Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00431-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00431-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00431-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00431-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00431 00
Accionantes: Marco Antonio Zea González y otros1
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander
Acción: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial proferida en
una reparación directa
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por incumplir
el requisito general de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por los señores Marco Antonio Zea
González, Daniel Felipe Zea Olaya, Dora María Olaya Calle, Geraldine Zea Olaya, Jhon
Anderson Zea Olaya, María Amparo González Díaz y María Limbania Díaz de González,
en contra de la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Santander, que revocó la dictada el 3 de mayo de 2024 por el Juzgado
Décimo Administrativo del Circuito de Bucaramanga, en el proceso de reparación directa
identificado con el radicado núm. 68001 33 33 010 2023 00002 00/01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
Los accionantes promovieron acción de tutela en contra de la precitada providencia y
para ello formularon las siguientes pretensiones2:
PRIMERA: Solicito de manera respetuosa sea tutelado el derecho fundamental
del DEBIDO PROCESO, BUEN NOMBRE Y HONRA, LIBERTAD, DERECHO A
LA FAMILIA dentro del actuar del proceso 68001333301020230000200 del cual
conoció el JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL
DE BUCARAMANGA proferida el pasado tres (03) de mayo de dos mil
veinticuatro (2024) y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, en su
sentencia de segunda instancia proferida el veinticinco (25) de septiembre de dos
mil veinticinco (2025).
SEGUNDO: Solicito que se sirva DEJAR SIN EFECTO LA SENTENCIA N° 141
proferido el día veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, dentro del marco del medio de
control de reparación directa promovido por el señor MARCO ANTONIO ZEA
1 Daniel Felipe Zea Olaya, Dora María Olaya Calle, Geraldine Zea Olaya, Jhon Anderson Zea Olaya, María
Amparo González Díaz y María Limbania Díaz de González
2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2026 00431 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00431 00
Accionantes: Marco Antonio Zea González y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
VALENCIA y otros contra la Rama Judicial y la fiscalía general de la Nación.
(Negrillas y mayúsculas originales del escrito de tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
Los accionantes relataron que el 30 de julio de 2011 se presentó un hurto en la sucursal
del Banco Davivienda ubicada en el terminal de transporte de la ciudad de Manizales, por
un valor de $194.160.000 y que, con ocasión de esos hechos, el señor Marco Antonio
Zea González fue vinculado a la investigación penal.
Manifestaron que el 24 de diciembre de 2011 se emitió orden de captura en contra del
señor Zea González y, según anotaron, el 25 de diciembre de 2011, con fundamento en
información recopilada por la policía judicial, se ejecutó la orden en el municipio de
Villamaría (Caldas), atendiendo el requerimiento judicial identificado como orden de
captura 0289511, emanada por el Juzgado Noveno Penal con Función de Control de
Garantías del municipio de Santander. Agregaron que, entre los días 25, 26, 27, 28, 29 y
30 de diciembre de 2011 se realizó la audiencia de legalización de captura y solicitud de
medida de aseguramiento.
Señalaron que el 2 de abril de 2013, la Fiscalía Primera Seccional de Bucaramanga, con
noticia criminal núm. 680016000159201102444, formuló acusación contra seis personas,
entre ellas el señor Marco Antonio Zea González, por los delitos de coautoría de hurto
calificado agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de
armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.
Indicaron que, al momento de la captura, el señor Zea González fue trasladado a la
ciudad de Bucaramanga y recluido en la cárcel Modelo de esa ciudad, donde permaneció
privado de la libertad hasta el 14 de noviembre de 2015.
Aseveraron que la Fiscalía no demostró la existencia de los hechos ni la responsabilidad
de los procesados, y que no se probó la participación del señor Zea González en el hurto
al Banco Davivienda pues, si bien se desempeñaba como guarda de seguridad el día de
los hechos, los testigos no advirtieron comportamientos que permitieran vincularlo al
ilícito.
Advirtieron que la investigación se sustentó en hipótesis sin respaldo probatorio, que se
acudió a pruebas de referencia y que no se aportaron al proceso elementos que se
mencionaban, como interceptaciones, ni se acreditó la titularidad de números celulares
atribuidos a los procesados; igualmente, se afirmó que los testigos no mostraron
seguridad sobre el reconocimiento de las personas que ingresaron al banco.
