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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01400-00

Fecha
16 de julio de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01400-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NO ACCEDER a las solicitudes de desvinculación realizadas por la presentadas por el Ministerio de las Telecomunicaciones, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior, la Unidad para las Víctimas, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Policía Nacional y el Departamento Nacional de Planeación, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa. SEGUNDO: NEGAR el amparo respecto a IFX Networks Colombia S.A y la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con lo señalado en los considerandos de esta sentencia. TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Ericson Ernesto Mena Garzón, por las razones dadas en este proveído. CUARTO: En consecuencia, se ordena al Ministerio de las Telecomunicaciones (MINTIC) y a la Fiscalía General de la Nación, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de notificación del presente fallo, dar respuesta de forma clara, congruente y de fondo a la petición que el accionante formuló el 30 de octubre de 2025. QUINTO: DECLARAR LA TEMERIDAD en el trámite constitucional respecto a la petición del 17 de diciembre de 2025, de acuerdo con la parte considerativa de esta providencia. SEXTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. SÉPTIMO: En caso de no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01400-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

16 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01400-00
Demandante: ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN
Demandados: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTROS

Tema: Tutela por presunta vulneración al derecho fundamental de
petición- Temeridad-

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad
con los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación1.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo2

El señor Ericson Ernesto Mena, actuando en nombre propio, instauró acción de
tutela contra la Fiscalía General de la Nación, de la Superintendencia de Industria
y Comercio, del Ministerio de las Tecnologías, de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, de la empresa IFX Networks Colombia S.A., del Consejo
Superior de la Judicatura, de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, de la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del Ministerio de Justicia y del
Derecho, del Departamento Nacional de Planeación, del Ministerio del Interior,
de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, de la Unidad Nacional
de Planeación, de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las
Víctimas y de la Policía Nacional, al considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la vida, a la integridad personal, al debido proceso, de acceso a
la administración de justicia, a la igualdad y de petición.

Las anteriores garantías las estimó desconocidas, por cuanto para la fecha de
radicación del presente mecanismo, no se había brindado una respuesta a las
solicitudes que elevó el 30 de octubre y el 17 de diciembre de 2025.

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 La cual fue radicada el 23 de febrero de 2026.

Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01400-00

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, el accionante solicitó el amparo del derecho
fundamental invocado y, en consecuencia, pidió:

[…] PRIMERA: Solicito a este Honorable Despacho Judicial que, en ejercicio de
la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
regulada por el Decreto 2591 de 1991, PROTEJA DE MANERA INMEDIATA Y
EFECTIVA mis derechos fundamentales vulnerados por la acción y omisión de
las entidades accionadas, a saber: (…) vida, integridad personal, debido
proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad material, y no
discriminación y derecho de petición.

SEGUNDA: Como consecuencia de la protección de derechos fundamentales
solicitada, ORDENE a las entidades accionadas dar trámite administrativo
inmediato, de fondo y conforme a derecho, a cada uno de los elementos
requeridos en los derechos de petición del 30 de octubre y 17 de diciembre de
2025, en los siguientes términos:

2.1. Respecto al derecho de petición del 30 de octubre de 2025

ORDENE a IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S., en término perentorio de
cuarenta y ocho (48) horas:

a) Emitir declaración expresa bajo la gravedad de juramento (Art. 443 C.P.), con
advertencia de responsabilidad penal por falso testimonio, sobre la inexistencia
de filtración, exfiltración, acceso no autorizado o divulgación indebida de la
información judicial del peticionario, como consecuencia del incidente del 12 de
septiembre de 2023 y de la supuesta filtración del 25 de julio de 2025.
b) Realizar evaluación de riesgos informática personalizada bajo estándares
internacionales (ISO/IEC 27005, NIST SP 800-30) sobre el 100% de los
expedientes judiciales vinculados al peticionario, con informe técnico verificable
que incluya: identificación de sistemas afectados, análisis de vectores de
exposición, evaluación de impacto potencial en derechos fundamentales, y
medidas correctivas con cronograma y métricas de efectividad.
c) Implementar medidas de protección diferenciada para los datos judiciales del
peticionario, en atención a su condición de defensor ambiental en riesgo
extraordinario, incluyendo: cifrado de extremo a extremo específico,
autenticación multifactor (MFA) reforzada, monitoreo continuo en dark web para
detectar uso indebido de sus datos, y restricción de acceso con trazabilidad
forense.
d) Garantizar confidencialidad total y permanente de los procesos judiciales del
peticionario, conforme al Art. 15 de la Constitución, Art. 17 de la Ley 1581 de
2012, Art. 5 del Acuerdo de Escazú y Circular Externa SIC 02 de 2023, con
mecanismo verificable de cumplimiento.

ORDENE al MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES (MinTIC), en término perentorio de cuarenta y ocho
(48) horas:

a) Informar si el incidente de ciberseguridad del 12 de septiembre de 2023 fue
reportado al CSIRT-Gobierno y qué protocolos de protección se activaron para
usuarios afectados.

2

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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01400-00

b) Emitir concepto técnico sobre la aplicabilidad de medidas de ciberseguridad
reforzada para defensores ambientales cuyos datos judiciales puedan haber
sido comprometidos.
c) Coordinar con IFX Networks y la Rama Judicial la implementación de
protocolos de protección digital para sujetos en riesgo extraordinario.

ORDENE a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), en
término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas:

a) Ejercer su función de vigilancia y control para verificar que IFX Networks
cumpla con las obligaciones de protección de datos personales del peticionario,
conforme a la Ley 1581 de 2012 y la Circular Externa 02 de 2023.
b) Emitir lineamiento o instructivo sobre la aplicación del principio de igualdad
material en contextos de riesgo extraordinario, precisando cuándo proceden
medidas de protección diferenciada para titulares de datos en situación de
vulnerabilidad.
c) Articular con MinTIC, Fiscalía y Rama Judicial una respuesta coordinada a
las solicitudes de protección de datos de defensores ambientales.

ORDENE a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en término perentorio de
cuarenta y ocho (48) horas:

a) Informar el estado de las investigaciones penales adelantadas por los
incidentes de ciberseguridad del 12 de septiembre de 2023 y la supuesta
filtración del 25 de julio de 2025, en lo relacionado con posibles delitos de
acceso indebido a sistemas informáticos y violación de datos personales.
b) Adoptar medidas de protección preventiva para el peticionario, en su
condición de posible víctima de delitos informáticos que podrían derivar en
amenazas a su vida e integridad.

2.2. Respecto al derecho de petición del 17 de diciembre de 2025

ORDENE al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA (Unidad de
Recursos Humanos, Unidad de Administración y Carrera Judicial, Comisión
Nacional de Disciplina Judicial), en término perentorio de cuarenta y ocho (48)
horas:

a) Entregar, en formato digital editable, las hojas de vida completas y soportes
académicos de magistrados del Consejo de Estado, Tribunales Administrativos
y Jueces Administrativos a nivel nacional, con formación, certificaciones,
experiencia, publicaciones y capacitaciones.
b) Remitir reporte estadístico nacional desglosado sobre funcionarios judiciales
capacitados en derecho ambiental, cobertura por departamento, brechas de
formación en regiones con alto valor ecológico, y protocolos de asignación de
casos ambientales.
c) Informar sobre la implementación del Acuerdo de Escazú en la Rama Judicial:
planes estratégicos, formación judicial, protocolos operativos, estadísticas de
aplicación, mesas de trabajo interinstitucional y presupuesto asignado (2023-
2025).
d) Remitir información sobre mecanismos disciplinarios en justicia ambiental:
marco normativo, procedimientos, certificación, protocolos de recusación por
falta de idoneidad técnica y estadísticas de sanciones.
e) Informar sobre mecanismos de participación ciudadana en el diseño de
programas de formación judicial ambiental y protocolos de rendición de cuentas.

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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
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ORDENE a la ESCUELA JUDICIAL "RODRIGO LARA BONILLA", con
coordinación del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE, en término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas:

a) Entregar información detallada sobre el sistema nacional de formación en
justicia ambiental: programas aprobados, contenidos técnicos y científicos,
mecanismos de validación, entidades avaladoras, frecuencia y duración de
capacitaciones.
b) Especificar el mecanismo de coordinación institucional entre Escuela
Judicial, MinAmbiente, IDEAM, Ministerio de Educación y CAR para la
validación de contenidos técnicos ambientales en formación judicial.

ORDENE a la UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y
AUXILIARESDE LA JUSTICIA (URNAAJ), en término perentorio de cuarenta
y ocho (48) horas:

a) Remitir copia completa del registro oficial de peritos especializados en
Ciencias Ambientales, Recursos Naturales y Áreas Protegidas, inscritos desde
1991 hasta la fecha, con desglose de: especialidades específicas, estadísticas
de participación judicial, requisitos académicos exigidos y criterios de selección
y evaluación.

ORDENE al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, en
término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas:

a) Informar sobre su participación en la validación de contenidos técnicos
ambientales para la formación judicial y en la coordinación interinstitucional para
la implementación del Acuerdo de Escazú en la Rama Judicial.

ORDENE al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, en término
perentorio de cuarenta y ocho (48) horas:

a) Informar sobre las acciones adoptadas para garantizar el acceso a la justicia
ambiental y la protección de defensores en litigios, conforme al Acuerdo de
Escazú.

