Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00434-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00434-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00434-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00434-01
Accionante: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se accedió a la sanción
moratoria por pago tardío de cesantías. Defecto sustantivo
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, quien actúa por conducto de apoderada
judicial, contra la sentencia de 6 de marzo de 2026 proferida por la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la
acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 23 de enero de 2026, la demandante pidió al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, así
como los principios de legalidad y responsabilidad fiscal supuestamente vulnerados
por la autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
“1. Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción,
igualdad, principio de legalidad del gasto público y responsabilidad fiscal de la Nación – Ministerio
de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, que
se consideran vulnerados por las providencias judiciales demandadas.
2. Que se deje sin efectos la Sentencia proferida el nueve (09) de diciembre de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Huila, que modificó la condena y resolvió el pago únicamente en contra del
FOMAG por concepto de sanción moratoria en el mismo proceso.
3. Que, en consecuencia, se ordene dictar nueva providencia en la que se observe y aplique de
manera estricta lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, modificado por el artículo 324
de la Ley 2294 de 2023, reconociendo que la responsabilidad por el pago de la sanción moratoria
corresponde exclusivamente a la entidad territorial que expide tardíamente el acto administrativo de
reconocimiento de cesantías, y no al FOMAG.
5. (sic) Que se exhorte a los despachos judiciales accionados para que, en futuros casos análogos,
armonicen sus decisiones con la normatividad vigente y la jurisprudencia d (sic) unificación del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, evitando imponer al FOMAG obligaciones prohibidas
por la ley y carentes de apropiación presupuestal”.
2. Hechos
La entidad accionante relató que el 10 de mayo de 2024, la señora Leidy Johana
Jiménez Idárraga, en su calidad de docente, solicitó el reconocimiento y pago de
sus cesantías parciales, a la que mediante Resolución núm. HUILAV2024000137
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de 23 de mayo de 2024, aclarada en la Resolución núm. HUILAV2024000198 de
15 de agosto de 2024, se accedió a la solicitud y el 28 de agosto de 2024 se puso
a disposición los dineros.
Afirmó que el 27 de noviembre de 2024, la señora Leidy Johana Jiménez Idárraga
radicó ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el
departamento del Huila, una solicitud de liquidación y pago de la sanción moratoria,
respecto a la cual guardaron silencio.
Sostuvo que la señora Leidy Johana Jiménez Idárraga, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, departamento del Huila y La Fiduprevisora S.A., con el fin
de que se declare la nulidad del acto ficto o presunto negativo frente a la solicitud
de 27 de noviembre de 2024 y, en consecuencia, se ordenara el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de 2006.
Indicó que el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Neiva en sentencia de
26 de septiembre de 2025, declaró la existencia del acto ficto por la falta de
respuesta a la petición de 27 de noviembre de 2024 y dispuso su nulidad. A título
de restablecimiento del derecho ordenó al departamento del Huila reconocer y
pagar la indemnización moratoria consagrada en la Ley 1071 de 2006 desde el 2 al
27 de agosto del 2024, con sustento en que la solicitud de cesantías parciales se
radicó el “20 de mayo de 2024”, que la Resolución núm. HUILAV2024000137 de 23
de mayo de 2024 fue expedida oportunamente por el departamento del Huila -
aunque mediante la Resolución núm. HUILAV202400198 de 16 de agosto de 2024
fue aclarada sin que esta última tuviera la virtualidad de incidir en el cómputo de
términos para el pago de la prestación-, y que el acto administrativo fue notificado
por medios electrónicos el 23 de mayo de 2024.
Por consiguiente, una vez cobró ejecutoria dicha resolución, el plazo de 45 días
hábiles para pagar, feneció el 1 de agosto de 2024 y como se canceló la prestación
el 28 de agosto de 2024, se generó una mora de 26 días, la cual debía ser asumida
por la entidad territorial, en tanto erró al expedir el primer acto administrativo, lo que
implicó su posterior corrección y un retraso para el pago de las cesantías
reconocidas a la demandante.
Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión la señora Leidy Johana
Jiménez Idárraga1 y el departamento del Huila2 interpusieron recursos de apelación,
que fueron resueltos por el Tribunal Administrativo del Huila mediante fallo de 9 de
diciembre de 2025, en el que modificó el sentido de la condena, en el sentido de
indicar que la debía asumir el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, pues evidenció que incurrió en mora de 13 días.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora aseguró que la solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia, pues i) el asunto goza de relevancia constitucional, en
tanto se vulneraron sus derechos fundamentales al imponer una obligación
prohibida por la ley y se comprometen recursos públicos, ii) se agotaron todos los
mecanismos de defensa y iii) se presentó la acción de tutela antes del término
razonable de los 6 meses desarrollados por la jurisprudencia.
1 Alegó que la petición de cesantías parciales se presentó el 10 de mayo de 2024 y fue resuelta en acto notificado el 16 de
agosto de 2024, por lo que debían computarse 70 días hábiles a partir de la radicación, para establecer el inicio de la mora.
Por consiguiente, el plazo para pagar la mencionada prestación culminó el 4 de junio de 2024.
2 Consideró que la petición de cesantías se entendió radicada el 20 de mayo de 2024, de ahí que el actuar de la entidad
territorial se ajustaba a los plazos legales, por consiguiente, no se habría configurado la mora y, en caso de que sí, era
imputable únicamente al Fomag por su tardanza en la revisión del trámite administrativo previo al pago.
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Luego, señaló que el Tribunal incurrió en defecto sustantivo, toda vez que se
condenó al Fomag a pagar una sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006,
sin la existencia de norma jurídica que determine que la mencionada entidad debe
pagar la sanción por mora generada desde el 1 de enero de 2023 en adelante,
como tampoco existe una partida presupuestal destinada a asumir el pago de la
mencionada sanción.
Indicó que el acto administrativo de reconocimiento de las cesantías tardías fue
expedido por el ente territorial y las cesantías fueron pagadas por La Fiduprevisora
S.A., no por el Fomag.
Sostuvo que “el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA condenó a la NACIÓN
– MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO (FOMAG) a pagar la sanción mora (sic) causada por el pago
extemporáneo de la cesantías reconocidas en la vigencia del año 2024, sin la
existencia de una norma jurídica que determine que el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio debe pagar la sanción por mora generada
desde el 01 de enero de 2023 en adelante, como tampoco existe una partida
presupuestal en el FNPSM destinada a asumir el pago de la sanción por mora
conforme se ha argumentado en precedencia”.
Afirmó que la señora Leidy Johana Jiménez Idárraga solicitó las cesantías parciales
el 20 de mayo de 2024 y el departamento del Huila expidió la Resolución núm.
HUILAV2024000137 de 23 de mayo de 2024, es decir, oportunamente. Sin
embargo, esta fue aclarada por la Resolución núm. HUILAV2024000198 de 15 de
agosto de 2024, acto que si bien fue proferido con posterioridad, tuvo como finalidad
exclusiva corregir inconsistencias del acto inicial, en aras de proteger el patrimonio
público y garantizar el reconocimiento correcto de la prestación al docente.
Para terminar, manifestó que los términos debieron verificarse desde el momento
en que se corrigió el acto inicial, es decir, “la eventual mora únicamente podría
computarse una vez transcurridos setenta (70) días desde la solicitud, esto es, a
partir del 4 de septiembre de 2024”, razón por la cual como el pago se realizó el “24
de agosto de 2024”, el Fomag no incurrió en mora.
4. Oposición
4.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Huila
La magistrada ponente de la decisión objetada sostuvo que no se han vulnerado los
derechos fundamentales de la entidad demandante.
Refirió que la entidad accionante tuvo la oportunidad de pronunciarse en el marco
del proceso judicial sobre los aspectos que hoy fundamentan la acción de tutela, lo
que no hizo, por lo que no agotó los mecanismos judiciales disponibles.
Por último, señaló que en el proceso ordinario se evidenció que la actuación del
departamento del Huila fue oportuna y que fue la ahora accionante la que tardó en
efectuar la revisión del asunto y en proceder al pago de la prestación reconocida.
4.2. Respuesta del departamento del Huila
El apoderado de la entidad territorial pidió que se desvinculara a la entidad territorial
del trámite constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto
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no hay una acción u omisión por parte de esta que vulnere los derechos
fundamentales alegados por la accionante.
