Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2016-00444-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2016-00444-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2016-00444-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
25 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 73001 23 33 000 2016 00444 01 (0906-2019)
Demandante: Pablo Orlando Villanueva Rincón
Demandado: Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio) y otro
Temas: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías definitivas
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2018, por el Tribunal Administrativo del
Tolima, mediante la cual denegó las pretensiones frente lo reclamado respecto de
la Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio) y declaró probada la excepción de ineptitud de la demanda
en torno a las pretensiones deprecadas del municipio de Ibagué por falta de
agotamiento del requisito de procedibilidad de la reclamación previa.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Pablo Orlando Villanueva Rincón, por
conducto de apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso
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Demandante: Pablo Orlando Villanueva Rincón
administrativo, en orden a que se declare la nulidad de las Resoluciones 71002487
del 19 de marzo de 2016 y 526 del 25 de febrero de 2016, a través de las cuales se
reconoció y ordenó el pago de unas cesantías definitivas y se resolvió el recurso de
reposición interpuesto.
Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó (i) ordenar el reconocimiento
de las cesantías definitivas con base en la totalidad del tiempo de servicio
transcurrido entre el 14 de mayo de 1970 y el 14 de enero de 2015; (ii) que la
liquidación «sea cancelada como lo ordena la Ley 244 de 1995, subrogada por la
1071 de 2006. Un día de salario a partir del 26/06/2015 hasta cuando el demandado
haga su pago»; (iii) indexar el valor reconocido por concepto de cesantías
definitivas, con base en el índice de precios al consumidor, teniendo en cuenta que
el pago se debió producir el 26 de junio de 2015; y (iv) reconocer los ajustes de
valor e intereses moratorios, de conformidad con los artículos 192 y 195 de la Ley
1437 de 2011.
1.1.2. Hechos
Los hechos que fundamentaron las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:
(i) El señor Pablo Orlando Villanueva Rincón, en su condición de directivo docente,
solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas, por retiro de la
docencia, tal solicitud se radicó el 19 de marzo de 2015.
(ii) El 31 de agosto de 2015, se le notificó al demandante el contenido de la
Resolución 7.1-002487 el 24 de agosto de 2015, a través de la cual se reconocieron
sus cesantías definitivas; sin embargo, por error, se mencionó como fecha de inicio
de la relación laboral el día 17/07/1978 cuando, en realidad, ello ocurrió el 14 de
mayo de 1970.
(iii) A causa de lo anterior, el 2 de septiembre de 2015 formuló recurso de reposición
en contra de la aludida resolución, en el cual solicitó aclarar la fecha de inicio de sus
labores, reliquidar sus cesantías definitivas y ordenar el pago de ellas.
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(iv) El 25 de febrero de 2016, se expidió la Resolución 526, por la cual se resolvió
el recurso de reposición y se dejó en firme lo decidido en el acto recurrido. Tal acto
administrativo se notificó el 7 de marzo de 2016.
(v) Si se revisan los documentos aportados, se puede verificar que el nombramiento
del demandante se produjo a través del Decreto 274 del 5 de mayo de 1970 y que
inició labores el 14 de mayo siguiente. Además, con el certificado de labores
adjunto, se constata que ha prestado sus servicios así: a. del 14 de mayo de 1971
al 7 de noviembre de 1973; b. del 10 de noviembre de 1973 al 4 de octubre de 1978
y c. del 17 de julio de 1978 al 14 de enero de 2015, lo que conlleva a que no ha
habido solución de continuidad en la prestación del servicio docente y que el dinero
por concepto de sus cesantías siempre ha estado en las arcas de los demandados.
En ese orden, la liquidación de su prestación definitiva debe abarcar todo el tiempo
de labor.
(vi) Teniendo en cuenta que su requerimiento no prosperó, el actor confirió poder a
su abogado para lograr, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, el reconocimiento tanto de sus cesantías, como de la sanción moratoria
por su pago inoportuno.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 2, 13, 25, 29 y 53 de la Constitución Política,
138, 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011 y las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
argumentos que se relacionan a continuación:
(i) Los actos administrativos censurados vulneran los derechos constitucionales
fundamentales del demandante, en particular los de la igualdad, el debido proceso,
el trabajo, la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales, la interpretación más favorable al trabajador en caso de duda en la
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aplicación de las fuentes formales del derecho; por lo tanto, se solicita que sean
resarcidos y, para ello, se ordene a las entidades expedir un nuevo acto en el cual
se reconozca y pague lo solicitado en la demanda.
(ii) La inconformidad que se plantea en torno a los actos censurados consiste en
que, en ellos, no se ordenó el pago de las cesantías definitivas de acuerdo con el
tiempo laborado por el docente y, de esa manera, se desconoció la Ley 244 de 1995,
subrogada por la Ley 1071 de 2006. Por lo tanto, atendiendo el principio de
favorabilidad, el actor tiene derecho a que se aplique dicha normativa, en lo que
respecta al pago tardío de la prestación, como lo ha reconocido la jurisprudencia del
Consejo de Estado.1
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. La Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio)
La entidad demandada, por conducto de su apoderada, contestó la demanda 2 y se
opuso a la prosperidad de sus pretensiones, con base en los argumentos que, en
síntesis, se relaciona a continuación:
(i) Los términos establecidos en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 solo se
refieren al pago de la prestación y no a aquellos requeridos para tramitar la
prestación económica; por lo tanto, los 45 días a que se refiere el artículo 5 de la
última norma citada se contabilizan desde el día siguiente a la fecha en que quede
en firme el acto administrativo de reconocimiento de las cesantías.
