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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02784-00

Fecha
18 de junio de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02784-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. NEGAR Las pretensiones de la acción de tutela presentada por la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, por las razones expuestas en la motivación precedente. 2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 13 Consejo de Estado. Sección Cuarta. M.P. Luis Antonio Rodríguez Montaño. Exp. 11001-03-15-000-2025-05580-00. Sentencia del 6 de noviembre de 2025. Sección Tercera, Subsección B. M.P. Alberto Montaña Plata. Exp. 11001-03- 15-000-2025-05580-01. Sentencia del 5 de febrero de 2026. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2026-02784-00 Demandante: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02784-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

18 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-02784-00
Demandante NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO,
FOMAG
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, SALA QUINTA DE
DECISIÓN
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho. Sanción moratoria por reconocimiento
y pago tardío de las cesantías. Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-
012-2018 de 18 de julio de 2018. Responsabilidad del pago de la
sanción moratoria.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir, en primera instancia, la acción de tutela
instaurada por la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, quien actúa a través de apoderada
judicial de conformidad con lo dispuesto en los Decretos 1983 de 2017 y 333 de
2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 10 de abril de 20261, la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, actuando a través de apoderada
judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala
Quinta de Decisión, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa y contradicción, a la igualdad y al «PRINCIPIO DE LEGALIDAD
DEL GASTO PÚBLICO Y RESPONSABILIDAD FISCAL» con la sentencia del 11 de febrero
de 2026, proferida en la segunda instancia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 70001-33-33-005-2023-00221-00.

En consecuencia, se formularon las siguientes pretensiones2:
(sic a toda la cita)
«1. Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y
contradicción, igualdad, principio de legalidad del gasto público y responsabilidad fiscal
de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio – FOMAG, que se consideran vulnerados por las providencias
judiciales demandadas.

1
Samai, índice 2.
2
Samai, índice 2.

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Demandante: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro

2. Que se deje sin efectos la Sentencia proferida el doce (16) (sic) de febrero de 2026 por
la Sala Quinta De Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre, que condenó en contra
del FOMAG por concepto de sanción moratoria en el mismo proceso.
3. Que, en consecuencia, se ordene dictar nueva providencia en la que se observe y aplique
de manera estricta lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, modificado por
el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023, reconociendo que la responsabilidad por el pago
de la sanción moratoria corresponde exclusivamente a la entidad territorial que expide
tardíamente el acto administrativo de reconocimiento de cesantías, y no al FOMAG.»
4. Que se exhorte a los despachos judiciales accionados para que, en futuros casos
análogos, armonicen sus decisiones con la normatividad vigente y la jurisprudencia de
unificación del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, evitando imponer al FOMAG
obligaciones prohibidas por la ley y carentes de apropiación presupuestal.

2. Hechos

De la revisión del expediente se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El 23 de septiembre de 2020, el señor Yesid Antonio Fuentes Cárcamo, en su
calidad de docente oficial, solicitó el reconocimiento y pago de cesantías
parciales. Mediante Resolución 0989 del 28 de septiembre de 2020 se
reconoció y ordenó el pago, el cual se hizo el 9 de enero de 2021 por parte de
la Fiduprevisora S.A.

2.2. El 23 de mayo de 2023, el señor Fuentes Cárcamo presentó reclamación
administrativa ante la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el departamento de Sucre,
Secretaría de Educación Departamental, para que se reconociera el pago de
la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de 2006, sin embargo, no
existió respuesta en el asunto.

2.3. En el año 2023, el señor Yesid Antonio Fuentes Cárcamo presentó demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el departamento de Sucre,
con el fin de obtener la declaratoria de nulidad del acto ficto o presunto,
mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora por
presunto pago tardío de las cesantías parciales.

2.4. El Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo conoció en
primera instancia el asunto, bajo el radicado 70001-33-33-005-2023-00221-00.

Mediante sentencia del 9 de junio de 2025, dicha autoridad judicial accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, declarando la nulidad del acto
ficto o presunto, mediante el cual el departamento de Sucre Secretaría de
Educación Departamental negó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por pago tardío de las cesantías parciales, en consecuencia, le
ordenó pagar a favor del señor Fuentes Cárcamo el equivalente a un día de
salario por concepto de sanción moratoria; a su vez, se declaró probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG); y se negaron las demás pretensiones de la demanda.

Como fundamento de su decisión indicó que el término para cancelar las
cesantías parciales inició al día siguiente de haberse proferido el acto de
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reconocimiento (29 de septiembre de 2020), sin embargo, la notificación del acto
por parte del ente territorial se dio el 19 de octubre de 2020, por fuera del
término establecido en la ley que era el 13 de octubre de 2020.

Por lo que, esta circunstancia implicaba la aplicación del sexto caso hipotético
que estableció la sentencia de unificación CE-SUJ2-012-18 del 18 de julio de
2018, en el cual la obligación moratoria se hacía exigible una vez
transcurrieran 67 días posteriores a la expedición del acto.