4.3. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Neiva y la señora Leidy
Johana Jiménez Idárraga, a pesar de que se les notificó el auto admisorio,
guardaron silencio.
5. Sentencia de tutela impugnada
La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en fallo de 6 de
marzo de 2026, declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con
el requisito de la relevancia constitucional.
Afirmó que lo planteado por el accionante se reduce a un mero desacuerdo con la
sentencia de segunda instancia, pues pretende que el juez constitucional imponga
un criterio específico sobre a quién le corresponde el pago de la sanción moratoria,
aun cuando el Tribunal analizó el acervo probatorio y confirmó que el retraso y el
incumplimiento en el pago de la prestación se efectuó por parte del Fomag.
Indicó que, al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la
autoridad judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o
evalúe la interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. Por
consiguiente, la acción de tutela no es una instancia adicional al proceso ordinario,
ni está prevista para desconocer la autonomía e independencia que caracterizan las
actuaciones judiciales.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revoque, para lo
cual expuso lo siguiente:
Afirmó que la sentencia impugnada desconoce el verdadero alcance del problema
jurídico planteado en la acción de tutela, el cual no se limita a cuestionar la
interpretación normativa realizada por el Tribunal Administrativo del Huila, sino que
pone de presente que la decisión judicial impuso una obligación económica sin
fundamento legal vigente, lo que constituye una afectación directa del derecho
fundamental al debido proceso.
Indicó que la condena que se le impuso en el proceso ordinario no constituye
simplemente una obligación dineraria, sino una orden judicial que compromete
recursos públicos sometidos a un régimen especial de destinación, conforme lo
establece el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019.
Agregó que la discusión trasciende el plano económico, en tanto se cuestiona la
validez de una decisión judicial que ordena el uso de recursos públicos en contra de
la regulación legal que limita su destinación. Por consiguiente, el asunto adquiere
una dimensión constitucional al comprometer el principio de legalidad del gasto
público, el cual deriva directamente de la Constitución Política y constituye un límite
material al ejercicio de la función jurisdiccional.
Sostuvo que en la sentencia objetada se trasladó al Fomag una obligación que
corresponde a otras entidades que intervienen en el trámite administrativo, como la
entidad territorial o la fiduciaria encargada del pago, lo que vulnera el derecho
fundamental al debido proceso y el principio de legalidad.
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Por último, manifestó que no busca sustituir al juez natural ni reabrir el debate
probatorio, sino ejercer el control constitucional sobre una decisión que excede los
límites impuestos por la ley y la Constitución.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
debe revocar la sentencia de 6 de marzo de 2026 de la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de tutela
por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional y, en caso afirmativo
y que cumpla con los demás requisitos generales de procedencia, si la autoridad
judicial accionada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa y a la igualdad, así como los principios de legalidad y responsabilidad fiscal
de la parte actora y si incurrió en los defectos alegados.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos 3 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos4, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012 5, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 6,
precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales,
lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de
sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20057.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
3 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
4 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
5 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
6 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7 M. P. Jaime Córdoba Triviño.
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alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico8; (ii) Defecto procedimental absoluto9; (iii) Defecto
fáctico10; (iv) Defecto material o sustantivo11; (v) Error inducido12; (vi) Decisión sin
motivación13; (vii) Desconocimiento del precedente14 y (viii) Violación directa de la
Constitución15.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo 16 y de la Corte Constitucional17.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Contrario a lo sostenido por el a quo, se cumple con el requisito de la
relevancia constitucional y los demás requisitos generales de procedencia
La Sala encuentra que, contrario a lo resuelto en la sentencia impugnada, los
requisitos generales de procedencia están cumplidos en el asunto bajo estudio, por
cuanto (i) goza de relevancia constitucional, en tanto se debe determinar si en la
decisión de segunda instancia proferida en el marco del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho mediante la cual el Tribunal Administrativo del Huila
modificó la decisión de primera instancia y dispuso que la sanción moratoria estaba
8 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.
9 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
10 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
11 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
12 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.