(ii) Sin perjuicio de lo anterior, en el caso que se analiza no es viable aplicar la
normativa anterior, en torno a la mora causada, pues procede, en esa materia,
1 Se cita una sentencia emitida por la SubsecciónA de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
de fecha 29 de noviembre de 2007, pero no se relaciona el número del radicado no otra información
que permita su plena identificación.
2 Folios 49 a 55.
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acogerse a lo dispuesto en el artículo 88 del Decreto 1328 de 2009, según el cual
los intereses con cargo a la Nación no pueden sobrepasar el doble del interés
bancario corriente.
(iii) Además, en virtud de la descentralización de la educación y las normas dictadas
en desarrollo de ella, la competencia para expedir el acto de reconocimiento de las
prestaciones sociales de los docentes radica en cabeza de las secretarías de
educación territoriales; por ello, debe concluirse que los actos cuestionados no
contienen la manifestación de la voluntad de la Nación (Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) ni de la
Fiduprevisora.
(iv) Deben prosperar las excepciones de buena fe, régimen prestacional
independiente e inaplicabilidad de la Ley 1071 de 2006 al gremio docente,
prescripción, inexistencia de vulneración de principios legales, falta de legitimidad
en la causa por pasiva y la genérica.
1.2.2. Municipio de Ibagué
El ente territorial, por intermedio de apoderado, contestó la demanda3 y se opuso a
la prosperidad de las pretensiones. Para ello, invocó los argumentos que se
resumen a continuación:
(i) De acuerdo con lo establecido en la Ley 962 de 2005, reglamentada por el
Decreto 2831 de 2005 las solicitudes para el reconocimiento de las prestaciones
sociales de los docentes se deben radicar ante las secretarías de educación de las
entidades territoriales certificadas, pero debe haber una aprobación, por parte de la
sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, para suscribir el acto de reconocimiento de
aquellas, lo que quiere decir que la competencia de tales secretarías no es
autónoma, sino que su gestión obedece a la racionalización de trámites, en los que
3 Folios 62 a 70.
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actúan como meros intermediarios.
(ii) En todo caso, en el sub lite, deben prosperar las excepciones de inexistencia de
la obligación demandada, pues las pretensiones no son atribuibles a la entidad
territorial, y falta de vicio en los actos administrativos que se acusan, pues fueron
expedidos por autoridad competente y al amparo de la Constitución, la ley y el
reglamento.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia proferida el 8 de
noviembre de 2018,4 denegó las pretensiones frente a lo reclamado respecto de la
Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio) y declaró probada la excepción de ineptitud de la demanda
en torno municipio de Ibagué por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad
de la reclamación previa. Las razones que lo llevaron a tal conclusión fueron las
siguientes:
(i) De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.º de la Ley 43 de 1975 en
concordancia con el 2.º de la Ley 91 de 1989 y el 5.º del Decreto 2562 de 1990 se
puede establecer que la competencia para reconocer las cesantías causadas a
favor de los docentes nacionalizados con antelación al 31 de diciembre de 1975
corresponde a las entidades territoriales a las que estaba adscrito el docente antes
del proceso de nacionalización, y respecto de las generadas entre el 1.º de enero
de 1976 y el 31 de diciembre de 1980 existe una responsabilidad compartida entre
la Nación y las entidades territoriales.
(ii) En el caso que se analiza se advierte que el actor no ha formulado reclamación
administrativa en torno a las cesantías causadas con cargo al municipio de Ibagué,
entre el 14 de mayo de 1970 y el 31 de diciembre de ese año, cuya atribución
corresponde a dicha entidad territorial y entre el 1.º de enero de 1976 y el 16 de julio
4 Folios 119 a 122.
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de 1978, cuya responsabilidad es compartida con la Nación; por lo tanto, se debe
concluir que no hubo agotamiento de la reclamación administrativa ante la autoridad
municipal y ello conlleva declarar probada la excepción de ineptitud de la demanda
frente a esa entidad.
(iii) En todo caso, se precisa que si bien es cierto hubo una petición dirigida al
secretario de educación del municipio de Ibagué, ella se formuló para que actuara
en su condición de representante de la Nación (Ministerio de Educación, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio).
(iv) Se advierte que en comunicación del 26 de febrero de 2016, el director
administrativo y financiero del fondo en mención advirtió que «las cesantías
causadas con anterioridad al 17 de julio de 1978, eran de responsabilidad del
municipio de Ibagué, lo que lleva a concluir a la Sala que ello obedece a que la
entidad territorial demandada no hizo las respectivas transferencias a las (sic)
Nación por este concepto, en el porcentaje que le correspondía y en favor del actor
y, por ello, deben ser asumidas en su totalidad por el Municipio de Ibagué».
(v) En razón de lo anterior, se concluye que los tiempos de servicio tenidos en
cuenta por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al momento
de expedir el acto administrativo de liquidación de las cesantías definitivas son
correctos, por lo que se debe mantener su legalidad.
