Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00562-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00562-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00562-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00562-00
Demandante: Carmen Petrona Díaz González
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba
Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Sanción moratoria por no pago oportuno de las
cesantías.
Decisión: Declara improcedente respecto de un defecto y niega los demás
La Sala decide la acción de tutela formulada por Carmen Petrona Díaz González
contra el Tribunal Administrativo de Córdoba.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 28 de enero de 2026, Carmen Petrona Díaz González, por intermedio de
apoderado judicial, presentó acción de tutela, con el fin de obtener la protección de
sus derechos fundamentales al mínimo vital, debido proceso, acceso a la
administración de justicia y «derechos laborales»; así como los principios de
favorabilidad y confianza legítima.
2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se dejara sin efectos la
Sentencia proferida el 29 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Córdoba
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 23001-33-33-006-2019-
00238-01, para que, en su lugar, se dictara una nueva decisión, en la que se
observara el precedente judicial fijado por el Consejo de Estado, en especial, en la
Sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, los principios constitucionales de
irrenunciabilidad, favorabilidad y protección del trabajo, y las garantías del debido
proceso.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, del escrito de tutela
y anexos, se observa que la accionante instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del departamento de Córdoba, para que
declarara la nulidad del acto ficto negativo por la falta de respuesta a la petición
elevada el 31 de agosto de 2018. Adicionalmente, a título de restablecimiento del
derecho, solicitó condenar a la entidad territorial a reconocer y pagar la sanción por
mora establecida en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, equivalente a un 1 día
de su salario por cada día de retardo, contados desde los 70 días hábiles después
de haberse radicado la solicitud ante la entidad y hasta cuando se hizo efectivo el
pago.
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Demandante: Carmen Petrona Díaz González
4. El 17 de agosto de 2022, el Juzgado 6 Administrativo de Montería accedió
a las pretensiones de la demanda, comoquiera que el 17 de agosto de 2016 la
demandante solicitó el pago de las cesantías definitivas, por lo que la fecha en la
que la entidad debió realizar el pago efectivo de estas vencía el 28 de noviembre de
2016, de manera que el inicio de la sanción moratoria comenzaba al día siguiente;
sin embargo, el pago se efectuó el 15 de mayo de 2018, por lo que período de mora
comprendía un total de 533 días.
5. Inconforme con esta decisión, el extremo pasivo interpuso recurso de
apelación, para lo cual sostuvo que en el acuerdo de reestructuración de pasivos de
la Ley 550 de 1999 la demandante tenía registrada acreencia cierta por concepto
de cesantías, para ser pagadas a través del Fondo de Pensiones y Cesantías
Protección SA, que, al liquidar las cesantías definitivas, le fueron descontadas las
cesantías parciales que se le habían pagado con anterioridad, las cuales le fueron
reconocidas mediante Resolución No. 0699 del 24 de abril de 2018. Que el pago se
realizó el 15 de mayo del mismo año, por lo que no transcurrieron los 45 días
otorgados por la ley, ni hubo sanción moratoria.
6. El 29 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de Córdoba revocó la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
Para soportar su decisión, explicó que a pesar de que entre la solicitud de las
cesantías (17 de agosto de 2016) y su reconocimiento y pago (abril–mayo de 2018)
transcurrió un tiempo considerable, ese lapso obedeció a que la acreencia de la
demandante estaba incluida dentro del acuerdo de reestructuración de pasivos
celebrado por el departamento en el marco de la Ley 550 de 1999.
7. Al respecto, precisó que conforme al artículo 34 de dicha ley, los acuerdos
de reestructuración son de obligatorio cumplimiento para todos los acreedores.
Además, el acuerdo suscrito establecía expresamente que no se reconocerían
intereses ni indemnizaciones moratorias, incluyendo las previstas en la Ley 244 de
1995, y que los acreedores se comprometían a no iniciar procesos para reclamarlas.
Por tanto, señaló que como la demandante hacía parte de ese acuerdo y obtuvo el
pago de sus cesantías en virtud de este, no era procedente el reconocimiento de la
sanción moratoria.
8. Como fundamentos de derecho, la accionante afirmó que el Tribunal
Administrativo de Córdoba, al expedir la Sentencia del 29 de julio de 2025, incurrió
en defecto fáctico, al sostener que renunció implícitamente a la sanción moratoria
por el solo hecho de figurar como acreedora dentro de un acuerdo de
reestructuración de pasivos suscrito en el marco de la Ley 550 de 1999, a pesar de
que dicha renuncia no fue objeto de discusión probatoria en ninguna de las
instancias; no existió en el expediente manifestación expresa, individual, libre e
informada de su parte; y se «presumió un hecho jurídicamente relevante sin soporte
probatorio alguno, contrariando las reglas de la sana crítica y el debido proceso».
