Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00417-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00417-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00417-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
15 de abril de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, quince (15) de abril de dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00417-01
Demandante: ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD PÚBLICA.
ACUERDO DE ESCAZÚ. SISTEMA DE JUSTICIA
AMBIENTAL.
Síntesis del caso: el demandante indicó que se vulneraron sus derechos fundamentales, por
cuanto no se le ha entregado información completa sobre el funcionamiento de la justicia
ambiental en Colombia y tampoco se han adoptado medidas que hagan efectivo el Acuerdo
de Escazú. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente la
acción de tutela por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad frente a la solicitud de
protocolos o medidas dentro de los procesos judiciales ambientales y respecto de la
implementación estructural del Acuerdo de Escazú en la Rama Judicial, que negó el amparo
frente a la solicitud de medidas de protección por parte de la UNP; negó el amparo frente a
unas autoridades y amparó el derecho respecto de otras en lo relacionado con los derechos
de petición.
La Sala decide las impugnaciones interpuestas por el demandante, la Unidad Nacional
de Protección, la Policía Nacional y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en
contra de la sentencia de 27 de febrero de 2026 proferida por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se dispuso:
“[P]RIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por
Ericsson Ernesto Mena Garzón en relación con la petición de suspender los
procesos judiciales que ha iniciado y aquellas relacionadas con supuestos
incumplimientos del tratado de Escazú, aprobado por Ley 2273 de 2022, por
las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.
SEGUNDO: NEGAR parcialmente el amparo solicitado por Ericsson Ernesto
Mena Garzón respecto de la supuesta vulneración del derecho de petición
en relación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el
Ministerio del Interior, esto por las razones indicadas en la parte motiva de la
providencia.
TERCERO: NEGAR el amparo de los derechos a la vida, integridad y
seguridad personal de Ericsson Ernesto Mena Garzón, por las razones
expuestas en la parte motiva de la sentencia.
CUARTO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de Ericsson
Ernesto Mena Garzón. En consecuencia, ORDENAR a la Unidad Nacional
de Protección, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al Consejo
Superior de la Judicatura y al Departamento Nacional de Planeación,
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00417-01
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela – Impugnación fallo
contestar el derecho de petición dentro de los quince (15) días siguientes a
la notificación de esta providencia, en los términos indicados en la parte
motiva de la sentencia.”. (archivo disponible en medio magnético a través del
aplicativo SAMAI, índice 38, primera instancia, mayúsculas y negrillas del
original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 23 de enero de 20261, señor Ericsson Ernesto Mena Garzón, en nombre propio,
promovió proceso de acción de tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura,
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Presidencia de la República, la
Vicepresidencia de la República, la Consejería Presidencial para los Derechos
Humanos y el DIH, la Nación – Ministerio del Interior, la Dirección de Derechos
Humanos del Ministerio de Interior, el Comité de Evaluación del Riesgo y
Recomendación de Medidas (CERREM), la Nación – Ministerio de Justicia y del
Derecho, la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Viceministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Subsección de Educación y Participación del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional, la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento
Nacional de Planeación, la Unidad Nacional de Protección, la Unidad para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas, la Dirección de Protección y Servicios Especiales
de la Policía Nacional, la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional, la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Unidad de Recursos Humanos del
Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Unidad
de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, con el fin de que se
protegieran sus derechos constitucionales fundamentales a la vida, integridad
personal, debido proceso, derecho de petición y ambiente sano y, por tanto, se
accediera a las siguientes súplicas:
“Solicito a este Alto Tribunal que conceda la presente acción de tutela por
vulneración manifiesta, actual e inminente de mis derechos fundamentales a
la vida (Art. 11 CP), integridad personal (Art. 12 CP), debido proceso (Art. 29
CP), petición (Art. 23 CP), ambiente sano (Art. 79 CP), y los derechos
reconocidos en el Acuerdo de Escazú (Ley 2388 de 2023), y en uso de las
facultades conferidas por el Artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, decrete las
siguientes medidas provisionales desde el momento de presentación de esta
tutela: 1.1. CONGELAMIENTO TEMPORAL DE TÉRMINOS PROCESALES
EN TODOS MIS PROCESOS AMBIENTALES: Suspender provisionalmente
los términos procesales en los más de 70 procesos ambientales en los que
intervengo como accionante (listados en el anexo), hasta tanto se garantice:
1Índice 1, Samai, primera instancia.
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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela – Impugnación fallo
• La implementación efectiva de medidas de protección personal y familiar •
La especialización técnica en las actuaciones judiciales ambientales • El
cumplimiento real del Acuerdo de Escazú en dichos procesos.
1.2. MEDIDAS URGENTES DE SEGURIDAD PERSONAL Y FAMILIAR:
Ordenar al Comité CERREM, Ministerio del Interior y Unidad Nacional de
Protección (UNP) la elaboración urgente de un Estudio Integral de Riesgos
que: • Analice sistemáticamente los riesgos asociados a cada uno de mis
procesos ambientales • Evalúe los riesgos en tres horizontes temporales
(corto, mediano y largo plazo) • Establezca medidas concretas y
diferenciadas para salvaguardar mi integridad y la de mi familia • Sea
entregado en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles
1.3. MEDIDAS DE SEGURIDAD PROCESAL Y CIBERSEGURIDAD: •
Designar en cada juzgado de mis procesos ambientales un enlace de
seguridad que garantice la confidencialidad de mi información personal y de
los expedientes • Implementar protocolos específicos de ciberseguridad para
mis expedientes judiciales, considerando los dos incidentes graves que
afectaron la Rama Judicial en 2023 y 2025 • Crear copias físicas seguras de
todos mis expedientes, almacenadas en lugares no conectados digitalmente.
