Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-01400-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-01400-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-01400-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
21 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01400-01
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Petición – CONFIRMA AMPARO.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el Ministerio de las
Telecomunicaciones contra la sentencia proferida el 16 de julio de 2026 por el
Consejo de Estado – Sección Quinta, mediante la cual, entre otras determinaciones,
se amparó el derecho fundamental de petición del señor Ericsson Ernesto Mena
Garzón respecto de dicha entidad y de la Fiscalía General de la Nación, en relación
con la solicitud presentada el 30 de octubre de 2025.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 23 de febrero de 2026, el señor Ericsson Ernesto Mena instauró acción de tutela
contra la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia de Industria y Comercio,
el Ministerio de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
la empresa IFX Networks Colombia S.A., el Consejo Superior de la Judicatura, la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la Unidad de Registro Nacional de Abogados
y Auxiliares de la Justicia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el
Ministerio de Justicia y del Derecho, el Departamento Nacional de Planeación, el
Ministerio del Interior, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la
Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, la Policía Nacional y
la Unidad Nacional de Protección, al considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la vida, integridad personal, debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad y petición. Considera que dichas prerrogativas
fueron lesionadas al no obtener respuesta a las solicitudes que elevó el 30 de octubre
y el 17 de diciembre de 2025.
2.El actor informó que el 30 de octubre de 2025, presentó una petición ante la
empresa IFX Networks, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Procuraduría
General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, relacionada con la filtración
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01400-01
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
masiva de información ocurrida el 25 de julio de 2025 por el grupo NOVA, derivada
del ciberataque a IFX Networks el 12 de septiembre de 2023.
3. Posteriormente, el 17 de diciembre de 2025, presentó otra petición dirigida a la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura, la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la Unidad de Registro Nacional de Abogados
y Auxiliares de la Justicia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el
Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio del Interior, la Consejería
Presidencial para los Derechos Humanos, el Departamento Nacional de Planeación,
la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, la Policía Nacional
y la Unidad Nacional de Protección, cuestionando sobre la implementación del
Acuerdo de Escazú en la Rama Judicial y la formación que se ofrece en temas de
justicia ambiental.
4. Frente a la primera petición, sostuvo que IFX Networks emitió una respuesta con
vicios formales y sustanciales, en la que evitó formular una declaración juramentada
explícita sobre la no filtración de datos, invirtió la carga de la prueba y rechazó
implementar medidas diferenciadas. Por su parte, la Superintendencia de Industria y
Comercio respondió de forma extemporánea y con una interpretación restrictiva de
sus funciones. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
y la Fiscalía General de la Nación no respondieron, silencio que el actor consideró
una obstrucción sistemática al acceso a la información y justicia ambiental, dejando
en la impunidad posibles delitos informáticos y amenazas en su contra.
5.Indicó que lo anterior demuestra la vulneración del Acuerdo de Escazú,
concretamente, los artículos 3, 5, 6, 8 y 11; así como la jurisprudencia de la Corte
IDH, el Caso Comunidades Afrodescendientes vs. Colombia, el OC-23/17, las
sentencias T-294 de 2023, T-489 de 2020 y el Comité de Escazú.
6. En relación con la segunda solicitud, adujo que las preguntas no eran de
curiosidad administrativa, sino para verificar si el Estado colombiano estaba
cumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de acceso a la justicia
ambiental, formación judicial especializada, protección de defensores y
transparencia institucional. Pero el silencio absoluto de las entidades accionadas
configuró una vulneración directa del derecho de petición, así como del Acuerdo de
Escazú, artículos 3, 5, 6, 8, 9 y 11.
7. Del mismo modo, manifestó que existe un debilitamiento de la confianza
institucional cuando las entidades encargadas de implementar dicho acuerdo ignoran
solicitudes legítimas de información. Afirmó que el silencio institucional es una forma
de negación tácita que obstaculiza la implementación de aquel, debilita la justicia
ambiental y expone a los defensores a mayores riesgos.
8. Expuso que las respuestas institucionales a las peticiones del 30 de octubre y 17
de diciembre de 2025 revelaban una brecha entre el texto normativo del Acuerdo de
Escazú y la práctica administrativa. Del mismo modo, evidenciaban el incumplimiento
sistemático del acuerdo por parte de las entidades estatales.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01400-01
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
9.
Concluyó que el patrón sistemático de vulneración de sus derechos se produjo por
la inversión de la carga probatoria, pues se condicionó la protección a que el defensor
demostrara el daño, con lo cual se desconoció el principio de precaución. También
sostuvo que se privilegió lo formal sobre lo sustancial, al otorgarse prioridad a los
límites competenciales frente a la protección efectiva de los derechos. Finalmente,
afirmó que existió una “fragmentación” institucional, debido a que ninguna entidad
articuló una respuesta coordinada, lo que dejó al defensor expuesto a vacíos de
competencia no asumidos. Agregó que el silencio administrativo configuró la
vulneración del derecho fundamental de petición y de los pilares del Acuerdo de
Escazú.
