Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05580-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05580-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-05580-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
6 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C, seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05580-00
Accionante: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con la pretensión de que se reconozca
la sanción moratoria por pago tardío de cesantías a docente. Defecto
sustantivo por ausencia de sustento normativo
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, quien actúa mediante apoderada judicial, contra el Tribunal
Administrativo del Putumayo.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 5 de septiembre de 2025, la parte actora pidió al juez constitucional la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, así
como principio de legalidad del gasto público, supuestamente vulnerados por la
autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. TUTELAR los derechos fundamentales derecho al debido proceso, derecho a la
defensa y contradicción, derecho a la igualdad y principio de legalidad del gasto público
responsabilidad fiscal de mi representada.
2. DECLARAR, que la Sentencia judicial demandada vulneró los derechos
fundamentales expuestos.
3. En consecuencia, DEJAR sin efectos la sentencia expedida por (sic) TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO de VEINTIUNO (21) DE AGOSTO de dos mil
veinticinco (2025) en el trámite del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho interpuesto por ELIZABETH RENTERIA CAMACHO contra NACIÓN –
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG)- DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA-
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , (expediente: 86001333300120230019300), mediante
la cual se resolvió el recurso de apelación, modificando la sentencia de primera instancia
proferida por el 16 de diciembre de 2024 dictada por el Juzgado Primero Administrativo
oral del Circuito de Mocoa, y en su lugar, se ordene a la autoridad a expedir una decisión
de reemplazo que se ajuste al ordenamiento jurídico vigente”.
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Prestaciones Sociales del Magisterio
2. Hechos
La parte accionante relató que el 28 de julio de 2021, la señora Elizabeth Rentería
Camacho, en su calidad de docente del magisterio del departamento del Putumayo,
solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías, y que mediante Resolución núm.
3765 de 22 de septiembre de 2021 se accedió a la solicitud y el 7 de junio de 2023
se puso a disposición los dineros.
Afirmó que la señora Rentería Camacho el 27 de enero de 2023, radicó ante el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento del
Putumayo, una solicitud de liquidación y pago de la sanción moratoria, respecto a
la cual guardaron silencio.
Sostuvo que la señora Elizabeth Rentería Camacho, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, departamento del Putumayo y la Fiduprevisora S.A., con la
pretensión de que se declarara la nulidad del acto ficto o presunto negativo frente
a la solicitud de 27 de octubre de 2022 y, en consecuencia, se reconociera y pagara
la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de 2006.
Indicó que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa en sentencia
de 16 de diciembre de 2024, inaplicó por ilegal el Decreto 2831 de 2005, declaró la
configuración del acto ficto negativo derivado de la falta de contestación de la
petición de 27 de octubre de 2022, la nulidad del acto presunto y que no había
operado la prescripción de la sanción moratoria. A título de restablecimiento del
derecho se condenó al departamento de Putumayo, al reconocimiento y pago en
favor de la parte demandante de un día de salario por cada día de retardo a título
de sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, por 573 días de mora
causados entre el 9 de noviembre de 2021 al 6 de junio de 2023, los cuales se
liquidarán con la asignación básica vigente al momento en que se causaron.
Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión el departamento del
Putumayo interpuso recurso de apelación. El Tribunal Administrativo del Putumayo
mediante fallo de 21 de agosto de 2025, la modificó en el sentido de que la condena
la debía asumir el departamento del Putumayo y el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, pues evidenció que la mora fue de 136 días por parte de la
entidad territorial y por 440 días por el Fomag.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora aseguró que la solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia, pues i) el asunto goza de relevancia constitucional, en
tanto se vulneraron sus derechos fundamentales al imponer una condena al pago
de una sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, a pesar de que no existe
norma que autorice esos pagos, ii) se agotaron todos los mecanismos de defensa
y iii) se presentó la acción de tutela antes del término razonable de los 6 meses
precisados por la jurisprudencia.
Luego, señaló que el Tribunal incurrió en defecto sustantivo, toda vez que se
condenó al Fomag a pagar una sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006,
sin la existencia de norma jurídica que determine que debe pagar la sanción por
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mora generada desde el 1 de enero de 2023 en adelante, como tampoco existe una
partida presupuestal destinada a asumir el pago de la mencionada sanción.