Así pues, como la contabilización del término para cancelar las cesantías
finalizaba el 7 de enero de 2021 y fueron consignadas el 9 de enero de esa
misma anualidad, se entiende que existió mora.

En consecuencia, al no haberse consignado las cesantías en tiempo y haberse
pasado 1 día, se configuró la sanción pecuniaria establecida en el parágrafo
del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, debiendo ser pagado por el
departamento de Sucre – Secretaría de Educación Departamental dado que
la mora «es consecuencia del incumplimiento de los plazos previsto para su
reconocimiento -notificación-».

2.5. Mediante sentencia del 11 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo de
Sucre, Sala Quinta de Decisión, revocó los numerales primero y tercero de la
parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, para en su lugar declarar
no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG), y condenar a esta misma entidad a pagar
al señor Fuentes Cárcamo un día de salario por concepto de sanción
moratoria.

Expuso que si bien se causó mora de 1 día como lo determinó el juzgado, el
pago de esta le correspondía a la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), pues fue
quien de manera extemporánea puso a disposición del beneficiario el valor de
las cesantías.

Lo anterior en razón a que la solicitud del pago de las cesantías parciales fue
presentada el 23 de septiembre de 2020, luego los 15 días para expedir el
acto administrativo corrieron desde el 24 de septiembre al 15 de octubre de
2020 y la resolución 0989 fue dictada el 28 de septiembre de 2020 quedando
ejecutoriada el 29 de octubre de 2020 (expedida oportunamente por la Secretaría
de Educación Departamental).

Por lo que indicó que «como en el expediente no existen prueba que dicho acto fue
notificado y remitido al FOMAG de manera tardía, no se puede predicar que la sanción
por mora que se causó a favor de la parte actora le sea imputable al departamento de
Sucre.»

Expuso que el plazo de los 45 días hábiles otorgados por la ley al FOMAG
transcurrió desde el 30 de octubre de 2020 al 7 de enero de 2021, y al ponerse
el valor de las cesantías a disposición del beneficiario el 9 de enero de 2021,
el FOMAG causó la mora.

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3. Fundamentos de la acción

La parte actora argumentó que en este caso se cumplen a cabalidad los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
pues: (i) esta acción tiene relevancia constitucional dado que se vulnera el derecho
al debido proceso, a la igualdad y a la legalidad del gasto público, además, se le
impuso al FOMAG una obligación prohibida por la ley comprometiendo recursos
públicos y no existe otro mecanismo de defensa judicial; (ii) se agotaron todos los
recursos ordinarios y extraordinarios dentro del medio de control pues «no proceden
recursos y conforme a lo señalado en el artículo 318 del C.G.P»; (iii) se cumple con el
requisito de inmediatez toda vez que, la sentencia de segunda instancia se dictó el
11 de febrero de 2026 y fue notificada el 16 de febrero de 2026, lo que significa que
se acudió dentro de un término razonable; y (iv) precisó que las providencia
cuestionada no es la dictada dentro del trámite de una acción de tutela.

Previo a explicar el defecto especial que considera configurado expuso la naturaleza
jurídica del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y del contrato de la
fiducia mercantil; señaló como se daba el reconocimiento y pago de las cesantías
docentes para ello mencionó que conforme a la Ley 1955 de 2019 el reconocimiento
y pago de prestaciones sociales era trámite exclusivo de las Secretarías de
Educación «quienes tienen la competencia funcional de expedir el acto administrativo de
reconocimiento de la prestación» y de la sociedad fiduciaria Fiduprevisora SA. «que tiene
la obligación legal y contractual de pagar la prestación»; y adujo que con el artículo 324 de
la Ley 2294 de 2023 se introdujo una modificación frente a la temporalidad de los
recursos TES cuya disposición se encuentra a cargo del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.

Respecto a los defectos o causales especiales afirmó que la autoridad accionada al
dictar el fallo de segunda instancia incurrió en un defecto sustantivo, como pasa a
explicarse.

Defecto sustantivo: Indicó que se condenó al FOMAG a pagar la sanción moratoria
prevista en la Ley 1071 de 2006 cuando no existe una partida presupuestal
destinada a asumir el pago de la sanción por mora, más aún cuando el acto
administrativo de reconocimiento de las cesantías tardías fue expedido por el ente
territorial y las cesantías fueron pagadas por la Fiduprevisora SA. no por el FOMAG.

Aseguró que se vulneraron sus derechos fundamentales pues se desconoció la
competencia del ente territorial, de la Fiduprevisora SA., se le impuso una sanción
sin norma aplicable, se omitió valorar las pruebas que demostraban la
responsabilidad del ente territorial, se presentó una inconsistencia entre la fecha de
solicitud del certificado y de la radicación para solicitar las cesantías, no se tuvieron
en cuenta los alegatos de conclusión del FOMAG respecto de su competencia, y no
se advirtió que el retraso correspondió al ente territorial.

Sustentó que en aquellos eventos en que se declare la existencia de sanción
moratoria por el pago tardío de cesantías parciales o definitivas causadas hasta el
31 de diciembre de 2019, sería responsable del pago de la mentada moratoria. Sin
embargo, en aquellos eventos en que se declarare la existencia de la sanción
moratoria desde el 1° de enero de 2020 es responsable del pago el ente territorial.
Por lo que, en este caso le correspondería al ente territorial.

