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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00777-01

Fecha
12 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00777-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Modificar el numeral cuarto de la sentencia del 20 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal de Administrativo de Cundinamarca que accedió a las pretensiones de la demanda, el cual quedará así: «CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR al Departamento de Cundinamarca a pagar a Óscar Enrique Hodges Gómez identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.428.732, los siguientes conceptos: i) La indemnización por la sanción moratoria en el pago de las cesantías parciales, equivalente en un día de salario por cada día de mora, desde el 23 de enero de 2020 hasta el 18 de diciembre de 2020, calculada con la asignación básica devengada al momento en que se configuró la mora.» SEGUNDO. Confirmar en todo lo demás la sentencia apelada. TERCERO. Condenar al departamento de Cundinamarca en costas en esta instancia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-42-000-2021-00777-01 (0005-2024) Demandante: Oscar Enrique Hodges Gómez CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00777-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

12 de agosto de 2026

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00777-01 (0005-2024)
Demandante: Oscar Enrique Hodges Gómez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00777-01 (0005-2024)
Demandante: Oscar Enrique Hodges Gómez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, departamento de
Cundinamarca y Fiduprevisora S. A.
Tema: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías. Entidad
responsable del pago de la sanción moratoria.
Decisión: Modifica sentencia de primera instancia - no hay lugar a descuento
de la penalidad por el lapso de la suspensión de términos de las
actuaciones administrativas ni ordenar la indexación de las
cesantías.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante y el departamento de Cundinamarca contra la sentencia del
20 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda.

2. El señor Oscar Enrique Hodges Gómez por intermedio de apoderado y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 1, solicitó la
nulidad de los actos administrativos fictos configurados el 22 de mayo de 20212 y el
oficio núm. 20211070793411 del 13 de abril de 20213 que negaron la sanción por mora
en la cancelación de las cesantías reconocidas en la Resolución núm. 001323 del 15
de octubre de 2020.

1 SAMAI. Tribunales. Expediente digital – “3_ALDESPACHOPORREPARTO_01DEMANDA.PDF”.
2 Producto de la no respuesta a las peticiones del 22 de febrero de 2021 ante el Fomag el departamento de

Cundinamarca.
3 Proferido por la Fiduprevisora S. A.

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Demandante: Oscar Enrique Hodges Gómez

3. Y a título de restablecimiento del derecho, peticionó: i) la sanción por mora en
el pago de las cesantías reconocidas en la Resolución núm. 001323 del 15 de octubre
de 2020 causada desde el 21 de enero de 2020 hasta la fecha en que ocurra el pago
de la prestación, ii) la indexación de la suma anterior, iii) el cumplimiento de la
sentencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y 192 del CPACA y iv)
la condena en costas.

Hechos.

4. El 8 de octubre de 2019 el docente peticionó ante la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el
reconocimiento y pago de sus cesantías. Las cuales, aunque fueron concedidas por
medio de la Resolución núm. 001323 del 15 de octubre de 2020, a la fecha de
presentación de la demanda no han sido canceladas.

5. El 22 de febrero de 2021 el beneficiario solicitó a las entidades demandadas la
sanción moratoria contenida en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, peticiones que
fueron resueltas a través del oficio núm. 20211070793411 del 13 de abril de 2021
proferido de la Fiduprevisora S. A. y de los actos fictos emanados de la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y el departamento de Cundinamarca.

6. En el certificado de pago del auxilio expedido por la Fiduprevisora S. A. figura
como fecha de cancelación el 19 de diciembre de 2020, sin embargo, dado que no se
le comunicó la puesta en disposición de los dineros fue materialmente imposible cobrar
la suma y a la fecha las cesantías no han sido sufragadas.

Fundamentos de derecho y concepto de violación.

7. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 25 y 53 de la
Constitución Política; 5 y 15 de la Ley 91 de 1989; 1 y 2 de la Ley 244 de 1995 y 4 y 5
de la Ley 1071 de 2006.