SEGUNDA PRETENSIÓN: CREACIÓN INMEDIATA Y PARTICIPACIÓN
OBLIGATORIA DE LA RAMA JUDICIAL EN LA COMISIÓN
INTERSECTORIAL Ordenar a la Presidencia de la República convocar de
manera urgente e inaplazable la Comisión Intersectorial para la
Implementación del Acuerdo de Escazú (CIESCAZÚ), garantizando la
participación obligatoria y paritaria de representantes de alto nivel de la
Rama Judicial con poder de decisión. Dicha participación judicial deberá
incluir: a) Designación inmediata de un representante del CSJ con
conocimiento en derecho ambiental y protección de defensores b) Inclusión
obligatoria en la primera agenda: diseño de protocolos para garantizar el
acceso efectivo a la justicia ambiental (Art. 8), mecanismos inmediatos de
protección para defensores ambientales en contextos judiciales (Art. 9),
sistema de formación especializada c) Elaboración en un plazo máximo de
treinta (30) días del Plan Estratégico Nacional de Implementación con metas
cuantificables y presupuesto asignado d) Sistema de seguimiento y rendición
de cuentas trimestral con participación de defensores ambientales.
TERCERA PRETENSIÓN: IMPLEMENTACIÓN INMEDIATA DE MEDIDAS
DE JUSTICIA AMBIENTAL EN LA RAMA JUDICIAL. Ordenar al Consejo
Superior de la Judicatura: a) Diseñar e implementar en un plazo máximo de
30 días un programa obligatorio de formación en Acuerdo de Escazú para
todos los funcionarios que conocen asuntos ambientales con evaluación de
idoneidad certificada b) Establecer protocolos operativos para la selección
de peritos con idoneidad demostrada en ciencias ambientales, garantizando
al menos dos peritos especializados en cada proceso c) Adoptar protocolos
institucionales para prevenir la estigmatización de defensores ambientales
en procesos judiciales d) Modificar la estructura de carrera judicial para
reconocer formalmente la especialidad ambiental con requisitos de
formación específica.
CUARTA PRETENSIÓN: COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
OBLIGATORIA Y PRESUPUESTO GARANTIZADO. Ordenar al Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Consejo Superior de la Judicatura
a establecer en un plazo máximo de 15 días un mecanismo permanente de
coordinación interinstitucional para la implementación efectiva del Acuerdo
de Escazú en el sistema judicial, incluyendo la asignación presupuestal
específica, creación de fondo especial para peritos ambientales y sistema de
monitoreo independiente.
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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela – Impugnación fallo
QUINTA PRETENSIÓN: GARANTÍAS DE CIBERSEGURIDAD Y
PROTECCIÓN DOCUMENTAL. Ordenar al Consejo Superior de la
Judicatura la presentación en un plazo máximo de 15 días de un Plan Integral
de Ciberseguridad y Protección Documental que: • Establezca protocolos
específicos de encriptación para expedientes de defensores ambientales •
Implemente sistema de acceso restringido con autenticación multifactor •
Cree respaldos físicos seguros en ubicaciones no conectadas digitalmente •
Establezca mecanismos de notificación inmediata ante cualquier incidente
de seguridad.
SEXTA PRETENSION: DE LAS SOLICITUDES Se Ordene a las entidades
peticionadas, efectuar informe de sustentación de la respuesta al petitorio
interpuesto, anexando pruebas de las respuestas a cada solicitud o
requerimiento.”. (archivo disponible en medio magnético a través del
aplicativo SAMAI, 2, primera instancia).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en
síntesis, lo siguiente:
1) El 17 de diciembre de 2025, en su condición de defensor de derechos ambientales
y víctima del conflicto armado, presentó varios derechos de petición ante el Consejo
Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de
Protección y el Departamento de Planeación Nacional, con el fin de que se le brindara
información acerca de la implementación del Acuerdo de Escazú en la Rama Judicial
y la formación en temas de justicia ambiental.
2) Con sus peticiones requirió, entre otros aspectos, datos sobre hojas de vida de
funcionarios judiciales, formación en derecho ambiental, registro de peritos,
estadísticas institucionales, medidas de protección para defensores ambientales y
recursos presupuestales destinados a la justicia ambiental; asimismo, exigió que la
información fuera entregada de manera directa, completa y en formatos accesibles,
sin remisiones a enlaces o fuentes externas.
3. El fundamento de la vulneración
El demandante señaló que las autoridades demandadas vulneraron sus derechos
constitucionales fundamentales por la falta de acceso a información estructural sobre
la justicia ambiental y la ausencia de garantías suficientes para los defensores
ambientales.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00417-01
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela – Impugnación fallo
Pretende que el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Recursos Humanos,
entregue las hojas de vida completas y soportes académicos de los magistrados del
Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los jueces administrativos, que
incluya formación, experiencia, publicaciones y capacitaciones, para verificar la
idoneidad técnica de los funcionarios judiciales en materia ambiental.
De igual manera, requiere de la Unidad de Administración y Carrera Judicial la entrega
de estadísticas nacionales sobre formación en derecho ambiental, cobertura, brechas
regionales y mecanismos de asignación de casos ambientales, con el objeto de
evidenciar si existe una distribución adecuada y especializada de los jueces en asuntos
ambientales.
A su vez, pretende obtener información de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
sobre el régimen disciplinario en materia ambiental, las quejas, sanciones y
estadísticas, la evaluación de idoneidad técnica de funcionarios judiciales y los
protocolos de recusación por falta de idoneidad, para que se haga el control
disciplinario frente a la falta de conocimientos ambientales en jueces.