ORDENE al DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP), en
término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas:
a) Remitir información sobre presupuesto específico, infraestructura tecnológica
y recursos humanos especializados asignados a la justicia ambiental (2021-
2025), así como programas de cooperación internacional.

ORDENE al COMITÉ CERREM y al MINISTERIO DEL INTERIOR, en término
perentorio de cuarenta y ocho (48) horas:

a) Informar sobre protocolos de seguridad, medidas contra la estigmatización,
igualdad en el acceso, seguridad de la información, participación ciudadana y
estadísticas de agresiones reportadas para defensores ambientales en litigios
judiciales.

ORDENE al MIEMBRO DEL COMITÉ CERREM UNIDAD NACIONAL DE
PROTECCIÓN (UNP), en término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas:

a) Evaluar de manera inmediata el nivel de riesgo del peticionario, considerando
la posible filtración de sus datos judiciales y su condición de defensor ambiental,
y adoptar las medidas de protección pertinentes.

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ORDENE al MIEMBRO DEL COMITÉ CERREM UNIDAD PARA LA
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, en término
perentorio de cuarenta y ocho (48) horas:

a) Verificar la vigencia de las medidas de protección del peticionario como
víctima del conflicto armado y coordinar con la UNP su actualización, si fuere
necesario.

ORDENE al MIEMBRO DEL COMITÉ CERREM POLICÍA NACIONAL (DIPRO
y Oficina de Derechos Humanos), en término perentorio de cuarenta y ocho
(48) horas:

a) Informar sobre protocolos de coordinación con el Comité CERREM para la
protección de defensores ambientales en litigios y activar alertas tempranas si
existiere riesgo inminente para el peticionario (…).3

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que,
a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

El 2 de octubre de 2025 el accionante presentó petición ante la empresa IFX
Networks, al Ministerio de las Telecomunicaciones, a la Superintendencia de
Industria y Comercio, a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía
General de la Nación en la cual interrogó y realizó algunas solicitudes a dichas
autoridades sobre una filtración masiva de información ocurrida el 25 de julio de
2025 por el grupo NOVA, derivada del ciberataque a IFX Networks el 12 de
septiembre de 2023.

Posteriormente, el 30 de octubre de 2025 presentó una nueva solicitud de
información técnica, jurídica y de protección a las mis entidades descritas en el
párrafo anterior, tras la filtración masiva de información ocurrida el mismo 25 de
julio de 2025 por el grupo NOVA, derivada del ciberataque a IFX Networks del
12 de septiembre de 2023.

Por otra parte, el 17 de diciembre de 2025 presentó peticiones dirigidas a varias
entidades públicas en las que las cuestionó la implementación del Acuerdo de
Escazú en la Rama Judicial y la formación que se ofrece en temas de justicia
ambiental.

Para facilitar la comprensión de los antecedentes, se presentarán las solicitudes
respecto de las cuales presentó la presente acción de tutela en las siguientes
tablas, que distribuye la información en los siguientes criterios: (i) solicitud
concreta; y (ii) autoridad ante la que se presentó.

3 Transcripción literal, por lo que puede contener errores. Índice 2 del aplicativo SAMAI.

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SOLICITUD DEL 30 DE OCTUBRE DE 2025 ENTIDADES
i) Declaración juramentada de no filtración IFX Networks
de los datos del accionante4; Ministerio de las
ii) Evaluación de riesgos informáticos Telecomunicaciones
personalizada5; Superintendencia de Industria y
iii) Implementación de medidas de Comercio
6
protección ; y, Fiscalía General de la Nación
iv) Garantías de confidencialidad absoluta7.

SOLICITUD DEL 17 DE ENTIDADES
DICIEMBRE DE 20258
Solicitó información Consejo Superior de la Judicatura9, Comisión
estructural para verificar la
efectividad de la justicia
ambiental en Colombia.

4En el sentido de indicar que el peticionario no ha sido víctima de filtración, exfiltración, acceso

no autorizado ni divulgación indebida de información en sus procesos judiciales, como
consecuencia del ciberataque del 12 de septiembre de 2023 ni de la filtración del 25 de julio de
2025.
5 Evaluación inmediata bajo estándares internacionales (ISO/IEC 27005, NIST SP 800-30) sobre

el 100% de expedientes judiciales del peticionario, incluyendo: identificación de sistemas
afectados, análisis de vectores de exposición, evaluación de impacto en derechos fundamentales
y medidas correctivas con cronograma y métricas.
6 Con ocasión de la violencia contra defensores ambientales (79 asesinados en 2023, 48 en

2024), de la filtración del 25 de julio de 2025 y la obligación reforzada del Estado (Art. 11 Acuerdo
de Escazú, Sentencia T-294 de 2023), solicitó: i) Cifrado extremo a extremo; ii) Autenticación
multifactor (MFA) reforzada; iii) Monitoreo continuo en dark web; y, iv) Restricción de acceso con
trazabilidad forense.
7 Garantía de confidencialidad total y permanente de todos los procesos judiciales.
8 En general las peticiones las dividió en 10 ejes temáticos que se describen así: “I. Información

sobre hojas de vida de funcionarios judiciales; ii. Sistema nacional de formación en justicia
ambiental; iii. Estadísticas de idoneidad ambiental por departamento; iv. Inventario de peritos en
ciencias ambientales; v. Implementación del acuerdo de Escazú en la rama judicial; vi. Recursos
económicos, infraestructura y apoyo técnico para la justicia ambiental; vii. Mecanismos
disciplinarios en justicia ambiental; viii. Medidas de protección para defensores ambientales en
litigios judiciales; ix. Mecanismos de participación ciudadana y transparencia; x. Medidas de
implementación inmediata”.
9 Solicitó las hojas de vida completas y soportes académicos de los Magistrados del Consejo de

Estado, de los Tribunales Administrativos y de los Jueces Administrativos de todo el país.
Además, de cada uno de estos funcionarios pidió: formación académica completa, certificaciones,
diplomados, especializaciones o posgrados, experiencia profesional detallada, publicaciones
académicas, capacitaciones recibidas durante su carrera profesional, número total de
funcionarios judiciales capacitados en derecho ambiental y porcentaje de cobertura por
departamento y distrito; número de funcionarios sin formación en temas ambientales por región,
tiempos promedio de acceso a formación especializada por zona geográfica, brechas críticas de
formación en regiones con alto valor ecológico, información detallada sobre la implementación
efectiva del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), Ley 2388
de 2023, en la Rama Judicial (en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente). Asimismo,
recursos económicos, infraestructura y apoyo técnico para la justicia ambiental (en conjunto con

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Nacional de Disciplina Judicial10, Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla11, Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNAAJ)12,
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Ministerio de Justicia y del Derecho, Departamento
Nacional de Planeación y Ministerio del Interior13,
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos,
Unidad Nacional de Planeación, Unidad para la
Atención y Reparación Integral de las Víctimas y
Policía Nacional.

1.4. Sustento de la vulneración

El accionante manifestó que la conducta de las entidades demandadas vulnera
sus derechos fundamentales debido a sus respuestas evasivas, omisiones y falta
de protección técnica.

En cuanto a las respuestas evasivas y extemporáneas mencionó que:

 IFX Networks: su respuesta contiene vicios formales y sustanciales, en la
que evitó formular una declaración juramentada explícita sobre la no
filtración de datos y remitiéndose a manifestaciones en procesos previos.
 Superintendencia de Industria y Comercio: la entidad respondió de
forma extemporánea (fuera del término legal de 15 días) y bajo una
interpretación restrictiva de sus funciones.

Por otra parte, señaló que se presentó silencio administrativo y “omisión absoluta
de respuesta” de entidades como el Ministerio de las Telecomunicaciones, de la
Fiscalía General de la Nación, del Consejo Superior de la Judicatura, del
Ministerio de Ambiente, entre otras. El accionante considera que este silencio no
es un simple retraso, sino una “obstrucción sistemática” al acceso a la
información y a la justicia ambiental, dejando en la impunidad posibles delitos
informáticos y amenazas en su contra.

el DNP), mecanismos de participación ciudadana en el diseño de programas de formación (Art. 7
Escazú) y copia de protocolos de rendición de cuentas y medidas de implementación inmediata
del acuerdo de Escazú.
10 Mecanismos disciplinarios en justicia ambiental.
11 Solicitó información sobre el sistema de formación en justicia ambiental para funcionarios

judiciales a nivel nacional. Además, que se especificara qué entidad o entidades son
responsables de avalar los contenidos técnicos, científicos y jurídicos en materia ambiental para
la formación judicial y cuál es el mecanismo de coordinación institucional entre la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el IDEAM y otras
entidades técnicas ambientales, el Ministerio de Educación Nacional y las Corporaciones
Autónomas Regionales.
12 Solicitó el registro oficial de todos los peritos y auxiliares de la justicia especializados en ciencias

ambientales, recursos naturales y áreas protegidas, inscritos ante el Consejo Superior de la
Judicatura desde el año 1991 hasta la fecha.
13 Solicitó información respecto de las medidas de protección para defensores ambientales en

litigios judiciales.

