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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00517-00

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00517-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora Rosmeri Orellano Ariza, quien actúa por intermedio de apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo del Cesar. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00517-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00517-00
Accionante: ROSMERI ORELLANO ARIZA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR

Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con pretensión de ajuste salarial en el
escalafón docente. Incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Rosmeri Orellano Ariza, quien actúa por intermedio de
apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo del Cesar.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 27 de enero de 2026, la parte accionante acudió al juez constitucional con el fin
de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad,
de acceso a la administración de justicia, la tutela judicial efectiva y al principio de
favorabilidad, que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada con
ocasión de la sentencia proferida el 31 de julio de 2025.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR en la sentencia
proferida el día 31 DE JULIO 2025, en el expediente radicado bajo número
20001333300720240017001, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) ROSMERI
ORELLANO ARIZA, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la
jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el
material probatorio obrante en el proceso ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al
debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del (la) docente
ROSMERI ORELLANO ARIZA a la luz de los argumentos planteados en la demanda
ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico.”

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00517-00
Accionante: Rosmeri Orellano Ariza

2. Hechos

De la lectura de la demanda de tutela y de las piezas procesales obrantes en el
expediente, se destacan los siguientes hechos relevantes:

En el año 2004 se llevó a cabo la incorporación de los primeros docentes vinculados
bajo el nuevo Estatuto de Profesionalización Docente, establecido en el Decreto-
Ley 1278 de 2002, marco normativo que introdujo un sistema basado en el mérito,
por lo que el ingreso a la carrera docente exigía la aprobación de un concurso
público de méritos, seguido de un periodo de prueba.

El artículo 20 del Decreto-Ley 1278 de 2002 establece la estructura del escalafón
docente conformado por tres grados (1, 2 y 3), cada uno integrado por cuatro niveles
salariales (A, B, C y D). La inscripción en el escalafón se produce automáticamente
una vez el docente supera el periodo de prueba y acredita los requisitos del artículo
12 del mismo decreto y del Decreto 1075 de 2015. La clasificación inicial depende
del nivel académico del aspirante, conforme con los siguientes criterios: (i)
normalista superior: grado 1, nivel A; (ii) licenciado o profesional no licenciado, con
o sin especialización: grado 2, nivel A; (iii) licenciado o profesional no licenciado con
título de maestría o doctorado en área afín: grado 3, nivel A.

Una vez inscrito en el escalafón, el docente puede optar por dos mecanismos de
movilidad: la reubicación en el nivel salarial o el ascenso de grado. El ascenso
consiste en pasar de un grado a otro manteniendo el nivel salarial inicial, mientras
que la reubicación implica avanzar dentro del mismo grado (por ejemplo, de 2A a
2B). Ambos procesos requieren cumplir requisitos normativos, superar evaluaciones
de desempeño y competencias y están sujetos a disponibilidad presupuestal.

La señora Rosmeri Orellano Ariza es docente oficial en la categoría 2B del escalafón
vigente regulado por el Decreto-Ley 1278 de 2002.

Para los años 2008 y 2009, el Gobierno Nacional expidió los Decretos 624, 714 y
1407 de 2008, así como los Decretos 702 y 1238 de 2009, mediante los cuales se
fijaron incrementos salariales diferenciados entre las categorías.

Con fundamento en lo anterior, la señora Rosmeri Orellano Ariza solicitó al
Ministerio de Educación Nacional y a la Secretaría de Educación Departamental de
Cesar el reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de los
incrementos desiguales e injustificados decretados para los años 2008 y 2009, en
los cuales se favoreció a docentes de una categoría inferior (2A) en detrimento de
quienes, como ella, se encontraban en una mejor posición en el escalafón (2B).
Mediante los oficios CES2024ER0066071 de la Secretaría de Educación de Cesar y
2024-EE-0560482 del Ministerio de Educación Nacional, se respondió de manera
desfavorable la petición.

En consecuencia, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y
el departamento del Cesar, con el fin de que se inaplicara por ilegal el Decreto 284
de 2024, que fijó la escala salarial del personal docente, así como los demás
decretos posteriores, y se declarara la nulidad de los actos administrativos que

1
Fechado el 22 de febrero de 2024.
2
Fechado el 27 de febrero de 2024

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Accionante: Rosmeri Orellano Ariza

negaron su reajuste salarial. Como consecuencia, solicitó el reconocimiento y pago
de las diferencias salariales causadas durante los tres (3) años anteriores a la
reclamación administrativa, en virtud de la prescripción, así como las que se causen
en el futuro.