1.4. El recurso de apelación
El señor Pablo Orlando Villanueva Rincón, por intermedio de su apoderado,
interpuso recurso de apelación,5 el cual sustentó en los siguientes términos:
(i) La sentencia apelada raya en un exceso ritual, toda vez que si advirtió que el
municipio debía ser llamado al proceso, en calidad de demandado, debió aplicar lo
previsto en el artículo 171, numeral 3, de la Ley 1437 de 2011 y notificar a quien
5 Folios 132 a 140.
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tuviere interés directo en el resultado del proceso, pues el operador jurídico es quien
debe integrar el litisconsorcio cuando observe que existen otras personas con
interés, máxime cuando el artículo 180, numeral 5.º, ibídem prohíbe expedir fallos
inhibitorios.
(ii) En tales condiciones, el juez no puede sorprender a la parte señalando que se
omitió formular una reclamación administrativa, pues, con ello, omite resolver de
fondo la controversia. Entonces, dicho aspecto se debió advertir al momento de la
admisión de la demanda y no poner en movimiento, en forma innecesaria, el aparato
judicial.
(iii) En todo caso, se observa que las normas que se citaron como fundamento de
la decisión son concluyentes de que sí era viable estudiar el fondo, en particular, lo
señalado en el artículo 2.º numeral 5.º en concordancia con el artículo 4.º de la Ley
91 de 1989, según los cuales es al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio al que le corresponde atender tales prestaciones sociales, interpretación
que encuentra sustento en la sentencia de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en el radicado 25000 23 25 000 2004 00269 01 (1446-06) del 17 de agosto
de 2011, emitida en un proceso de similares características al sub examine. Tales
sustentos normativos y jurisprudenciales sirven de base para adoptar un
pronunciamiento de fondo y no uno inhibitorio, máxime cuando el debate se centra
en una prestación social de carácter irrenunciable, tal como lo ha considerado la
Corte Constitucional.6
(iv) Adicionalmente, se precisa que el poder conferido por el demandante no solo
se dirigió a reclamar el pago completo de sus cesantías, sino la sanción moratoria
que surge de la cancelación incompleta de la prestación, de manera que debe
tomarse una decisión favorable al respecto. Valga aclarar que no se ha configurado
la prescripción respecto de las cesantías definitivas pues se han formulado diversas
solicitudes dirigidas a reclamar su pago íntegro y ello dio lugar a la expedición del
acto administrativo censurado.
6 Al respecto, se citan las sentencias T-777 de 2008 y T-008 de 2015.
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1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
El municipio de Ibagué descorrió el término para alegar y solicitó denegar las
súplicas de la demanda, y declarar probados los medios exceptivos propuestos, en
su momento, por esa entidad territorial.7 La parte demandante guardó silencio
durante esta etapa procesal.8
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.9
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
De acuerdo con el recurso de apelación, se circunscribe a establecer (i) si en los
términos en que fue formulada la demanda era viable emitir un pronunciamiento de
fondo respecto de la solicitud de reliquidación de cesantías definitivas del señor
Pablo Orlando Villanueva Rincón, con el objeto de que se tenga en cuenta, para ese
efecto, que su labor continua inició el 14 de mayo de 1970, o si la falta de
reclamación administrativa ante la Secretaría de Educación de Ibagué impedía
decidir sobre esa materia. En caso de que proceda una decisión de fondo, se deberá
definir (ii) si la Nación (Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) es
la llamada a reconocer la suma correspondiente al periodo de cesantías que se
reclama en este proceso; y (iii) si procedía pronunciarse en torno a la pretensión
dirigida a reclamar la sanción moratoria por el pago incompleto de la aludida
prestación y resolver lo pertinente.
7 Memorial que obra en el índice 13 de la plataforma Samai.
8 Según consta en el informe secretarial que obra en el folio 155 del expediente físico.
9 Folio 155.
9
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2.2. Marco normativo
La Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno
de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras
disposiciones» en su artículo 1 estableció el término de quince (15) días para que
la administración expida el acto de reconocimiento de cesantías definitivas de los
servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de radicación de la solicitud
que se haga en tal sentido, en todo caso, determinó que en el evento de que la
solicitud esté incompleta, el empleador debe manifestarlo así al peticionario, dentro
de los diez días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, y señalar expresamente
los requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen, pueda proferir el
acto que reconozca la prestación, en el término inicialmente indicado.
El artículo 2 ibidem determinó que una vez se encuentre en firme el acto de
reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta con el término de
cuarenta y cinco días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora
y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo, en el equivalente a un día
de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se
haga efectivo el pago.
Al respecto, es importante hacer mención de los argumentos que sirvieron de
soporte a la exposición de motivos que dio origen a la sanción moratoria consagrada
en la aludida ley, en especial, los siguientes:
[…] la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los servidores
públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para lograr el
cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque ha
terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que traen
consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque ante la
necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida o coima para los
funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites. Este hecho origina
además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de radicación de las
solicitudes, prácticamente al mejor postor.
