República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00517-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
4 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00517-01 (4067)
Accionante: Rosmeri Orellano Ariza
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Tema: acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 1: nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: ajuste salarial docente. Subtema 3:
defectos sustantivo y fáctico.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a decidir
la impugnación interpuesta por la señora Rosmeri Orellano Ariza contra la sentencia
de primera instancia del 5 de marzo de 2026 proferida por la Sección Cuarta de esta
corporación.
1. Síntesis del caso
La señora Rosmeri Orellano Ariza presentó solicitud de amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de
justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad, que consideró
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Cesar con ocasión de la sentencia del
31 de julio de 2025 proferida dentro del proceso con radicado núm. 20001-33-33-
007-2024-00170-01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las
partes al trámite constitucional, la Sala considera relevantes los siguientes hechos:
1 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00517-00, índice 2, certificado 9ECE497B9E1F2C2E
1D1B3A5C304BE508 B3DAF13E975C97C2 78265A64A3F6F455.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00517-01 (4067)
Accionante: Rosmeri Orellano Ariza
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
2. La señora Rosmeri Orellano Ariza es educadora oficial ubicada en la categoría
2B del escalafón docente, conforme al régimen establecido en el Decreto- Ley 1278
de 2002.
3. La accionante solicitó a la Secretaría de Educación del departamento del
Cesar y al Ministerio de Educación Nacional el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales derivadas de lo que consideró «incrementos desiguales e
injustificados decretados para los años 2008 y 2009, en los cuales se favoreció a
docentes de una categoría inferior (2A) en detrimento de quienes, como ella, se
encontraban en el escalafón 2B».
4. La entidad territorial y el Ministerio de Educación Nacional, a través de los
oficios CES2024ER006607-CES2024EE003159 del 22 de febrero de 2024 y 2024-
EE-056048 del 27 de febrero de 2024, respectivamente, negaron el requerimiento
de la tutelante.
5. La señora Rosmeri Orellano Ariza presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el departamento del
Cesar y la Nación, Ministerio de Educación Nacional, con el fin de que: i) se
inaplicara por ilegal el Decreto 284 de 2024, que definió la escala salarial del
personal docente; ii) se dejaran sin efecto los oficios CES2024ER006607-
CES2024EE003159 y 2024-EE-056048 y, iii) se ordenara pagar a su favor la
diferencia salarial de los incrementos porcentuales establecidos por el Gobierno
nacional durante los últimos tres años anteriores a la presentación de la reclamación
administrativa, en virtud del fenómeno de la prescripción, y en adelante.
6. El Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar, mediante sentencia del 30
de abril de 2025, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la
divergencia nominal en el incremento salarial del grupo de docentes en el año 2008
se encontraba justificado y ajustado en derecho.
7. La anterior decisión fue apelada y en segunda instancia, el Tribunal
Administrativo del Cesar, a través de providencia del 31 de julio de 2025, confirmó
en todas sus partes el fallo de primera instancia.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
8. La señora Rosmeri Orellano Ariza solicitó al juez constitucional que amparara
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad
y, en consecuencia, que ordenara lo siguiente:
[…]TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR dejar sin efectos la providencia
referida en el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación
de la norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación
particular del (la) docente ROSMERI ORELLANO ARIZA a la luz de los argumentos
planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate
jurídico 2.
2 Se transcribe incluso con errores de texto.
2
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9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que la
providencia del Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en defecto sustantivo
porque no efectuó una interpretación adecuada de los postulados normativos que
regulan el régimen salarial de los docentes, en tanto se apartó de los lineamientos
constitucionales y legales que rigen la materia.
10. De esta manera, explicó que la autoridad accionada desconoció de manera
arbitraria el alcance del artículo 13 de la Constitución, la Ley 4 de 1992 y el Decreto-
Ley 1278 de 2002, en tanto justificó un trato desigual en los incrementos salariales
de los docentes de las categorías 2A y 2B, que se realizaron en los años 2008 y
2009, cuando la diferencia carecía de sustento objetivo y produjo una afectación
permanente en la base salarial de los docentes de la categoría 2B.
11. Resaltó que para el Tribunal las diferencias en el incremento salarial del 2008
y 2009 respondían a criterios razonables previstos en la normativa, tales como la
formación académica, la experiencia, responsabilidades asumidas y rendimiento en
el cargo; esos aspectos, en su criterio, justamente daban lugar a que un educador
ubicado en un nivel superior del escalafón, como en su caso, percibiera una
compensación económica proporcionalmente más elevada, por lo que, se
desconocieron los principios de igualdad y equidad que regulan los aspectos
salariales.
