Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00182-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00182-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2021-00182-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
10 de septiembre de 2026
Radicado: 66001-23-33-000-2021-00182-01 (1920-2024)
Demandante: Orlando Antonio Obando Tejada
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2021-00182-01 (1920-2024)
Demandante: Orlando Antonio Obando Tejada
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Tema: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías. Entidad
responsable del pago de la sanción moratoria.
Decisión: Revoca sentencia de primera instancia. Accede a las pretensiones.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia del 1 de febrero de 2023, proferida por el
Tribunal de Administrativo de Risaralda que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda.
2. El señor Orlando Antonio Obando Tejada por intermedio de apoderado y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 1, solicitó la
nulidad del acto administrativo ficto configurado el «30 de noviembre de 2020»2 que
negó la sanción moratoria establecida en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.
3. Y a título de restablecimiento del derecho, peticionó: i) la sanción por mora
equivalente a un día de salario por la cada día de retardo, ii) el ajuste de la condena
de conformidad con el artículo 187 del CPACA, iii) los intereses moratorios, iv) el
cumplimiento de la sentencia de conformidad con el artículo 192 del CPACA y v) la
condena en costas.
Hechos.
4. El 3 de septiembre de 2019 el docente peticionó ante la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio sus
1 SAMAI. Tribunales. Expediente digital – “1_001DEMANDA.PDF”.
2 Producto de la no respuesta a la petición del «28 de agosto de 2020».
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Demandante: Orlando Antonio Obando Tejada
cesantías. Las cuales fueron reconocidas por medio de la Resolución núm. 0920 del 4
de septiembre de 2019 y pagadas de manera extemporánea el 3 de diciembre de 2020,
pese a que el término de 45 días para cancelar la prestación finalizó el 14 de noviembre
de 2019, dando lugar a 385 días de mora.
5. El 28 de agosto de 2020 solicitó la sanción moratoria establecida en las Leyes
244 de 1995 y 1071 de 2006, reclamación que fue resuelta de manera negativa a
través del acto enjuiciado.
Fundamentos de derecho y concepto de violación.
6. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 5 y 15 de la Ley
91 de 1989; 1 y 2 de la Ley 244 de 1995 y 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006.
7. Al desarrollar el concepto de la violación, realizó un recuento de la normativa y
jurisprudencia aplicable, y concluyó que la entidad demandada canceló las cesantías
por fuera del término de 65 días para el pago, por lo que tiene derecho a la sanción
equivalente a un día de salario por cada día de retardo establecida en las normas
citadas.
Contestación de la demanda.
8. La Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio3 adujo que, de conformidad con el artículo 57 de la Ley 1955
de 2019, la entidad llamada a asumir el retardo es el departamento de Risaralda por
incumplir los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de cesantías
al Fomag.
Sentencia de primera instancia.
9. El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del 1 de febrero de
4
2023 , negó las pretensiones de la demanda por cuanto no fue demandada en el
proceso la entidad responsable de la sanción moratoria5.
10. Consideró que teniendo en cuenta que las cesantías parciales fueron
peticionadas el 3 de septiembre de 2019, el término de 70 días hábiles para el pago
finalizó el 13 de diciembre de dicha anualidad, por lo que la penalidad se causó entre
el 14 de diciembre de 2019 y el 2 de diciembre de 2020, es decir, 354 días de mora.
Sin que se observe configurada la prescripción trienal, pues fue solicitada el 28 de
agosto de 2020 y demandada el 16 de junio de 2021.
3 Expediente digital – “15_014CONTESTACIONDEMANDA.PDF”.
4 Expediente digital – “032_031SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA.pdf”.
5 « Por todas las motivaciones expuestas se negarán las súplicas de la demanda, pues si bien se encuentra probado
en el sub lite que, una mora en el pago de las cesantías causado entre el 14 de diciembre de 2019 hasta el 02 de
diciembre de 2020; el mismo es de responsabilidad exclusiva de la entidad territorial, la cual no fue demandada en
el presente asunto.»
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11. Sin embargo, con la expedición de la Ley 1955 de 2019 se varió la
responsabilidad en la cancelación de la sanción moratoria, atribuyéndola a la entidad
territorial cuando esta sea consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos
para la radicación y entrega de la solicitud de cesantías al Fomag, tal como ocurrió en
este caso.