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Realizó el cálculo de los posibles días en mora, para determinar que el acto
administrativo fue expedido el 28 de septiembre de 2020, sin que su notificación se
diera en término, por lo que conforme a las reglas de la sentencia de unificación de
la Sección Segunda del Consejo de Estado (CE-SUJ2-012-18 del 18 de julio de 2018)
la sanción moratoria correría 67 días hábiles posteriores a la expedición de este, es
decir el inició de la mora sería el 9 de enero de 2021 demostrando que no se habría
incurrido en ningún día de mora.

Sin embargo, mencionó que en el evento de considerar que se configuró sanción
moratoria esta no podía ser atribuible al FOMAG sino al ente territorial pues la
Fiduprevisora SA. pagó la prestación dentro de los 45 días hábiles establecidos por
la ley toda vez que la notificación de la resolución 0989 del 28 de septiembre de
2020 se dio el 19 de octubre de 2020 y era a partir de esa fecha en la que se debía
contar los 45 días hábiles para el pago, por lo que resulta en término haberlo hecho
el 9 de enero de 2021.

Concluyó que la sentencia cuestionada vulnera sus derechos fundamentales al
imponer el pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, pese a
que la Ley 1955 de 2019 y la Ley 2294 de 2023 indican que esa obligación
corresponde exclusivamente a las entidades territoriales.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En providencia del 20 de abril de 20263,el despacho ponente admitió la acción
de tutela interpuesta por la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), contra el Tribunal
Administrativo de Sucre Sala Quinta de Decisión.

En la misma providencia se vinculó en calidad de terceros con interés al señor
Yesid Antonio Fuentes Cárcamo, al Departamento de Sucre, Secretaría de
Educación, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio
Público, y al Juzgado Once Administrativo de Sincelejo; ofició al juzgado para
que notificara la existencia de esta acción al señor Yesid Antonio Fuentes
Cárcamo.

Igualmente se ofició a la autoridad accionada y al Juzgado Once Administrativo
de Sincelejo para que autorizaran el acceso por Samai al expediente 70001-33-
33-005-2023-00221-00/01, y allegara las piezas que no se encontraran
digitalizadas; por Secretaría se ordenó fijar un aviso sobre la existencia de la
presente acción; se reconoció personería a la apoderada de la parte actora; y
se ordenó efectuar las notificaciones correspondientes.

4.2. El departamento de Sucre4 manifestó que se debe negar las pretensiones de
la acción dado que ese ente territorial no ha vulnerado los derechos
fundamentales alegados por el FOMAG.

Expuso que el problema jurídico a resolver se circunscribe a determinar si la
sentencia acusada vulneró los derechos fundamentales del FOMAG al
imponerle el pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, a
pesar de que la Ley 1955 de 2019 y la Ley 2294 de 2023 establecieron que
esa obligación le correspondía exclusivamente a la entidad territorial.

3
Samai, índice 4.
4
Samai, índice 13.

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Señaló que el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo
324 de la Ley 2294 de 2023 establecieron que la entidad territorial será la
responsable de la sanción por mora cuando el pago se realice de forma
extemporánea a consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para
la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la
Secretaría de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio.

De ahí que, esa responsabilidad recae en el departamento cuando el retardo
sea consecuencia del incumplimiento de los términos de radicación o trámite
por parte de la Secretaría de Educación «circunstancia que no acontecido (sic) en
el trámite solicitado por el señor YESIT ANTONIO FUENTES CAMARGO (sic)».

Explicó que su concepto no se causó mora alguna, por ello planteó el siguiente
cálculo:
(Sic a toda la cita)
«La citada Resolución fue notificada al correo del señor YESIT ANTONIO FUENTES
CARCAMO, el 19 de octubre de 2020, razón por la cual corriendo los días martes 20; miércoles
21; Jueves 22; viernes 23; lunes 26; martes27; miércoles 28; Jueves 29; viernes 30 de octubre
y martes 3 de noviembre de 2020, para Interponer recurso, ya que el día lunes 2 de noviembre
cayo festivo, por lo que el acto administrativo de reconocimiento de la cesantía quedó
ejecutoriado el 3 de noviembre de 2020, y desde esa fecha (3 de noviembre de 2020) hasta el
pago de la prestación reclamada (09 de enero de 2021) solo transcurrieron 44 días, siendo
este inferior al máximo de los 45 días hábiles previstos en la ley, por lo tanto, considero no se
causó sanción por mora alguna. La anterior contabilización de términos se realizó con
fundamento en lo consignado en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2005».

4.3. El Juzgado Once Administrativo de Sincelejo5 remitió un enlace de
SharePoint en el cual habría adjuntado el expediente ordinario (sin acceso), y
anexo piezas procesales del expediente 70001-33-33-005-2023-00221-00/01.