Precisaron que el 21 de noviembre de 2021, el Juzgado Primero Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Bucaramanga absolvió al señor Marco Antonio Zea
González y que la Fiscalía General de la Nación no apeló esa decisión, por lo que la
sentencia quedó ejecutoriada el 24 de noviembre de 2021, con orden de libertad
inmediata.
Resaltaron que, durante el tiempo de reclusión del señor Zea González en Bucaramanga,
su esposa e hijos no pudieron visitarlo por falta de recursos para sufragar los gastos de
viaje y que solo recibió una visita de su madre y su hermana. Asimismo, afirmaron que,
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00431 00
Accionantes: Marco Antonio Zea González y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
durante la privación de la libertad, el señor Zea González presentó afectaciones en su
salud y en su situación mental.
Conforme lo anterior, informaron que el 27 de octubre de 2022, el señor Marco Antonio
Zea González presentó solicitud de conciliación extrajudicial, convocando a la Nación –
Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de que se reconociera
su responsabilidad por los daños derivados de la privación de la libertad. El 1 de
diciembre de 2022 se llevó a cabo la audiencia de conciliación extrajudicial ante la
Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos, radicado No. E 2022-622331,
la cual fue declarada fallida ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo.
Con posterioridad, el señor Zea González y su grupo familiar promovieron demanda a
través del medio de control de reparación directa en contra de la Nación – Rama Judicial
– Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con
el fin de que se declarara su responsabilidad por la privación injusta de la libertad y se
reconocieran perjuicios morales y patrimoniales.
La demanda correspondió por reparto al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito
Judicial de Bucaramanga que, mediante sentencia del 3 de mayo de 2024 accedió a las
pretensiones y declaró patrimonial y administrativamente responsable a la Nación –
Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Fiscalía General de
la Nación. En esa providencia, se condenó al pago de perjuicios morales en favor de los
demandantes, se reconoció una suma por daño al bien jurídico tutelado de la familia, se
ordenó tramitar incidente para establecer lo correspondiente al lucro cesante y se
impusieron costas.
Inconformes con la decisión anterior, las entidades demandadas interpusieron recurso de
apelación y el Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 25 de
septiembre de 2025, la revocó y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.
Los accionantes sostuvieron que la providencia cuestionada vulneró el debido proceso y
las garantías judiciales consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política, al negar
las pretensiones pese a que el actor habría sido privado de la libertad de manera injusta.
Como fundamento de lo anterior, afirmaron que la medida de aseguramiento se apoyó
en presunciones y elementos probatorios precarios, y que la Fiscalía no contó con prueba
material contundente para solicitarla, ni justificó adecuadamente su necesidad,
proporcionalidad y urgencia.
Los accionantes alegaron que la sentencia acusada incurrió en un defecto fáctico, porque
el Tribunal habría realizado una valoración probatoria formal o insuficiente, sin un examen
detallado y puntual de las consideraciones de la providencia penal absolutoria y de la
debilidad probatoria atribuida a la investigación. En la misma línea, sostuvieron que el
Tribunal validó la medida con base en la gravedad abstracta de los delitos y en la
existencia formal de elementos de juicio, sin confrontarlos materialmente con el estándar
probatorio mínimo.
También alegaron un defecto sustantivo y violación directa de la Constitución, por
indebida aplicación del régimen de responsabilidad estatal en privación injusta de la
libertad y por “normalizar” la detención preventiva como pena anticipada, con
desconocimiento de los artículos 28 y 29 de la Constitución. Agregaron que el Tribunal
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00431 00
Accionantes: Marco Antonio Zea González y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
no aplicó correctamente los parámetros de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad,
y revalidó inferencias descartadas por el juez penal.
Adicionalmente, invocaron el desconocimiento del precedente judicial, afirmando que el
Tribunal no aplicó la jurisprudencia sobre responsabilidad estatal en privación injusta de
la libertad. En particular, citaron como precedentes las sentencias SU-072 de 2018 y SU-
363 de 2021 de la Corte Constitucional; la sentencia de unificación del Consejo de Estado
del 15 de agosto de 2018 Rad. 46947; y decisiones de la Sección Tercera del Consejo
de Estado del 28 de agosto de 2014 Rad. 36149 y del 28 de agosto de 2013 Rad. 25022.