Indicó que el acto administrativo de reconocimiento de las cesantías tardías fue
expedido por el ente territorial y las cesantías fueron pagadas por Fiduprevisora
S.A., no por el Fomag.
Sostuvo que la señora Elizabeth Rentería Camacho solicitó las cesantías parciales
el 28 de julio de 2021 y el departamento del Putumayo expidió la Resolución núm.
3765 de 22 de septiembre de 2021, sin embargo, esta fue modificada y aclarada
por la Resolución núm. 4998 de 27 de diciembre de 2021, por medio de la cual
reconoce las cesantías solicitadas por la demandante, lo que superó el término de
15 días hábiles para expedir el acto administrativo que resuelve la solicitud.
Agregó que la Fiduprevisora S.A. recibió el acto administrativo el 29 de mayo de
2023 y que el pago de las cesantías se materializó el 7 de junio de 2023, de acuerdo
a un cuadro del sistema interno de la entidad. Por consiguiente, no es atribuible la
presunta mora al Fomag, sino al ente territorial y a la Fiduprevisora S.A.
Por último, mencionó que “a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1955 de 2019
(art 57), la responsabilidad en el pago de la sanción por mora derivada del retardo
en el reconocimiento y pago de las cesantías solicitadas en vigencia de la citada
norma, quedó a cargo del Ministerio de Educación Nacional pero solo hasta el 31
de diciembre de 2019, pues de ahí en adelante esta recae de forma individual o
divisible a cargo de la entidad territorial certificada en educación y de la entidad
fiduciaria encargada de administrar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, quien además responde con cargo a su propio patrimonio”.
4. Trámite procesal
Por auto de 9 de septiembre de 2025, se requirió a la apoderada de la parte actora
para que allegara el poder especial que la legitimara para interponer la acción de
tutela.
Luego de cumplir con el requerimiento, en proveído de 29 de septiembre de 2025,
el magistrado sustanciador admitió la demanda y ordenó notificar a la accionante y
a la autoridad judicial accionada. Asimismo, al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Mocoa, al departamento del Putumayo, a la Fiduprevisora S.A. y a la
señora Elizabeth Rentería Camacho. De igual modo, se vinculó a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 141438 a 141433
de 1 de octubre de 2025 y 148049 de 9 de octubre de 2025, con el fin de dar
cumplimiento a la referida decisión.
5. Oposición
5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Putumayo
El magistrado ponente de la sentencia objetada pidió que se negaran las
pretensiones de la acción de tutela, al considerar que no se evidenció la vulneración
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de derechos fundamentales alegados por el actor ni el desconocimiento del
precedente judicial.
Afirmó que la decisión objetada se ajustó a derecho y encuentra respaldo en la
jurisprudencia unificada de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que
mediante fallo de 18 de julio de 2018 precisó que los docentes oficiales, en su
calidad de servidores públicos, están sujetos a las Leyes 244 de 1995 y 1071 de
2006 en lo relativo a la sanción moratoria por el incumplimiento de los términos
legales para el reconocimiento y pago de las cesantías.
Agregó que el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 establece que las secretarías de
educación certificadas son responsables de expedir el acto administrativo de
reconocimiento dentro de los 15 días hábiles previstos en la Ley 1071 de 2006,
mientras que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio debe
efectuar el pago dentro de los 45 días siguientes a la ejecutoria del acto. Asimismo,
la misma disposición asigna a las entidades territoriales la responsabilidad por la
mora cuando esta obedezca a su conducta omisiva o dilatoria en la radicación o
remisión de la solicitud, sin que ello exonere al Fomag de cumplir con los plazos
que le son propios.
5.2. Respuesta de la gobernación del Putumayo
El jefe de la Oficina Jurídica solicitó que se declare la improcedencia de la acción
de tutela o, en su defecto, se nieguen las pretensiones de la solicitud de amparo,
toda vez que se aplicó la normatividad de manera razonable, proporcional y
conforme al ordenamiento jurídico.
Señaló que en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, modificado por el artículo 324
de la Ley 2294 de 2023, establece la posibilidad del pago de las sanciones por mora
a cargo del Fomag.