Además de este factor de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando al final se paga
al trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad patronal
meses, y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más. No obstante
que la entidad pagadora, los Fondos, durante todo ese tiempo han estado trabajando
10
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esos dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la institución, pero sin
ningún reconocimiento para el trabajador10.
La Ley 1071 de 2006, adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, en torno al pago de
las cesantías definitivas y parciales11 de los servidores públicos, en sus artículos
4 y 5 determinó lo siguiente:
Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por
culpa imputable a este.
Según lo previsto en el artículo 2, los destinatarios de la Ley 1071 de 2006, son:
Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas,
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
10 Gaceta del Congreso año IV – núm. 225 del 5 de agosto de 1995.
11 Es importante precisar que se entiende por cesantías parciales aquellas que se requieren a la
administración o al fondo administrador de esa prestación con fines de adquirir vivienda o adelantar
estudios. El artículo 3 de la Ley 1071 de 2006 al respecto, señaló: «Artículo 3°. Retiro parcial de
cesantías. Todos los funcionarios a los que hace referencia el artículo 2° de la presente norma
podrán solicitar el retiro de sus cesantías parciales en los siguientes casos: /- 1. Para la compra y
adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación de
gravámenes del inmueble, contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero(a) permanente. /-
2. Para adelantar estudios ya sea del empleado, su cónyuge o compañero(a) permanente, o sus
hijos.».
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territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros
de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma
permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y
trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro. (Se resalta).
2.3. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:
El 10 de mayo de 2011,12 el director administrativo y financiero de la Alcaldía de
Ibagué expidió el certificado del tiempo de servicios del demandante, en el que se
relacionan las siguientes novedades en su historia laboral:
• Institución Educativa Guillermo Angulo Ruiz: Decreto 274 del 14 de mayo de
1970 (nombramiento), fecha de posesión 27 de mayo de 1970, hasta 12 de
julio de 1970.
• R. Mx Las Mercedes: Resolución 142 del 13 de julio de 1970 (traslado), fecha
de posesión 13 de julio de 1970, hasta 13 de agosto de 1970.
• Institución Educativa Técnica Darío Echandía: Resolución 165 del 14 de
agosto de 1970 (traslado), fecha de posesión 14 de agosto de 1970, hasta
17 de enero de 1971.
• Institución Educativa Diego Fallon: Resolución 010 del 18 de enero de 1971
(traslado), fecha de posesión 18 de enero de 1971, hasta 4 de mayo de 1971.
• E.U. Mx Varones Ancon: Resolución 108 del 5 de mayo de 1971 (traslado),
fecha de posesión 5 de mayo de 1971, hasta 16 de julio de 1978.
• Institución Educativa Técnico Francisco José de Caldas: Decreto 734 del 19
de junio de 1978 (nombramiento), fecha de posesión 17 de julio de 1978,
hasta 24 de julio de 1979.
• Institución Educativa Técnica Gra. Roberto Leyva: Resolución 731 del 19 de
julio de 1979 (traslado), fecha de posesión 25 de julio de 1979, hasta 18 de
febrero de 1990.
• Institución Educativa Técnica Gra. Roberto Leyva: Resolución 151 del 19 de
febrero de 1990 (incorporación), fecha de posesión 19 de febrero de 1990,
hasta 29 de diciembre de 1997.
• Institución Educativa Técnica Gra. Roberto Leyva: Decreto 1379 del 30 de
diciembre de 1997 (incorporación), fecha de posesión 30 de diciembre de
1997, hasta 3 de septiembre de 2008.
• Institución Educativa Técnica Comercial Celmira Huertas: Decreto 110580
del 4 de septiembre de 2008 (incorporación), fecha de posesión 4 de
septiembre de 2008, hasta 5 de julio de 2009.
• Institución Educativa Técnica Comercial Celmira Huertas: Resolución
710996 del 6 de julio de 2009 (traslado), fecha de posesión 6 de julio de 2009.
12 Folio 16.
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El 5 de diciembre de 2011,13 el secretario de educación de Ibagué expidió la
Resolución 71-02548, por la cual aclaró a Resolución 71-01411 del 16 de junio de
2011 mediante la cual había reconocido unas cesantías parciales a favor del
demandante. De sus consideraciones se extrae lo siguiente:
[…] Que mediante Resolución No 71.01411 del 16-06-2011, s reconoció y ordenó el
pago de una Cesantía Parcial para Compra de Vivienda al docente PABLO ORLANDO
VILLANUEVA RINCÓN […]
Que mediante oficio con radicado interno No 55758 calendado el 21-10-2011 el
docente solicita aclaración en el acto administrativo indicando que existe
inconsistencia en la Resolución con respecto a la fecha de vinculación a la
carrera docente ya que figura 17-07-1978.
Que al revisar la Resolución No 71-01411 del 16-06-2011, así como la certificación
del tiempo de servicio, se pudo evidenciar que la fecha de posesión es: 27 de
mayo de 1970 y no como se anotó en la mencionada resolución.
Que es necesario aclarar la Resolución No 71-01411 del 16-06-2011, por medio de la
cual se reconoce y ordena el pago de una Cesantía Parcial para Compra de Vivienda
al docente PABLO ORLANDO VILLANUEVA RINCÓN en cuanto a que la fecha de
vinculación a la carrera docente es 14 de mayo de 1970 y no 17 de 07-1978.
