Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00487-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00487-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00487-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-00487-01
Demandante JOSÉ WILSON HOYOS Y OTROS
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Causales generales de
procedibilidad. Relevancia constitucional. Tercera instancia.
Legitimación en la causa por activa. medio de control para la
reparación de perjuicios causados a un grupo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
tutela del 26 de febrero de 2026, proferido por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, en el que se dispuso lo siguiente:
«PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación realizadas por el Ministerio de Justicia
y del Derecho y el ICA.
SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Mary
Aidé Pantoja Mora, en lo referente al señor Raúl Antonio Marín.
TERCERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor
José Wilson Hoyos y otros, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.».
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 26 de enero de 20261, los señores José Wilson Hoyos, José Fidencio Quinisquin,
Luz Margarita Coronel López, Arley Eladio Espinoza Coronel, Olegario Bañol
Correa, Lizardo Quisacue Trochez, César Zambrano Yatacue, Segundo Nazario
Chamba Canticus, Marleny del Socorro Getial y Luis Alveiro Diaz Erazo, mediante
apoderada judicial, interpusieron acción de tutela contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia, con ocasión de la sentencia del 18 de julio de 2025, proferida por dicha
autoridad judicial en el trámite del medio de control de reparación de perjuicios
causados a un grupo 52001-23-33-000-2017-00412-00/01.
En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
«Segundo.- (…) ordenar al Consejo De Estado-Sala De Lo Contencioso Administrativo -
Sección Tercera -Subsección B, M.P. Dr. ALBERTO MONTAÑA PLATA, que en segunda
instancia analice y le dé el valor probatorio a todas y cada una de las pruebas aludidas en los
hechos de la presente acción que acreditan la legitimación en causa por activa de mis
representados dentro de la acción de grupo No. 2017-00412, cursante en el H. Tribunal
Administrativo de Nariño – Sala de Decisión y entre a estimar si se les causó daño para ser
acreedores de las pretensiones de la acción.
Tercero. - Se tomen las medidas que se considere necesarias para que cese la vulneración a
los derechos invocados.
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Samai, índice 2
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00487-01
Demandante: José Wilson Hoyos y otros
Cuarto. - Se ordene al Honorable Consejo de Estado-Sala de Lo Contencioso Administrativo-
Sección Tercera-Subsección B, M.P. Dr. ALBERTO MONTAÑA PLATA, que, en un término
no mayor a 48 Horas, de cumplimiento al fallo de tutela»
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. José Wilson Hoyos y otros integrantes del grupo de agricultores de las veredas
Argentina, Santa Lucía, Playa, Brisas de Rumiyaco, Empalme, Amarradero,
Libertad, Paraíso de Sapoyaco, Jardines de Sucumbíos y Brisas del Gavilán
del corregimiento Cofania Jardines de Sucumbíos del municipio de Ipiales
(Nariño) promovieron acción de grupo contra la Nación, Ministerio de Defensa,
Policía Nacional con ocasión de los daños sufridos en sus cultivos como
consecuencia de las aspersiones con glifosato realizadas el 9 de agosto de
2015.
2.2. El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Tribunal
Administrativo de Nariño que, en sentencia del 29 de agosto de 2018, accedió
a las pretensiones de la demanda en el sentido de declarar la responsabilidad
extracontractual y patrimonial de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional, por los daños causados al grupo demandante debido a la
aspersión de glifosato en la fecha antes indicada.
Como consecuencia de lo anterior, condenó a la Policía Nacional al pago por
concepto de daño emergente de 119 de los demandantes, pero negó las
súplicas frente a 42 miembros del grupo por considerar que no acreditaron los
presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado.
El Tribunal denegó las pretensiones de la demanda respecto de una parte del
grupo con fundamento en razones que pueden agruparse en cuatro
categorías2: (i) quienes no acreditaron la titularidad de la posesión o de la
tenencia sobre los bienes; (ii) aquellos casos en los que el daño que no era
imputable a la Policía Nacional, debido a la presencia de cultivos ilícitos; (iii)
los relacionados con la ubicación del predio; y (iv) quienes no acreditaron el
daño.
2.3. La sentencia fue apelada por la Policía Nacional y por el grupo demandante.
La entidad demandada argumentó que el dictamen pericial que liquidó los
perjuicios no podía ser tenido en cuenta porque no se fundamentó
debidamente; además, cuestionó la desvinculación del Ministerio del Interior,
del ICA y del Ministerio de Medio Ambiente. Igualmente, se opuso a la
reparación concedida a varios miembros del grupo aduciendo que a algunos
se les otorgó más de lo pedido y otros no tenían legitimación en la causa por
activa por no haber acreditado la posesión de los predios.
Por su parte, el grupo accionante cuestionó la decisión de negar las
pretensiones frente a una parte de los miembros del grupo porque, a su juicio,
si existían pruebas suficientes del daño y de la posesión. Además, discutió la
omisión de pronunciamiento sobre el lucro cesante y la negativa a reconocer
el daño moral.
2.4. En providencia del 18 de julio de 2025, la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado confirmó parcialmente la decisión del a quo en el
sentido de: (i) declarar la falta de legitimación en la causa de los señores José
Fidencio Quinisquín, Luz Margarita Coronel López, Arlei Eladio Espinoza
2 Esta delimitación la hizo la autoridad judicial de segunda instancia en el párrafo 10 de la sentencia del 18 de julio de 2025.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00487-01
Demandante: José Wilson Hoyos y otros
Coronel, Raúl Antonio Marín, José Wilson Hoyos, Olegario Bañol Correa,
William Prado Sánchez, Lizardo Quisacué Trochez, Cesar Zambrano Yatacué,
Segundo Nazario Chanba Canticus, Marleny del Socorro Getial y Luis Alveiro
Díaz Erazo y (ii) negar las pretensiones respecto de Aura Emiria Mavisoy
Santacruz, Miguel Ángel Rodríguez Erazo, Favio Alexander Benavides, Jorge
Germán Malpud Tulcán, Arcenio Montoya Obando y Apolonio García Guanga.
