República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03062-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
19 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03062-00 (4723)
Accionante: Jeiler Jacinto Yate Arango
Accionados: Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del
Caquetá y otro
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: rechazo de la demanda. Subtema 3:
caducidad. Subtema 4: requisito de suficiencia argumentativa.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por el señor Jeiler Jacinto Yate Arango contra el
Juzgado Primero Administrativo de Florencia y la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo del Caquetá.
1. Síntesis del caso
El señor Jeiler Jacinto Yate Arango presentó escrito de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial
efectiva, que consideró vulnerados por el Juzgado Primero Administrativo de
Florencia y la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá,
con ocasión de los autos del 22 de mayo de 2025 y del 19 de diciembre de 2025,
proferidos respectivamente, dentro del expediente núm. 18001-33-33-001-2025-
00008-00/01.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03062-00 (4723)
Accionante: Jeiler Jacinto Yate Arango
Accionados: Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo del Caquetá y otro
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las
partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
2. El señor Jeiler Jacinto Yate Arango, el 17 de enero de 2025, presentó demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, con el propósito de que
se declarara la nulidad de la Orden Administrativa núm.1345 del 8 de abril de 2024,
por la cual fue retirado del servicio activo en calidad de soldado profesional y, a título
de restablecimiento del derecho, se ordenara su reintegro, condenara al pago de
perjuicios morales e indemnización y se declarara que no existió solución de
continuidad.
3. El asunto correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo de
Florencia, que, mediante auto del 22 de mayo de 20252, rechazó la demanda,
debido a que se configuró la caducidad. La autoridad judicial explicó que el acto
administrativo acusado se notificó el 27 de abril de 2024, por lo cual el término para
el ejercicio oportuno del medio de control iniciaba el 29 de abril de 2024 y vencía,
en principio, el 29 de agosto de 2024. Precisó que dicho término se interrumpió con
la presentación de la solicitud de conciliación el 5 de julio de 2024 ante la
Procuraduría General de la Nación, interrupción que se extendió hasta el 5 de
octubre de 2024, fecha a partir de la cual el término se reanudó y venció el 30 de
noviembre de 2024. No obstante, advirtió que la demanda fue presentada hasta el
17 de enero de 2025.
4. La anterior decisión fue apelada y en segunda instancia, la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante providencia del 19 de
diciembre de 2025, la confirmó.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
5. El señor Jeiler Jacinto Yate Arango solicitó al juez constitucional el amparo de
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, y, en
consecuencia, que se ordene al Juzgado Primero Administrativo de Florencia y a la
Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá que admitan la
demanda.
6. El actor relacionó conceptos generales sobre debido proceso y el acceso a la
administración de justicia , así como apartes del auto del 27 de abril de 2012, de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, sin especificar las razones por las cuales
era aplicable a su caso.
1 Samai, índice 2, certificado B7A9CE8108D1735A 47B6EEB683945468 B8E48D40490BFD39
9845E272DCE0E3BD
2 Samai, expediente núm. 18001-33-33-001-2025-00008-00, índice 3, certificado AB0700FC0AF7ACAE
2C4F0E2DF849A1FE DE8711228ED5A581 5BFD0E26C769E9FF.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03062-00 (4723)
Accionante: Jeiler Jacinto Yate Arango
Accionados: Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo del Caquetá y otro
2.3. Trámite procesal
7. El despacho ponente, mediante auto del 24 de abril de 20263, admitió la
solicitud de amparo; vinculó al trámite como terceros con interés a la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejercito Nacional; requirió el expediente ordinario
objeto de controversia; tuvo como pruebas los documentos aportados con la
demanda; y ordenó las notificaciones de rigor.
2.4. Intervenciones
8. El Juzgado Primero Administrativo de Florencia indicó que, mediante auto
interlocutorio del 22 de mayo de 2025, rechazó la demanda toda vez que encontró
la configuración del vencimiento del término para la presentación de la demanda
conforme al literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, por lo que se
configuró la caducidad4.
9. Por otro lado, refirió que, las decisiones que se adoptaron en primera y
segunda instancia se profirieron de acuerdo con los presupuestos procesales y
constitucionales que rigen el acceso a la administración de justicia.
10. La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá y los
vinculados guardaron silencio.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Jeiler Jacinto Yate Arango contra el
Juzgado Primero Administrativo de Florencia y la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo del Caquetá.
3.2. Legitimación en la causa
12. La legitimación en la causa por activa del señor Jeiler Jacinto Yate Arango está
acreditada porque fue la parte demandante en el trámite que inició en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que fueron
expedidas las providencias que, a su juicio, desconocieron sus derechos
fundamentales.
13. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Primero Administrativo de Florencia y la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo del Caquetá, debido a que fueron las autoridades que dictaron los
autos del 22 de mayo de 2025 y del 19 de diciembre de 2025, respectivamente,
3 Samai, índice 4.
4
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00423-00 índice 11, certificado 1F5E6DC1E8AE489E
3CF0043D5C72248E 2CDB7446364C3136 802D4D60E9266F32.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03062-00 (4723)
Accionante: Jeiler Jacinto Yate Arango
Accionados: Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo del Caquetá y otro
dentro del expediente núm. 18001-33-33-001-2025-00008-00/01, objeto de tutela.
