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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00425-00

Fecha
13 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00425-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en atención a las consideraciones planteadas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00425-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

13 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00425-00
Accionante: Municipio de Neiva
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho / DECLARA
IMPROCEDENCIA – Falta de cumplimiento de requisitos de inmediatez y de
relevancia constitucional – Se pretende emplear la tutela como una instancia
adicional y reproches carecen de carga argumentativa.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 23 de enero de 2026, el municipio de Neiva promovió acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Huila y el señor Benjamín Lasso Conde, con el fin de que
se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia2.

2.
Solicitó que se dejara sin efectos la sentencia del 17 de junio de 2025 emitida
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho3 que inició el señor
Lasso Conde en su contra, a fin de declarar nulos los actos administrativos mediante
los cuales se le declaró responsable de la infracción de tránsito consistente en
conducir bajo los efectos del alcohol, se le impuso multa y le fue suspendida la
licencia de conducción por el término de 10 años.

3.
Mediante la providencia acusada se confirmó la decisión adoptada el 8 de junio
de 2020 por el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva, que declaró la nulidad de

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 También se invocaron los principios de prevalencia del derecho sustancial y protección al patrimonio público.
3 Expediente 41001-33-33-003-2017 00115-00/01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00425-00
Accionante: Municipio de Neiva
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro

los actos administrativos enjuiciados y condenó al municipio a pagar los perjuicios
materiales solicitados. Se precisó que la imposición del comparendo no estuvo
precedida por la práctica efectiva de la prueba de alcoholemia, examen que se
realizó sin cumplir los protocolos establecidos en la Resolución 1844 de 2015,
expedida por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Medicina
Legal).

4.
La parte actora sostuvo que se incurrió en defecto fáctico al valorar de forma
aislada el protocolo para realizar pruebas de alcoholemia, consagrado en la
Resolución 1844 de 2015, y con ello darle mayor relevancia jurídica al hecho de que
no se hubiera comprobado la vigencia de la calibración del alcoholímetro usado por
los agentes que evaluaron el estado de embriaguez del señor Lasso. A su juicio, el
Tribunal omitió valorar todas las pruebas allegadas al plenario que demostraban que
el demandante, al momento del accidente, se encontraba alcoholizado (se menciona
su comportamiento, el aliento alcohólico, el registro fílmico del procedimiento policial
y las declaraciones del agente de tránsito que atendió la novedad). Así, se privilegió
el cumplimiento de un tecnicismo legal sobre la causa efectiva de los perjuicios
reclamados.

5.
De igual modo, se configuró defecto sustantivo porque se condenó al municipio
de Neiva a pagar al demandante los perjuicios materiales reclamados, en
desconocimiento de que el comparendo impuesto, más allá de las falencias
encontradas sobre la calibración del equipo, no tuvo como causa un actuar
caprichoso de la administración, sino que fue la consecuencia jurídica de su propia
conducta. Decisión que causó un enriquecimiento sin justa causa a favor del señor
Lasso, en detrimento de los principios de buena fe, protección al erario, prevalencia
de la realidad sobre las formas, y especialmente aquel según el cual nadie puede
alegar a su favor su propia culpa.

6.
Resaltó que el Tribunal accionado desconoció la jurisprudencia del Consejo de
Estado, según la cual al haber pruebas de que el demandante adoptó una conducta
abiertamente ilegal y esta fue la causa del daño antijurídico cuyo resarcimiento
pretendía endilgar al municipio, podía declarar la nulidad de los actos administrativos
y no acceder a la reparación solicitada. Aspecto reconocido en el salvamento de voto
de uno de los magistrados de dicha instancia judicial.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

7.
Mediante auto de 30 de enero de 2026, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a los demandados y se negó la solicitud de medida provisional formulada
por la parte actora. De igual modo, se ordenó comunicar la decisión a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo y se pidió al Juzgado
Tercero Administrativo de Neiva allegar copia digital del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 41001-33-33-003-2017-00115 00/01.

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Accionante: Municipio de Neiva
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro

(i) Tribunal Administrativo del Huila4

8.
Solicitó negar el amparo al no haberse acreditado los defectos alegados por la
entidad accionante. En la sentencia cuestionada se hizo un estudio detallado del
marco normativo aplicable al caso concreto, y tras evaluarse la totalidad del material
probatorio aportado, se constató que hubo diversas irregularidades en la práctica de
la prueba de alcoholemia, que imponían confirmar la condena, sin perjuicio de ajustar
los montos indemnizatorios, de acuerdo a lo probado.

II. CONSIDERACIONES

C. Análisis del caso concreto

9. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por no satisfacer los
requisitos de inmediatez y relevancia constitucional.

10. La sentencia objeto de reproche en el presente asunto fue notificada a los sujetos

procesales el 27 de junio de 20255, y dando aplicación a la regla de unificación
jurisprudencial fijada en el auto de 29 de noviembre de 20226, se entiende que dicha
actuación se surtió el 2 de julio siguiente. La demanda de tutela fue presentada hasta
el 23 de enero de 20267, excediendo el término de seis meses que esta Corporación
de manera unificada, pacífica y reiterada ha considerado como plazo razonable para
acudir al juez constitucional.