En cuanto a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, busca que le dé información
detallada sobre el sistema de formación en justicia ambiental, contenidos y entidades
que avalan la formación, duración y mecanismos de validación, con el fin de determinar
si existe una formación adecuada y especializada en temas ambientales.
Frente a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
(URNAAJ) pide el registro completo de peritos ambientales, las estadísticas de
participación y calidad de dictámenes y los requisitos de formación y mecanismos de
evaluación.
En general, respecto de todas las autoridades demandadas lo que procura es obtener
información estructural, técnica y verificable para evaluar la idoneidad, transparencia
y capacidad del Estado en la administración de justicia ambiental y la protección de
sus defensores, en el marco del Acuerdo de Escazú.
Por otra parte, requiere que se adopten protocolos o medidas dentro de los procesos
judiciales ambientales que se encuentran en curso, con el fin de garantizar condiciones
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00417-01
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela – Impugnación fallo
seguras para los defensores de los derechos ambientales, quienes están expuestos a
amenazas, estigmatización y riesgos en esa clase de litigios.
El demandante sostuvo que ha sido objeto de situaciones que comprometen su
seguridad personal y, con fundamento en ello, solicita que se ordene a la Unidad
Nacional de Protección la realización de un estudio de riesgo vinculado a los procesos
judiciales que afirma haber promovido, con proyección a corto, mediano y largo plazo
Por último, solicitó que las entidades demandadas, en especial, el Consejo Superior
de la Judicatura, adelante actuaciones dirigidas a garantizar la implementación efectiva
del Acuerdo de Escazú en la Rama Judicial, en cumplimiento de las obligaciones del
Estado en materia de acceso a la información, participación y acceso a la justicia
ambiental.
4. Actuación de primer grado
Mediante providencia de 27 de enero de 20262, la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Consejo Superior
de la Judicatura, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Presidencia de la
República, a la Vicepresidencia de la República, a la Consejería Presidencial para los
Derechos Humanos y el DIH, a la Nación – Ministerio del Interior, a la Dirección de
Derechos Humanos del Ministerio de Interior, al Comité de Evaluación del Riesgo y
Recomendación de Medidas (CERREM), a la Nación – Ministerio de Justicia y del
Derecho, a la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al
Viceministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Subsección de Educación y
Participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional, a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
al Departamento Nacional de Planeación, a la Unidad Nacional de Protección, a la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a la Dirección de
Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, a la Nación – Ministerio de
Defensa - Policía Nacional, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, a la
Unidad de Recursos Humanos del Consejo Superior de la Judicatura, a la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que
2 Índice 10, Samai, primera instancia.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00417-01
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela – Impugnación fallo
motivaron el ejercicio de la acción, y vinculó a la Mesa Técnica Interinstitucional para
la Implementación del Acuerdo de Escazú del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Asimismo, negó la medida provisional solicitada por el demandante.
5. Sentencia de primera instancia
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de 27 de
febrero de 20263, frente a la pretensión tendiente a que se suspendieran los más de
70 procesos judiciales y se adoptaran medidas en cada uno, declaró la improcedencia
de la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, pues, se
trata de actuaciones judiciales en curso frente a las cuales existen mecanismos
ordinarios de defensa.
Además, resaltó que el actor no acreditó siquiera sumariamente la existencia de
amenazas o riesgos que justificaran la intervención excepcional del juez constitucional
ni demostró haber acudido previamente a los jueces naturales de dichos procesos, lo
cual impedía desplazar sus competencias.
En relación con las pretensiones orientadas a la adopción de medidas de seguridad
personal y ciberseguridad, negó el amparo invocado, porque no se probó la existencia
de un riesgo concreto, actual e inminente, y, además, se evidenció que el demandante
no había activado los mecanismos institucionales ordinarios, como la solicitud de
estudio de riesgo ante la Unidad Nacional de Protección.
La acción de tutela no puede sustituir los procedimientos administrativos diseñados
para valorar y atender este tipo de situaciones ni operar como instancia inicial para
ordenar medidas de protección sin soporte probatorio suficiente.
Respecto del derecho fundamental de petición que se presentó ante el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio del Interior, negó el amparo, en
consideración a que las accionadas informaron sobre la inexistencia de ciertos datos,
3 Índice 49, Samai, primera instancia.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00417-01
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela – Impugnación fallo
remitieron por competencia o explicaron los límites de sus funciones y actuaron dentro
del marco constitucional.
Frente a las pretensiones estructurales relacionadas con la implementación del
Acuerdo de Escazú (como la creación de políticas públicas, la asignación presupuestal
o la coordinación interinstitucional), la Sala consideró que estas desbordaban la
naturaleza de la acción de tutela, pues, no estaban dirigidas a la protección inmediata
de derechos fundamentales sino al diseño y ejecución de políticas públicas de carácter
general.
En esa medida, advirtió que la tutela no era el mecanismo idóneo para este tipo de
reclamaciones, las cuales debían tramitarse por otras vías, como la acción de
cumplimiento o los mecanismos ordinarios de control.
Por último, amparó el derecho de petición del actor frente a algunas autoridades y,
como consecuencia, ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP), a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, al Consejo Superior de la Judicatura y al Departamento
Nacional de Planeación (DNP), que respondieran las solicitudes de forma completa y
de fondo.
6. Impugnación
La parte demandante, la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional y la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial presentaron impugnación en contra del fallo
de primera instancia, las cuales se concedieron por auto de 19 de marzo de 20264.
En dicha providencia también se negó la solicitud de copias presentada por la
Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, por configurarse
la sustracción de materia.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial5, señaló que el fallo de primera instancia
es errado porque sí dio respuesta de fondo, clara y completa al derecho de petición, y
4 Índice 58, Samai, primera instancia.