El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Valledupar mediante sentencia
del 30 de abril de 20253 negó pretensiones de la demanda, al considerar que el
Gobierno Nacional en ejercicio de la potestad de configuración normativa que le
otorga el artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política y la Ley 4ª de
1992, tenía competencia para fijar y modificar anualmente la asignación básica
salarial de los docentes oficiales conforme a criterios de política fiscal, nivel del
cargo, formación y experiencia, sin que existiere un mandato constitucional o legal
que impusiera incrementos porcentuales homogéneos entre distintos niveles del
escalafón. En consecuencia, el hecho de que en los años 2008 y 2009 el incremento
porcentual para los docentes del grado 2-B haya sido inferior al del grado 2-A no
configuraba vulneración del principio de igualdad ni del principio de progresividad
laboral, dado que no se produjo desmejora salarial (las asignaciones aumentaron
en términos absolutos) y los grupos comparados no son equivalentes desde el punto
de vista normativo; por tanto, no procedía la inaplicación por vía de excepción de
los decretos salariales ni la anulación de los actos que negaron el reconocimiento
de diferencias salariales

La parte actora presentó recurso de apelación, al considerar que el a quo realizó un
análisis fragmentado de la problemática planteada, al considerar que no se vulneró
el principio de igualdad. Alegó que la sentencia adolece de un análisis exhaustivo y
razonado respecto de la ausencia de justificación sobre la limitación de los
incrementos porcentuales diferenciados en los años 2008, 2009 y 2011 y explicó
por qué, en su criterio, los actos demandados estaban en contravía de la escala
salarial establecida en el Decreto Ley 1278 de 2002.

El Tribunal Administrativo del Cesar por medio de sentencia del 31 de julio de 2025
confirmó la decisión, en síntesis, por las mismas consideraciones del a quo.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora se refirió al cumplimiento de los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales y que la decisión cuestionada
desconoció los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso
a la administración de justicia, la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad,
así como los parámetros normativos y probatorios del régimen salarial docente, al
carecer de motivación suficiente, razonada y válida.

Mencionó que la autoridad judicial incurrió en defecto sustantivo, pues validó
incrementos salariales diferenciados en 2008 y 2009 entre categorías del escalafón
2B frente a 2A, sin justificar objetivamente la disparidad, en contravía de los artículos
13 y 53 de la Constitución Política, la Ley 4 de 1992 y el Decreto-Ley 1278 de 2002.
Es decir, insistió que se comprobó en sede judicial que los incrementos salariales
aplicados a los docentes del nivel 2B fueron inferiores a los otorgados al personal
ubicado en el nivel 2A, sin que el Tribunal accionado ofreciera una justificación clara

3
Proferida en el proceso con radicado núm. 20001333300720240017-00

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y coherente que permitiera concluir que dicha diferencia era legal y ajustada al
marco normativo.

Asimismo, expuso que se configuró defecto fáctico, por cuanto el Tribunal incurrió
en una indebida valoración probatoria respecto del debate jurídico planteado, puesto
que no se acreditó por parte del extremo pasivo que el mayor incremento salarial
otorgado a los docentes ubicados en un nivel inferior del escalafón, como es el caso
del escalafón 2A, en comparación con la categoría 2B, respondiera a razones
objetivas, verificables y debidamente fundamentadas. Ello, por cuanto no se allegó
prueba alguna que demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran
dicha decisión administrativa. Alega que tampoco se motivó el trato diferencial al
que se sometió a la docente demandante.

Finalmente, puso de presente que en un caso similar otras autoridades judiciales -
Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Medellín4 y Juzgado Veintiocho
Administrativo del Circuito de Medellín5), accedieron a las pretensiones en otras
demandas de nulidad y restablecimiento del derecho.

4. Trámite procesal

Por auto de 4 de febrero de 2026, el despacho del magistrado sustanciador admitió
la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar a la parte accionante
y a la autoridad judicial accionada -Tribunal Administrativo de Cesar-. De igual
modo, a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, departamento de Cesar y al
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Valledupar, como terceros
interesados en el resultado del proceso. Finalmente, a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 610 del Código
General del Proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas el 6
de febrero de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.

