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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00423-00

Fecha
16 de febrero de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00423-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

16 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00423-00 (594)
Accionante: José Darío Forero Fernández
Accionado: Sala de Decisión Oral Sección B del Tribunal Administrativo del
Atlántico

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: proceso sancionatorio ambiental.
Subtema 3: caducidad, indagación preliminar, iniciación del procedimiento y
formulación de cargos en el proceso sancionatorio ambiental. Subtema 4: Ley 1333
de 2009. Subtema 5: defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del
precedente.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por el señor José Darío Forero Fernández contra
la Sala de Decisión Oral Sección B del Tribunal Administrativo del Atlántico.

1. Síntesis del caso

El señor José Darío Forero Fernández presentó escrito de tutela con la pretensión
de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, a la seguridad jurídica y a la propiedad
privada y la libertad económica, que consideró vulnerados por la Sala de Decisión
Oral Sección B del Tribunal Administrativo del Atlántico con ocasión de fallo del 10
de octubre de 2025 dentro del proceso núm. 08001-33-33-001-2024-00181-02.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00423-00 (594)
Accionante: José Darío Forero Fernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

2. El señor José Darío Forero Fernández presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla y del Establecimiento Público Ambiental
Barranquilla Verde (EPA Barranquilla Verde), con la pretensión de nulidad de las
resoluciones 0446 del 14 de marzo de 2023 y 0189 del 1 de febrero de 2024 que lo
declararon ambientalmente responsable, en su condición de propietario del
establecimiento Estación de Servicios Paseo Bolivar, por incumplimiento de las
obligaciones previstas en los artículos 2 y 5 de la Resolución 1362 de 2007 y lo
sancionaron con multa de 6.473.736 pesos; y, en consecuencia, que se declarara
que no tiene obligación pendiente a su cargo.

3. El asunto correspondió por reparto bajo radicado núm. 08001-33-33-001-2024-
00181-00 al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla,
autoridad que, en sentencia del 1 de agosto de 20251, accedió a las pretensiones
de nulidad y declaró que el señor José Darío Forero Fernández no está obligado a
cancelar valor alguno a favor de EPA Barranquilla Verde y que, en caso de que
hubiera realizado algún pago, se le devolviera el valor correspondiente.

4. Sustentó su decisión en que la entidad convocada omitió adelantar la etapa de
indagación preliminar prevista en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009 y en un solo
auto dio apertura al proceso sancionatorio y formuló cargos, con lo cual afectó los
derechos de defensa y de contradicción del investigado; además, de que expidió el
acto de sanción cuando había operado la caducidad de la facultad sancionatoria, lo
que generó falta de competencia temporal. Esta decisión fue apelada.

5. En fallo de segunda instancia del 10 de octubre de 2025, la Sala de Decisión
Oral Sección B del Tribunal Administrativo del Atlántico revocó la sentencia del 1 de
agosto de 20252 y negó las pretensiones de la demanda. La autoridad judicial
sintetizó las actuaciones surtidas en el trámite administrativo y explicó que la
indagación preliminar era una etapa opcional o facultativa que, en el caso concreto,
fue omitida porque la conducta investigada era verificable desde el sistema de la
entidad.

6. Por otra parte, afirmó que no operó la caducidad de la facultad sancionatoria de
EPA Barranquilla Verde al tener en cuenta que el hecho sancionable fue continuado
en el tiempo hasta el 28 de febrero de 2019, momento en que se efectuó la
inscripción del establecimiento de comercio en el registro de generadores de
residuos peligrosos.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

7. El señor José Darío Forero Fernández solicitó al juez constitucional el amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, a la
legalidad y a la propiedad privada, y, en consecuencia, que se ordenara lo siguiente:

1 Samai, expediente núm. 08001-33-33-001-2024-00181-00, índice 41, certificado 2DA371A8FA6D31FA
4512C2B8FCFDBCE3 DD1CC5E3807AC5F4 0001AB72F8A56904.
2 Samai, expediente núm. 08001-33-33-001-2024-00181-02, índice 12, certificado 2409A7C29ECACEE6

ACAD0E068E58DE9E 2A7A6584F7D7652C CB195037A795F361.

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Accionante: José Darío Forero Fernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

2. Se declare que la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico incurrió en una
vía de hecho por desconocimiento del precedente sobre caducidad de la facultad
sancionatoria, conforme a la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado y la Corte
Constitucional, y se deje en firme la sentencia de primera instancia que acogió dicho
precedente.

3. Se revoque y se deje sin efectos la sentencia del 19 de enero de 2026 y, en su lugar,
se disponga que recobre plenos efectos la sentencia proferida el 17 de julio de 2025
por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, la cual declaró
la nulidad del acto administrativo sancionatorio por caducidad, como mecanismo
idóneo de restablecimiento de los derechos fundamentales vulnerados.

