Acuerdo Escazú -Cepal dieron respuestas evasivas, parciales, que no responden el
fondo, incompletas, sin detalles solicitados, indirectas o preliminares.
17. Aduce que el Consejo Superior de la Judicatura dio respuesta insuficiente toda
vez que, admitió no tener custodia centralizada de hojas de vida de magistrados y
jueces3.
18. Igualmente reprocha que de las respuestas parciales que recibió del derecho de
petición, concluye que hay un incumplimiento del acuerdo de Escazú, pues el
documento que le remitieron Propuesta de acciones prioritarias para la
implementación del Acuerdo de Escazú 2026 (16 de enero de 2026) omite
explícitamente a la Rama Judicial.
19. De las respuestas además afirma que se puede ver fallas institucionales
identificables, como la implementación simbólica del acuerdo de Escazú, la falta de
coordinación interinstitucional, ausencia de peritaje ambiental especializado,
inseguridad documental y digital, existe un riesgo vital extremo.
20. A criterio del tutelante estas respuestas generan un efecto sistémico de dilación
en las respuestas y omisiones en protección afectando el derecho a la vida, la
seguridad, integridad personal, debido proceso, derechos reconocidos en el
acuerdo de Escazú y el acceso a la justicia.
21. En el escrito de amparo, adicionalmente describe el contexto de amenaza y
agresiones contra los defensores ambientales en Colombia. Señala que en 2023 se
registraron 60 homicidios contra defensores ambientales en el país, el 30% del total
mundial. Señaló que existen deficiencias estructurales en la justicia ambiental, pues:
“La URNAAJ confirmó en 2025 que solo existen dos (2) peritos judiciales registrados
en ciencias ambientales en todo el país, imposibilitando peritajes técnicos rigurosos
(Oficio URNAAJ, 31/12/2025). La Defensoría del Pueblo reportó que el 92% de los
jueces que conocen casos ambientales carecen de capacitación especializada
(Defensoría del Pueblo, 2025). En el 78% de los procesos ambientales, las medidas
cautelares solicitadas son ignoradas o retrasadas (Indepaz, 2025), violando el
principio de precaución constitucional (C.P. art. 79).”4
3 “Reconoció ausencia de subespecialidad ambiental en la carrera judicial. Confirmó no existir partida
presupuestal segregada para justicia ambiental. ▪ Señaló que solo hay dos peritos registrados en
ciencias ambientales. Trasladó responsabilidad de protección al Ejecutivo. En el caso de URNNAJ
reconoció no existir un catálogo de subespecialidades ambientales. ▪ Limitó su responsabilidad
señalando que los criterios para seleccionar peritos "corresponden al ámbito judicial". El ministerio
de ambiente “Afirmó no tener competencia para avalar contenidos curriculares judiciales y admitió
ausencia de protocolos para acceso a información ambiental en procesos judiciales”. Adicionalmente
indicó que, varias entidades no respondieron dentro del término legal de 15 días hábiles: “Comisión
Nacional de Disciplina Judicial ▪ Ministerio de Justicia y del Derecho ▪ Departamento Nacional de
Planeación ▪ Comité CERREM completo ▪ Consejería Presidencial para los Derechos Humanos ▪
Unidad Nacional de Protección ▪ Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ▪
Policía Nacional (Dirección de Protección y Servicios Especiales)”. Folio 13 del escrito de amparo.
4
Folio 12.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00417-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
22. El tutelante indicó que ha impulsado 70 procesos judiciales de impacto
ambiental, y consecuencia de ello ha enfrentado amenazas constantes que lo
obligaron su desplazamiento forzado y que, el 12 de septiembre de 2023 y el 25 de
julio de 2025, se presentaron dos incidentes de ciberseguridad que comprometieron
la información de la Rama Judicial, incluyendo expedientes judiciales y datos
personales, poniendo en riesgo adicional la seguridad del solicitante y otros
defensores ambientales. Solicitó qué, como parte del proceso de tutela: “la
suspensión provisional de términos procesales en todos los procesos mencionados
hasta tanto se garantice plenamente la seguridad personal, familiar y procesal del
solicitante”5 y requerir a la presidencia de la República la convocatoria urgente de
la Comisión Intersectorial para la Implementación del Acuerdo de Escazú
(CIESCAZÚ) con participación efectiva de la RAMA JUDICIAL. Igualmente solicitó
la implementación inmediata de medidas de justicia ambiental en la rama judicial,
coordinación institucional obligatoria y presupuesto garantizado, y garantías de
ciberseguridad y protección documental.
Las pretensiones de la acción de tutela
23. Como peticiones de amparo precisó:
“Solicito a este Alto Tribunal que conceda la presente acción de tutela por
vulneración manifiesta, actual e inminente de mis derechos fundamentales a la
vida (Art. 11 CP), integridad personal (Art. 12 CP), debido proceso (Art. 29 CP),
petición (Art. 23 CP), ambiente sano (Art. 79 CP), y los derechos reconocidos
en el Acuerdo de Escazú (Ley 2388 de 2023), y en uso de las facultades
conferidas por el Artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, decrete las siguientes
medidas provisionales desde el momento de presentación de esta tutela: 1.1.
CONGELAMIENTO TEMPORAL DE TÉRMINOS PROCESALES EN TODOS
MIS PROCESOS AMBIENTALES: Suspender provisionalmente los términos
procesales en los más de 70 procesos ambientales en los que intervengo como
accionante (listados en el anexo), hasta tanto se garantice: • La implementación
efectiva de medidas de protección personal y familiar • La especialización
técnica en las actuaciones judiciales ambientales • El cumplimiento real del
Acuerdo de Escazú en dichos procesos.
1.2. MEDIDAS URGENTES DE SEGURIDAD PERSONAL Y FAMILIAR:
Ordenar al Comité CERREM, Ministerio del Interior y Unidad Nacional de
Protección (UNP) la elaboración urgente de un Estudio Integral de Riesgos que:
• Analice sistemáticamente los riesgos asociados a cada uno de mis procesos
ambientales • Evalúe los riesgos en tres horizontes temporales (corto, mediano
y largo plazo) • Establezca medidas concretas y diferenciadas para
salvaguardar mi integridad y la de mi familia • Sea entregado en un plazo
máximo de treinta (30) días hábiles
1.3. MEDIDAS DE SEGURIDAD PROCESAL Y CIBERSEGURIDAD: • Designar
en cada juzgado de mis procesos ambientales un enlace de seguridad que
garantice la confidencialidad de mi información personal y de los expedientes •
Implementar protocolos específicos de ciberseguridad para mis expedientes
judiciales, considerando los dos incidentes graves que afectaron la Rama
Judicial en 2023 y 2025 • Crear copias físicas seguras de todos mis expedientes,
almacenadas en lugares no conectados digitalmente.
SEGUNDA PRETENSIÓN: CREACIÓN INMEDIATA Y PARTICIPACIÓN
OBLIGATORIA DE LA RAMA JUDICIAL EN LA COMISIÓN INTERSECTORIAL
5
Folio 26 del escrito de tutela. Índice Samai 2.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00417-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
Ordenar a la Presidencia de la República convocar de manera urgente e
inaplazable la Comisión Intersectorial para la Implementación del Acuerdo de
Escazú (CIESCAZÚ), garantizando la participación obligatoria y paritaria de
representantes de alto nivel de la Rama Judicial con poder de decisión. Dicha
participación judicial deberá incluir: a) Designación inmediata de un
representante del CSJ con conocimiento en derecho ambiental y protección de
defensores b) Inclusión obligatoria en la primera agenda: diseño de protocolos
para garantizar el acceso efectivo a la justicia ambiental (Art. 8), mecanismos
inmediatos de protección para defensores ambientales en contextos judiciales
(Art. 9), sistema de formación especializada c) Elaboración en un plazo máximo
de treinta (30) días del Plan Estratégico Nacional de Implementación con metas
cuantificables y presupuesto asignado d) Sistema de seguimiento y rendición
de cuentas trimestral con participación de defensores ambientales.
TERCERA PRETENSIÓN: IMPLEMENTACIÓN INMEDIATA DE MEDIDAS DE
JUSTICIA AMBIENTAL EN LA RAMA JUDICIAL. Ordenar al Consejo Superior
de la Judicatura: a) Diseñar e implementar en un plazo máximo de 30 días un
programa obligatorio de formación en Acuerdo de Escazú para todos los
funcionarios que conocen asuntos ambientales con evaluación de idoneidad
certificada b) Establecer protocolos operativos para la selección de peritos con
idoneidad demostrada en ciencias ambientales, garantizando al menos dos
peritos especializados en cada proceso c) Adoptar protocolos institucionales
para prevenir la estigmatización de defensores ambientales en procesos
judiciales d) Modificar la estructura de carrera judicial para reconocer
formalmente la especialidad ambiental con requisitos de formación específica.
CUARTA PRETENSIÓN: COORDINACIÓN INSTITUCIONAL OBLIGATORIA Y
PRESUPUESTO GARANTIZADO. Ordenar al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y al Consejo Superior de la Judicatura a establecer en un
plazo máximo de 15 días un mecanismo permanente de coordinación
interinstitucional para la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú en el
sistema judicial, incluyendo la asignación presupuestal específica, creación de
fondo especial para peritos ambientales y sistema de monitoreo independiente.
QUINTA PRETENSIÓN: GARANTÍAS DE CIBERSEGURIDAD Y
PROTECCIÓN DOCUMENTAL. Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura
la presentación en un plazo máximo de 15 días de un Plan Integral de
Ciberseguridad y Protección Documental que: • Establezca protocolos
específicos de encriptación para expedientes de defensores ambientales •
Implemente sistema de acceso restringido con autenticación multifactor • Cree
respaldos físicos seguros en ubicaciones no conectadas digitalmente •
Establezca mecanismos de notificación inmediata ante cualquier incidente de
seguridad.