Finalmente, afirmaron que la providencia incurrió en omisión de motivación suficiente y
que la revocatoria fue desproporcionada, al dejar sin reparación un daño que consideran
acreditado, con impacto en su honra, buen nombre, libertad y en la unidad familiar.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 23 de enero de 20263 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 29 de enero de 20264 requirió a la parte actora para que, por
una parte, allegara copia del certificado de existencia y representación legal de la
empresa Confuturo Lawyers Group S.A.S. y, por otra, aclarara contra cuales providencias
judiciales interpone la solicitud de amparo, identificando el número de radicado, la fecha
en que se profirieron y las autoridades judiciales que las dictaron.
3.2. Mediante escrito radicado el 5 de febrero de 20265 la profesional del derecho Angela
María Olate Leal subsanó la acción de tutela. En consecuencia, en providencia del 11 de
febrero de 20266 se admitió y se dispuso notificar al Tribunal Administrativo de Santander,
como parte accionada; así como vincular7 al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito
de Bucaramanga, a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y a la Fiscalía General de la Nación como terceros con interés directo en el
resultado del proceso.
De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo de Santander y al Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito de Bucaramanga, para que alleguen copia digital o el
hipervínculo de consulta del expediente correspondiente al proceso identificado con el
radicado núm. 68001 33 33 010 2023 00002 00/01, el cual fue remitido8.
3.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial allegó escrito9 en el cual solicitó
negar el amparo pretendido. Sostuvo que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario
3 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2026 00431 00.
4 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2026 00431 00.
5 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2026 00431 00.
6 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2026 00431 00.
7 Ibidem.
8 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2026 00431 00.
9 Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2026 00431 00.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00431 00
Accionantes: Marco Antonio Zea González y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
y excepcional que no puede utilizarse como instancia adicional para reabrir el debate
propio del proceso de reparación directa ni para controvertir la valoración jurídica o
probatoria efectuada por el juez natural.
Agregó que no se cumplen los requisitos de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales y que no se advierte vulneración de derechos fundamentales. Finalmente,
solicitó negar el amparo respecto de esa entidad, al considerar que se configura falta de
legitimación material en la causa por pasiva.
3.4. La Fiscalía General de la Nación10 adujo que no tiene legitimación en la causa por
pasiva en el presente asunto, por cuanto la providencia cuestionada fue proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander dentro del proceso de reparación directa, de modo
que no existe relación de causalidad entre las actuaciones de esa entidad y la presunta
vulneración de los derechos fundamentales alegados por los accionantes. En ese
sentido, sostuvo que las eventuales órdenes que se adopten en sede de tutela no
guardan relación directa con sus competencias.
Adicionalmente, hizo referencia a los requisitos de procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencias judiciales y señaló que en el caso concreto no se acreditan
las causales específicas de procedibilidad ni la relevancia constitucional del asunto, pues
la acción pretende reabrir un debate jurídico ya decidido en el proceso ordinario.
Finalmente, indicó que no se evidencia vulneración del derecho fundamental al debido
proceso ni de otras garantías constitucionales y solicitó declarar la improcedencia de la
acción de tutela y reconocer la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía
General de la Nación.
3.5. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bucaramanga presentó
escrito11 e informó que varios de los hechos expuestos en la acción de tutela no le
constan, por referirse a la investigación penal y al proceso judicial adelantado contra los
accionantes, por lo que se atiene a lo que resulte probado en el expediente.
Sostuvo que no se configuró vulneración de derechos fundamentales, pues la decisión
cuestionada concluyó que la medida de aseguramiento se adoptó conforme a derecho y
que no existía daño antijurídico imputable a la Rama Judicial. En consecuencia, solicitó
declarar la improcedencia de la acción de tutela, negar las pretensiones y desvincular a
esa entidad del trámite tutelar.
3.6. La magistrada ponente de la sentencia cuestionada rindió informe12 en el que señaló
que la acción de tutela carece de relevancia constitucional, pues los accionantes
pretenden utilizarla como una instancia adicional para que el juez constitucional
reexamine los hechos, las pruebas y los fundamentos jurídicos ya definidos en el proceso
de reparación directa.
