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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00776-01

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00776-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Confirmar la sentencia del 30 de junio de 2023, proferida por el Tribunal de Administrativo de Cundinamarca que accedió a las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. Condenar en costas en esta instancia al Departamento de Cundinamarca. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00776-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

22 de mayo de 2026

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00776-01 (7445-2023)
Demandante: César Augusto Sánchez Sierra

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00776-01 (7445-2023)
Demandante: César Augusto Sánchez Sierra
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, departamento de
Cundinamarca y Fiduprevisora S. A.
Tema: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías. Entidad
responsable del pago de la sanción moratoria.
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia en el sentido de reducir
los días de mora.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada1 contra la sentencia del 30 de junio de 2023, proferida por el
Tribunal de Administrativo de Cundinamarca que accedió a las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda.

2. El señor César Augusto Sánchez Sierra por intermedio de apoderado y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 2, solicitó la
nulidad de los actos administrativos fictos configurados el 22 de mayo de 20213 y el
oficio núm. 20211090784041 del 12 de abril de 20214 que negaron la sanción por mora
en la cancelación de las cesantías reconocidas en la Resolución núm. 844 del 4 de
mayo de 2020.

3. Y a título de restablecimiento del derecho, peticionó: i) la sanción por mora en
el pago de las cesantías reconocidas en la Resolución núm. 844 del 4 de mayo de

1 Producto de la no respuesta las peticiones elevadas el 22 de febrero de 2021 ante la Nación – Ministerio de

Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de
Cundinamarca.
2
SAMAI. Tribunales. Expediente digital – “demanda cesar sanchez _202109201552.pdf”.
3 Producto de la no respuesta a la petición del 10 de noviembre de 2020.
4 Proferido por la Fiduprevisora S. A.

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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00776-01 (7445-2023)
Demandante: César Augusto Sánchez Sierra

2020 causada desde el 21 de enero de 2020 hasta la fecha en que ocurra el pago de
la prestación, ii) la indexación de la suma anterior, iii) el cumplimiento de la sentencia
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y 192 del CPACA y iv) la condena
en costas.

Hechos.

4. El 8 de octubre de 2019 el docente peticionó ante la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el
reconocimiento y pago de sus cesantías. Las cuales, aunque fueron concedidas por
medio de la Resolución núm. 844 del 4 de mayo de 2020, a la fecha de presentación
de la demanda no han sido canceladas.

5. El beneficiario solicitó a las entidades demandadas el reconocimiento y pago de
la sanción moratoria contenida en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 el 22 de febrero
de 2021, peticiones que fueron resueltas a través del oficio núm. 20211090784041 del
12 de abril de 2021 proferido de la Fiduprevisora S. A. y de los actos fictos emanados
de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y el departamento de Cundinamarca.

6. En el certificado de pago del auxilio expedido por la Fiduprevisora S. A. figura
como fecha de cancelación el 6 de noviembre de 2020, sin embargo, dado que no se
le comunicó la puesta en disposición de los dineros fue materialmente imposible cobrar
la suma y a la fecha las cesantías no han sido sufragadas.

7. En varias oportunidades – 11 de junio de 2020 y 23 de julio de 2020 – requirió
información sobre el estado del trámite, en respuesta, el 3 de septiembre de 2020, por
medio de oficio núm. 2020583017, el departamento de Cundinamarca comunicó que
el expediente de las cesantías fue devuelto por inconsistencia y que el acto
administrativo de modificación se encuentra pendiente de aprobación y firma.

Fundamentos de derecho y concepto de violación.

8. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 25 y 53 de la
Constitución Política; 5 y 15 de la Ley 91 de 1989; 1 y 2 de la Ley 244 de 1995 y 4 y 5
de la Ley 1071 de 2006.

9. Al desarrollar el concepto de la violación, realizó un recuento de la normativa y
jurisprudencia aplicable, y concluyó que se le había generado el derecho a reclamar
un día de salario por cada día de mora hasta el día en que se hizo efectivo el pago de
sus cesantías.

Contestación de la demanda.

