Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00508-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00508-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2021-00508-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
20 de febrero de 2025
Radicado: 73001-23-33-000-2021-00508-01
Demandante: Humberto Ayala Bocanegra y Ruth Dalia Paloma Tovar
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73001-23-33-000-2021-00508-01 (4738-2024)
Demandante: Ruth Dalia Paloma Tovar y Humberto Ayala Bocanegra
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento del Tolima.
Temas: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías. Confirma decisión
de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el
departamento del Tolima contra la sentencia del 27 de junio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones de la demanda.
Los señores Humberto Ayala Bocanegra y Ruth Dalia Paloma Tovar por intermedio de
apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho1, solicitaron que se declare la nulidad del oficio núm. TOL2021EE043567 del
10 de diciembre de 2021, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales a cada uno de ellos.
Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, cada uno peticionó: i) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
establecida en el artículo 5° de la Ley 1071 de 2006, causada desde el día en que
debieron ser pagadas las cesantías parciales hasta que se realice el respectivo
desembolso, ii) se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 187,
192 y 195 de la Ley 1437 de 2011 y iii) se condene en costas y agencias en derecho
a los demandados por la oposición a un derecho legal.
1 SAMAI. 73001233300020210050800. Actuación: “Expediente digital”. Índice 00008.
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Demandante: Humberto Ayala Bocanegra y Ruth Dalia Paloma Tovar
1.1. Hechos
Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
Los demandantes solicitaron ante la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento del Tolima, el
reconocimiento y pago de sus cesantías parciales respectivamente.
Las entidades no cumplieron con los plazos establecidos en la ley y la jurisprudencia
de la Sala Plena del Consejo de Estado para expedir las respectivas resoluciones de
reconocimiento y realizar el pago de las cesantías solicitadas.
Los demandantes a través de apoderado solicitaron a las entidades demandadas
mediante derecho de petición, el reconocimiento y pago de la sanción consagrada en
el parágrafo único del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, como consecuencia del pago
tardío de sus cesantías parciales.
A través del oficio núm. TOL2021EE043567 las demandadas negaron el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria.
1.2. Fundamentos de derecho y concepto de violación
Se señalaron como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 2, 13, 23, 25 y
53 de la Constitución Política y la Ley 244 de 1995 subrogada por la Ley 1071 de 2006.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de los demandantes expuso que
el retardo en el pago de las cesantías parciales causó un daño económico por la
pérdida de la oportunidad de utilización efectiva de los fondos.
Expuso que la conducta de los demandados transgrede el artículo 53 de la
Constitución, que le da especial protección a los derechos del individuo. De modo que
no puede una entidad tomar decisiones que van en contravía de dichos principios
constitucionales, más aún en la condición de trabajadores de los demandantes.
Señaló que el Estado Colombiano ha incorporado dentro de la legislación el derecho
al trabajo, y por consiguiente el derecho de las personas a las prestaciones que de él
se derivan, postulados que han sido desconocidos por las entidades demandadas.
Además, las accionadas no están dando aplicación al mandato de la Ley 244 de 1995
al no cancelar las cesantías parciales dentro de la oportunidad dispuesta en la norma.
Debido a que sujetaron el pago de prestaciones económicas a la disponibilidad
presupuestal, a pesar de que estos dineros son propiedad de los trabajadores y se
entiende que el Estado debe de tener un presupuesto provisionado para entregarlos a
sus propietarios.
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Demandante: Humberto Ayala Bocanegra y Ruth Dalia Paloma Tovar
1.3. Contestación de la demanda
El departamento de Tolima allegó el escrito de contestación de la demanda por fuera
del término.2
Por su parte, la Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio3, al contestar la demanda se pronunció sobre
los hechos y se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones al considerar que,
en ambos casos, quien está llamado a responder por el retardo en el pago de las
cesantías parciales es la entidad territorial.
En el caso de la señora Ruth Dalia Paloma Tovar, la prestación fue solicitada el 15 de
marzo de 2021, y el acto administrativo la Resolución núm 1235 que reconoció y se
ordenó su pago fue expedido el 18 de marzo de 2021. De este modo, se evidencia que
el ente territorial no profirió la resolución de reconocimiento de las cesantías en
término.
Posteriormente, tardó hasta el 2 de junio de 2021 para remitir el acto administrativo a
la fiduciaria la Fiduprevisora S.A., la cual ordenó al FOMAG realizar el pago el 13 de
julio de 2021, entidad que puso a disposición los dineros reconocidos el 17 de julio de
2021.
Respecto del señor Humberto Ayala Bocanegra las cesantías parciales fueron
solicitadas el 27 de enero de 2020. En respuesta, la entidad territorial profirió en forma
extemporánea la Resolución núm. 0880 del 24 de febrero de 2020.
Asimismo, solo hasta el 25 de enero de 2021 el ente territorial remitió el acto
administrativo a la Fiduprevisora, que dio orden de pago al fomag el 18 de febrero de
2021, entidad que el 20 de febrero de 2021 puso a disposición del docente la suma
reconocida.
Finalmente, propuso las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva”,
“cobro indebido de la sanción moratoria”, “inepta demanda / falta de agotamiento de
vía administrativa”, “buena fe” e “improcedencia de condena en costas.”
1.4. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Tolima mediante sentencia del 27 de junio de 20244,
emitió las siguientes órdenes:
2 El acto administrativo de la demanda fue notificado el 29 de marzo de 2022, y el departamento de Tolima solo
contestó la demanda hasta el 25 de mayo del mismo año. Visible en: SAMAI. 73001233300020210050800.
Actuación: “Agregar memorial”. Índice 00018.
3 SAMAI. 73001233300020210050800. Actuación: “Agregar memorial”. Índice 00018.
4 SAMAI. 73001233300020210050800. Actuación: “Sentencia Primera Instancia”. Índice 00085.
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Demandante: Humberto Ayala Bocanegra y Ruth Dalia Paloma Tovar
«Primero: DECLARAR la nulidad del oficio TOL2021EE043567 del 10 de diciembre
de 2021 expedido por la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del
Tolima, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de una sanción moratoria a
favor de los señores RUTH DALIA PALOMA TOVAR y HUMBERTO AYALA
BOCANEGRA, de acuerdo con lo indicado en parte considerativa de esta providencia
Segundo: ORDENAR al Departamento del Tolima reconocer y pagar a la señora
RUTH DALIA PALOMA TOVAR la sanción por mora en la consignación de las
cesantías parciales reconocidas en la Resolución No. 1235 del 8 de marzo de 2021,
equivalente a un día de salario por cada día de retraso desde el 30 de junio de 2021
hasta el 16 de julio de 2021 para un total de 17 días, que deberá ser liquidada con base
en la asignación salarial devengada en el año 2021.