[…]

5. Se solicita también que, de concederse la tutela, se remita copia del fallo a EPA
Barranquilla Verde y al Tribunal Administrativo del Atlántico como garantía de no
repetición y control constitucional del principio de legalidad sancionatoria.

Asimismo, solicito que se compulsen copias a la Procuraduría General de la Nación y
a la Superintendencia de Sociedades, como garantes del respeto a la legalidad y a la
función administrativa conforme al artículo 209 de la Constitución3.

8. Además, pidió como medida cautelar, la suspensión inmediata de los efectos
de la Resolución 0446 de 2023 expedida por EPA Barranquilla Verde, en particular,
el cobro de la multa más intereses.

9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante indicó que inició
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones 0446 de
2023 y 0189 de 2024, que fue resuelto en primera y segunda instancia,
respectivamente, por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de
Barranquilla en sentencia del «17 de julio de 2025» y por el Tribunal Administrativo
del Atlántico en fallo del «19 de enero de 2026». Expresó que la providencia
cuestionada incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y en desconocimiento del
precedente.

10. Argumentó que la caducidad de la facultad sancionatoria era de 3 años previstos
en la Ley 1437 de 2011 (CPACA), para lo cual citó las sentencias del Consejo de
Estado del «23 de julio de 2020», radicado núm. «2015-00237-00» y del «21 de abril
de 2022», radicado núm. «25000-23-24-000-2015-00130-01», pues en el caso
concreto los hechos ocurrieron en el 2017 y la actuación administrativa inició en
2021.

11. También, los fallos del Consejo de Estado del 21 de abril de 2022, radicado
núm. 76001-23-31-000-2011-00376-01; del 27 de noviembre de 2019, radicado
núm. 25000-23-24-000-2013-00119-01; del 10 de noviembre de 2016, radicado
núm. 25000-23-41-000-2013-01106-01; del 4 de mayo de 2017, radicado núm.
76001-23-31-000-2012-00189-01; del 13 de febrero de 2020, radicado núm. 05001-
23-33-000-2015-00886-01; del 3 de diciembre de 2015, radicado núm. 05001-23-

3 Se transcribe incluso con errores de texto.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00423-00 (594)
Accionante: José Darío Forero Fernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

33-000-2010-00916-01; de «2021», radicado núm. 25000-23-24-000-2011-00114-
01; del 11 de mayo de 2020, radicado núm. 11001-03-24-000-2016-00159-00; y del
18 de febrero de 2021, radicado núm. 11001-03-24-000-2018-00207-00. De la Corte
Constitucional, las sentencias T-102 de 2014, T-205 de 2021, T-156 de 2013 y T-
766 de 2015.

12. Por otro lado, indicó que se desconocieron los fallos del 22 de febrero de 2018
del Consejo de Estado, expediente núm. 11001-03-24-000-2013-00212-00 y del 25
de marzo de 2021, expediente núm. 11001-03-24-000-2016-00148-00, en los que
se expuso que la formulación de cargos no puede realizarse en el mismo auto de
apertura de la investigación, ya que se vulneran los derechos fundamentales a una
defensa técnica real y de imparcialidad administrativa. Para lo anterior, invocó la
sentencia T-674 de 2004.

13. Alegó un defecto fáctico por omisión del Tribunal en analizar las actas de
seguimiento y visitas técnicas en las que EPA Barranquilla Verde reconoció
actuaciones contradictorias impuestas por esa entidad; y la comunicación que
informó del reinicio del proceso por haber sido archivado por inactividad de la
administración.

14. Indicó que la infracción ambiental se basó en un supuesto incumplimiento
«puramente procedimental» que infringió el principio de culpabilidad en materia
sancionatoria administrativa, pues fue la entidad quien incurrió en demora en sus
gestiones, y que no hubo prueba técnica de la afectación ambiental. Así, alegó que
de acuerdo con las sentencias C-244 de 1996, T-539 de 2014 y T-1036 de 2008, el
Estado no puede sancionar fundado en presunciones, y que el pliego de cargos fue
ilegal porque acumuló actuaciones administrativas.

15.Por último, el accionante indicó que el Tribunal no tuvo en cuenta que está
sometido a reorganización empresarial bajo la Ley 1116 de 2006.

2.3. Trámite procesal

16. El despacho ponente, mediante auto del 26 de enero de 20264, admitió la
solicitud de amparo; vinculó al trámite como terceros con interés al Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla y al Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla; requirió el expediente ordinario objeto de controversia;
tuvo como pruebas los documentos aportados con la demanda; negó la medida
cautelar pedida y ordenó las notificaciones de rigor.

2.4. Intervenciones

17. El señor José Darío Forero Fernández radicó memorial en el que solicitó la
reconsideración de la decisión que negó la medida cautelar, expuso sobre el

4 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00423-00 índice 4, certificado E820D8CFA5D03A15
377C215B27288034 DAE31CA4D81A0673 7BAEB9AE03AC364B.