12. Lo anterior por cuanto, dados los errores encontrados en la Resolución núm.
0920 del 4 de septiembre de 2019 esta debió ser corregida y aclarada mediante las
Resoluciones núm. 1378 del 4 de diciembre de 2019 y 0163 del 18 de marzo de 2020.
Asimismo, la documentación para el pago se envió a la Fiduprevisora S. A. el «17 de
noviembre de 2020» y el dinero fue puesto a disposición antes de los 45 días hábiles,
el 3 de diciembre de 2020.
Recurso de apelación.
13. El apoderado de señor Orlando Antonio Obando Tejada interpuso recurso de
apelación6 en contra de la sentencia de primera instancia, solicitó sea revocada y, en
su lugar, se acceda a la sanción moratoria causada desde el 15 de noviembre de 2019
hasta el 3 de diciembre de 2020 y se condene a la Nación - Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
14. En este caso, el acto de reconocimiento – Resolución núm. 920 del 4 de
septiembre de 2019 notificada el 9 siguiente –, fue expedido antes de los 15 días
hábiles que vencían el 24 de septiembre de 2019, de manera que, se está en presencia
de la hipótesis «acto escrito en tiempo con renuncia a términos», según la cual, los 55
días para el pago de las cesantías contabilizados a partir de la notificación fenecieron
el 14 de noviembre de 2019, sin embargo, fueron canceladas el 3 de diciembre de
2020.
15. Retardo que no es atribuible a la entidad territorial, pues «si bien existen 2 actos
administrativos posteriores, estos se dieron como corrección del primero y mucho
tiempo después (1378 del 04 de diciembre de 2019 y la Resolución No 163 del 18 de
marzo de 2020), y fue la razón para demandar solo a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – FOMAG, como único responsable del pago de la sanción
moratoria, pues en principio la entidad territorial expidió y notificó dentro del término
legal otorgado (15 días hábiles) la Resolución de reconocimiento de las cesantías
parciales, por lo que determinar plazos como en qué fecha fue enviado al FOMAG, en
qué fecha fue recibido o tener acceso a las hojas de revisión son del resorte de las
entidades FOMAG y el ente territorial, información a la que el docente y esta apoderada
no tienen acceso, por lo que no se podría deducir desde el inicio que existiera una
responsabilidad de la secretaría de educación del Departamento de Risaralda.»7
6 Expediente digital – “036_034APELACDDTE.pdf”.
7 Transcrito con errores
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16. Y es que, el hecho de que existan dos resoluciones aclaratorias posteriores al
acto de reconocimiento no permite establecer per se que el ente territorial incumplió la
carga de enviar dentro del término legal la solicitud al Fondo para el pago de la
prestación, pues el tribunal no contaba con los antecedentes administrativos, el acto
inicial fue expedido dentro del término legal.
17. Además, en caso de atribuirse la responsabilidad de la penalidad al
departamento de Risaralda, deberá el Fomag, «de acuerdo a los términos del artículo
2.4.4.2.3.2.28 del Decreto 1272 de 2018, iniciar los trámites correspondientes para el
recobro de los correspondientes valores».
Trámite correspondiente a la segunda instancia.
18. Mediante auto del 20 de mayo de 20248 se admitió el recurso de
apelación. Dentro de la oportunidad legal para alegar de conclusión, las partes y el
agente del Ministerio Público guardaron silencio.
19. El 22 de mayo de 20259, en auto de mejor proveer, se requirió al departamento
de Risaralda para que allegara el expediente administrativo del actor, una vez
aportado, se corrió traslado10 a las partes quienes guardaron silencio.
20. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se
resolverá la apelación, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
Competencia.
21. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo11.
22. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General
del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo la parte demandante
presentó recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos de este.
Problema jurídico.
8 Índice 4 en SAMAI.
9 Índice 9 en SAMAI.
10 Índice 21 en SAMAI.
11«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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23. Le corresponde a la Subsección determinar si, contrario a lo decidido por el
tribunal, el Fomag es la entidad llamada a asumir la sanción moratoria causada con
ocasión al retardo en la cancelación de las cesantías reconocidas mediante Resolución
núm. 920 del 4 de septiembre de 2019 y, en consecuencia, si hay lugar a acceder a
las pretensiones de la demanda.
