Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01132-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01132-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01132-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 01132 00
Accionantes: Esperanza Montoya Agudelo y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta de
Decisión
Acción: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial proferida en
una reparación directa
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por no cumplir
con el requisito general de inmediatez.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por los señores Esperanza Montoya
Agudelo, Yenifer Alejandra Montoya Munera, Leidy Daniela Montoya Munera, Mauricio
Antonio Montoya Agudelo, Carlos Stiven Benitez Montoya, Salomé Echeverry Montoya,
Santiago Mejia Montoya, Estefania Alzate Montoya, Luz Elena Alzate Montoya, Luis
Fernando Alzate Montoya, Alejandro Montoya Pérez y María Camilia Montoya Pérez, en
contra de la sentencia proferida el 4 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia – Sala Quinta de Decisión, que revocó parcialmente la dictada el 29 de
septiembre de 2021 por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Medellín, en
el proceso de reparación directa identificado con el radicado núm. 05001 33 33 007 2015
00598 00/01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
Los accionantes promovieron acción de tutela en contra de la precitada providencia y
para ello formularon la siguiente pretensión1:
[…] se amparen los derechos constitucionales fundamentales al Acceso a la
Administración de Justicia, al Derecho a la Igualdad, al Derecho al Debido Proceso
y al Derecho Fundamental a obtener una Reparación Integral, el Derecho al trato
Igual, conculcados por la Sentencia No. 111/2025 del 04 de agosto de 2025,
proferida por la Sala Quinta de Decisión, del Honorable Tribunal Administrativo de
Antioquia, en el proceso con radicado 0500133330072015000059801, donde
fuera Magistrada Ponente, la Dra. LILIANA PATRICIA NAVARRO GIRALDO, y por
medio de la cual se modificó la Sentencia de primer grado del 29 de septiembre
de 2021, proferida por el Juzgado Séptimo (07) Administrativo del Circuito Judicial
de Medellín, disponiendo que en su lugar que se profiera dentro de un término
razonable, providencia de reemplazo que adopte las actuaciones necesarias
tendientes a tener como probado el nexo causal entre las fallas del servicio
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2026 01132 00.
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debidamente determinas [sic] y el daño antijuridico, la muerte del señor JUAN
ALBERTO MONTOYA AGUDELO. [Mayúsculas originales del escrito de tutela].
2. SITUACIÓN FÁCTICA
Los accionantes informaron que el señor Juan Alberto Montoya Agudelo ingresó el 15 de
octubre de 2012 a la Cárcel Bellavista de Bello (Antioquia), en calidad de sindicado, por
una orden impartida por el Juzgado 31 Penal Municipal de Medellín, dentro del proceso
identificado con el radicado núm. 0500160002062012–6612980.
Indicaron que, desde su ingreso, estuvo expuesto a condiciones de hacinamiento
extremo e insalubridad propias del establecimiento carcelario, lo que derivó en la
aparición de afecciones de salud, particularmente infecciones respiratorias y tuberculosis.
Precisaron que, aunque presentó síntomas desde noviembre de 2012, no recibió atención
médica oportuna por parte del penal ni de la EPS subsidiada Caprecom, pese a sus
reiteradas solicitudes.
Continuaron relatando que el 12 de febrero de 2013 fue atendido por primera vez en la
enfermería del penal, donde se le diagnosticó «EPOC» y le ordenaron exámenes como
«baciloscopia seriada y radiografías de tórax», los cuales, según aseveraron, no fueron
practicados.
Señalaron que, con posterioridad, el 2 de abril de 2013 fue remitido a la Clínica del Norte,
donde se confirmó el diagnóstico de tuberculosis con una evolución estimada de cinco
meses. Al efecto, anotaron que el señor Montoya Agudelo que permaneció hospitalizado
hasta el 7 de abril de 2013, con indicación de tratamiento con «tetraconjugado»,
aislamiento por aerosol y cuidados de enfermería; sin embargo, según aseguraron, tales
recomendaciones no fueron cumplidas a su regreso al penal, donde incluso se
interrumpió el tratamiento.
Manifestaron que el señor Juan Alberto Montoya Agudelo falleció el 13 de abril de 2013
como consecuencia del avanzado deterioro de su salud, especialmente por «tuberculosis
miliar» no tratada oportunamente.