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Accionante: José Darío Forero Fernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

proceso de reorganización empresarial al que se encuentra sometido y la afectación
a su mínimo vital y reiteró argumentos sobre la vulneración de sus derechos5.

18. La Sala de Decisión Oral Sección B del Tribunal Administrativo del Atlántico
contestó que las censuras del accionante son inadmisibles en este escenario
constitucional. Afirmó que la decisión que profirió no transgredió el precedente
judicial del Consejo de Estado ni incurrió en defectos específicos de tutela contra
providencia. Reiteró las razones de la sentencia cuestionada y solicitó que se
declare improcedente el amparo6.

19. El señor José Darío Forero Fernández presentó un nuevo memorial en el que
pidió a la Secretaría General del Consejo de Estado copia de todos los documentos
contenidos en el expediente de tutela y que se habilitara un canal alternativo o
complementario a la plataforma Samai7 para su consulta.

20. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla informó que
el proceso con radicado núm. 08001-33-33-001-2024-00181-02 fue asignado a ese
despacho, que lo adelantó conforme a derecho y que dictó sentencia de primera
instancia el 1 de agosto de 2025. Adujo que no vulneró los derechos fundamentales
del tutelante y que los reparos de amparo están dirigidos contra el Tribunal. Aportó
el expediente ordinario8.

21. La Secretaría General del Consejo de Estado, en atención a la petición de
copias que presentó el accionante, remitió oficio LMA-0508 el 3 de febrero de 2026
en el que le explicó que podía acceder al expediente a través de la ventanilla virtual
para examinar los documentos sin ningún tipo de restricciones, para lo cual debía
diligenciar el formulario adjunto, seguir las instrucciones del Manual de Uso de
Samai y acreditar su condición dentro del trámite. También remitió los enlaces
electrónicos de consulta de procesos9.

22. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla se pronunció frente a
los hechos que sustentaron la tutela y expuso que no adelantó el proceso
sancionatorio en contra del accionante, por lo que no tenía legitimación en la causa
por pasiva10.

23. El Establecimiento Público Ambiental de Barranquilla Verde contestó que la
tutela busca agotar una tercera instancia judicial con el propósito de controvertir la
sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, la cual goza de legalidad. Arguyó
que no se configuran defectos en la providencia objetada, pues la autoridad judicial

5 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00423-00 índice 7, certificado 8132BB4967C8E710
20019BACAADAEF21 899228825A847909 8E7DCCE73BD3293D.
6
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00423-00 índice 8, certificado ABD229B76EE2A655
4FF1C3F892AFF8E6 ACD512DD8466C77D A0E0494704389006.
7 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00423-00 índice 9, certificado 780E1863B2C3A574

97F4F6C70E08ECD8 FBBDE3930DB65D4E 9E513AA3130D1267.
8 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00423-00 índice 10, certificado AF28A87EB1BE4AA9

765669F843310705 AEA6D81F1FC15B72 ADF81113AB0F2120.
9 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00423-00 índice 11, certificado 59D6BCDD36888402

FC10E99E49F5DECA 2C6EAF7EAA065998 536D8787776760BA.
10 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00423-00 índice 12, certificado 5240A45B19DB03DD

4644E65AE4C5BD14 5BA6A8591C7DBC25 6F0E9E1569AA3047.

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Accionante: José Darío Forero Fernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

accionada aplicó la Ley 1333 de 2009 y la jurisprudencia del Consejo de Estado que
regula la materia, valoró las pruebas aportadas al proceso y motivó su decisión de
manera suficiente y razonada. Pidió su desvinculación del trámite constitucional11.

24. El señor José Darío Forero Fernández presentó memorial el 3 de febrero de
2026 en el que manifestó que la respuesta de la Secretaría General del Consejo de
Estado a su petición no fue clara y ratificó que no tiene acceso al expediente pese
a que es parte. Indicó que se desconocieron principios constitucionales de eficiencia
y eficacia y el derecho al acceso remoto al expediente digital. Cuestionó la
accesibilidad a la administración de justicia y agregó que «la negativa a conceder la
medida cautelar sumada a maniobras disuasivas me hace suponer que la decisión
de negar esta tutela ya está escrita».

25. Reiteró su petición de que se le remita el expediente completo por correo
electrónico12 o a través de un canal alternativo, que se deje sin efectos la
«cantinflesca» respuesta de Secretaría General del Consejo de Estado y que se
adopten las medidas para que este trámite «no sea recordado como otro triste
ejemplo de cómo se violan los derechos fundamentales».

26. Posteriormente, radicó memorial, el 4 de febrero de 2026, en el que expuso sus
observaciones frente a los argumentos de contestación del Tribunal Administrativo
del Atlántico, insistió en que el acto sancionatorio fue expedido cuando ya había
caducado la acción y presentó sus reflexiones sobre la administración de justicia13.