7

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Asimismo, indicó que el actuar de las demandadas confluye en una negación de
medidas de protección diferenciada por cuanto hubo: i) desconocimiento de la
igualdad material ya que IFX rechazó implementar medidas reforzadas (cifrado
E2E, MFA) alegando que "ningún usuario tiene trato especial", pero la igualdad
material exige tratos diferenciados para sujetos en riesgo extraordinario como los
defensores ambientales; y, ii) “fragmentación de la responsabilidad” en el sentido
que las entidades en sus respuestas se declaran incompetentes o limitan su
garantía de confidencialidad solo a los datos bajo su custodia directa, lo que
describe como un escenario de desprotección institucional sistemática.

Señala que se presentaron vulneraciones técnicas y de ciberseguridad por: i)
exposición de comunicaciones sensibles, ya que IFX notificó respuestas a un
correo electrónico que el accionante no indicó, ignorando su canal seguro, lo que
expone información sensible; y, ii) la falta de informes técnicos verificables o
auditorías independientes sobre los ciberataques sufridos por la infraestructura
judicial que impide conocer el alcance real de la filtración de sus expedientes
judiciales.

Por otra parte, menciona que los obstáculos a la justicia ambiental (Acuerdo de
Escazú) se presentan por falta de transparencia institucional, en el sentido de
que la negativa a entregar información sobre la idoneidad técnica de jueces,
peritos y presupuestos para la justicia ambiental impide verificar si el Estado
cumple con sus obligaciones internacionales; y, se presenta un incumplimiento
del deber de protección a defensores pues las entidades fallan en garantizar un
entorno seguro y propicio, al no activar protocolos de seguridad digital ni
investigar los ataques en su contra.

Finalmente señaló que el silencio institucional, en este contexto, no es neutral.
Es una forma de negación tácita que obstaculiza la implementación del tratado,
debilita la justicia ambiental y expone a los defensores a mayores riesgos.
Mientras las entidades responsables no respondan, el Acuerdo de Escazú
seguirá siendo una promesa incumplida para quienes más lo necesitan.

1.5. Trámite de la solicitud de amparo

Mediante providencia del 23 de enero de 2026, el magistrado ponente inicial14
manifestó su impedimento para conocer del presente asunto, el cual fue
declarado infundado por los demás integrantes de la sala por medio de
providencia de 12 de marzo de 2026, al no encontrar acreditada la causal
invocada.

14 Omar Joaquín Barreto Suárez, integrante de la Sección Quinta de esta Corporación.

8

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En virtud de lo anterior, mediante auto del 13 de abril de 2026, el mismo
Consejero de Estado en mención avocó el conocimiento de la solicitud de amparo
y ordenó notificar al notificar esta decisión al accionante y como demandados a
los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, del Consejo
Superior de la Judicatura, a la señora fiscal General de la Nación, al
superintendente de Industria y Comercio, a los ministros de las Tecnologías y las
Comunicaciones, de Justicia y del Derecho y del Interior; al representante legal
de la empresa IFX Networks Colombia S.A., a los directores de la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla, de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia, de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, de la
Unidad Nacional de Planeación, de la Unidad para la Atención y Reparación
Integral de las Víctimas y de la Policía Nacional15.

El 11 de junio de 2026, el magistrado Omar Joaquin Barreto Suárez, inicialmente
asignado al presente asunto, sometió a consideración de la Sala proyecto de
sentencia de primera instancia; sin embargo, aquel no obtuvo la mayoría para su
aprobación.

En virtud de lo anterior, mediante providencia del mismo día, se ordenó la
remisión del expediente al despacho que preside la consejera Gloría María
Gómez Montoya en atención a que el proyecto discutido dentro del proceso de la
referencia en la sesión de la misma fecha no obtuvo la mayoría requerida para
su aprobación (índice 60 de Samai).

El expediente ingresó al despacho 16 del mismo mes y año (índice 65 de Samai).

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron
múltiples contestaciones. Para efectos de una mayor claridad, se dividirán según
la fecha de las solicitudes que elevó el accionante, así:

Petición del 30 de octubre de 2025

Entidad Respuesta
Solicitó que se niegue el amparo solicitado por el accionante
en razón a que no se han vulnerado sus derechos
fundamentales y a que la acción es improcedente.

Afirmó que respondió de fondo, de manera clara y oportuna
la petición del accionante el 13 de noviembre de 2025 (oficio
IFX Networks IFXCO-664).

Detalló que abordó los cuatro puntos exigidos: la declaración

15 La notificación a las referidas entidades se encuentran en el índice 20 de Samai.

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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
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juramentada, la evaluación de riesgos, las medidas de
protección y el compromiso de confidencialidad.

Considera que la tutela es improcedente por no cumplir con
el requisito de inmediatez ya que el accionante esperó más
de tres meses desde que recibió la respuesta a su petición
para interponer la tutela, lo cual desvirtúa la urgencia del
mecanismo.

Por otra parte, mencionó que esta es la cuarta acción de
tutela que el señor Mena Garzón presenta por los mismos
hechos y que existe una identidad de partes, hechos y
pretensiones en procesos previos que ya fueron fallados,
Incumplimiento del requisito de inmediatez: solicitó declarar
la improcedencia de la tutela debido a que el accionante se
basa en hechos ocurridos hace mucho tiempo.
Específicamente, mencionó un incidente de ciberseguridad
de septiembre de 2023 (hace más de dos años y cinco
meses) y una supuesta filtración de julio de 2025 (hace siete
meses).

Esta situación, a su juicio, desvirtúa la urgencia y la
Ministerio de las naturaleza preventiva de la tutela, sugiriendo que la amenaza
Telecomunicaciones es hipotética y no actual.

Ineptitud sustantiva de la tutela: señaló que el accionante no
identifica con claridad cómo una supuesta omisión de ese
Ministerio amenaza directamente su vida o integridad. La
demanda se basa en temores hipotéticos sobre servidores de
terceros (IFX Networks) sin aportar pruebas de que su
información personal fuera filtrada. Además, el demandante
pide medidas técnicas (como cifrado E2E) sobre expedientes
judiciales que el MinTIC no controla ni administra,
pretendiendo usar la tutela para obtener una "consultoría
técnica gratuita".

Falta de legitimación en la causa por pasiva: sostuvo que no
tiene la custodia ni el control de los expedientes judiciales
mencionados, ya que el contrato de almacenamiento es entre
el Consejo Superior de la Judicatura e IFX Networks. Al no
ser el responsable del tratamiento de esos datos ni tener
acceso técnico a dicha infraestructura, aseguró que esa
cartera ministerial carece de la capacidad operativa para
ejecutar las órdenes solicitadas.

Ausencia de vulneración del Acuerdo de Escazú: Precisó que
las obligaciones del MinTIC bajo este acuerdo se limitan a la
información bajo su custodia. La formación judicial ambiental

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y la gestión de peritos corresponden a otras entidades como
la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
Solicitó denegar el amparo al considerar que sus actuaciones
han sido diligentes y ajustadas estrictamente al principio de
legalidad.

Configuración de "Hecho Superado". Sostuvo que al haber
emitido respuestas formales y haberlas complementado
exhaustivamente durante el trámite judicial16, cualquier
supuesta omisión administrativa quedó subsanada.
Por tanto, cualquier orden de amparo resultaría "inocua,
innecesaria o carente de objeto" al haber desaparecido la
Superintendencia de causa de la reclamación.
Industria y
Comercio La entidad argumentó que no ha vulnerado ninguno de los
derechos invocados por el accionante por cuanto: i) no existe
un nexo causal entre las funciones de la SIC y los riesgos
alegados, los cuales considera "hipótesis o conjeturas" sin
soporte probatorio; ii) otorgó una respuesta oportuna, clara y
de fondo a la petición del tutelante, ante lo cual subrayó que
este derecho se garantiza con una respuesta motivada,
aunque sea negativa o no acceda a pretensiones
materialmente imposibles o ajenas a su competencia; y, iii) no
se demostró una situación de desventaja real que justificara
un trato diferenciado, actuando la SIC bajo el principio de
igualdad ante la ley.
Dirección Seccional Bogotá: Argumentó que ya no existe
vulneración de derechos porque la entidad procedió a
informar al accionante sobre el número de radicado y el
despacho a cargo respecto de la denuncia realizada por este.
En este sentido, pidió declarar la improcedencia de la tutela
por hecho superado, ya que la información solicitada ya fue
entregada mediante correo electrónico (no especificó la fecha
de envío). Aclaró que no tiene registro del derecho de petición
del 17 de diciembre de 2025 mencionado por el actor.

Dirección de Asuntos Jurídicos: adujo que se presenta falta
de legitimación en la causa por pasiva y que la acción de
tutela no debe dirigirse contra la fiscal General de la Nación
personalmente. Por otra parte, mencionó que las funciones
reclamadas (investigación y respuesta a usuarios)
Fiscalía General de corresponden a dependencias específicas como las
la Nación Direcciones Seccionales.

Requirió la desvinculación de la fiscal General del proceso
judicial y señala que esa entidad no ha omitido ninguna

16 Hizo referencia a la respuesta otorgada a la petición del 30 de octubre de 2025 mediante

radicado 25-541490-2 del 24 de noviembre de 2025.

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respuesta directa al accionante ya que el trámite fue remitido
por competencia a la Seccional Bogotá.

Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos: Puso
de presente que el accionante ya había interpuesto una tutela
previa por los mismos hechos y contra las mismas entidades
(Radicado 2025-427), la cual fue fallada por el Juzgado
Séptimo Administrativo de Bogotá. Asimismo, que el 29 de
octubre de 2025 ya se le había dado respuesta a un derecho
de petición del señor Mena, orientándolo sobre la
competencia de otras entidades.

Petición del 17 de diciembre de 2025:

Entidad Respuesta
Falta de legitimación en la causa por pasiva. El Ministerio
argumentó que no existe un nexo causal entre sus acciones (u
omisiones) y la presunta vulneración de derechos, ya que las
solicitudes del accionante recaen sobre funciones que no le
corresponden legalmente. Adujo que, aunque el Director de
Derechos Humanos del Ministerio integra el Comité de
Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas
(CERREM), su papel es consultivo y colegiado. La decisión
Ministerio del final sobre las medidas de protección y su ejecución
Interior corresponde exclusivamente al Director de la UNP.

El Ministerio destacó que su labor se enfoca en la coordinación
de la Política Pública Integral de Garantías a la labor de
Defensa de Derechos Humanos. Si bien esta política
contempla la creación de protocolos y medidas contra la
estigmatización, se trata de lineamientos generales y
preventivos, no de la gestión de casos de seguridad
individuales o la administración de bases de datos judiciales
ajenas.

Mencionó las funciones del Ministerio y de su Dirección de
Derechos Humanos según los Decretos 2893 de 2011 y 714
de 2024, reafirmando que ninguna de ellas incluye las acciones
administrativas de ciberseguridad o entrega de información
judicial solicitadas en la tutela.
Solicitó que la tutela se declare improcedente por temeridad
debido a que el accionante ya había promovido una tutela
previa (Rad. 2026-00417-00) con identidad sustancial de
partes, hechos y pretensiones.

Por otra parte, mencionó la inexistencia de vulneración del
Escuela Judicial derecho de petición pues sostuvo que sí emitió una respuesta
Rodrigo Lara de fondo, clara y oportuna a la solicitud del accionante
Bonilla mediante el oficio EJO26-7 del 7 de enero de 2026. Esta
respuesta incluyó información técnica sobre la oferta
académica ambiental (reportando 1.270 asistentes entre 2022
y 2025).

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Aclaró que el derecho de petición se satisface con una
respuesta de fondo, pero no obliga a la autoridad a acceder
favorablemente a lo solicitado ni a adoptar las políticas públicas
pretendidas por el ciudadano.

Argumentó que no existe una relación directa entre las
funciones de capacitación de la Escuela y los riesgos de
seguridad alegados por el accionante.

Finalmente, explicó que las obligaciones del Acuerdo de
Escazú son de carácter progresivo y estructural, involucrando
a múltiples entidades. Además, sostuvo que no es
jurídicamente procedente atribuir a la Escuela una "omisión
estructural" del Estado, ya que su rol se limita a ejecutar
procesos de formación según su presupuesto y directrices
institucionales.

Afirmó haber incorporado contenidos de justicia ambiental de
forma gradual, por lo que no existe una inactividad absoluta.

En conclusión, esa autoridad solicitó que se declare la
improcedencia por temeridad o, de forma subsidiaria, se
niegue el amparo al no existir una vulneración de derechos
imputable a la institución.
Argumentó que se presenta la "triple identidad" necesaria para
la cosa juzgada: i) Identidad de partes: el accionante y las
entidades tuteladas son los mismos que en un proceso
anterior; ii) Identidad de objeto: en ambos procesos se
cuestiona la respuesta a la petición del 17 de diciembre de
2025 sobre la implementación del Acuerdo de Escazú; y, iii)
Identidad de causa: ambas acciones surgen de la
inconformidad del demandante con la información suministrada
por las autoridades.

Al respecto señaló que el Consejo de Estado ya emitió una
Consejo Superior sentencia (Rad. 2026-00417-00) el 27 de febrero de 2026
de la Judicatura respecto a estos mismos hechos. En dicho fallo se amparó
parcialmente el derecho de petición y se ordenó a esa
autoridad complementar información sobre mecanismos de
participación y mesas interinstitucionales.
La entidad afirmó haber cumplido con la orden judicial
mediante el Oficio OAIO26-215 de marzo de 2026. Sostuvo
que, si el accionante considera que la respuesta sigue siendo
insuficiente, debe acudir al incidente de desacato y no a una
nueva tutela, la cual no es el mecanismo idóneo para debatir
algo ya juzgado.

Finalmente mencionó que la interposición sucesiva de una
misma acción de amparo puede dar lugar a la declaración de
temeridad si se acredita mala fe o dolo al vulnerar los principios
de economía y eficacia procesal.
En conclusión, solicitó al juez constitucional declarar la
existencia de cosa juzgada y, por ende, rechazar las
pretensiones del accionante por tratarse de un asunto ya
decidido con fuerza de sentencia ejecutoriada.
La URNA sostuvo que su respuesta a la petición del accionante

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fue clara, precisa y ajustada a la ley, por lo cual no ha vulnerado
su derecho fundamental de petición ni ningún otro derecho del
demandante17.

Mencionó que se presenta la cosa juzgada pues esta tutela
reproduce los mismos hechos y pretensiones de un proceso
anterior (Rad. 2026-00417-00), el cual ya fue decidido el 27 de
febrero de 2026. En ese fallo previo, se resolvieron los puntos
sobre el Acuerdo de Escazú, la formación en justicia ambiental
y la seguridad personal del accionante.

Informó que el Consejo Superior de la Judicatura ya cumplió
con la orden del juez anterior, relativa a complementar la
información sobre la coordinación con el Ministerio de
Unidad de Registro Ambiente y los métodos de evaluación de la Escuela Judicial,
Nacional de mediante el oficio OAIO26-215 de marzo de 2026.
Abogados
La entidad argumentó que, si el accionante considera que la
respuesta sigue siendo insuficiente, debe acudir al incidente de
desacato del proceso original y no interponer una nueva tutela,
ya que esto desconoce la eficacia de la cosa juzgada.

Específicamente sobre la competencia de la URNA, aclaró que
la lista de peritos ambientales no es un catálogo cerrado, sino
que depende de la formación y especialidades que acrediten
los aspirantes. Por tanto, rechazó la afirmación de que el
registro sea "incompleto" basándose únicamente en el número
de designaciones judiciales registradas.
Argumentó que no ha vulnerado los derechos fundamentales
del demandante, quien es víctima de desplazamiento forzado.
Unidad para las
Víctimas Sostuvo que se presenta una falta de legitimación en la causa
por pasiva, por cuanto las peticiones del accionante no
corresponden a las competencias legales de esa institución.
Por lo tanto, solicitó formalmente ser desvinculada del proceso
judicial, sugiriendo que el reclamo sea dirigido a las
autoridades pertinentes.
Sostuvo que carece de competencia para atender los reclamos
del accionante y señaló que la entidad responsable de
Departamento garantizar la seguridad de personas en riesgo es la Unidad
Administrativo de Nacional de Protección (UNP). Argumentó que la acción de
la Presidencia de tutela debe declararse improcedente por falta de legitimación
la República en la causa por pasiva ya que la Presidencia no es la
responsable de la supuesta vulneración, por lo que, además,
solicitó su desvinculación.
Solicitó su desvinculación del proceso alegando que el
Policía Nacional Comisionado de Derechos Humanos para la Policía Nacional
no tiene competencia legal ni participación directa en los

17 Mencionó que en cumplimiento de la orden impartida dentro del expediente 11001-03-15-000-

2026-00417-00, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el oficio OAIO26-215 de 26 de marzo
de 2026, mediante el cual dio alcance a la respuesta inicial contenida en el Oficio OAIO26-11 de
13 de enero de 2026, complementando la información en los precisos aspectos señalados por el
juez constitucional. Dicha comunicación fue remitida en la misma fecha a las direcciones
electrónicas primeralineambiental@proton.me y notificajudicialplambiental@proton.me,
suministradas por el accionante.

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hechos reclamados por el accionante.
La institución argumentó que la solicitud del 30 de octubre de
2025 nunca fue recibida por esa entidad, mientras que la del
17 de diciembre de 2025 fue respondida y trasladada
Ministerio de oportunamente a la Unidad Nacional de Protección por falta de
Defensa Nacional competencia.

En ese sentido, consideró que se presenta un hecho superado,
ya que se brindó una respuesta de fondo mediante
comunicación oficial No. GS-2026-003005-DIPRO, del 12 de
enero de 2026 en el que se informó que el solicitante no
pertenece a la población bajo su custodia. Finalmente, solicitó
declarar la improcedencia del amparo y sugirió una posible
actuación temeraria por la duplicidad de procesos judiciales
sobre los mismos hechos.
Adujo que dio una respuesta de fondo, clara y congruente al
derecho de petición del accionante el 16 de enero de 2026,
mediante el oficio 31102026E2000878. Dado que la tutela se
Ministerio del interpuso el 23 de febrero de 2026 (38 días después de la
Medio Ambiente respuesta), nunca existió una vulneración real al momento de
iniciar la acción. En ese sentido, solicitó que se declare la
carencia actual de objeto por hecho superado.

Respecto a la pretensión de cumplir el Acuerdo de Escazú, el
Ministerio sostuvo que la tutela no es el medio idóneo pues
existen otros mecanismos judiciales para este fin.