Tercero: ORDENAR al Departamento del Tolima reconocer y pagar al señor
HUMBERTO AYALA BOCANEGRA la sanción por mora en la consignación de las
cesantías parciales, equivalente a un día de salario por cada día de retraso desde el 3
de septiembre de 2020 hasta el 19 de febrero de 2021 para un total de 170 días, que
deberá ser liquidada con base en la asignación salarial devengada en el año 2020; y
durante el periodo comprendido entre el 18 de marzo de 2020 y el 12 de julio de 2020
pagará la indexación de las cesantías parciales liquidadas en la Resolución No. 0880
del 24 de febrero de 2020.
Cuarto: CONDENAR en costas al Departamento del Tolima, conforme a lo dispuesto
en el artículo 188 del C.P.A.C.A., siempre que en el expediente se demuestre que se
causaron y en la medida de su comprobación, para lo cual se fija el valor equivalente a
dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, uno (1) para cada uno de los
demandantes, por concepto de agencias en derecho, y se ordena que por Secretaría
de esta Corporación se realice la correspondiente liquidación en los términos del
artículo 366 del Código General del Proceso.
(…)
Sexto: EXONERAR de responsabilidad en el pago de la sanción moratoria reconocida
en estas diligencias a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, de acuerdo con lo indicado en parte considerativa
de esta providencia.»
El tribunal, luego de afirmar que, a los docentes, en su calidad de empleados públicos,
se les aplican las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, normas que contemplan la
sanción moratoria por el no pago o pago tardío de las cesantías definitivas o parciales,
precisó lo siguiente:
En el caso de la señora Ruth Dalia Paloma Tovar, la solicitud de reconocimiento
prestacional se efectuó el 15 de marzo de 2021, por lo que el plazo máximo de 70 días
para el reconocimiento y pago de las cesantías parciales era hasta el 29 de junio de
2021. Sin embargo, su pago se realizó el 17 de julio de 2021, lo que significa que se
incurrió en mora entre 30 de junio y el 16 de julio de 2021, para un total de 17 días.
En el trámite, se advirtió que el departamento del Tolima solo hasta el 2 de junio de
2021 remitió al Fomag la Resolución núm. 1235 del 18 de marzo de 2021 que
reconoció la prestación a favor de la señora Ruth Dalia Paloma Tovar. Los 45 días con
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que contaba la entidad administradora para efectuar el pago vencerían el 10 de agosto
de 2021, y lo hizo antes del tiempo estimado, el 17 de julio de 2021.
En consecuencia, la mora le era atribuible únicamente al departamento del Tolima, ya
que superó los términos que contempla el ordenamiento jurídico para la expedición y
notificación del acto de reconocimiento, así como la remisión de documentos a la
entidad pagadora.
Con relación al señor Humberto Ayala Bocanegra, la solicitud de reconocimiento
prestacional se efectuó el 27 de enero de 2020, por lo que el término de 15 días con
el que contaba el departamento del Tolima para la expedición del acto administrativo
de reconocimiento y pago de las cesantías venció el 17 de febrero de 2020. No
obstante, la Resolución núm. 0880 fue expedida el 24 de febrero de 2020.
Los 10 días para efectuar la notificación transcurrieron entre el 18 de febrero y el 2 de
marzo de 2020. Los 45 días para el pago iniciaron el 3 de marzo de 2020 y terminaron
el 16 de marzo de 2020, día anterior a la suspensión de términos en el departamento
del Tolima por la pandemia Covid 19. Posteriormente, los términos se reactivaron el
13 de julio de 2020 y continuaron hasta el 2 de septiembre de 2020.
No obstante, el pago de la prestación se realizó al beneficiario el 20 de febrero de
2021. Significa lo anterior que se presentó una mora entre 3 de septiembre de 2020 y
el 19 de febrero de 2021 para un total de 170 días.
Con relación a la entidad responsable del pago de la mora, advirtió que el
departamento del Tolima solo hasta el 25 de enero de 2021 remitió al Fomag el acto
administrativo que reconoció la prestación al señor Humberto Ayala Bocanegra, por lo
que el término de 45 días con que contaba la entidad administradora para efectuar el
pago vencería el 30 de marzo de 2021, pero lo hizo antes, el 20 de febrero de 2021.
Concluyendo, por las mismas razones que la mora le era atribuible únicamente al
departamento del Tolima.
1.5. Recurso de apelación
El apoderado del departamento del Tolima5 interpuso recurso de apelación en contra
de la sentencia de primera instancia, en el cual solicitó que se revoque.
Adujo, en primer lugar, que existe una «falta de reclamación en sede administrativa»,
ya que los actos expedidos para el reconocimiento y pago de las prestaciones
estudiadas en el presente caso no fueron expedidos por el departamento del Tolima,
sino por un representante del Ministerio de Educación Nacional, en este caso, el
5SAMAI. 73001233300020210050800. Actuación: “RECIBE MEMORIALES ONLINE”. Índice 00091.
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secretario de Educación Departamental, quien actuó por delegación del Ministerio de
Educación Nacional y no en representación de la entidad territorial.
Los accionantes no agotaron la reclamación administrativa ante el departamento del
Tolima, sino ante “Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio Regional Tolima y Secretaría de Educación y
Cultura del Tolima - Departamento De Tolima – Fiduprevisora S.A.”6
«(…) es decir, se presentó una reclamación incluyendo a la Secretaría de Educación
Departamental para que se pronunciara en ejercicio de la función delegada por el
Ministerio de Educación Nacional y no como una función propia, pues, esa dependencia
o secretaría no goza de autonomía para el reconocimiento de derechos, prestaciones
y muchos menos sanciones en nombre de la entidad territorial.»
Sobre el particular en pronunciamiento del Consejo de Estado del 25 de abril 2024
identificado con radicación núm. 73001 23 33 000 2016 00444 01 (0906-2019), en un
caso relacionado con el reconocimiento y pago de las cesantías y la sanción moratoria,
se consideró que no era viable deprecar el restablecimiento del derecho respecto de
una autoridad que no ha tenido la oportunidad de pronunciarse.
La Secretaría de Educación actuó en este asunto, en su condición de delegado de la
Nación. El ente territorial no fue requerido administrativa ni judicialmente, y por tanto
no era del caso que el tribunal de primer grado se pronunciara acerca de la sanción
moratoria pretendida.