27. Finalmente, en otro memorial del 4 de febrero de 2026 el accionante adicionó
argumentos en torno a la tesis según la cual el auto de iniciación del procedimiento
sancionatorio y la formulación de cargos no pueden estar contenidas en un mismo
auto, para lo cual citó la sentencia del 15 de agosto de 2019 emitida en el proceso
con radicado núm. 08001-23-31-000-2011-01455-01, postura reiterada en fallo del
7 de octubre de 2021, expediente núm. 05001-23-33-000-2015-01325-0114.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

28. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por José Darío Forero Fernández contra la
Sala de Decisión Oral Sección B del Tribunal Administrativo del Atlántico.

11 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00423-00 índice 13, certificado C0AAA92A01E8955D
03E0D3C804E113F5 B307F87B2E0A02F5 30953546A65B6645.
12 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00423-00 índice 14, certificado 09D2DE523B44730D

8BEAF6EEFB7DCD40 296392471DA27AC8 E2860CBDCA8CD80C.
13 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00423-00 índice 15, certificado 5DDF7AC05E7C9B2B

D689ABA139533805 9EDE008214F0F620 11C9109E9E293206.
14 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00423-00 índice 16, certificado 4AD91BAFF9BA1CBB

7768BBE061DEC5EE F0E9DBF37AA0B6F4 55E0F34AA3BC2229.

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Accionante: José Darío Forero Fernández
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3.2. Legitimación en la causa

29. La legitimación en la causa por activa del señor José Darío Forero Fernández
está acreditada porque fue la parte demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio,
desconocido sus derechos fundamentales.

También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sala de Decisión
Oral Sección B del Tribunal Administrativo del Atlántico, debido a que fue la
autoridad que profirió la sentencia del 10 de octubre de 2025 dentro del proceso
núm. 08001-33-33-001-2024-00181-02, objeto de tutela.

30. Por otro lado, se advierte que EPA Barranquilla Verde solicitó su desvinculación
y que el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla afirmó no tener
legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no estaban llamados a
responder por la vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.

31. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de terceros, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda
vez que dichas entidades actuaron como parte demandada dentro del proceso
ordinario en el que fue expedida la providencia objeto de reparos y, en
consecuencia, la decisión que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por
los motivos expuestos, se negará su solicitud.

3.3. Cuestiones preliminares

3.3.1. De las solicitudes de copias y acceso al expediente

32. El señor José Darío Forero Fernández solicitó en el trámite constitucional copia
de todos los documentos contenidos en el expediente de tutela y que se habilitara
un medio alternativo o complementario a la plataforma Samai para su consulta.

33. Por su parte, la Secretaría General del Consejo de Estado le dio respuesta al
accionante en el sentido de indicarle que, dada su condición de parte, tenía acceso
al expediente por los canales institucionales, sin restricción alguna, para lo cual era
necesario que diligenciara los formularios previstos para tal fin.

34.Luego, el tutelante presentó memorial en el que reprochó la contestación de la
Secretaría General de esta corporación y reiteró su solicitud de copias y acceso al
expediente.

35. Pues bien, sería del caso emitir un pronunciamiento de fondo sobre este punto,
no obstante, la Sala observa que el señor José Darío Forero Fernández, en
memorial del 4 de febrero de 2026, expuso sus «observaciones sustanciales al
escrito [de contestación] presentado por el [juez] de [la] primera instancia
[ordinaria]», lo que implica que tuvo acceso a los documentos aportados al trámite
constitucional.

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Accionante: José Darío Forero Fernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

3.3.2. Argumentos adicionales al escrito de tutela

36. Por otra parte, el señor José Darío Forero Fernández radicó memoriales el 3 y
el 4 de febrero de 2026 en el que adicionó y complementó sus argumentos de tutela,
es decir, con posterioridad al auto admisorio y a la intervención que presentaron el
Tribunal Administrativo del Atlántico accionado y los terceros vinculados: el Juzgado
Primero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, el Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla y EPA Barranquilla Verde.

37. Al respecto, la Sala advierte que, si bien los memoriales reforzaron algunos
cargos de amparo que fueron expuestos desde el escrito inicial de tutela, lo cierto
es que no es posible tenerlos en cuenta, toda vez que de lo contrario se vulnerarían
los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la contradicción de
las autoridades accionada y vinculadas, quienes no tuvieron la oportunidad de
conocer dichos reparos concretos.

3.3.3. Solicitud de reconsideración de la medida cautelar

38. En el escrito de tutela, el señor José Darío Forero Fernández pidió como medida
cautelar que se ordenara la suspensión, de manera inmediata, de los efectos de la
resolución sancionatoria 0446 de 2023 proferida por EPA Barranquilla Verde, en
particular, el cobro de la multa más los intereses. El despacho de la magistrada
ponente negó la anterior petición en auto del 26 de enero de 2026.