Frente a los demás demandantes, (iii) confirmó la declaratoria de
responsabilidad de la Policía Nacional y la condenó al pago del lucro cesante
«por la afectación de los cultivos y plantaciones del grupo demandante, con exclusión de
quienes carecen de legitimación en la causa y de quienes se les negaron las
pretensiones»3. Agregó que el perjuicio debía liquidarse en trámite incidental.
Como fundamento de su decisión, indicó que las personas frente a las que se
negó la demanda no demostraron el daño antijurídico padecido, mientras que
a los que no se les encontró acreditada la legitimación se debió que no
probaron que para la época de los hechos tuvieran la calidad de poseedores
o propietarios de los predios afectados.
La sentencia se notificó a través de estado electrónico del 1° de agosto de
20254.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora sostuvo que la autoridad accionada incurrió en defecto fáctico dado
que valoró incorrectamente las pruebas del proceso, en especial las que
acreditaban la calidad de propietarios de los cultivos de los demandantes, entre
ellos, las visitas oculares de daños realizados por la inspectora de policía de Cofania
Jardines de Sucumbíos en compañía con el técnico de la Secretaría de Agricultura,
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del municipio de Ipiales.
En su consideración estos elementos de convicción constituyen hechos de posesión
o tenencia que facultan a los aquí accionantes a reclamar el daño que se les causó.
Agregó que su calidad de poseedores era de conocimiento notorio y, por ello, los
presidentes de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Empalme, Argentina y
Brisas del Gavilán dieron certeza de esa situación.
Adicional a lo anterior, en el escrito de tutela se relacionó un aparte de la sentencia
de tutela del Consejo de Estado, Sección Quinta, identificada con el radicado 11001-
03-15-000-2013-01318-00, con ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 30 de enero de 2026, el despacho sustanciador de primera
instancia: admitió la acción de tutela interpuesta por los señores José Fidencio
Quinisquin, Luz Margarita Coronel López, Arley Eladio Espinoza Coronel, José
Wilson Hoyos, Olegario Bañol Correa, Lizardo Quisacue Trochez, Cesar
Zambrano Yatacue, Segundo Nazario Chamba Canticus, Marleny del Socorro
Getial, Luis Alveiro Diaz Erazo y Raúl Antonio Marín contra la Subsección B
de la Sala Tercera del Consejo de Estado.
Además, vinculó en calidad de terceros con interés, al Tribunal Administrativo
de Nariño, Sala de Decisión del Sistema Oral; al grupo de agricultores de las
veredas Argentina, Santa Lucia, Playa, Brisas de Rumiyaco, Emplame,
Amarradero, Libertad, Paraíso de Sapoyaco, Jardines de Sucumbios y Brisas
del Gavilan del corregimiento Cofania Jardines de Sucumbios del Municipio de
3 Numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia del 18 de julio de 2025.
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Samai, proceso 52001-23-33-000-2017-00412-01. Índice 37.
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Demandante: José Wilson Hoyos y otros
Ipiales, Nariño 5 ; a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional; al
Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y al Instituto Agropecuario Colombiano, ICA.
Finalmente, reconoció personería a la abogada Mary Aide Pantoja y le solicitó
que aclarara la calidad en la que actúan los señores Luis Alveiro Díaz Eraso y
Raúl Antonio Marín, toda vez que en el escrito introductorio se indica que el
señor Díaz Erazo actúa en nombre propio y como agente oficioso del señor
Marín.
4.2. La apoderada de la parte actora aclaró que el señor Luis Alveiro Díaz Erazo
actúa en nombre propio y que es ella la que ejerce como agente oficiosa del
señor Raúl Antonio Marín, quien, informó: «se encuentra fallecido».
4.3. El Tribunal Administrativo de Nariño allegó soporte de notificación del auto
admisorio de la acción de tutela a la apoderada de la parte demandante en la
acción de grupo, el 10 de febrero de 2026.
Adicionalmente, obra en el expediente aviso del 12 de febrero del año en
curso, publicado por la Secretaría General de esta Corporación, en el que
informó al grupo de agricultores de las veredas Argentina, Santa Lucía Playa,
Brisas de Rumiyaco Emplame, Amarradero, Libertad, Paraíso de Sapoyaco,
Jardines de Sucumbios y Brisas del Gavilan del corregimiento Cofania
Jardines de Sucumbios del Municipio de Ipiales, debidamente individualizados,
sobre la existencia de esta acción de tutela.
4.4. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por
conducto del ponente de la sentencia acusada, manifestó que la parte
considerativa de la providencia contenía los argumentos necesarios para que
el juez de tutela tomara la decisión que correspondiera en derecho y anunció
que acataría el fallo constitucional.