13 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
14 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
15 Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-114 de 2023 y SU-061 de 2023,
M. P. Diana Fajardo Rivera y SU-241 de 2024, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
16 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de
diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C.
P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, entre otras.
17 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.
P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
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a cargo del Fomag, limitó el contenido, alcance y goce de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, así como los
principios de legalidad y responsabilidad fiscal, a lo que se agrega que la solicitud
de amparo no se propone como una instancia adicional, ni se plantea con la
intención de reabrir el debate o se desarrollan unos argumentos de naturaleza legal.
Por el contrario, cuenta con la suficiente carga argumentativa por lo que se trata de
un genuino debate constitucional, en el que se deberá determinar si la autoridad
judicial accionada, desconoce los derechos fundamentales invocados por la parte
actora, aunado al hecho de que la decisión objetada desarrolló unos nuevos
argumentos frente a la responsabilidad de la entidad accionante, por lo que no contó
con un escenario para presentar algún reproche contra esas consideraciones.
Igualmente, (ii) la decisión objetada se dictó al resolver los recursos de apelación
que presentaron la parte demandante en el proceso ordinario y el departamento del
Huila, por lo que la accionante no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial ni
el asunto se encuadra en alguna de las causales de procedencia del recurso
extraordinario de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA, ni de unificación
de jurisprudencia señaladas en el artículo 257 de la misma normativa; (iii) la solicitud
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de amparo se instauró dentro de los seis (6) meses establecidos como plazo
razonable precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional 19; (iv) los hechos
y las pretensiones fueron desarrollados de manera clara y (v) la acción no es contra
un fallo de la misma naturaleza.
4.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto sustantivo
alegado
La entidad accionante considera que el Tribunal Administrativo del Huila vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, así
como los principios de legalidad y responsabilidad fiscal, al modificar la decisión
favorable a la demandante del proceso ordinario de primera instancia que condenó
al departamento del Huila y dispuso que la condena al pago de la sanción moratoria
la debía asumir el Fomag.
La Sala anticipa que revocará la sentencia impugnada que declaró la
improcedencia de la acción de tutela y, en su lugar, negará las pretensiones de la
solicitud de amparo.
La señora Leidy Johana Jiménez Idárraga presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, departamento del Huila y
La Fiduprevisora S.A., con la pretensión de que se ordenara el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de 2006. El Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Neiva en sentencia de 26 de septiembre de 2025
accedió a las pretensiones y ordenó al departamento del Huila reconocer y pagar
la indemnización moratoria consagrada en la Ley 1071 de 2006, desde el 2 al 27
de agosto del 2024. Esa decisión fue apelada por las partes.
El Tribunal Administrativo del Huila mediante decisión de 9 de diciembre de 2025
modificó la sentencia apelada, en el sentido de indicar que la condena la debía
asumir el Fomag, pues evidenció que incurrió en mora de 13 días.
18 La providencia objetada se profirió el 9 de diciembre de 2025, cuya notificación se surtió el 13 de enero de 2026, mientras
que la acción de tutela se instauró el 23 de enero de 2026, es decir, dentro del plazo razonable de los seis (6) meses.
19 Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo
de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.:
Antonio José Lizarazo Ocampo.
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El Tribunal se refirió a la aplicabilidad al sector docente de la sanción moratoria por
el pago tardío de las cesantías prevista en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006,
para lo cual mencionó la sentencia de unificación de 18 de julio de 2018, en la que
se definió que a los docentes le asiste derecho al pago de la sanción moratoria
prevista en la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006.
Luego, para resolver el caso concreto precisó que el principal objeto de debate es
la fecha de radicación de la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías
parciales, para lo cual aclaró que si bien la demandante la presentó el 10 de mayo
de 2024, en esa misma fecha se le requirió para que allegara unos datos y
documentos necesarios para el trámite, los cuales aportó el 20 de mayo de 2024.
Por consiguiente, en atención a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1437 de
2011, concluyó que los términos se contabilizan desde el 20 de mayo de 2024.