Indicó que, si bien la Secretaría de Educación Departamental del Putumayo
reconoce que expidió de manera extemporánea los actos administrativos de
reconocimiento de cesantías, fuera del término legal de 15 días hábiles siguientes
a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o
parciales, la responsabilidad del departamento se limitó a 136 días de mora,
mientras que al Fomag le correspondía realizar el pago efectivo dentro del término
de 45 días hábiles, sin embargo, este plazo fue excedido en más de un año, por lo
que se configuró una mora de 440 días imputables a dicho fondo.
5.3. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa, la Fiduprevisora
S.A. y la señora Elizabeth Rentería Camacho, a pesar de que se les notificó el auto
admisorio, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
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2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si el Tribunal Administrativo del Putumayo vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, así como
principio de legalidad del gasto público de la parte demandante, y si incurrió en el
defecto sustantivo alegado.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos1 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos2, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20123, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de 5 de agosto de 2014 4, precisó el
ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que
llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus
máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20055.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
1
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
2
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
3
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
4
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
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Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico6; (ii) Defecto procedimental absoluto7; (iii) Defecto
fáctico8; (iv) Defecto material o sustantivo9; (v) Error inducido10; (vi) Decisión sin
motivación11; (vii) Desconocimiento del precedente12 y (viii) Violación directa de la
13
Constitución .
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo14 y de la Corte Constitucional15.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
La Sala encuentra que, en el presente caso, i) la acción de tutela es de evidente
relevancia constitucional, pues debe definirse si con la sentencia de 21 de agosto
de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Putumayo se limitó el contenido,
alcance y goce de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a
la igualdad, así como el principio de legalidad del gasto público de la accionante.
En el caso se observa que con los reparos expuestos no se propone una discusión
económica o legal, ni se reabre el debate litigioso, pues los argumentos que
6
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
7
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
8
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
9
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
10
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
11
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
12
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
13
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de
2023 y SU-061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
14
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia
del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia
del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
15
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz
Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos
y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
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sustentan la solicitud se encaminan a demostrar un supuesto defecto sustantivo por
parte del Tribunal. Aunado a lo anterior, se evidencia que, con respecto al Fomag el
sentido del fallo de primera instancia en el proceso que originó la controversia fue
diferente al de la providencia objetada, por lo que la parte actora no tuvo la
oportunidad de exponer los reparos al interior de dicho trámite.
Por otra parte, ii) la providencia objetada se profirió en el curso de la segunda
instancia, por lo que la demandante no cuenta con otro mecanismo de defensa
judicial ni el asunto se encuadra en alguna de las causales de procedencia del
recurso extraordinario de revisión previstas en el artículo 250 de la Ley 1437 de
2011 -CPACA-, ni del de unificación de jurisprudencia descritas en el artículo 257
de la misma normativa, iii) la solicitud de amparo se presentó dentro de los seis (6)
meses16 establecidos como plazo razonable y suficiente precisado por esta
Corporación y la Corte Constitucional17; (iv) los hechos y las pretensiones fueron
desarrollados de manera clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma
naturaleza.
4.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto sustantivo
alegado
La parte accionante considera que el Tribunal Administrativo del Putumayo vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, así
como principio de legalidad del gasto público, al modificar la decisión favorable de
primera instancia y condenar al departamento del Putumayo y al Fomag al pago de
la sanción moratoria que se causó por el pago tardío de las cesantías a una
docente.
La Sala anticipa que negará las pretensiones de la solicitud de amparo. Con el fin
de respaldar esa determinación, se realizará un breve recuento de las actuaciones
adelantadas en el proceso ordinario, así:
Con ocasión de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada
por la señora Elizabeth Rentería Camacho, el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Mocoa en sentencia de 16 de diciembre de 2024, inaplicó por ilegal el
Decreto 2831 de 2005, declaró la configuración del acto ficto negativo derivado de
la falta de contestación de la petición de 27 de octubre de 2022, la nulidad del acto
presunto y que no había operado la prescripción de la sanción moratoria. A título
de restablecimiento del derecho se condenó al departamento de Putumayo al
reconocimiento y pago en favor de la parte demandante de un día de salario por
cada día de retardo a título de sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006,
por 573 días de mora causados entre el 9 de noviembre de 2021 al 6 de junio de
2023, los cuales se liquidarán con la asignación básica vigente al momento en que
se causaron.