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El grupo está conformado por las siguientes personas:
José Otoniel Revelo Morán, Jeiner Alfonso Zuñiga López, Octavio
Felipe Urbano Urbaño, Juanito Javier Getial Getial, Servio Tulio Figueroa, Luz Deisy Muñoz Parra, Henry López Rojas,
Linda Jazmín Arteaga Benavides, Jean Claude Laso Cuaspud, Juan Efrén Díaz Morales, Marelby López Rojas, Pedro
Marino Delgado, Lilia Sandra Zúñiga López, Julio Getial Getial, Zuleima Biviana Díaz Benavides, José Elver Pantoja
Biana, Pedro Luis Ortiz Sánchez, Aura Emiria Mavisoy Santacruz, Eberardo Arcesio Cuastumal Montero, María Blanca
Yandun, Genaro Polivio Tapia Guerrero, Tabita Elsa Pinchao de Vallejo, Jesús Amilcar Laso Cerón, Nidia Yolanda Palma,
Benito José Abel Portillo Oliva, Floralba Tapia Guerrero, Mariano Luna Guerrero, Derly Yurani Arteaga Palma, Alberto
Miguel Benavides Pérez, Carmen Luz Vallejos Bastidas, Sigifredo Ospina Lina, Sonia Amparito Cuaran, Nilzon Madroñero
León, Ramiro Papamija Díaz, Yessica Lorena Fajardo Hidalgo, Félix María Erazo de Tapia, Gabriel Venegas Rueda,
María Lucia Chindoy Becerra, Ana Liliana Cuaran, Nohemí Cerón Muñoz, Alejandro Taicus Bisbicus, Clara Estella
Canticus Pascal, Edith Elena Imbacuan, Juan Carlos Cuaran, Marco Antonio Rodríguez, Erasmo Benavides Quistanchala,
Juana Elizabeth Chamorro López Morro López, Ana Lucia Flórez Cerón, Ismenia Caicedo Larrahondo, Fernando Asdrúbal
Alvis Gutiérrez, Pedro Pablo Acosta Cantincus, Héctor Enrique Cuaran Hernández, María Verónica Yela Madroñero, Rosa
Carmelina Nastacuas Pai, Adjemiro Jiraldo Imbacuan, Jesús Alberto Ramírez Chalparpued, Ruber Amable Sánchez
Burbano, María Estella García Burbano, José Rodolfo Rosero Roja, Uldarico Enriquez Guerrero, Arcenio Montoya
Obando, Jesús Daniel Coronel López, Eli Urbano Samboni, Luz Yanira Ordoñez Anacona, Rosa Elvira Imbacuan, Mario
Pascal Pai, Víctor Nelson Cuaran Toro, Nelson Yovani Lasso Arias, Yudi Iglet Díaz Quintero, Graciela Navia, Marlon Kelly
Fajardo Hidalgo, María Celina Quintero Ropero, Raúl Antonio Marín, Miguel Ángel Rodríguez Erazo, Mariana de Jesús
Paguay Cuaran, Leonardo Antonio Ortega Escobar, Miguel Arturo Hernández Montaña, Carlos Alberto Gualmatán Cáliz,
Jimmy Javier Marín Valencia, Albeiro Armando Espinosa Coronel, José Gustavo Hernández Velásquez, Hernando
Bermúdez, Carlos Arturo Chapid Cuaran, Rosa Albina Castillo, Gustavo Martínez Ramíres , María Edilma Zambrano, Luis
Alberto Tulcán, Alcides Henao Quintero, Gloria Roció Mosquera Jojoa, Julio Hernando Cuaran Cuaran, María Rosa Alba
Cuaran, María Nidia Quisacue Trochez, María Nelly Restrepo Murillo, William Prado Chávez, Emilio Chate Ul, Adrián
Armando Hernández, Ángel Armando Hernández, María Orfelina Escobar Cumbalaza, Misael Antonio Tucanes Inguilan,
Nelly Violeta Andí Aviles, Ovidio Bitelmo Hernández Chávez, Florentino Narváez, Marco Antonio García Guanga, José
Francisco Getial, Hugo Ordoñez Bravo, María Gloria Cueltan Ituyan, Dionicio Eladio Arboleda Cabrera, Segundo Alfonso
Guarnica Meneses, Fidel Sebastián Gelpud Obando, Danny Bayron Calvache Díaz, Mariela Genoveva Martínez Franco,
Yivier Luna Fuentes, Adriana Patricia Zúñiga López, Favio Alexander Benavides Benavides, Jhon Fernando Ordoñez
Anacona, Pedro Eugenio Yela Yela, Ana Deifilia Chávez Bravo, Jorge Germán Malpud Tulcán, José Floriberto Benavides
Morales, Zoila Cruz Cuaran Cuaran, Ángel María Pinchao Quinsquin, José Arquímedes Ceballos, José Hernando Arteaga
Díaz, María Jael Taquez, Héctor Julio Rojas, Jaime Gabriel Meneses Romo, Arcenio Montoya Obando, Libardo Antonio
Pabón Ramírez, Jaime Ramiro León Rosero, Aura Elisa Rosero Muñoz, Adrián Alfonso León Bastidas, Jhon Eduard Coral
Garzón, José Hernando Mueses Inagan, Pablo Emilio Álvarez, Saulo Rigoberto Daza Gómez, Segundo Artemio Inagan
Lucero, Félix Heriberto Cerón Muñoz, Diego Giraldo Pinchao Taquez, Leonardo Mueses Yandun, Rebeca Anacona
Joaqui, Clemencia León Sigindoy, Luis Alfonso Mejía, Rosa Elena Calvache, Eusebio Andrés Gelpud, Franco Reimán
Díaz Morales, Edith Luna Fuentes, Segundo Roque Chávez, Aleida Luna Fuentes, Fredy Alexander Taquez y Apolonio
García Guanga.
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Demandante: José Wilson Hoyos y otros
4.5. El Ministerio de Justicia y del derecho, por conducto de apoderado judicial,
solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por incumplir el
presupuesto de relevancia constitucional, esto debido a que se toma el
mecanismo constitucional como una instancia adicional para retomar el debate
probatorio.
De manera subsidiaria, manifestó que la autoridad judicial accionada valoró
apropiadamente los medios de prueba aportados al proceso, pues en la
sentencia se individualizaron los demandantes excluidos de la condena y la
autoridad judicial explicó por qué no se encontraba acreditada respecto de
estas personas la legitimación en la causa por activa. En esa medida, advirtió
la diferencia entre no valorar una prueba y valorarla desfavorablemente,
aduciendo que el último es un escenario propio de la función jurisdiccional.
Finalmente, indicó que la autoridad judicial si apreció las vistas oculares y las
certificaciones comunitarias, pero descartó su peso de convicción porque
fueron posteriores al hecho dañoso y porque no acreditaban la posesión para
el 9 de agosto de 2015.