Por lo anterior, los 15 días para resolver la petición empezaron a correr el 21 de
mayo de 2024, por ser el día hábil siguiente al de la completitud de los documentos
e información, el cual culminaba, en principio, el 12 de junio de 2024. Sin embargo,
la entidad territorial expidió la Resolución núm. HUILAV2024000137 de 23 de mayo
de 2024, que reconoció a la demandante una cesantía parcial por $18.033.343,
suma de la cual cancelaría $7.831.412, al descontar $10.201.93137 por concepto
de pagos anteriores, acto que fue notificado electrónicamente el 23 de mayo de
2024 y como no se evidenció renuncia de términos ni interposición de recursos, la
ejecutoria de la resolución fue el 7 de junio de 2024.
Ahora bien, el Tribunal explicó que el 27 de mayo de 2024, el aludido acto de
reconocimiento fue enviado a La Fiduprevisora S.A. para el respectivo pago, sin
embargo, fue rechazado por dicha entidad para corregir el número de cédula del
vendedor de la vivienda objeto del retiro de cesantías, por lo que la Secretaría de
Educación Departamental del Huila expidió la Resolución núm.
HUILAV2024000198 de 15 de agosto de 2024, que aclaró la Resolución núm.
HUILAV2024000137 de 23 de mayo de 2024, cuya notificación se surtió por medios
electrónicos el 16 de agosto de 2024, por lo que quedó ejecutoriada el 2 de
septiembre de 2024.
Adicionalmente, constató que de acuerdo con la certificación expedida por La
Fiduprevisora S.A., la suma reconocida por concepto de cesantías parciales se
puso a disposición de la docente el 28 de agosto de 2024.
Luego, precisó que el acto de reconocimiento de cesantías parciales se expidió
dentro del término legal y que, en aplicación de las reglas de unificación respecto
de la exigibilidad de la sanción moratoria, resultaba aplicable la hipótesis que prevé
que el acto se expide dentro del término legal y se notifique electrónicamente,
evento en el cual los 45 días para el pago de la prestación inician desde la ejecutoria
del acto, que acontece 10 días posteriores a la notificación.
Es decir, el Tribunal consideró que aunque la Resolución núm. HUILAV2024000137
de 23 de mayo de 2024 fue modificada por la Resolución núm. HUILAV2024000198
de 15 de agosto de 2024, el cómputo de la sanción debía realizarse a partir del
vencimiento de los 45 días contados desde el día siguiente a la ejecutoria de la
primigenia decisión –esto es, 10 días después de la notificación electrónica–, toda
vez que era a partir de esa data que la decisión de reconocimiento del auxilio de
cesantías adquirió firmeza de conformidad con el artículo 87 de la Ley 1437 de
2011.
Por lo anterior, afirmó que al efectuarse la notificación por medios electrónicos el
23 de mayo de 2024, quedó ejecutoriada el 7 de junio de 2024, por lo que la sanción
moratoria se empezó a causar a partir del vencimiento de los 45 días contados
desde el día siguiente a esta última fecha, es decir, desde el 15 de agosto de 2024
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hasta el 27 del mismo mes y año -día anterior al pago-, configurándose así un
retardo en el pago de 13 días.
De otro lado, señaló que el pago de la sanción moratoria correspondía al Fomag,
pues el departamento del Huila cumplió con expedir el acto de reconocimiento
prestacional dentro del plazo de los 15 días con los que contaba para el efecto.
Adicionalmente, resaltó que el artículo 2.4.4.2.3.2.26 del Decreto 1272 de 2018,
dispuso que aquel debía ser remitido al mencionado fondo inmediatamente
después de su ejecutoria, lo que evidenció cumplido por la entidad territorial.
Ahora bien, el tribunal resaltó que “no fue sino hasta el 12 de agosto de 2024 que
el FOMAG efectuó la revisión del asunto; hecho que incidió en el incumplimiento de
los plazos señalados para el pago de la prestación, que –como se dijo– están
expresamente regulados por el Decreto 1075 del 2015”.
Por consiguiente, concluyó que, la totalidad de los días de mora causados
correspondían al Fomag, pues no se observa justificación para haberse extendido
en la revisión del acto y en la materialización del pago de las cesantías reconocidas
a la actora, luego de haber recibido el acto de reconocimiento por parte del ente
territorial.