Indicó que la parte actora no cumplió la carga argumentativa para demostrar la
configuración de un defecto ni el supuesto desconocimiento del precedente judicial y que
10 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2026 00431 00.
11 Visto en los índices 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2026 00431 00.
12 Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2026 00431 00.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00431 00
Accionantes: Marco Antonio Zea González y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
su inconformidad se dirige únicamente a cuestionar la valoración probatoria realizada por
el juez natural. En consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción de tutela.
3.6. EL Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Bucaramanga remitió el
expediente solicitado; sin embargo, no se pronunció sobre los hechos y las pretensiones
de la acción de tutela.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 13 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,14 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202115, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201916, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10
de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la
distribución de procesos entre las secciones.
4.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente17:
4.2.1. Los señores Marco Antonio Zea González y otros interpusieron demanda de
reparación directa contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con fundamento en el artículo
140 de la Ley 1437 de 2011, para obtener la indemnización de los perjuicios derivados
de la privación de la libertad que el señor Zea González sufrió dentro de un proceso penal
adelantado en su contra por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado
agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o
municiones agravado.
4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito de Bucaramanga que, mediante sentencia del 3 de mayo de 2024, accedió a las
pretensiones y declaró patrimonial y administrativamente responsable a la Nación –
Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Fiscalía General de
la Nación.
4.2.3. Inconformes con la anterior decisión, las entidades demandadas interpusieron
recurso de apelación y el Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del
13 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
14 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
15 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
16 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
17 Lo que se desprende del expediente correspondiente a la acción de reparación directa identificada con
el radicado núm. 68001 33 33 010 2023 00002 00/01. Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2026 00431 00.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00431 00
Accionantes: Marco Antonio Zea González y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
25 de septiembre de 2025, la revocó y, en su lugar, negó las pretensiones al considerar
lo siguiente:
La Sala anticipa que se revocará la sentencia de primera instancia, dado que está
acreditado que la medida de aseguramiento fue necesaria, razonable y
proporcional, de manera que su imposición no comportó una actuación ilegítima
de las autoridades demandadas.
Contrario a lo que sostuvo el juez de primera instancia, se estima que la absolución
que se profiera dentro del proceso penal no significa que se produjo un daño
antijurídico, dado que, dentro del régimen de responsabilidad por la privación de
la libertad, debe acreditarse su carácter injusto, esto es, que la decisión mediante
la cual se restringió la libertad a fue innecesaria, desproporcional e irrazonable.
Como fundamento de esta tesis, se expone lo siguiente:
La Sala resalta que las reglas de interpretación fijadas por la Corte Constitucional
en las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018 en concordancia con las
proferidas por el Consejo de Estado, citadas en el marco jurídico, indican que el
juez del proceso de responsabilidad debe verificar que la privación de la libertad
atendió a los requisitos fijados por la norma penal. Además, la Corte resaltó que
la absolución mediante sentencia no deriva necesariamente en la responsabilidad
del Estado por privación injusta de la libertad, por cuanto la detención preventiva
es una figura distinta a la pena, y los presupuestos para su procedencia también
son diferentes.
En tal sentido el artículo 308 de la ley 906 de 2004 - Código de Procedimiento
Penal por el cual se adelantó la investigación en contra del ahora demandante-
indica que la medida de aseguramiento se dictará “cuando de los elementos
materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la
información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el
imputado pueda ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga,
siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos: 1. Que la medida
de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado
obstruya el debido ejercicio de la justicia, 2. Que el imputado constituye un peligro
para la seguridad de la sociedad o de la víctima y 3. Que resulte probable que el
imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia”.
A juicio de la Sala, la medida de aseguramiento dictada en contra del señor Marco
Antonio Zea contó con elementos materiales probatorios y evidencia física, tales
como el informes y registros realizados por la policía judicial, en los que se
recopilaron entrevistas a personas que señalaron la presunta participación del hoy
demandante en el ilícito perpetrado en el Banco Davivienda donde laboraba en
ese momento. También, se estableció la relación de llamadas telefónicas en las
que presuntamente el hoy accionante tenía comunicación con un implicado en el
hurto perpetrado en la instalación bancaría.