Conforme a lo anterior, advierte que:
«La parte omitió el deber de formular la reclamación administrativa ante la autoridad
competente de pronunciarse acerca del derecho pretendido, ello impide el examen de
fondo de la pretensión, pues proceder en forma contraria atentaría contra los derechos
al debido proceso, defensa y contradicción de la parte a la cual se le impidió analizar,
en sede administrativa, acerca de la prosperidad o no de la reclamación (…)»
En segundo lugar, señaló que, en el marco de la declaratoria del estado de emergencia
sanitaria por causa del COVID-19, el departamento del Tolima ordenó la suspensión
de los términos de las actuaciones administrativas por medio del Decreto núm. 0296
del 17 de marzo de 20207. Posteriormente, reanudados por medio del Decreto núm.
0443 del 6 de abril de 2021.
«Lo anterior resulta trascendental, toda vez que si bien es cierto que la decisión que se
apela tuvo en cuenta la suspensión de términos ordenadas por el ente territorial para hacer
la cuenta de los días acaecidos en este proceso, no es menos cierto que no tuvo en cuenta
que la suspensión de los términos en el orden departamental fue ordenada por medio del
Decreto No. 0296 del 17 de marzo de 2020 y levantada por medio del Decreto Nº 0443 del
6 de abril de 2021, de tal manera que para el presente caso en principio se debía tener en
6 Cita el recurrente.
7 “por medio de la cual se suspenden términos de las peticiones, recursos y demás actuaciones administrativas en
los que tenga interés la administración departamental y los particulares en relación con la misma”
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cuenta que durante el lapso de tiempo referido no opero la sanción moratoria, y por tal
razón se itera que con ocasión de la suspensión de términos se debe inaplicar la misma
durante su ocurrencia.
(…)
Ahora bien, es de anotar que según lo establecido por la Corte Constitucional en la
sentencia C-242 de 2020, como operó la inaplicación de la norma que contempla la sanción
moratoria por causa de la suspensión de términos, el valor de las cesantías parciales
reconocidas a la demandante se deberá indexar desde el 19 de junio de 2020 hasta el 4
de febrero de 2021 (…)»8
1.6. Trámite correspondiente a la segunda instancia
Mediante auto del 17 de octubre de 20249 se admitió el recurso de apelación.
Dentro de la oportunidad legal, las partes y el agente del Ministerio Público guardaron
silencio.
Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal forma,
sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se procederá
a resolver el recurso de apelación interpuesto por el departamento del Tolima, previas
las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
2. Competencia
Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto de
acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo10.
De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto
por el apelante y, dado que en este caso solo una de las entidades demandadas
interpuso el recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos expuestos en
este.
2.1. Problema jurídico
Le corresponde a la Subsección determinar en primer lugar, si hay lugar a declarar el
incumplimiento del requisito de procedibilidad de petición previa «falta de reclamación
8 Transcripción incluido errores.
9 SAMAI. 73001233300020210050801. Actuación: “Auto que admite recurso de apelación”. Índice 00004.
10«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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en sede administrativa» ante el departamento del Tolima como lo alega la entidad
recurrente.
De ser negativo lo anterior, en segundo lugar, la Sala verificará si es procedente
modificar la sentencia de primera instancia mediante la cual se accedió a las
pretensiones de la demanda; para en su lugar, disminuir el número de días en mora a
los cuales se condenó a pagar tomando en consideración la suspensión de los
términos de las actuaciones administrativas ante el departamento del Tolima.
A fin de dar respuesta a los problemas jurídicos planteados, la Sala abordará los
siguientes temas: 2.2. Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción moratoria,
2.3. Entidad responsable del reconocimiento y pago de la sanción moratoria, 2.4.
Requisito de procedibilidad de petición previa en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, 2.5. Oportunidades probatorias, 2.6. Hechos probados y
2.7. Caso concreto.
2.2. Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción moratoria.
La Ley 244 de 1995 modificada y adicionada por la Ley 1071 de 200611, establece
que:
«Artículo 1o. <Artículo subrogado por el artículo 4o. de la Ley 1071 de 2006. El nuevo
texto es el siguiente:> Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente,
si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.» ( subraya
fuera del texto)
De igual manera, el artículo 2° de la citada ley, dispone que la entidad pagadora tendrá
un plazo máximo para cancelar dicha prestación, así:
«Artículo 2º. - La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y
cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que
ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para
cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional
de Ahorro.»( Subraya fuera del texto)
11 “Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o
parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.”
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Norma que también dispone una sanción cuando se incumplen los términos para
resolver la solicitud de cesantías, así como su pago, tal como se evidencia en el
parágrafo del artículo en comento:
«Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por
culpa imputable a este». (subraya fuera del texto)
Esta Sección, en sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, sentó jurisprudencia
frente a la fecha de causación de la sanción moratoria. Se consideró en esa
oportunidad que:
«95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla
jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva
la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas- o lo haga de
manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de
la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días
hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L.
1071/20065), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437
de 20116) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso
Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 517],y 45 días hábiles a partir del día en
que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días
hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el
artículo 5 de la Ley 1071 de 2006». (Negrilla fuera de texto)
Las reglas jurisprudenciales fijadas en la misma sentencia de unificación, en cuanto a
la exigibilidad de la sanción moratoria se sintetizan así:
«115. Todo lo explicado, respecto de las normas previstas en el CPACA se
puede evidenciar en el siguiente cuadro:
TÉRMINO PAGO
HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE EJECUTORIA CESANTÍA CORRE MORATORIA
10 días, después de 45 días posteriores a la 70 días posteriores a la
PETICIÓN SIN
No aplica cumplidos 15 para expedir el ejecutoria petición
RESPUESTA
acto
Aplica pero no se tiene
ACTO ESCRITO 10 días, después de
en cuenta para el 45 días posteriores a 70 días posteriores a
EXTEMPORANEO cumplidos 15 para expedir
cómputo del término la ejecutoria la petición
(después de 15 días) el acto
de pago
ACTO ESCRITO EN 10 días, posteriores a la 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
Personal ejecutoria notificación
TIEMPO notificación
10 días, posteriores a 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN
Electrónica certificación de acceso al ejecutoria notificación
TIEMPO
acto
10 días, posteriores al 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN
Aviso siguiente de entrega del ejecutoria entrega del aviso
TIEMPO
aviso
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ACTO ESCRITO EN Sin notificar o notificado 10 días, posteriores al intento 45 días posteriores a la 67 días posteriores a la
TIEMPO fuera de término de notificación personal 9 expedición del acto
ejecutoria
45 días después de la 45 días desde la
ACTO ESCRITO Renunció Renunció renuncia renuncia
Adquirida, después de 45 días, a partir del 46 días desde la
ACTO ESCRITO Interpuso recurso notificado el acto que lo siguiente a la ejecutoria notificación del acto que
resuelve resuelve recurso
ACTO ESCRITO, 61 días desde la
RECURSO SIN Interpuso recurso Adquirida, después de 15 días 45 días, a partir del interposición del
RESOLVER de interpuesto el recurso siguiente a la ejecutoria recurso
Fuente: Sentencia de 18 de julio de 2018
2.3. Entidad responsable del reconocimiento y pago de la sanción
moratoria.