Con fundamento en lo anterior, interpusieron demanda a través del medio de control de
reparación directa contra el Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario - INPEC-, la EPS
Caprecom y la Corporación Institución Prestadora de Servicios de Salud de la
Universidad de Antioquia -IPS Universitaria-, con el fin de que fueran declaradas
administrativamente responsables por los perjuicios derivados de la falla en la prestación
del servicio público de salud, consistente en la deficiente atención médica y en la tardía
remisión al centro hospitalario que produjo la muerte del señor Montoya Agudelo.
La demanda correspondió por reparto al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín, que mediante sentencia del 29 de septiembre de 2021 accedió
parcialmente a las pretensiones y declaró patrimonial y administrativamente
responsables a los demandados por la pérdida de oportunidad en la recuperación de la
salud del interno. Resaltaron que, en dicha providencia se condenó al pago de perjuicios
morales en favor de los demandantes, se declaró probada la excepción de ausencia de
falla respecto de la IPS Universitaria y se impusieron costas.
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Inconformes con esta decisión, las entidades demandadas interpusieron recurso de
apelación y el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta de Decisión, mediante
sentencia del 4 de agosto de 2025, revocó los ordinales tercero, cuarto, sexto y octavo y,
en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda dirigidas a obtener la declaratoria
de responsabilidad administrativa de las entidades demandadas y la reparación de los
perjuicios morales solicitada.
Los accionantes sostuvieron que la providencia cuestionada vulneró sus derechos al
acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al debido proceso y al derecho
fundamental a obtener una reparación integral, al desconocer la responsabilidad
extracontractual declarada en primera instancia y concluir erróneamente que no existía
nexo causal entre las fallas del servicio y la muerte del señor Juan Alberto Montoya
Agudelo.
Alegaron que la sentencia acusada incurrió en un defecto fáctico, al realizar una
valoración probatoria formal e insuficiente, sin un análisis detallado del nexo causal entre
el daño y la falla del servicio, ignorando injustificadamente las pruebas que acreditaban
que la tuberculosis fue la causa del fallecimiento.
Asimismo, adujeron que se incurrió en desconocimiento del precedente judicial, al
considerar que el tribunal accionado no aplicó la jurisprudencia relativa al estándar
probatorio del nexo causal en materia de responsabilidad extracontractual del Estado,
pese a que este se encontraba debidamente acreditado. En particular, citaron como
precedentes las sentencias del 14 de julio de 2005, exps. 15276 y 15332, y del 3 de mayo
de 1999, exp. 11169, del Consejo de Estado.
En cuanto a los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, señalaron que el asunto tiene relevancia constitucional, comoquiera que:
[…] se controvierten el contenido, el alcance y el goce de derechos
constitucionales fundamentales como al Acceso a la Administración de Justicia, al
Derecho a la Igualdad, al Derecho al Debido Proceso y al Derecho Fundamental
a obtener una Reparación Integral, al desconocer la existencia de la
responsabilidad extracontractual del estado, al tener por no probado, estándolo,
el nexo causal entre las fallas del servicio debidamente probadas en el proceso y
el daño antijurídico imputable a las autoridades demandadas, esto es, la muerte
del señor JUAN ALBERTO MONTOYA AGUDELO, ocurrida el 13 de abril de 2013,
como consecuencia de sendas fallas administrativas y/o médicas previas, siendo
un recluso a cargo del INPEC Y de la extinta EPS CAPRECOM. Providencia que
además, desconoce el Precedente Jurisprudencial de valoración del nexo causal,
valiéndose de una apreciación inconstitucional de los medios de convicción del
proceso […].
Agregaron que también se cumple con la relevancia constitucional, en tanto involucra los
derechos de un sujeto de especial protección constitucional en condición de recluso, esto
es, el causante Juan Alberto Montoya Agudelo.
Adicionalmente, destacaron que, para la época de los hechos (15 de octubre de 2012 al
13 de abril de 2013), la Corte Constitucional ya había declarado el estado de cosas
inconstitucional en las cárceles del país mediante la Sentencia T-153 de 1998.
Por otra parte, sostuvieron que agotaron todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial, en la medida en que no procedía el recurso de revisión por no
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configurarse ninguna de las causales del artículo 250 del CPACA, ni el recurso de
unificación de jurisprudencia, debido a que la cuantía es inferior a 450 SMLMV.