24. A fin de dar respuesta a los problemas jurídicos, la Sala abordará los siguientes
temas: I) Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción moratoria II) Entidad
responsable del reconocimiento y pago de la sanción moratoria, III) De la legitimación
en la causa y IV) Caso concreto.
Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción moratoria.
25. La Ley 244 de 1995 modificada y adicionada por la Ley 1071 de 2006, establece
en su artículo 112 un término de 15 días hábiles siguientes a la presentación de la
solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales para expedir el acto
administrativo de reconocimiento de la prestación. Posterior a ello, la entidad
pagadora tiene un plazo máximo de 45 días hábiles, contados a partir de que quede
en firme el acto, para su cancelación13.
26. El parágrafo14 del artículo 2. ° de la norma en comento también dispone una
sanción cuando se incumplen los términos para resolver la solicitud de cesantías,
equivalente a un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectiva
cancelación de las mismas.
27. Esta Sección, en sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, sentó
jurisprudencia frente a la fecha de causación de la sanción moratoria. Se consideró
en esa oportunidad que:
«95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla
jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva
12 «Artículo 1o. <Artículo subrogado por el artículo 4o. de la Ley 1071 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:>
Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías
definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos
determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos
y/o requisitos pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos
señalados en el inciso primero de este artículo.» (Negrilla fuera de texto)
13 «Artículo 2º. - La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a
partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o
parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo
Nacional de Ahorro.» (Negrilla fuera de texto)
14 «Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la
entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de
retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se
demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este». (subraya fuera del texto)
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la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas- o lo haga de
manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir
de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días
hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L.
1071/20065), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437
de 20116) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso
Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 517],y 45 días hábiles a partir del día en
que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días
hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el
artículo 5 de la Ley 1071 de 2006». (Negrilla fuera de texto)
Entidad responsable del reconocimiento y pago de la sanción moratoria.
28. El artículo 3 de la Ley 91 de 198915, dispuso la creación del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta especial de la Nación, con
independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyo
objetivo, entre otros, es el pago de las prestaciones sociales de los docentes, tal como
lo define el ordinal 1° del artículo 5 de la norma.
29. Para lo cual se estableció que el reconocimiento de la prestación por parte de
la Nación a través del Ministerio de Educación Nacional, participan como delegadas
las entidades territoriales certificadas, de acuerdo con el artículo 9 ibidem.
30. Con la expedición de la Ley 962 de 2005 se señaló el procedimiento
administrativo para el reconocimiento de las cesantías docentes y su aplicación,
cuerpo normativo que en el artículo 56 dispuso la participación de las entidades de la
siguiente manera:
«Artículo 56. Racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio. Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, mediante
la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el
cual debe ser elaborado por el secretario de Educación de la Entidad Territorial
certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto
administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la firma del
secretario de educación de la entidad territorial.» (Subrayado fuera de texto)el cual
debe ser elaborado por el secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada
correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de
reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la firma del secretario de
educación de la entidad territorial.» (Subrayado fuera de texto)
15 «Artículo 3. Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta especial de
la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán
manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del
capital. Para tal efecto, el Gobierno Nacional suscribirá el correspondiente contrado (sic) de fiducia mercantil, que
contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento de la presente Ley y fijará la Comisión que,
en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable
determinada con base en los costos administrativos que se generen. La celebración del contrato podrá ser
delegada en el ministro de Educación Nacional.»
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31. En aras de reglamentar la gestión administrativa correspondiente al pago de
las prestaciones económicas a cargo del mencionado fondo, fue expedido el Decreto
1272 de 2018.
32. De las normas mencionadas, advierte la Sala que la gestión por parte de la
entidad territorial en el trámite de reconocimiento y pago de cesantías, parciales o
definitivas, se limitaba a: i) elaborar proyecto de acto administrativo, ii) enviarlo a la
Fiduprevisora para su aprobación, iii) expedir el acto definitivo y comunicarlo al
docente y a la fiduciaria, para que realizara el pago.