5 Índice 46, Samai, primera instancia
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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela – Impugnación fallo
atendió directamente varios puntos y remitió otros por competencia a las autoridades
correspondientes, lo cual fue informado oportunamente al peticionario.
El juez de tutela omitió valorar pruebas determinantes, como los correos electrónicos
enviados el 30 de enero de 2026 y el oficio DP26-FAGS-616, en los cuales se dio
respuesta expresa a los aspectos que el fallo consideró insatisfechos, con inclusión de
los relacionados con procedimientos disciplinarios y estadísticas.
Sí existió un pronunciamiento explícito y detallado, acompañado incluso de
información adicional en archivo Excel, lo cual desvirtúa la supuesta vulneración del
derecho fundamental.
Finalmente, afirmó que se configuró un hecho superado, en atención a que, antes de
proferirse el fallo, se había satisfecho completamente lo solicitado por el demandante,
lo que implica una carencia actual de objeto conforme a la jurisprudencia
constitucional.
La Unidad Nacional de Protección (UNP)6 puso de presente que dio respuesta al
requerimiento del demandante de manera oportuna y de fondo, puesto que tramitó la
solicitud, pidió ampliación de términos cuando fue necesario y posteriormente emitió
respuestas parciales y definitivas a través de varias comunicaciones oficiales, en las
que explicó sus competencias y suministró la información disponible7.
Argumentó que el derecho de petición no implica que se deba obtener una respuesta
favorable, sino únicamente recibir una contestación de fondo, clara y oportuna, por lo
cual, aun cuando la respuesta no satisfaga las expectativas del peticionario, ello no
configura una vulneración del derecho fundamental, siempre que se haya cumplido
con el deber de responder en los términos legales, como ocurrió en el caso concreto.
Planteó la existencia de un hecho superado, dado que durante el trámite de la acción
de tutela ya emitió y notificó las respuestas correspondientes al derecho de petición.
6 Índice 45, Samai, primera instancia.
7 Mediante Comunicación Externa OFI-2026-00007352 del 03 de febrero de 2025, se dio respuesta al
derecho de petición de Fecha 18 de diciembre de 2025 - EXT-2025-00123384; comunicaciones internas
MEM-2026-00002058 y MEM-2026-00010000; Comunicación Externa OFI-2026-00008280 del 24 de
febrero de 2026, se dio alcance a la respuesta al derecho de petición de fecha 18 de diciembre de 2025
• EXT-2025-00123384.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00417-01
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela – Impugnación fallo
Por su parte, el demandante8 aseguró que la sentencia de primera instancia incurrió
en una omisión de control de convencionalidad, por no aplicar el Acuerdo de Escazú
como parte del bloque de constitucionalidad, especialmente su artículo 9, que impone
un enfoque preventivo de protección a defensores ambientales.
Criticó que el fallo haya exigido prueba de amenazas concretas, cuando el estándar
internacional obliga al Estado a garantizar un entorno seguro sin necesidad de que el
riesgo se materialice.
La sentencia impuso un estándar probatorio desproporcionado e invirtió indebidamente
la carga de la prueba, debido a que el demandante ya había acreditado su condición
de víctima del conflicto armado y defensor ambiental con alto nivel de exposición al
riesgo, lo cual configuraba un riesgo estructural suficiente para activar medidas de
protección.
A pesar de ello, el juez no ejerció sus facultades oficiosas para verificar hechos
relevantes, como los incidentes de ciberseguridad o el contexto de riesgo, y, en
cambio, aceptó respuestas institucionales genéricas, evasivas o extemporáneas como
válidas.
Por último, la Policía Nacional9 impugnó el fallo, pero no esbozó argumentos para
sustentarlo.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
8 Índice 44, Samai, primera instancia
9 Índice 39, Samai, primera instancia.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00417-01
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela – Impugnación fallo
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o
variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.
2. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Consejo
Superior de la Judicatura y otros10, por la presunta vulneración de los derechos
constitucionales fundamentales, por la falta de acceso a información estructural sobre
la justicia ambiental y la ausencia de garantías suficientes para los defensores
ambientales.
En la sentencia de primera instancia la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del
requisito de subsidiariedad frente a la suspensión de procesos judiciales, dado que
existían mecanismos dentro de cada proceso y no se probó riesgo ni se acudió
previamente a los jueces naturales.
10 A la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Presidencia de la República, a la Vicepresidencia
de la República, a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH, a la Nación –
Ministerio del Interior, a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, al Comité de
Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), a la Nación – Ministerio de Justicia y
del Derecho, a la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Viceministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, a la Subsección de Educación y Participación del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, a la Nación – Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, al Departamento Nacional de Planeación, a la Unidad Nacional de
Protección, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a la Dirección de
Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, a la Nación – Ministerio de Defensa - Policía
Nacional, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, a la Unidad de Recursos Humanos del
Consejo Superior de la Judicatura, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00417-01
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela – Impugnación fallo
Declaró improcedentes las pretensiones sobre implementación del Acuerdo de
Escazú, porque desbordaban el objeto de la acción de tutela, pues, buscaban políticas
públicas y no la protección inmediata de derechos fundamentales.
Negó el amparo frente a vida, integridad y seguridad, por falta de prueba de riesgo real
y porque el demandante no activó los mecanismos ordinarios (UNP); asimismo, negó
parcialmente la vulneración del derecho de petición frente a algunas autoridades, en
atención a que sí hubo respuestas de fondo, aunque no fueran favorables al actor.
Por último, amparó el derecho de petición, en la medida que algunas de las accionadas
no respondieron completa o adecuadamente las peticiones (UNP, CNDJ, CSJ y DNP).