Finalmente, mencionó que el accionante no demostró un daño
inminente o grave que justifique la tutela como mecanismo
transitorio por lo que solicitó que se declarare improcedente la
tutela.
Argumentó que la tutela es un mecanismo residual y que el
accionante dispone de otros medios de defensa judicial,
especialmente ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo para ventilar sus inconformidades.
Departamento
Nacional de Sostuvo que no existe un nexo causal entre sus funciones y la
Planeación presunta vulneración alegada y que no hay prueba de petición
previa que el DNP haya dejado de responder conforme a las
pretensiones de esta tutela.
Explicó que no es la entidad llamada a responder por los
hechos narrados por lo que solicitó su desvinculación del
proceso.
Solicitó que se declare la improcedencia de la acción,
argumentando que no ha vulnerado los derechos
fundamentales del peticionario.

Comisión Nacional Adujo que nunca recibió la petición del 30 de octubre de 2025.
de Disciplina Respecto de la solicitud del 17 de diciembre de 2025 indicó que
Judicial le dio respuesta el 30 de enero de 2026 y en cumplimiento de
una orden judicial de una tutela previa (Rad. 2026-00417),
remitió respuesta expresa y detallado punto por punto el 9 de
abril de 2026.

Por esta razón, considera que se presenta una carencia actual
de objeto por hecho superado.

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Advirtió una posible temeridad frente a la tutela con radicado
2026-00417 fallada por el Consejo de Estado el 27 de febrero
de 2026, la cual versaba sobre los mismos hechos y las
mismas pretensiones.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la tutela presentada por el señor
Ericson Ernesto Mena Garzón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 8°
del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto se dirige, entre otras, contra el
Consejo Superior de la Judicatura.

2.2. Cuestión previa

El Ministerio de las Telecomunicaciones, por la Fiscalía General de la Nación, por
el Ministerio del Interior, la Unidad para las Víctimas, por el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, la Policía Nacional y el
Departamento Nacional de Planeación, al contestar la acción constitucional
solicitaron la desvinculación del presente asunto.

No obstante, dichas solicitudes serán negadas por cuanto el accionante afirmó
haber radicado ante estas las peticiones objeto de estudio y frente a las que se
atribuye la vulneración de su derecho fundamental de petición, por lo que su
vinculación se dio en calidad de demandadas y, en tal sentido, su comparecencia
al proceso resulta indispensable para ejercer su derecho de defensa y
contradicción.

2.3 Problema jurídico

Conforme lo establecido en los antecedentes, las pretensiones invocadas por la
parte accionante, el material probatorio recaudado y la intervención presentada,
corresponde a la sala resolver el siguiente problema jurídico:

 ¿IFX Networks, el Ministerio de la Telecomunicaciones, la
Superintendencia de Industria y Comercio y la Fiscalía General de la
Nación, vulneraron los derechos fundamentales del actor, por no emitir
una respuesta de fondo, de manera clara, precisa y congruente a la
solicitud que le fue elevada el 30 de octubre de 2025?

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 ¿El Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNAAJ), el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Justicia y del
Derecho, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio del
Interior, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Unidad
Nacional de Planeación, la Unidad para la Atención y Reparación Integral
de las Víctimas y la Policía Nacional vulneraron los derechos
fundamentales invocados por el accionante al no haber dado respuesta
clara y de fondo a la petición que les formuló el 17 de diciembre de 2025?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes aspectos:
(i) naturaleza de la acción de tutela, (ii) del derecho de petición, y (iii) caso
concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que
la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable18.

2.5. Del derecho de petición

La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición, en virtud del cual, toda persona tiene la posibilidad de
«presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución». El mismo artículo superior
precisa que el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones
privadas para garantizar los derechos fundamentales.

La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «El
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna

18 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.

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de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si
ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».

Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta a la
petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 201519, que señala 15 días para resolver la misma,
de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular
deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la
complejidad de la petición.

Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que:

La respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por
la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la
petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe
encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el
propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo
solicitado. // Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente,
no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los
intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una
aclaración plena de la respuesta dada.

Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello […] la
notificación […] debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito
de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante».

19 Los términos para resolver las peticiones están establecidos en el artículo 14 de la Ley 1755

de 2015, que señala:
ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince
(15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las
siguientes peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá,
para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del
término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo
razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.

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En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la
Corte Constitucional ha explicado que:

[E]s un derecho fundamental determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que
mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos
a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; ii) su
contenido esencial comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta
y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades,
sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la
respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que
supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base
de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos
planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo
fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al
peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo.

Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en el requerimiento y,
además incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario,
condición fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional
ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el
derecho a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la
respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del
derecho subjetivo.

2.6. Caso concreto

Mediante el presente asunto, la parte actora pretende que se ordene a las
entidades accionadas, emita un pronunciamiento de fondo, de manera clara,
precisa y congruente a las solicitudes que le fueron radicadas el 30 de octubre y
el 17 de septiembre de 2025. Para ello, se abordará el reproche constitucional
de forma separada.

2.6.1 De la petición del 30 de octubre de 2025

El señor Mena Garzón cuestiona que IFX Networks, el Ministerio de la
Telecomunicaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Fiscalía
General de la Nación no respondieron o respondieron de forma evasiva o
incompleta a la petición del 30 de octubre de 2025.

En el asunto que ocupa a la sala, se advierte que el 2 de octubre de 2025 el
accionante presentó petición ante la empresa IFX Networks, al Ministerio de las
Telecomunicaciones, a la Superintendencia de Industria y Comercio, a la

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Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación en la cual
interrogó y realizó algunas solicitudes a dichas autoridades sobre una filtración
masiva de información ocurrida el 25 de julio de 2025 por el grupo NOVA,
derivada del ciberataque a IFX Networks el 12 de septiembre de 2023.

A juicio del tutelante, la anterior petición no fue contestada por las demandadas
o lo hicieron de manera evasiva e incompleta y como consecuencia de lo anterior,
el 27 de octubre de 2025, presentó acción de tutela con la finalidad de que estas
contestaran lo solicitado. La anterior acción fue resuelta en primera instancia por
el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección
Segunda, en fallo del 10 de noviembre de 2025, el cual fue apelado y decidido
en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C el 9 de diciembre de 2025.

Por otra parte, el 23 de febrero de 2026 el tutelante presentó nuevamente acción
de tutela con la finalidad de que le fueran amparados sus derechos
fundamentales, entre ellos, el de petición, con la finalidad de que se le diera
respuesta a la petición del 30 de octubre de 2025, que según se afirma por parte
de las demandadas, guarda identidad con la acción de tutela mencionada en
precedencia, esto es, la del 2 de octubre de 2025.

Así las cosas, lo primero que resulta necesario verificar es si el tutelante actuó de
forma temeraria, para lo cual se compararán las dos acciones:

Tutela: Tutela:
11001-33-35-007-2025-00427-00 11001-03-15-000-2026-01400-00

Juzgado Séptimo Administrativo del Trámite objeto de pronunciamiento en
Circuito Judicial de Bogotá esta providencia

Fecha de la sentencia de primera Fecha de interposición de la tutela: 23
instancia: 10 de noviembre de 2025 de febrero de 2026.
Fecha de la sentencia de segunda
instancia: 9 de diciembre de 2025
Identidad de partes Identidad de partes

Accionante: Ericsson Ernesto Mena Accionante: Ericsson Ernesto Mena
Garzón Garzón

Demandados: empresa IFX Networks, Demandados: empresa IFX Networks,
Ministerio de las Telecomunicaciones, Ministerio de las Telecomunicaciones,
Superintendencia de Industria y Superintendencia de Industria y Comercio
Comercio, Fiscalía General de la Nación y y Fiscalía General de la Nación.
Procuraduría General de la Nación.
Identidad de objeto Identidad de objeto
La solicitud de tutela pretendió el amparo La solicitud de tutela pretendió el amparo
de los derechos fundamentales al habeas de los derechos fundamentales a la vida,
data, de petición, al debido proceso, a la a la integridad personal, al debido
igualdad, a la vida digna, a la integridad proceso, de acceso a la administración

20

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01400-00

personal, a la libertad de expresión y de de justicia, a la igualdad material, de no
acceso a la administración de justicia. discriminación y de petición.

Los consideró transgredidos con ocasión Los consideró transgredidos con ocasión
de la omisión de las accionadas en dar de la omisión de las accionadas en dar
respuesta o no responder de manera respuesta o no responder de manera
clara y de fondo a la petición del 2 de clara y de fondo a la petición del 30 de
octubre de 2025 en la cual interrogó y octubre de 2025 en la cual interrogó y
realizó algunas solicitudes a las realizó algunas solicitudes a las
demandadas sobre una filtración masiva demandadas sobre una filtración masiva
de información ocurrida el 25 de julio de de información ocurrida el 25 de julio de
2025 por el grupo NOVA, derivada del 2025 por el grupo NOVA, derivada del
ciberataque a IFX Networks el 12 de ciberataque a IFX Networks el 12 de
septiembre de 2023. septiembre de 2023.