33. No obstante, con la expedición de la Ley 1955 de 2019, se derogó el citado
artículo 56 de Ley 962 de 2005, que establecía la aprobación del proyecto de
resolución por parte de la Fiduprevisora S. A., de manera que ahora en la expedición
del acto de reconocimiento de cesantías solo participaría la entidad territorial
nominadora, que de conformidad con el numeral 5 del artículo 2.4.4.2.3.2.2. del
Decreto 1272 de 2018, debe remitir a la sociedad fiduciaria copia de la decisión
definitiva, junto con la respectiva constancia de ejecutoria para efectos del pago de
las cesantías.
34. Asimismo, se introdujeron modificaciones con relación a la responsabilidad de
las entidades que intervienen en el reconocimiento y pago de las cesantías a los
docentes. Concretamente, las entidades territoriales serán responsables de la
cancelación de la sanción por mora, cuando el pago tardío de las mismas es
consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega
de la solicitud de la prestación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio16.
35. Por lo anterior, cuando el trámite del reconocimiento de cesantías tuvo lugar
antes de la Ley 1955 de 2019, es la Nación–Ministerio de Educación Nacional, con
cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la
entidad obligada al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el desembolso
tardío de las cesantías de los docentes, sin responsabilidad alguna del ente territorial.
La eventual responsabilidad de este último surgió desde la entrada en vigencia de la
mencionada ley el 25 de mayo de 2019, y conforme a las hipótesis consagradas en la
norma17.
36. Y, en todo caso, dado que no hay lugar a cancelar indemnizaciones
económicas con cargo a los recursos del Fomag, las sanciones moratorias asignadas
16 Artículo 57 de la Ley 1955 de 2019. Parágrafo. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción
por mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como
consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de
cesantías por parte de la Secretaría de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable
únicamente del pago de las cesantías.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 20 de febrero de 2025. Radicación núm. 73001-23-33-000-
2021-00508-01 (4738-2024). Cp. Luis Eduardo Mesa Nieves.
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al fondo a diciembre de 2022, de acuerdo con el parágrafo transitorio del artículo 57
ibidem18, modificado por el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023, debían ser financiadas
con títulos de tesorería administrados por la Fiduprevisora S. A.
37. Previsiones normativas que deben ser interpretadas en consonancia con lo
preceptuado por el artículo 2.4.4.2.3.2.28. del referido Decreto 1272 de 2018, que le
otorgó al Fomag la facultad de adelantar las acciones legales o judiciales
correspondientes en contra de quien dé lugar a la configuración de la penalidad.
Norma que estuvo vigente hasta la expedición del Decreto 942 del 1 de junio de
202219.
De la legitimación en la causa.
38. La legitimación en la causa alude a la relación jurídica entre las partes y el
objeto del litigio. Por la parte activa consiste en la identidad del demandante con el
titular del derecho subjetivo, de manera que tiene vocación jurídica para reclamarlo; y
por pasiva, implica la identidad del demandado con quien tiene el deber correlativo de
satisfacer el derecho reclamado.
39. Así, dicha figura es un presupuesto material de la sentencia de mérito
favorable20, y de no cumplirse, deviene la negación de las pretensiones de la
demanda.
40. Ahora bien, en materia de cesantías y sanción moratoria a los docentes le son
aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 244 de 1995, con las modificaciones
introducidas por la Ley 1071 de 2006, la cual, en su artículo 5 previó que tanto las
cesantías como la sanción moratoria se encuentran a cargo de la «entidad pagadora»,
que para el caso de personal afiliado al Fomag es la Nación - Ministerio de Educación
• Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a pesar de la intervención
de otras entidades en el trámite de reconocimiento y pago de la prestación.
41. Lo anterior, no varió con la expedición de la Ley 1955 de 2019, pues esta solo
eliminó del procedimiento administrativo la aprobación del proyecto de resolución por
parte de la Fiduprevisora S. A. e introdujo una hipótesis de eventual responsabilidad
18 Parágrafo Transitorio. Para efectos de financiar el pago de las sanciones por mora a cargo del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio causados a diciembre de 2022, facúltese al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público para emitir Títulos de Tesorería que serán administrados por una o varias sociedades fiduciarias
públicas, así mismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público definirá la operación, las reglas de negociación y
pago de los mismos. El Consejo Directivo de Fomag efectuará la adición presupuestal de los recursos de los que
trata el presente parágrafo.