En la impugnación el demandante sostuvo que se debe realizar un estudio integral de
riesgo con enfoque del Acuerdo de Escazú, implementar garantías de seguridad física
y digital, corregir las respuestas deficientes a sus derechos de petición y adoptar
lineamientos que aseguren un enfoque preventivo en la protección de defensores
ambientales.
La UNP afirmó que sí emitió respuestas de fondo, claras y dentro de los términos
legales al requerimiento del demandante y que durante el trámite de la tutela se
configuró un hecho superado, en atención a que la solicitud fue debidamente
contestada.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial adujo que sí dio respuesta de fondo
(directa o por remisión a las entidades competentes) y que, en todo caso, antes del
fallo se satisfizo completamente lo solicitado, con lo cual se configuró un hecho
superado que hacía improcedente el amparo.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala confirmará la decisión
de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad frente a la solicitud de protocolos o
medidas dentro de los procesos judiciales ambientales y respecto de la
implementación estructural del Acuerdo de Escazú en la Rama Judicial. Además,
confirmará la decisión que negó el amparo frente a la solicitud de medidas de
protección por parte de la UNP y, por último, declarará cumplido el fallo frente a unas
autoridades y confirmará el amparo respecto de otras, en lo relacionado con los
derechos de petición, por las razones que aquí se expondrán.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00417-01
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela – Impugnación fallo
2.1 La falta de subsidiariedad frente a la solicitud de protocolos o medidas dentro
de los procesos judiciales ambientales y respecto de la implementación
estructural del Acuerdo de Escazú en la Rama Judicial
a. Caracterización del requisito de subsidiariedad
1. La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante
el juez constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta
jurisdiccional idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como
se infiere del texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.
2. En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que el
demandante no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
3. La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas
hagan uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar la
situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se
restrinja el uso indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como vía
preferente o instancia judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar a las
herramientas judiciales que el legislador estableció para la protección de los derechos.
4. En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una
decisión más rápida, para burlar los procedimientos judiciales previamente estatuidos
o para proponer argumentos y planteamientos que no se propusieron ante el juez
ordinario habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, se desconoce el carácter
subsidiario y residual de este mecanismo constitucional.
5. Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de
la subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los
eventos en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones que
justifican su procedibilidad, así:
(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso
estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y,
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00417-01
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela – Impugnación fallo
(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede
como mecanismo transitorio.
6. En suma, se condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la inexistencia de otro
medio de defensa judicial, salvo que este no suponga un mecanismo idóneo y efectivo
para evitar la vulneración o amenaza del derecho fundamental o que se pretenda un
amparo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.
b. Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso
concreto
1) La parte demandante solicitó que se adopten protocolos o medidas dentro de los
procesos judiciales ambientales que se encuentran en curso, con el fin de garantizar
condiciones seguras para los defensores de los derechos ambientales, quienes están
expuestos a amenazas, estigmatización y riesgos en esa clase de litigios.
2) Sin embargo, una vez revisada la solicitud de tutela la Sala advierte que la misma
es improcedente en los términos previstos por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto
2591 de 1991, en razón a que, a pesar de que se invoca la vulneración de derechos
fundamentales, la pretensión está orientada a que se adopten medidas sobre un
número significativo de procesos judiciales que se encuentran en curso, respecto de
los cuales existen mecanismos ordinarios y etapas procesales pendientes de agotarse,
lo cual impide la intervención del juez constitucional en los términos planteados.
3) En efecto, en el expediente no reposan elementos de prueba que respalden las
afirmaciones del tutelante en torno a las circunstancias que, según indica, afectan el
trámite de los procesos judiciales que ha promovido.
4) Si bien reposa información que acredita que el actor se encuentra inscrito en el
Registro Único de Víctimas, dicha circunstancia no resulta suficiente para acreditar los
supuestos fácticos en que fundamenta la solicitud de amparo ni permite inferir por sí
sola una afectación concreta sobre el desarrollo de las actuaciones judiciales a las que
alude.
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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela – Impugnación fallo
5) A lo anterior se suma que el tutelante no expone razones específicas que permitan
advertir, siquiera de manera preliminar, la configuración de una amenaza o vulneración
concreta de sus derechos que habilite la intervención excepcional del juez de tutela
frente a actuaciones judiciales.
6) La solicitud se formula de manera general, sin individualizar los procesos
presuntamente afectados, sin identificar decisiones judiciales concretas ni explicar por
qué la acción constitucional desplazaría los mecanismos ordinarios de defensa judicial
o resultaría necesaria para evitar un perjuicio irremediable.
7) En estas condiciones, la pretensión de amparo parte de supuestos fácticos que no
fueron acreditados siquiera sumariamente y, adicionalmente, pretende una
intervención amplia e indiscriminada sobre procesos judiciales en trámite,
planteamiento que desconoce el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela,
previsto en el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.
8) La Sala considera que tales requerimientos deben ser formulados, en primer
término, ante las autoridades judiciales que conocen de cada actuación, pues,
corresponde a los respectivos jueces, en su calidad de directores del proceso, valorar
la procedencia, pertinencia y necesidad de las medidas solicitadas en el marco de cada
expediente.
9) En consecuencia, la Sala confirmará la declaratoria de improcedencia de la acción
de tutela por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad frente a este cargo, por
las razones hasta aquí expuestas.
2.2 Sobre la implementación estructural del Acuerdo de Escazú en la Rama
Judicial
1) El demandante pretende que las entidades demandadas, en especial, el Consejo
Superior de la Judicatura, adelante actuaciones dirigidas a garantizar la
implementación efectiva del Acuerdo de Escazú en la Rama Judicial, en cumplimiento
de las obligaciones del Estado en materia de acceso a la información, participación y
acceso a la justicia ambiental.