El 4 de agosto de 2015,14 la directora administrativa y financiera de la Secretaría de
Educación de Ibagué expidió la Resolución 71002487 por la cual reconoció y ordenó
el pago de las cesantías definitivas a favor del señor Pablo Orlando Villanueva
Rincón. En sus consideraciones se expresó lo siguiente:
[…] Que según certificación de fecha 21-01-2015 expedida por la Secretaría de
Educación de Ibagué, se comprobó que prestó sus servicios, durante el lapso
comprendido del 17/07/1978 al 124/01/2015.
[…] Que según hoja de revisión la Fiduprevisora S.A., indica que el docente
presenta nombramiento desde 17/07/1978 con el acto administrativo 734 hasta el
14/01/2015 para un total de días 13137, siendo que esta secretaria adjunta
certificación de tiempo de servicio con nombramiento desde el año 14/05/170
hasta 14/01/2015. […] [Se resalta]
El 2 de septiembre de 2015,15 el demandante interpuso recurso de reposición en
contra de la decisión anterior, en el cual solicitó que se tuviera en cuenta la totalidad
13 Folios 21 y 22.
14 Folios 3 a 6.
15 Folios 7 a 11.
13
Radicado: 73001 23 33 000 2016 00444 01 (0906-2019)
Demandante: Pablo Orlando Villanueva Rincón
de tiempo de servicio, para efecto de la liquidación de sus cesantías definitivas, esto
es, desde el 14 de mayo de 1970. De igual manera reclamó la sanción moratoria
producto del pago tardío de la diferencia de cesantías reclamada.
El 25 de febrero de 2016,16 el director administrativo y financiero de la Secretaría de
Educación de Ibagué expidió la Resolución 526, por la cual decidió en forma
desfavorable el recurso antes referido; como sustento de tal decisión adujo lo
siguiente:
[…] Mediante radicado 2016EE9618 de fecha 07-09-2016 se envió para estudio el
proyecto de Recurso de Reposición recibido el día 16-10-2015 y estudiada el 19-02-
2016, que la Fiduprevisora envía Negado el Recurso de Reposición recibido el día
26-02-2016 Radicado SAC 2016 PQR 4376.
Que la Fiduprevisora ratifica el estudio anterior toda vez que el docente fue afiliado
al Fondo de Prestaciones Sociales desde el 17-07-1978, desde ese tiempo se le
reconoció hasta la fecha de retiro 14-01-2015, por lo que los tiempos anteriores
pertenecen al ente territorial y no son competencias del Fondo de Prestaciones.
[…] [Se destaca]
El 23 de agosto de 2023, en respuesta a la prueba de oficio decretada por la Sala,17
la Secretaría de Educación de Ibagué certificó lo siguiente:
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
16 Folios 12 a 14.
17 Mediante auto del 6 de julio de 2023 (folio 156 del expediente físico e índice 19 de la plataforma
Samai). La prueba estaba orientada a identificar la relación laboral del demandante había sido
continua a partir de 27 de mayo de 1970.
14
Radicado: 73001 23 33 000 2016 00444 01 (0906-2019)
Demandante: Pablo Orlando Villanueva Rincón
El primer problema jurídico que se deberá resolver consiste en determinar si
procedía declarar probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda
respecto del municipio de Ibagué, para efecto de la solicitud de reliquidación de las
cesantías pretendida en la demanda.
Con el propósito de resolver lo anterior, la Sala debe precisar que, según el análisis
normativo realizado por el a quo y respecto del cual no hubo oposición en el recurso
de alzada,18 la competencia para el reconocimiento de las cesantías causadas a
favor del señor Villanueva Rincón, durante el lapso comprendido entre el 14 de
mayo de 1970 y el 16 de julio de 1978 radica en el municipio de Ibagué, pues aunque
una parte de ellas es de responsabilidad compartida con el Ministerio de Educación,
la reclamación en esa materia debió dirigirse por intermedio de la entidad territorial.
Para el efecto, en la providencia apelada se expuso lo siguiente:
[…] Las prestaciones sociales del personal nacionalizado causadas hasta el 31 de
diciembre de 1975, son de cargo de las respectivas entidades territoriales a las que
se encontraba adscrito el docente al momento de iniciarse el proceso de
nacionalización de la educación (numeral 2º, artículo 2º, Ley 91 de 1989) y las
causadas entre el 1º de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1980, son de
responsabilidad compartida entre la Nación y las entidades territoriales, de
conformidad con el porcentaje señalado en el artículo 5º del Decreto 2563 de 1990.
Sin embargo, dicha norma establece que aunque la Nación reconocerá los pagos
correspondientes a su responsabilidad, los mismos se harán por intermedio de las
entidades de previsión social a las cuales estaba vinculado el personal antes de la
expedición de la Ley 91 de 1989, dado que a partir de dicha fecha nación el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y, por ello, a partir del año 1990,
dicha entidad es la encargada de reconocer y pagar las prestaciones sociales del
personal del que se viene haciendo alusión.