5. Oposición

5.1. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional

La profesional especializada de la Oficina Asesora Jurídica solicitó declarar
improcedente la acción de tutela por no cumplirse el requisito de relevancia
constitucional, al considerar que con ella se pretende reabrir un debate ya resuelto
en sede judicial, referido exclusivamente a una controversia de naturaleza
económica, sin demostrarse la vulneración de derechos fundamentales. Asimismo,
sostuvo que la accionante disponía de otros mecanismos idóneos de defensa
judicial, por lo que no se satisface el principio de subsidiariedad ni se acredita la
existencia de un perjuicio irremediable.

5.2. Respuesta del Tribunal Administrativo del Cesar

El despacho ponente señaló que, en lo concerniente a la garantía del derecho de
defensa, reiteraba y acogía los fundamentos de orden constitucional, legal y
jurisprudencial previamente expuestos en providencia objeto de tutela, así como los

4
En sentencia proferida dentro del proceso núm. 05001-33-33-023-2024-00171-00
5
En sentencia proferida dentro del proceso núm. 5001-33-33-028-2024-00163-00.

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criterios fijados dentro del trámite. Asimismo, indicó que los despachos
administrativos del circuito de Valledupar y esa corporación judicial mantienen una
línea jurisprudencial uniforme en los procesos relacionados con el incremento
salarial por concepto de escalafón docente, en el sentido de desestimar las
pretensiones formuladas, conforme al marco legal y constitucional vigente.

5.3. La Secretaría de Educación Departamental del Cesar y el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Valledupar, aun cuando fueron notificados en
debida forma guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo No. 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela presentada por la señora
Rosmeri Orellano Ariza es procedente, de conformidad con los requisitos generales
cuando se cuestiona una providencia judicial y, en caso afirmativo, si la autoridad
judicial demandada incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y por
desconocimiento del precedente judicial.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones6.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20057, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional8.
6
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
8
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.

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Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala9, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o
de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de
tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de
la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe
referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación
con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de
incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos
que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea
la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se
trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional
del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

La señora Rosmeri Orellano Ariza, quien actúa por intermedio de apoderada judicial,
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar, por considerar
que la sentencia de 31 de julio de 2025, en la que se confirmó la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda, incurrió en los defectos fáctico,
sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial.

9
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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Al respecto, indicó que la decisión avaló incrementos salariales diferenciados entre
las categorías 2B y 2A durante 2008 y 2009 sin justificación objetiva, ni probatoria
que explicara la necesidad de dichos incrementos desiguales y omitió un análisis
del impacto real en la igualdad salarial del magisterio.

Del análisis de los argumentos que soportan los defectos alegados, la Sala advierte
que fueron objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Administrativo del
Cesar al resolver el recurso de apelación que se interpuso contra la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, por lo que en el caso
se incumple el requisito de relevancia constitucional, en tanto se está utilizando la
acción de tutela con el fin de dar continuación al debate que ya fue zanjado por el
juez natural del asunto.

En efecto, del expediente allegado como prueba la Sala observa que, la parte
demandante promovió demanda en ejercicio del medio de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y
a la Secretaría de Educación Departamental de Cesar, en la que solicitó la
inaplicación por ilegalidad del Decreto Nacional 284 de 2024, así como los demás
decretos posteriores, y se declarara la nulidad de los actos administrativos que
negaron su reajuste salarial. Como consecuencia, solicitó el reconocimiento y pago
de las diferencias salariales causadas durante los tres (3) años anteriores a la
reclamación administrativa, al ostentar la categoría 2B, en virtud de la prescripción,
así como las que se causen en el futuro.

El asunto fue asignado por reparto al Juzgado Séptimo Primero Administrativo del
Circuito de Valledupar, bajo el radicado núm. 20001333300720240017-00, profirió
sentencia el 30 de abril de 2025, en la que resolvió negar las pretensiones de la
demanda, al considerar que el Gobierno Nacional en virtud de la Ley 4ª de 1992 y
el Decreto 1278 de 2002, tenía amplia potestad para fijar y ajustar anualmente la
asignación básica de los docentes, sin que existiera obligación de aplicar
incrementos porcentuales iguales entre distintos niveles del escalafón. Agregó que
como en los años 2008 y 2009 no hubo desmejora salarial (pues los sueldos
aumentaron en términos absolutos) ni identidad entre los grupos comparados, no
se configuró vulneración del principio de igualdad ni de progresividad, razón por la
cual no procedía anular los actos demandados.