SEXTA PRETENSION: DE LAS SOLICITUDES Se Ordene a las entidades
peticionadas, efectuar informe de sustentación de la respuesta al petitorio
interpuesto, anexando pruebas de las respuestas a cada solicitud o
requerimiento.
24. Concluyó: “El caso representa una falla estructural del Estado colombiano para
garantizar derechos fundamentales reconocidos constitucional e
internacionalmente. La combinación de riesgo vital inminente, implementación
deficiente del Acuerdo de Escazú, falta de especialización judicial en asuntos
ambientales y ausencia de medidas de protección efectivas configura una situación
de extrema gravedad que exige medidas inmediatas y provisionales conforme al
Artículo 7 del Decreto 2591 de 1991. La evidencia documental demuestra que las
respuestas institucionales han sido evasivas, insuficientes y coordinadas para eludir
responsabilidades, perpetuando una situación de vulnerabilidad extrema para quien
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00417-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
defiende constitucionalmente el derecho a un ambiente sano. La urgencia requiere
medidas provisionales inmediatas que garanticen la seguridad personal, la
suspensión cautelar de procesos ambientales y la implementación acelerada de
medidas para hacer efectivo el Acuerdo de Escazú en el sistema judicial.”6
Trámite de tutela
25. Admitida la tutela se vinculó al trámite Consejo Superior de la Judicatura, la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Presidencia de la República, la
Vicepresidencia de la República, la Consejería Presidencial para los Derechos
Humanos y el DIH, la Nación – Ministerio del Interior, la Dirección de Derechos
Humanos del Ministerio de Interior, el Comité de Evaluación del Riesgo y
Recomendación de Medidas - CERREM, la Nación – Ministerio de Justicia y del
Derecho, la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el
Viceministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Subsección de Educación y
Participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional, la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad Nacional de
Protección, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la
Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, la Nación –
Ministerio de Defensa - Policía Nacional, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales, la Unidad de Recursos Humanos del Consejo Superior de la
Judicatura, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia y a la Mesa Técnica Interinstitucional para
la Implementación del Acuerdo de Escazú del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, estos dos últimos, en calidad de tercero con interés en las resultas del
proceso.
26. Con el fin de exponer sucintamente las intervenciones de las entidades
accionadas y vinculadas se presenta la siguiente tabla:
Tabla 5. síntesis de las intervenciones en este trámite
Entidad Respuesta
1 Comisión Indicó que el 30 de enero, la Presidencia de esta Corporación
nacional de dio respuesta a los puntos 1, 3, y 4 de dicho ítem, y remitió, por
disciplina competencia, el punto 5 a la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
judicial Samai Bonilla” para su respectiva contestación. Por su parte la
9 Secretaría Judicial dio contestación a los puntos 2 y 6. Todo lo
anterior, le fue debidamente comunicado al actor a través de
correo, remisión que se adjuntará a la presente respuesta. La
solicitud efectuada por el señor Ericcson Ernesto Mena Garzón,
fue resuelta y debidamente comunicada a éste, por lo que,
respetuosamente se pone de presente que hay carencia actual
de objeto.
2 Policía Indicó que recibió el derecho de petición del tutelante, y
Nacional después, el 12 de enero, en oficio No. GS-2026-003005-DIPRO,
Samai 10 le respondió al tutelante que, la petición es competencia de la
Unidad Nacional de protección, razón por la cual, remitió la
petición a esa institución. Concluyó: la Policía Nacional –
Dirección de Protección y Servicios Especiales, le respondió al
peticionario y le explicó que el requerimiento fue trasladado a la
Unidad Nacional de Protección, en consideración a que es la
6
Folio 18.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00417-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
entidad que estudia el nivel de riesgo de la población a la cual
pertenece el señor ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN.
Solicitó que se declare el hecho superado.
3 Departamento Intervino con el fin de indicar que, el 23 de diciembre de 2025
Administrativo informó al tutelante que carece de competencias legales para
de la atender la petición de 17 de diciembre pero que remitió el
presidencia derecho de petición a la rama judicial y al ministerio del interior.
(Samai 11)
Solicitó declarar improcedente el amparo en relación con la
Presidencia de la República, por carecer de legitimación en la
causa por pasiva.
Señaló que existe incongruencia entre el contenido del derecho
petición y las pretensiones de la acción de tutela, pues el
derecho de petición contenía peticiones de acceso a
información, mientras que el escrito de amparo solicitó
“Requerir a la Presidencia de la República la convocatoria
urgente de la Comisión Intersectorial para la Implementación del
Acuerdo de Escazú (CIESCAZÚ) con participación efectiva de
la RAMA JUDICIAL”
4 Escuela Indicó que no se produjo la vulneración del derecho de petición,
Judicial (Samai pues en oficio de 7 de enero de 2026 remitió la información
13) solicitada por el tutelante y que conforme las competencias
legales de la Escuela, tenía en efectiva posesión. Indicó que
remitió toda la información estadística de manera detallada y
desagregada, si el tutelante estima que la respuesta fue
incompleta es poque la Escuela no tiene dicha información.
Reiteró que la escuela judicial ha implementado programas de
formación en materia ambiental y está implementando la
integración del acuerdo de Escazú en el plan de formación.
Por lo anterior solicitó negar el amparo.
5 DEAJ (Samai Indicó que esta dependencia del consejo superior de la
14) judicatura carece de legitimación en la causa por pasiva el
derecho de petición fue dirigido a otras unidades del consejo
superior, como la escuela judicial y la unidad de registro
nacional de abogados. En todo caso indicó que, la oficina de
enlace institucional y de seguimiento legislativo del mismo
Consejo Superior de la Judicatura dieron respuesta integral al
derecho de petición, por lo anterior solicitó “rechazar por
improcedente la acción constitucional de la referencia, por las
razones expuestas en precedencia”.
6 Ministerio de Negó que el Ministerio haya incumplido el acuerdo de Escazú,
Ambiente y e indicó que el 16 de enero de 2026, la cartera ministerial
Desarrollo contestó de manera detallada el derecho de petición de 17 de
Sostenible diciembre de 2025. Solicitó negar el amparo pues las
(SAMAI 15) afirmaciones del tutelante carecen de sustento e ignoran las
competencias legales de esa entidad.
7 Agencia Indicó que la ANLA no fue mencionada por la parte actora en
Nacional de los hechos, ni en las pretensiones ni en las pruebas aportadas
Licencias con la demanda. Es claro que la ANLA no puede ser llamada a
Ambientales responder por circunstancias fáctico-jurídicas que no la
(SAMAI 16) involucran, y en las cuales no tuvo injerencia ni interacción
alguna. Por lo anterior solicitó se desvincule a la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales
8 Unidad Informó que la petición del tutelante fue resuelta en
Nacional de comunicación de 9 de enero de 2026. Allí se entregó la
Protección - información sobre medidas de protección para defensores
ambientales que participan en procesos judiciales. El tutelante
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00417-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
UNP-(samia no ha presentado ninguna solicitud de evaluación del nivel de
19) riesgo, por lo anterior solicitó negar el amparo.
9 Ministerio de Argumentó que el Ministerio de Justicia y del Derecho, no ha
Justicia y del intervenido en los hechos y situaciones que expone la parte
Derecho actora como causantes de la vulneración de derecho
(samai 22) fundamental alguno señalado en el escrito de tutela. Las
pretensiones de la parte accionante no guardan relación alguna
con las funciones y competencias constitucionales, legales y
reglamentarias asignadas a la Cartera Ministerial. Por lo
anterior, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por
pasiva. Adujo que, en Oficio No. MJD-OFI25-0062699 del 19
de diciembre de 2025, por medio del cual se dio respuesta a la
petición elevada por el hoy accionante.
10 Consejo
Superior de la La oficina de enlace institucional e internacional y seguimiento
Judicatura legislativo del Consejo Superior de la Judicatura intervino con el
(samai 24) fin de solicitar que se declare improcedente pues en su criterio
no se satisface el requisito de subsidiariedad, pues “el señor
Ericcson Ernesto Mena Garzón cuenta con las herramientas
jurídicas óptimas con el fin de lograr lo pretendido en esta acción
constitucional; en ese sentido se destaca que la Ley 393 de
1997, creó la acción de cumplimiento, como mecanismo idóneo
a ese efecto”.
Además, indicó que el derecho de petición promovido por el
actor fue contestado el 13 de enero de 2026 de manera integral.
11 Unidad del La unidad del consejo superior de la judicatura indicó que se le
registro dio respuesta en el Oficio OAIO26-11 de 13 de enero de 2026
nacional de proferido por la Oficina de Enlace Institucional e Internacional y
abogados y de Seguimiento Legislativo, en el cual se unificó la información
auxiliares de la aportada por las demás Unidades, documentos que fueron
justicia (samai puestos en su conocimiento como anexos, según se informó en
27) el precitado Oficio. La entidad considera que, lo pretendido por
el actor desborda la naturaleza y alcance del derecho de
petición, en la medida que, su argumentación se centra en la
discrepancia con la información entregada y no con su
congruencia y oportunidad en el asunto. Por lo anterior solicitó
negar el amparo.
12 Departamento Indicó que el DNP no es la entidad de dar trámite a la solicitud
Nacional de de la accionante, dadas las competencias y funciones definidas
Planeación en los mandatos legales y reglamentarios que establecen el
(Samai 28) marco de acción de DNP para con los ciudadanos, pues DNP
no tiene función legal o reglamentaria que permita ordenar gasto
público en función de las necesidades del accionante.