Así las cosas, las prestaciones sociales del actor, docente del régimen nacionalizado,
causadas entre 14 de mayo de 1970 y el 31 de diciembre de 1975, son de
responsabilidad del municipio de Ibagué, y las generadas entre el 01 de enero de
1976 y el 16 de julio de 1978, son de responsabilidad compartida entre la Nación y la
aludida entidad territorial, pero la reclamación de pago deberá ser presentada ante el
respectivo ente local, por cuanto la Nación asumirá su responsabilidad a través de
este, tal y como ha sido explicado con anterioridad.
18 Valga aclarar que el sustento del recurso consistió en que existían elementos de juicio y sustentos
normativos para emitir un pronunciamiento de fondo y no uno inhibitorio y, en realidad, la decisión
de primera instancia, por un lado, se pronunció de fondo, negando la pretensión respecto del
Ministerio de Educación, y la parte apelante no contradijo el análisis que en torno a dicha
responsabilidad se efectuó, y por otro lado, se inhibió para pronunciarse de fondo en relación con el
municipio de Ibagué.
15
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Demandante: Pablo Orlando Villanueva Rincón
De lo relacionado con antelación se debe decir que no es cierto, como lo pretende
el apoderado recurrente, que no hubiera habido un análisis de fondo en la
providencia apelada, pues la transcripción parcial que antecede, denota que sí hubo
un examen de la normativa que se invocó en la demanda, el cual permitió concluir
la falta de competencia de la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio) para atender la solicitud de reconocimiento
de las cesantías causadas en el lapso comprendido entre el 14 de mayo de 1970 y
el 16 de julio de 1978, y llevó a adoptar la determinación adversa a las pretensiones
de la demanda, que se plasmó en el numeral primero de la parte resolutiva de la
decisión apelada.
Expuesto lo anterior, se debe señalar que, de acuerdo con las pruebas que reposan
en el expediente se pudo establecer que al culminar la relación laboral, el
demandante, en su condición docente, formuló solicitud ante la Secretaría de
Educación de Ibagué (Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio),
con el objeto de obtener el reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas y
obtuvo respuesta favorable mediante la Resolución 71002487 del 24 de agosto de
2015, en la cual se accedió a su reclamación, pero se mencionó como fecha de
inicio de la relación laboral el 17 de julio de 1978.
El señor Villanueva Rincón presentó recurso de reposición en contra de la decisión
anterior, el cual fue dirigido a la «Secretaría de Educación Municipal, FONDO
PRESTACIONAL» en el cual se adujo que el inicio de la relación laboral ocurrió el 14
de mayo de 1970, por lo cual solicitó la reliquidación de su prestación para que se
tuviera en cuenta todo el tiempo de servicio y se reconociera la sanción moratoria
causada por la tardanza, debido al pago incompleto de sus cesantías.
Al resolver el aludido recurso, la Secretaría de Educación municipal, en
representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, lo
despachó en forma desfavorable, para lo cual invocó el siguiente fundamento:
16
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Demandante: Pablo Orlando Villanueva Rincón
Que la Fiduprevisora ratifica el estudio anterior toda vez que el docente fue afiliado
al Fondo de Prestaciones Sociales desde el 17-07-1978, desde ese tiempo se le
reconoció hasta la fecha de retiro 14-01-2015, por lo que los tiempos anteriores
pertenecen al ente territorial y no son competencias del Fondo de Prestaciones.
[…] [Se destaca]
Lo anterior quiere decir que en el acto administrativo censurado se negó la petición
de reliquidación de cesantías, formulada por el actor, con el argumento de que el
valor causado por dicha prestación durante el interregno del 17 de julio de 1978 al
14 de enero de 2015 era el único que le correspondía asumir al fondo, pues la
prestación por los tiempos previos a dicho periodo le correspondía asumirlos a la
entidad territorial.
Frente a lo expuesto, la Sala debe señalar que, en el anterior contexto, lo que debió
hacer la Secretaría de Educación de Ibagué, en su condición de representante del
Ministerio de Educación Nacional, fue remitir la solicitud a la autoridad competente
—municipio de Ibagué—, para que se pronunciara en torno a lo que le correspondía,
tal como lo ordena el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 pero no lo hizo; sin
embargo, tal omisión no puede conllevar responsabilidad en torno a una obligación
que no está dentro de sus competencias.
En ese orden de ideas, ante la respuesta dada, en la que se indicó la falta de
competencia del Fondo para reconocer la prestación por el lapso reclamado, el
administrado debió acudir ante dicha autoridad a formular la reclamación
administrativa para exigir el pago proporcional de las cesantías por el interregno que
era de responsabilidad de esa autoridad, para que aunado con el valor reconocido
en la Resolución 71002487 del 24 de agosto de 2015, completaran la suma que le
correspondía por concepto de sus cesantías definitivas.
En necesario recalcar que en la Resolución 0526 del 25 de febrero de 2016, el
representante de la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio) le indicó expresamente al demandante que lo
relativo a los tiempos anteriores a los que hicieron parte de la liquidación de sus
cesantías, era de competencia de la entidad territorial, de modo que la gestión
idónea de la que disponía el administrado para reclamar su derecho era formular
17
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Demandante: Pablo Orlando Villanueva Rincón
una reclamación ante la autoridad local, exigiendo su derecho y dándole la
oportunidad de pronunciarse al respecto, pero no lo hizo.