Lo anterior, con sustento en que se causó un período de mora de 573 días en el
pago de las cesantías atribuibles al departamento del Putumayo, por lo que la
condena se emitió en contra de esta entidad territorial, en atención a los
lineamientos de la Ley 1955 de 2019, normativa que permitió establecer que la
16
La providencia objetada se notificó el 22 de agosto de 2025 y la acción de tutela se instauró el 5 de septiembre
de 2025, es decir, dentro del plazo razonable de los seis (6) meses.
17
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de
2019, Corte Constitucional, M.P.: Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Prestaciones Sociales del Magisterio
atribución de responsabilidad en el pago de las sanciones moratorias a las
Secretarías de Educación Territoriales empezó a operar para estas, a partir del 1
de enero de 2020, y como quiera que, en el presente caso, la mora ocurrió desde
el 9 de noviembre de 2021 al 6 de junio de 2023, resultó procedente efectuar la
condena contra el mencionado departamento.
El departamento del Putumayo interpuso recurso de apelación en el que sostuvo
que la entidad territorial no es responsable de dicha mora, pues cumplió con el
trámite de reconocimiento y remisión de la documentación al Fomag dentro de los
plazos legales y resaltó que la Secretaría de Educación departamental expidió la
Resolución núm. 3765 de 22 de septiembre de 2021 (aclarada mediante Resolución
núm. 4998 de 27 de diciembre de 2021), notificó dichos actos y remitió la
información a Fiduprevisora el 5 de enero de 2022 para que se realizara el pago.
Agregó que una vez se remitieron los actos a la Fiduprevisora S.A., la
responsabilidad del desembolso recaía exclusivamente en el Fomag, que solo puso
los recursos a disposición de la beneficiaria el 7 de junio de 2023, es decir, 517 días
calendario después, mora que no podía ser atribuible únicamente a dicha entidad
pagadora.
El Tribunal Administrativo del Putumayo mediante sentencia de 21 de agosto de
2025, modificó la decisión del a quo en el sentido de indicar que la condena recaía
en el departamento del Putumayo y el Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio, pues evidenció que la mora correspondió en 136 días por parte de la
entidad territorial y por 440 días por parte del Fomag.
De manera previa, el Tribunal explicó que la discusión relativa a la procedencia del
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el retardo en la cancelación de
las cesantías parciales o definitivas a los docentes del sector oficial fue zanjada por
la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación del
18 de julio de 2018. Resaltó que en esa decisión se concluyó que, en su calidad de
servidores públicos, a los docentes oficiales les son aplicables las disposiciones
contenidas en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, en lo que respecta a la
sanción moratoria derivada del incumplimiento de los términos legales para el
reconocimiento y pago de dicha prestación social.
Luego, consideró que el departamento del Putumayo debía expedir y notificar el
acto administrativo de reconocimiento a más tardar el 19 de agosto de 2021. No
obstante, lo hizo de manera extemporánea, configurándose mora desde el 20 de
agosto de 2021 hasta el 2 de enero de 2022, día anterior a la notificación del acto
definitivo. Refirió que ese retraso implica responsabilidad de la entidad territorial,
de conformidad con el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006 y el artículo 57 de la Ley
1955 de 2019.
Ahora bien, con respecto al Fomag – Fiduprevisora, una vez ejecutoriado el acto,
señaló que contaba con 45 días hábiles para efectuar el pago, plazo que vencía el
23 de marzo de 2022. Sin embargo, puso los dineros a disposición de la beneficiaria
el 6 de junio de 2023, lo que configuró una mora desde el 24 de marzo de 2022
hasta dicha fecha, conforme al artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.
El Tribunal, luego de analizar las pruebas allegadas al proceso, evidenció que “el
Departamento del Putumayo manifestó en su recurso que remitió las Resoluciones
3765 y 4998 a la Fiduprevisora el 3 de enero de 2022, es decir, dentro del término
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de ejecutoria del acto, por lo que bien podría sostenerse que no hubo mora al
enviarlas incluso antes de vencido dicho término. Sin embargo, la mora atribuible
al Departamento surge del hecho de que debía expedir el acto administrativo a más
tardar el 19 de agosto de 2021 y lo hizo únicamente el 27 de septiembre de 2021
y, posteriormente, el 29 de diciembre de la misma anualidad”. Además, que el acto
administrativo definitivo se notificó el 2 de enero de 2022, por lo que la entidad
territorial incurrió en mora en 136 días.