11. Si bien la Corte Constitucional8 ha precisado que la razonabilidad del plazo debe

analizarse atendiendo a las particularidades del caso concreto, en especial cuando
concurran circunstancias excepcionales que justifiquen la interposición tardía de la
acción9, en el caso bajo estudio no se acreditó alguna situación particular que
permita flexibilizar el presupuesto de la inmediatez.

12. La Sala no pasa por alto que el referido término de seis meses venció durante la

vacancia judicial, por lo que sólo se podía acudir a la tutela hasta el 13 de enero de
2026, sin embargo no se explica la razón por la cual se ejerció el mecanismo tras 10
días adicionales.

4 Intervención contenida en 2 folios.
5 Índice 13, SAMAI.
6 Rad. 68001-23-33-000-2013-00735-02 (68177). M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. En la mencionada
providencia, se unificó jurisprudencia en el sentido de indicar que la notificación de sentencias por vía electrónica,
prevista en el inciso 1 del artículo 203 del CPACA, se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles
siguientes al envío del mensaje de datos, y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 205 del CPACA, modificado por el
artículo 52 de la Ley 2080 de 2021.
7 Según consta en el aplicativo SAMAI.
8 Al respecto, ver, entre otras, sentencias SU-391 de 2016, T-716 de 2017, T-087 de 2018 y SU-213 de 2023.
9 Tales como: (i) la existencia de razones válidas y objetivas que expliquen la tardanza en acudir al mecanismo

de amparo; (ii) la permanencia actual de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales que se
invocan, a pesar del paso del tiempo; y (iii) la configuración de una situación de debilidad manifiesta que torne
desproporcionada la exigencia de acudir oportunamente al juez de tutela.
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Accionante: Municipio de Neiva
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro

13. Tampoco son de recibo los argumentos dados por la parte actora, referentes a

que la oportunidad para presentar el amparo debía empezar a contabilizarse desde
la ejecutoria del fallo que lo condenó al pago de los perjuicios materiales a favor del
señor Lasso, o que la vulneración de derechos que se alega se prolonga en el
tiempo. Al respecto, debe precisarse que la vulneración alegada no reviste un
carácter actual y permanente pues el actuar que el accionante considera lesivo de
los derechos fundamentales invocados, se concretó en un solo acto: con la adopción
de la providencia objeto de reproche. Por lo tanto, una vez tuvo conocimiento de la
misma, se encontraba en condiciones de acudir al juez de tutela para la reclamación
oportuna de sus derechos. Sin embargo, omitió hacerlo, lo que refuerza la
improcedencia del mecanismo de amparo.

14. Sumado a lo anterior, la tutela carece de relevancia constitucional, en la medida

en que, el municipio accionante pretende convertir este mecanismo constitucional
en una tercera instancia al proceso ordinario. Revisado el fallo objeto de reproche,
se vislumbra que el caso concreto fue estudiado de manera suficiente, motivada y
razonable. En el marco del derecho al debido proceso que le asistía al conductor, el
Tribunal concluyó que existió una vulneración sustancial al procedimiento para la
toma de la prueba de alcoholemia. Las referidas irregularidades comprometieron de
manera directa las garantías procesales del demandante. Especialmente, porque la
prueba de alcoholemia debió haberse practicado de manera previa a la imposición
de la orden de comparendo, cumpliendo rigurosamente con las etapas previstas en
la Resolución No. 1844 de 2015. La inobservancia de este procedimiento legal
afectó la validez de la actuación administrativa y constituyó una transgresión al
debido proceso, lo que desvirtuaba la presunción de legalidad de los actos
administrativos acusados10.

15. La parte accionante presentó la tutela exponiendo la valoración probatoria, así

como la interpretación legal que considera debió adoptarse en el caso concreto, a
fin de reabrir el debate jurídico debidamente zanjado por el juez natural.

16.
En ese orden de ideas, comoquiera que no se superan los requisitos de
inmediatez y relevancia constitucional, esta Sala declarará la improcedencia de la
solicitud de amparo.

10 Expuso que de acuerdo con los videos en los que se registró el procedimiento realizado por el agente de

tránsito, se observó que este se limitó a indicarle que debía tomar aire y expulsarlo a través de la boquilla del
dispositivo, y omitió la aplicación de una lista de verificación previa con los controles exigidos al operador antes
de iniciar las mediciones, tales como: la comprobación de la vigencia de la calibración del equipo, el estado de
la batería, la disponibilidad de boquillas, el encendido correcto del dispositivo, la existencia de los formatos
correspondientes, entre otros aspectos. Tales verificaciones hacían parte de la fase preanalítica y no obraba en
el expediente prueba alguna que acredite su cumplimiento. El agente no diligenció el formato denominado
“Declaración de la aplicación de un sistema de aseguramiento de la calidad de la medición de alcoholemia a
través del aire espirado”, ni entregó al examinado la copia de los resultados impresos, tal como lo reconoció el
funcionario policial en su testimonio. Adicionalmente, resaltó que el operador del alcoholímetro no acreditó su
competencia para manejar dicho elemento, pues reconoció en su testimonio el desconocimiento de la
Resolución No. 1844 de 2015, lo cual evidenciaba una falencia en la preparación técnica necesaria para la
correcta aplicación del procedimiento.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00425-00
Accionante: Municipio de Neiva
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro

17.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a las consideraciones planteadas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE11
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de voto

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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