Contra la anterior decisión, la accionante interpuso recurso de apelación por
considerar que el juez de primera instancia no analizó de manera completa y
razonada la legalidad de los incrementos salariales diferenciados aplicados a los
docentes en los años 2008, 2009 y 2011, pues dichos ajustes -a diferencia de los
aumentos homogéneos otorgados entre 2005-2007 y 2012-2024- carecieron de
justificación técnica, jurídica y fáctica, generando desigualdad salarial acumulada y
vulnerando los principios de igualdad, proporcionalidad, favorabilidad y legalidad.

Adicionalmente, sostuvo que los decretos que fijaron los aumentos no incluyeron
estudios ni motivación que explicaran el trato desigual entre escalafones, lo que
produjo una base salarial defectuosa que afectó a todos los docentes durante más
de una década. Asimismo, expuso que la Administración no respondió
adecuadamente a las críticas formuladas y que la Secretaría de Educación tampoco
ejerció su deber de corregir irregularidades. Señaló que la falta de justificación
convierte los incrementos diferenciados en actos arbitrarios, contrarios al Decreto-

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Ley 1278 de 2002, a la Ley 4 de 1992 y a la jurisprudencia, configurando causales
de nulidad.

El recurso de apelación fue desatado por el Tribunal Administrativo del Cesar
mediante sentencia del 31 de julio de 2025, en la que se confirmó la decisión del a
quo que negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes
consideraciones:

“(…) Con lo anterior, es posible concluir en primer lugar que el valor fijado como
asignación salarial en los años posteriores al 2004 no se establece en función
de una cifra porcentual sobre el salario pagado el año inmediatamente anterior,
pues el decreto no lo fija de esa manera, sino que determina un monto líquido,
en otras palabras, no se puede confundir el acto de fijar la asignación salarial
con aumentar su valor de manera porcentual anualmente, toda vez que en la
primera se determina un monto y en la segunda para llegar a un valor
determinado es necesario sumar el aumento porcentual con base en el salario
anterior.

Ahora bien, la Ley 4 de 1992 establece que corresponde al Gobierno Nacional
fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos entre ellos la
población docente al servicio del Estado por remisión del artículo 46 del Decreto
1278 de 20025. Bajo esta premisa, para fijar la remuneración de los servidores
públicos docentes se exige que el acto promulgado por el Gobierno Nacional se
ajuste a los límites establecidos por la ley marco, dentro los cuales se destaca
(en lo que respecta a la modificación de las asignaciones salariales) que el valor
debe aumentarse anualmente con el propósito de contrarrestar el fenómeno
inflacionario y la imposibilidad de desmejorar los salarios y prestaciones sociales
de los servidores públicos, según fue establecido por el artículo 2°y 4° de la ley
marco. Y eso es lo que hacen los decretos de que trata este proceso.

Así las cosas, dista la Sala de la posición planteada por la parte demandante en
la que manifestó que el aumento en un porcentaje desigual que se realizó para
los años 2008, 2009 y 2011 afectó negativamente el valor del importe en el año
siguiente, pues este valor no es modificado porcentualmente, sino que el decreto
lo fija en un monto líquido que solo debe seguir los preceptos estipulados por la
ley marco.

De otro lado, el apelante manifestó que el porcentaje del aumento salarial debe
hacerse en igual proporción para los docentes sin tener en cuenta las diferencias
inherentes a los grados y niveles del escalafón docente, por tal razón, consideró
que con los aumentos desiguales realizados en los años 2008, 2009 y 2011 se
incurrió en una práctica discriminatoria por realizar aumentos porcentualmente
diferentes sin un sustento razonable.

(....)

Acorde con la jurisprudencia trascrita, es posible concluir que, si bien es
necesario aumentar los salarios de los servidores públicos cada año con el fin
de contrarrestar el efecto de la inflación, el incremento entre unos y otros puede
ser diferente teniendo en cuenta políticas macroeconómicas y fiscales del país.

(…)

En este contexto, sería erróneo afirmar, conforme manifestó el recurrente, que
el Gobierno Nacional está imposibilitado para fijar valores en los que se aumente
la asignación salarial diferente entre los escalafones y niveles salariales de los

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docentes, en otras palabras, que el aumento salarial debe ser igual para todos
los docentes cada año, lo indicado por el apelante pierde sustento, toda vez que
el Gobierno Nacional cuenta con amplia potestad de configuración normativa
para fijar los valores de incremento salarial cada año y los mismos deben
obedecer a razones de política macroeconómica y fiscal de acuerdo a lo
estipulado en el artículo 2, literal “h” de la Ley 4 de 199210.