8. Al desarrollar el concepto de la violación, realizó un recuento de la normativa y
jurisprudencia aplicable, y concluyó que se le había generado el derecho a reclamar
un día de salario por cada día de mora hasta el día en que se hizo efectivo el pago de
sus cesantías.

Contestación de la demanda.

9. La Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio4 adujo que la expedición del acto de reconocimiento superó el
término de 15 días hábiles previsto en la norma, por lo que, de conformidad con el

4 Expediente digital – “OSCAR ENRIQUE HODGES GOMEZ.pdf”.

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Demandante: Oscar Enrique Hodges Gómez

artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, la entidad llamada a asumir el retardo es el
departamento de Cundinamarca.

10. Por su parte, el departamento de Cundinamarca5 expuso que no tiene
responsabilidad en la presunta mora en el pago de las cesantías, pues de acuerdo con
el Decreto 2020 de 2019 y el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, dicha responsabilidad
reside en la Fiduprevisora S. A. Adicional a ello, solicitó dar aplicación a los decretos
que suspendieron los términos de las actuaciones administrativas al interior de la
entidad con ocasión a la emergencia sanitaria Covid 19.

11. Finalmente, la Fiduprevisora S. A.6 alegó que la prestación fue cancelada dentro
del término de 45 días hábiles establecido en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, de
manera que al demandante no le asiste derecho a la sanción moratoria pretendida.

Sentencia de primera instancia.

12. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 20 de
septiembre de 20237, declaró la nulidad del acto ficto producto de la petición realizada
el 22 de febrero de 2021 ante el departamento de Cundinamarca y condenó a la
sanción moratoria por retardo en la cancelación de las cesantías «desde el 23 de enero
de 2020 hasta el 25 de marzo de 2020 y desde el 9 de junio de 2020 hasta el 19 de
diciembre de 2020, para un total de 253 días» y «la indexación causada durante el
lapso que operó la suspensión de términos causada por la pandemia del Covid-19
según los parámetros establecidos por la Corte Constitucional en sentencia C-242 de
2020».

13. Para ello encontró acreditado que el 8 de octubre de 2019 el demandante
peticionó el auxilio, el cual fue reconocido a través de la Resolución núm. 001323 de
15 de octubre de 2020 y pagado el 19 de diciembre de 2020, pese a que el término de
70 días para el pago finalizó el 22 de enero de 2020, por lo que, en principio, se incurrió
en mora «desde el 23 de enero hasta el 18 de diciembre de 2020».

14. Retardo que, de acuerdo con lo establecido por la Ley 1955 de 2019, debe ser
asumido por el departamento de Cundinamarca, toda vez que la Fiduprevisora S. A.
canceló la prestación dentro de los 45 días hábiles, como se desprende del siguiente
cuadro:

5 Expediente digital – “CONTESTACIÓN DEMANDA OSCAR ENRIQUE HODGES 2021-777.docx”.
6 Expediente digital – “CONTESTACIÓN RAD 202100777 DTE OSCAR HODGES.PDF”.
7 Expediente digital – “064_SENTENCIA.pdf”.

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Demandante: Oscar Enrique Hodges Gómez

15. Sin embargo, dado que la entidad territorial expidió el acto de reconocimiento el
15 de octubre de 2020 y la mora ocurrió cuando la actuación administrativa se
encontraba suspendida entre el 26 de marzo de 2020 y el 8 de junio de 2020, dicho
lapso debe ser descontado de la sanción moratoria así:

16. Adicional a ello, «se debe reconocer la indexación del auxilio de cesantía por el
tiempo que se aplicó la suspensión de términos».

Recursos de apelación.