13 Ministerio de Solicitó que se declarara la improcedencia de la acción, pues
Defensa las pretensiones del tutelante no son de competencia del
(samai 29) ministerio de defensa. Por lo anterior, solicitó que se declare la
falta de legitimación en la causa por pasiva toda vez que la
entidad carece de competencia y aptitud legal para atender
integralmente lo pretendido por el accionante, y en términos de
lo dispuesto frente a la elaboración urgente de un Estudio
Integral de Riesgo, lo cual permanece incólume en las
decisiones que pueda adoptar la Unidad Nacional de Protección
y la secretaria técnica del CERREM
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00417-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
14 Ministerio de Solicitó declarar improcedente la tutela en relación con esa
Hacienda y entidad por falta de legitimación por pasiva, pues el ministerio
Crédito Público no fue destinatario de la petición efectuada por el accionante el
Samai 33 17 de diciembre de 2025, por manera que ni siquiera puede
endilgar la vulneración del derecho fundamental de petición.
Adicionalmente solicitó negar el amparo pues ninguna de las
pretensiones del accionante puede ser absuelta por esa cartera
atendido su marco funcional.
15 UARIV (samai Frente a la solicitud realizada por la parte accionante,
34) informaron que, si bien es cierto que, el señor ERICSSON
ERNESTO MENA GARZÓN se encuentra incluido, la Unidad
para las Víctimas carece de competencia toda vez que las
pretensiones van encaminadas a la Presidencia de la República
y otros.
16 Ministerio del En intervención allegada al expediente el 24 de febrero de 2026,
Interior el Director Técnico de la Dirección Jurídica del Ministerio indicó
(Indice Samai que, se dio respuesta a la petición del tutelante el pasado 26 de
36) diciembre de 2025, “no obstante y a fin de dejar constancias,
se remitió en una segunda oportunidad en fecha 9 de febrero de
la presente anualidad”. De igual forma se informó que se
aportaron a la respuesta del derecho de petición los traslados
por competencia a otras entidades.
Por lo anterior, solicitó declarar la carencia actual de objeto por
hecho superado, pues, al momento de proferir sentencia, la
entidad accionada ya satisfizo el derecho constitucional
invocado.
Finalmente recordó las funciones del ministerio del Interior, y las
razones por las cuales, carece de competencia normativa para
atender las peticiones del tutelante.
CONSIDERACIONES
Competencia
27. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
37 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.
Problemas jurídicos
28. En el asunto de la referencia, el actor sostiene que, el 17 de diciembre de 2025,
formuló un derecho de petición a Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Ministerio de Justicia y del Derecho, Departamento Nacional
de Planeación, CERREM y Ministerio del Interior, Consejería presidencial para los
derechos humanos, Unidad Nacional de Protección, Unidad para la Atención y
Reparación integral a las víctimas y Policía Nacional, en la que realizó un abanico
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00417-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
amplio de peticiones dirigidas a verificar, en su criterio, la implementación de las
obligaciones estatales derivadas del acuerdo de Escazú, aprobado en Ley 2273 de
2022.
29. El escrito de amparo reprocha que varias de las respuestas, en su criterio fueron
incompletas, evasivas y que, en todo caso, se evidencia que no existe una
implementación integral del tratado sobre participación ambiental. Además, en la
tutela presenta pretensiones dirigidas a que el juez constitucional suspenda el
desarrollo de procesos judiciales qué el mismo tutelante inició hasta que se atiendan
situaciones amenaza que enfrentó. En el mismo sentido, el escrito de amparo hace
peticiones judiciales dirigidas a que se convoquen espacios interinstitucionales
30. Por su parte, las entidades accionadas indicaron que, contestaron integralmente
el derecho de petición presentado por el tutelante, y la supuesta falta de respuesta
de fondo, hace referencia a criterios personales del actor relacionadas con lo que,
en su criterio debería ser la implementación del acuerdo de Escazú, razón por la
cual, afirman que, la tutela no se dirige a la protección del derecho de petición sino
al control judicial de la implementación de un tratado internacional.
31. En atención al anterior escenario, la Sala debe resolver los siguientes problemas
jurídicos: (i) establecer si resulta procedente que a través de la acción de tutela el
actor solicite la suspensión de actuaciones judiciales. Como segundo problema
jurídico (ii) examinar si las entidades accionadas vulneraron el derecho de petición
al dar una respuesta parcial o evasiva al derecho de petición elevado el 17 de
diciembre de 2025. Como tercer problema jurídico (iii) evaluar si las entidades
accionadas, puntualmente, la UNP ha vulnerado derecho fundamental alguno del
tutelante por no ofrecer seguridad física o en espacios digitales, pues el tutelante
sostiene que ha sufrido riesgos en su integridad física. Finalmente, (iv) estudiar si,
en el caso concreto, las pretensiones del escrito de amparo dirigidas a la
implementación del tratado de Escazú pueden ser adelantadas por el medio
constitucional.
32. Los problemas jurídicos propuestos se abordarán de manera sucesiva con sus
respectivas consideraciones.
Primer problema jurídico
33. En el escrito de amparo, el actor indicó que ha promovido cerca de 70 procesos
judiciales sobre asuntos ambientales. Consecuencia de su actividad como defensor
de derechos humanos, afirmó que ha sufrido problemas de ciberseguridad, motivo
por el cual, solicitó al juez de amparo ordenar que se suspendan las actuaciones
judiciales. Respecto de los problemas de ciberseguridad el tutelante no ofreció
elementos probatorios, y la Unidad Nacional de Protección en su intervención indicó
que aquel no ha hecho ninguna petición de protección. No obstante, la UARIV indicó
que el actor si se encuentra inscrito en el registro único de víctimas.
34. En el expediente no reposan elementos de pruebas relacionadas con las
afirmaciones del tutelante relacionadas a los problemas de ciberseguridad.
Independiente de esa situación probatoria, lo cierto es que, la jurisprudencia de la
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00417-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
Corte Constitucional7 ha señalado que, en virtud del principio de subsidiariedad de
la acción de amparo, el juez de tutela tiene vedado intervenir dentro de procesos
judiciales abiertos y respecto de los cuales, existen etapas procesales pendientes
de agotar. En el caso concreto, el tutelante, de manera general menciona que ha
iniciado cerca de 70 procesos judiciales y menciona varios de los radicados de
dichas actuaciones, y solicita que el juez del amparo suspenda el avance de dichas
actuaciones hasta que se resuelvan sus problemas de ciberseguridad. Como se
indicó respecto de los asuntos de inseguridad no se ofreció al menos un medio de
prueba que permita corroborarlos, esto sin perjuicio que la UARIV, en efecto
reconoce que el tutelante se cuenta registrado en el RUV. Adicional a lo anterior,
puesto que solicita la suspensión del avance de más de 70 procesos judiciales, esta
sala concluye que se trata de procesos judiciales abiertos y pendientes de agotar
etapas procesales, motivo por el cual, en relación con la petición de suspender el
desarrollo de procesos judiciales, se declarará improcedente.
35. En el mismo sentido, la jurisprudencia constitucional8 ha señalado que, si bien
en la acción de tutela, el juez constitucional goza de facultades oficiosas para la
protección del derecho, el tutelante si debe mostrar que se produce una amenaza o
vulneración a una garantía fundamental. Cuando se invoca la acción de tutela contra
una autoridad judicial, concretamente en el desarrollo de un proceso o actuación
judicial, el tutelante tiene el deber de indicar que la acción constitucional es
procedente por satisfacer causales genéricas de procedencia, y causales
específicas, esto garantiza que el juez constitucional no intervenga en la autonomía
e independencia de los jueces naturales de cada causa. En el caso concreto, el
tutelante se limita a solicitar la suspensión de todos los procesos judiciales que ha
iniciado, pero no explica razones que permitan, incluso, preliminarmente observar
que está ante una amenaza de vulneración. Solo realizó la petición de suspensión
sin precisar las razones por las cuales la acción constitucional sería procedente para
intervenir en el desarrollo de procesos ordinarios.
36. El tutelante solicita de manera general la suspensión del desarrollo de procesos
judiciales, con base en una premisa que no logra probar así sea sumariamente.
Puesto que, en su razonamiento, se solicita la suspensión, debe, necesariamente
concluirse, que las actuaciones judiciales, aún están abiertas y pendientes de
conclusión. Dado que el principio de subsidiariedad previsto en el artículo 6 del
decreto 2591 de 1991 impide al juez constitucional intervenir en procesos judiciales
abiertos, se declarará improcedente la petición.
37. En el mismo sentido, en la petición de amparo el tutelante solicitó que el juez de
tutela ordene que en cada proceso judicial que ha iniciado se designe “un enlace de
ciberseguridad que garantice la confidencialidad de mi información”. Respecto a
este asunto, además de que para esta sala la figura del enlace de ciberseguridad
no resulta concretizable en una específica institución procesal, lo cierto es que, en
virtud del mismo principio de subsidiariedad de la acción de tutela, es necesario que
el actor primero se dirija a cada proceso judicial, a cada autoridad juez unipersonal
o colegiado, y que, cada una de esas autoridades judiciales, en su condición de
7
Corte Constitucional, Sentencia SU-659 de 2015.
8
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00417-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
director del proceso conozca la petición y la pertinencia de la misma. Por ello, puesto
que los procesos judiciales que el tutelante afirma haber promovido, aún están
abiertos, las peticiones de amparo que realiza en esta actuación deben ser
presentadas, en primer lugar, en esas actuaciones judiciales.
Segundo problema jurídico
38. Como se indicó en los antecedentes del escrito de tutela, y en la formulación del
problema jurídico, el 17 de diciembre de 2025, el tutelante presentó un derecho de
petición ante las autoridades públicas ya indicadas, y en este, requirió información
sobre la implementación de las obligaciones internacionales sobre el Acuerdo de
Escazú. Relacionada sobre transparencia en la información en formación ambiental,
presupuestos destinados a la implementación entre otros temas. En el escrito de
tutela, el actor es explícito en reprochar que, las autoridades públicas omitieron
respuestas de fondo sobre la aplicación del enfoque ambiental en la rama judicial.