4.4. El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Quinta de Decisión, la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio Público, y el señor
Yesid Antonio Fuentes Cárcamo pese a que se notificaron en debida forma6,
no se pronunciaron.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19917, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

5
Samai, índice 14.
6
Samai, índice 7, 10 y 15.
7
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

6

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2. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes expuestos, teniendo en cuenta que se trata de
una acción de tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala determinar si
se encuentran satisfechos los requisitos generales de procedibilidad.

De superar dicho estudio, se analizará si el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala
Quinta de Decisión incurrió en un defecto sustantivo al dictar la sentencia del 11 de
febrero de 2026, por medio de la cual se revocó el numeral primero y tercero de la
sentencia del 9 de junio de 2025, en la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 70001-
33-33-005-2023-00221-00.

3. La acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad
establecidos en la jurisprudencia constitucional

En el caso concreto se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales. Esto porque:

(i) Se cumple el presupuesto de la relevancia constitucional, porque se invoca la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad,
y a la defensa y contradicción, y se expusieron las razones por las que la
decisión judicial cuestionada puede comprometer el núcleo esencial de tales
derechos.

A su vez, no se observa que se pretenda interponer la acción de tutela como
una instancia adicional al proceso ordinario, pues el Juzgado Once
Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo en la sentencia de primera
instancia condenó al departamento de Sucre, Secretaría de Educación
Departamental a pagar al demandante 1 día de salario por concepto de
sanción moratoria y declaró probada la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (en adelante FOMAG), decisión apelada por el departamento de
Sucre. Mientras que el Tribunal Administrativo de Sucre revocó la decisión del
juez de primera instancia para en su lugar no declarar probada la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva del FOMAG y en consecuencia
lo condenó a pagar al demandante 1 día de salario por concepto de sanción
moratoria.

(ii) La acción de tutela fue radicada dentro de la pauta de los 6 meses establecidos
en la jurisprudencia de esta Corporación, ya que la sentencia del 11 de febrero
de 2026 dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre, fue notificada el 16
de febrero de 20268.

(iii) En el escrito de tutela se hace una narración clara de los hechos y del defecto
de los que la parte actora considera que adolece la providencia.

(iv) No proceden recursos ordinarios o extraordinarios contra la sentencia
cuestionada.

(v) La providencia cuestionada no corresponde a una decisión dictada en el
trámite de una acción de tutela.

8
Samai Tribunal Administrativo de Sucre. Expediente 70001-33-33-005-2023-00221-01. Índice 9.

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De acuerdo con lo anterior, la acción de tutela supera el examen general de
procedencia que habilita el estudio de fondo de los alegatos de la tutela con miras
a establecer si se incurrió en el defecto especial alegado.

4. Alcance del defecto sustantivo y análisis del caso concreto

4.1. El defecto sustantivo es aquel vicio relacionado con la interpretación y
aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, que tiene
una incidencia directa en la decisión y del que se puede predicar que de forma
directa y autónoma lesiona los derechos fundamentales.

De esta forma, la jurisprudencia constitucional ha considerado que el defecto
material o sustantivo se produce cuando el juez toma una decisión con
fundamento en normas inexistentes, inconstitucionales o inaplicables al caso,
lo que genera una contradicción evidente entre los fundamentos y la decisión.

Ha dicho la Corte Constitucional9, que se genera, entre otras razones, (i)
cuando la decisión judicial se basa en una norma que no es aplicable; (ii) la
interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no se encuentra, prima
facie, dentro del margen de interpretación razonable o la aplicación final de la
regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o se aplica una norma jurídica de forma
manifiestamente errada, sacando de los parámetros de la juridicidad y de la
interpretación jurídica aceptable la decisión judicial; (iii) no se toman en cuenta
sentencias que han definido su alcance con efectos erga omnes, (iv) la
disposición aplicada se torna injustificadamente regresiva o contraria a la
Constitución; (v) cuando la decisión se funda en una hermenéutica no
sistémica de la norma, con omisión del análisis de otras disposiciones que
regulan el caso o (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable
al caso concreto.

En estos casos, la jurisprudencia ha sido enfática en predicar que no cualquier
interpretación inadecuada puede considerarse vulneradora del derecho al
debido proceso, sino que esta debe ser abiertamente arbitraria y carecer de
razonabilidad. Esta Sección ha señalado que el defecto sustantivo es el vicio
relacionado con la interpretación y aplicación de las disposiciones que integran
el ordenamiento jurídico.

4.2. En el caso de la referencia el accionante considera que la sentencia
cuestionada vulnera sus derechos fundamentales al imponerle el pago de la
sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, pese a que la Ley 1955 de
2019 y la Ley 2294 de 2023 indican que esa obligación corresponde
exclusivamente a las entidades territoriales.

Indicó que en este caso se condenó al FOMAG a pagar la sanción moratoria
cuando no existe una partida presupuestal destinada a asumir ese pago, más
aún cuando el acto administrativo de reconocimiento de las cesantías tardías
fue expedido por el ente territorial y las cesantías fueron pagadas por la
Fiduprevisora SA.