Para terminar, el Tribunal se refirió al actuar de la Fiduprevisora y consideró que se
configuró la mora, toda vez que “el acto administrativo fue recibido el 5 de enero de
2022, el pago solo podía efectuarse una vez ejecutoriado el mismo. En otros
términos, los cuarenta y cinco (45) días para el pago comenzaron a contarse el 19
de enero de 2022, día siguiente a aquel en que adquirió firmeza la resolución
definitiva, y vencieron el 23 de marzo de 2022. En consecuencia, el 24 de marzo
de 2022 constituye el primer día de mora imputable al FOMAG, la cual se extendió
hasta el 6 de junio de 2023, siendo responsable por cuatrocientos cuarenta (440)
días de mora”.
Efectuado el relato de los principales argumentos en los que se sustentó la decisión
objeto de tutela y que interesan al proceso, la Sala procede a abordar el defecto
sustantivo de acuerdo con el planteamiento del problema jurídico, así:
El defecto sustantivo se materializa cuando la decisión que adopta el juez desborda
el marco de acción que la Constitución y la ley le reconoce, lo cual, de acuerdo con
la jurisprudencia de la Corte Constitucional puede darse en los siguientes casos:
“(i) Cuando existe carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión
se sustenta en una norma inexistente, derogada, o que ha sido declarada
inconstitucional. (ii) La decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es
aplicable por no ser pertinente. A pesar de que la norma en cuestión está vigente y es
constitucional, su aplicación no resulta adecuada a la situación fáctica objeto de estudio
como, por ejemplo, cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados por el
legislador (iv) Cuando se aplica una norma cuya interpretación desconoce una
sentencia con efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido
contraría la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el
ordenamiento jurídico. (v) La disposición aplicada se muestra injustificadamente
regresiva o claramente contraria a la Constitución. (vi) Cuando un poder concedido al
juez se utiliza para un fin no previsto en la disposición. (vii) La decisión se funda en una
interpretación no sistemática del derecho, omitiendo el análisis de otras disposiciones
aplicables al caso. (viii) El servidor judicial da una insuficiente sustentación o
justificación de una actuación que afecta derechos fundamentales. (ix) Se desconoce
el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación. (x) Cuando
el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación
manifiesta de la Constitución. Se trata de la aplicación de normas abiertamente
inconstitucionales, evento en el cual, si bien el contenido normativo no ha sido
declarado inexequible, este es contrario a la constitución, o al ser aplicada al caso
concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe ser igualmente
inaplicada. (xi) Cuando la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos
jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la resolución del juez no
corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia” 18.
Además de las anteriores circunstancias, se ha señalado que una autoridad judicial
puede incurrir en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable en, al menos,
dos hipótesis: “(i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que esta
no tiene (contraevidente –interpretación contra legem–), o de manera injustificada para los
18
Corte Constitucional, sentencia SU-574 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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intereses legítimos de una de las partes; y (ii) cuando le confiere a la disposición
infraconstitucional una interpretación que en principio resulta formalmente posible a partir
de las varias opciones que ofrece, pero que en realidad contraviene postulados de rango
constitucional o conduce a resultados desproporcionados, sacando la decisión del marco
de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable”19.
Descendiendo al asunto bajo examen, se observa que la parte actora reprocha el
hecho de que también se le condenara al pago de la sanción moratoria a pesar de
que el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 estableció que era responsabilidad de las
entidades territoriales.
Al respecto, se observa que el Tribunal en la sentencia objetada consideró que al
Fomag se le debía condenar por el pago tardío de las cesantías, pues la mora no
recaía únicamente del departamento del Putumayo, sino que también del
mencionado fondo.
La Sala considera necesario recordar que de acuerdo con el artículo 420 de la Ley
1071 de 2006, la entidad territorial cuenta con 15 días hábiles para resolver la
solicitud de reconocimiento y pago del auxilio de cesantías. Luego, la encargada del
pago de la prestación, en este caso Fomag, dispone de 45 días hábiles para
cancelar las sumas a la persona interesada de acuerdo con en el artículo 521 de la
misma ley.