2) En ese sentido, busca que se disponga la adopción de planes, protocolos y
programas de formación en justicia ambiental, así como la asignación de recursos y la
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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela – Impugnación fallo
creación de mecanismos de seguimiento y coordinación institucional, con el fin de
asegurar la aplicación real y efectiva de dicho acuerdo en los procesos judiciales
ambientales.
3) No obstante, como acertadamente lo conducto el a quo constitucional, se advierte
que dichas pretensiones no se dirigen a la protección de un derecho fundamental
subjetivo e individual ni al amparo de una situación jurídica particular, sino que buscan
la adopción de decisiones de alcance general respecto de la ejecución de
compromisos internacionales por parte del Estado.
4) El planteamiento del actor trasciende el ámbito propio de la acción de tutela, en la
medida en que no se orienta a la protección inmediata de derechos constitucionales
fundamentales concretos y subjetivos, sino a promover un control abstracto sobre la
actividad estatal.
5) Adicionalmente, los señalamientos del tutelante se sustentan en valoraciones
genéricas acerca del estado de implementación del referido instrumento internacional,
sin que se identificaran actuaciones u omisiones específicas atribuibles a las entidades
accionadas ni se delimitaran situaciones verificables que permitieran estructurar un
problema jurídico de relevancia constitucional en el caso concreto.
6) En este contexto, la Sala considera que las solicitudes formuladas desconocen la
naturaleza subsidiaria, residual y concreta de la acción de tutela, pues, este
mecanismo no fue concebido para impartir órdenes de carácter estructural o general
orientadas a la formulación, ejecución o ajuste de políticas públicas, planes, proyectos,
programas y mucho menos asignación de recursos, salvo en aquellos eventos
excepcionales en los que se acredite la existencia de una vulneración masiva, actual
y plenamente demostrada de derechos fundamentales, lo cual no se presenta en el
asunto bajo examen.
7) Por el contrario, el actor pretende que el juez de tutela asuma una función de
dirección general sobre la actuación de distintas autoridades del orden ejecutivo, sin
demostrar la existencia de un incumplimiento específico ni la necesidad urgente de
intervención judicial para evitar un perjuicio irremediable, lo cual desborda el ámbito
funcional del juez constitucional y resulta incompatible con el diseño institucional de la
acción de amparo.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00417-01
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela – Impugnación fallo
8) Por otra parte, la Sala reitera que la acción de tutela exige que el demandante
acredite la titularidad de un derecho fundamental amenazado o vulnerado de manera
específica, o que actúe en representación de un tercero en los términos definidos por
la jurisprudencia constitucional, puesto que no resulta procedente emplear este
mecanismo para promover el cumplimiento general de disposiciones normativas o
compromisos internacionales en abstracto, en atención a que para tales fines el
ordenamiento jurídico prevé otros instrumentos judiciales idóneos.
9) En el presente caso, el actor no demostró la existencia de una afectación concreta
en su esfera jurídica, ni acreditó actuar como agente oficioso de personas
determinadas cuyos derechos se encuentren comprometidos.
10) En esa medida, se declarará improcedente el amparo por el incumplimiento del
requisito de subsidiariedad.
2.3 Sobre la solicitud de medidas de protección por parte de la UNP
11) El demandante sostiene que ha sido objeto de situaciones que comprometen su
seguridad personal y, con fundamento en ello, solicita que se ordene a la Unidad
Nacional de Protección la realización de un estudio de riesgo vinculado a los procesos
judiciales que afirma haber promovido, con proyección a corto, mediano y largo plazo.
12) No obstante, la Sala advierte que el escrito de tutela carece de soporte probatorio,
incluso en grado sumario, que permita inferir la existencia de amenazas ciertas,
actuales y verificables en contra del actor o de su núcleo familiar.
13) En efecto, como lo indicó la primera instancia, no se allegaron denuncias, reportes
ante autoridades competentes, solicitudes previas de protección, ni cualquier otro
medio de convicción que evidencie la configuración de un riesgo individualizado.
14) A lo anterior se suma que la Unidad Nacional de Protección, en el informe rendido
dentro del trámite constitucional, indicó que el actor no ha elevado solicitud alguna de
evaluación o implementación de medidas de protección, como es su deber en estos
casos.
15) Este elemento resulta relevante, en la medida en que el diseño institucional del
sistema de protección parte de la activación inicial por parte del interesado, lo que
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permite a la entidad competente adelantar la correspondiente valoración técnica del
nivel de riesgo, por lo cual, no puede predicarse la existencia de una conducta omisiva
atribuible a la UNP, pues no se acredita que la entidad haya sido puesta en
conocimiento de una situación concreta que le impusiera el deber de actuar.
16) Así las cosas, desde una perspectiva de imputación, no se configura el
presupuesto necesario para endilgar a la entidad accionada la vulneración de los
derechos fundamentales invocados, en tanto no se demuestra ni la existencia de un
riesgo cierto ni la inactividad de la administración frente a una solicitud concreta de
protección.
17) Se reitera que la Sala no desconoce que el actor se encuentra inscrito en el
Registro Único de Víctimas, circunstancia que fue corroborada por la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el curso del presente trámite; sin
embargo, dicha condición, si bien comporta un reconocimiento estatal de situaciones
de victimización en el marco del conflicto armado, no conlleva, de manera automática,
la acreditación de un riesgo actual, específico y extraordinario que amerite la adopción
inmediata de medidas de protección en sede de tutela, pues para ello existe un
procedimiento administrativo previo que requiere que se aporten las pruebas
demostrativas y, previo un estudio del nivel de riesgo del solicitante, se evalúe si hay
lugar a otorgarle medidas de seguridad.