Sin desconocerse la presunción de inocencia que en todo tiempo tuvo el hoy
demandante, se estima que, en ese momento, la Fiscalía le aportó al juez de
control de garantías suficientes elementos materiales probatorios que le
permitieron inferir razonablemente que el imputado podía ser coautor de la
conducta punible de hurto, en función del papel que presuntamente desempeñó
como vigilante para que se perpetrara el ilícito en las instalaciones de la entidad
bancaria donde laboraba.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00431 00
Accionantes: Marco Antonio Zea González y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
En el caso del hoy demandante, el juez de control de garantías reprochó el
presunto aprovechamiento de su posición de seguridad, para presuntamente
divulgar información de seguridad relacionada con el establecimiento donde
prestaba sus servicios. A juicio del juez de garantías, se presentó una incoherencia
social, porque, su posición dentro del Banco permitía entender que era quien
debía salvaguardar los intereses de la institución financiera, y no presuntamente
divulgar o transmitir información confidencial.
Unido a ello, para el momento en que se impuso la medida de aseguramiento, la
conducta del delito de hurto calificado agravado tenía una pena privativa de la
libertad superior a los 4 años, de conformidad con lo establecido en el artículo 340
del Código Penal, de manera que al momento de decretar tal medida también se
reunía el requisito del numeral 2° del artículo 313 de la Ley 906 de 2004.
Se destaca que la imputación con base en la cual la Fiscalía General de la Nación
solicitó la medida de aseguramiento en contra del demandante y decretada por la
juez de control de garantías, solo exigía que se expresaran los hechos
jurídicamente relevantes y las pruebas que comprometían su situación jurídica,
pues se trataba de un acto preliminar del proceso penal, de comunicación de unos
cargos, mas no de un juicio de responsabilidad, de ahí que para este momento no
se requería certeza de que se emitiría una sentencia condenatoria.
De manera que la medida de aseguramiento que se le impuso al demandante se
ajustó a derecho, pues no desbordó los criterios de legalidad, necesidad,
proporcionalidad y razonabilidad, inherentes a la adopción de este tipo de
decisiones.
En todo caso se precisa que no es posible dar aplicación a un régimen objetivo
por el hecho de que el proceso penal haya terminado con sentencia absolutoria,
porque lo determinante para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado es
el análisis de la medida restrictiva de la libertad en torno a los criterios que
autorizaban su imposición.
Por lo tanto, aunque se haya dictado sentencia absolutoria, tal decisión jurídica en
modo alguno convierte en ilegitimo el análisis relativo a los requisitos y condiciones
para la imposición de la medida de aseguramiento, los cuales, para el caso del
demandante, se encontraban acreditados los elementos materiales probatorios
que evidenciaban la posible inferencia razonable de autoría. Por ende, las
determinaciones posteriores; no desvirtúan lo decidido por el juez de control de
garantías, sino que, por el contrario, evidencian la efectiva protección de las
garantías y derechos de las partes involucradas en el proceso.
Como consecuencia de lo anterior, la Sala concluye que le asiste razón a las
entidades demandadas al afirmar que la medida de aseguramiento se ajustó al
ordenamiento jurídico y ello implica que el demandante no sufrió una privación
injusta de la libertad.
4.3. CUESTIÓN PREVIA
La Sala se pronunciará sobre las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación
en la causa por pasiva formuladas por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bucaramanga y la Fiscalía General de la Nación.
Sobre la legitimación en la causa por pasiva, la Corte Constitucional en sentencia T-416
del 28 de agosto de 1997 señaló lo siguiente:
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00431 00
Accionantes: Marco Antonio Zea González y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
[…] 2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha
calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe
entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo.
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al
demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor
le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.
(…)
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución
como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se
promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por
la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de
las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto. (Subrayas fuera del texto
original).
En ese sentido, La Sala advierte que la Dirección Ejecutiva Secciona de Administración
Judicial de Bucaramanga y la Fiscalía General de la Nación, solicitaron su desvinculación
del presente asunto, aduciendo que los hechos que fueron esbozados en la petición de
amparo no eran atribuibles a esas entidades.