39. Como también se indicó en los antecedentes, el derecho de petición consta de
10 ejes temáticos en los que se precisa la autoridad ante la cual se eleva la petición
y los detalles que se indagan. Con el fin de pronunciarse sobre cada una de las
peticiones, las autoridades a las que se dirigió la petición y la respuesta que obtuvo,
se sigue el orden de las 10 temáticas que solicitó el tutelante. A pie de página de
cada uno de los 10 aspectos, se transcribe el contenido íntegro de la solicitud.
40. En relación con la respuesta del derecho de petición, corresponde examinar el
contenido de los solicitado en relación con lo efectivamente contestado por las
instituciones ejecutivas y judiciales.
41. El derecho de petición dividió los interrogantes en 10 acápites, titulados de la
siguiente manera: “I. INFORMACIÓN SOBRE HOJAS DE VIDA DE
FUNCIONARIOS JUDICIALES; II. SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN
JUSTICIA AMBIENTAL; III. ESTADÍSTICAS DE IDONEIDAD AMBIENTAL POR
DEPARTAMENTO; IV. INVENTARIO DE PERITOS EN CIENCIAS AMBIENTALES;
V. IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE ESCAZÚ EN LA RAMA JUDICIAL; VI.
RECURSOS ECONÓMICOS, INFRAESTRUCTURA Y APOYO TÉCNICO PARA
LA JUSTICIA AMBIENTAL; VII. MECANISMOS DISCIPLINARIOS EN JUSTICIA
AMBIENTAL; VIII. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA DEFENSORES
AMBIENTALES EN LITIGIOS JUDICIALES; IX. MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA; X. MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN INMEDIATA”.
42. En las respuestas de las diversas entidades, la información que se brinda al
tutelante atiende a varios puntos de los solicitados. Así, en el caso de la respuesta
del Consejo Superior de la Judicatura, por ejemplo, esa autoridad judicial indicó que
una de sus respuestas atendía a los puntos 1, 2 y 3.
Primer eje temático
43. Respecto al primer punto: el acceso a las hojas de vida de los funcionarios
judiciales de la jurisdicción contencioso-administrativa, el Consejo Superior de la
Judicatura indicó que esa autoridad no tiene la custodia de esa información, pues
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00417-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
por disposición reglamentaria ello no está centralizado. Le informó al tutelante que
no podía entregar la información requerida pues ella no reposa en los archivos de
la autoridad judicial. Por ello remitió la petición a la secretaria general de esta
Corporación y a las direcciones ejecutivas seccionales de la administración judicial9.
44. En el derecho de petición se solicitó información “detallada y desglosada sobre
el sistema de formación en justicia ambiental para funcionarios judiciales a nivel
nacional, incluyendo: Programas académicos aprobados y avalados; contenidos
técnicos y científicos específicos; mecanismos de validación de dichos contenidos;
entidades responsables de avalar la calidad académica; frecuencia y duración de
las capacitaciones obligatorias”. A esta pregunta el Consejo Superior de la
Judicatura, remitió un insumo construido por la unidad de esa corporación, la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en dónde se precisa que: “la EJRLB ha
integrado de manera prioritaria el componente ambiental en su Plan de Formación,
diseñando actividades orientadas a fortalecer la idoneidad técnica de los operadores
judiciales ante los nuevos retos del derecho internacional y nacional. • Programas
Académicos Ejecutados (2022-2025): Durante el periodo reportado, se han llevado
a cabo programas de alto nivel, entre los que se destacan: o Curso de Actualización
en Derecho Ambiental: Enfocado en la normativa vigente y los precedentes
jurisprudenciales de las altas cortes. o Implementación del Acuerdo de Escazú:
Seminarios dedicados exclusivamente al análisis de los tres pilares del Acuerdo:
acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia. o Delitos
Ambientales y Protección de Recursos Naturales: Capacitaciones técnicas sobre la
valoración del daño ambiental y la persecución penal de conductas que afectan la
biodiversidad. • Modalidades y Alcance Territorial: Para garantizar una cobertura
nacional y derribar barreras de acceso, la formación se ha impartido bajo las
siguientes modalidades: o Virtual y Remota: Utilizando la plataforma "Campus
Virtual" de la Escuela Judicial, permitiendo la certificación de funcionarios en zonas
remotas. o Presencial: Mediante talleres y encuentros regionales en distritos
judiciales críticos por su biodiversidad o conflictividad socio-ambiental, tales como
Antioquia, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Quibdó y Santa Marta. Contenidos
Técnicos y Coordinación: La UDAE y la Escuela Judicial informan que la
actualización de los contenidos científicos y jurídicos se realiza de forma coordinada
con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como con otras entidades
técnicas de orden nacional, asegurando que los jueces cuenten con herramientas
vigentes para la valoración de pruebas complejas”10.
45. El peticionario solicitó que se indique las entidades “son responsables de avalar
los contenidos técnicos, científicos y jurídicos en materia ambiental para la
formación judicial, y cuál es el mecanismo de coordinación institucional”. A ello, el
Consejo Superior de la Judicatura, con el insumo de la Escuela Judicial, indicó que:
“Se informa que los programas de formación cuentan con mecanismos internos de
evaluación y retroalimentación que permiten integrar las necesidades de los
usuarios de la administración de justicia, asegurando que la formación impartida
impacte positivamente en la efectividad de la justicia ambiental.”
9 Indice samai 2. Certificado A76D6F83F6059D29 D1FA5FEAAFB211DD 8043DD4CCE1C9183
628C358F4CF7D427
10 Indice Samai 24.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00417-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
Segundo eje temático
46. Respecto a la pregunta II titulada “SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN
JUSTICIA AMBIENTAL”, la respuesta indicó que la Escuela Judicial ejecuta un plan
estratégico de formación ambiental en la que, ha integrado de manera prioritaria el
componente ambiental en su Plan de Formación, diseñando actividades orientadas
a fortalecer la idoneidad técnica de los operadores judiciales ante los nuevos retos
del derecho internacional y nacional. Programas Académicos Ejecutados (2022-
2025): Durante el periodo reportado, se han llevado a cabo programas de alto nivel,
entre los que se destacan: o Curso de Actualización en Derecho Ambiental:
Enfocado en la normativa vigente y los precedentes jurisprudenciales de las altas
cortes. o Implementación del Acuerdo de Escazú: Seminarios dedicados
exclusivamente al análisis de los tres pilares del Acuerdo: acceso a la información,
participación ciudadana y acceso a la justicia. o Delitos Ambientales y Protección
de Recursos Naturales: Capacitaciones técnicas sobre la valoración del daño
ambiental y la persecución penal de conductas que afectan la biodiversidad. •
Modalidades y Alcance Territorial: Para garantizar una cobertura nacional y derribar
barreras de acceso, la formación se ha impartido bajo las siguientes modalidades:
o Virtual y Remota: Utilizando la plataforma Campus Virtual de la Escuela Judicial,
permitiendo la certificación de funcionarios en zonas remotas. o Presencial:
Mediante talleres y encuentros regionales en distritos judiciales críticos por su
biodiversidad o conflictividad socio-ambiental, tales como Antioquia, Bogotá,
Bucaramanga, Cúcuta, Quibdó y Santa Marta”. La escuela judicial remitió al
tutelante un anexo11 a su respuesta con el número de actividades académicas de
formación que sean desarrolladas relacionadas con la justicia ambiental. El anexo
es un archivo Excel en el que se precisa la ciudad, el tema de la actividad
académica, la fecha en la que se realizó desde la aprobación del acuerdo de
Escazú, el total de discentes que asistieron, cuántos de ellos eran magistrados,
jueces, y las horas dedicadas a la formación.
47. El mismo interrogante también fue dirigido al ministerio de ambiente, entidad
que en respuesta del 16 de enero de 2026 le indicó que no ostenta competencia
para avalar contenidos curriculares o formativos dirigidos a operadores judiciales,
toda vez que la formación y capacitación de jueces, magistrados y demás
funcionarios de la Rama Judicial constituye una competencia exclusiva de dicha
Rama. Igualmente le indicó que, “En cuanto a los mecanismos de coordinación
institucional entre las entidades mencionadas para efectos de la formación judicial
en materia ambiental, se informa que actualmente no existe una instancia
permanente de coordinación interinstitucional específica para dicho propósito. No
obstante, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible avanza en el proceso
de instrumentación normativa del Decreto Intersectorial “Por el cual se crea la
Comisión Intersectorial para la implementación del Acuerdo Regional sobre el
Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos
Ambientales en América Latina y el Caribe – CIESCAZÚ, y se dictan disposiciones
para su funcionamiento”.
11
Indice samai 2 certificado: 6FB4CD8A5825BF89 F015D35286F190ED F0A92AE2F33B4AC3
0902F854C3815999
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00417-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
Tercer eje temático
48. Respecto a la tercera pregunta, titulada: “III. ESTADÍSTICAS DE IDONEIDAD
AMBIENTAL POR DEPARTAMENTO”12, el Consejo Superior le informó que la rama
judicial no está desconcentrada por departamentos. Precisó el Consejo: “Se aclara
al peticionario que la administración de justicia en Colombia se organiza bajo el
principio de especialidad por jurisdicción (Ordinaria, Contencioso-Administrativa,
etc.) y no mediante subespecialidades temáticas por materia. Inexistencia de la Sub-
especialidad Ambiental: Por lo tanto, en el sistema de carrera judicial no existe una
categoría formal de "Juez Ambiental". La idoneidad para conocer asuntos
ambientales radica en la formación jurídica integral de los jueces de lo contencioso-
administrativo y del circuito, quienes son los competentes para resolver estos litigios
según la normativa vigente. Asignación Presupuestal: Respecto al presupuesto
exclusivo para justicia ambiental, la UDAE informa que no se cuenta con una partida
anual segregada para este rubro específico. Los recursos financieros se gestionan
de manera transversal y global dentro del Plan de Formación y el presupuesto
general de funcionamiento de la Rama Judicial, priorizando las necesidades
académicas detectadas por la Escuela Judicial. Infraestructura y Apoyo
Tecnológico: Los requerimientos de software especializado (SIG), herramientas de
monitoreo remoto y equipos de telepresencia para visitas a zonas afectadas son
gestionados directamente por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
unidad responsable de la infraestructura física y tecnológica de la Rama. •
Coordinación Técnica: La actualización de conocimientos técnicos y científicos se
canaliza a través de la Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla", la cual mantiene
vínculos de cooperación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para
la validación de contenidos curriculares.”