39. En contra de la mencionada providencia, la parte interesada interpuso escrito
en el que pidió que se reconsiderara la decisión que negó la medida cautelar. En
relación con este asunto, la Sala recuerda que la acción de tutela es un trámite
preferente y sumario, que se rige por los principios de economía y celeridad, de
manera que será en esta sentencia que se defina de fondo las pretensiones de
amparo y, por lo tanto, no hay lugar a resolver sobre la solicitud de reconsideración.

3.4. Problema jurídico

40. En atención a los argumentos de las partes y de los vinculados, la Sala deberá
establecer si la solicitud de amparo supera los requisitos de procedibilidad de la
tutela contra providencia judicial. En caso afirmativo, se tendrá que determinar si el
Tribunal Administrativo del Atlántico vulneró los derechos fundamentales invocados
por el señor José Darío Forero Fernández. En concreto, habrá que analizar si la
sentencia del 10 de octubre de 2025 incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y en
desconocimiento del precedente.

3.4.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

41. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado15 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado

núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00423-00 (594)
Accionante: José Darío Forero Fernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional16.

42.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y
que afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

43. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales17 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

44. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución18.

45. En particular, frente al requisito de exposición suficiente de hechos y
argumentos, es preciso indicar que el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991
establece que la acción de tutela tiene un carácter informal. No obstante, la solicitud
de amparo deberá exponer con la mayor claridad posible la acción o la omisión que
la motiva, el derecho que se considera amenazado, el nombre de la autoridad
accionada y la descripción de las demás circunstancias relevantes para decidirla.

46. En las acciones de tutela contra providencia judicial, la Corte Constitucional, en
la sentencia C-590 de 2005, incluyó como un requisito general de procedibilidad que
la parte actora identifique de manera razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, toda vez que en esta oportunidad se busca

16 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
17 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
18 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.

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Accionante: José Darío Forero Fernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

afectar la seguridad jurídica y los efectos de cosa juzgada que generan una decisión
judicial.

47. En igual sentido, el tribunal constitucional, en sentencia SU-585 de 2017,
sostuvo que:

[A] pesar de que la tutela es una acción informal, estas exigencias argumentativas
pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos fundamentales, con
suficiente claridad y se evite que el juez de tutela termine realizando un indebido control
oficioso de las providencias judiciales de otros jueces. En este aspecto, resulta de vital
importancia identificar la causal, o las causales de procedibilidad especial, la que de
verificarse determinaría la prosperidad de la tutela contra la providencia judicial.

48. Teniendo en cuenta lo anterior, cuando la acción es presentada contra una
providencia judicial, es necesario que la parte actora cumpla una carga
argumentativa mayor y describa los motivos, causales o defectos en los que incurre
la decisión judicial enjuiciada. Al respecto, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, manifestó que:

[E]sta exigencia se justifica porque de prosperar el amparo se afectaría el principio de
cosa juzgada de la sentencia o el auto cuya revisión se pretende en sede de tutela, y
que solo podría ocurrir cuando de la argumentación que el actor haga, se deduzca
con claridad que la decisión es arbitraria e irrazonable y vulneró derechos
fundamentales»19.

3.4.2. Caso concreto

49. En el caso bajo estudio, de la revisión del escrito de tutela, la Sala observa que
el primer reparo del señor José Darío Forero Fernández está dirigido a controvertir
la sentencia de la Sala de Decisión Oral Sección B del Tribunal Administrativo del
Atlántico, en lo relacionado con el término de caducidad de 20 años de la acción
sancionatoria reglado en el artículo 10 de la Ley 1333 de 2009.

50. En particular, la sentencia del 10 de octubre de 2025 concluyó que la conducta
censurable perduró desde el 2009 hasta el 28 de febrero de 2019, momento último
en que el establecimiento de comercio del señor José Darío Forero Fernández
realizó la inscripción en el registro de generadores de residuos peligrosos, de
manera que las resoluciones 0446 del 14 de marzo de 2023 y 0189 del 1 de febrero
de 2024 fueron proferidos sin que hubiera caducado la acción sancionatoria.

51. Por su parte, el tutelante sostuvo que el Tribunal accionado desconoció la
extensa jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional según la
cual, iniciado el procedimiento administrativo, la autoridad ambiental debía emitir
acto sancionatorio dentro de los 3 años siguientes, término establecido en el artículo
5220 del CPACA atinente al proceso sancionatorio general.

19 Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 21 de marzo de 2019, expediente núm.