Así, es menester señalar que tal y como quedó constancia en el auto admisorio de la
demanda, la vinculación de estas al presente asunto es consecuencia del interés que le
puede asistir en las resultas del proceso, toda vez que ha intervenido en el expediente
núm. 68001 33 33 010 2023 00002 00/01 en calidad de demandadas. De ahí que no sea
posible acceder a dicha petición de desvinculación.
4.4. ANÁLISIS DE LA SALA
4.4.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
4.4.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, al sintetizar los requisitos
generales y especiales de procedencia de la tutela contra decisiones judiciales, más tarde
acogidos también por esta corporación18, indicó que un asunto sometido al estudio del
juez de tutela tiene relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
18Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García
González).
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00431 00
Accionantes: Marco Antonio Zea González y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter constitucional
fundamental, por cuanto los debates de orden exclusivamente legal son ajenos a esta
acción pública”.
Posteriormente, en la sentencia SU-215 de 202219, la Corte Constitucional hizo énfasis
en “la necesidad de que la acción de tutela contra providencias judiciales satisfaga el
requisito de relevancia constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter
subsidiario de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios”.
Adicionalmente, agregó que “en esta línea, el simple alegato de la vulneración a los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para
cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar de
manera razonable una restricción desproporcionada a los derechos mencionados” 20.
Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este caso se encuentra
cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello se detendrá en los criterios
que la jurisprudencia ha desarrollado para el efecto.
4.4.1.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que el primero de
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales es que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional.
En ese sentido, señaló lo siguiente:
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional, pues si no lo hace,
corre el riesgo de involucrarse en aspectos que solo corresponde resolver al juez natural
y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos de una
decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la
relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar
esta cuestión y ninguna otra”.
19 M. P. Natalia Ángel Cabo.
20 Ibidem.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00431 00
Accionantes: Marco Antonio Zea González y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha sido decantado
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la sentencia SU-573 de 201921, el alto
tribunal explicó que este requisito persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces. Estas finalidades fueron también reiteradas por
la Corte Constitucional en la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual,
además, expuso la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico”.
4.4.1.2.3. La instancia adicional
La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero de los criterios
de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se busca evitar que la acción de
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
de los jueces.
Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que22:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios’, pues la competencia del juez de tutela se restringe ‘a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […].
En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022, y reiterando lo
expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que “la tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado”,
pues, según explicó, solo de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en
asuntos que no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial.
Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo dicho por la
jurisprudencia citada, cabe destacar que en el fallo C-590 de 2005, la Corte Constitucional
precisó que:
[…] los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben
aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y
el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación
21 M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU
103 de 2022.
22Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00431 00
Accionantes: Marco Antonio Zea González y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de
interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata
es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los
derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial
se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y
coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de los derechos
fundamentales a los distintos ámbitos del derecho […]. (Se destaca).
Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos en los que el
interesado controvierte a través de la acción de tutela la valoración que el juez natural
hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la convicción que generan en el fallador las
pruebas allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo
radica en la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o en el
análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que este mecanismo
está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una
instancia adicional, con lo cual se desconocería la autonomía e independencia del juez
natural.
4.3.2. CASO CONCRETO
En el asunto bajo examen, los accionantes promovieron la presente acción de tutela
contra la sentencia del 25 de septiembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander, que revocó la dictada el 3 de mayo de 2024 por el Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito de Bucaramanga, dentro del proceso de reparación directa
identificado con el radicado nro. 68001 33 33 010 2023 00002 00/01, y, en su lugar, negó
las pretensiones de la demanda dirigidas a obtener la indemnización de los perjuicios
derivados de la privación de la libertad que el señor Marco Antonio Zea González sufrió
dentro del proceso penal adelantado en su contra.
Para ello, en el escrito de tutela, los accionantes alegan que el tribunal accionado realizó
una valoración incompleta e irrazonable del material probatorio obrante en el expediente,
particularmente del recaudado dentro del proceso penal seguido en contra del señor
Marco Antonio Zea González.
Adicionalmente, señalaron que la providencia acusada aplicó de manera indebida el
régimen de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad y desconoció
los precedentes fijados por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre la
materia, en particular las sentencias SU-072 de 2018 y SU-363 de 2021 de la Corte
Constitucional, así como la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 15 de
agosto de 2018 Rad. 46947 y otras decisiones de la Sección Tercera, que establecen
parámetros para el análisis de la responsabilidad estatal en casos de privación de la
libertad.