La emisión de bonos o títulos no implica operación presupuestal alguna y solo debe presupuestarse para efectos
de su redención.
La emisión de bonos o títulos no implica operación presupuestal alguna y solo debe presupuestarse para efectos
de su redención.
19 «Por el cual se modifican algunos artículos de la Sección 3, Capítulo 2, Título 4, Parte 4, Libro 2 del Decreto
número 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación sobre el reconocimiento y pago de Prestaciones
Económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.»
20 Sentencia del 4 de julio de 2024, C. p. Jorge Iván Duque Gutiérrez, núm. Interno: 1280-2017.
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del ente territorial en la mora, pero no cambió la titularidad de las obligaciones a cargo
del Fomag, en consecuencia, se encuentra legitimado para resistir las pretensiones en
estos asuntos.
Caso concreto.
42. Alude el apelante que le asiste derecho a la sanción moratoria y esta es
responsabilidad del Fomag y no del ente territorial, pues este expidió el acto
administrativo de reconocimiento dentro del término legal, y si bien fue aclarado y
modificado con posterioridad, ello no implica per se que el retardo en el pago de la
prestación sea atribuible al departamento, como erróneamente consideró el a quo.
Además, no estaba a su alcance conocer del trámite interno entre ambas entidades.
43. Encuentra la Sala acreditado que el 2 de septiembre de 201921 el señor Orlando
Antonio Obando Tejada peticionó ante el departamento de Risaralda unas cesantías
parciales, en respuesta la entidad profirió la Resolución núm. 0920 del 4 de septiembre
de 201922, notificada personalmente el 9 siguiente23, que reconoció y ordenó el pago
de la prestación por valor de $54.503.845 COP.
44. Acto que fue enviado a la Fiduprevisora S. A. el 10 de septiembre de 2019, que
la devolvió el 25 de noviembre del mismo año, por cuanto «REVISADO EL ACTO
ADMINISTRATIVO, LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE Y LA INFORMACIÓN
QUE REPOSA EN LA ENTIDAD SE EVIDENCIA INCONSISTENCIAS EN LOS DÍAS
LABORADOS Y REPORTADOS, ES DECIR, DE ACUERDO A LA SECRETARIA POR
EL LAPSO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE MARZO DE 1981 AL 12 DE
DICIEMBRE DE 2018 ARROJA UN TOTAL DE 13817 DÍAS LABORADOS DE FORMA
ININTERRUMPIDA Y AL REALIZAR LOS CÁLCULOS EL NÚMERO DE DÍAS REAL
ES 13591 DÍAS, PRESENTANDO UNA INCONSISTENCIA DE 226 DÍAS
LABORADOS LOS CUALES AFECTAN NOTABLEMENTE EL VALOR A LIQUIDAR Y
A RECONOCER, SIENDO NECESARIO QUE SE ESTABLEZCA EL PERIODO
CORRECTO Y SOLO HASTA ESE CASO SERÁ PROCEDENTE EL
RECONOCIMIENTO DE LA PRESTACIÓN.»24
45. El acto anterior fue aclarado por medio de la Resolución núm. 1378 del 4 de
diciembre de 201925, dado que el valor de las cesantías equivalía a $51.714.881 COP.
La cual fue enviada a la Fiduprevisora el 20 de enero de 2020, quien la devolvió
nuevamente el 16 de marzo de 2020. Seguidamente, por medio de la Resolución núm.
21 Conforme se verifica del formato de solicitud de cesantías visible el índice 18 en SAMAI. –
“SOLICITUD_CESANTAS_RADICADAS_DOCENTE.pdf”.
22 Índice 18 en SAMAI. “RESOLUCIN_0920_DEL_4_DE_SEPTIEMBRE_DE_2019.pdf”.