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Demandante: César Augusto Sánchez Sierra

10. La Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio5 adujo que de conformidad con el artículo 57 de la Ley 1955
de 2019 no le es posible asumir con recursos propios las condenas derivadas del pago
tardío de las cesantías causadas a partir de la vigencia 2020, por lo que debe ser
desvinculado del presente litigio.

11. Por su parte, el departamento de Cundinamarca6 expuso que no es la entidad
llamada a responder por la presunta mora en el pago de las cesantías, pues de
acuerdo con el Decreto 2020 de 2019 y el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, dicha
responsabilidad reside en la Fiduprevisora S. A.

12. Finalmente, la Fiduprevisora S. A.7 alegó que la prestación fue cancelada dentro
del término de 45 hábiles días establecido en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, de
manera que al demandante no le asiste derecho a la sanción moratoria pretendida.

Sentencia de primera instancia.

13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 30 de junio
de 20238, declaró la nulidad del acto ficto producto de la petición realizada el «30 de
agosto de 2019» ante el departamento de Cundinamarca y condenó a la entidad a
reconocer y pagar la sanción moratoria por retardo en la cancelación de las cesantías
desde el 23 de enero de 2020 hasta el 8 de noviembre de 2020.

14. Para ello encontró acreditado que el 8 de octubre de 2019 el demandante
peticionó el auxilio, el cual fue reconocido a través de la Resolución núm. 844 del 4 de
mayo de 2020, acto que, por error involuntario de la administración, fue modificado por
medio de la Resolución núm. 001345 del 23 de octubre de 2020.

15. Asimismo, el término de 15 días que tenía la entidad para expedir el acto de
reconocimiento finalizó el 30 de octubre de 2019, sin embargo, la Resolución núm. 844
fue expedida de manera extemporánea. Por lo que, los 70 días hábiles para el pago
de la prestación fenecieron el 22 de enero de 2020, no obstante, las cesantías fueron
pagadas con retraso el «9 de noviembre de 2020».

16. Retardo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de la Ley 1955 de
2019, es atribuible a la entidad territorial, por cuanto «el devenir del proceso en sede
administrativa deja entrever que la Secretaría de Educación de Cundinamarca remitió
el 30 de junio de 2020 el proyecto de acto administrativo, y su estudio se produjo el 13
de julio de 2020, devolviéndose al ente territorial el 16 de julio de 2020. Después se
presentó solicitud de aclaración por parte del Área de Novedades de Nómina, motivo

5 Expediente digital – “11_RECIBEMEMORIALES_CONTESTACIO´NDEMAND.PDF”.
6
Expediente digital – “20_RECIBEMEMORIALES_20CONTESTACIONDEM.PDF”.
7 Expediente digital – “2021-00776 Contestacion.pdf”.
8 Expediente digital – “68_SENTENCIAQUEACCEDELASPRETENSIONES.pdf”.

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por el cual la Secretaría de Educación de Cundinamarca allegó acto aclaratorio para
pago el 30 de octubre de 2020, por esto, finalmente el pago se realizó el 9 de
noviembre de 2020.»

17. Finalmente, no acogió la solicitud de la entidad territorial, que en sus alegatos
de conclusión indicó que debía tenerse en cuenta la suspensión de términos de las
actuaciones administrativas por la pandemia Covid 19, por cuanto, para la fecha en
que comenzó la emergencia sanitaria los términos indicados en las Leyes 244 de 1995
y 1071 del 2006 se encontraban vencidos.

Recurso de apelación.

18. El apoderado del departamento de Cundinamarca interpuso recurso de
apelación9 en contra de la sentencia de primera instancia y solicitó sea revocada. Para
ello expuso que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de la Ley 1955 de
2019, modificada por la Ley 2294 de 2023, la sanción moratoria debe ser asumida por
el Fomag, por cuanto a dicha entidad le corresponde la penalidad causada a diciembre
de 2022 y, en este caso, las cesantías fueron reclamadas el 8 de octubre de 2019 y la
mora se originó antes del 31 de diciembre de 2022.