12. Por otra parte, indicó que la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico
porque pasó por alto que al interior del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho no se aportó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos
válidos que justificaran la decisión de la administración de otorgar distintos
porcentajes de incremento salarial a los docentes ubicados en el escalafón 2A y 2B.
13. Finalmente, puso en conocimiento que, en sentencia del 25 de marzo de 2025,
el Juzgado Veintitrés Administrativo Oral de Medellín accedió a las pretensiones de
una demanda de iguales fundamentos fácticos y jurídicos, postura reiterada por el
Juzgado Veintiocho Administrativo de Medellín.
2.3. Trámite Procesal
14. La tutela correspondió a la Sección Cuarta del Consejo de Estado que, a través
del despacho ponente, profirió auto el 4 de febrero de 20263 en el que admitió la
solicitud de amparo; vinculó al Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar, a la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y al departamento del Cesar; requirió el expediente
ordinario; y ordenó las notificaciones de rigor.
2.4. Intervenciones
15. La Secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar manifestó que reiteraba y
acogía los fundamentos de orden constitucional, legal y jurisprudencial expuestos
3 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00517-00, índice 5, certificado 19230906735DAF4A
FFDD6FBB4732BF42 3E05E0E33C58A3EF 899726EAB641B28C.
3
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en la providencia del 31 de julio de 2025, así como los criterios impartidos por el
juez de tutela en el presente trámite4.
16. Además, informó que los 11 despachos administrativos del circuito
administrativo de Valledupar y los 6 despachos de ese tribunal han mantenido una
línea uniforme en la decisión de los procesos relacionados con el incremento salarial
por concepto de escalafón docente, desestimando las pretensiones de las
demandas.
17. El Ministerio de Educación Nacional pidió5 que se declarara improcedente la
tutela al considerar que carecía de relevancia constitucional, en la medida en que
no se acreditó la existencia de una vulneración de derechos fundamentales y, por
el contrario, la controversia era de naturaleza estrictamente económica. Expuso que
los jueces constitucionales tenían la obligación de examinar de manera rigurosa el
caso, para no desvirtuar los principios de autonomía funcional de la jurisdicción y de
cosa juzgada.
18. Los demás vinculados guardaron silencio.
2.5. Sentencia de tutela de primera instancia
19. La Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia de primera
instancia el 5 de marzo de 20266, en la que declaró improcedente la solicitud de
amparo por carecer de relevancia constitucional. Para lo anterior, reiteró los
argumentos de las providencias cuestionadas y sostuvo que la tutelante pretendió
agotar una instancia adicional al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
2.6. Impugnación
20. La accionante presentó escrito de impugnación contra la sentencia del 5 de
marzo de 2026, para lo cual afirmó que la tutela superó el requisito de relevancia
constitucional, que la conclusión efectuada por la Sección Cuarta de esta
corporación omitió realizar un análisis material y riguroso de los hechos acreditados
en el expediente y reiteró los cargos atinentes a la configuración de los defectos
sustantivo y fáctico en el fallo del 31 de julio de 20257.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
21. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado tiene
competencia para conocer de la impugnación que presentó la parte accionante, en
4 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00517-00, índice 13, certificado 0DDC58D69C464E5C
34BBCB75A16C1934 8679F3618AEFD5FD 4497AB436C2EA6CA.
5 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00517-00, índice 15, 477562B67DD05D00
99CFEB401655E297 E7BF333C7F835FA7 6E765941259C6531.
6 Samai. exp. núm. 11001-03-15-000-2026-00517-00, índice 19, certificado 2188EA48CEC85597
EC4145169F94C7C6 457D688A505EB005 42A8FB34D2653B86.
7 Samai. exp. núm. 11001-03-15-000-2026-00517-00, índice 26, certificado E626E695031D84BC
9AE8ED2A985E7F66 77BB82B16B61EF44 2C2CC9D16964502C.
4
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virtud de lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y
32 del Decreto 2591 de 1991.
3.2. Legitimación en la causa de las partes
22. La legitimación en la causa por activa de la señora Rosmeri Orellano Ariza se
encuentra acreditada, por cuanto fue la parte demandante dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que finalizó con la sentencia del 31 de Julio
de 2025 objeto de tutela, y, por lo tanto, es la titular de los derechos que consideró
fueron vulnerados.
23. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Cesar porque es la autoridad que profirió la anterior providencia,
la cual, según afirmó la tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
24. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional9.
25. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y
que afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
26. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del
recurso de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad,
hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 10 y,
por lo tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
9 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
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afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
27. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución11.
3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
28. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional12
ha sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa y con claridad sobre las razones por las cuales el
asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia13.
29. Contrario a lo que determinó la Sección Cuarta del Consejo de Estado en la
sentencia impugnada, esta Sala considera que la cuestión que se discute reviste
relevancia constitucional, toda vez que, de encontrarse configurados en el fallo del
31 de julio de 2025 los defectos alegados en el escrito de tutela, quedaría acreditado
en el proceso ordinario que la señora Rosmeri Orellano Ariza tenía derecho al
reconocimiento y pago de la diferencia salarial derivada de los incrementos
aplicados de manera desigual a los docentes regidos por el Decreto-Ley 1278 de
2002, específicamente entre los niveles 2A y 2B de un grado en el escalafón inferior
al que pertenece.
30. En ese escenario, la decisión del Tribunal Administrativo del Cesar, que
confirmó la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda, comprometería y afectaría los derechos fundamentales para cuyo
amparo se acudió a esta acción constitucional.
31. Respecto de los cargos de la tutela, la accionante no tiene otros mecanismos
ordinarios y/o extraordinarios para proteger sus derechos fundamentales, pues
agotó las instancias respectivas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho en el que se profirió la decisión objeto de tutela.
32. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho porque la providencia objeto
de reproche fue proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 31 de julio de
11 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
13 Ibidem.
La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el
requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente
legal y/o económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea
exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se
discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un
aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que
la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las
cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
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2025, y la demanda de tutela se presentó el 26 de enero de 2026, esto es, dentro
del plazo de seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia constitucional14 y del
Consejo de Estado15 como razonable.
33. La parte actora, en el escrito de amparo, expuso de forma clara y concreta los
hechos y argumentos por los cuales consideró vulnerados sus derechos
fundamentales y en ellos no evidencian una irregularidad procedimental.
Finalmente, la providencia reprochada no se emitió dentro de un trámite de tutela.
34. Según lo expuesto, esta Sala constitucional encuentra superados los
requisitos generales de procedibilidad y continúa con el estudio de las causales
específicas, en los términos que planteó la parte actora.
3.4. Problema jurídico
35. La Sala debe determinar si ¿el Tribunal accionado vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de
justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad de la tutelante?
36. En particular, deberá establecer si ¿la sentencia del 31 de julio de 2025 incurrió
en los defectos sustantivo y fáctico al confirmar el fallo que negó las pretensiones
de la demanda promovida por la accionante con la finalidad de que se reconociera
la diferencia salarial entre su escalafón 2B con respecto al grado 2A?
37. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados;
y ii) el caso concreto.
3.4.1. Generalidades del defecto fáctico
38. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial presenta defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»16. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión»17 objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.
39. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»18. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la
solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
14 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
16 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
17 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
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oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»19.
40. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) Cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio
el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en
la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se
adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico
claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso
ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos
que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso20.
41. Ahora bien, la Corte Constitucional ha manifestado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial21, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, por qué el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este «no
puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria
del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia»22.
42. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado de manera genérica,
por lo menos, cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la
decisión judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las
pruebas en cada caso:
El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas que
obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta –
siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios.
El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento objetivo.
Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio capricho o
voluntad.
El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas de manera integral o
si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna prueba en relación con
otras, sin que exista justificación para ello.
El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]23.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
20 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
21 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
22 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
23 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
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3.4.2. Generalidades del defecto sustantivo
43. Conforme con la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o, porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado24.
44. De este modo, para que se predique tal defecto es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, ya que los jueces son autónomos
para escoger entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que
consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en
el artículo 230 de la Constitución Política.
45. En este sentido, la Corte ha precisado que la interpretación que hace el juez
de las normas que aplica a un caso concreto, encuentra límite en el carácter
normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), en la obligación de dar eficacia
a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), en la primacía de los derechos
humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el
derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP), y en la garantía al
acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior)25.