Finalmente, arguyeron que la tutela también cumple con el requisito de inmediatez,
debido a que la providencia cuestionada es del 4 de agosto de 2025, notificada el 8 de
agosto siguiente y ejecutoriada el 11 del mismo mes, por lo que el término para interponer
la acción de tutela, según estima, vencía el 14 de febrero de 2026.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 13 de febrero de 20262 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 19 de febrero de 20263 la admitió y dispuso notificar4 al Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Quinta de Decisión, como parte accionada; así como
vincular5 al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Medellín, al Instituto Nacional
Penitenciario – INPEC, a la EPS Caprecom – Caprecom EICE en Liquidación, a la
Corporación Institución Prestadora de Servicios de Salud de la Universidad de Antioquia
• IPS Universitaria y a las aseguradoras Allianz Seguros SA, AXA Colpatria Seguros SA,
MAPFRE Seguros SA, La Previsora SA y QBE Seguros como terceros con interés directo
en el resultado del proceso.
De igual forma, se requirió al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Medellín y
a la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, para que alleguen
copia digital o el hipervínculo de consulta del expediente correspondiente al proceso
identificado con el radicado nro. 05001 33 33 007 2015 00598 00/01, el cual fue remitido6.
3.2. La titular del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Medellín allegó escrito7
en el que aportó el enlace del expediente y señaló que las partes y los llamados en
garantía interpusieron recurso de apelación, el cual fue concedido y enviado al Tribunal
Administrativo de Antioquia.
Indicó también que el 20 de agosto de 2025 el expediente retornó con sentencia de
segunda instancia, mediante la cual el ad quem revocó los ordinales tercero, cuarto, sexto
y octavo de la providencia emitida originalmente por el despacho a su cargo.
3.3. La Fiduciaria la Previsora SA8 manifestó carecer de legitimación por pasiva, dado
que la decisión cuestionada fue proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
dentro del proceso de reparación directa, sin que exista vínculo entre sus actuaciones y
la presunta vulneración de derechos fundamentales alegada. En consecuencia, solicitó
2 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2026 01132 00.
3 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2026 01132 00.
4 Esta orden se cumplió el 23 de febrero de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 01132 00.
5 Esta orden se cumplió el 23 de febrero de 2026. Visto en los índices 9 y 10 de la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 01132 00.
6 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2026 01132 00.
7 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2026 01132 00.
8 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2026 01132 00.
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declarar inexistente el nexo causal frente al PAR Caprecom Liquidado y ordenar su
desvinculación de la tutela.
3.4. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC presentó escrito9 en el que
informó igualmente que no posee legitimación por pasiva, pues únicamente las
autoridades judiciales son responsables de las decisiones que adoptan dentro del marco
legal. Por ello, solicitó su desvinculación del trámite constitucional.
3.5. La sociedad AXA Colpatria Seguros SA allegó escrito10 en el que alegó que la acción
de tutela no cumple los requisitos de procedibilidad, ya que pretende reabrir las
pretensiones discutidas en el proceso de reparación directa. Añadió que la providencia
cuestionada no vulneró derecho fundamental alguno y, por tanto, pidió negar el amparo.
3.6. La sociedad Allianz Seguros SA allegó escrito11 en el que solicitó denegar la tutela,
al considerar que no se acreditan los presupuestos constitucionales ni jurisprudenciales
que habilitan este mecanismo y que la decisión judicial cuestionada no afecta los
derechos fundamentales de los accionantes.
3.7. La IPS Universitaria allegó escrito12 en el que pidió rechazar la tutela al no satisfacer
los estándares exigidos para la procedencia contra providencias judiciales, pues no se
identifica un defecto específico ni una vulneración atribuible al juez de segunda instancia.
3.8. La sociedad Zurich Colombia Seguros SA allegó escrito13 en el que sostuvo que la
tutela es improcedente, al no cumplir los requisitos generales para controvertir decisiones
judiciales ni configurarse ningún defecto específico que justifique su prosperidad.
3.9. La sociedad Mapfre Seguros Generales de Colombia allegó escrito14 en el que
también solicitó denegar la tutela, al considerar que no se acreditan los presupuestos
constitucionales ni jurisprudenciales que habilitan este mecanismo y que la decisión
judicial cuestionada no afecta los derechos fundamentales de los accionantes.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 15 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,16 modificado por el artículo 1 del
9 Visto en los índices 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2026 00431 00.
10 Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2026 01132 00.
11 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2026 01132 00.
12 Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2026 01132 00.