19. De no prosperar el reparo anterior, para efectos de determinar la mora, debe
darse aplicación a los decretos que suspendieron las actuaciones administrativas al
interior de la Secretaría de Educación Departamental entre el 26 de marzo de 2020 y
el 8 de junio de 2020, para un total de 75 días calendario.

20. Indicó finalmente, que debe cumplirse con lo establecido en el artículo
2.4.4.2.3.2.28. del Decreto 942 de 2022, según el cual «la sanción por mora resulte
imputable a las dos entidades antes enunciadas, ésta deberá calcularse y pagarse de
forma proporcional según los días de retraso en el reconocimiento o el pago que
corresponda para cada entidad», Fiduprevisora S. A. y ente territorial.

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

21. Mediante auto del 13 de febrero de 202410 se admitió el recurso de
apelación. Dentro de la oportunidad legal para alegar de conclusión, las partes y el
agente del Ministerio Público guardaron silencio.

22. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se
resolverá la apelación, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

9 Expediente digital – “029_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION.pdf”.
10 SAMAI. Índice 00004.

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Competencia.

23. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo11.

24. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General
del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo el departamento de
Cundinamarca presentó recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos de
este.

Problema jurídico.

25. Le corresponde a la Subsección determinar si la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es la
entidad responsable del pago de la penalidad al haberse causado antes de diciembre
de 2022 o, si, por el contrario, esta debe ser asumida por el departamento de
Cundinamarca.

26. Si hay lugar a modificar la condena impuesta teniendo en cuenta la suspensión
de términos de las actuaciones administrativas en el departamento de Cundinamarca
con ocasión a la emergencia sanitaria Covid 19.

27. Y si, de conformidad con el Decreto 942 de 2022, la sanción moratoria debe ser
atribuida en proporción al retardo con la entidad fiduciaria.

28. A fin de dar respuesta a los problemas jurídicos, la Sala abordará los siguientes
temas: I) Entidad responsable del reconocimiento y pago de la sanción moratoria y II)
Caso concreto.

Entidad responsable del reconocimiento y pago de la sanción moratoria.

29. El artículo 3 de la Ley 91 de 198912, dispuso la creación del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta especial de la Nación, con
independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyo

11 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
12 «Artículo 3. Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta especial de

la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán
manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del
capital. Para tal efecto, el Gobierno Nacional suscribirá el correspondiente contrado (sic) de fiducia mercantil, que
contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento de la presente Ley y fijará la Comisión que,
en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable
determinada con base en los costos administrativos que se generen. La celebración del contrato podrá ser
delegada en el ministro de Educación Nacional.»

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objetivo, entre otros, es el pago de las prestaciones sociales de los docentes, tal como
lo define el ordinal 1° del artículo 5 de la norma citada.

30. Luego, con la expedición de la Ley 962 de 2005 se señaló el procedimiento
administrativo para el reconocimiento de las cesantías docentes y su aplicación,
cuerpo normativo que en el artículo 56 dispuso la participación de las entidades de la
siguiente manera:

«Artículo 56. Racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio. Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, mediante
la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el
cual debe ser elaborado por el secretario de Educación de la Entidad Territorial
certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto
administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la firma del
secretario de educación de la entidad territorial.» (Subrayado fuera de texto)

31. En aras de reglamentar la gestión administrativa correspondiente al pago de
las prestaciones económicas a cargo del mencionado fondo, fue expedido el Decreto
1272 de 2018.

32. De las normas mencionadas, advierte la Sala que la gestión por parte de la
entidad territorial en el trámite de reconocimiento y pago de cesantías, parciales o
definitivas, se limitaba a: i) elaborar proyecto de acto administrativo, ii) enviarlo a la
Fiduprevisora para su aprobación, iii) expedir el acto definitivo y comunicarlo al
docente y a la fiduciaria, para que realizara el pago.

33. No obstante, con la expedición de la Ley 1955 de 2019, se introdujeron
modificaciones con relación a la responsabilidad de las entidades que conforman el
sistema cuando se trata del reconocimiento y pago de las cesantías a los docentes.
Que, para el caso de las entidades territoriales, estas serán responsables frente a la
cancelación de la sanción por mora, cuando el pago tardío de las mismas es
consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega
de la solicitud de la prestación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio13.