Las pretensiones solicitadas fueron: Las pretensiones solicitadas fueron:

[…]
[…]
Informe técnico de ciberseguridad. (…) Declaración juramentada de no filtración
sobre el incidente del 12 de septiembre de de sus datos; ii) evaluación de riesgos
2023, que incluya: (…) confirmación o informáticos personalizada; iii)
negación de exfiltración de datos, análisis implementación de medidas de
del riesgo de exposición de datos protección; y, iv) garantías de
personales, medidas adoptadas para confidencialidad absoluta.
mitigar el incidente. […]
[…]
Confirmación bajo juramento notariado o
equivalente con peso legal (…) en el cual
se indique si: mi información personal o
familiar fue comprometida durante el
incidente, existe riesgo de divulgación,
uso indebido o acceso no autorizado a
mis datos, se han adoptado medidas de
protección específicas para personas en
situación de riesgo como yo.
[…]
Solicitud de confidencialidad y prioridad.
Identidad de causa petendi Identidad de causa petendi
La solicitud de tutela se fundamentó en La solicitud de tutela se fundamentó en
que, a juicio de la parte actora, la petición que, a juicio de la parte actora, la petición
del 2 de octubre de 2025 no fue del 30 de octubre de 2025 no fue
contestada o se hizo de manera inexacta contestada o se hizo de manera inexacta
o evasiva por las accionadas. o evasiva por las accionadas.

De acuerdo con lo anterior, se observa que la parte actora ya había presentado
una acción de tutela solicitando el amparo de sus derechos fundamentales frente
a la omisión de las accionadas en contestar una petición radicada el 2 de octubre
de 2025; sin embargo, aunque dicha acción guarda relación respecto al tema
planteado con la presentada el 30 de octubre de 2025, esto es, con el ciberataque
ocurrido en el software de la Rama Judicial, lo es cierto es ambas peticiones no
pueden asimilarse, por dos razones.

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La primera, porque se tratan de solicitudes que fueron presentadas en diferente
fecha, y, por tanto, implicaba que las autoridades tuvieran que referirse por
separado a cada una de ellas. La segunda, porque verificada finalidad de las
peticiones, se advierte que, aunque ambas versan sobre el mismo ataque
cibernético, lo cierto es que en la solicitud radicada el 30 de octubre de 2025 se
plantean diferencias notables respecto a la del 2 de octubre de 2025. En efecto,
para una mayor claridad, se hace necesario traer a colación el contenido de las
solicitudes que se formularon en ambos documentos:

Entidades Peticiones de Peticiones del escrito con
escrito con fecha: fecha:

2 de octubre 30 de octubre

-IFX Networks 1.Un informe técnico 1. Emitir declaración
detallado sobre el expresa bajo la
-Ministerio de la incidente del 12 de gravedad de
Telecomunicaciones septiembre de 2023, juramento (Art. 443
elaborado por un experto C.P.), con advertencia
-Superintendencia de en ciberseguridad, que de responsabilidad
Industria y Comercio incluya: penal por falso
testimonio, sobre la
-Fiscalía General de la -Evaluación de los inexistencia de
Nación sistemas afectados. filtración, exfiltración,
acceso no autorizado o
-Confirmación o divulgación indebida
negación de exfiltración de la información
de datos. judicial del
peticionario, como
-Análisis del riesgo de consecuencia del
exposición de datos incidente del 12 de
personales. septiembre de 2023 y
de la supuesta
-Medidas adoptadas filtración del 25 de julio
para mitigar el incidente. de 2025.

2.Confirmación bajo 2. Realizar evaluación
juramento notariado o de riesgos informática
equivalente con peso personalizada bajo
legal estándares
internacionales
3.Estado de las (ISO/IEC 27005, NIST
investigaciones SP 800-30) sobre el
100% de los
4.Sanciones adoptadas expedientes judiciales
contra IFX Netwokrs vinculados al
Colombia SAS peticionario, con
informe técnico
5.Solicitud de pruebas verificable que incluya:
técnicas identificación de
sistemas afectados,
análisis de vectores de

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exposición, evaluación
de impacto potencial
en derechos
fundamentales, y
medidas correctivas
con cronograma y
métricas de
efectividad.

3. Implementar
medidas de protección
diferenciada para los
datos judiciales del
peticionario, en
atención a su
condición de defensor
ambiental en riesgo
extraordinario,
incluyendo: cifrado de
extremo a extremo
específico,
autenticación
multifactor (MFA)
reforzada, monitoreo
continuo en dark web
para detectar uso
indebido de sus datos,
y restricción de acceso
con trazabilidad
forense.

4. Garantizar
confidencialidad total y
permanente de los
procesos judiciales del
peticionario, conforme
al Art. 15 de la
Constitución, Art. 17
de la Ley 1581 de
2012, Art. 5 del
Acuerdo de Escazú y
Circular Externa SIC
02 de 2023, con
mecanismo verificable
de cumplimiento.

Conforme lo expuesto, la Sala estima que, si bien ambas solicitudes persiguen
sustancialmente el mismo objetivo, esto es, confirmar que no hubo filtraciones
respecto de la información del tutelante, evaluar riesgos y obtener medidas de
protección, lo cierto es que el enfoque que el actor le dio a la petición del 30 de
octubre de 2025 contiene diferencias en el nivel de especificidad técnica y los
fundamentos legales, puntos, que deben ser contestados por parte de las
autoridades destinatarias.

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Para clarificar este punto, se estima relevante traer a colación las diferentes
encontradas:

Punto de comparación Solicitud del 2 de octubre Solicitud del 30 de
de 2025 octubre de 2025
Declaración de no Solicitaba confirmación Peticiona declaración
filtración bajo juramento notariado o expresa bajo gravedad de
equivalente sobre si la juramento (Art. 443 C.P.)
información personal o con advertencia de
familiar fue comprometida. responsabilidad penal por
falso testimonio sobre la
inexistencia de filtración.
Evaluación de riesgos Solicitaba un informe Requiere una evaluación
técnico detallado sobre el personalizada bajo
incidente del 12 de estándares internacionales
septiembre de 2023 que específicos (ISO/IEC
incluyera análisis de riesgo 27005, NIST SP 800-30)
de exposición. sobre el 100% de sus
expedientes judiciales.
Medidas de Protección Solicitaba informar si se Exige la implementación de
habían adoptado medidas medidas técnicas
de protección específicas diferenciadas: cifrado de
para personas en situación extremo a extremo (E2E),
de riesgo. autenticación multifactor
(MFA) reforzada y
monitoreo en dark web.
Marco legal de Se centraba en el derecho Invoca adicionalmente el
confidencialidad de petición y acceso a la artículo 5 del Acuerdo de
administración de justicia Escazú y la Circular Externa
ante la filtración del grupo SIC 02 de 2023 para
NOVA. garantizar la
confidencialidad total y
permanente.
Investigaciones y Solicitaba información Se enfoca más en
Sanciones sobre el estado de las protocolos de protección
investigaciones y las preventiva y la coordinación
sanciones adoptadas institucional para
contra IFX Networks. defensores ambientales en
riesgo.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que no se encuentra
demostrada la triple identidad entre la solicitud de amparo de la referencia y la
acción de tutela identificada con el número único de radicación 11001-33-35-007-
2025-00427-00.

En ese sentido, la recurrente formulación de peticiones por parte del accionante
no permite concluir, por sí sola, que este haya acudido de forma desmedida o
inapropiada al mecanismo constitucional, ni que pretenda que esta corporación
emita un nuevo pronunciamiento sobre una controversia que ya fue resuelta y se
encuentra en firme mediante sentencias de primera y segunda instancia del 10

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de noviembre y 9 de diciembre de 2025, respectivamente, en el referido proceso
constitucional.

Con fundamento en lo anterior, y cotejados los términos en los que le fue elevada
la petición a las entidades, con la información contenida en cada una de las
respuestas dadas a esta acción de tutela por parte de IFX Networks, el Ministerio
de la Telecomunicaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio, y la-
Fiscalía General de la Nación, considera la Sala que a la solicitud que el
accionante formuló el 30 de octubre de 2025 no se la ha dado respuesta de
manera clara, congruente y de fondo.

En efecto, al plenario se aportaron las respuestas dadas por IFX Networks y la
Superintendencia de Industria y Comercio; sin embargo, de la Fiscalía General
de la Nación y del Ministerio de Telecomunicaciones no obra documento alguno
ni notificación que así lo acredite.

En cuanto a las dos primeras, la Sala advierte que tanto la Superintendencia de
Industria y Comercio como IFX Networks abordaron de manera clara, congruente
y de fondo las solicitudes planteadas por el accionante el 30 de octubre de 2025,
como pasa a exponerse:

Entidad Punto de petición Respuesta
Superintendencia 1.declaración 1. La entidad informó que carece de
de Industria y juramentada de los competencia legal para exigir que
Comercio responsables. sus funcionarios rindan
declaraciones juramentadas a
En este punto, pidió que solicitud de un ciudadano. El
que los máximos Decreto 4886 de 2011 no otorga a
responsables técnicos las SIC funciones jurisdiccionales ni
de la SIC rindan una la facultad de ordenar testimonios o
declaración bajo certificaciones sobre
gravedad de juramento responsabilidades técnicas o
asegurando que no ha penales. Asimismo, señaló que las
existido filtración, investigaciones sobre incidentes de
exfiltración, acceso no seguridad corresponden a otras
autorizado o divulgación autoridades competentes
indebida de información
relacionada con sus
procesos judiciales

2. Evaluación de 2. La SIC precisó que no tiene
riesgos informáticos competencia para elaborar estudios
personalizada. técnicos especializados o
evaluaciones de riesgo
Solicitó la realización personalizadas para particulares.
inmediata de una
evaluación de riesgos Explicó que la adopción de dichas
individualizada, basada metodologías internacionales son
en estándares decisiones institucionales internas y
internacionales no existe disposición legal que

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(ISO/IEC 27005, NIST obligue a aplicarlas de forma
SP 800-30), sobre el individual por usuario.
100% de los
expedientes judiciales Además, aclaró que un análisis de
vinculados al solicitante. tal magnitud equivale a un servicio
de consultoría privada de
ciberseguridad, ajeno a las
funciones de la entidad.