B. Sentencia de primera instancia
10.
En sentencia del 16 de julio de 2026, el Consejo de Estado - Sección Quinta, al
resolver la acción respecto de la petición del 30 de octubre de 2025, sostuvo que al
plenario se aportaron las respuestas dadas por IFX Networks y la Superintendencia
de Industria y Comercio; sin embargo, de la Fiscalía General de la Nación y del
Ministerio de Telecomunicaciones no obraba documento alguno ni notificación que
así lo acreditara.
11.
Por ende, en cuanto a las dos primeras, la Sala advirtió que las accionadas
abordaron de manera clara, congruente y de fondo lo planteado por el accionante el
30 de octubre de 2025 y sus respuestas fueron de conocimiento del actor; por ello,
consideró que se debía negar el amparo del derecho fundamental de petición. Por el
contrario, respecto al Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y la Fiscalía General de la Nación, encontró que no acreditaron
haber dado respuesta a lo solicitado por el accionante en el término previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.
12.
Por ese motivo, amparó el derecho fundamental de petición del señor Mena
Garzón y ordenó a estas últimas entidades que, dentro de los cinco días siguientes
a la notificación del fallo, dieran respuesta de manera clara, congruente y de fondo a
la solicitud que el accionante les formuló el 30 de octubre de 2025.
13.
Por otra parte, en lo atinente a la petición del 17 de diciembre de 2025, manifestó
que existía triple identidad con la tutela 11001-03-15-000-2026-00417-01, decidida
en primera instancia por la Sección Tercera - Subsección A del Consejo de Estado,
el 27 de febrero de 2026, y en segunda instancia por la Subsección B de la Sección
Tercera de esa misma Corporación, el 15 de abril de 2026.
14.
Conforme a ello, concluyó que el accionante pretendía con la acción constitucional
reabrir la discusión planteada de manera previa, ya resuelta por un juez
constitucional, circunstancia que configuraba una actuación temeraria.
C. La impugnación
15.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones impugnó.
Sostuvo que se incurrió en una apreciación errónea de las pruebas obrantes en el
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01400-01
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
trámite constitucional, toda vez que la respuesta requerida ya había sido emitida,
tramitada y debidamente notificada al accionante con anterioridad a la expedición del
fallo.
16.
Afirmó que el Ministerio, a través del Equipo de Respuesta a Emergencias
Cibernéticas de Colombia (COLCERT), desató de fondo cada uno de los
cuestionamientos técnicos sobre el incidente de ciberseguridad mediante los
siguientes actos: “Radicado de Entrada / PQRSD: 251139509 (derivado del trámite
interno 2025-ER- 0493631 / 2025-EE-325603). Radicado de Respuesta / Salida
oficial: 252192306, suscrito por la coordinación técnica del GIT de Respuesta a
Emergencias Cibernéticas - COLCERT. Notificación Efectiva: Remitida formalmente
el 14 de noviembre de 2025 mediante el servicio de correo certificado (CertiMail de
4-72) a la dirección electrónica autorizada por el accionante:
primeralineambiental@proton.me (según constancia con guía/código
20251114_161719_a4a8e0_78545372)”.
17.
Con base en lo anterior, señaló que se configuró carencia de objeto por hecho
superado, toda vez que el 14 de noviembre de 2025, el accionante recibió una
respuesta material, técnica y motivada a su petición del 30 de octubre de 2025,
cumpliendo plenamente con las exigencias del artículo 23 constitucional y la Ley
1755 de 2015, lo cual debió ser declarado por el a quo, en lugar de conceder el
amparo.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
D. Competencia
18.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19911.
E. Análisis del caso concreto
19.
La Sala confirmará la decisión de primera instancia, en tanto comparte y ratifica
en su integridad el análisis realizado por el a quo. En la medida en que sólo el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, impugnó la
decisión, bajo el argumento de que dio respuesta a la petición del 30 de octubre de
2025, el análisis se orientará a resolver sobre ese punto.
20.
De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política, “toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución”. Así, el derecho de petición tiene
una finalidad doble, por un lado, permite que los interesados presenten peticiones
respetuosas a las autoridades y, por otro, garantiza una contestación oportuna,
eficaz, de fondo y congruente con los requerimientos que plantea el peticionario en
el ejercicio de esta prerrogativa constitucional.
1 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01400-01
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
21.