3.5. Caso concreto
46. En el asunto bajo estudio, la señora Rosmeri Orellano Ariza presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el departamento del Cesar y la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, con el fin de que se dejara sin efectos los oficios CES2024ER006607-
CES2024EE003159 del 22 de febrero de 2024 y 2024-EE-056048 del 27 de febrero
de 2024 y, en consecuencia, se ordenara pagar la diferencia salarial derivada de
los incrementos aplicados de manera desigual a los docentes regidos por el
Decreto-Ley 1278 de 2002, específicamente entre los niveles 2A y 2B.
47. El asunto correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar que
negó las pretensiones de la demanda en sentencia del 30 de abril de 2025. Apelada
esta decisión, el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la providencia
anteriormente referida en fallo del 31 de julio siguiente.
48. Ahora bien, la señora Rosmeri Orellano Ariza presentó acción de tutela contra
el juez ordinario de segunda instancia, en la que solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de
justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad, pues consideró
que incurrió en los defectos fáctico y sustantivo.
24 Corte Constitucional, sentencia SU-214 de 2023.
25 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
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49. La primera causal de procedencia invocada en el escrito de amparo, la
accionante la sustentó en que el Tribunal Administrativo del Cesar no realizó una
interpretación adecuada de los postulados normativos que regulan el régimen
salarial de los docentes, en tanto se apartó de los lineamientos constitucionales y
legales que rigen la materia, especialmente los principios de igualdad y equidad.
50. Al respecto, se observa que el Tribunal Administrativo del Cesar, en atención
a la pretensión de la demandante, efectuó un análisis a partir del marco
constitucional y legal que regula la fijación del régimen salarial de los docentes
oficiales, particularmente la distribución de competencias entre el Congreso de la
República y el Gobierno nacional, y el contenido de la Ley 4 de 1992 y del Decreto-
Ley 1278 de 2002.
51. En ese sentido, señaló que corresponde al Congreso expedir la ley marco que
establezca los objetivos y criterios para la fijación del régimen salarial y prestacional
de servidores públicos, mientras que al Gobierno nacional le compete desarrollar
tales lineamientos mediante decretos, con sujeción a los límites.
52. Precisó que, en desarrollo de dichas competencias, la Ley 4 de 1992
estableció los criterios que debía observar el Gobierno nacional para fijar la
remuneración a los servidores públicos, de manera que los actos administrativos
que se emitieran para darle cumplimiento podrían «moverse libremente dentro de
ese marco, con claro respeto de la norma superior».
53. De igual forma, indicó que el Decreto-Ley 1278 de 2002 reguló el Estatuto de
profesionalización docente y estableció un sistema de clasificación de los
educadores basado en su formación académica, experiencia, desempeño y
competencias, el cual se materializa en una estructura escalafonaria que permite
asignar el salario correspondiente.
54. Explicó que el escalafón docente está conformado por tres grados, cada uno
integrado por cuatro niveles salariales y que la ubicación en dichos niveles depende
del título académico acreditado y del cumplimiento de los requisitos previstos para
el ascenso o la reubicación, conforme a las evaluaciones de desempeño y
competencias.
55. A partir de ese marco normativo, el Tribunal señaló que la creación de
emolumentos salariales y prestacionales de los servidores públicos era una facultad
exclusiva del legislador y que correspondía al Gobierno nacional regular lo
establecido en la ley marco con la finalidad de fijar las escalas y asignaciones
salariales.
56. A continuación, el Tribunal examinó los valores fijados como asignación básica
mensual para los años 2008, 2009 y 2011 de la siguiente manera:
Así las cosas, el Decreto 624 de 2008 fijó la remuneración de los servidores públicos
docentes, no obstante, el acto administrativo fue modificado parcialmente por el
Decreto 714 de 2008, cuyo texto quedó como se transcribió en el punto 2.2 (hechos)
al cual se remite ahora la Sala para no repetir las tablas ya vertidas en esta sentencia.
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Ahora bien, tampoco está en discusión a lo largo del proceso (y obviamente en el
curso de esta instancia) que el incremento salarial fijado en los años 2008, 2009 y
2011 a los docentes oficiales presentan diferencias que bien matemáticamente
pueden ser concretadas en términos porcentuales, sin embargo, es de para esta sala
del Tribunal los valores fueron establecidos como montos líquidos en cada año para
cada grado y nivel salarial:
Y es que vistos los decretos que establecen los incrementos salariales que salta a la
vista que la suma fijada como asignación salarial corresponde a un importe neto, he-
cho que se repite en cada uno de los decretos posteriores hasta la actualidad, de igual
manera, se avizora que los incrementos que se realizaron en los años subsiguientes
a partir de 2005, no fueron realizados en aumento porcentual, sino que se fijó en una
suma líquida a la que correspondería el salario cada año, como se realizó en el año
2004.