El artículo 3 la Ley 91 de 198912, dispuso la creación del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta especial de la Nación, con
independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyo
objetivo, entre otros, es el pago de las prestaciones sociales de los docentes, tal
como lo define el ordinal 1° del artículo 5 de la norma citada.
«Artículo 5. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tendrá los
siguientes objetivos:
1. Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado
[…]»
El proceso de afiliación de los docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio se estableció en los artículos 4 y 5 del Decreto 3752 de 200313.
Luego, con la expedición de la Ley 962 de 2005 se señaló el procedimiento
administrativo para el reconocimiento de las cesantías docentes y su aplicación,
cuerpo normativo que en el artículo 56 dispuso la participación de las entidades de
la siguiente manera:
«Artículo 56. Racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio. Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional
12 «Artículo 3. Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta
especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica,
cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el
Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, el Gobierno Nacional suscribirá el
correspondiente contrado (sic) de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para
el debido cumplimiento de la presente Ley y fijará la Comisión que, en desarrollo del mismo, deberá
cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable determinada con base en los
costos administrativos que se generen. La celebración del contrato podrá ser delegada en el ministro
de Educación Nacional.»
13 Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley 715
de 2001 y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.
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de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo,
mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el
Fondo, el cual debe ser elaborado por el secretario de Educación de la Entidad
Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El
acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la
firma del secretario de educación de la entidad territorial.» (Subrayado fuera de texto)
Ahora bien, la gestión de la entidad territorial en el trámite de las cesantías de los
docentes se vio reafirmada con los artículos 2.4.4.2.3.2.2 y 2.4.4.2.3.2.23 del
Decreto 1272 de 2018, los cuales mencionan:
«Artículo 2.4.4.2.3.2.2. Gestión a cargo de las Secretarías de Educación. La
atención de las solicitudes relacionadas con las prestaciones económicas que
reconoce y paga el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será
efectuada a través de la entidad territorial certificada en educación o la dependencia
que haga sus veces.
Para tal efecto, la entidad territorial certificada en educación correspondiente, a la
que se encuentre vinculado el docente, deberá:
1. Recibir y radicar, en estricto orden cronológico. las solicitudes relacionadas con el
reconocimiento de prestaciones económicas, de acuerdo con los formularios que
adopte la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos de dicho Fondo.
2. Expedir, con destino a la sociedad fiduciaria y conforme a los formatos únicos por
esta adoptados, certificación de tiempo de servicio y régimen salarial y prestacional
del docente peticionario o causahabiente, de acuerdo con la normativa vigente.
3. Subir a la plataforma que se disponga para tal fin el proyecto de acto administrativo
debidamente digitalizado con su respectivo expediente para que sea revisado por la
sociedad fiduciaria.
4. Suscribir el acto administrativo de reconocimiento de prestaciones económicas, de
acuerdo con lo dispuesto en las Leyes 91 de 1989 y 962 de 2005 y las normas que
las adicionen o modifiquen, y surtir los trámites administrativos a que haya lugar, en
los términos y con las formalidades y efectos previstos en la ley y en esta Subsección.
5. Remitir a la sociedad fiduciaria copia de los actos administrativos de
reconocimiento de prestaciones económicas, junto con la respectiva constancia de
ejecutoria para efectos del pago.
Parágrafo. Todos los actos administrativos que sean expedidos por la entidad
territorial certificada en educación, a través de los cuales se reconozcan prestaciones
económicas a los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, deberán
contar con la aprobación previa por parte de la sociedad fiduciaria, so pena de incurrir
en las responsabilidades de carácter disciplinario, fiscal y penal correspondientes.
[…]
Artículo 2.4.4.2.3.2.23. Gestión de la entidad territorial en las solicitudes de
reconocimiento de cesantías. La entidad territorial certificada en educación, dentro
de los 5 días hábiles siguientes a la presentación en debida forma de la solicitud de
reconocimiento de cesantías parciales o definitivas a cargo del Fondo Nacional de
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Prestaciones Sociales del Magisterio, deberá elaborar un proyecto de acto
administrativo que resuelva el requerimiento». (Subrayado fuera de texto)
En aras de reglamentar la gestión administrativa correspondiente al pago de las
prestaciones económicas a cargo del mencionado fondo, el Decreto 1272 de 2018,
indició en sus artículos 2.4.4.2.3.2.27 y 2.4.4.2.3.2.28 lo siguiente:
«Artículo 2.4.4.2.3.2.27. Pago de los reconocimientos de cesantías. Dentro de los
45 días hábiles siguientes a la notificación y ejecutoria del acto administrativo que
reconoce las solicitudes de reconocimiento de cesantías parciales o definitivas, la
sociedad fiduciaria deberá efectuar los pagos correspondientes.
Artículo 2.4.4.2.3.2.28. Sanción moratoria. El pago de la sanción moratoria se hará
con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
sin perjuicio de las acciones legales o. judiciales correspondientes que se deban
adelantar en contra de quien dé lugar a la configuración de la sanción moratoria, con
el fin de que el Fondo recupere las sumas pagadas por el incumplimiento de los
términos previstos en la Ley 1071 de 2006.
Así mismo, la sociedad fiduciaria deberá interponer las acciones legales
correspondientes en contra de las entidades territoriales certificadas en educación
por el incumplimiento de los términos indicados en la Ley 1071 de 2006 y reintegrar
las sumas de dinero canceladas con ocasión del pago de la sanción moratoria que le
sea atribuible».