Así las cosas, la decisión del Gobierno Nacional de aumentar las asignaciones
salariales de la población docente oficial de específica para cada grado y nivel
salarial para los años 2008, 2009 y 2011, se hizo acorde a lo consagrado por las
normas que rigen la materia y con base en la amplia potestad de configuración
normativa que fue otorgada por la misma Constitución Política.

En consonancia con lo anterior, respecto al cargo referente a la falta de
motivación en los actos administrativos demandados sobre la disparidad en el
porcentaje de aumento salarial a pagar, es necesario aclarar que los decretos
que establecen la escala única nacional de salarios y el régimen prestacional de
los docentes son un acto administrativo de carácter general, en ese sentido, no
requieren ser justificados con el mismo detalle que un acto particular y concreto,
respecto de las modificaciones que pueda realizar siempre y cuando se ciña a
los lineamientos de la Ley marco, pues la motivación se entiende implícita en la
amplia facultad de configuración normativa que fue conferida al Gobierno
Nacional por el legislador para la materia.. (…)”.

Respecto de la presunta vulneración del principio de igualdad, la autoridad judicial
accionada expuso “es posible afirmar que no existe discriminación al aplicar
incrementos salariales desiguales, pues si bien desempeñan las mismas funciones,
bajo las mismas condiciones y con el mismo nivel de responsabilidad, la estructura
del escalafón docente clasifica por grupos a los maestros oficiales acorde con su
formación académica y prevé que estos puedan ascender en el escalafón si
cumplen con los requisitos académicos y la evaluación del periodo de prueba,
desempeño o competencias según el caso, descritos en el artículo 21 del Decreto
1278 de 2002 y en el caso de estudio no se evidencia que la parte activa haya
solicitado el ascenso de escalafón”

Conforme a lo anterior, la Sala advierte que los argumentos expuestos por la parte
accionante buscan reabrir y continuar el debate jurídico ya planteado y resuelto
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido
para definir la presunta vulneración derivada de los incrementos salariales
diferenciados aplicados en los años 2008, 2009 y 2011, los cuales, a juicio de la
demandante, le generaron un impacto negativo en la base salarial de los años
subsiguientes.

En efecto, del escrito de tutela se advierte que la accionante sostiene que la
autoridad judicial incurrió en defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del
precedente judicial, reiterando los argumentos formulados en la demanda ordinaria
y los expuestos en el recurso de apelación presentado contra la sentencia de
primera instancia que negó sus pretensiones.

Así las cosas, se evidencia que la vulneración que la accionante pretende alegar
por la vía constitucional no se enmarca en una verdadera afectación de derechos
fundamentales atribuible a la providencia judicial objeto de reproche, sino en su
insistencia por controvertir nuevamente los incrementos salariales ya examinados

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Accionante: Rosmeri Orellano Ariza

por los jueces naturales, trasladando al juez de tutela su inconformidad con el
contenido y sentido de la decisión adoptada por el juez natural.

En ese orden de ideas, se evidencia que existen similitudes en los reproches que
se desarrollaron en el curso del proceso ordinario y los argumentos que se plantean
en el escrito de tutela. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia SU-
573 de 201910, estableció que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a
saber: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en
una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces”11 (Negrilla de la Sala)

En la sentencia SU-215 de 202212, recordó que el cumplimiento del requisito de la
relevancia constitucional requiere “involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico”, a lo que agregó que
“la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica”. De allí que
“la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección de los derechos
efectiva de los derechos fundamentales y no a problemas de carácter legal”.

A su vez, en sentencia SU-451 de 202413, la Corte Constitucional enfatizó que la
“tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección
del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

Lo expuesto es suficiente para concluir que la parte actora acudió a la acción de
tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, la tutela
judicial efectiva y al principio de favorabilidad, en este caso, a la manera de una
tercera instancia, toda vez que insiste en el mismo debate propuesto ante el juez
natural.

Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela,
por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

10
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
11
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
12
M.P. Natalia Ángel Cabo.
13
M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.

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Accionante: Rosmeri Orellano Ariza

FALLA

Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora
Rosmeri Orellano Ariza, quien actúa por intermedio de apoderada judicial, contra el
Tribunal Administrativo del Cesar.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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