El defecto sustantivo se materializa cuando la decisión que adopta el juez desborda
el marco de acción que la Constitución y la ley le reconoce, lo cual, de acuerdo con
la jurisprudencia de la Corte Constitucional puede darse en los siguientes casos:
“(i) Cuando existe carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión
se sustenta en una norma inexistente, derogada, o que ha sido declarada
inconstitucional. (ii) La decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es
aplicable por no ser pertinente. A pesar de que la norma en cuestión está vigente y es
constitucional, su aplicación no resulta adecuada a la situación fáctica objeto de estudio
como, por ejemplo, cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados por el
legislador (iv) Cuando se aplica una norma cuya interpretación desconoce una
sentencia con efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido
contraría la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el
ordenamiento jurídico. (v) La disposición aplicada se muestra injustificadamente
regresiva o claramente contraria a la Constitución. (vi) Cuando un poder concedido al
juez se utiliza para un fin no previsto en la disposición. (vii) La decisión se funda en una
interpretación no sistemática del derecho, omitiendo el análisis de otras disposiciones
aplicables al caso. (viii) El servidor judicial da una insuficiente sustentación o
justificación de una actuación que afecta derechos fundamentales. (ix) Se desconoce
el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación. (x) Cuando
el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación
manifiesta de la Constitución. Se trata de la aplicación de normas abiertamente
inconstitucionales, evento en el cual, si bien el contenido normativo no ha sido
declarado inexequible, este es contrario a la constitución, o al ser aplicada al caso
concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe ser igualmente
inaplicada. (xi) Cuando la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos
jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la resolución del juez no
corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia” 20.
Además de las anteriores circunstancias, se ha señalado que una autoridad judicial
puede incurrir en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable en, al menos,
dos hipótesis: “(i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que esta
no tiene (contraevidente –interpretación contra legem–), o de manera injustificada para los
intereses legítimos de una de las partes; y (ii) cuando le confiere a la disposición
infraconstitucional una interpretación que en principio resulta formalmente posible a partir
de las varias opciones que ofrece, pero que en realidad contraviene postulados de rango
constitucional o conduce a resultados desproporcionados, sacando la decisión del marco
de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable”21.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-574 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
21 Ibíd.
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Descendiendo al asunto bajo examen, se observa que la parte actora reprocha el
hecho de que también se le condenara al pago de la sanción moratoria a pesar de
que no ostentaba esa obligación.
Al respecto, se observa que el Tribunal en la sentencia objetada consideró que al
Fomag se le debía condenar por el pago tardío de las cesantías, pues la mora no
fue del departamento del Huila, sino del mencionado fondo.
La Sala considera necesario recordar 22 que de acuerdo con el artículo 423 de la Ley
1071 de 2006, la entidad territorial cuenta con 15 días hábiles para resolver la
solicitud de reconocimiento y pago del auxilio de cesantías. Luego, la entidad
encargada del pago de la prestación, en este caso Fomag, cuenta con 45 días
hábiles para cancelar las sumas a la persona interesada de acuerdo con el artículo
524 de la misma ley.
Ahora bien, el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, “por el cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018 - 2022”, dispuso lo siguiente:
“ARTÍCULO 57. EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. Las cesantías definitivas y
parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989 serán reconocidas y liquidadas por la
Secretaría de Educación de la entidad territorial y pagadas por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.
Las pensiones que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán
reconocidas por el citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte
de quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la
Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El
acto administrativo de reconocimiento de la pensión se hará mediante resolución que llevará la
firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.
Para el pago de las prestaciones económicas y los servicios de salud, el Fondo deberá aplicar
el principio de unidad de caja con el fin de lograr mayor eficiencia en la administración y pago
de las obligaciones definidas por la ley, con excepción de los recursos provenientes del Fondo
Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET). En todo caso, el Fondo debe
priorizar el pago de los servicios de salud y de las mesadas pensionales de los maestros.
Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solo podrán
destinarse para garantizar el pago de las prestaciones económicas, sociales y asistenciales a
sus afiliados docentes, pensionados y beneficiarios. No podrá decretarse el pago de
indemnizaciones económicas por vía judicial o administrativa con cargo a los recursos del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
PARÁGRAFO. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en
el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere
como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o
entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaría de Educación
territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente
del pago de las cesantías.