23 Ibidem. “NOTIFICACIN_RESOLUCIN_0920_DEL_4_DE_SEPTIEMBRE_DE_2019.pdf”.
24 Hoja de revisión visible ibidem – “HOJA_DE_REVISIN_NVZ_1_NEGADA.pdf”.
25 «ARTICULO SEGUNDO: ACLARAR en la Resolución No.0920 del 04 de septiembre de 2019, en la parte
Considerativa y parte Resolutiva del Artículo primero el valor a reconocer es de $167.720.377.00 y en el Artículo
segundo el valor líquido a pagar es de $51.714.881.o0 y no como allí aparece.» (Ibidem.
“RESOLUCIN_1378_DEL_4_DE_DICIEMBRE_DE_2019__ACLARATORIA.pdf”)
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0163 del 18 de marzo de 202026, notificada el 20 siguiente, se aclaró Resolución núm.
1378 en el sentido de que el valor a reconocer correspondía a $51.539.257 COP.
46. Sin embargo, mediante Resolución núm. 0244 de 16 de junio de 202027, se
niega la prestación con fundamento en lo dicho en la hoja de revisión del 16 de marzo
de 2020. Acto administrativo que fue objeto de reposición, por medio de la Resolución
núm. 0505 del 26 de octubre de 202028, notificada el 1 de diciembre de 2020, que
resolvió confirmar la Resolución núm. 0163 del 18 de marzo de 2020.
47. La decisión fue aprobada por la Fiduprevisora S. A., el 25 de noviembre de
29
2020 , en los siguientes términos: «APROBADO EL ESTUDIO DE LA CESANTÍA
PARCIALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO N0.0505 DE 26 DE OCTUBRE DE 2020
QUE RESOLVIÓ UN RECURSO DE REPOSICIÓN, DONDE SE TUVIERON EN
CUENTA LOS TIEMPOS A PARTIR DE 30/03/1981 AL 30/12/2018 PARA UN TOTAL
DE 13.591 DÍAS VALOR LIQUIDADO $167.180.135 VALOR RECONOCIDO
$51.539.257 ANTICIPOS PAGADOS $115.640.878»30.
48. Finalmente, «[u]na vez expedida la hoja de revisión estado APROBADA por
parte de la entidad Fiduprevisora la Secretaría de Educación procedió a cargar los
actos administrativos definitivos en la plataforma ON BASE para proceder al pago»31,
lo cual ocurrió el 3 de diciembre de 202032.
49. El 28 de agosto de 202033 el interesado peticionó al Fomag la sanción por mora
establecida en la Ley 1071 de 2006, sin obtener respuesta, configurando un acto
administrativo ficto por la ocurrencia del silencio administrativo negativo, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 83 del CPACA.
50. En el sub examine, se está en presencia de la hipótesis de acto escrito
extemporáneo, por lo que la penalidad se causó así:
26 De su parte considerativa se transcribe: « Que en la parte Considerativa y parte Resolutiva Articulo primero de la
Resolución No. 1378 del 04 de diciembre de 2019, se registró el valor de las cesantías causadas por $167.720.377
y en el articulo segundo el saldo liquido a pagar de $51.714881 correspondiendo realmente a cesantías causadas
167.180.135.o0 y el saldo liquido a reconocer y pagar de $51.539.257.o0, de acuerdo a hoja de revisión con fecha
de estudio 16 de marzo de 2020 y no como allí aparece. Que dado lo anterior, se hace necesario aclarar en el acto
administrativo dicha situación.» (Ibidem.
“RESOLUCIN_Y_NOTIFICACIN_0163_DEL_18_DE_MARZO_DE_2020.pdf”)
27 Ibidem. “RESOLUCIN_NOTIFICADA_0244_DEL_16_DE_JUNIO_DE_2020.pdf”.
28 Resolvió: «ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en todas sus partes la Resolución N° 0244 del 16 de junio de 2020
por medio de la cual se niega el reconocimiento de cesantía parcial para compra de vivienda y CONFIRMAR lo
expuesto en la Resolución N° 0163 del 18 de marzo de 2020 por medio de la cual se aclara la Resolución N°1378
del 04 de diciembre de 2019 debido a que la parte considerativa y parte resolutiva artículo primero el valor de las
cesantias causadas es de $167.180.135,00 y en el artículo segundo el valor líquido a reconocer y pagar es de
$51.539.257,00 y no como aparecía en la Resolución N°1378 del 04 de diciembre de 2019. Según hoja de revisión
de la entidad FIDUPREVISORA S.A entidad encargada de administrar el recurso del personal docente con fecha
de estudio del 16 de marzo del 2020.» (Ibidem. –“
NOTIFICACION_RESOLUCIN_0505_DEL_26_DE_OCTUBRE_DE_2020__RESUELVE_RECURSO_DE_REPOS
ICIN.pdf”)