Cuarto eje temático
49. La cuarta temática fue titulada “IV. INVENTARIO DE PERITOS EN CIENCIAS
AMBIENTALES”13, frente a esto el Consejo Superior de la Judicatura remitió al
12
“Solicito el reporte estadístico nacional detallado con el siguiente desglose: • Número total de
funcionarios judiciales capacitados en derecho ambiental • Porcentaje de cobertura por
departamento y distrito • Número de funcionarios sin formación en temas ambientales por región •
Tiempos promedio de acceso a formación especializada por zona geográfica • Brechas críticas de
formación en regiones con alto valor ecológico”. Solicito información sobre los mecanismos de
asignación de casos ambientales, verificando si existe un protocolo que garantice que estos sean
conocidos prioritariamente por funcionarios con formación demostrable en la materia.
13
La Unidad del Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNAAJ) ha
suministrado información detallada sobre el régimen de peritaje ambiental en el sistema judicial
colombiano: Régimen Normativo de Peritos: La selección, inscripción y verificación de idoneidad de
los auxiliares de la justicia se rige por el Acuerdo PCSJA20-11583, que establece los requisitos
profesionales para integrar el Registro Nacional de Auxiliares de la Justicia (SNAJ). • Peritaje en la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa: Específicamente, el Acuerdo PCSJA25-12341 regula el
procedimiento para la elaboración de la lista de peritos de dicha jurisdicción y establece los
parámetros técnicos para la fijación de sus honorarios. • Especialidades Disponibles: El registro
oficial anexo a esta respuesta incluye expertos con idoneidad demostrada en las siguientes áreas
críticas: o Ingeniería Ambiental y Forestal. o Biología y Ecología. o Geología, Hidrología e
Hidrogeología. o Gestión de Vertimientos y Remediación de Suelos. • Límites de la Información
Estadística: La URNAAJ aclara que no consolida estadísticamente el número de dictámenes
aceptados o rechazados por cada perito, ni el promedio de tiempo de entrega de sus informes. Dicha
información reposa de manera individualizada en cada uno de los expedientes judiciales donde el
auxiliar ha sido designado por el juez de conocimiento.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00417-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
tutelante, con insumos de la Unidad del Registro Nacional de Abogados, los
Acuerdos del Consejo respecto a la selección de peritos. Se remitió: “El registro
oficial anexo a esta respuesta incluye expertos con idoneidad demostrada en las
siguientes áreas críticas: o Ingeniería Ambiental y Forestal. o Biología y Ecología. o
Geología, Hidrología e Hidrogeología. o Gestión de Vertimientos y Remediación de
Suelos. Límites de la Información Estadística: La URNAAJ aclara que no consolida
estadísticamente el número de dictámenes aceptados o rechazados por cada perito,
ni el promedio de tiempo de entrega de sus informes. Dicha información reposa de
manera individualizada en cada uno de los expedientes judiciales donde el auxiliar
ha sido designado por el juez de conocimiento”.
Quinto eje temático
50. Respecto al quinto punto, titulado: “V. IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE
ESCAZÚ EN LA RAMA JUDICIAL”14. Esta temática fue contestada, en criterio del
Consejo Superior de la Judicatura cuando informó que la Escuela Judicial a
desarrollado “Seminarios dedicados exclusivamente al análisis de los tres pilares
del Acuerdo: acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia.”
Adicionalmente, en el escrito de petición, este aspecto iba dirigido al Ministerio de
Ambiente, cartera ministerial que contestó al tutelante en oficio de 16 de enero de
2026. La entidad le indicó que: “En relación con la existencia de protocolos
concretos para garantizar el acceso a la información ambiental en los procesos
judiciales, se informa que no existen actualmente protocolos específicos adoptados
por esta cartera ministerial para tal fin. No obstante, los jueces de la República, en
el ejercicio de su función jurisdiccional, cuentan con la facultad de solicitar
conceptos técnicos o peritajes a las entidades del Sistema Nacional Ambiental
14
“Solicito información detallada sobre la implementación efectiva del Acuerdo Regional sobre
Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en
América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), Ley 2388 de 2023, en la Rama Judicial” PLANES
ESTRATÉGICOS DE IMPLEMENTACIÓN: • Copia del plan de implementación del Acuerdo de
Escazú en la Rama Judicial • Cronograma de acciones concretas y metas cuantificables •
Presupuesto asignado anualmente para la implementación efectiva del Acuerdo • Indicadores de
seguimiento y evaluación de resultados 2. FORMACIÓN JUDICIAL EN ESCAZÚ: • Número de
funcionarios judiciales capacitados específicamente en el Acuerdo de Escazú • Contenidos
curriculares de las capacitaciones sobre los tres pilares del Acuerdo (acceso a información,
participación ciudadana y acceso a la justicia) • Instituciones responsables de proveer dicha
formación • Mecanismos de certificación de la formación recibida 3. PROTOCOLOS OPERATIVOS
DE APLICACIÓN: Protocolos concretos para garantizar el acceso a la información ambiental en los
procesos judiciales • Mecanismos establecidos para garantizar la participación ciudadana efectiva
en procesos ambientales, conforme al artículo 7 del Acuerdo de Escazú • Procedimientos especiales
para casos de defensores ambientales, en cumplimiento del artículo 9 del Acuerdo • Medidas de
protección para defensores de derechos humanos en asuntos ambientales que interponen acciones
judiciales 4. ESTADÍSTICAS DE IMPLEMENTACIÓN: • Número de procesos judiciales en los que
se ha aplicado explícitamente el Acuerdo de Escazú desde su entrada en vigor • Porcentaje de
sentencias ambientales que hacen referencia expresa al Acuerdo • Tiempos promedio de resolución
de casos ambientales posteriores a la implementación del Acuerdo • Número de casos en los que se
han aplicado medidas de protección a defensores ambientales 5. MESA DE TRABAJO
INTERINSTITUCIONAL: • Composición de la mesa de trabajo para la implementación del Acuerdo
de Escazú en la justicia ambiental • Frecuencia de reuniones y actas de las sesiones realizadas •
Acuerdos y compromisos adquiridos con otras entidades del Estado • Mecanismos de coordinación
con el Ministerio de Ambiente, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación,
PRESUPUESTO Y RECURSOS ASIGNADOS: • Presupuesto específico asignado para la
implementación del Acuerdo de Escazú en la Rama Judicial (2023-2025) • Desglose por conceptos
(formación, infraestructura tecnológica, publicaciones, etc.) • Proyecciones presupuestales para los
próximos tres años • Mecanismos de rendición de cuentas sobre el uso de estos recursos”
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00417-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
(SINA), incluido el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuando lo
consideren pertinente como elemento probatorio dentro de un proceso judicial.”
Sexto eje temático
51. El sexto punto, titulado: “VI. RECURSOS ECONÓMICOS,
INFRAESTRUCTURA Y APOYO TÉCNICO PARA LA JUSTICIA AMBIENTAL”15,
estaba dirigido al Consejo Superior de la Judicatura y al Departamento Nacional de
Planeación y interrogaba sobre presupuestos destinados específicamente para la
justicia ambiental. Frente este punto, el Consejo Superior de la Judicatura bajo el
título: “III y VI. ESTADÍSTICAS DE IDONEIDAD, RECURSOS ECONÓMICOS Y
APOYO TÉCNICO” contestó que: “[r]especto al presupuesto exclusivo para justicia
ambiental, la UDAE informa que no se cuenta con una partida anual segregada para
este rubro específico. Los recursos financieros se gestionan de manera transversal
y global dentro del Plan de Formación y el presupuesto general de funcionamiento
de la Rama Judicial, priorizando las necesidades académicas detectadas por la
Escuela Judicial”.
52. Si bien el interrogante no iba dirigido explícitamente al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, esta cartera, en su respuesta abordó ese eje temático y le
remitió respuesta al tutelante respecto a este punto. Le indicó que no adelanta
procesos de contratación cuyo objeto esté orientado a brindar apoyo técnico
científico directo para casos judiciales ambientales. No obstante, señaló que la
utilización de peritajes especializados en materia ambiental a cargo del Ministerio
de Ambiente y de las entidades del SINA se realiza por orden de autoridad judicial,
cuando ésta lo determine dentro de un proceso judicial.