18) Sobre este punto, la jurisprudencia constitucional11 ha establecido que la
procedencia de órdenes orientadas a la protección de derechos como la vida, la
integridad personal o la seguridad exige la verificación de un riesgo cualificado, esto
es, un riesgo individualizable, concreto, actual y con un grado de intensidad tal que
supere las contingencias ordinarias a las que se encuentra expuesta la población en
general.
19) En esa medida, la sola invocación de condiciones generales de inseguridad o la
referencia a situaciones pasadas de victimización no satisfacen el estándar probatorio
exigido para activar la intervención urgente del juez constitucional.
11 Sentencias T-038 de 2024 y la SU-345 de 2024.
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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela – Impugnación fallo
20) Aun cuando el juez de tutela cuenta con facultades oficiosas en materia probatoria,
estas no suplen la carga mínima del demandante de aportar elementos que permitan
estructurar, al menos de manera preliminar, la existencia de una amenaza real, de lo
contrario, se desnaturalizaría el carácter subsidiario y excepcional del amparo, por
habilitar la adopción de medidas de protección con base en afirmaciones
indeterminadas.
21) En el caso concreto, la Sala observa que el actor no individualiza hechos recientes,
no describe circunstancias específicas de riesgo ni aporta elementos que permitan
establecer un nexo entre las supuestas amenazas y su situación actual, lo cual impide
concluir que se está ante un escenario que requiera la intervención inmediata del juez
constitucional.
22) En ese orden de ideas, por no acreditarse siquiera de manera sumaria la existencia
de una amenaza real, actual y específica contra los derechos fundamentales a la vida
e integridad personal del demandante, ni evidenciarse una conducta activa u omisiva
atribuible a la entidad demandada que haya contribuido a la presunta vulneración, la
Sala negará el amparo invocado.
2.4 Sobre los derechos de petición para el acceso a la información sobre la
justicia ambiental
1) El demandante solicitó que, en respuesta a sus derechos de petición, las
accionadas le suministren información detallada, completa y verificable sobre el
funcionamiento de la justicia ambiental en Colombia, incluyendo la formación e
idoneidad de los funcionarios judiciales, las hojas de vida y soportes académicos, las
estadísticas sobre capacitación y distribución de jueces en materia ambiental, el
registro y desempeño de peritos especializados, los mecanismos disciplinarios, los
recursos e infraestructura disponibles, la implementación del Acuerdo de Escazú y las
medidas de protección para defensores ambientales, todo ello con el fin de ejercer
control sobre la transparencia, capacidad y garantías del sistema judicial en asuntos
ambientales
2) Ahora bien, con fundamento en el material probatorio allegado al expediente, la Sala
constata que dieron cumplimiento a la orden impartida en el fallo de tutela de primera
instancia, en cuanto emitieron respuestas al derecho de petición presentado por el
actor, para lo cual abordaron los distintos ejes temáticos formulados.
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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
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3) En relación con el Departamento Nacional de Planeación, se acreditó que, en
cumplimiento de la orden judicial, emitió respuesta de fondo, mediante memorando del
1 de abril de 2026, en el cual explicó de manera expresa el alcance de sus
competencias12.
4) En particular, indicó que las solicitudes del accionante “recaen sobre asuntos
propios de la Rama Judicial, por lo cual escapan al ámbito de competencia del
Departamento Nacional de Planeación”; asimismo, precisó que “no es entidad
ejecutora, ni ordenadora del gasto, ni responsable de la asignación directa de recursos
presupuestales a la Rama Judicial”.
5) Adicionalmente, la entidad no se limitó a negar la información, sino que activó el
mecanismo legal de traslado por competencia, en los términos del artículo 21 de la Ley
1755 de 2015, y remitió la solicitud a la autoridad correspondiente13, lo cual evidencia
una respuesta sustancial, en tanto no solo delimita su ámbito funcional, sino que
garantizó la continuidad del trámite administrativo.
6) En lo que respecta a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, se encuentra
acreditado que el 9 de abril de 2026 dicha corporación emitió una respuesta detallada,
en la cual abordó de manera sistemática los interrogantes formulados 14.
7) En particular, explicó el marco normativo aplicable al régimen disciplinario, y señaló
que este se encuentra contenido en la Ley 1952 de 2019 y en la Ley 270 de 1996,
además, precisó que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no es órgano de
consulta y que ésta solo se pronuncia a través de las providencias que emite en el
marco de los procesos disciplinarios a su cargo”.
8) De igual manera, frente a varios de los cuestionamientos planteados, la entidad
indicó expresamente la inexistencia de información o de antecedentes, por ejemplo,
que “no se han tramitado en los últimos cinco años quejas por falta de idoneidad
12 La respuesta se remitió al correo primeralineambiental@proton.me el 1 de abril de 2026.
13 Lo cual se informó al demandante por correo electrónico el 1 de abril de 2026.
14 Respuesta que se comunicó al demandante a los correos electrónicos:
"primeralineambiental@proton.me, notificajudicialplambiental@proton.me,
notificacionplambiental@proton.me.
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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela – Impugnación fallo
técnica en procesos ambientales”, lo cual constituye una respuesta de fondo, en tanto
resuelve el interrogante mediante información verificable.
9) Asimismo, cuando los asuntos no eran de su competencia, procedió a efectuar
remisiones a otras autoridades, informando de ello al peticionario, lo cual se ajusta
plenamente a los parámetros del derecho de petición15.