4.6. La Policía Nacional, por conducto de apoderado judicial, manifestó que no se
concretó la vulneración ius fundamental reprochada por los accionantes, pues
en la parte considerativa de la sentencia obra estudio detallado de la autoridad
judicial accionada en el que relacionó a cada uno de los miembros del grupo
para determinar si se concretó el daño que alegaban.
4.7. El Instituto Colombiano Agropecuario, mediante apoderado judicial, solicitó
que se declare la improcedencia de la acción de tutela ante la inexistencia de
un escenario de vulneración de derechos fundamentales, pues la decisión
cuestionada se dictó con apego a la ley.
También solicitó la desvinculación del proceso constitucional por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
4.8. El Tribunal Administrativo de Nariño, por conducto del titular del despacho
02, manifestó que la acción de tutela carece de relevancia constitucional, pues
lo que pretende la parte accionante es discutir asuntos de mera legalidad o de
apreciación judicial que están en el marco de la normativa aplicable y que no
comprometen los derechos fundamentales invocados.
En línea con lo anterior, advirtió que el desacuerdo de la parte actora con el
sentido de la decisión no se erige como un argumento válido para discutir una
providencia judicial vía acción de tutela. Asimismo, recordó que contra las
sentencias de los tribunales administrativos procede el recurso extraordinario
de revisión, pero no fue agotado por la parte interesada.
4.9. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el grupo de agricultores de
las veredas Argentina, Santa Lucía, Playa, Brisas de Rumiyaco, Empalme,
Amarradero, Libertad, Paraíso de Sapoyaco, Jardines de Sucumbíos y Brisas
del Gavilán del corregimiento Cofania Jardines de Sucumbíos del municipio de
Ipiales no se pronunciaron frente a la acción de tutela.
5. Providencia impugnada
En sentencia del 26 de febrero de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado
negó las solicitudes de desvinculación del Ministerio de Justicia y del Derecho y del
ICA, declaró la falta de legitimación en la causa por activa de la abogada Mary Aidé
Pantoja Mora, en lo referente al señor Raúl Antonio Marín y declaró la
improcedencia de la acción de tutela promovida por el señor José Wilson Hoyos y
otros.
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Respecto de la legitimación en la causa por activa, el a quo consideró que la
abogada Mary Aidé Pantoja no puede actuar como agente oficiosa en nombre del
señor Raúl Antonio Marín, por cuanto su fallecimiento impide la procedencia de la
acción de tutela, cuyo objeto es proteger derechos fundamentales del titular vivo.
No obstante, aclaró que se mantiene la legitimación de la abogada como apoderada
del grupo accionante.
Establecido lo anterior, indicó que no evidenciaba prima facie la vulneración de los
derechos fundamentales por parte de la entidad enjuiciada, dado que su decisión
se fundamentó en el marco legal y jurisprudencial aplicable en la valoración del
acervo probatorio.
Consideró que, en la sentencia del 18 de julio de 2025, se examinó individualmente
la situación de los 11 integrantes de grupo frente a quienes se declaró la falta de
legitimación en la causa, teniendo en cuenta pruebas como certificaciones de las
juntas de acción comunal, autoridades indígenas y contratos de compraventa.
Sin embargo, dichas pruebas no permitieron establecer la fecha de inicio de la
posesión de predios, al no precisar el momento en el que ocurrió o al referirse a
periodos posteriores al hecho dañoso.
En ese contexto, reiteró que la valoración probatoria y la selección de la norma
aplicable son ejercicios propios de la autonomía judicial, por lo que no era viable
cuestionarlos a través de la acción de tutela, máxime cuando los argumentos del
escrito de amparo coinciden con los reparos expuestos en las instancias ordinarias.
También, evidenció que los argumentos de la acción de tutela carecen de una carga
argumentativa robusta que justifique la intervención del juez constitucional.
6. Impugnación
La apoderada de la parte actora impugnó la anterior decisión. Manifestó que con la
interposición de la acción de tutela no pretende obtener una tercera instancia, sino
que se garanticen los derechos fundamentales de sus mandantes frente al defecto
fáctico de la sentencia acusada. En esa línea, destacó que las visitas oculares de
daños realizadas por la inspectora de policía en compañía del técnico de la
Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Ipiales constituía
prueba de la legitimación. Esto, porque las autoridades verificaron cada predio e
identificaron al agricultor propietario de los cultivos afectados.
Agregaron que en el trámite de la acción de grupo no comparecieron terceros a
reclamar derechos sobre las indemnizaciones solicitadas, lo que refuerza el
argumento sobre la titularidad de los predios afectados. En ese sentido, reprocharon
que el Consejo de Estado realizara un análisis riguroso de las certificaciones de
sana posesión expedidas por las juntas de acción comunal, pero no haya otorgado
el mismo valor a las actas de visita que, a su juicio, también acreditaban la
legitimación de los demandantes.
Insistió en que las actas de visita contenían información detallada sobre los
propietarios, los predios, las áreas afectadas y los cultivos dañados, por lo que
debían tener pleno valor probatorio; no obstante, la autoridad judicial accionada
restó valor probatorio arbitrariamente.
Finalmente, argumentó que el Consejo de Estado desvió indebidamente el análisis
del daño hacia la legalidad del título de propiedad de los predios, asunto que no era
el objeto del litigio, pues el debate se centraba en la indemnización por los daños a
los cultivos debido a la aspersión con glifosato, cuya afectación, aseguran, está
suficientemente probada con el acta de visita. Como sustento de su inconformidad,
relacionó apartes de la sentencia de tutela proferida en el proceso 11001-03-15-000-
2013-01318-00, con ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19916, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales.
Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas Corporaciones
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales7
y especiales8 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional9 ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
Ahora bien, cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida
por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la
acción de amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las
encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que
los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia.
Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional
para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada
debe contener un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa
con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una Alta Corporación, corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales
6
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
7
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
8
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
9
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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Demandante: José Wilson Hoyos y otros
especiales de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia
judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución
Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional. Es importante tener
en cuenta que, en la sentencia, SU573 de 201710, la Corte Constitucional analizó el
tercer elemento en el acápite de relevancia constitucional.
3. Planteamiento del problema jurídico
De conformidad con los antecedentes expuestos en el asunto sub examine,
corresponde a la Sala establecer si le asistió razón al juez de tutela de primera
instancia al declarar la improcedencia de la acción de tutela por no satisfacer el
presupuesto de relevancia constitucional.
En caso de que se encuentren superados este y los demás requisitos de
procedencia, la Sala abordará el estudio de fondo para determinar si la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en los defectos fáctico y de
desconocimiento del precedente, al proferir la sentencia del 18 de julio de 2025
dentro del proceso ordinario 52001-23-33-000-2017-00412-01.
4. Presupuesto general de relevancia constitucional: alcance y análisis en
el caso particular
4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta
premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está
condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.
Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este
requisito, esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del
Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por
la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos
criterios orientadores:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el
interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
10
Con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00487-01
Demandante: José Wilson Hoyos y otros
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.
4.2. Analizado el contenido de la acción de tutela y de la impugnación, la Sala
confirmará el fallo del a quo debido a que se evidencia que la parte actora
pretende utilizar el mecanismo constitucional como un escenario adicional
para prolongar el debate probatorio sobre la legitimación en la causa por activa
dentro de la acción de grupo sub examine, asunto que ya fue objeto de análisis
y decisión por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Además, no se evidencia que los argumentos de inconformidad expuestos por
la parte actora tengan la entidad ni la carga argumentativa necesarias para
refutar las conclusiones probatorias de la providencia cuestionada, ni para
incidir en el sentido de la decisión.
4.3. Al respecto, se recuerda que en el escrito de apelación, la Policía Nacional11,
entre otros argumentos, solicitó expresamente que se declarara la falta de
legitimación en la causa por activa de varios miembros del grupo demandante
debido a que no acreditaron el derecho que alegaban sobre los bienes
respecto de los cuales afirmaban haber sufrido el daño.
Frente a ese aspecto en específico, en los alegatos de conclusión de segunda
instancia12, la apoderada del grupo demandante manifestó lo siguiente:
«Aunado a lo expuesto, Su Señoría, es indispensable profundizar respecto de:
• La legitimación en la causa por activa, si bien es cierto, en el acervo probatorio se allego
certificado de libertad y tradición, sanas posesiones y copia de contratos de compraventa ,
entre otros, de todos y cada uno de mis mandantes, con el objeto de acreditar la propiedad,
posesión y/o tenencia que ejercían mis mandantes para la fecha de los hechos, no es menos
cierto que las sanas posesiones se emitieron con posterioridad a los hechos que se
demandan, ello no quiere decir que carezcan de valor probatorio, ya que estas sanas
posesiones demuestran desde cuando los mandantes vienen ejerciendo la posesión y /o
tenencia de las fincas, sin embargo se resalta con el debido respeto que el objeto del presente
litigio no se encuentra encaminado a legalizar o reclamar derechos respecto de titularidad de
propiedad o de posesión o tenencia de determinados predios, además que mis poderdantes
ejercían derechos posesorios consistentes en la explotación agropecuaria con cultivos de
cacao, plátano, frutales entre otros cultivos lícitos, los cuales fueron afectados con el actuar
legal efectuado por las avionetas de la Policía Nacional al realizar la aspersión aérea con
glifosato el día 9 de agosto de 2015, daños que fueron reportados personalmente por todos
y cada uno de mis mandantes ante la autoridad local, tal como se encuentra demostrado a
través de las visitas técnicas efectuadas por funcionarios de la Secretaria de Agricultura de
11 Samai, proceso 5200-12333-000-2017-00412-01. Índice 25.
12 Samai, proceso 52001233300020170041201, índice 15.
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Demandante: José Wilson Hoyos y otros
la Alcaldía Municipal de Ipiales (N) y por la Señora Inspectora de la localidad y prueba
testimonial, de allí que mis prohijados, se encuentran plenamente legitimados para impetrar
esta acción, tal como lo ha pronunciado el H. (Tribunal Administrativo de Nariño, Sentencia de
fecha 18 de octubre de 2013, exp. 2010-00212-01 Int.0267, Actor: Henry Armando Hurtado
Castillo y otros, Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. M.P. Dr.
Oscar Silvio Narváez Daza).
(...) 3.- Su Señoría, también se hace necesario referirme al sustento del recurso de alzada
presentado por la parte demandada, en los siguientes términos: (...) b. Falta de legitimación
en la causa por activa, al respecto su Señoría se tiene que mis mandantes e encuentran
totalmente legitimados por activa, toda vez que lograron demostrar documental y
testimonialmente que mis mandantes eran los propietarios de los cultivos que fueron afectados
con la aspersión aérea con glifosato realizada el día 9 de agosto de 2015; en ningún momento
se adelante debate jurídico sobre la propiedad, tenencia o posesión de los predios sobre los
cuales se encontraban instalados los cultivos que fueron afectados por la demandada. (...)»
4.4. A partir del párrafo 27 de la sentencia del 18 de julio de 2025, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, se abordó el
estudio de la legitimación en causa por activa de las personas que ahora
comparecen como accionantes en esta tutela.
En este punto, resulta necesario precisar que el análisis de la autoridad
accionada no se limitó a verificar la titularidad del derecho de dominio sobre
los predios como condición de la legitimación en la causa por activa13, sino
que extendió dicho examen a la acreditación de la calidad de poseedores.