Sustentó que en aquellos eventos en que se declarare la existencia de sanción
moratoria por el pago tardío de cesantías parciales o definitivas causadas
9
Sentencia SU-453 de 2019, entre otras.

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hasta el 31 de diciembre de 2019, sería responsable del pago de la mentada
moratoria. Sin embargo, en aquellos eventos en que se declarare la existencia
de la sanción moratoria desde el 1 de enero de 2020 es responsable del pago
el ente territorial. Por lo que, aseguró que en este caso le correspondería al
ente territorial.

Realizó el cálculo de los posibles días en mora, para determinar que el acto
administrativo fue expedido el 28 de septiembre de 2020, sin que su
notificación se diera en término, por lo que conforme a las reglas de la
sentencia de unificación CE-SUJ2-012-18 del 18 de julio de 2018 la sanción
moratoria correría 67 días hábiles posteriores a la expedición de este, es decir,
el inicio de la mora sería el 9 de enero de 2021 demostrando que no se habría
incurrido en esta.

Sin embargo, mencionó que en el evento de considerar que se configuró
sanción moratoria, esta no podía ser atribuible al FOMAG sino al ente territorial
pues la Fiduprevisora SA. pagó la prestación dentro de los 45 días hábiles
establecidos por la ley, toda vez que, la notificación de la resolución 0989 del
28 de septiembre de 2020 se dio el 19 de octubre de 2020 y era a partir de esa
fecha en la que se debía contar los 45 días hábiles para el pago.

4.3. La Sala considera necesario recordar que de acuerdo con el artículo 410 de la
Ley 1071 de 2006, la entidad territorial cuenta con 15 días hábiles para resolver
la solicitud de reconocimiento y pago del auxilio de cesantías. Luego, la
encargada del pago de la prestación, en este caso FOMAG, dispone de 45
días hábiles para cancelar las sumas a la persona interesada de acuerdo con
en el artículo 511 de la misma ley.

Ahora bien, el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, «por el cual se expide el
Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022», dispuso lo siguiente:
«ARTÍCULO 57. EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. Las cesantías definitivas
y parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989 serán reconocidas y liquidadas por
la Secretaría de Educación de la entidad territorial y pagadas por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.

Las pensiones que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán
reconocidas por el citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte
de quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la
Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El
acto administrativo de reconocimiento de la pensión se hará mediante resolución que llevará
la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.

10
ARTÍCULO 4o. TÉRMINOS. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de
liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que
tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos
los requisitos determinados en la ley. PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole
expresamente los documentos y/o requisitos pendientes. Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes,
la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
11
ARTÍCULO 5o. MORA EN EL PAGO. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días
hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o
parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional
de Ahorro. PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos,
la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de
retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del
término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la
mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.

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Para el pago de las prestaciones económicas y los servicios de salud, el Fondo deberá aplicar
el principio de unidad de caja con el fin de lograr mayor eficiencia en la administración y pago
de las obligaciones definidas por la ley, con excepción de los recursos provenientes del Fondo
Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET). En todo caso, el Fondo debe
priorizar el pago de los servicios de salud y de las mesadas pensionales de los maestros.

Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solo podrán
destinarse para garantizar el pago de las prestaciones económicas, sociales y asistenciales a
sus afiliados docentes, pensionados y beneficiarios. No podrá decretarse el pago de
indemnizaciones económicas por vía judicial o administrativa con cargo a los recursos del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

PARÁGRAFO. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora
en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se
genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la
radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaría de
Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En
estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será
responsable únicamente del pago de las cesantías. (Resaltos intencionales)

PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Parágrafo modificado por el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023. El nuevo
texto es el siguiente:> Para efectos de financiar el pago de las sanciones por mora a cargo del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio causados a diciembre de 2022,
facúltese al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir Títulos de Tesorería que serán
administrados por una o varias sociedades fiduciarias públicas, así mismo, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público definirá la operación, las reglas de negociación y pago de los
mismos. El Consejo Directivo de Fomag efectuará la adición presupuestal de los recursos de
los que trata el presente parágrafo.

La emisión de bonos o títulos no implica operación presupuestal alguna y solo debe
presupuestarse para efectos de su redención».

La anterior transcripción, relativa a la determinación de la entidad responsable
del reconocimiento y pago de la sanción moratoria, permite advertir que, con
el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 se introdujo una modificación en el
trámite, en virtud de la cual, a partir de la vigencia de dicha ley, las entidades
territoriales asumirían el pago de la sanción moratoria, cuando el pago tardío
de las cesantías fuera por la inobservancia de los plazos previsto para la
radicación o entrega de la solicitud de pagos de las cesantías ante el FOMAG.

En efecto, en fallo de 20 de febrero de 202512, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado al estudiar el artículo 57 de la Ley 1955 de
2019, aseguró que «cuando el trámite del reconocimiento de cesantías tuvo lugar antes
de la Ley 1955 de 2019, es la Nación–Ministerio de Educación Nacional, con cargo a los
recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la entidad obligada al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el desembolso tardío de las cesantías de
los docentes, sin responsabilidad alguna del ente territorial. La eventual responsabilidad de
este último surgió desde la entrada en vigencia de la Ley 1955 de 2019, y conforme a las
hipótesis consagradas en la norma».