La Sala considera que la acción de tutela está siendo utilizada como una instancia o
recurso adicional al proceso ordinario para cuestionar la valoración que el juez natural de
la causa hizo sobre el acervo probatorio obrante en el expediente y controvertir lo resuelto
en la providencia acusada, al insistir en que sí hay lugar a declarar la responsabilidad del
Estado por la privación de la libertad que sufrió el señor Marco Antonio Zea González,
asunto que ya fue objeto de debate dentro del proceso de reparación directa. Por lo tanto,
se concluye que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional citada previamente, la
petición de amparo no cumple con el criterio de relevancia constitucional.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00431 00
Accionantes: Marco Antonio Zea González y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Los argumentos expuestos por la parte accionante en la solicitud de amparo constituyen
una reiteración del debate que ya se agotó en el proceso contencioso administrativo, lo
que deja en claro que solo busca ventilar sus inconformidades frente a las conclusiones
a las que llegó el juez natural del asunto respecto de la responsabilidad estatal derivada
de la medida de aseguramiento impuesta en el proceso penal.
Por lo tanto, es claro que la parte actora busca que el juez constitucional analice
nuevamente la controversia y emita una nueva decisión sobre el particular, lo que hace
evidente que únicamente quiere acceder a una instancia adicional, finalidad para la cual
no es procedente este mecanismo de protección.
En particular, frente al desconocimiento del precedente, se advierte que esta Sección, en
sentencia del 19 de noviembre de 202123, sostuvo que en las acciones de tutela contra
providencia judicial en las que se alega el desconocimiento del precedente se exige,
como carga argumentativa mínima, que se identifiquen: (i) la providencia desconocida,
(ii) las reglas y subreglas jurisprudenciales contenidas en la ratio decidendi de la
sentencia invocada, las cuales deben ser aplicables al caso a resolver, y (iii) los
problemas jurídicos, que en ambos casos deben ser análogos o similares.
En el caso objeto de estudio, la parte accionante invocó diversas sentencias de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado sobre la responsabilidad estatal por privación
injusta de la libertad; sin embargo, no identificó los problemas jurídicos que allí se
resolvieron ni efectuó una comparación entre los hechos estudiados en esos asuntos y
los del sub lite, con el fin de acreditar que las reglas y subreglas contenidas en la ratio
decidendi de dichas providencias resultaban aplicables al caso concreto.
Por tanto, la acción de tutela no cumple con la carga argumentativa mínima que se exige
cuando se alega que una providencia judicial ha incurrido en desconocimiento del
precedente judicial. Para la Sala, lo anterior deja en claro que la parte actora simplemente
se encuentra inconforme con la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de
Santander y que, en consecuencia, pretende que el juez constitucional realice un nuevo
y distinto análisis frente al debate que ya fue agotado en el proceso de reparación directa.
En este punto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y
que la decisión del juez se fundamenta precisamente en las razones de la demanda y de
la contestación, las pruebas y el derecho que ellas ponen a su disposición, o, en los casos
excepcionales que la ley prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que aquél
tiene.
Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes o
aplicando la normativa vigente para el caso, simplemente está ejerciendo las funciones
que le han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias,
y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez constitucional
constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las competencias que le
corresponden, utilizando además el trámite de una acción que no ha sido diseñada con
ese propósito, como lo es la tutela.
23Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, bajo la radicación: 11001 0315 000 2021 06983 00(AC)
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00431 00
Accionantes: Marco Antonio Zea González y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional el que vulneraría
el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia, entraría en la
valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del juez competente
para conocer del caso, en el escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y
siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo de
equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no tiene la formación
requerida.
Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse sobre las
cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate, porque así le fueron
planteadas por las partes en sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve
simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus facultades
constitucionales y legales, y no es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo
debe decidir el caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la controversia.
Conforme lo anterior, y sin ser necesario descender en otras consideraciones, la Sala
declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con el requisito general
de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, conforme lo
expuesto en precedencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 12 de
marzo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00431 00
Accionantes: Marco Antonio Zea González y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.