[…]
Con lo anterior, es posible concluir que el valor fijado como asignación salarial en los
años posteriores al 2004 no se establece en función de una cifra porcentual sobre el
salario pagado el año inmediatamente anterior, pues el decreto no lo fija de esa ma-
nera, sino que determina un monto líquido, en otras palabras, no se puede confundir
el acto de fijar la asignación salarial con aumentar su valor de manera porcentual
anualmente, toda vez que en la primera se determina un monto y en la segunda para
llegar a un valor determinado es necesario sumar el aumento porcentual con base en
el salario anterior.
Ahora bien, la Ley 4 de 1992 establece que corresponde al Gobierno Nacional fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos entre ellos la población do-
cente al servicio del Estado por remisión del artículo 46 del Decreto 1278 de 20025 .
Bajo esta premisa, para fijar la remuneración de los servidores públicos docentes se
exige que el acto promulgado por el Gobierno Nacional se ajuste a los límites esta-
blecidos por la ley marco, dentro los cuales se destaca (en lo que respecta a la modi-
ficación de las asignaciones salariales) que el valor debe aumentarse anualmente con
el propósito de contrarrestar el fenómeno inflacionario6 y la imposibilidad de desme-
jorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores públicos, según fue esta-
blecido por el artículo 2°7 y 4°8 de la ley marco. Y eso es lo que hacen los decretos
de que trata este proceso.
Así las cosas, dista la Sala de la posición planteada por la parte demandante en la
que manifestó que el aumento en un porcentaje desigual que se realizó para los años
2008, 2009 y 2011 afectó negativamente el valor del importe en el año siguiente, pues
este valor no es modificado porcentualmente, sino que el decreto lo fija en un monto
líquido que solo debe seguir los preceptos estipulados por la ley marco.
57. Posteriormente, la providencia acusada examinó la figura del aumento salarial
de los servidores públicos conforme a los criterios establecidos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-1064 de 2001 e indicó que el Gobierno nacional
cuenta con amplia potestad de configuración normativa para fijar los valores de
incremento salarial cada año y los mismos deben obedecer a razones de política
macroeconómica y fiscal de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2, literal «h» de
la Ley 4 de 1992. Sobre el particular explicó lo que sigue:
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[…] si bien es necesario aumentar los salarios de los servidores públicos cada año
con el fin de contrarrestar el efecto de la inflación, el incremento entre unos y otros
puede ser diferente teniendo en cuenta políticas macroeconómicas y fiscales del
país.
Además, teniendo en cuenta que la naturaleza de las leyes marco consiste no solo
en establecer unas limitantes para disponer sobre determinadas materias, sino que,
dada la complejidad de algunas de ellas y tendencia al cambio, corresponde al Go-
bierno Nacional reglamentarlas cada cierto tiempo de acuerdo con la realidad del
país, como es el caso de las asignaciones salariales de los servidores públicos. Pre-
tender que los aumentos salariales no dependen de la situación socioeconómica del
país sería, por un lado, abstraerse de la realidad, por cuanto las condiciones econó-
micas son mutables por diferentes factores, algunos de ellos intempestivos, y por
otro, desconocer la potestad de configuración normativa que ha sido reconocida al
ejecutivo por la Constitución Nacional26.
58. Con base en lo anterior, la providencia cuestionada explicó que la decisión
del Gobierno nacional de aumentar las asignaciones salariales de los docentes
oficiales de forma diferenciada, en consideración a los grados y los niveles
salariales para los años 2008, 2009 y 2011, se hizo acorde a lo previsto por las
normas que rigen la materia, dada la potestad de configuración normativa que fue
otorgada por la misma Constitución Política.
59. Agregó que al examinar el Decreto 714 de marzo de 2008 se fijó una
asignación diferente para los docentes del grado 2 en sus distintos niveles. De
modo que, se benefició a quienes tuvieran un mejor nivel de formación profesional
por lo que se encuentra conforme a los criterios y objetivos de la Ley 4 de 1992.