Es decir, que antes de la Ley 1955 de 2019 la encargada de asumir el pago
total de la sanción moratoria era el FOMAG. Luego, con la entrada en vigencia
del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, las entidades territoriales pasaron a
tener responsabilidad en el pago de dicha sanción en los «eventos en los que el
pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos
para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaría de
Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».

12
Radicado num. 73001-23-33-000-2021-00508-01, C.P.: Luis Eduardo Mesa Nieves. Postura reiterada en la sentencia de
22 de mayo de 2025, radicado num. 47001-23-33-000-2021-00368-01, C.P.: Luis Eduardo Mesa Nieves.

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4.4. En el caso bajo estudio, uno de los cuestionamientos del FOMAG es que de
considerarse que se causó sanción moratoria, el pago de esta era
competencia del ente territorial, ya que la Fiduprevisora S.A. pagó en tiempo.
Al respecto esta Sala observa que el razonamiento que realizó el Tribunal
Administrativo de Sucre para determinar en qué momento del trámite se causó
la mora es razonable conforme se explica a continuación.

Como la resolución de reconocimiento se expidió el 28 de septiembre de 2020
(resolución 0989) y su notificación se dio el 19 de octubre de 2020 (fuera del
término establecido en la ley), era aplicable al caso la hipótesis Nro. 6 de la
Sentencia de Unificación del Consejo de Estado CE-SUJ-SII-012-2018 del 18
de julio de 2018, según la cual el acto escrito fue expedido en tiempo, pero fue
notificado fuera del plazo, de ahí que la moratoria corría «67 días posteriores a la
expedición del acto».

De acuerdo con esto tendríamos que:

Actuaciones Fechas
Fecha de solicitud de cesantías 23 de septiembre de 2020
Se expide el acto administrativo de reconocimiento 28 de septiembre de 2020
(Resolución 0989)
Plazo para notificación del acto administrativo 15 de octubre de 2020
Notificación de la Resolución 0989 19 de octubre de 2020
(fuera de término)
Hipótesis Nro. 6 12 días de notificación Del 29 de septiembre de
67 días posteriores a la (Tiempo que corresponde al ente 2020 al 15 de octubre de
expedición del acto territorial) 2020.
10 días de ejecutoria Del 16 de octubre de 2020 al
(Tiempo que corresponde al ente 29 de octubre de 2020.
territorial)
45 días para el pago Del 30 de octubre de 2020 al
(Tiempo que corresponde a la entidad 7 de enero de 2021.
encargada de pagar)
Fecha de pago 9 de enero de 2021

De lo anterior, es posible concluir que tal como lo señaló el Tribunal
Administrativo de Sucre, la notificación del acto de reconocimiento fue
extemporáneo, por lo que esta situación habilitó la aplicación de la hipótesis
Nro. 6 de la sentencia de unificación, de ahí que el conteo de los términos
correría 67 días después de la expedición del acto distribuidos entre: 12 de
notificación, 10 de ejecutoria y 45 de para realizar el pago, valores que
permiten determinar la autoridad responsable.

Así pues, resulta acertada la afirmación del tribunal al indicar que «en el
expediente no existen (sic) prueba que dicho acto fue notificado y remitido al FOMAG de
manera tardía, no se puede predicar que la sanción por mora que se causó a favor de la
parte actora le sea imputable al Departamento de Sucre», pues si bien está
demostrada la notificación extemporánea de la resolución, no hay prueba de
que el acto administrativo fuera enviado por parte del ente territorial al FOMAG
o a la Fiduprevisora fuera del término de 22 días con los que contaba.

Es decir, pese a que el ente territorial surtió la notificación del acto
administrativo de reconocimiento extemporáneamente, esto habilitó el término
de los 67 días fijados en la sentencia de unificación de los cuales tenía 22 para
adelantar lo que le correspondía, de ahí que se advierte que no hay prueba de
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que el ente territorial haya superado el término de los 22 días para adelantar
su trámite.

Lo que sí se evidencia es que distribuidos los 67 días como se menciona en el
cuadro anterior el plazo del pagador iba desde el 30 de octubre de 2020 al 7
de enero de 2021, por lo que el pago realizado el 9 de enero de 2021 fue
extemporáneo y generó mora. Bajo este entendido la responsabilidad del pago
de la sanción moratoria de 1 día no corresponde al departamento de Sucre
(Secretaría de Educación), sino a la autoridad encargada de realizar el pago.

4.5. Otro de los argumentos planteados en el escrito de tutela radica en el
desconocimiento de normas jurídicas por parte del Tribunal Administrativo de
Sucre al condenar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG al
pago de la sanción moratoria en favor del señor Yesid Antonio Fuentes
Cárcamo.

Para abordar este planteamiento se requiere en un primer momento traer a
colación los fundamentos normativos de la sentencia cuestionada. Al respecto
se evidencia que el Tribunal Administrativo de Sucre al resolver el recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia planteó como problema
jurídico a resolver, que se debía determinar qué entidad tenía a cargo el pago
de la sanción moratoria reconocida por el juez de primera instancia.