22 Sentencia de 6 de noviembre de 2025, radicado núm. 11001-03-15-000-2025-05580-00, C.P.: Luis Antonio Rodríguez
Montaño, reiterada en el fallo de 18 de junio de 2026, radicado núm. 11001-03-15-000-2026-02784-00, C.P.: Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
23 ARTÍCULO 4o. TÉRMINOS. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación
de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo
el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos
determinados en la ley. PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele
al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los
documentos y/o requisitos pendientes. Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
24 ARTÍCULO 5o. MORA EN EL PAGO. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días
hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o
parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de
Ahorro. PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la
entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo
hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término
previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el
pago se produjo por culpa imputable a este.
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PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Parágrafo modificado por el artículo 324 de la Ley 2294 de
2023. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos de financiar el pago de las sanciones por
mora a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio causados a
diciembre de 2022, facúltese al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir Títulos de
Tesorería que serán administrados por una o varias sociedades fiduciarias públicas, así mismo,
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público definirá la operación, las reglas de negociación y
pago de los mismos. El Consejo Directivo de Fomag efectuará la adición presupuestal de los
recursos de los que trata el presente parágrafo.
La emisión de bonos o títulos no implica operación presupuestal alguna y solo debe
presupuestarse para efectos de su redención.”
De lo anterior se observa que, en lo relacionado con la entidad responsable del
reconocimiento y pago de la sanción moratoria, el artículo 57 de la Ley 1955 de
2019 introdujo una modificación, la cual consistió en que a partir de la vigencia de
dicha ley, las entidades territoriales asumirían el pago de la sanción moratoria,
cuando el pago tardío de las cesantías fuera por la inobservancia de los plazos
previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de las cesantías ante
el Fomag.
En efecto, en fallo de 20 de febrero de 2025 25, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, al estudiar el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019,
aseguró que “cuando el trámite del reconocimiento de cesantías tuvo lugar antes de
la Ley 1955 de 2019, es la Nación–Ministerio de Educación Nacional, con cargo a
los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la entidad
obligada al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el desembolso tardío
de las cesantías de los docentes, sin responsabilidad alguna del ente territorial. La
eventual responsabilidad de este último surgió desde la entrada en vigencia de la
Ley 1955 de 2019, y conforme a las hipótesis consagradas en la norma”.
Es decir, que antes de la Ley 1955 de 2019 la encargada de asumir el pago de la
sanción moratoria era el Fomag. Luego, con la vigencia de dicha norma, las
entidades territoriales pasaron a tener responsabilidad en el pago de dicha sanción
en los “eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del
incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud
de pago de cesantías por parte de la Secretaría de Educación territorial al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.
Por consiguiente, en la sentencia objetada se consideró que existió mora por parte
del Fomag, pues la petición se entendió radicada el 20 de mayo de 2024, por lo que
los 15 días hábiles para resolver la solicitud se cumplían el 12 de junio de 2024,
pese a eso el reconocimiento del auxilio de cesantías se realizó mediante la
Resolución núm. HUILAV2024000137 de 23 de mayo de 2024, notificada por
medios electrónicos el 23 de mayo de 2024 sin que contra esa decisión se
interpusiera recurso alguno, razón por la cual quedó ejecutoriada el 7 de junio de
2024 (10 días). Dicho acto se puso a disposición del Fomag el 27 de mayo de 2024,
por consiguiente los 45 días hábiles para el pago fenecían el 14 de agosto de 2024,
sin embargo, el acto fue devuelto a la entidad territorial el 12 de agosto de 2024 por
un error en el número de cédula de ciudadanía del vendedor del inmueble, por lo
que en Resolución núm. HUILAV2024000198 de 15 de agosto de 2024 se corrigió
dicha situación y el 16 de agosto de 2024 nuevamente se puso a disposición del
fondo con el fin de realizar el pago, el cual se materializó el 28 de agosto de 2024.
De lo anterior, se evidenció que el Fomag contaba hasta el 14 de agosto de 2024
para realizar el pago y fue hasta el 28 de agosto de 2024 que este se realizó.