3.3. Problema jurídico
14. En atención a los argumentos de las partes, la Sala deberá establecer si la
solicitud de amparo supera los requisitos de procedibilidad de la tutela contra
providencia judicial, en particular, el de suficiencia argumentativa. En caso
afirmativo, se tendrá que determinar si ¿la autoridades judiciales accionadas
vulneraron los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva del actor, al
rechazar por caducidad el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho?.
3.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
15. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 5 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional6.
16. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y
que afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
17. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales7 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
6 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
7 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03062-00 (4723)
Accionante: Jeiler Jacinto Yate Arango
Accionados: Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo del Caquetá y otro
18. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución8.
19. En particular, frente al requisito de exposición suficiente de hechos y
argumentos, es preciso indicar que el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991
establece que la acción de tutela tiene un carácter informal. No obstante, deberá
exponer con la mayor claridad posible la acción o la omisión que la motiva, el
derecho que se considera amenazado, el nombre de la autoridad accionada y la
descripción de las demás circunstancias relevantes para decidirla.
20. En las acciones de tutela contra providencia judicial, la Corte Constitucional,
en la sentencia C-590 de 2005, incluyó como un requisito general de procedibilidad
que la parte actora identifique de manera razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, toda vez que en esta oportunidad se busca
afectar la seguridad jurídica y los efectos de cosa juzgada que generan una decisión
judicial.
21. En igual sentido, el tribunal constitucional, en sentencia SU-585 de 2017,
sostuvo que:
[A] pesar de que la tutela es una acción informal, estas exigencias argumentativas
pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos fundamentales, con
suficiente claridad y se evite que el juez de tutela termine realizando un indebido
control oficioso de las providencias judiciales de otros jueces. En este aspecto, resulta
de vital importancia identificar la causal, o las causales de procedibilidad especial, la
que de verificarse determinaría la prosperidad de la tutela contra la providencia
judicial.
22. Teniendo en cuenta lo anterior, cuando la acción es presentada contra una
providencia judicial, es necesario que la parte actora cumpla una carga
argumentativa mayor y describa los motivos, causales o defectos en los que incurre
la decisión judicial cuestionada. Al respecto, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, manifestó que:
[E]sta exigencia se justifica porque de prosperar el amparo se afectaría el principio de
cosa juzgada de la sentencia o el auto cuya revisión se pretende en sede de tutela, y
que solo podría ocurrir cuando de la argumentación que el actor haga, se deduzca
con claridad que la decisión es arbitraria e irrazonable y vulneró derechos
fundamentales»9.
3.3.2. Caso concreto
23. En el caso bajo estudio, el tutelante argumentó que el Juzgado Primero
Administrativo de Florencia y la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
8 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
9 Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 21 de marzo de 2019, expediente núm.
25000-23-36-000-2019-00003-01(AC).
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03062-00 (4723)
Accionante: Jeiler Jacinto Yate Arango
Accionados: Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo del Caquetá y otro
Administrativo del Caquetá vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la tutela judicial efectiva, con ocasión de los autos que rechazaron la
demanda interpuesta en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.
24. No obstante, en el escrito de amparo el actor se limitó, por un lado, a exponer
conceptos generales de los derechos fundamentales que estimó transgredidos y,
por otro, citar dos párrafos del auto del 27 de abril de 2012 de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, sin explicar los motivos por los cuales consideró que las
decisiones judiciales reprochadas afectaban dichos derechos fundamentales o
incurrían en la configuración de un defecto específico.
25. De lo expuesto, esta Sala advierte que si bien el señor Jeiler Jacinto Yate
Arango pretende controvertir los autos del 22 de mayo de 2025 y del 19 de diciembre
de la misma anualidad, lo cierto es que en el escrito de tutela no se controvierten
los argumentos que sirvieron a las autoridades judiciales para rechazar la demanda
que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó. De esta manera, el tutelante no cumplió con el requisito de suficiencia
argumentativa por cuanto, se insiste, no expuso las razones por las que consideró
que con la decisión cuestionada se afectaron sus derechos fundamentales.
26. En ese orden, la Sala advierte que los reparos de la tutela no superan el
requisito general de exposición suficiente de hechos y argumentos, en la medida en
que corresponden a un recuento de las actuaciones que realizó, el hoy tutelante,
así como de lo decidido por los jueces naturales en el trámite que se le dio a la
demanda que radicó en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho. Es decir, la solicitud no contiene sustento dirigido a controvertir los
fundamentos tanto fácticos como jurídicos que consignaron en sus providencias el
Juzgado Primero Administrativo de Florencia y la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo del Caquetá, para rechazar la demanda.
4. Conclusión
27. Para esta Sala constitucional, los cargos del escrito de tutela no superan el
requisito de procedibilidad de exposición suficiente de hechos y argumentos, por lo
que será declarada su improcedencia.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley
Falla:
Primero: Declarar improcedente el amparo de tutela solicitado por Jeiler Jacinto
Yate Arango contra del Juzgado Primero Administrativo de Florencia y la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03062-00 (4723)
Accionante: Jeiler Jacinto Yate Arango
Accionados: Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo del Caquetá y otro
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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