34. Y en cuanto a la financiación de las sanciones moratorias asignadas al Fomag
a diciembre de 2022, el parágrafo transitorio del artículo 57 ibidem14, modificado por
13 Artículo 57 de la Ley 1955 de 2019. Parágrafo. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción

por mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como
consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de
cesantías por parte de la Secretaría de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable
únicamente del pago de las cesantías.
14 Parágrafo Transitorio. Para efectos de financiar el pago de las sanciones por mora a cargo del Fondo Nacional

de Prestaciones Sociales del Magisterio causados a diciembre de 2022, facúltese al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público para emitir Títulos de Tesorería que serán administrados por una o varias sociedades fiduciarias

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el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023, estableció que debían ser financiadas con
títulos de tesorería administrados por la Fiduprevisora S. A.

35. En conclusión, cuando el trámite del reconocimiento de cesantías tuvo lugar
antes de la Ley 1955 de 2019, es la Nación–Ministerio de Educación Nacional, con
cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la
entidad obligada al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el desembolso
tardío de las cesantías de los docentes, sin responsabilidad alguna del ente territorial.
La eventual responsabilidad de este último surgió desde la entrada en vigencia de la
mencionada ley el 25 de mayo de 2019, y conforme a las hipótesis consagradas en la
norma15.

Caso concreto.

36. Alude la entidad apelante que la responsabilidad de la sanción moratoria
causada con anterioridad al 31 de diciembre de 2022 debe ser asumida por el Fomag,
conforme lo dispone la Ley 1955 de 2019, modificada por la Ley 2294 de 2023.

37. Encuentra la Sala acreditado que el 8 de octubre de 201916 el señor César
Augusto Sánchez Sierra peticionó ante el departamento de Cundinamarca unas
cesantías parciales, las cuales fueron reconocidas a través de la Resolución núm. 844
del 4 de mayo de 202017, acto aprobado por la Fiduprevisora S. A. el 13 de junio de
2020, como se advierte de la hoja de revisión18 expedida por dicha entidad.

38. No obstante, «por error involuntario quedo consignado en la resolución 844 del
04 de mayo de 2020 que la beneficiaria del pago es la señora ANA BARBARA
SANCHEZ SIERRA CC. 20758979, sin incluir al señor ANDRES ESTEBAN SIERRA
SANCHEZ CC. 1.075.677.795, tal y como se especifica en el contrato de
compraventa», lo que llevó a la entidad territorial a modificar el acto anterior a través
de la Resolución núm. 001345 del 23 de octubre de 202019.

39. Finalmente, las cesantías quedaron a disposición el 6 de noviembre de 202020,
aspecto que no fue objeto del recurso de apelación por la parte interesada.

públicas, así mismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público definirá la operación, las reglas de negociación y
pago de los mismos. El Consejo Directivo de Fomag efectuará la adición presupuestal de los recursos de los que
trata el presente parágrafo.
La emisión de bonos o títulos no implica operación presupuestal alguna y solo debe presupuestarse para efectos
de su redención.
La emisión de bonos o títulos no implica operación presupuestal alguna y solo debe presupuestarse para efectos
de su redención.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 20 de febrero de 2025. Radicación núm. 73001-23-33-000-

2021-00508-01 (4738-2024). Cp. Luis Eduardo Mesa Nieves.
16 Conforme se desprende de la Resolución núm. 844 del 4 de mayo de 2020.
17 Expediente digital – “20_RECIBEMEMORIALES_20CONTESTACIONDEM.PDF”. Págs. 38 a 42.
18
Ibidem. Pág. 96.
19 Ibidem. Págs. 35 a 36.
20 Certificado de pago expedido por la Fiduprevisora S. A. Ibidem. Pág. 109.

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40. De lo anterior, advierte la Sala que, la petición de cesantías fue radicada con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 - el 8
de octubre de 2019 – de suerte que la responsabilidad en el pago de la sanción
moratoria es atribuible a la entidad territorial cuando ocurre como consecuencia del
incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de
la prestación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tal como
sucedió en este caso21.