25000-23-36-000-2019-00003-01(AC).
20 ARTÍCULO 52. Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad

que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta
u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00423-00 (594)
Accionante: José Darío Forero Fernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

El segundo reparo de tutela consiste en que, de acuerdo con los precedentes de
las cortes sobre la materia, el Tribunal no tuvo en cuenta que la autoridad ambiental
no podía omitir la etapa de la indagación preliminar y tampoco efectuar la iniciación
del procedimiento sancionatorio y la formulación de cargos en un solo auto.

52.En tal sentido, la Sala procederá a revisar las providencias invocadas como
desconocidas, que sustentaron los mencionados cargos de amparo, y los resultados
encontrados en los diferentes medios de búsqueda de jurisprudencia:

Radicado Fecha de Resultado Resultado Resultado Observaciones de la
citado en providencia en en en CPNU22 Sala
la tutela según el buscador plataforma
accionante tradicional Samai
21

2015- 23 de julio de 11001-03- 11001-03- 11001-03- Corresponde a un
00237-00 2020 25-000- 25-000- 25-000- recurso extraordinario
2015- 2015- 2015- de revisión sobre la
00237-00 00237-00 00237-00 reliquidación de una
asignación de retiro.
Sentencia del 26 de
agosto de 2021. No se
encontró el párrafo
citado en el escrito de
tutela.
No se 11001-03- No se Solicitud de registro
encontró. 24-000- encontró. marcario de la
2015- Superintendencia de
00237-00 industria y comercio.
Sentencia del 25 de abril
de 2024. No se encontró
el párrafo citado en el
escrito de tutela.
11001-03- 22 de 11001-03- No se No se Concepto de la Sala de
24-000- febrero de 06-000- encontró. encontró. Consulta y Servicio del
2013- 2018 2013- 23 de agosto de 2013.
00212-00 00212-00 Contratos de concesión
de obra de
infraestructura vial de
tercera generación,
adiciones, alcances
progresivos. No se
encontró el párrafo
citado en el escrito de
tutela.

haber sido expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos,
los cuales deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año contado a
partir de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en esta
disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y
disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario encargado de resolver.
Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde el día siguiente a aquel en
que cesó la infracción y/o la ejecución.
La sanción decretada por acto administrativo prescribirá al cabo de cinco (5) años contados a partir de la fecha
de la ejecutoria.
21 Enlace: https://servicios.consejodeestado.gov.co/WebRelatoria/ce/index.xhtml.
22 Consulta de procesos nacional unificada. Enlace:
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00423-00 (594)
Accionante: José Darío Forero Fernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

No se 11001-03- 11001-03- Medio de control de
encontró. 24-000- 24-000- nulidad y
2013- 2013- restablecimiento del
00212-00 00212-00 derecho instaurado
contra las resoluciones
expedidas por la
Superintendencia de
Servicios Públicos
Domiciliarios por medio
de las cuales se
resuelve una
investigación por
silencio administrativo
positivo. El proceso
finalizó el 13 de agosto
de 2013. No se encontró
el párrafo citado en el
escrito de tutela.
25000-23- 21 de abril No se No se No se Sin resultados.
24-000- de 2022 encontró. encontró. encontró.
2015-
00130-01
76001-23- 26 de marzo No se 76001-23- 76001-23- Nulidad y
31-000- de 2020 encontró. 31-000- 31-000- restablecimiento del
2011- 2011- 2011- derecho en la Sección
00376-01 00376-01 00376-01 Segunda del Consejo de
Estado contra decreto
emitido por un
departamento.
25000-23- 27 de No se No se No se Sin resultados.
24-000- noviembre encontró. encontró. encontró.
2013- de 2019
00119-01
25000-23- 10 de No se 25000-23- 25000-23- Sentencia de tutela del 5
41-000- noviembre encontró. 41-000- 41-000- de septiembre de 2013
2013- de 2016 2013- 2013- que negó el amparo de
01106-01 01106-01 01106-01 los derechos invocados.
Se reclamó el
reconocimiento de un
auxilio del Gobierno
nacional.
76001-23- 4 de mayo No se No se No se Sin resultados.
31-000- de 2017 encontró. encontró. encontró.
2012-
00189-01
05001-23- 13 de No se No se 05001-23- Auto del 10 de
33-000- febrero de encontró. encontró. 33-000- septiembre de 2015
2015- 2020 2015- resuelve incidente de
00886-01 00886-00 desacato.
05001-23- 3 de No se No se No se Sin resultados
33-000- diciembre de encontró. encontró. encontró.
2010- 2015
00916-01
25000-23- «2021» 25000-23- 25000-23- 25000-23- Sentencia del 23 de
24-000- 24-000- 24-000- 24-000- noviembre de 2023 en la
2011- 2011- 2011- 2011- que se discutió sobre el
00114-01 00114-01 00114-01 00114-01 momento en el cual se