Hasta este momento y de conformidad con las normas transcritas, advierte la Sala
que la gestión por parte de la entidad territorial en el trámite de reconocimiento y
pago de cesantías, parciales o definitivas, se limitaba a: i) elaborar proyecto de acto
administrativo, ii) enviarlo a la Fiduprevisora para su aprobación, iii) expedir el acto
definitivo y comunicarlo al docente y a la fiduciaria, para que realizara el pago.
No obstante, con la expedición de la Ley 1955 de 2019, se introdujeron importantes
modificaciones con relación a la responsabilidad de las entidades que conforman
el sistema cuando se trata del reconocimiento y pago de las cesantías a los
docentes, tanto es así que se determinó que los recursos del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, solamente pueden destinarse al pago de las
prestaciones, pero no al pago de sanciones económicas, ni por vía judicial ni
administrativa, lo que incluye la sanción por mora.
Otro aspecto novedoso en cuanto a la norma se refiere tiene que ver con la
responsabilidad de la entidad territorial frente al pago de la sanción por mora,
cuando el pago tardío de las cesantías es consecuencia del incumplimiento de los
plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pagos y cesantías al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio14.
Por último, cabe mencionar que, respecto de las sanciones por mora, se dispuso
un parágrafo transitorio con el cual se autorizó al Ministerio de Hacienda y Crédito
14 artículo 57 de la Ley 1955 de 2019
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Público para expedir títulos de tesorería, para el pago de las sanciones moratorias
a su cargo, causadas a diciembre de 2019. Este plazo se extendió a diciembre de
2022 por disposición de la Ley 2294 de 2023. De modo que dichos títulos integran
presupuestalmente el Fomag, y están destinados únicamente a cubrir la obligación
que se genere a su cargo por la mora en el pago de cesantías.
La Sala de Consulta y Servicio y Civil de esta Corporación, al resolver un conflicto
sobre la competencia de las entidades para decidir las solicitudes de
reconocimiento de sanción moratoria por pago tardío de cesantías a docentes
afiliados al Fomag, en vigencia de la Ley 1955 de 2019, llegó a las siguientes
conclusiones15:
«Para identificar la competencia de responder de fondo la petición de reconocimiento
y pago de la sanción por mora, debe considerarse lo siguiente:
• En vigencia del artículo 56 de la Ley 962 de 2005 y del Decreto 1075 de 2015,
modificado por el Decreto 1272 de 2018, el pago de la sanción por mora se reconocía
con cargo a los recursos del Fomag.
Debido a ello, el trámite impartido a las solicitudes de reconocimiento y pago de la
sanción por mora consistía en la radicación de la petición ante las Secretaría de
Educación, las cuales, a su vez, remitían las peticiones ante la Fiduprevisora S.A.
En caso de que fuera procedente el pago, internamente la Fiduprevisora S.A. remitía
el asunto al área de pagos de la Dirección de Prestaciones Económicas del fondo.
En caso de que no, devolvía el expediente a la respectiva secretaría de educación,
para emitir el acto administrativo y notificar al docente. Ver comunicados núm. 11 de
20184 y 2 de 20194.
En esa medida, la secretaría de educación solo debía emitir un acto administrativo,
por instrucción de la Fiduprevisora S.A., informando la decisión asumida en torno al
pago. El pago no se realizaba con cargo a los recursos de la entidad territorial.
• En vigencia del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019: cuando la entidad territorial
genera la mora en el pago de las cesantías, es responsable del pago de la sanción.
«En este evento el Fomag será responsable únicamente del pago de las cesantías».
Atendiendo el parágrafo transitorio de la misma norma, se dispuso en su momento,
que la Fiduprevisora S.A., como administradora del FOMAG asumiría el pago de las
sanciones por mora causadas a diciembre de 2019, con cargo a títulos de Tesorería
que para tal efecto emitiría el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Sin embargo, el citado parágrafo transitorio fue modificado por el artículo 324 de la
Ley 2294 de 2023, «por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2022- 2026
«Colombia potencia mundial de la vida», al disponer que, para efectos de financiar el
pago de las sanciones por mora a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio causadas a diciembre de 2022, se facultaba al Ministerio de Hacienda
y Crédito Público para emitir Títulos de Tesorería para tal efecto.
15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P: Ana María Charry Gaitán concepto del
28 de julio de 2023.
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De esta manera, se confirma que la entidad encargada de pagar las sanciones por
mora en las prestaciones económicas a cargo del Fomag sería de competencia de la
Fiduprevisora. S.A.
(…)
(i) Ambas autoridades son responsables de la mora en el pago de las cesantías,
en forma proporcional al tiempo imputable a la demora en el trámite por parte
de cada una.
(ii) En razón a lo anterior y por razones de eficiencia la Secretaría de Educación
Municipal de Pasto y la Fiduprevisora S.A. deberán emitir una respuesta de
fondo, de manera clara, congruente, consecuente y suficiente ante la solicitud
de reconocimiento de sanción moratoria planteada por la señora Torres
Santacruz.»
En conclusión, cuando el trámite del reconocimiento de cesantías tuvo lugar antes
de la Ley 1955 de 2019, es la Nación–Ministerio de Educación Nacional, con cargo
a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la
entidad obligada al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el
desembolso tardío de las cesantías de los docentes, sin responsabilidad alguna del
ente territorial. La eventual responsabilidad de este último surgió desde la entrada
en vigencia de la Ley 1955 de 2019, y conforme a las hipótesis consagradas en la
norma.
2.4. Petición previa en sede administrativa como requisito de
procedibilidad.
Uno de los presupuestos procesales del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho es la previa reclamación ante la autoridad competente del derecho que se
considere vulnerado para obtener su reconocimiento.
Así lo dispone el artículo 161 del CPACA que establece los requisitos de procedibilidad
para demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en los siguientes
términos:
«Artículo 161. Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se
someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:(…)
3. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse
ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El
silencio negativo en relación con la primera petición permitirá demandar directamente
el acto presunto.
Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los
recursos procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere este numeral. (…)».
De este modo, la reclamación en sede de la administración se constituye en:
«i) Una garantía de los derechos al debido proceso y defensa de los ciudadanos frente
al actuar de la Administración, puesto que les permite debatir sus decisiones;
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ii) Una oportunidad para que la Administración reevalúe sus actos administrativos y
corrija las equivocaciones contenidas en estos, y;
iii) Un presupuesto procesal para presentar la demanda a través del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho».16
De lo anterior, resulta claro que para obtener el reconocimiento judicial de la sanción
moratoria causada en el evento en que el empleador no pague dentro de la oportunidad
legal las cesantías17, se estima necesario que el interesado acuda a la administración
a realizar su reclamo, y así dar origen a un acto administrativo susceptible de control
judicial. Pues, de no agotarse el requisito descrito, el juez no podrá emitir
pronunciamiento de fondo.