53. Esta misma temática iba dirigida al Departamento Nacional de Planeación. En
el informe que remitió esa entidad al juez de tutela indicó que: “el sistema de gestión
15
Solicito información detallada sobre los recursos asignados y la infraestructura disponible para
garantizar una justicia ambiental efectiva, específicamente: 1. PRESUPUESTO ESPECÍFICO PARA
JUSTICIA AMBIENTAL: • Presupuesto anual asignado exclusivamente para formación en justicia
ambiental (2021-2025) • Desglose por conceptos (capacitaciones, contratación de expertos,
materiales de estudio) • Porcentaje del presupuesto total de la Rama Judicial destinado a temas
ambientales • Fuentes de financiamiento nacional e internacional para programas de justicia
ambiental 2. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA: • Equipos especializados disponibles para
análisis de casos ambientales (software de SIG, herramientas de monitoreo remoto) • Acceso a
bases de datos técnicas y científicas sobre medio ambiente (IDEAM, SINCHI, INVEMAR) •
Plataformas digitales para gestión documental de casos ambientales Equipos de telepresencia y
videoconferencia para visitas virtuales a zonas afectadas 3. RECURSOS HUMANOS
ESPECIALIZADOS: • Número de técnicos y expertos ambientales vinculados a la Rama Judicial •
Modalidades contractuales y tipos de vinculación (planta, temporal, consultoría) • Cobertura territorial
de estos recursos especializados • Protocolos de contratación de expertos externos en casos
complejos 4. APOYO TÉCNICO-CIENTÍFICO: • Convenios vigentes con universidades, centros de
investigación y organismos técnicos para apoyo en casos ambientales • Mecanismos de solicitud y
utilización de peritajes especializados • Protocolos para la valoración de pruebas técnicas y
científicas en procesos judiciales • Sistemas de actualización permanente de conocimientos técnicos
en el personal judicial 5. INFRAESTRUCTURA FÍSICA: • Salas de audiencias especializadas para
casos ambientales • Salas de monitoreo con tecnología para visualización de mapas y datos
ambientales • Centros de documentación especializados en derecho ambiental • Equipos portátiles
para audiencias en territorios remotos y zonas de alto valor ecológico 6. COOPERACIÓN
INTERNACIONAL: • Programas internacionales de cooperación técnica en justicia ambiental •
Transferencia de conocimiento y buenas prácticas desde sistemas judiciales de otros países •
Intercambios académicos y pasantías para funcionarios judiciales en instituciones especializadas
Financiamiento internacional para fortalecimiento institucional en justicia ambiental
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00417-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
documental ORFEO del DNP no se identificó registro del derecho de petición
referido.” Sin embargo, el escrito de amparo se acompaña de la constancia de
remisión de la petición al correo serviciosalciudadano@dnp.gov.co16.
54. A criterio de esta sala, el Departamento Nacional de Planeación vulneró el
derecho fundamental de petición del tutelante, pues a pesar de que remitió su
solicitud respetuosa, la misma no fue contestada alegando que no se recibió en el
sistema de correspondencia de la entidad, pero se insiste, el tutelante remitió el
correo remisorio de su petición dirigido al correo ya indicado el pasado 17 de
diciembre de 2025. En esa medida, se amparará el derecho de petición y se
ordenará al Departamento Nacional de Planeación que responda de manera
explícita a la petición del tutelante.
Séptimo eje temático
55. En relación con la pregunta No. 7 titulada “VII. MECANISMOS DISCIPLINARIOS
EN JUSTICIA AMBIENTAL”17, la respuesta la dio la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial18 , el 30 de enero de 2026, es decir, fuera del término previsto por la ley
para la respuesta de las peticiones ciudadanas. En la contestación que remitió al
tutelante le precisó que el régimen disciplinario de los funcionarios judiciales en
Colombia regula la conducta de sus funcionarios y empleados, garantizando el
cumplimiento de sus deberes, y está contenido en la Ley 1952 de 2019, "[p]or medio
de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y
algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho
disciplinario", y en la Ley Estatutaria 2430 de 2024, "[p]or la cual modifica la Ley 270
de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras
disposiciones”. Remitió el Acuerdo PSAA14-10160 de 2014 “[p]or el cual se adopta
16
Índice samai 2 certificado CDDCE881760C5D32 9F5FA20D2E8658E1 FE529E82AF388C19
33598D7698F12CE0
17
MARCO NORMATIVO DISCIPLINARIO: • Normas internas vigentes que regulan la idoneidad
técnica de los funcionarios judiciales en temas ambientales • Protocolos específicos para evaluar la
competencia técnica en justicia ambiental • Criterios objetivos para determinar la falta de idoneidad
en procesos ambientales • Mecanismos de actualización permanente de los estándares disciplinarios
en concordancia con la Ley Escazú 2. PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS: • Número de quejas
y denuncias recibidas en los últimos 5 años por falta de idoneidad técnica en procesos ambientales
• Porcentaje de investigaciones disciplinarias iniciadas por este concepto • Tiempos promedio de
resolución de estos procedimientos • Tipos de sanciones impuestas por falta de formación en justicia
ambiental 3. CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN: • Sistema de certificación vigente para funcionarios
con competencia en justicia ambiental • Frecuencia y metodología de las evaluaciones de
desempeño en temas ambientales Indicadores utilizados para medir la idoneidad técnica en justicia
ambiental • Mecanismos de retroalimentación y mejora continua basados en estas evaluaciones 4.
PROTOCOLOS DE RECUSACIÓN: • Criterios específicos para la recusación de jueces por falta de
idoneidad técnica en temas ambientales • Procedimientos establecidos para solicitar la recusación
por esta causal • Estadísticas de recusaciones aceptadas y rechazadas por falta de idoneidad en
justicia ambiental • Mecanismos de asignación alternativa de casos cuando se presenta esta
situación 5. FORMACIÓN DISCIPLINARIA: • Programas de formación dirigidos específicamente a
los funcionarios encargados de los procesos disciplinarios en justicia ambiental • Contenidos técnicos
y jurídicos de estas capacitaciones • Instituciones responsables de proveer esta formación
especializada • Mecanismos de certificación de los funcionarios disciplinarios en temas ambientales
6. ESTADÍSTICAS Y TRANSPARENCIA: • Reporte anual detallado de todas las actuaciones
disciplinarias relacionadas con justicia ambiental • Porcentaje de funcionarios sancionados por falta
de idoneidad técnica en temas ambientales • Mecanismos de publicidad y transparencia de estas
decisiones disciplinarias Protocolos de coordinación con el Ministerio de Ambiente para la
formulación de criterios técnicos en procedimientos disciplinarios.
18
Indice samai No. 9
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00417-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
el Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial". Se recordó igualmente al
tutelante el régimen de impedimentos de la rama judicial.
56. El actor solicitó información detallada sobre el sistema disciplinario aplicable a
funcionarios judiciales en materia ambiental. La CNDJ indicó las leyes que regulan
el régimen disciplinario de los servidores judiciales, el cual, incluye el procedimiento
de aplicación de sanciones. Al respecto, se relacionaron las normas legales y
estatutarias que precisan los criterios de evaluación de los servidores. No obstante,
no se observa respuesta respecto de: “Criterios objetivos para determinar la falta de
idoneidad en procesos ambientales: ‘Mecanismos de actualización permanente de
los estándares disciplinarios en concordancia con la Ley Escazú’”; Número de
quejas y denuncias recibidas en los últimos 5 años por falta de idoneidad técnica en
procesos ambientales; y Porcentaje de investigaciones disciplinarias iniciadas por
este concepto; Tiempos promedio de resolución de estos procedimientos ; Tipos de
sanciones impuestas por falta de formación en justicia ambiental”19.
57. Las temáticas de “CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN”, en criterio de la CNDJ
no son de su competencia, esto pues se refieren a evaluaciones de desempeños en
temas ambientales. Estos temas no fueron remitidos a quienes se estimaba eran
competentes.
58. Si se ofreció información completa respecto el régimen de recusación, pues se
informó al tutelante que las leyes procesales que rigen el desarrollo de las
actuaciones judiciales prevén causales taxativas de impedimento y recusación de
los funcionarios judiciales. Nuevamente las temáticas relacionadas con formación
judicial fueron remitidas a la escuela judicial.
59. Por último, tampoco se contestó explícitamente el acápite titulado “Estadísticas
y transparencia” y relacionado con el reporte anual detallado de todas las
actuaciones disciplinarias relacionadas con la justicia ambiental entre otros.
60. Frente a esa respuesta, la Sala verifica que la respuesta remitida por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial se produjo por fuera del término legal, pero
antes de proferir el fallo de tutela de primera instancia, razón por la cual, el CNDJ
solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho superado20, es decir, el
cumplimiento del derecho fundamental reclamado por parte de la entidad accionada.
No obstante, a criterio de esta Sala la respuesta de la Comisión Nacional fue
incompleta pues no se refirió a todos los aspectos interrogados. Si la entidad no
cuenta con esa información debía indicarle al tutelante que, por mandato legal no
debe tener los datos solicitados, o indicarle que no es la autoridad competente, pero
no podía omitir un pronunciamiento explícito, situación que sí se presentó. Por lo
anterior, en el acápite resolutivo se amparará el derecho fundamental de petición y
se ordenará a la entidad que, en el término de 15 días desde la notificación de esta
providencia, remita respuesta explícita a todos los interrogantes que propuso el
actor, si es el caso, indicando que, ante la ausencia de mandato legal, no cuenta
con la información solicitada, pero pronunciándose expresamente frente a cada
19
Índice Samai 9.
20
Corte Constitucional, Sentencia, SU-333 de 2020.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00417-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
interrogante. De no ser el órgano competente, remitir a la autoridad judicial que sí
cuenta con esa facultad.
61. Sobre este punto, en todo caso, la respuesta del Consejo Superior de la
judicatura ofreció información al tutelante relacionada con: “
“Marco de Competencia y Gobierno: Conforme a la doctrina constitucional
establecida en las sentencias C-285 de 2016, SU-355 de 2020 y C-134 de 2024,
el Consejo Superior de la Judicatura ostenta privativamente las funciones de
gobierno y administración de la Rama Judicial, lo cual excluye de manera
absoluta la función disciplinaria sobre los servidores judiciales. Autoridad
Disciplinaria: De acuerdo con el Acto Legislativo 02 de 2015 y la Ley 2430 de
2024, la función de investigar y sancionar disciplinariamente a los funcionarios
y empleados de la Rama Judicial radica en cabeza de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial Acción Realizada: Dado que este asunto no es del resorte de
las competencias de este Consejo Superior, se ha procedido a remitir su
solicitud por competencia a la citada Comisión. Se remitirá copia del presente
oficio a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que brinde respuesta
directa en lo de su cargo.”