12

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Accionante: José Darío Forero Fernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

consolida el derecho en
un procedimiento
administrativo
adelantado por la CRC
para resolver un
conflicto entre dos
operadores móviles por
la fijación del esquema
de remuneración de la
interconexión de redes
de TCM de Telefónica
Móviles y de PCS de
Colombia Móvil SA.
11001-03- 11 de mayo No se 11001-03- 11001-03- Se encuentra pendiente
24-000- de 2020 encontró. 24-000- 24-000- de fallo desde el 18 de
2016- 2016- 2016- enero de 2021.
00159-00 00159-00 00159-00
11001-03- 18 de No se 11001-03- 11001-03- Finalizó con auto del 20
24-000- febrero de encontró. 24-000- 24-000- de abril de 2022 que
2018- 2021 2018- 2018- aceptó desistimiento.
00207-00 00207-00 00207-00
11001-03- 4 de febrero No se 11001-03- 11001-03- Sentencia del 27 de
24-000- de 2021 encontró. 24-000- 24-000- febrero de 2025 sobre
2019- 2019- 2019- registro marcario.
00191-00 00191-00 00191-00
11001-03- 25 de marzo No se 11001-03- 11001-03- Ingresó al despacho
24-000- de 2021 encontró. 24-000- 24-000- para fallo el 25 de marzo
2016- 2016- 2016- de 2025.
00148-00 00148-00 00148-00

53. Sentencias citadas por el tutelante de la Corte Constitucional:

Fallo Asunto abordado en el fallo Observaciones
T-570 de 2014 Tutela contra EPS por la omisión en No se encontraron temas
la entrega de medicamentos relacionados con el procedimiento
sancionatorio ambiental y su
caducidad.
T-674 de 2004 Tutela para el ampro del derecho a la No se encontraron temas
salud de persona de la tercera edad. relacionados con el procedimiento
sancionatorio ambiental y su
caducidad. No se encontró el párrafo
citado en el escrito de tutela.
T-102 de 2014 Tutela para el amparo de los No se encontraron temas
derechos a la igualdad y al debido relacionados con el procedimiento
proceso, dentro del curso de un sancionatorio ambiental y su
proceso de reparación directa que caducidad.
aplicó el test de proporcionalidad para
tasar el monto de la indemnización de
los perjuicios morales.
T-205 de 2021 Tutela para el amparo del derecho a No se encontraron temas
la vivienda digna de una persona en relacionados con el procedimiento
condición de desplazamiento forzado. sancionatorio ambiental y su
caducidad.
T-156 de 2013 No existe. Bajon ese número coincide No existe.
la sentencia C-156 de 2013, que
estudió la demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo

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Accionante: José Darío Forero Fernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

199 de la Ley 1450 de 2011 «Por la
cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2010-2014».
T-539 de 2014 Tutela que buscó el reconocimiento No se encontraron temas
de acreencias pensionales. relacionados con el procedimiento
sancionatorio ambiental y su
caducidad.
T-1036 de 2008 Tutela para obtener el reconocimiento No se encontraron temas
pensional de sobrevivientes. relacionados con el procedimiento
sancionatorio ambiental y su
caducidad.
T-766 de 2015 Tutela sobre el derecho a la consulta No se encontraron temas
previa de comunidades indígenas, relacionados con el procedimiento
afrodescendientes y campesinas. sancionatorio ambiental y su
caducidad.
C-244 de 1996 Demanda de inconstitucionalidad No se encontraron temas
contra normas del Código relacionados con el procedimiento
Disciplinario Único. sancionatorio ambiental y su
caducidad.

54. Pues bien, el tutelante sustentó los argumentos de amparo atinentes a los 3
años de caducidad de la acción sancionatoria, a la necesidad de agotar la etapa de
indagación preliminar y a la imposibilidad de iniciar el procedimiento y formular
cargos en un mismo auto, en que el Tribunal Administrativo del Atlántico desconoció
la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre la
materia, para lo cual citó una serie de radicados y sentencias.

55. No obstante, como quedó expuesto, la Sala encontró que las fechas de las
sentencias que refirió el accionante de los procesos del Consejo de Estado no
coinciden con las fechas de los fallos que realmente han sido proferidos en cada
expediente, pues, incluso, en algunos procesos aún no se ha proferido sentencia o
han finalizado con auto.

56. Además, llama la atención de la Sala de manera especial que, de todos los fallos
citados, ninguno aborda las temáticas que afirmó el accionante, y menos, contienen
los párrafos específicos que consignó respecto de algunas providencias.

57. Idéntica situación ocurre con las sentencias de la Corte Constitucional que el
accionante adujo como desconocidas, puesto que al revisar cada una de estas, se
corroboró que abordan temas ajenos al proceso sancionatorio ambiental, al punto
que no se comprende su pertinencia o relación con el caso concreto.