Sobre el particular, esta Subsección ha considerado:
«Así, es diáfano que al no existir un acto administrativo frente al cual cuestionar su
legalidad en cuanto a la indemnización por mora, tampoco se configura la posibilidad
que la demandante hubiese podido recurrirlo ante el juez administrativo, pues en ningún
momento se efectuó alguna reclamación legítima que permitiere estudiar la
procedencia del derecho, primero en sede administrativa, y luego ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo.
(…)
En conclusión: toda vez que se configuró la excepción parcial de falta de reclamación
previa en sede administrativa en lo que atañe a la pretensión de la sanción moratoria,
no es dable emitir un pronunciamiento de fondo en cuanto a ésta. (…).18
3.1. Oportunidades probatorias.
Los primeros incisos de artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, consagran las oportunidades probatorias que tienen los
sujetos procesales en primera instancia, así:
«ARTÍCULO 212. Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez
las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los
términos y oportunidades señalados en este Código.
En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas:
la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de
reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los
incidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a la cuestión planteada.
Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar su
derecho, o podrán solicitar la designación de perito, en las oportunidades probatorias
anteriormente señaladas».
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 6 de mayo de 2021, Cp. William Hernández
Gómez. Radicación nro. 25000-23-42-000-2014-04192-01(5602-18)
17 Contenida en la Ley 244 de 1995 modificada y adicionada por la Ley 1071 de 2006.
18 Ibidem.
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De la norma se identifican con claridad 5 momentos procesales que tienen las partes
para aportar o solicitar pruebas, las cuales son las siguientes:
1. La demanda y su contestación.
2. La reforma de la demanda y su respuesta.
3. La demanda de reconvención y su contestación.
4. Las excepciones y la oposición a las mismas.
5. Los incidentes y su respuesta.
Y en segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de
ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes pueden pedir pruebas, no
obstante, su decreto solo procede en los siguientes casos:
«1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros
diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia.
2. Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse
decretado se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. En este último
caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su
perfeccionamiento.
(Numeral 2, modificado por el Art. 53 de la Ley 2080 de 2021)
3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para
pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos
hechos.
4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por
fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y
4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las
decreta.
PARÁGRAFO. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren procedentes se
decretará un término para practicarlas que no podrá exceder de diez (10) días hábiles.»
Acorde con lo anterior, la sentencia debe tener en cuenta aquellas pruebas allegadas
y practicadas legalmente en las oportunidades procesales, tal como lo establece el
artículo 164 del Código General del Proceso.
3.2. Hechos probados
Del material probatorio allegado en legal forma al expediente, la Sala encuentra
acreditados los siguientes:
Respecto de la señora Ruth Dalia Paloma Tovar se aprecia que:
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i) Mediante la Resolución núm. 1235 del 18 de marzo de 202119 el secretario de
Educación y Cultura del departamento del Tolima, en nombre y representación
del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio reconoció y ordenó el pago
de unas cesantías parciales a la docente Ruth Dalia Paloma Tovar. En las
consideraciones de este acto, se plasmó «Que mediante solicitud radicado
2021-CES-019388 y radicado SAC TOL2021ER009902 de fecha 15/03/2021 el
(la) señor (a) RUTH DALIA PALOMA TOVAR identificado (a) con C.C. le
28.722.773 solicita el reconocimiento y pago de una Cesantía Parcial»
ii) En el acto la entidad consignó lo siguiente:
«Que el Secretario de Educación y Cultura del Tolima, mediante Circular 080
de fecha 25 de marzo de 2020 ordenó la suspensión de atención presencial y
suspensión de términos conforme al Decreto de la Gobernación del Tolima,
0296 de 17 de marzo de 2020.
Que el Secretario de Educación y cultura del Tolima, mediante Circular 0147
de julio 13 de 2020 levantó la suspensión de términos de las actuaciones
administrativas establecidas en el numeral 5 de la Circular No. 080 Del 25
de marzo de 2020, referente únicamente a los procesos de Prestaciones
Sociales (Cesantías Parciales. Cesantías Definitivas, Pensiones)
Por lo anterior, se procede a continuar con el trámite de las cesantías
PARCIALES cuyos tiempos fueron suspendidos en los extremos desde el 17 de
marzo de 2020 a la fecha de reanudación del día 13 de julio de 2020.»
(negrillas fuera de texto)
iii) El dinero correspondiente al pago de la mentada prestación fue cancelado el 17
de julio de 202120, tal como consta en el certificado de pago emitido por el
Fomag.
iv) El 26 de octubre de 202121, la demandante por intermedio de apoderado, solicitó
ante el fomag y la Secretaría de Educación y Cultura de Tolima – departamento
del Tolima el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío
de las cesantías.
v) La secretaria de Educación de Tolima por medio del oficio núm.
TOL2021EE043567 del 10 de diciembre de 202122, no accedió a la solicitud de
sanción moratoria e informó que dichas solicitudes son negadas teniendo en
cuenta que el comité de conciliaciones del departamento dispuso no reconocer
sanciones por vía administrativa.
19 “28_AGREGARMEMORIAL_EXPEDIENTERUTHPALO”. – Expediente digital.
20 “086_MemorialWeb_PeticiOn” – Expediente digital.
21 “065_MemorialWeb_Respuesta_Indice_60_9”. – Expediente digital.
22 “065_MemorialWeb_Respuesta_Indice_60_11”. – Expediente digital.
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En cuanto al señor Humberto Ayala Bocanegra la Sala evidencia lo siguiente:
i) Mediante la Resolución núm. 0880 del 24 de febrero de 202023 el secretario de
Educación y Cultura del departamento del Tolima, en nombre y representación
del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio reconoció y ordenó el pago
de unas cesantías parciales al docente Humberto Ayala Bocanegra. En las
consideraciones de este acto, se plasmó «Que mediante solicitud radicado
2020-CES-001985 y radicado SAC TOL2020ER0092116 de fecha 27 de enero
de 2020 el (la) señor (a) HUMBERTO AYALA BOCANEGRA identificado (a) con
C.C. le 14.244.716 solicita el reconocimiento y pago de una Cesantía Parcial»
ii) El dinero correspondiente al pago de la mentada prestación fue cancelado el 20
de febrero de 202124, tal como consta en el certificado de pago emitido por el
Fomag.
iii) El 26 de octubre de 202125, el señor Humberto Ayala Bocanegra por intermedio
de apoderado, solicitó ante el fomag y la Secretaría de Educación y Cultura de
Tolima – departamento del Tolima el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías.
iv) La secretaria de Educación de Tolima por medio del oficio núm.