10) En cuanto a los distintos ejes temáticos, la Sala observa que las autoridades
accionadas ofrecieron respuestas materiales y congruentes, pues, i) en relación con la
formación judicial, se aportó información concreta sobre programas, contenidos,
metodologías y mecanismos de actualización; ii) frente a aspectos presupuestales, se
explicó que no existen partidas específicas para justicia ambiental, precisando que los
recursos se gestionan de manera global dentro del presupuesto de la Rama Judicial;
iii) en materia de estadísticas e inventarios, indicó, de manera expresa, cuándo la
información no se consolida de forma centralizada o reposa en expedientes judiciales
individuales y iv) respecto a competencias institucionales, las entidades delimitaron
claramente su ámbito de actuación, con el fin de evitar respuestas evasivas.
11) Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dio respuesta
dentro de su ámbito funcional, y explicó que no ostentaba competencia para definir
contenidos curriculares de la Rama Judicial ni para intervenir en la formación de
jueces; además, que no existía una instancia permanente de coordinación
interinstitucional en la materia, aunque se adelantaban procesos normativos para su
implementación.
12) En este contexto, la Sala concluye que las respuestas emitidas cumplen con los
criterios constitucionales del derecho de petición, en tanto, son congruentes, pues
abordan los temas planteados; son suficientes, por resolver los interrogantes dentro
del ámbito de competencia; son claras, por exponer razones jurídicas y técnicas; son
materiales, por no limitarse a respuestas formales o evasivas.
13) Es importante reiterar que el hecho de que en algunas de las respuestas se le haya
explicado al actor la falta de competencia de las distintas autoridades para absolver
15 Remisión por competencia al Consejo Superior de la Judicatura mediante correo electrónico del 19
de marzo de 2026, situación que se le puso en conocimiento al demandante a su correo
primeralineambietal@proton.me en la misma fecha.
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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela – Impugnación fallo
ciertas materias e interrogantes, la inexistencia de información o la remisión a otra
autoridad constituyen formas legítimas de respuesta de fondo, conforme a la normativa
aplicable.
14) En consecuencia, la inconformidad del demandante radica en su desacuerdo con
el contenido o alcance de las respuestas recibidas, mas no en la ausencia de
pronunciamiento por parte de las entidades; sin embargo, el derecho de petición no
garantiza una respuesta favorable ni acorde con las expectativas del solicitante, sino
la emisión de un pronunciamiento de fondo, claro y oportuno.
15) Ahora, en lo que respecta a la Unidad Nacional de Protección y el Consejo Superior
de la Judicatura, la Sala advierte que no se acreditó el cumplimiento de la orden
impartida en el fallo de tutela de primera instancia.
16) Si bien obra en el expediente que el 9 de enero de 2026 la UNP remitió una
comunicación al demandante en la que indicó no contar con la información completa
y, en consecuencia, solicitó la ampliación del término para responder por quince (15)
días adicionales, en los términos del artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, fijándose
como fecha límite el 2 de febrero de 2026, lo cierto es que no existe prueba de que,
vencido dicho plazo, se haya emitido una respuesta de fondo al derecho de petición.
17) Esta omisión se mantiene incluso con posterioridad a la expedición del fallo de
segunda instancia, sin que la entidad haya allegado elemento probatorio que acredite
el cumplimiento de la obligación de responder.
18) Aunado a lo anterior, en el informe rendido dentro del trámite de tutela, la UNP no
demostró haber dado respuesta a la petición en los términos solicitados, se limitó a
señalar que el demandante no ha solicitado estudio de riesgo, afirmación que no
satisface el deber de resolver integralmente los requerimientos formulados.
19) En ese mismo sentido, la respuesta emitida por el Consejo Superior de la
Judicatura, aunque fue presentada dentro del término y resultó clara y, en ciertos
asuntos, de fondo y suficientemente desarrollada, no satisfizo integralmente los
planteamientos formulados por el peticionario.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00417-01
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Acción de tutela – Impugnación fallo
20) En efecto, se advierte que no se atendió de manera expresa cada uno de los
interrogantes, ni siquiera para indicar la eventual falta de competencia o la
imposibilidad de brindar el nivel de detalle requerido.
21) A modo ilustrativo, en el punto X) del derecho de petición no se efectuó
pronunciamiento alguno en relación con la articulación entre la Rama Judicial y el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; asimismo, frente al punto II), relativo a
los mecanismos de evaluación y verificación del contenido de la formación impartida
por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la respuesta resulta insuficiente, en tanto
se limitó a señalar la existencia de procesos evaluativos, sin precisar su naturaleza o
tipología, aspecto que constituía una solicitud expresa del demandante.
22) Por consiguiente, la Sala concluye que la Unidad Nacional de Protección y el
Consejo Superior de la Judicatura no dieron cumplimiento a la orden judicial ni
garantizó el núcleo esencial del derecho de petición del actor, por lo cual se confirmará
el fallo de primera instancia y se ordenará que contesten las solicitudes dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación de esta providencia.
23) Asimismo, como se verificó que las demás entidades accionadas dieron
cumplimiento a la orden impartida en primera instancia y atendieron materialmente el
derecho de petición, la Sala confirmará igualmente el amparo decretado por el a quo
constitucional y declarará cumplida la decisión.
24) En ese orden de ideas, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que
declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad frente a la solicitud de protocolos o medidas dentro de los procesos
judiciales ambientales. Además, confirmará la decisión que negó el amparo frente a la
solicitud de medidas de protección por parte de la UNP y respecto de la
implementación estructural del Acuerdo de Escazú en la Rama Judicial y, por último,
declarará cumplido el fallo frente a unas autoridades y confirmará el amparo respecto
de otras, en lo relacionado con los derechos de petición, por las razones hasta aquí
expuestas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Acción de tutela – Impugnación fallo
FALLA:
1°) Confírmase la decisión de primera instancia, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera
instancia y remítasele copia del mismo.
4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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