Para ello el tribunal procedió a realizar un recuento de las normas que han
desarrollado la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías a docentes,
así pues mencionó la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006,
trajo a colación la Sentencia de Unificación de la Sección Segunda del Consejo
de Estado del 18 de julio de 2018, la cual sentó las bases para la causación de
esa erogación indemnizatoria planteando distintas situaciones que se podían
presentar en el reconocimiento de esta por el no pago oportuno.

Luego, referenció cómo operaba la responsabilidad por el reconocimiento
tardío de la sanción moratoria de los docentes, explicó que el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio fue creado por la Ley 91 de 1989
«como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, pero sin
personería jurídica, cuyos recursos son manejados por una entidad fiduciaria estatal o de
economía mixta», a renglón seguido señaló que en un principio el artículo 9 de
la Ley 91 de 1989 estableció que las prestaciones sociales pagadas por el
FOMAG serían reconocidas por la Nación a través del Ministerio de Educación
Nacional, función que se delegaría a las entidades territoriales (reiterado en el
artículo 180 de la Ley 115 de 1994).

Añadió que los Decretos 1775 de 1980 y 2234 de 1998 previeron que el
reconocimiento de las prestaciones a cargo del fondo se efectuarían con la
participación del representante permanente de dicho organismo a nivel
regional; a su vez recordó que el artículo 56 de la Ley 962 de 2005 preveía
que las prestaciones que pagara el FOMAG serían reconocidas por el citado
fondo mediante aprobación del proyecto de resolución de quien administrara
el fondo, este artículo fue reglamentado por el Decreto 2831 de 2005.

Después mencionó el Decreto 1271 de 2018 que reafirmó la naturaleza y
finalidad del FOMAG, y dijo que en la subsección 2 de esta norma se desarrolló

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el procedimiento interno de respuesta y gestión del pago de las cesantías
solicitadas por el interesado.

Añadió que el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019 derogó el artículo 56 de la
Ley 962 de 2005, disposición legal que reguló la responsabilidad de los entes
territoriales en materia de sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías
de los docentes afiliados al FOMAG, señalando que: (i) las entidades
territoriales responden por la mora que les sea imputable (incumplimiento de
plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías de
la Secretaría de Educación territorial al FOMAG); (ii) el FOMAG responde por la
mora por el incumplimiento del término de 45 días hábiles para el pago del
auxilio de cesantías, y (iii) el pago de las sanciones moratorias a cargo del
FOMAG causadas hasta 2018 serían financiadas con título de tesorería.
Finalmente relacionó el Decreto 942 de 2022 que dispuso los términos de la
entidad territorial para resolver las solicitudes de reconocimiento y pago de
cesantías.

4.6. Conforme a lo anterior, el accionante manifiesta que la sentencia de segunda
instancia vulnera sus derechos fundamentales al imponerle el pago de la
sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, pese a que la Ley 1955 de
2019 y la Ley 2294 de 2023 indican que esa obligación corresponde
exclusivamente a las entidades territoriales, más aún cuando el acto
administrativo de reconocimiento de las cesantías tardías fue expedido por el
ente territorial y las cesantías fueron pagadas por la Fiduprevisora S.A.

Al respecto esta Sala encuentra que, si bien la autoridad judicial realizó un
análisis normativo para determinar qué entidad, entre el departamento de
Sucre y el FOMAG tenía a cargo el pago de la sanción moratoria reconocida
por el juez de primera instancia, lo cierto es que también correspondía analizar
en el evento que se considerara que la responsabilidad no era del ente
territorial si ésta recaía en la Fiduprevisora S.A. o en el FOMAG.

Lo anterior, dado que la Ley 1955 de 2019 determinó que las omisiones en
que incurriera la fiduciaria administradora del patrimonio autónomo no
determinaban sanciones a cargo del fondo. Frente a este aspecto se debe
indicar que, si bien el tribunal hizo mención del artículo 57 de la Ley 1955 de
2019, no tuvo en cuenta la prohibición que se estableció al señalar que: «Los
recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio sólo podrán
destinarse para garantizar el pago de las prestaciones económicas, sociales y
asistenciales a sus afiliados docentes, pensionados y beneficiarios. No podrá decretarse
el pago de indemnizaciones económicas por vía judicial o administrativa con cargo a los
recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio» (Énfasis propio)

De igual forma ocurrió con el artículo 2.4.4.2.3.2.28 del Decreto 942 de 2022, el
cual fue trascrito por el tribunal, pero no se advirtió que el pago de la sanción
moratoria recaía, según el caso, en la entidad territorial certificada en
educación o en la «sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio», pues los recursos del FOMAG
solo podrían destinarse a garantizar el pago de las prestaciones económicas,
sociales y asistenciales de sus afiliados, pensionados y beneficiarios.