17. El apoderado del departamento de Cundinamarca interpuso recurso de
apelación8 en contra de la sentencia de primera instancia y solicitó sea revocada. Para
ello expuso que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de la Ley 1955 de
2019, modificada por la Ley 2294 de 2023, la sanción moratoria debe ser asumida por
el Fomag, por cuanto a dicha entidad le corresponde la penalidad causada a diciembre
de 2022 y, en este caso, las cesantías fueron reclamadas el 8 de octubre de 2019 y la
mora se originó antes del 31 de diciembre de 2022.

18. De no prosperar el reparo anterior, para efectos de determinar la mora, debe
darse aplicación a los decretos que suspendieron las actuaciones administrativas al
interior de la Secretaría de Educación Departamental entre el 26 de marzo de 2020 y
el 8 de junio de 2020, para un total de 75 días calendario.

19. Indicó finalmente, que debe cumplirse con lo establecido en el artículo
2.4.4.2.3.2.28. del Decreto 942 de 2022, según el cual «la sanción por mora resulte
imputable a las dos entidades antes enunciadas, ésta deberá calcularse y pagarse de
forma proporcional según los días de retraso en el reconocimiento o el pago que
corresponda para cada entidad», Fiduprevisora S. A. y ente territorial.

20. El apoderado de la parte demandante9 presentó el recurso de apelación en
contra de la sentencia de primera instancia, solicitó sea revocada y, en su lugar, se
acceda a la totalidad de la sanción moratoria. Por cuanto los Decretos 491 y 164 de
2020 que autorizaron al departamento de Cundinamarca para suspender los términos
de las actuaciones administrativas no se encontraban vigentes para el momento en
que se solicitaron las cesantías – el 8 de octubre de 2019 - ni cuando se causó la mora,
esto es, desde el 23 de enero hasta el 18 de diciembre de 2020.

8 Expediente digital – “068_RECIBEMEMORIALES_RECIBEMEM_RECURSODEAPELACION.pdf”.
9 Expediente digital – “071_RECIBEMEMORIALES_RECIBEMEM_RECURSODEAPELACION.pdf”.

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21. De aplicar la aludida suspensión, se afectaría la confianza legítima que creó el
ente territorial de pagar las cesantías del docente en tiempo.

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

22. Mediante auto del 5 de junio de 202610 se admitieron los recursos de
apelación. Dentro de la oportunidad legal, las partes guardaron silencio y el agente
del Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó confirmar la sentencia de
primera instancia, pues, contrario a lo indicado por la entidad apelante, a partir de la
entrada en vigencia de la Ley 1955 de 2019 cada entidad debe responder por las
consecuencias derivadas del incumplimiento de los términos que les corresponden
dentro del trámite del reconocimiento y pago de las cesantías. Tampoco le asiste razón
a la parte demandante, por cuanto el juez estaba obligado a excluir el lapso de
suspensión de términos del cómputo de la sanción moratoria y, correlativamente, a
reconocer la actualización monetaria de la acreencia, de acuerdo con la sentencia C –
242 de 2020.

23. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se
resolverán las apelaciones, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

Competencia.

24. Esta Corporación es competente para resolver los recursos de apelación
interpuestos de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo11.

Problema jurídico.

25. Le corresponde a la Subsección determinar si la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es la
entidad responsable del pago de la penalidad al haberse causado antes de diciembre
de 2022 o, si, por el contrario, esta debe ser asumida por el departamento de
Cundinamarca.

26. De igual forma, si había lugar aplicar la suspensión de términos de las
actuaciones administrativas en el departamento de Cundinamarca con ocasión a la
emergencia sanitaria Covid 19, o en cambio estos no debieron ser restados de la
penalidad.

10 SAMAI. Índice 00018.
11«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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27. Y si, de conformidad con el Decreto 942 de 2022, la sanción moratoria debe ser
atribuida en proporción con la entidad fiduciaria.

28. A fin de dar respuesta a los problemas jurídicos, la Sala abordará los siguientes
temas: I) Entidad responsable del reconocimiento y pago de la sanción moratoria y II)
Caso concreto.