En ese contexto, el Consejo de Estado concluyó que los hoy accionantes
carecían de legitimación en la causa por activa, al no haber acreditado la
condición de propietarios o poseedores para la época en que ocurrió la
aspersión con glifosato. Para sustentar esta conclusión, valoró los medios de
prueba allegados al proceso y expuso las razones por las cuales los consideró
insuficientes para demostrar la calidad invocada.
Se traen a colación los apartes pertinentes de la sentencia:
«(…) 28. José Fidencio Quinisquín: únicamente obra en el expediente una certificación de
posesión expedida el 22 de octubre de 2015 por la Junta de Acción Comunal de la vereda El
Empalme14 . Es decir que esta certificación es posterior a la fecha en la que habría ocurrido la
aspersión con glifosato, esto es, el 9 de agosto de 2015 y, dicha certificación no precisa desde
cuándo se ejercía efectivamente dicha posesión. Por ello, no existe prueba de que, para la
época de los hechos, tenía la calidad de poseedor del predio.
29. Luz Margarita Coronel López: únicamente obra una certificación de la Junta de Acción
Comunal de la Vereda El Empalme15, expedida el 22 de octubre de 2015, que no precisa
desde cuándo se ejercía esta posesión.
30. Arlei Eladio Espinoza Coronel: obra una certificación de posesión expedida por la Junta
de Acción Comunal el 10 de octubre de 2015, que no precisa desde cuándo se ejercía la
posesión. Adicionalmente, en el expediente obra la copia de un contrato de compraventa sobre
el predio16, pero este documento está fechado el 18 de agosto de 2015, posterior a cuando
habría ocurrido la aspersión.
31. Raúl Antonio Marín: el certificado de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La
Argentina17, de 5 de octubre de 2015, no indica desde cuándo se inició la posesión y no existe
prueba alguna de que se ejerciera para la época de los hechos.
13
Esta aclaración se hace porque en el escrito de impugnación se indicó: «Se reitera que Independientemente del análisis
que realiza la sala, respecto de la legalidad del título de la propiedad sobre los cuales se encontraban instalados los
cultivos de propiedad de mis mandantes, tema que no es objeto de debate, toda vez que no es tema de debate jurídico
dentro de la acción de grupo incoada por mis mandantes, en razón a que no se está discutiendo sobre derecho alguno
sobre estos predios, ya que el fondo de discusión en la acción de grupo radica en la reclamación de la indemnización de
los cultivos afectados de propiedad de mis mandantes los cuales fueron afectados con la aspersión aérea con glifosato
realizada por la policía nacional el día 9 de agosto de 2015, propiedad que se encuentra demostrada sin discusión alguna
a través de las respectivas visitas (…)»
14
Folio 516 C. 3
15
Folio 520 C. 3
16
Folio 545 C. 3
17
Folio 691 C. 3
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Demandante: José Wilson Hoyos y otros
32. José Wilson Hoyos: el certificado de posesión expedido por la Junta de Acción Comunal18
fue expedido el 23 de octubre de 2015, sin indicar el inicio de dicha posesión. También consta
un contrato de compraventa19 sobre el predio, pero su fecha es el 19 de octubre de 2015,
posterior a cuando habría ocurrido la aspersión.
33. Olegario Bañol Correa: el certificado de la Junta de Acción Comunal 20 acerca de la
posesión no indica desde cuándo inició y tiene fecha el 23 de octubre de 2015. Adicionalmente,
existe una copia de un contrato de compraventa21 con fecha del 23 de octubre de 2015, es
decir que ambos documentos son posteriores a la fecha en la que habría ocurrido la aspersión.
(…) 35. Lizardo Quisacué Trochez: la certificación de posesión expedida por la Junta de
Acción Comunal22 no indica desde cuándo se ejerce dicha posesión y tiene por fecha el 19 de
octubre de 2015. Adicionalmente, existe un contrato de compraventa23 que indica que ocurrió
el 26 de agosto de 2015, esto es, con posterioridad a la fecha en la que habría ocurrido la
aspersión.
36. Cesar Zambrano Yatacué: obra una certificación expedida el 19 de octubre de 2015 por el
resguardo indígena24, en donde se afirma que el señor Zambrano "es dueño legítimo de 26
hectáreas de terreno compradas oralmente al señor JORGE ELIESER CAMPO GAVICHE ya
fallecido el cual dicho terreno hace parte del resguardo NASA UH, se le hace entrega con las
siguientes cláusulas". Sin embargo, no consta la fecha de dicho acuerdo anterior, por lo que,
únicamente se encuentra probado que era poseedor para el 19 de octubre de 2015, fecha
posterior a aquella en la que habría ocurrido la aspersión.
37. Segundo Nazario Chanba Canticus: únicamente obra una certificación de posesión
expedida por el gobernador del resguardo ISHU AWA25, con fecha de 6 de octubre de 2015,
pero no se indica desde cuándo se ejerce dicha posesión.
38. Marleny del Socorro Getial: únicamente obra una certificación de posesión expedida el 30
de noviembre de 2015, por la Junta de Acción Comunal de la Vereda Santa Lucía26, pero no
indica desde cuándo se ejercía dicha posesión.
39. Luis Alveiro Díaz Erazo: solamente obra en el expediente una certificación expedida el 22
de octubre de 2015 por la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Paraíso de Sapoyaco27,
en donde se afirma que "este terreno fue adquirido mediante documento de compraventa al
señor Jorge Álvarez", sin que se precise la fecha de dicho contrato.»
Como se observa, la autoridad judicial accionada valoró los medios de prueba
aportados por los demandantes que estimó útiles para establecer su
legitimación en la causa. No obstante, concluyó que dichos elementos no eran
suficientes para acreditar su calidad de propietarios, poseedores o tenedores
para la fecha del daño. En particular, señaló que los certificados de la junta de
acción comunal eran posteriores al hecho dañoso, no precisaban el momento
de inicio de la posesión y no estaban acompañados de otros medios de prueba
anteriores que permitieran corroborar la calidad en la que los demandantes
afirmaban actuar. En similar sentido se refirió sobre los contratos de
compraventa o certificaciones de posesión que eran posteriores al hecho
dañoso.