En efecto, el artículo 161 del CPACA estableció los requisitos que deben cumplirse
para la presentación de la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. De manera específica, sobre el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho preceptuó:
Artículo 161. Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se
someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:
[…]
2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán
haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren
obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá
demandar directamente el acto presunto.
Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los
recursos procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere este numeral
[…].
(Negritas por fuera del original)
La normativa citada consagró la denominada actuación administrativa como un
presupuesto procesal de carácter obligatorio para quien pretenda demandar la
legalidad de un acto de contenido particular y concreto ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
En virtud del mencionado precepto, el ciudadano, antes de instaurar el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, debe dirigir su pretensión a la
administración o debatir la validez del respectivo acto ante aquella, según el caso;19
lo primero, cuando no haya existido pronunciamiento alguno mediante el cual se
deniegue o acceda al reconocimiento de una situación jurídica; lo segundo, a través
de la interposición de los recursos que la ley establece como obligatorios. De esta
manera se le da la oportunidad a la administración para que defina la situación
19 Dependiendo si ha existido pronunciamiento o no. De acuerdo con el artículo 4.º del CPACA la actuación
administrativa puede iniciarse «1. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés general. 2. Por
quienes ejerciten el derecho de petición, en interés particular. 3. Por quienes obren en cumplimiento de
una obligación o deber legal. 4. Por las autoridades, oficiosamente» (Negritas por fuera del original).
18
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Demandante: Pablo Orlando Villanueva Rincón
concreta del peticionario y revise los argumentos fácticos y jurídicos de su decisión,
a fin de determinar si debe revocarla, modificarla o aclararla.20
Bajo tales supuestos, el agotamiento de la actuación administrativa constituye i) una
garantía de los derechos de defensa y debido proceso de los ciudadanos frente al
comportamiento de la administración, porque permite debatir sus decisiones, ii) una
oportunidad para que la administración emita pronunciamiento sobre la situación
puesta a su conocimiento o reevalúe sus actos y corrija los errores contenidos en
estos y, iii) un presupuesto procesal para presentar la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho.21
Valga señalar, además, que si bien es cierto que según lo establecido en el artículo
138 de la Ley 1437 de 2011, «[t]oda persona que se crea lesionada en un derecho
subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del
acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho;
también podrá solicitar que se le repare el daño», también lo es que necesariamente
debe existir correspondencia entre aquella autoridad a quien se le formula la
reclamación administrativa y que produce el acto enjuiciable y aquella respecto de
la cual se pide el restablecimiento del derecho en el medio de control respectivo.
Siendo así, no es viable deprecar el restablecimiento del derecho respecto de una
autoridad que no ha tenido la oportunidad de pronunciarse, en sede administrativa,
respecto del derecho subjetivo reclamado, lo que ocurre en el sub lite, toda vez que
el demandante no formuló reclamación administrativa ante al municipio de Ibagué,
en la cual exigiera las cesantías definitivas por el lapso que fue negado por el Fondo
20 Por su parte, la doctrina ha entendido el procedimiento administrativo como «una garantía de la adecuación
de la actividad administrativo a criterios de objetividad y eficacia y, también, como una garantía del pleno respeto
de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administración pública.» Luciano Parejo Alfonso.
Eficacia y administración. Madrid, 1995, Once – Gavitas, 2002, pp.793 y ss. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
Compendio de Derecho Administrativo. Cit. p. 421.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, providencia del
28 de febrero de 2018, expediente número 05001-23-33-000-2014-01730-01(3176-17), M.P. Dr. César
Palomino Cortés. «Esta exigencia legal implica entonces, salvo contadas excepciones, el ejercicio de los
recursos de Ley frente a los actos administrativos de carácter particular y concreto, fundamentalmente del
recurso de apelación cuando éste resulta procedente, en tanto las normas de procedimiento
administrativo han establecido su obligatoriedad a diferencia de los recursos de reposición y de queja
cuyo ejercicio es meramente facultativo, so pena de tornarse improcedente el acceso a la vía judicial en
aplicación de los preceptos legales anteriormente mencionados.». (Negritas por fuera del original).
19
Radicado: 73001 23 33 000 2016 00444 01 (0906-2019)
Demandante: Pablo Orlando Villanueva Rincón
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
En el anterior sentido, la Sala comparte la decisión de primera instancia, en cuanto
considera que no es viable emitir un pronunciamiento de fondo en esta litis, respecto
del municipio de Ibagué, ante la falta de reclamación en sede administrativa, que le
permitiera a esta pronunciarse en torno al derecho pretendido; sin embargo, no se
considera acertada la escogencia de la excepción de que se hizo uso, toda vez que
esta Subsección ha sostenido22 que la ineptitud sustantiva de la demanda tan solo
se constituye en los eventos descritos en el artículo 100 del Código General del
Proceso, por lo que, en casos como el analizado, resulta apropiado denominar la
excepción como «falta de reclamación en sede administrativa».