13 Visto en los índices 27 y 29 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2026 01132 00.
14 Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2026 01132 00.
15 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
16 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
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Decreto 333 del 6 de abril de 202117, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201918, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10
de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la
distribución de procesos entre las secciones.
4.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente19:
4.2.1. Los señores Esperanza Montoya Agudelo y otros interpusieron demanda de
reparación directa contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC; la EPS
Caprecom y la Corporación Institución Prestadora de Servicios de Salud de la
Universidad de Antioquia – IPS Universitaria, con fundamento en el artículo 140 de la Ley
1437 de 2011, para obtener la indemnización de los perjuicios derivados de la muerte del
señor Juan Alberto Montoya ocurrida el 13 de abril de 2013.
4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Medellín que, mediante sentencia del 29 de septiembre de 2021, accedió
parcialmente a las pretensiones y declaró patrimonial y administrativamente responsable
al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y a PAR CAPRECOM
LIQUIDADO.
4.2.3. Inconformes con la anterior decisión, las entidades demandadas interpusieron
recurso de apelación y el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta de Decisión,
mediante sentencia del 4 de agosto de 2025, notificada el 5 de agosto de 2025, resolvió
lo siguiente:
PRIMERO. Se revocan los ordinales tercero, cuarto, sexto y octavo de la sentencia
emitida el 29 de septiembre de 2021, por el Juzgado Séptimo Administrativo de
Medellín. En lugar de lo dispuesto en ellos, se niegan las súplicas de la demanda
dirigidas a obtener la declaratoria de responsabilidad administrativa del INPEC- y
del PAR CAPRECOM LIQUIDADO como sucesor procesal de CAPRECOM
liquidada; la reparación de los perjuicios morales; la condena a cargo de las
aseguradoras La Previsora S.A. Compañía de Seguros, Allianz Seguros S.A., AXA
Colpatria Seguros S.A., Mapfre Seguros S.A., QBE SEGUROS -hoy Zurich
Colombia Seguros S.A.-, en el marco de los llamamientos en garantía formulados
por el INPEC y la condena en costas impuesta al INPEC y al PAR CAPRECOM
LIQUIDADO.
SEGUNDO. En lo que no fue objeto de los recursos de apelación interpuestos, la
sentencia queda incólume.
TERCERO. Sin condena en costas de segunda instancia a la parte recurrente.
[Mayúsculas y negrillas originales de la providencia].
17 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
18 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
19 Lo que se desprende del expediente correspondiente a la acción de reparación directa identificada con
el radicado núm. 05001 33 33 007 2015 00598 00/01. Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la
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4.3. CUESTIÓN PREVIA
La Sala se pronunciará sobre las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación
en la causa por pasiva formuladas por la Fiduciaria la Previsora SA y el Instituto
Colombiano Penitenciario y Carcelario – INPEC.
Sobre la legitimación en la causa por pasiva, la Corte Constitucional en sentencia T-416
del 28 de agosto de 1997 señaló lo siguiente:
[…] 2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha
calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe
entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo.
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al
demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor
le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.
(…)
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución
como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se
promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por
la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de
las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto. (Subrayas fuera del texto
original).
En ese sentido, la Sala advierte que la Fiduciaria la Previsora SA y el Instituto Colombiano
Penitenciario y Carcelario - INPEC, solicitaron su desvinculación del presente asunto,
aduciendo que los hechos que fueron esbozados en la petición de amparo no eran
atribuibles a esas entidades.
Sin perjuicio de lo anterior, es menester señalar que tal y como quedó constancia en el
auto admisorio de la demanda, la vinculación de estas entidades al presente asunto es
consecuencia del interés que le puede asistir en las resultas del proceso, toda vez que
intervinieron en el proceso identificado con el radicado núm. 05001 33 33 007 2015 00598
00/01, objeto de reproche en el presente trámite tutelar. De ahí que no sea posible
acceder a dicha petición de desvinculación.
4.4. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se tiene lo siguiente:
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La jurisprudencia constitucional ha considerado que, dado que la finalidad de la tutela es
la protección urgente e inmediata de los derechos fundamentales, ésta debe formularse
en un plazo razonable contado a partir del hecho que originó la amenaza o vulneración,
pues aceptar lo contrario desvirtuaría su carácter excepcional.