En suma, aunque se aportaron certificaciones de posesión, la autoridad
advirtió que estas fueron expedidas con posterioridad al hecho dañoso y que
no precisan el momento de inicio de la posesión ni se encuentran respaldadas
en otros medios de prueba que permitan inferir su ejercicio para la época del
daño.
4.5. De otra parte, se observa que la autoridad judicial reconoció la legitimación en
la causa de otros demandantes, en tanto estos aportaron medios de convicción
que permitían corroborar la calidad en la que actuaban, tales como escrituras
18
Folio 771 C. 3
19
Folio 772 C. 3
20
Folio 799 C. 3
21
Folio 799 C. 3
22
Folio 850 C. 4
23
Folio 850A C. 4
24
Folio 865 C. 4
25
Folio 874 C. 4
26
Folio 878 C. 4
27
Folio 1107 C. 5
11
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Demandante: José Wilson Hoyos y otros
públicas, contratos de compraventas de fecha anterior a los hechos y actos de
adjudicación, etc. En este punto, se estima pertinente relacionar el aparte de
la sentencia que reconoció la legitimación en la causa de 40 de los
demandantes:
«40. El resto de los miembros del grupo probó que, para la época de los hechos, esto es, el 9
de agosto de 2015, tenía la calidad de poseedor o propietario del predio que habría resultado
afectado. En efecto, obra en el expediente, respecto de los miembros restantes del grupo,
certificaciones individuales de posesión, expedidas por las juntas de acción comunal o por las
autoridades indígenas del correspondiente resguardo y, aunque dichos documentos tienen
una fecha posterior al 9 de agosto de 2015, también existen documentos diversos que
demuestran la relación jurídica con el bien desde fecha anterior a aquella en la que habría
ocurrido la aspersión, esto es, contratos de compraventa, escrituras públicas y adjudicación
por el resguardo indígena. El análisis conjunto de dichas pruebas permite inferir que la
posesión del predio se ejercía para la época de los hechos. Solamente en dos casos no se
cuenta con un documento de fecha anterior, pero el certificado de posesión precisó la fecha
de su comienzo, la que es anterior al 9 de agosto de 201528. Esos documentos están firmados,
por lo que revisten de autenticidad y no se tacharon de falsos en el proceso, por lo que tienen
valor probatorio.»
La fundamentación de la sentencia evidencia que el Consejo de Estado tomó
en consideración los medios de prueba pertinentes para establecer la
legitimación en la causa por activa, los valoró individualmente y en conjunto y
expuso las conclusiones probatorias que, a su juicio, derivaban de su
contenido. En esa medida, se observa que la pretensión de los accionantes se
contrae a manifestar su desacuerdo con el juicio de valoración efectuado por
la autoridad judicial accionada, con el propósito de que sea nuevamente
examinado por el juez de tutela como si la acción constitucional constituyera
una instancia adicional, lo cual desborda la finalidad y naturaleza del
mecanismo de amparo.
4.6. De otro lado, los accionantes alegan una valoración excesivamente rigurosa
de los medios de prueba, pero no exponen argumentos concretos que
respalden sus apreciaciones ni que tengan la entidad suficiente para desvirtuar
el juicio de valoración efectuado por la autoridad judicial accionada. Se reitera
que en la sentencia cuestionada el Consejo de Estado expuso las razones por
las cuales consideró que las certificaciones expedidas por las juntas de acción
comunal no eran suficientes para tener por acreditada la legitimación en la
causa por activa.
Ahora bien, en lo que respecta a la alegada omisión de valoración de visitas
oculares de verificación de daños realizadas por la inspectora de policía, en
compañía del técnico de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio
Ambiente de Ipiales que, a juicio de la parte actora, constituía prueba de la
legitimación en la causa por activa, esta Sala observa que dichos medios de
prueba fueron considerados por la autoridad judicial accionada,
específicamente en el análisis del elemento del daño, en los siguientes
términos:
«46. El daño: la afectación de diferentes cultivos. (…) tras la fumigación, una parte de los
miembros del grupo acudió a la autoridad municipal, para que constatara la existencia de sus
cultivos y las afectaciones que padecieron como fruto de la aspersión del glifosato. Como
respuesta a las solicitudes, la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
del municipio de Ipiales expidió certificaciones individuales, donde consta la existencia y
naturaleza de cada uno de los cultivos, su extensión y el estado de afectación. Dichas
certificaciones fueron elaboradas entre el 8 y 20 de noviembre de 2015, tras la visita a cada
uno de los predios, con el acompañamiento del técnico agropecuario Gabriel Tucanes. En
tales documentos se indica “amarillamiento y marchitez de los cultivos”. Estas certificaciones
28
«El 19 de octubre de 2015, la Junta de Acción Comunal certificó la posesión de Carmen Luz Vallejos Bastidas “por un
tiempo superior a los cinco años” (folio 380 c. 1); el 14 de octubre de 2015 la Junta de Acción Comunal certificó la posesión
de Florentino Narváez “desde hace 15 años” (Folio 861 c. 4).»
12
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se elaboraron para acompañar las quejas administrativas ante la Policía. El resto de los
miembros del grupo solicitó a la inspectora de policía de Cofania Jardines de Sucumbíos,
Nancy Estela Carlosama, que constatara los daños y, tras la visita que realizó, en compañía
del mismo técnico de la Secretaría de Agricultura, certificó, de manera individual, la existencia,
extensión y naturaleza de cada cultivo y las afectaciones que habrían resultado de la aspersión
con glifosato.