Entidad responsable del reconocimiento y pago de la sanción moratoria.

29. El artículo 3 de la Ley 91 de 198912, dispuso la creación del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta especial de la Nación, con
independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyo
objetivo, entre otros, es el pago de las prestaciones sociales de los docentes, tal como
lo define el ordinal 1 del artículo 5 de la norma citada.

30. Luego, con la expedición de la Ley 962 de 2005 se señaló el procedimiento
administrativo para el reconocimiento de las cesantías docentes y su aplicación,
cuerpo normativo que en el artículo 56 dispuso la participación de las entidades de la
siguiente manera:

«Artículo 56. Racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio. Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, mediante
la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el
cual debe ser elaborado por el secretario de Educación de la Entidad Territorial
certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto
administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la firma del
secretario de educación de la entidad territorial.» (Subrayado fuera de texto)

31. En aras de reglamentar la gestión administrativa correspondiente al pago de
las prestaciones económicas a cargo del mencionado fondo, fue expedido el Decreto
1272 de 2018.

32. De las normas mencionadas, advierte la Sala que la gestión por parte de la
entidad territorial en el trámite de reconocimiento y pago de cesantías, parciales o
definitivas, se limitaba a: i) elaborar proyecto de acto administrativo, ii) enviarlo a la
Fiduprevisora para su aprobación, iii) expedir el acto definitivo y comunicarlo al
docente y a la fiduciaria, para que realizara el pago.

12 «Artículo 3. Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta especial de

la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán
manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del
capital. Para tal efecto, el Gobierno Nacional suscribirá el correspondiente contrado (sic) de fiducia mercantil, que
contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento de la presente Ley y fijará la Comisión que,
en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable
determinada con base en los costos administrativos que se generen. La celebración del contrato podrá ser
delegada en el ministro de Educación Nacional.»

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33. No obstante, con la expedición de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, se
introdujeron modificaciones con relación a la responsabilidad de las entidades que
conforman el sistema cuando se trata del reconocimiento y pago de las cesantías a
los docentes. Que, para el caso de las entidades territoriales, estas serán
responsables frente a la cancelación de la sanción por mora, cuando el pago tardío
de las mismas es consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la
radicación o entrega de la solicitud de la prestación al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio13.

34. Y en cuanto a la financiación de las sanciones moratorias asignadas al Fomag
a diciembre de 2022, el parágrafo transitorio del artículo 57 ibidem14, modificado por
el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023, estableció que debían ser financiadas con
títulos de tesorería administrados por la Fiduprevisora S. A.

35. En conclusión, cuando el trámite del reconocimiento de cesantías tuvo lugar
antes de la Ley 1955 de 2019, es la Nación–Ministerio de Educación Nacional, con
cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la
entidad obligada al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el desembolso
tardío de las cesantías de los docentes, sin responsabilidad alguna del ente territorial.
La eventual responsabilidad de este último surgió desde la entrada en vigencia de la
mencionada ley el 25 de mayo de 2019, y conforme a las hipótesis consagradas en la
norma15.

Caso concreto.

36. Alude la entidad apelante que la responsabilidad de la sanción moratoria
causada con anterioridad al 31 de diciembre de 2022 debe ser asumida por el Fomag,
conforme lo dispone la Ley 1955 de 2019, modificada por la Ley 2294 de 2023.

13 Artículo 57 de la Ley 1955 de 2019. Parágrafo. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción

por mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como
consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de
cesantías por parte de la Secretaría de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable
únicamente del pago de las cesantías.
14 Parágrafo Transitorio. Para efectos de financiar el pago de las sanciones por mora a cargo del Fondo Nacional

de Prestaciones Sociales del Magisterio causados a diciembre de 2022, facúltese al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público para emitir Títulos de Tesorería que serán administrados por una o varias sociedades fiduciarias
públicas, así mismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público definirá la operación, las reglas de negociación y
pago de los mismos. El Consejo Directivo de Fomag efectuará la adición presupuestal de los recursos de los que
trata el presente parágrafo.
La emisión de bonos o títulos no implica operación presupuestal alguna y solo debe presupuestarse para efectos
de su redención.
La emisión de bonos o títulos no implica operación presupuestal alguna y solo debe presupuestarse para efectos
de su redención.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 20 de febrero de 2025. Radicación núm. 73001-23-33-000-

2021-00508-01 (4738-2024). Cp. Luis Eduardo Mesa Nieves.