60. Así pues, el Tribunal argumentó que no existe discriminación por aplicar
incrementos salariales desiguales entre los docentes, ya que la clasificación en el
escalafón docente depende de la formación académica y del cumplimiento de
requisitos establecidos en el artículo 21 del Decreto-Ley 1278 de 2002. Por lo
anterior, refirió que la parte accionante no solicitó el acenso del escalafón, por lo
que no se vulneró el principio de a trabajo igual salario igual.
61. Para la autoridad judicial accionada la diferencia porcentual en el aumento
salarial para los diferentes niveles y grados es legal, ya que el Gobierno nacional
tiene la potestad para fijar los incrementos conforme a la Ley 4 de 1992, sin estar
obligado a aplicar el mismo porcentaje cada año.
62. En este orden de ideas, se observa que la sentencia del 31 de julio de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, realizó un análisis razonable y
adecuado de la normativa, la jurisprudencia aplicable al asunto y los documentos
aportados al proceso, lo que le permitió concluir que la diferencia salarial existente
entre los docentes ubicados en los niveles 2A y 2B del escalafón nacional docente
se justificaba en criterios objetivos definidos por el legislador (Decreto-Ley 1278 de
2002), relacionados con la capacitación y el nivel educativo de la docente.
26 Corte Constitucional, Sentencia C – 608 de 199 MP. José Gregorio Hernández Galindo.
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63. Dicho esto, esta Sala observa que el Tribunal accionado no incurrió en los
defectos sustantivo y factico, pues las razones y motivos que dieron origen a la
fijación diferenciada del salario entre los grados 2A y 2B encuentran fundamento en
lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto-Ley 1278 de 2002, el cual faculta al
ejecutivo para definir los salarios y prestaciones de los educadores en los siguientes
términos:
El Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, establecerá la escala única
nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes escalafonados, de
acuerdo con el grado y nivel que acrediten en el Escalafón Docente de conformidad
con el presente decreto; y según el título que acrediten, para los docentes nombrados
en provisionalidad o en período de prueba; lo mismo que las remuneraciones adicio-
nales para los directivos docentes, de acuerdo con los niveles educativos y el tamaño
de la institución educativa que dirijan».
64. De acuerdo con lo anterior, se observa que los argumentos desarrollados en
la providencia objeto de tutela atienden a las pautas establecidas por el legislador
sobre la forma de definir los incrementos salariales de los docentes.
65. Adicionalmente, se tiene que el análisis probatorio desarrollado por la
autoridad judicial accionada, lejos de mostrar una situación indebida por acción u
omisión, lo que en realidad revela es que fue estricto, objetivo y apegado al
contenido de los documentos aportados a la actuación judicial, por lo que no es
posible inferir que la decisión objeto de controversia fue contraria a derecho. Distinto
es que el Tribunal no le haya otorgado el valor probatorio que la tutelante pretendía
que se les atribuyera a los medios de prueba allegados al proceso.
66. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume
de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»27.
67. Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de
los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las normas y de los criterios
jurisprudenciales aplicables al caso concreto, así como de las pruebas obrantes en
el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho. Por estas razones, si bien
la providencia objeto de tutela no resultó favorable al tutelante, esto no significa que
se hayan desconocido sus garantías constitucionales.
68. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda
hacer uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con
el fin de reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, con el único propósito de obtener un
pronunciamiento que se acomode a sus intereses y pretensiones.
27 Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
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Accionante: Rosmeri Orellano Ariza
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
69. Finalmente, es preciso indicar que las decisiones emitidas por los juzgados
Veintitrés Administrativo Oral de Medellín y Veintiocho Administrativo de Medellín
no constituyen precedente vertical u horizontal obligatorio para el Tribunal
Administrativo del Cesar, motivo por el cual no constituyen un criterio implique ser
acogido por la autoridad accionada.
4. Conclusión
Por las razones expuestas, el Tribunal Administrativo del Cesar no incurrió en los
defectos alegados por la accionante. Por tal motivo, la Sala modificará la sentencia
del 5 de marzo de 2026 proferida por la Sección Cuarta de esta corporación, que
declaró improcedentes las pretensiones de amparo y, en su lugar, negará la solicitud
de amparo.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Modificar la sentencia del 5 de marzo de 2026 emitida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta providencia. En
su lugar, quedará así:
Segundo: Negar la tutela interpuesta por la señora Rosmeri Orellano
Ariza contra el Tribunal Administrativo del Cesar, por las razones
consignadas en esta sentencia.
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx
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