Ahora bien, la accionante alegó que la Resolución núm. HUILAV2024000137 de 23
de mayo de 2024 fue objeto de aclaración mediante Resolución núm.
25 Radicado num. 73001-23-33-000-2021-00508-01, C.P.: Luis Eduardo Mesa Nieves. Postura reiterada en la sentencia de
22 de mayo de 2025, radicado num. 47001-23-33-000-2021-00368-01, C.P.: Luis Eduardo Mesa Nieves.
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HUILAV2024000198 de 15 de agosto de 2024, respecto de lo cual se observa que
la aclaración solo precisó el número de identificación de una persona que en nada
alteró el fondo ni el reconocimiento que se hizo en el acto principal, aunado al hecho
de que el primero ya gozaba de firmeza, por lo que el segundo no afectó su
ejecutoria ni los efectos temporales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 26
de la Ley 1437 de 2011. Adicionalmente, se advierte que el rechazo por parte de la
accionante por el error en el número de identificación ocurrió 46 días hábiles
después de recibir el acto administrativo 27.
Por consiguiente, el Tribunal a partir de la valoración de las pruebas allegadas en
debida forma al proceso ordinario y con apego al ordenamiento jurídico aplicable al
presente asunto, concluyó que el Fomag había incurrido en mora y, en
consecuencia, la condenó al pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías, en atención a que superó el plazo establecido durante el mencionado
trámite de pago que por ley le correspondía adelantar (45 días hábiles).
De otro lado, la entidad accionante alega que no existe norma que le imponga la
obligación de asumir las sanciones moratorias generadas desde el 1 de enero de
2023 en adelante. En relación con ese alegato se debe precisar que la situación
bajo estudio inició en vigencia de la Ley 1955 de 2019, norma en la cual solo es
posible excluir su responsabilidad en el pago de dicha sanción, en el evento en que
la mora se hubiese configurado solo por el actuar de la entidad territorial. Sin
embargo, en el presente asunto, el Fomag superó los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico para reconocer y pagar el auxilio de cesantías a una docente.
Finalmente, lo relacionado con la falta de partida presupuestal para el pago de la
sanción moratoria, se aclara que esto no es una discusión de orden constitucional,
pues esto corresponde a los trámites propios interadministrativos que debe
adelantar la demandante con el fin de garantizar el cumplimiento de lo ordenado en
la sentencia del tribunal, lo que sale de la órbita de competencia del juez
constitucional, como ha sido mencionado por esta Corporación en otras
oportunidades28.
En ese orden de ideas, se observa que la sentencia objetada se ajustó al
ordenamiento jurídico y que la parte actora no cumplió con la carga de demostrar el
defecto sustantivo alegado.
Así las cosas, la Sala revocará la sentencia impugnada en la que se declaró la
improcedencia de la acción de tutela y, en su lugar, se negarán las pretensiones de
la acción de tutela, en tanto no se demostró la configuración del defecto sustantivo.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
26 ARTÍCULO 45. CORRECCIÓN DE ERRORES FORMALES. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán
corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de
transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión,
ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a
todos los interesados, según corresponda.
27 Artículo 4°. Trámite de solicitudes. El proyecto de acto administrativo de reconocimiento de prestaciones que elabore la
secretaría de educación, o la entidad que haga sus veces, de la entidad territorial certificada a cuya planta docente pertenezca
o haya pertenecido el solicitante, será remitido a la sociedad fiduciaria que se encargue del manejo de los recursos del Fondo
para su aprobación. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del proyecto de resolución, la sociedad
fiduciaria deberá impartir su aprobación o indicar de manera precisa las razones de su decisión de no hacerlo, e
informar de ello a la respectiva secretaría de educación.
28 Sentencia de 6 de noviembre de 2025, radicado núm. 11001-03-15-000-2025-05580-00, C.P.: Luis Antonio Rodríguez
Montaño.
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FALLA
Primero.- Revocar la sentencia de 6 de marzo de 2026, proferida por la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En su lugar,
Segundo.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por el Ministerio
de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
quien actúa mediante apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo del Huila,
por las razones aquí expuestas.
Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Quinto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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