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37. Encuentra la Sala acreditado que el 8 de octubre de 201916 el señor Oscar
Enrique Hodges Gómez peticionó ante el departamento de Cundinamarca unas
cesantías parciales, las cuales fueron reconocidas a través de la Resolución núm.
001323 del 15 de octubre de 202017 y quedaron a disposición el 19 de diciembre de
202018, aspectos que no fueron objeto del recurso de apelación.

38. De lo anterior, advierte la Sala que, la petición de cesantías fue radicada con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 - el 8
de octubre de 2019 – de suerte que la responsabilidad en el pago de la sanción
moratoria es atribuible a la entidad territorial cuando ocurre como consecuencia del
incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de
la prestación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tal como
sucedió en este caso19.

39. Y es que, visto el expediente administrativo, la referida Resolución núm. 001323
fue proferida el 15 de octubre de 2020 más de un año después de la solicitud de
cesantías radicada el 8 de octubre de 2019, sin que se haya puesto de presente retardo
alguno atribuible a la fiduciaria en dicho trámite.

40. De manera que, contrario a lo indicado por el apelante, la penalidad por mora
en el pago de las cesantías determinada en primera instancia es atribuible al
departamento de Cundinamarca, al encontrarse acreditado el incumplimiento de los
plazos previstos para su reconocimiento20.

41. Y es que, la disposición contenida en el parágrafo transitorio del artículo 57 de
la Ley 1955 de 2019 y las modificaciones introducidas por el artículo 324 de la Ley
2294 de 2023, no variaron la responsabilidad de la entidad territorial a partir de la
vigencia de la norma, sino que regularon la manera en que el Fomag debía financiar
los pagos realizados por este concepto cuando le sean atribuibles.

42. En cuanto a la aplicación del Decreto 942 de 2022, este no se encontraba
vigente para el momento en que se inició la actuación administrativa ni para el periodo
de causación de la mora.

16 Conforme se desprende de la Resolución núm. 001323 del 15 de octubre de 2020.
17 Expediente digital – “AA OSCAR ENRIQUE.pdf”.
18 Certificado de pago expedido por la Fiduprevisora S. A. Expediente digital – “verPdfCerPagoCesantias OSCAR

HODGES.pdf”.
19 Sobre el particular, esta Subsección en sentencia del 20 de febrero de 2025, número interno 4738 -2024,

consideró: «si bien en vigencia del artículo 56 de la Ley 962 de 2005 y del Decreto 1075 de 2015, las funciones del
ente territorial relacionadas con el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas se limitaba a
recepcionar la solicitud y a proferir el respectivo acto administrativo en nombre y representación de la Nación –
Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y por lo tanto, no estaba
encargada del pago de la sanción moratoria. Lo cierto es que, a la fecha de presentación de las solicitudes de
cesantías de los demandantes ya se encontraba vigente la Ley 1955 de 2019, norma que atribuyó al ente territorial
responsabilidad en el pago de la sanción moratoria en los supuestos previstos por la normativa citada.»
20
Así lo dispuso esta Subsección caso similar resuelto en sentencia del 22 de mayo de 2026, núm. interno: 7445-
2023.

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Demandante: Oscar Enrique Hodges Gómez

43. Por otro lado, le asiste razón a la parte demandante, en tanto no hay lugar a
descontar de la sanción moratoria impuesta por el tribunal los días en que se
suspendieron los términos de las actuaciones administrativas al interior del
departamento de Cundinamarca21, toda vez que, la suspensión surgió a partir del 26
de marzo de 202022, cuando ya se había originado la penalidad, es decir, el 23 de
enero de 202023.