TOL2021ER043567 del 10 de diciembre de 202126, no accedió a la solicitud de
sanción moratoria e informó que dichas solicitudes son negadas teniendo en
cuenta que el comité de conciliaciones del departamento dispuso no reconocer
sanciones por vía administrativa.
3.3. Caso concreto
El departamento del Tolima adujo en primer lugar, que al Tribunal Administrativo del
Tolima le estaba vedado proferir decisión de fondo al evidenciarse que los
demandantes no agotaron el requisito de reclamación previa en sede administrativa
frente al ente territorial, pues el secretario de Educación departamental ante el que fue
presentada la reclamación del derecho controvertido y que dio lugar al acto
administrativo demandado actuó por delegación de la Nación - Ministerio de Educación
Nacional.
Precisa la Sala, que aun cuando el contenido del recurso hace alusión a una excepción
previa no propuesta por la entidad apelante en la oportunidad prevista por la norma27.
Es procedente su estudio, al tratarse de un presupuesto procesal del medio de control
23 “065_MemorialWeb_Respuesta_Indice_60”. . – Expediente digital.
24 “086_MemorialWeb_PeticiOn” – Expediente digital.
25 “065_MemorialWeb_Respuesta_Indice_60_9”. – Expediente digital.
26 “065_MemorialWeb_Respuesta_Indice_60_11”.- – Expediente digital.
27 p. 2 del Artículo 175 del CPACA.
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y, por lo tanto, materia de análisis por parte del superior;28 al constituir un presupuesto
para proferir decisión de fondo.
Del material probatorio antes desglosado, encuentra la Sala que tanto las solicitudes
de cesantías parciales como de las sanciones moratorias de ambos demandantes
fueron presentadas ante el departamento de Tolima, cuya Secretaría de Educación
era la competente para pronunciarse en las dos ocasiones, como se aprecia del
actualmente vigente Decreto 942 de 202229, que modificó el Decreto 1075 de 2015.
Y si bien, en vigencia del artículo 56 de la Ley 962 de 2005 y del Decreto 1075 de
2015, las funciones del ente territorial relacionadas con el reconocimiento y pago de
las cesantías parciales o definitivas se limitaba a recepcionar la solicitud y a proferir el
respectivo acto administrativo en nombre y representación de la Nación – Ministerio
de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y por lo tanto,
no estaba encargada del pago de la sanción moratoria. Lo cierto es que, a la fecha de
presentación de las solicitudes de cesantías de los demandantes ya se encontraba
vigente la Ley 1955 de 2019, norma que atribuyó al ente territorial responsabilidad en
el pago de la sanción moratoria en los supuestos previstos por la normativa citada.
En este evento, la entidad territorial al resolver la petición de sanción moratoria no
actúa únicamente en representación de fomag, sino además en nombre propio pues
como se expresó, es competente para resolver sobre el derecho en disputa al versar
la reclamación sobre su eventual responsabilidad.
Maxime que, al dar respuesta de la petición, a través de un profesional de la
mencionada secretaria, no desconoce la responsabilidad del ente territorial en caso
de acreditarse que dicha mora le es imputable, pero niega la misma al considerar que
« no se está reconociendo por vía administrativa en cumplimiento de lo dispuesto por
el Comité de Conciliaciones del Departamento del Tolima dado el impacto del recurso
financiero y la importancia de determinar la responsabilidad en el pago de manera
conjunta con la FIDUPREVISORA S.A. según el caso »
Cabe precisar, que el asunto que se examina no guarda similitud con la decisión
adoptada por esta subsección dentro del radicado 73001 23 33 000 2016 00444 01
(0906-2019) del 25 de abril 2024 —invocada en el recurso de alzada como precedente
para el estudio de su pretensión—, ya que en ella sí se encontró demostrada la falta
de reclamación administrativa respecto del ente territorial. En ese caso, la Secretaría
de Educación actuó en representación de Fomag y negó la reliquidación de una
cesantía con el argumento de que el valor causado por dicha prestación durante el
interregno del 17 de julio de 1978 al 14 de enero de 2015 era el único que le
28 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia No. 031 del 29 de noviembre de 1982. M.P. Dr.
Germán Giraldo Zuluaga.
29 Artículo 2.4.4.2.3.2.29. Solicitudes de reconocimiento y pago de la sanción moratoria. El solicitante deberá radicar
ante la Entidad Territorial Certificada que expidió el acto administrativo de reconocimiento de cesantías parciales o
definitivas, la solicitud de pago de la mora en el trámite tardío de su reconocimiento y pago de que trata el artículo
5 de la Ley 1071 de 2006.
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correspondía asumir al fondo y los tiempos anteriores eran responsabilidad del ente
territorial, quien debía pronunciarse de manera autónoma respecto de los demás
periodos.
Por lo tanto, acreditada la reclamación previa y la oportunidad que tuvo el ente
territorial de pronunciarse frente a la solicitud de la sanción moratoria, no hay duda de
que se encuentra acreditado el requisito de procedibilidad echado de menos por la
entidad apelante.
En segundo lugar, el recurrente peticionó la reducción del número de días en mora
objeto de la condena, por no haberse tenido en cuenta al momento de la imposición
de esta, la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas ante el
departamento del Tolima contenida en el Decreto núm. 0296 del 17 de marzo de 2020,
y que fueron reanudados por medio del Decreto núm. 0443 del 6 de abril de 2021,
proferidos con ocasión a la emergencia sanitaria COVID 19.
La Sala advierte que los documentos allegados por la entidad demandada con sus
alegatos de conclusión30 - Decreto núm. 0296 del 17 de marzo de 2020 y Decreto núm.
0443 del 6 de abril de 2021- no se aportaron dentro de las oportunidades legales para
su valoración, en los términos del artículo 212 del CPACA. Por lo tanto, no se tendrán
en cuenta para acreditar el número inferior de días que alega la entidad apelante.
Maxime que de la lectura de la Resolución núm. 1235 del 18 de marzo de 2021 se
evidencia que la Secretaría de Educación del departamento de Tolima suspendió los
términos referentes a los procesos relacionados con el reconocimiento de las
prestaciones sociales durante los extremos temporales comprendidos entre el 17 de
marzo de 2020 y el día 12 de julio de 202031, de acuerdo con el Decreto 491 de 202032.