Ahora bien, el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, “por el cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018 - 2022”, dispuso lo siguiente:
“ARTÍCULO 57. EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. Las cesantías
definitivas y parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989 serán reconocidas y
liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad territorial y pagadas por el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Las pensiones que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
serán reconocidas por el citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución
por parte de quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de
Educación de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre
vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento de la pensión se hará
mediante resolución que llevará la firma del Secretario de Educación de la entidad
territorial.
Para el pago de las prestaciones económicas y los servicios de salud, el Fondo deberá
aplicar el principio de unidad de caja con el fin de lograr mayor eficiencia en la
19
Ibíd.
20
ARTÍCULO 4o. TÉRMINOS. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud
de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o
aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley. PARÁGRAFO. En caso de que la entidad
observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes. Una
vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos
señalados en el inciso primero de este artículo.
21
ARTÍCULO 5o. MORA EN EL PAGO. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y
cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las
cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo
establecido para el Fondo Nacional de Ahorro. PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías
definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las
mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin
embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo
por culpa imputable a este.
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administración y pago de las obligaciones definidas por la ley, con excepción de los
recursos provenientes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales
(FONPET). En todo caso, el Fondo debe priorizar el pago de los servicios de salud y de
las mesadas pensionales de los maestros.
Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solo podrán
destinarse para garantizar el pago de las prestaciones económicas, sociales y
asistenciales a sus afiliados docentes, pensionados y beneficiarios. No podrá decretarse
el pago de indemnizaciones económicas por vía judicial o administrativa con cargo a los
recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
PARÁGRAFO. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por
mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago
extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos
previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte
de la Secretaría de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Parágrafo modificado modificado por el artículo 324 de la
Ley 2294 de 2023. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos de financiar el pago de
las sanciones por mora a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio causados a diciembre de 2022, facúltese al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público para emitir Títulos de Tesorería que serán administrados por una o varias
sociedades fiduciarias públicas, así mismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
definirá la operación, las reglas de negociación y pago de los mismos. El Consejo Directivo
de Fomag efectuará la adición presupuestal de los recursos de los que trata el presente
parágrafo.
La emisión de bonos o títulos no implica operación presupuestal alguna y solo debe
presupuestarse para efectos de su redención”.
De lo anterior, se observa que, en lo relacionado con la entidad responsable del
reconocimiento y pago de la sanción moratoria, el artículo 57 de la Ley 1955 de
2019 introdujo una modificación, la cual consistió en que a partir de la vigencia de
dicha ley, las entidades territoriales asumirían el pago de la sanción moratoria,
cuando el pago tardío de las cesantías fuera por la inobservancia de los plazos
previsto para la radicación o entrega de la solicitud de pagos de las cesantías ante
el Fomag.
En efecto, en fallo de 20 de febrero de 202522, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado al estudiar el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019,
aseguró que “cuando el trámite del reconocimiento de cesantías tuvo lugar antes de
la Ley 1955 de 2019, es la Nación–Ministerio de Educación Nacional, con cargo a
los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la entidad
obligada al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el desembolso tardío
de las cesantías de los docentes, sin responsabilidad alguna del ente territorial. La
eventual responsabilidad de este último surgió desde la entrada en vigencia de la
Ley 1955 de 2019, y conforme a las hipótesis consagradas en la norma”.
Es decir, que antes de la Ley 1955 de 2019 la encargada de asumir el pago total de
la sanción moratoria era el Fomag. Luego, con la entrada en vigencia del artículo 57
de la Ley 1955 de 2017, las entidades territoriales pasaron a tener responsabilidad
en el pago de dicha sanción en los “eventos en los que el pago extemporáneo se
genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la
22
Radicado num. 73001-23-33-000-2021-00508-01, C.P.: Luis Eduardo Mesa Nieves. Postura reiterada en la
sentencia de 22 de mayo de 2025, radicado num. 47001-23-33-000-2021-00368-01, C.P.: Luis Eduardo Mesa
Nieves.
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radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaría
de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.