47. El técnico agropecuario que acompañó las visitas, bajo la gravedad del juramento, rindió
testimonio en el proceso en donde confirmó que visitó cada uno de los predios y que allí
constató los daños que fueron certificados. Explicó que presenció la aspersión el 9 de agosto
de 2015 y que, en desarrollo de su función de asistencia agropecuaria a los agricultores,
realizó las visitas y constató los daños. Igualmente, la inspectora de policía que suscribió las
certificaciones rindió testimonio en donde aseguró que presenció la fumigación, indicó que
realizó las visitas a los predios, así como las circunstancias en las que se realizaron y confirmó
el contenido de las certificaciones.» (Subraya la Sala)
De lo anterior se desprende que la acusación de omisión probatoria no se
acompasa con el contenido de la sentencia, en tanto las visitas oculares fueron
valoradas conforme al alcance que la autoridad consideró que tenían, esto es,
como medios de acreditación de la existencia de los cultivos y de las
afectaciones derivadas de la aspersión.
Si bien dichas pruebas no fueron consideradas para acreditar la relación
jurídica o material de los actores con los predios, lo cierto es que la parte actora
no explicó de qué manera tales elementos de convicción tendrían la capacidad
de demostrar dicha relación, ni precisó su incidencia en el sentido de la
decisión. En consecuencia, persiste la improcedencia del amparo por ausencia
de una carga argumentativa suficiente y por falta de incidencia.
En todo caso, aún si se valoraran las referidas pruebas en los términos
propuestos por la actora, debe destacarse que su finalidad se circunscribe a
la constatación de la existencia de los cultivos y de los daños ocasionados, sin
que de su contenido se deriven elementos que permitan tener por acreditada
la legitimación en la causa por activa. Es más, en las actas de visita se dejó la
siguiente nota:
«Nota: Se deja constancia que el (a) peticionario (a) no presentó dentro de los 30 días
siguientes a la fumigación realizada el día 9 de agosto de 2015, la respectiva queja formal ante
'la Alcaldía Municipal de Ipiales, ni mucho menos allegó documento alguno que acreditara la
calidad de propietario (a), poseedor (a), tenedor (a), circunstancia por la cual, está Inspección
de Policía y la Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Municipio de
Ipiales, no realizaron trámite administrativo alguno ante la Policía Nacional - Dirección
Antinarcóticos» (Subraya la Sala)
En esa medida, se insiste, la alegada omisión probatoria sin una explicación
sobre su incidencia en la decisión relativa a la legitimación carece de
relevancia constitucional y evidencia únicamente una discrepancia con la
valoración probatoria efectuada, mas no la existencia de un yerro ostensible
determinante y trascendente que justifique la intervención del juez de tutela.
4.7. En este punto conviene recordar que la Corte Constitucional ha indicado que
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales es
«estrictamente excepcional» 29 a fin de proteger los principios de autonomía,
especialidad e independencia judicial, así como los de seguridad jurídica y
cosa juzgada. Así entonces, el estudio de la petición de amparo se torna más
riguroso frente al defecto fáctico, pues es pacífico que el juicio de valoración
probatoria desplegado por el juez natural de la causa está prevalido de un
amplio margen de discrecionalidad, propio del sistema de libre valoración
acogido en el Código General del Proceso30.
29
Sentencia SU215 de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
30
Artículos 165. Medios de prueba y 176. Apreciación de las pruebas.
13
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Demandante: José Wilson Hoyos y otros
Lo anterior no quiere decir que aquella discrecionalidad sea ilimitada, pues no
equivale a arbitrariedad o capricho; implica que la intromisión del juez de tutela
en la valoración probatoria del fallador natural se restringe a los eventos en los
cuales la irregularidad sea ostensible, flagrante y manifiesta31, escenario que
no se vislumbra en el caso particular.
Así las cosas, no es admisible que se utilice la acción de tutela con el propósito
de revisar simples desacuerdos con la valoración de las pruebas, sino que
correspondía al demandante asumir una carga argumentativa rigurosa y
suficiente, máxime tratándose de una sentencia proferida por una alta
Corporación, a efectos de demostrar por qué la motivación expuesta en la
sentencia vulneró sus derechos fundamentales.
Como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, la simple disparidad de
criterio no constituye en sí misma una vulneración de derechos fundamentales.
De aceptar esa posibilidad, se desnaturalizaría la acción de tutela contra
providencias judiciales, como mecanismo excepcional. Es por tal motivo, que
de manera reiterada se ha sostenido que cuando se controvierten decisiones
judiciales, la procedencia del amparo está sujeto a que el asunto sea de tal
relevancia en materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo
4.8. En cuanto al cargo de desconocimiento del precedente judicial, la Sala
coincide con él a quo en que ni en la tutela ni en la impugnación se expuso la
identidad fáctica y jurídica entre los casos ni se identificó la regla de decisión
presuntamente desconocida, por lo que el reproche carece de carga
argumentativa mínima.
En todo caso, se advierte que el precedente invocado (rad. 2013-01318-00), se
refiere a un supuesto de omisión en la valoración de las pruebas relevantes
para acreditar la titularidad de los cultivos afectados con la aspersión, mientras
que en el presente asunto la autoridad judicial accionada sí valoró los medios
de prueba, pero los consideró insuficientes para acreditar la legitimación en la
causa por activa de los aquí accionantes.
Adicionalmente, se destaca que la determinación sobre la suficiencia e
idoneidad de los medios de prueba corresponde a un ejercicio de valoración
probatoria del juez natural de la causa que está atado a las particularidades
de cada caso. En esa medida, no es posible trasladar de manera automática
las conclusiones probatorias adoptadas en otros asuntos.
5. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión de declarar la
improcedencia de la acción de tutela por incumplir el presupuesto de relevancia
constitucional, adoptada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el fallo
del 26 de febrero de 2026.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. CONFIRMAR la sentencia de tutela del 26 de febrero de 2026, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia
31
Corte Constitucional. Sentencia SU337 de 2017 M.P. Antonio José Lizarazo, reiterada en la sentencia T-018 de 2023,
con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez.
14
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2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito.
3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
15
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