En este sentido, en la sentencia SU-354 de 2017, la Corte Constitucional destacó que la
importancia de exigir un término razonable entre la notificación de la providencia que se
controvierte y la interposición de la acción de tutela, radica en que dicho requisito: “(…)
(i) garantiza una protección urgente de los derechos fundamentales presuntamente
amenazados o vulnerados; (ii) evita una lesión desproporcionada a atribuciones jurídicas
de terceros; (iii) resguarda la seguridad jurídica; y (iv) desestima las solicitudes
negligentes (…)”.
La citada Corporación estableció dos eventos en los que es posible valorar la
admisibilidad de una acción de tutela presentada luego de que hubiese transcurrido un
largo período respecto de la vulneración o amenaza de derechos: (i) cuando se
demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho
que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la
situación es continua y actual; y (ii) cuando la especial situación de aquella persona a
quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, hace desproporcionado el hecho
de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros 20.
La razonabilidad del plazo debe ser valorada en cada caso concreto, teniendo en cuenta,
entre otros, los siguientes criterios: (i) si existe un motivo válido para la inactividad del
accionante; (ii) si la inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados, y (iv) si el
fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de
los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha
de interposición21.
De manera similar, la Corte Constitucional, en la sentencia SU - 069 del 21 de junio de
2018, explicó lo siguiente:
[…] la tutela debe interponerse dentro de un término oportuno y razonable, es
decir, en un momento cercano a aquel en que se presentó la vulneración o
amenaza. No obstante, también ha considerado que en los eventos donde la
afectación permanece en el tiempo el requisito debe flexibilizarse no solo porque
la posición desfavorable es continua y actual, sino por la situación de debilidad en
que puede hallarse el accionante […].
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del
5 de agosto de 2014, unificó su jurisprudencia22 y, en cuanto al requisito de inmediatez,
estableció que “(…) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente
(…)”. (Negrillas del texto).
20 Sentencia T-584 de 2011.
21 Sentencias T-648 de 2003, T-322 de 2008, T-581 de 2012, entre otras.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014.
M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad.:11001 03 15 000 2012 02201 01.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 01132 00
Accionantes: Esperanza Montoya Agudelo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Así entonces, en los casos que se controvierten providencias judiciales, por regla general,
la acción se debe interponer dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de
la providencia que se cuestiona, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional,
los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y
extraordinarios y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
estabilidad, plazo que deberá ser analizado en cada caso particular, tomando en
consideración las circunstancias especiales de modo, tiempo y lugar en que se encuentre
el accionante.
En el asunto bajo examen, los accionantes cuestionan la sentencia proferida el 4 de
agosto de 2025 por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia
que revocó parcialmente la dictada el 29 de septiembre de 2021 por el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Medellín en el proceso de reparación directa identificado
con el radicado núm. 05001 33 33 007 2015 00598 00/01.
En ese sentido, la providencia del 4 de agosto de 2025 fue comunicada por correo
electrónico a las partes el 5 de agosto de 2025, por lo que se entiende notificada el 8 de
agosto de 202523 y la presente acción de tutela fue radicada el 13 de febrero de 202624,
por lo que se desprende que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de la
inmediatez, dado que fue promovida luego de transcurridos más de seis meses de
notificada la providencia cuestionada.
Adicional a lo anterior, la Sala observa que la parte accionante no ofreció ningún motivo
que justifique su inactividad en la interposición de la acción en un término prudencial, ni
se advierte, prima facie, que se encuentre en condiciones de debilidad manifiesta, por
consiguiente, no se evidencia alguna circunstancia que valide la interposición tardía de
la presente tutela.
Finalmente, no sobra advertir, frente al argumento de los accionantes relacionados con
que la acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional porque están
involucrados los derechos de un sujeto de especial protección constitucional en condición
de recluso, esto es, el señor Juan Alberto Montoya Agudelo, que el antes mencionado no
es sujeto de derechos, comoquiera que, tal como se expuso en el escrito de tutela, falleció
el 13 de abril de 2013.
Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la Sala declarará
improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con el requisito general de
inmediatez.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Fiduciaria la
Previsora SA y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, conforme lo
expuesto en precedencia.
23 Visto en el índice 38 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 05001
33 33 007 2015 00598 01 y reconocido por los accionantes en el escrito de tutela.
24 Visto en los índices 2 y 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2026 01132 00.
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Accionantes: Esperanza Montoya Agudelo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 9 de
abril de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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