3. Medidas de 3. La entidad respondió que
protección informática administra la información bajo un
100%. En este punto, Sistema de Gestión de Seguridad
pidió Implementación de la Información (SGSI) de
inmediata y gratuita de carácter general y transversal,
diversas medidas basado en la Ley 1581 de 2012 y
técnicas para sus lineamientos del MinTIC.
expedientes, tales
como: i) cifrado de Por ese motivo, aclaró que:
extremo a extremo; ii) -No es posible activar esquemas de
autenticación multifactor cifrado o autenticación
reforzada y exclusiva; diferenciados para un solo usuario o
iii) monitoreo continuo expediente.
en la dark web, y iv)
restricción de acceso -La SIC no tiene capacidad técnica
con trazabilidad forense ni competencia legal para realizar
patrullajes o monitoreos en la dark
web.

-Los sistemas ya cuentan con
controles de acceso por roles y
auditorías institucionales que no
pueden ser configurados de forma
exclusiva para un ciudadano
particular

4. La entidad aclaró que cumple con
los deberes de reserva establecidos
4. Confidencialidad en la ley para la información que ella
absoluta. Pidió misma administra. Sin embargo,
garantizar la enfatizó que la SIC no administra
confidencialidad total y procesos judiciales, por lo que no
permanente de la puede garantizar la confidencialidad
información asociada a de expedientes que reposen en la
sus procesos judiciales. Rama Judicial, la Fiscalía u otras
entidades, ya que cada organismo
es responsable de la custodia de su
propia información.
IFX Networks20 1.Declaración bajo 1. La entidad respondió de fondo
gravedad de confirmando que, según sus
juramento. auditorías técnicas, no hubo

20 Con el fin de no reiterar las peticiones que hizo el accionante, en este punto se limitará a
describir el acápite general y la respuesta dada por la entidad.

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afectación a la integridad ni
filtración de datos de la Rama
Judicial en el ataque de 2023.
Sobre la supuesta filtración de
2025, aclaró que no tiene
conocimiento ni relación con el
grupo NOVA. Además, precisó que
legalmente sus manifestaciones en
procesos judiciales ya se entienden
prestadas bajo juramento, sin
necesidad de usar fórmulas
lingüísticas exactas.

2. IFX abordó este punto explicando
2.Evaluación de que no se justifica realizar una
riesgos específica y evaluación individualizada sobre el
personalizada 100% de los expedientes del
peticionario, ya que no existe
evidencia técnica de que sus datos
hayan sido comprometidos. Afirmó
que las medidas correctivas
generales ya garantizan la
seguridad de la información
conforme a estándares
internacionales.

3. La respuesta fue que la
3. Medidas de compañía ya implementa de forma
protección informática robusta y general medidas como
reforzadas. cifrado, autenticación multifactor
(MFA), monitoreo en la dark web y
trazabilidad forense para todos sus
usuarios.

Aclaró que no puede otorgar un
"tratamiento especial" al
peticionario porque esto violaría el
principio de igualdad y que no tiene
competencia para alterar el
principio de publicidad de los
procesos judiciales, lo cual depende
del legislador o de los jueces.

4. Confidencialidad
absoluta 4. La entidad reafirmó su
compromiso con la normativa de
protección de datos (Habeas Data,
Ley 1581, etc.).

No obstante, abordó la solicitud de
confidencialidad total señalando

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que carece de competencia para
decidir si los más de 300 procesos
del ciudadano deben ser
reservados, pues esa es una
facultad exclusiva de los jueces que
conocen cada caso.

En tal virtud, lo anterior es suficiente para negar el amparo del derecho
fundamental de petición respecto de IFX Networks y la Superintendencia de
Industria y Comercio, toda vez que ambas entidades atendieron cada uno de los
puntos solicitados, sustentando técnica y jurídicamente su posición. Asimismo,
se observa que dichas respuestas son del pleno conocimiento del accionante, en
la medida en que fueron aportadas junto con el escrito de tutela.

Ahora bien, la misma consecuencia no resulta aplicable respecto al Ministerio de
las Telecomunicaciones y a la Fiscalía General de la Nación, pues a pesar de
que se probó que la petición del 30 de octubre de 2025 se les remitió por correo
electrónico21, lo cierto es que dichas entidades no acreditaron haber dado
respuesta lo solicitado por el accionante en el término de los 15 días siguientes
previstos en el artículo 14 de la Ley 1755 de 201522.

Por ese motivo, la Sala estima que es procedente amparar el derecho
fundamental de petición del señor Mena Garzón, y, por tanto, se ordenará al
Ministerio de la Telecomunicaciones y a la Fiscalía General de la Nación, que,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de notificación del presente fallo,
den respuesta de manera clara, congruente y de fondo a cada una de las
solicitudes que el accionante formuló en la petición del 30 de octubre de 2025.

En ese punto, es preciso mencionar que la respuesta que debe brindarse, se hará
sin perjuicio de que pueda llegar a ser negativa a las pretensiones del
peticionario.

Sobre el particular, la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha
precisado que: «la satisfacción del derecho de petición no depende de la
respuesta favorable a lo solicitado, por lo que hay contestación incluso si la
respuesta es en sentido negativo y se explican los motivos que conducen a ello.
De ahí que se diferencie el derecho de petición del “derecho a lo pedido”, que se
usa para destacar que “el ámbito de protección constitucional de la petición se
circunscribe al derecho a la solicitud y a tener una contestación para la misma, y
en ningún caso implica otorgar la materia de la solicitud como tal…»14

21 El ministerio de las tecnologías a la siguiente dirección electrónica:
minticresponde@mintic.gov.co
La Fiscalía General de la Nación a la dirección electrónica: ges.documentalpqrs@fiscalia.gov.co
(índice 2 del Samai).
22 Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal

especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince
(15) días siguientes a su recepción (…).

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2.6.2. De la petición de 17 de diciembre de 2025

El 17 de diciembre de 2025 el accionante realizó una petición ante el Consejo
Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia (URNAAJ), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Departamento Nacional de
Planeación, el Ministerio del Interior, la Consejería Presidencial para los
Derechos Humanos, la Unidad Nacional de Planeación, la Unidad para la
Atención y Reparación Integral de las Víctimas y la Policía Nacional, el cual
interrogaba a dichas autoridades sobre la implementación del Acuerdo de Escazú
en la Rama Judicial y la formación que se ofrece en temas de justicia ambiental.

A juicio del tutelante, la anterior petición no fue contestada por ninguna de las
entidades cuestionadas y como consecuencia de lo anterior, el 23 de enero de
2026, presentó acción de tutela con la finalidad de que estas contestaran lo
solicitado. La anterior acción fue resuelta en primera instancia por la Sección
Tercera, Subsección A del Consejo de Estado en fallo del 27 de febrero de 2026,
decisión que fue impugnada y decidida el 15 de abril de 2026 por la Sección
Tercera, Subsección B de esa misma Corporación bajo el radicado 11001-03-15-
000-2026-00417-0023.

Por otra parte, el 23 de febrero de 2026 el accionante presentó nuevamente
acción de tutela con la finalidad de que le fueran amparados sus derechos
fundamentales, entre ellos, el de petición, con la finalidad de que se le diera
respuesta a la petición del 17 de diciembre de 2025, que corresponde a la misma
petición respecto de la cual se interpuso la acción de tutela mencionada en
precedencia.