41. Y es que, visto el expediente administrativo, si bien no se cuenta con la fecha
en que fue enviado a la Fiduprevisora S. A. para el pago de la prestación, lo cierto es
que teniendo en cuenta la expedición de la Resolución núm. 001345, el auxilio fue
sufragado por la entidad fiduciaria antes del vencimiento del término de 45 hábiles22
previsto en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 200623.

42. De manera que, contrario a lo indicado por el apelante, la penalidad por mora
en el pago de las cesantías concedida en primera instancia «entre el 23 de enero de
2020 hasta el 8 de noviembre 2020, para un total de 287 días por concepto de sanción
moratoria» es atribuible al departamento de Cundinamarca, al encontrarse acreditado
el incumplimiento de los plazos previstos para su reconocimiento.

43. Y es que, la disposición contenida en el parágrafo transitorio del artículo 57 de
la Ley 1955 de 2019 y las modificaciones introducidas por el artículo 324 de la Ley
2294 de 2023, no variaron la responsabilidad de la entidad territorial a partir de la
vigencia de la norma, sino que regularon la manera en que el Fomag debía financiar
los pagos realizados por este concepto cuando le eran atribuibles.

44. En cuanto a la aplicación del Decreto 942 de 2022, este no se encontraba
vigente para el momento en que se inició la actuación administrativa ni para el periodo
de causación de la mora.

21 Sobre el particular, esta Subsección en sentencia del 20 de febrero de 2025, número interno 4738 -2024,
consideró: «si bien en vigencia del artículo 56 de la Ley 962 de 2005 y del Decreto 1075 de 2015, las funciones del
ente territorial relacionadas con el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas se limitaba a
recepcionar la solicitud y a proferir el respectivo acto administrativo en nombre y representación de la Nación –
Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y por lo tanto, no estaba
encargada del pago de la sanción moratoria. Lo cierto es que, a la fecha de presentación de las solicitudes de
cesantías de los demandantes ya se encontraba vigente la Ley 1955 de 2019, norma que atribuyó al ente territorial
responsabilidad en el pago de la sanción moratoria en los supuestos previstos por la normativa citada.»
22 4 de enero de 2021, contabilizados a partir del 26 de octubre de 2020 día hábil siguiente a la expedición de la

Resolución núm. 001345.
23 Artículo 5º.Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días

hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas
o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo
Nacional de Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad
obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo
hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del
término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre
que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.

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45. Finalmente, contrario al dicho del apelante no hay lugar a descontar de la
sanción moratoria impuesta por el tribunal los días en que se suspendieron los
términos de las actuaciones administrativas al interior del departamento de
Cundinamarca, toda vez que, esto ocurrió a partir del 26 de marzo de 202024, cuando
ya se había originado la penalidad, es decir, el 23 de enero de 2020.

46. De manera que, la Sala confirmará la sentencia del 30 de junio de 2023,
proferida por el Tribunal de Administrativo de Cundinamarca que accedió a las
pretensiones de la demanda.

Condena en costas.

47. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

48. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

49. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

50. En consecuencia, se condenará en costas al departamento de Cundinamarca,
por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

51. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

24 Fecha a partir de la cual se suspendieron los términos de las actuaciones administrativas en virtud del artículo 1

del Decreto núm. 164 del 26 de marzo de 2020 proferido por el departamento de Cundinamarca: «ARTÍCULO
PRIMERO. SUSPENDER los términos de las actuaciones administrativas de competencia del Departamento de
Cundinamarca y los términos con que cuentan los ciudadanos para interponer los recursos de reposición, apelación,
reconsideración o los demás a que haya lugar, desde el día 26 de marzo de 2020 hasta el dia 13 de abril de 2020,
inclusive.»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00776-01 (7445-2023)
Demandante: César Augusto Sánchez Sierra

FALLA

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 30 de junio de 2023, proferida por el Tribunal
de Administrativo de Cundinamarca que accedió a las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. Condenar en costas en esta instancia al Departamento de
Cundinamarca.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del
CPACA.

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