58. En ese orden, al margen de que las mencionadas inconsistencias no parecieran
un error aleatorio, lo cierto es que los cargos del escrito de tutela se reducen a
simples inconformidades que no tienen el sustento jurisprudencial que le imprimió
el señor José Darío Forero Fernández, y en esa medida, no superan el requisito de
suficiencia argumentativa.

59. En todo caso, aunque lo expuesto basta para declarar la improcedencia de los
reparos analizados, la Sala no pasa por alto que la sentencia del 10 de octubre de
2025 objeto de repartos explicó que el artículo 10 de la Ley 1333 de 2009, norma

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Accionante: José Darío Forero Fernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

especial aplicable que no está en discusión, prevé que la acción sancionatoria
ambiental caduca transcurridos 20 años desde el hecho o la omisión generadora de
la infracción o el último día en que se dio, si fuera una situación sucesiva.

60. En tal sentido, resulta claro que el artículo 52 del CPACA no podría ser aplicado
en el marco de la Ley 1333 de 2009, porque este prevé que el término de caducidad
de la facultad sancionatoria es de 3 años desde que ocurrió el hecho o la omisión,
es decir, parte de una regulación distinta a la contenida en la norma especial en
materia ambiental que no la hace compatible con la naturaleza propia del proceso
sancionatorio ambiental.

61. Asimismo, el señor José Darío Forero Fernández insiste en el escrito de tutela
en que la etapa de la indagación preliminar no podía ser omitida por EPA
Barranquilla Verde, con sustento en supuestas decisiones judiciales que no
pudieron ser verificadas por esta Subsección, pese a que el Tribunal citó el artículo
17 de la Ley 1333 de 2009 y la sentencia T-166 de 2012 según los cuales dicha
etapa es opcional o facultativa.

62. A similar conclusión es posible llegar en relación con el reproche sobre la
iniciación del procedimiento sancionatorio y la formulación de cargos en un mismo
acto, pues el fallo del 10 de octubre de 2025 encontró probado que se garantizaron
los derechos a la defensa y contradicción del señor José Darío Forero Fernández
por cuanto presentó descargos y solicitó pruebas en el proceso en el que resultó
sancionado.

63. En consecuencia, la Sala advierte que los alegatos de la tutela sobre los 3 años
de caducidad de la acción sancionatoria, la necesidad de agotar la etapa de
indagación preliminar y la imposibilidad de iniciar el procedimiento y formular cargos
en un mismo auto carecen de suficiencia argumentativa y, por ende, serán
declarados improcedentes.

64. Por otra parte, el señor José Darío Forero Fernández afirmó en sede de tutela
que el Tribunal omitió analizar las actas de seguimiento y las visitas técnicas en las
que EPA Barranquilla Verde reconoció actuaciones contradictorias impuestas por
esa entidad; y la comunicación que informó del reinició del proceso por haber sido
archivado por inactividad de la administración.

65. Agregó que la infracción ambiental se basó en un supuesto incumplimiento
«puramente procedimental» que infringió el principio de culpabilidad en materia
sancionatoria administrativa, pues fue la entidad quien incurrió en demora en sus
gestiones, y que no hubo prueba técnica de la afectación ambiental. Por último,
indicó que el Tribunal no tuvo en cuenta que está sometido a reorganización
empresarial bajo la Ley 1116 de 2006.

66. Frente a dichos reparos referentes al defecto fáctico, la Sala procedió a revisar
el escrito de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y las sentencias
de primera y segunda instancia y advirtió que no hicieron parte del debate del
proceso ordinario.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00423-00 (594)
Accionante: José Darío Forero Fernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

67. En particular, en el concepto de violación, el demandante desarrolló como
cargos de inconformidad la violación al debido proceso por desconocer y fusionar
las etapas del proceso sancionatorio y por haber operado la caducidad de la facultad
sancionatoria, mismos cargos analizados por el Juzgado Primero Administrativo
Oral del Circuito de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico en virtud
del recurso de apelación.

68. Lo anterior, impone afirmar que los demás reproches contenidos en el escrito
de tutela y analizados en esta oportunidad no superan el requisito de subsidiariedad,
al tener en cuenta que son ajenos al debate ordinario agotado ante los jueces
naturales, y, en tal sentido, un pronunciamiento de fondo al respecto implicaría
suplantar las competencias de aquellos. Por tal motivo, serán declarados
improcedentes.

4. Conclusión

69. De acuerdo con las razones contenidas en esta providencia, los cargos del
escrito de tutela no superan los requisitos de procedibilidad de suficiencia
argumentativa y subsidiariedad, por lo que la solicitud de amparo será declarada
improcedente.
5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla

Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por EPA Barranquilla
Verde y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo: Declarar improcedente el amparo de tutela solicitado por el señor José
Darío Forero Fernández en contra la Sala de Decisión Oral Sección B del Tribunal
Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00423-00 (594)
Accionante: José Darío Forero Fernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico

Notifíquese y cúmplase

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

17

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