En esa línea, la Corte Constitucional 2 ha señalado que el núcleo esencial del
derecho de petición conlleva los siguientes elementos: (i) la posibilidad real, cierta y
efectiva de presentar peticiones respetuosas; (ii) el otorgamiento de una respuesta
de fondo, clara, precisa y de acuerdo a lo solicitado por el peticionario; (iii) contestar
oportunamente, es decir, dentro del término legalmente establecido para tal efecto y;
(iv) la comunicación pronta de la contestación al peticionario; sin perjuicio de que el
contenido de la respuesta sea favorable o desfavorable a lo solicitado.
22.
La Sala advierte que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones no allegó prueba que permita establecer que envió y dio al señor
Mena Garzón una respuesta clara, congruente y de fondo respecto de cada una de
las solicitudes formuladas en la petición del 30 de octubre de 2025. Si bien con el
escrito de impugnación aportó documentos que, a su juicio, acreditarían la
contestación, de su revisión no se desprende que alguno de ellos corresponda a la
referida respuesta.
23. En concreto, allegó los siguientes documentos: (i) una petición del señor Mena
Garzón elevada el 2 de octubre de 2025; (ii) un acta de envío y entrega de correo
electrónico de la empresa 4-72 del 5 de abril de 2024, donde se envía respuesta
radicado 242032575 (adjuntada 2 veces); (iii) una respuesta dada al actor por parte
de la entidad, radicado de entrada 251139509 y de salida 252192306, del 5 de
noviembre de 2025; (iv) un acta de envío y entrega de correo electrónico de la
empresa 472 del 14 de noviembre de 2025 cuyo asunto es “Respuesta a la Solicitud
PQRSD - REQ10 ENTES DE CONTROL No. 251139509REQ10 ENTES DE
CONTROL No. 251139509”; (v) una respuesta de la entidad dada al actor, radicado
241055173, del 19 de julio de 2024; (vi) una respuesta de la entidad dada al actor,
radicado 241003342, del 8 de febrero de 2024; (vii) un correo electrónico del
mencionado Ministerio a otra dependencia del mismo del 5 de noviembre de 2025;
(viii) una solicitud elevada por señor Mena Garzón a la entidad el 23 de junio de
2024; y, (ix) una respuesta dada al actor por parte de la entidad, radicados
241017344 / 241020411, del 5 de abril de 2024.
24.
Las pruebas relacionadas con el año 2024 corresponden a peticiones y
respuestas distintas de la que es objeto de esta acción. Por su parte, los dos
documentos relevantes correspondientes al 2025 -numerales iii y iv-, tampoco
permiten acreditar la remisión y contenido de la respuesta a la petición del 30 de
octubre de ese año. En efecto, el acta de envío y entrega de correo electrónico del
14 de noviembre de 2025 únicamente da cuenta de la remisión de una comunicación
con radicado de entrada 251139509.
25. A su vez, la respuesta identificada con el radicado de entrada 251139509 y de
salida 252192306, con fecha de 5 de noviembre de 2025, a la cual alude la autoridad
accionada, corresponde a una solicitud diferente a la debatida, debido a que su
contenido no coincide con las solicitudes formuladas en la petición objeto de debate.
2 Ver sentencias T-814/05, T-147/06, T-610/08, T-760/09, C-818/11, C-951/14, T-376 de 2017 y T-206/18. entre
otras.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01400-01
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Pues, aunque dicha respuesta guarda relación temática con el asunto cuestionado,
ya que se refiere al incidente de ransomware en la infraestructura de nube privada
gestionada por IFX Networks, ahí se dio respuesta acerca del informe técnico de
ciberseguridad, del estado de las investigaciones, de las medidas de protección y de
las sanciones a IFX Networks. Mientras que en el escrito presentado el 30 de octubre
de 2025, el actor solicitó, en términos generales, la declaración juramentada de no
filtración de sus datos, una evaluación de riesgos informáticos personalizada, la
implementación de medidas de protección de sus procesos y las garantías de
confidencialidad absoluta.
26. A lo anterior se suma que el 18 de agosto de 2026 el Ministerio señalado allegó
de nuevo pruebas para demostrar la respuesta dada al actor; sin embargo, adjuntó
el mismo material probatorio antes relacionado y, adicionalmente, un acta de entrega
de correo electrónico de la empresa 4-72 del 19 de julio de 2024, que da cuenta del
envío de la respuesta 242084175, la cual no demuestra la contestación de la petición.
27. Conforme a lo anterior, esta Sala no cuenta con elementos probatorios que
permitan establecer que la entidad efectivamente emitiera respuesta de fondo al
accionante, pues las pruebas allegadas están relacionadas con otra petición, no con
la que es objeto de esta acción constitucional.
28. De acuerdo con lo expuesto, se confirmará la sentencia de 16 de julio de 2026
proferida por el Consejo de Estado – Sección Quinta.
29.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 16 de julio de 2026 proferida por el
Consejo de Estado – Sección Quinta, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE3
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
3 VF
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01400-01
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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