En todo caso, es oportuno señalar que el asunto que se examina no guarda similitud
con la decisión adoptada en el radicado 25000 23 25 000 2004 00269 01 (1446-06)
del 17 de agosto de 2011 —invocada en el recurso de alzada como precedente para
el estudio de su pretensión— pues si bien en ella se accedió a ordenar a la Nación
(Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio)
el reconocimiento de cesantías que, en su momento, no se habían concedido al allí
demandante, por un tiempo específico de labor docente, el análisis de dicho proceso
se centró en que la administración no accedió al pago de la prestación por el tiempo
debatido porque la labor había sido prestada en interinidad,23 mientras que, en este
caso, lo que se advirtió, por parte del a quo, fue que el demandante no formuló la
reclamación ante la autoridad territorial, que era la competente para pronunciarse
sobre su derecho y ello impedía, en torno a ella, adoptar una decisión de fondo, de
manera que no es aplicable lo decidido en la providencia citada.
Resuelto en los anteriores términos el primer problema jurídico, se debe señalar que
ante la falta de prosperidad de la pretensión encaminada a obtener una diferencia
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
providencia del 21 de abril de 2016, Rad. 47-001-23-33-000-2013-00171-01 (1416-2014).
23 En efecto, en dicha providencia se señaló lo siguiente «La razón por la cual se desecharon más
de 20 años de servicio al momento de liquidarle las cesantías definitivas al actor, fue la de que
durante esos años se desempeñó como docente “interino” y no bajo un nombramiento en
propiedad».
20
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Demandante: Pablo Orlando Villanueva Rincón
en el valor de las cesantías, no era del caso que el tribunal de primer grado se
pronunciara acerca de la sanción moratoria pretendida y tampoco se hará en esta
instancia, toda vez que dicha penalidad derivaba del presunto pago incompleto de
la prestación de modo que, en primer lugar, respecto de esa pretensión tampoco
hubo reclamación administrativa ante la entidad presuntamente competente para el
efecto y, en segundo lugar, el análisis de dicha pretensión consistía en la existencia
de una demora en la cancelación de la prestación, por lo que, ante la imposibilidad
de un pronunciamiento en torno a ello, no es viable tampoco examinar si dicha
penalidad puede o no surgir respecto de la tardanza en el pago de una diferencia
de cesantías como la que se reclama.
En todo caso, resulta indispensable señalar que aunque es cierto, como lo afirma el
apoderado de la parte demandante, que el numeral 3 del artículo 171 de la Ley 1437
de 2011 dispone que el juez notificará «a los sujetos que, según la demanda o las
actuaciones acusadas, tengan interés directo en el resultado del proceso» no se
advierte que el haber notificado a la entidad territorial, como tal, y no como
representante del Ministerio de Educación, como se hizo,24 hubiera cambiado el
sentido de la decisión anterior, toda vez que, aún a pesar de su intervención en este
proceso judicial no podría endilgársele responsabilidad respecto de una obligación
frente a la cual no tuvo oportunidad de pronunciarse en sede administrativa, tal
como se expuso.
Adicionalmente, se debe señalar que si bien es cierto el artículo 180, numeral 5.º,
de la Ley 1437 de 2011 impone al juez adoptar todas las medidas necesarias para
«evitar sentencias inhibitorias» también lo es que, en casos excepciones como el
sub lite, en el cual, después del debate jurídico y probatorio, se advierte que la parte
omitió el deber de formular la reclamación administrativa ante la autoridad
competente de pronunciarse acerca del derecho pretendido, ello impide el examen
de fondo de la pretensión, pues proceder en forma contraria atentaría contra los
derechos al debido proceso, defensa y contradicción de la parte a la cual se le
24 Se precisa que el municipio de Ibagué sí intervino en el proceso, pero en calidad de representante
del Ministerio de Educación, pues fue en tal calidad en que expidió los actos censurados.
21
Radicado: 73001 23 33 000 2016 00444 01 (0906-2019)
Demandante: Pablo Orlando Villanueva Rincón
impidió analizar, en sede administrativa, acerca de la prosperidad o no de la
reclamación.
Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará la decisión de instancia, con la
precisión en torno a la denominación de la excepción que era del caso declarar
probada.
2.5. Condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,25 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández
Gómez.
22
Radicado: 73001 23 33 000 2016 00444 01 (0906-2019)
Demandante: Pablo Orlando Villanueva Rincón
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que se debe confirmar la sentencia de primera
instancia que omitió hacer un pronunciamiento de fondo sobre el asunto debatido,
pero se aclarará en cuanto a la denominación de la excepción que se declaró
probada; y no se condenará en costas de segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 8 de septiembre de 2018, por el
Tribunal Administrativo del Tolima, en cuanto denegó las pretensiones de la
demanda formulada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho por el señor Pablo Orlando Villanueva Rincón en contra de la Nación
(Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
Secretaría de Educación de Ibagué), por las razones expuestas en las
consideraciones que anteceden.
Segundo. Aclarar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia
recurrida, en el sentido de que la excepción que se declaró probada fue la de falta
de reclamación administrativa respecto del municipio de Ibagué, según lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
23
Radicado: 73001 23 33 000 2016 00444 01 (0906-2019)
Demandante: Pablo Orlando Villanueva Rincón
Tercero. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia.
Cuarto. Reconocer personería adjetiva al abogado Diego Andrés Sotomayor
Segrera, como apoderado del municipio de Ibagué, en la forma y términos del poder
adjunto en el índice 13 de la plataforma Samái.
Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DDG
24
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