Octavo eje temático
62. El octavo tema fue titulado por el actor como “VIII. MEDIDAS DE PROTECCIÓN
PARA DEFENSORES AMBIENTALES EN LITIGIOS JUDICIALES”21 y fue dirigido
al Ministerio del Interior y la UNP. En este punto, el 9 de enero de 2026, la Unidad
Nacional de Protección remitió respuesta al tutelante22 en la que le informa que a
la fecha no cuenta con la información completa, motivo por el cual, en atención a lo
21
Solicito información detallada sobre las medidas de protección para defensores ambientales que
participan en procesos judiciales, específicamente: 1. PROTOCOLOS DE SEGURIDAD INTEGRAL:
• Protocolos existentes para la protección de defensores ambientales que actúan como accionantes
en procesos judiciales • Mecanismos de alerta temprana y respuesta inmediata ante amenazas •
Coordinación institucional entre la Rama Judicial, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía
Nacional • Medidas específicas de protección para defensores en zonas rurales y remotas 2.
MEDIDAS CONTRA LA ESTIGMATIZACIÓN: • Protocolos para prevenir y sancionar la
estigmatización de defensores ambientales en procesos judiciales • Capacitación específica para
funcionarios judiciales en el trato digno y respetuoso a defensores ambientales • Mecanismos de
monitoreo y denuncia de prácticas estigmatizantes en el sistema judicial • Estadísticas de casos de
estigmatización reportados y acciones tomadas 3. GARANTÍAS DE IGUALDAD EN EL ACCESO A
LA JUSTICIA Medidas concretas para garantizar el acceso igualitario a la justicia para defensores
ambientales • Protocolos para evitar barreras económicas, geográficas y culturales en el acceso a
procesos judiciales • Mecanismos de asistencia jurídica gratuita especializada en temas ambientales
• Estadísticas de casos ambientales presentados por defensores y porcentaje de admisibilidad 4.
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: • Protocolos de protección de datos personales y sensibles de
defensores ambientales • Sistemas de cifrado y seguridad informática para la información de
defensores • Restricciones al acceso a información sensible de defensores ambientales en archivos
judiciales • Protocolos para la destrucción segura de documentos que contengan información
sensible 5. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA: • Mecanismos institucionalizados
de participación de defensores ambientales en la elaboración de políticas judiciales ambientales •
Mesas de diálogo permanentes entre la Rama Judicial y organizaciones de defensores ambientales
• Protocolos para la consulta previa a comunidades y defensores en la implementación de políticas
judiciales ambientales • Representación de defensores ambientales en comités de implementación
del Acuerdo de Escazú en el sector judicial 6. ESTADÍSTICAS Y EVALUACIÓN: Número de
defensores ambientales que han participado en procesos judiciales en los últimos 5 años • Número
de amenazas, agresiones y homicidios contra defensores ambientales en el contexto de procesos
judiciales • Efectividad de las medidas de protección implementadas (porcentaje de defensores
protegidos exitosamente) • Tiempos promedio de respuesta a solicitudes de protección de
defensores ambientales • Presupuesto asignado específicamente para la protección de defensores
ambientales en el sistema judicial
22
Índice samai 19.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00417-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
que prevé el artículo 14 de la ley 1755 de 2015, le solicitó al tutelante la ampliación
de términos por 15 días, es decir, hasta el 2 de febrero. Dentro del expediente de
tutela no reposa información conforme a la cual, se haya contestado del derecho de
petición del tutelante después de la petición de ampliación del término. En la
contestación del amparo, la UNP no indicó que ya haya remitido la respuesta a la
que se comprometió, solo indicó que, el tutelante no ha solicitado estudio de riesgo.
63. En este contexto, la Subsección amparará el derecho de petición del tutelante
en relación con la UNP, y se ordenará a esta entidad que, en el plazo de quince (15)
días desde la notificación de esta providencia, responda de manera íntegra a la
petición del tutelante.
64. Por su parte, el Ministerio del Interior indicó en su contestación a la acción de
tutela que el 26 de diciembre de 2025 había remitido respuesta al tutelante en la
que le informó que en el marco de las funciones y competencias de la Cartera
Ministerial, en materia de reconciliación, el Decreto 1444 de 2022, adopta la Política
Pública de Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización y establece los
lineamientos para promover la reconciliación nacional y una cultura de respeto y
dignidad en las relaciones entre la ciudadanía. Sin embargo, precisó que “teniendo
en cuenta que su solicitud se encuentra dirigida a identificar medidas contra la
estigmatización en el contexto judicial” se dio traslado al Consejo Superior de la
Judicatura. Igual situación se presentó con los interrogantes sobre garantías de
acceso a la justicia. Fueron remitidas al Consejo Superior de la Judicatura y al
Ministerio de Ambiente, Fiscalía General de la Nación y Unidad Nacional de
Protección. Señala que, la información solicitada por el tutelante es competencia de
la Unidad Nacional de Protección, en calidad de secretaria técnica del comité de
evaluación de riesgo y recomendaciones (CERREM), motivo por el cual, ello es
resorte de la Unidad Nacional de Protección.
65. En criterio de la Sala la respuesta que entregó el Ministerio del Interior fue
adecuada, pues fue oportuna, al ser remitida el 26 de diciembre de 2025, dentro de
los términos previstos en la Ley 1755 de 2015, y de fondo, pues explicó
adecuadamente al tutelante las razones por las cuales carece de competencia para
atender sus requerimientos, y remitió la petición a la entidad que a su juicio sí eran
competentes, concretamente, la Unidad Nacional de Protección, el Consejo
Superior de la Judicatura, y la Fiscalía General de la Nación. Por este motivo, en
relación con esa entidad se negará el amparo solicitado.
Noveno eje temático
66. En relación con la temática titulada: “IX. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y TRANSPARENCIA”23, el Consejo Superior de la Judicatura le indicó
al tutelante que Mecanismos de Participación Ciudadana (Art. 7 Ley Escazú): “Se
informa que los programas de formación cuentan con mecanismos internos de
23
Solicito información sobre los mecanismos institucionalizados de participación ciudadana en el
diseño y evaluación de los programas de formación en justicia ambiental, conforme al artículo 7 de
la Ley Escazú. Solicito copia de los protocolos de transparencia y rendición de cuentas para verificar
la efectividad de la formación ambiental impartida a los funcionarios judiciales y la implementación
del Acuerdo de Escazú.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00417-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
evaluación y retroalimentación que permiten integrar las necesidades de los
usuarios de la administración de justicia, asegurando que la formación impartida
impacte positivamente en la efectividad de la justicia ambiental”. A juicio de esta
Sala la respuesta es insuficiente toda vez que, se trata de una afirmación genérica,
global, en la que se le indica un principio de participación, pero no se detalla
exactamente qué se realiza para la materialización del derecho a la participación.
En consecuencia, se amparará el derecho con el fin de ordenar al Consejo Superior
de la Judicatura que, en el término de quince días desde la notificación de la
sentencia, informe “los mecanismos institucionalizados de participación ciudadana
en el diseño y evaluación de los programas de formación en justicia ambiental”, y
las copias indicadas en la petición. Si se carece de aquella información deberá
informarse al tutelante las actividades que realiza la entidad para producir la
información que solicita y con la que no se cuenta.
Décimo eje temático
67. Finalmente, la décima temática se relaciona con “MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN INMEDIATA”24 puntualmente con la entrega de información en
formato digital e informar los mecanismos de coordinación existentes entre la rama
judicial y el ministerio de ambiente para garantizar la actualización permanente de
los contenidos técnicos de la formación judicial en justicia ambiental. A este
interrogante el Consejo Superior de la Judicatura indicó al tutelante que: “En estricto
cumplimiento del estándar fijado por la Sentencia T-610 de 2008 de la Corte
Constitucional, esta Corporación hace entrega de la totalidad de la información
recolectada en formato digital editable, evitando la remisión a enlaces web externos
que puedan obstaculizar el acceso efectivo a la información solicitada.” En efecto,
la respuesta del derecho de petición se acompañó de las copias digitales de: “Oficio
CJO26-30: Respuesta de la Unidad de Administración de Carrera Judicial sobre
competencia de hojas de vida; Informe Técnico EJO26-7: Reporte de la Escuela
Judicial sobre programas de formación ambiental 2022-2025; consolidado
Estadístico EJRLB: Resumen detallado de capacitaciones por distrito y modalidad;
Oficio UDAEO25-5468: Informe de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
(UDAE) sobre especialidad judicial y presupuesto; Respuesta Integral URNAAJ:
Oficio de la Unidad del Registro Nacional sobre el régimen de auxiliares de la
justicia; Acuerdo PCSJA25-12341: Regulación de honorarios y listas de peritos en
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; Listado de Peritos Ambientales:
Registro vigente de expertos en ciencias ambientales y forestales”25.
68. El Consejo Superior de la Judicatura no se pronunció sobre la información
solicitada relacionada con la forma de “coordinación” entre la rama judicial y el
ministerio de ambiente en punto a la implementación del acuerdo de Escazú, y la
actuación de la formación judicial. Correspondía a la entidad, si fuese el caso,
explicar la relación entre la rama judicial que es autónoma e independiente, respecto
24
“Solicito compromiso por escrito de las entidades destinatarias para la entrega directa de la
información solicitada en formato digital editable, sin remitir al interesado a buscarla en portales web,
conforme al estándar establecido en la Sentencia T-610 de 2008 de la Corte Constitucional. //Solicito
informar los mecanismos de coordinación existentes entre la Rama Judicial y el Ministerio de
Ambiente para garantizar la actualización permanente de los contenidos técnicos en formación
judicial ambiental y la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú.”
25 Indice Samai 24.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00417-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
a un ministerio nacional, y se hacía necesario pronunciarse explícitamente sobre
cada aspecto de la petición, así fuese para indicar que la inexistencia de la
información requerida.