29 Previo envío el 17 de noviembre de 2020.
30 Expediente digital -” HOJA_DE_REVISIN_NVZ_3_APROBADA.pdf.”.
31 Certificó el departamento de Risaralda. Ibidem. “Comunicacin_Externa_28656_2025_07_04_13_00_36.pdf”.
32 Recibo del banco BBVA visible en el expediente digital – “3_003ANEXOSDEMANDA.PDF”.
33 Expediente digital – “3_3_003ANEXOSDEMANDA.PDF”: Pág. 14.
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Demandante: Orlando Antonio Obando Tejada
CORRE TÉRMINO PAGO CORRE
HIPÓTESIS NOTIFICACIÓN EJECUTORIA CESANTÍA MORATORIA
ACTO ESCRITO Aplica, pero no se tiene
EXTEMPORÁNEO en cuenta para el 10 días, después de 45 días posteriores 70 días posteriores a
(después de 15 cómputo del término de cumplidos 15 para a la ejecutoria la
expedir el acto petición
días) pago
La petición de No se tiene en cuenta. Los 15 días para Los 45 días Es decir que en este
cesantías fue expedir el acto se posteriores a la caso la mora empezó
presentada el 2 de vencían el 23 de ejecutoria, a correr desde el día
septiembre de septiembre de comenzaron a 13 de diciembre de
2019. 2019. contabilizarse desde 2019.
La Resolución núm. el 7 de octubre de
050534, que las 2019 y vencieron el
Los 10 días de 12 de diciembre de
reconoció se expidió ejecutoria se
el 26 de octubre de cumplieron el 7 de 2019.
2020. octubre de 2019.
(Acto
Extemporáneo)
51. Así las cosas, se advierte que la sanción moratoria por retardo en el pago de
las cesantías se causó desde el 13 de diciembre de 2019 hasta el 2 de diciembre de
2020, día anterior a la puesta a disposición de la prestación, es decir, 355 días de
mora.
52. En cuanto a la entidad legitimada para resistir las pretensiones de la demanda,
advierte la Sala que, contrario a lo considerado por el tribunal, es el Fomag quien tiene
el deber correlativo de satisfacer el derecho reclamando, pues, de conformidad con la
normativa transcrita en el acápite anterior, es el competente para reconocer y pagar
las cesantías del docente, de manera que también soporta las consecuencias
derivadas del retraso en su trámite, es decir, la sanción moratoria, pues la intervención
de la entidad territorial fue en nombre del Fondo.
53. Cosa distinta es que, comoquiera que la prestación fue solicitada el 2 de
septiembre de 2019, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1955 del 25
de mayo de 2019, es dable atribuir responsabilidad en el pago de la sanción moratoria
también a la entidad territorial cuando esta sea consecuencia del incumplimiento de
los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de la prestación al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para su cancelación35.
54. De manera que, cuando ocurre el supuesto de hecho anterior es procedente
condenar al Fomag a pagar la penalidad, pues existen mecanismos que le permiten al
34 Acto administrativo que finalizó el procedimiento administrativo, pues solo hasta su aprobación y expedición se
procedió al pago.
35 Sobre el particular, esta Subsección en sentencia del 20 de febrero de 2025, número interno 4738 -2024,
consideró: «si bien en vigencia del artículo 56 de la Ley 962 de 2005 y del Decreto 1075 de 2015, las funciones
del ente territorial relacionadas con el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas se limitaba a
recepcionar la solicitud y a proferir el respectivo acto administrativo en nombre y representación de la Nación –
Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y por lo tanto, no estaba
encargada del pago de la sanción moratoria. Lo cierto es que, a la fecha de presentación de las solicitudes de
cesantías de los demandantes ya se encontraba vigente la Ley 1955 de 2019, norma que atribuyó al ente territorial
responsabilidad en el pago de la sanción moratoria en los supuestos previstos por la normativa citada.»