Lo anterior en razón a que en el parágrafo del mencionado artículo se
estableció como sería la responsabilidad del pago de la sanción moratoria si
se generaba: (i) como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos
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para la radicación y entrega de la solicitud de pago de cesantías al FOMAG
(correspondiendo al ente territorial) o (ii) cuando la demora radica en el pago de
las cesantías (correspondiendo a la fiduciaria encargada).

Esto como se advierte a continuación:
«ARTÍCULO 2.4.4.2.3.2.28. SANCIÓN MORATORIA. La Entidad Territorial Certificada en
Educación y la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán las responsables del pago de la sanción por
mora en el pago tardío de las cesantías, en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo
se genere como consecuencia del incumplimiento de los términos previstos para cada una de
ellas en los artículos 2.4.4.2.3.2.22 y 2.4.4.2.3.2.27 del presente decreto, así como de los
términos aplicables para la notificación y la resolución de recursos de acuerdo con el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o la norma que lo
modifique, adicione o sustituya.
Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solo podrán
destinarse para garantizar el pago de las prestaciones económicas, sociales y asistenciales a
sus afiliados docentes, pensionados y beneficiarios. La sanción moratoria no afectará los
recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y, en caso de
presentarse, su pago será responsabilidad de la entidad que la genere.
PARÁGRAFO. La entidad territorial será responsable de pagar la sanción por mora en el pago
de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo de la prestación se
generó como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o
entrega de la solicitud de pago de cesantías al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio. En caso de que se presenten demoras en el pago de las cesantías imputables a
la sociedad fiduciaria encargada de la administración de los recursos del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio que ocasionen sanción moratoria, deberá ser cubierta
con el patrimonio de la sociedad fiduciaria.
En el evento en que la sanción por mora resulte imputable a las dos entidades antes
enunciadas, ésta deberá calcularse y pagarse de forma proporcional según los días de retraso
en el reconocimiento o el pago que corresponda para cada entidad.»

Así pues, pese a que el tribunal en la sentencia del 11 de febrero de 2026
concluyó lo siguiente:
«[…]
II) Las entidades territoriales responderán por la mora que le sea imputable, por el
incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago
de cesantías por parte de la Secretaría de Educación territorial al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, esto es, en la expedición, notificación del acto
administrativo de reconocimiento de cesantías dentro de los 15 días hábiles siguientes la
solicitud de reconocimiento de cesantías y su remisión al FOMAG, actuación que debe
surtirse una vez ejecutoriado el acto administrativo de reconocimiento de cesantías, es
decir, al vencimiento de los 10 días hábiles siguientes a su notificación.
III) La sociedad fiduciaria encargada de la administración de los recursos del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable de la sanción moratoria
derivada del incumplimiento del término de 45 días hábiles, para el pago del auxilio de
cesantías.
V) El pago de las sanciones moratorias a cargo del FOMAG causadas hasta diciembre de
2022, serán financiadas con títulos de Tesorería que emita el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público para emitir títulos.
VI) Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solo podrán
destinarse para garantizar el pago de las prestaciones económicas, sociales y
asistenciales a sus afiliados docentes, pensionados y beneficiarios. La sanción moratoria
no afectará los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y,
en caso de presentarse, su pago será responsabilidad de la entidad que la genere.»

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Lo cierto es que el tribunal al realizar el análisis del caso concreto resolvió el
problema jurídico entre el Departamento de Sucre - Secretaría de Educación
y la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG sin tener en cuenta
que la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 942 de 2022 establecieron unas
prohibiciones respecto del FOMAG.

Sin embargo, que el FOMAG argumentara que no existe partida presupuestal
para el pago de la sanción moratoria no es una discusión de orden
constitucional, pues lo que estaría alegando corresponde a los trámites propios
interadministrativos que debe adelantar el FOMAG con el fin de garantizar el
cumplimiento de lo ordenado en la sentencia del tribunal, lo que sale de la
órbita de competencia del juez constitucional, como ha sido mencionado por
esta Corporación en otras oportunidades13, más aún cuando se consideró que
fue adecuado el cálculo que realizó el Tribunal Administrativo de Sucre al
determinar que la obligación de pagar la sanción moratoria por el pago tardío
de las cesantías no correspondía al ente territorial.

Así pues, no se trata de alguna acción u omisión imputable a la autoridad
judicial accionada de la cual se pueda predicar vulneración alguna, más aún
cuando entre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
FOMAG y la Fiduprevisora SA. existe un contrato de fiducia mercantil en el
que la Fiduprevisora SA. interviene como encargada de la administración de
los recursos del FOMAG.

5. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala negará las pretensiones formuladas por la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio FOMAG, conforme se argumentó en la parte considerativa
de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. NEGAR Las pretensiones de la acción de tutela presentada por la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio FOMAG, por las razones expuestas en la motivación
precedente.

2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

13
Consejo de Estado. Sección Cuarta. M.P. Luis Antonio Rodríguez Montaño. Exp. 11001-03-15-000-2025-05580-00.
Sentencia del 6 de noviembre de 2025. Sección Tercera, Subsección B. M.P. Alberto Montaña Plata. Exp. 11001-03-
15-000-2025-05580-01. Sentencia del 5 de febrero de 2026.

15

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Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

16

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