Por consiguiente, en la sentencia objetada se consideró que existió mora por parte
de la entidad territorial, pues los 15 días hábiles para resolver la solicitud,
establecidos en el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006 se cumplieron el 19 de agosto
de 2021, mientras que el reconocimiento del auxilio de cesantías se realizó
mediante la Resolución núm. 3765 de 22 de septiembre de 2021, la cual fue
aclarada en Resolución núm. 4988 de 27 de diciembre de 2021, notificada por
medios electrónicos el 3 de enero de 2022. Adicionalmente, la respuesta a la
solicitud de la señora Elizabeth Rentería Camacho se remitió a la Fiduprevisora el
5 de enero de 2022.
Igualmente, evidenció que el Fomag también incurrió en mora porque el acto
administrativo fue recibido el 5 de enero de 2022, sin embargo, este quedó
ejecutoriado el 19 del mismo mes y año, por lo que los 45 días hábiles establecidos
en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, culminaron el 23 de marzo de 2022 y los
dineros se pusieron a disposición de la docente solo hasta el 7 de junio de 2023. Es
decir, que desde el vencimiento de los 45 días hasta el día anterior al pago de la
prestación, trascurrieron 440 días.
Por consiguiente, el Tribunal a partir de la valoración de las pruebas allegadas en
debida forma al proceso ordinario y con apego al ordenamiento jurídico aplicable al
presente asunto, contrario a lo sostenido en el escrito de tutela, concluyó que tanto
el departamento del Putumayo como el Fomag habían incurrido en mora y, en
consecuencia, los condenó al pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías, en atención a los días de mora en que incurrió cada una en los trámites
que por ley les correspondía adelantar en los plazos establecidos (15 y 45 días
hábiles).
Por otro lado, la parte accionante alega que no existe norma que le imponga la
obligación de asumir las sanciones moratorias generadas desde el 1 de enero de
2023 en adelante. Empero, para la Sala no es de recibo ese alegato por cuanto la
situación bajo estudio inició en vigencia de la Ley 1955 de 2019, normativa en la
cual solo es posible excluir su responsabilidad en el pago de dicha sanción, en el
evento en que la mora se hubiese configurado solo por el actuar de la entidad
territorial. Sin embargo, en el presente asunto, tanto el departamento del Putumayo
como el Fomag superaron los términos establecidos en el ordenamiento jurídico
para reconocer y pagar el auxilio de cesantías a una docente.
En relación con el argumento referente a la falta de partida presupuestal para el
pago de la sanción moratoria, se advierte que esto en sí mismo no involucra una
discusión de orden constitucional. En efecto, lo que alega la parte actora
corresponde a los trámites propios que debe adelantar con el fin de garantizar el
cumplimiento de lo ordenado en la sentencia objetada, lo que escapa de la órbita
de competencia del juez de tutela, más aún cuando se consideró ajustada a derecho
la interpretación de la autoridad judicial accionada en el sentido de que el Fomag,
en este caso concreto, tiene la obligación de pagar la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías.
Finalmente, respecto al alegato relacionado con que el acto administrativo fue
recibido por la Fiduprevisora S.A. el 29 de mayo de 2023 y que, en consecuencia,
el pago realizado el 7 de julio de 2023 se hizo en tiempo, la Sala observa que si bien
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en la contestación de la demanda de nulidad y restablecimiento afirmó que el pago
se hizo dentro de los 45 días hábiles, lo cierto es que no indicó las fechas con la
precisión que lo hizo en el escrito de tutela ni aportó el cuadro que anexó a este
trámite constitucional, razón por la cual el Tribunal accionado dio como fecha de
radicación la aportada por el departamento del Putumayo, esto es, el 5 de enero de
2022. Por consiguiente, ante esa omisión la parte actora no puede pretender ahora,
mediante este mecanismo constitucional de naturaleza residual y subsidiaria,
beneficiarse de su propia culpa con el fin de obtener una decisión favorable por
parte del juez de tutela.
Por las razones expuestas, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela,
en tanto no se configuró el defecto sustantivo alegado.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
Primero.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por el Ministerio
de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, quien
actúa por conducto de apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo del
Putumayo, por las razones aquí expuestas.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.-. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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