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fondo adelantar las acciones para perseguir la cancelación de la mora en el monto que
le corresponda al ente territorial.
55. Y es que, a criterio de la Subsección, la Ley 1955 de 2019 no varió la
legitimación del Fomag para soportar las condenas atinentes a la sanción moratoria36,
sino que estas continuarían a su cargo, pero financiadas con títulos de tesorería
emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y administrados por la
fiduciaria.
56. Lo anterior, sin perjuicio de que, en virtud de lo preceptuado por el artículo
2.4.4.2.3.2.28. del referido Decreto 1272 de 201837 esta entidad adelante las acciones
legales o judiciales correspondientes en contra de quien dé lugar a la configuración de
la penalidad, es decir, la entidad territorial nominadora incursa en la hipótesis
establecida en el artículo 57 ibidem.
57. Toda vez que, una interpretación diferente, sería contraria al artículo 53 de la
Constitución Política, pues implicaría condicionar el derecho de acción del docente que
ha sido perjudicado con el retraso en la cancelación de las cesantías, a que para
obtener la sanción moratoria deba verificar las distintas vicisitudes que se presentaron
en el trámite de reconocimiento y pago de la prestación por parte del ente territorial y
la fiduciaria con el fin de individualizar la mora de cada una de estas entidades, y así
determinar la responsabilidad al interior del procedimiento administrativo, carga que a
todas luces resulta excesiva para el extremo débil de la relación laboral y que se
encuentra menos próximo a la prueba.
58. Máxime que, en este caso particular, las entidades intervinientes no siguieron
el trámite establecido en Decreto 1272 de 2018 que no previó múltiples devoluciones
por parte del Fiduprevisora S. A. de los actos administrativos a la entidad territorial,
falencias que le imposibilitaron al demandante deducir una eventual responsabilidad
del departamento de Risaralda, tal como alega en su recurso.
59. Con arreglo a lo anterior, la Sala revocará la sentencia del 1 de febrero de 2023,
proferida por el Tribunal de Administrativo de Risaralda que negó las pretensiones de
la demanda y, en su lugar, declarará la nulidad del acto administrativo ficto configurado
por la no respuesta de la petición del 28 de agosto de 2020 y condenará a la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio a reconocer y pagar con títulos de tesorería emitidos por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y administrados por la fiduciaria, de conformidad con lo
establecido en el parágrafo transitorio del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, 355 días
de sanción moratoria, calculados teniendo en cuenta la asignación básica percibida
por el actor en el año 2019.
60. Sin perjuicio de que la entidad pueda adelantar las acciones legales o judiciales
correspondientes en contra del departamento de Risaralda por los días de retraso que
36 Causada al año 2022.
37 Solo fue modificado con el Decreto 942 de 2022.
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le son atribuibles, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 1955 de 2019 y el Decreto
1272 de 2018.
Condena en costas.
61. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
62. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
63. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
64. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad demandada parte vencida,
en ambas instancias, por cuanto la sentencia de primera instancia será revocada en
su totalidad. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Risaralda.
65. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Revocar la sentencia del 1 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal
de Administrativo de Risaralda que negó las pretensiones de la demanda y, en su
lugar,
«PRIMERO. Declarar la nulidad del acto administrativo ficto configurado por la
no respuesta de la petición del 28 de agosto de 2020 y, en consecuencia,
SEGUNDO. Condenar a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar con títulos de
tesorería emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y administrados por
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00182-01 (1920-2024)
Demandante: Orlando Antonio Obando Tejada
la fiduciaria, de conformidad con lo establecido en el parágrafo transitorio del artículo
57 de la Ley 1955 de 2019, 355 días de sanción moratoria, calculados teniendo en
cuenta la asignación básica percibida por el actor en el año 2019.
Sin perjuicio de que este pueda adelante las acciones legales o judiciales
correspondientes en contra del departamento de Risaralda por los días de retraso que
le son atribuibles, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 1955 de 2019 y el Decreto
1272 de 2018.»
SEGUNDO. Condenar a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en costas en ambas instancias.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada por la Sala en sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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