Se encuentra acreditado que la señora Ruth Dalia Paloma Tovar peticionó la
prestación el 15 de marzo de 2021, cuando las actuaciones al interior de la entidad en
materia de prestaciones sociales trascurrían con normalidad, desde el 13 de julio de
2020.
30 “093_MemorialWeb_Alegatos-ALEGATOSpdf” – Expediente digital.
31 «Que el Secretario de Educación y Cultura del Tolima, mediante Circular 080 de fecha 25 de marzo de 2020
ordenó la suspensión de atención presencial y suspensión de términos conforme al Decreto de la Gobernación del
Tolima, 0296 de 17 de marzo de 2020.
Que el Secretario de Educación y cultura del Tolima, mediante Circular 0147 de julio 13 de 2020 levantó la
suspensión de términos de las actuaciones administrativas establecidas en el numeral 5 de la Circular No.
080 Del 25 de marzo de 2020, referente únicamente a los procesos de Prestaciones Sociales (Cesantias
Parciales. Cesantias Definitivas, Pensiones)
Por lo anterior, se procede a continuar con el trámite de las cesantías PARCIALES cuyos tiempos fueron
suspendidos en los extremos desde el 17 de marzo de 2020 a la fecha de reanudación del día 13 de julio de 2020
32 ARTICULO 6. Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede
administrativa. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto, por razón del
servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo, los términos de
las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión afectara todos los términos
legales, incluidos aquellos establecidos en términos de meses o años.
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En cuanto al señor Humberto Ayala Bocanegra el acto administrativo que reconoció
la prestación fue proferido en fecha anterior a la suspensión de términos, el 24 de
febrero de 202033. Actuación que tuvo lugar así:
La petición de reconocimiento de cesantías fue presentada el 27 de enero de 2020.
Por lo tanto, la entidad tenía plazo hasta el 17 de febrero del mismo año34 para proferir
la resolución de reconocimiento de la prestación. Sin embargo, la misma fue expedida
de forma extemporánea el 24 de febrero de 2020, mediante acto administrativo núm.
0880.
Dado que se trataba de un acto emitido por fuera del término legal, según la
jurisprudencia antes citada, se contabilizan 10 días de ejecutoria, que tuvieron lugar el
2 de marzo de 2020. A partir del día siguiente, comenzó a correr el término de 45 días
para el pago, el cual fue suspendido en virtud de la Circular 080 del 25 de marzo de
202035, desde el 17 de marzo de 202036 hasta el 12 de julio de 202037, con ocasión de
la expedición de la Circular 0147 del 10 de julio del mismo año38, que reanudó el
término que había empezado correr, hasta el 2 de septiembre de 2020.
Por lo tanto, la sanción moratoria se causó a partir del 3 de septiembre hasta el día
anterior al pago de la prestación, tal como lo consideró el tribunal.
Conforme al siguiente recuadro:
TÉRMINO
CORRE PAGO CORRE
HIPÓTESIS NOTIFICACIÓN EJECUTORIA CESANTÍA MORATORIA
Aplica pero no se
ACTO ESCRITO 10 días, después
tiene en cuenta 45 días 70 días posteriores
EXTEMPORANEO de cumplidos 15
para el cómputo posteriores a la a la
(después de 15 para expedir el
del término de ejecutoria petición
días) acto
pago
La petición de No se tiene en Los 15 días para Los 45 días Es decir que en
cesantías fue cuenta. expedir el acto se posteriores a la este caso la mora
presentada el 27 de vencían el 17 de ejecutoria, empezó a correr
enero de 2020. febrero de 2020. comenzaron a desde el día 3 de
La Resolución 0880, Los 10 días de contabilizarse septiembre de
que las reconoció se ejecutoría se desde el 3 de 2020, hasta el 19
cumplieron el 2 de marzo y se
expidió el 24 de de febrero de
interrumpieron el
febrero de 2020. marzo de 2020. 2021, día anterior a
16 del mismo
mes39, es decir la fecha desde la
33 Resolución 0880 de 24 de febrero de 2020.
34 15 días.
35 Citada en el acto administrativo de reconocimiento de las cesantías de la señora RUTH DALIA PALOMA TOVAR.
36 Fecha en la que habían trascurrido 10 días.
37 Por reanudarse los términos a partir de la expedición de la circular, es decir el 13 de julio.
38 ibidem. Acto administrativo publicado en el ttps://www.sedtolima.gov.co/2020/07/12/disposiciones-especiales-
para-atencion-y-radicacion-de-tramite-prestaciones-sociales-del-magisterio/; y que empezó a regir el 13 de julio del
año 2020. «La Secretaría de Educación y Cultura Departamental procede a levantar términos de las actuaciones
administrativas establecidas en el numeral 5 de la Circular No. 080. Del 25 de marzo de 2020, referente únicamente
a los procesos de Prestaciones Sociales (Cesantías Parciales, Cesantías Definitivas, Pensiones), y establece el
proceso de atención virtual para dichos trámites a través de Correo Electrónico Institucional»
39 La Circular suspendió los términos desde el 17 de marzo hasta el 12 de julio de 2020.
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cuando iban 10 que tuvo a
(Acto días. disposición el
Extemporáneo) interesado el pago.
Luego, se
reanudaron el 13
de julio y Para un total de
finalizaron el 2 de 170 días de mora.
septiembre.
Por consiguiente, a efectos de la determinación de la fecha de pago de las cesantías,
el a quo tuvo en cuenta la suspensión de términos especiales de las actuaciones
administrativas relacionadas con el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, contenidos en
las circulares expedidas por el secretario de Educación y Cultura departamental,
concretamente las relacionadas con cesantías parciales, definitivas y pensiones.
En consecuencia, advierte la Sala, que los argumentos del apelante no tienen vocación
de prosperidad.
3.4. Condena en costas
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas. Lo
expresado, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar a
aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley
2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica.
En estos términos, y al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego de
revisar los argumentos del apelante, no se advierte esa situación. Por el contrario, se
avizora la sustentación de las razones en defensa jurídica de sus intereses, por lo que,
se repite, no se condenará en costas a la parte vencida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. Confirmar la sentencia proferida el 27 de junio de 2024, por el Tribunal
Administrativo del Tolima, que accedió a las pretensiones de la demanda, según las
motivaciones expuestas en la parte considerativa.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en las
motivaciones de esta providencia.
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TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del
CPACA.
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