69. En conclusión, respecto a las solicitudes de protección del derecho de petición,
la Sala encuentra que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible remitió
respuesta oportuna, clara, y de fondo. Se pronunció explícitamente sobre cada uno
de los puntos propuestos por el tutelante y dio respuesta, incluso negativa, a la
información requerida. Las negativas hacían referencia a que el tutelante solicitó a
esa entidad acceso a documentos que, por competencia legal, no conserva o debe
conservar. El Ministerio le indicó los límites de sus competencias legales razón por
la cual, esta sala comprende contestado de manera oportuna y de fondo en los
términos indicados en la providencia. En relación con el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible se negará el amparo.
70. No obstante, frente a la Unidad Nacional de Protección, y al Departamento
Nacional de Planeación se evidenció que el derecho de petición fue adecuadamente
radicado en los canales virtuales que establecen esas entidades, pero no dieron
respuesta. En el caso de la UNP, la entidad solicitó más tiempo para dar respuesta
a los requerimientos, puntualmente, le indicó al tutelante que lo haría el 2 de febrero
de 2026, no obstante, a la fecha que se adopta esta decisión no se ha producido la
respuesta de fondo. En el caso de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial la
respuesta se produjo fuera del término previsto por el legislador, razón por la cual,
prima facie, sería procedente declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado, no obstante examinada el contenido de la respuesta que se remitió al
tutelante, se verifica que no se dio respuesta de fondo, toda vez que, hay aspectos
sobre los cuales la corporación no se pronunció explícitamente, ya fuera para indicar
que por competencia constitucional y legal no cuenta con la información solicitada
o dar alguna explicación al solicitante. Lo anterior con base en las consideraciones
realizadas por la sala en los acápites precedentes.
71. Igual situación se predica de la respuesta que remitió el Consejo Superior de la
Judicatura, la cual, si bien fue oportuna, clara, en varias de las temáticas abordadas
por el tutelante fue de fondo y completa, en otros aspectos no. Omitió responder
explícitamente a cada uno de los interrogantes ya fuese para indicar que carecía de
competencia para responder lo que se requería o el grado de detalle solicitado. Por
ejemplo, en el punto X del derecho de petición, no se pronunció respecto a la
coordinación entre la Rama Judicial y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible. En ese aspecto, no ofreció pronunciamiento alguno. En el caso del punto
II respecto de los mecanismos de evaluación y verificación del contenido de la
formación que imparte la escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la respuesta fue
incompleta, en cuanto se limitó a indicar que en la formación que se imparte hay
procesos de evaluación, más no indicó qué tipo de procesos de evaluación, lo cual
fue un punto explícito de la petición del tutelante.
72. Con base en las anteriores consideraciones así se ordenará en la parte
resolutiva de la providencia.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00417-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
Tercer problema jurídico
73. El tutelante afirma que ha sufrido problemas de seguridad y ciberseguridad,
motivo por el cual, solicitó al juez del amparo se ordene a la UNP analizar los riesgos
asociados a los procesos que dice haber promovido, esto en una perspectiva de
corto, mediano y largo plazo. Frente a este punto, la sala observa que el escrito de
amparo no fue acompañado de alguno mínimo o sumario elemento de prueba
referido a situaciones de inseguridad o amenaza en contra del actor y su núcleo
familiar. En el mismo sentido, la UNP en su informe dirigido al expediente de tutela
indicó que el tutelante no ha hecho alguna petición de protección a esa entidad,
razón por la cual, esta corporación concluye que, no existe evidencia de una
vulneración al derecho a la integridad del actor o al debido proceso administrativo
por parte de la UNP, en atención a que, no se cuenta con información actual, al
menos sumaria, sobre eventuales situaciones precisas de amenaza.
74. La Sala no desconoce que el actor es víctima del conflicto armado registrado en
el RUV. La UARIV corroboró el informe que dirigió a este proceso constitucional,
empero, en punto a la protección del derecho a la seguridad personal, integridad y
vida, la jurisprudencia constitucional26 ha exigido que cuando el juez constitucional
ordena medidas de protección urgente, cuente con un mínimo material probatorio
respecto de amenazas concretas, situación que no se presenta en el sub-lite.
75. Por lo anterior, se negará el amparo a los derechos fundamentales a la vida e
integridad personal del actor.
Cuarto problema jurídico
76. Por último, el tutelante hace peticiones dirigidas a que el juez de tutela ordene
a autoridades nacionales de la rama ejecutiva y la rama judicial del poder público
iniciar actividades dirigidas a la implementación del tratado de Escazú (peticiones
tercera, cuarta y quinta del amparo). No obstante, sobre estas peticiones el actor
ofrece apreciaciones personales sobre supuestos incumplimientos de las entidades
accionadas respecto a las obligaciones contenidas en el tratado de Escazú. Por
supuesto el cumplimiento de dicho instrumento internacional es una prioridad para
todas las ramas del poder público. En esa medida el actor expresa pretensiones
loables dirigidas al cumplimiento del tratado, empero, de ello no se deduce que en
el expediente de tutela haya evidencia de incumplimiento de este. En el acápite de
esta sentencia relacionado con la vulneración del derecho de petición, se evidenció
que el actor dirigió una petición a diversas autoridades estatales, y que dicha
petición versaba sobre la implementación del mencionado tratado. En aquel acápite
se verificó que las entidades respondieron dentro de los términos, otras no, y que
algunas de ellas no dieron una respuesta integral a la petición.
77. De la omisión en la respuesta del derecho de petición no puede concluirse que
exista una vulneración a algún derecho fundamental reconocido en el tratado de
Escazú, o que falten gestiones dirigidas a la materialización de las obligaciones
contraídas en dicho documento del derecho internacional. En efecto, en el
26
Corte Constitucional, sentencia T-258 de 2025, SU-546 de 2023.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00417-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
expediente no obran pruebas de las afirmaciones del actor en relación con el
supuesto incumplimiento de las obligaciones contenidas en aquel tratado
internacional, y aún más importante, el tutelante solicita que el juez constitucional
expida una serie de órdenes a entidades nacionales, sin mostrar como hipotéticas
omisiones afecta o amenaza sus derechos fundamentales de manera concreta.
78. En el mismo sentido, debe indicarse que, en el escrito de amparo el tutelante
reprocha omisiones de la secretaría del Acuerdo de Escazú, pues estima que no ha
avanzado en la implementación del acuerdo. No obstante, debe precisarse que el
derecho de petición de 17 de diciembre de 2025 no fue dirigido a esa instancia, y
en todo caso, conforme la jurisprudencia constitucional27, autoridades de derecho
internacional están sustraídas del control judicial del juez constitucional respecto del
derecho de petición.
79. La jurisprudencia constitucional28 ha señalado que, cuando un actor acude al
medio de amparo debe ser el titular de un derecho fundamental que concretamente
se esté vulnerando o amenazando. Puede además actuar como agente oficioso de
otra persona, siempre que demuestre que el titular del derecho no puede acudir ante
la administración de justicia. No existe la posibilidad de acudir al juez de tutela si
solo se invoca la protección de la legalidad en abstracto. El sistema jurídico ha
dispuesto otras acciones judiciales para ese tipo de pretensiones. En la acción de
tutela se requiere que el actor sea titular de un derecho amenazado o vulnerado o
agente oficioso de un tercero. En el caso concreto, el actor afirma, en abstracto, el
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el tratado de Escazú, pero esas
supuestas vulneraciones no fueron respaldadas por evidencia, al menos sumaria de
ello. Además, no evidencia que el hipotético incumplimiento amenaza o vulnera
derechos fundamentales de personas concretas. Por esto, estas peticiones de
amparo serán declaradas improcedentes, pues el actor no satisface el requisito de
legitimación en la causa al no probar, al menos sumariamente, alguna amenaza
concreta en cabeza de él mismo o actúe como agente oficioso de un tercero.
80. En conclusión y a manera de síntesis de las anteriores consideraciones: i) se
declarará improcedente el amparo en relación con la petición de suspender los
procesos judiciales que ha iniciado y aquellas relacionadas con supuestos
incumplimientos del tratado de Escazú, aprobado por Ley 2273 de 2022; ii) se
negará respecto de la supuesta vulneración del derecho de petición en relación con
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Ministerio del Interior, y en
relación con los derechos a la vida, integridad y seguridad personal de Ericsson
Ernesto Mena Garzón; iii) se amparará el derecho de petición. En consecuencia, se
ordenará a la Unidad Nacional de Protección, a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, al Consejo Superior de la Judicatura y al Departamento Nacional de
Planeación, contestar el derecho de petición dentro de los quince (15) días
siguientes a la notificación de esta providencia.
27
Corte Constitucional T-093 de 2013 y T-242 de 2021.
28
Corte Constitucional, Sentencia T-461 de 2021. En el mismo sentido, la SU-377 de 2014 o T-430
de 2017.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00417-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por Ericsson
Ernesto Mena Garzón en relación con la petición de suspender los procesos
judiciales que ha iniciado y aquellas relacionadas con supuestos incumplimientos
del tratado de Escazú, aprobado por Ley 2273 de 2022, por las razones expuestas
en la parte motiva de la providencia.
SEGUNDO: NEGAR parcialmente el amparo solicitado por Ericsson Ernesto Mena
Garzón respecto de la supuesta vulneración del derecho de petición en relación con
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio del Interior, esto por
las razones indicadas en la parte motiva de la providencia.
TERCERO: NEGAR el amparo de los derechos a la vida, integridad y seguridad
personal de Ericsson Ernesto Mena Garzón, por las razones expuestas en la parte
motiva de la sentencia.
CUARTO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de Ericsson Ernesto
Mena Garzón. En consecuencia, ORDENAR a la Unidad Nacional de Protección, a
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al Consejo Superior de la Judicatura y
al Departamento Nacional de Planeación, contestar el derecho de petición dentro
de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta providencia, en los
términos indicados en la parte motiva de la sentencia.
QUINTO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio
más expedito.
SEXTO: En caso de no ser impugnada, REMITIR a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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