44. Y, contrario a lo indicado por el agente del Ministerio Público, aunque en la
sentencia C – 242 de 2020, al estudiar la constitucionalidad del Decreto 491 de 202024
se consideró que «cuando la suspensión de términos implique la inaplicación de una
norma que contemple una sanción moratoria, las autoridades deberán indexar el valor
de la acreencia mientras opere tal medida», tales consideraciones no se aplican en
este caso, pues la penalidad operó previó a la aludida suspensión.

45. De otro lado, en atención a que el tribunal indexó las cesantías como
consecuencia de la suspensión de términos sobre la sanción moratoria, hay lugar a
revocar la actualización del auxilio ordenada en primera instancia al desaparecer su
causa.

46. Ahora bien, el tribunal encontró acreditado que el extremo final de la penalidad
se causó hasta el 18 de diciembre de 2020, día anterior a la fecha de pago, sin
embargo, en la parte resolutiva, por error se dispuso condenar hasta el 19 siguiente,
por lo que se modificará la decisión en ese sentido.

47. De manera que, la Sala modificará el numeral cuarto de la sentencia del 20 de
septiembre de 2023, proferida por el Tribunal de Administrativo de Cundinamarca que
accedió a las pretensiones de la demanda, en el sentido de ordenar la totalidad de la
sanción moratoria, esto es, desde el 23 de enero de 2020 hasta el 18 de diciembre de
2020 y no indexar las cesantías y confirmará en todo lo demás la providencia apelada.

Condena en costas.

48. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura

21 Así lo dispuso esta Subsección caso similar resuelto en sentencia del 22 de mayo de 2026, núm. interno: 7445-

2023.
22 Fecha a partir de la cual se suspendieron los términos de las actuaciones administrativas en virtud del artículo 1

del Decreto núm. 164 del 26 de marzo de 2020 proferido por el departamento de Cundinamarca: «ARTÍCULO
PRIMERO. SUSPENDER los términos de las actuaciones administrativas de competencia del Departamento de
Cundinamarca y los términos con que cuentan los ciudadanos para interponer los recursos de reposición, apelación,
reconsideración o los demás a que haya lugar, desde el día 26 de marzo de 2020 hasta el día 13 de abril de 2020,
inclusive.»
23 Extremo inicial de la penalidad encontrado probado por el tribunal.
24 «Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte

de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección
laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de
Emergencia Económica».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00777-01 (0005-2024)
Demandante: Oscar Enrique Hodges Gómez

armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

49. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

50. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

51. En consecuencia, se impondrán costas al departamento de Cundinamarca, por
cuanto en la presente decisión no se acogieron los argumentos planteados en el
recurso de apelación por ella presentado y sí prosperaron los de su contraparte. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Cundinamarca.

52. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Modificar el numeral cuarto de la sentencia del 20 de septiembre de 2023,
proferida por el Tribunal de Administrativo de Cundinamarca que accedió a las
pretensiones de la demanda, el cual quedará así:

«CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR al Departamento de
Cundinamarca a pagar a Óscar Enrique Hodges Gómez identificado con la cédula de
ciudadanía No. 91.428.732, los siguientes conceptos:
i) La indemnización por la sanción moratoria en el pago de las cesantías parciales,
equivalente en un día de salario por cada día de mora, desde el 23 de enero de 2020
hasta el 18 de diciembre de 2020, calculada con la asignación básica devengada al
momento en que se configuró la mora.»

SEGUNDO. Confirmar en todo lo demás la sentencia apelada.

TERCERO. Condenar al departamento de Cundinamarca en costas en esta instancia.

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Demandante: Oscar Enrique Hodges Gómez

CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del
CPACA.

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