En consecuencia, lo primero que resulta necesario verificar es si el tutelante actuó
de forma temeraria, para lo cual se compararán las dos acciones:

Tutela: Tutela:
1001-03-15-000-2026-00417-01 11001-03-15-000-2026-01400-00

Trámite objeto de pronunciamiento en

23 Esta tutela: i) declaró improcedente el amparo solicitado por el señor Mena Garzón en relación

con la petición de suspender los procesos judiciales que ha iniciado y aquellas relacionadas con
supuestos incumplimientos del tratado de Escazú, aprobado por Ley 2273 de 2022, por las
razones expuestas en la parte motiva de la providencia; ii) negó parcialmente el amparo solicitado
respecto de la supuesta vulneración del derecho de petición en relación con el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio del Interior; iii) negó el amparo de los derechos
a la vida, integridad y seguridad personal de Ericsson Ernesto Mena Garzón; y, iv) amparó el
derecho fundamental de petición y ordenó a la Unidad Nacional de Protección, a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, al Consejo Superior de la Judicatura y al Departamento Nacional
de Planeación, contestar el derecho de petición de 17 de diciembre de 2025.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01400-00

Sección Tercera, Subsección A del esta providencia
Consejo de Estado
Fecha de interposición de la tutela: 23
Fecha de la sentencia de primera de febrero de 2026.
instancia: 27 de febrero de 2026
Fecha de la sentencia de segunda
instancia: 15 de abril de 2026
Identidad de partes Identidad de partes

Accionante: Ericsson Ernesto Mena Accionante: Ericsson Ernesto Mena
Garzón Garzón

Demandados: Empresa IFX Networks Demandados: Fiscalía General de la
Colombia S.A., Presidencia de la Nación, Superintendencia de Industria y
República, Ministerio del Interior, Comercio, Ministerio de las Tecnologías,
Ministerio de Justicia y del Derecho, Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
Ministerio del Ambiente y Desarrollo empresa IFX Networks Colombia S.A.,
Sostenible, Ministerio de Defensa Consejo Superior de la Judicatura,
Nacional, Ministerio de Hacienda y Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla,
Crédito Público, Departamento Nacional Unidad de Registro Nacional de
de Planeación, Unidad Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia,
Protección, Unidad para la Atención y Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Reparación Integral a las Víctimas, Sostenible, Ministerio de Justicia y del
Policía Nacional, Autoridad Nacional de Derecho, Departamento Nacional de
Licencias Ambientales, Consejo Planeación, Ministerio del Interior,
Superior de la Judicatura, Comisión Consejería Presidencial para los
Nacional de Disciplina Judicial, Escuela Derechos Humanos, Unidad Nacional de
Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Unidad de Planeación, Unidad para la Atención y
Registro Nacional de Abogados y Reparación Integral de las Víctimas y
Auxiliares de la Justicia y Secretaría del Policía Nacional.
Acuerdo de Escazú - CEPAL.
Identidad de objeto Identidad de objeto
La solicitud de tutela pretendió el amparo La solicitud de tutela pretendió el amparo
de los derechos fundamentales a la vida, de los derechos fundamentales a la vida,
integridad personal, debido proceso, integridad personal, debido proceso,
acceso a la administración de justicia,
petición, ambiente sano y los derechos
igualdad material, no discriminación y de
reconocidos en el Acuerdo de Escazú. petición.

Los consideró transgredidos con Los consideró transgredidos con ocasión
ocasión de la omisión de las accionadas de la omisión de las accionadas en dar
en dar respuesta clara y de fondo a la respuesta clara y de fondo a la petición del
petición del 17 de diciembre de 2025 en 17 de diciembre de 2025 en la que
la que interrogaba a las autoridades interrogaba a las autoridades sobre la
sobre la implementación del Acuerdo de implementación del Acuerdo de Escazú
Escazú en la rama judicial y la formación en la Rama Judicial y la formación que se
que se ofrece en temas de justicia ofrece en temas de justicia ambiental.
ambiental.

30

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01400-00

Las pretensiones solicitadas fueron: Las pretensiones solicitadas fueron:

[…] […]
SEXTA PRETENSION: DE LAS SEGUNDA: Como consecuencia de la
SOLICITUDES Se Ordene a las protección de derechos fundamentales
entidades peticionadas, efectuar informe solicitada, ORDENE a las entidades
de sustentación de la respuesta al accionadas dar trámite administrativo
petitorio interpuesto [de 17 de diciembre inmediato, de fondo y conforme a
de 2025], anexando pruebas de las derecho, a cada uno de los elementos
respuestas a cada solicitud o requeridos en los derechos de petición del
requerimiento. 30 de octubre y 17 de diciembre de 2025.
[…] […]

Identidad de causa petendi Identidad de causa petendi
La solicitud de tutela se fundamentó en La solicitud de tutela se fundamentó en
que, a juicio de la parte actora, la que, a juicio de la parte actora, la petición
petición del 17 de diciembre de 2025 no del 30 de octubre y el 17 de diciembre de
fue contestada o se hizo de manera 2025 no fue contestada o se hizo de
inexacta o evasiva por las accionadas. manera inexacta o evasiva por las
accionadas.

De lo expuesto, se concluye que el accionante ya había presentado una acción
de tutela solicitando el amparo de sus derechos frente a la omisión de las
accionadas en contestar la petición del 17 de diciembre de 2025, presentada
ante varias entidades, la cual fue decidida en primera instancia por la Sección
Tercera, Subsección A del Consejo de estado el 27 de febrero de 2026 y en
segunda instancia por la Subsección B de la Sección Tercera de esta misma
Corporación el 15 de abril de 2026, dentro del radicado 1001-03-15-000-2026-
00417-01.

En ese orden, la Sala advierte que entre las acciones de tutela referenciadas
existe identidad de partes, puesto que en las dos coinciden el accionante y las
accionadas. En cuanto a la identidad de partes, es preciso señalar que ese
presenta salvo respecto de la Presidencia de la República, el Ministerio de
Defensa Nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, la Unidad Nacional de Protección, y a la
Secretaría del Acuerdo de Escazú –CEPAL, pues si bien dichas entidades fueron
demandadas en la tutela bajo radicado 1001-03-15-000-2026-00417-01, lo cierto
es que no fueron en la presente acción constitucional, razón suficiente para no
emitir pronunciamiento al respecto.

Igualmente, existe identidad de objeto, en tanto que en ambas acciones de tutela
se alegó la presunta vulneración de los derechos fundamentales de petición, de
acceso a la administración de justicia, al debido proceso, entre otros, y, además,
las pretensiones son las mismas.

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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01400-00

En esa medida, la Sala encuentra demostrada la triple identidad entre la solicitud
de amparo de la referencia y la acción de tutela identificada con el número único
de radicación 1001-03-15-000-2026-00417-01.

Conforme a lo analizado, se observa que el accionante pretende con la acción
constitucional, reabrir la discusión planteada de manera previa y que fue resuelta
por el juez constitucional de conocimiento mediante sentencias del 27 de febrero
y 15 de abril de 2026; circunstancia que denota que el señor Mena Garzón
incurrió en una actuación temeraria al presentar una acción de tutela con
identidad de partes, causa y objeto, y sin justificación alguna, comoquiera que
aquel no informó sobre esta situación a ninguna de las autoridades judiciales
referidas.

Acorde con lo analizado, y si bien la Corte Constitucional ha establecido la
posibilidad de interponer varias acciones de tutela en los casos en que se
presenten supuestos fácticos posteriores a la decisión tomada por el juez
constitucional que no hayan sido conocidos y debatidos en el proceso, y que
tengan incidencia en la decisión reprochada, lo cierto es que esta situación no
se presenta en el caso concreto, por cuanto, el tutelante iteró los fundamentos de
hecho y de derecho que de manera previa fueron resueltos por el juez
constitucional conforme al análisis efectuado en la providencia correspondiente,
además de haberse formulado las mismas pretensiones.

Cabe anotar que en el asunto bajo estudio no se evidencia y tampoco se
manifestó por el accionante la presencia de alguna circunstancia que justifique el
ejercicio simultáneo de la misma petición de amparo como, por ejemplo, i) la
ignorancia de la parte actora, ii) el asesoramiento desacertado por un profesional
del derecho o iii) el estado de indefensión del actor24.

De lo anterior, se colige que la intención del tutelante era precisamente que la
discusión planteada fuera abordada por dos autoridades judiciales distintas, lo
que desvirtúa su buena fe y, por el contrario, denota que su propósito era
«obtener la satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la
eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar
favorable»25.

Por lo anterior, en criterio de la Sala la actuación del demandante, solo respecto
a la solicitud del 17 de diciembre de 2025, resulta temeraria y por tanto, se hace
necesario recordarle al señor Mena Garzón que no es posible tramitar y resolver
sucesivas e indefinidas acciones de tutela con identidad de partes, supuestos
fácticos y objeto, ya que ello significa un abuso del derecho y afecta el buen
funcionamiento de la administración de justicia, razón por la cual, en el sub judice

24 Ibidem.
25 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 2006.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01400-00

se declarará configurada la temeridad, con fundamento en el artículo 38 del
Decreto 2591 de 1991.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NO ACCEDER a las solicitudes de desvinculación realizadas por la
presentadas por el Ministerio de las Telecomunicaciones, la Fiscalía General de
la Nación, el Ministerio del Interior, la Unidad para las Víctimas, el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, la Policía Nacional y el
Departamento Nacional de Planeación, conforme a las razones expuestas en la
parte considerativa.

SEGUNDO: NEGAR el amparo respecto a IFX Networks Colombia S.A y la
Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con lo señalado en los
considerandos de esta sentencia.

TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Ericson
Ernesto Mena Garzón, por las razones dadas en este proveído.

CUARTO: En consecuencia, se ordena al Ministerio de las Telecomunicaciones
(MINTIC) y a la Fiscalía General de la Nación, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de notificación del presente fallo, dar respuesta de forma
clara, congruente y de fondo a la petición que el accionante formuló el 30 de
octubre de 2025.

QUINTO: DECLARAR LA TEMERIDAD en el trámite constitucional respecto a
la petición del 17 de diciembre de 2025, de acuerdo con la parte considerativa de
esta providencia.

SEXTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

SÉPTIMO: En caso de no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3)
días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Salvamento de voto

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Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01400-00

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Salvamento parcial de voto

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO LUIS BLANCO JIMÉNEZ
Conjuez

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el
siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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