9. Asimismo, manifestó que se incurrió en defecto procedimental, dado que se
alteró de manera sorpresiva el litigio, vulnerando el principio de congruencia,
comoquiera el anterior argumento nunca fue objeto de debate probatorio, no fue
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propuesto por las partes, ni fue sometido a contradicción en ninguna de las
instancias.
10. Alegó que la providencia cuestionada también adolece de defecto
sustantivo, al otorgarle a la Ley 550 de 1999 un alcance que el legislador jamás le
confirió, desconociendo que la sanción moratoria no es un elemento accesorio del
capital, sino una indemnización legal autónoma de naturaleza sancionatoria; y que
ningún acuerdo de carácter financiero puede prevalecer sobre normas laborales
imperativas ni neutralizar sanciones creadas para castigar la mora estatal.
11. Además, sostuvo que la autoridad accionada desconoció el precedente
fijado por el Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación CE- SUJ004 de 2016,
ya que esta sanción no puede confundirse con intereses financieros y su
reconocimiento no depende de la conducta del trabajador, sino de la mora de la
administración. Finalmente, manifestó que se incurrió en violación directa de la
Constitución Política al permitir que un acuerdo de reestructuración de pasivos
suscrito entre una entidad territorial y sus acreedores opere como una renuncia
tácita a una sanción laboral mínima, puntualmente, citó los artículos 29, 53 y 229
superiores.
Intervenciones1
12. El Departamento de Córdoba expuso que el acto administrativo que
reconoció las cesantías definitivas fue expedido el 24 de abril de 2018 mediante
Resolución No. 0699, y notificado el 4 de mayo de igual año quedando en firme
después de vencido el plazo para interponer los recursos de ley y el pago de las
cesantías se realizó el 15 de mayo de 2018, observándose que el tiempo
transcurrido entre la fecha de reconocimiento y pago de las cesantías de la
accionante no es superior a 10 días hábiles, por lo que no hay lugar a pago de la
sanción moratoria solicitada. Adicionalmente, sostuvo que no se configuró ninguna
de las causales específicas de procedencia. En consecuencia, solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela, ante la ausencia de vulneración de derechos
fundamentales.
13. El Tribunal Administrativo de Córdoba afirmó que en la providencia
reprochada no se configuraron los defectos (i) fáctico, toda vez que esta se basó en
elementos probatorios concretos obrantes en el expediente, que acreditaban la
existencia y depuración de la acreencia dentro del proceso regulado por la Ley 550
de 1999; (ii) procedimental y sustantivo, la incursión de la demandante dentro del
acuerdo de reestructuración de pasivos implicaba la aceptación integral de las
condiciones allí previstas; (iii) desconocimiento del precedente judicial, comoquiera
que los acreedores, según el parágrafo 11 de la cláusula 9 de la Ley mencionada
«se comprometieron expresamente a no iniciar nuevos procesos […] para obtener
el reconocimiento y pago de indemnizaciones o intereses […] incluyendo las
indemnizaciones moratorias de que trata la Ley 244 de 1995».
1
El 29 de enero de 2026, se admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Córdoba y se vinculó al Juzgado
6 Administrativo de Montería, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y el departamento de Córdoba.
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14. En esos términos, indicó que no era necesario acreditar una manifestación
expresa ni tácita de condonación, pues el solo hecho de hacer parte del acuerdo de
reestructuración implicaba la aceptación de sus efectos legales, entre ellos la
imposibilidad de exigir sanciones o indemnizaciones asociadas, en especial las
indemnizaciones moratorias de que trata la Ley 244 de 1995. Por tanto, solicitó
declarar improcedente la presente acción.
15. El Juzgado 6 Administrativo de Montería remitió el enlace del expediente
digital.
16. La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, pese a que fue debidamente notificada,
guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
17. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Problema jurídico
18. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, si la decisión
adoptada por el Tribunal Administrativo de Córdoba incurrió en los defectos
sustantivo, fáctico, procedimental y desconocimiento del precedente, al considerar
que la accionante, por pertenecer al acuerdo de restructuración celebrado por el
departamento de Córdoba, en virtud de la Ley 550 de 1999, renunció a obtener el
pago de la indemnización moratoria de que trata la Ley 244 de 1995.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
19. La Sala declarará improcedente la acción de tutela frente al cargo
relacionado con el desconocimiento del precedente judicial, por no encontrarse
satisfecho el requisito general de subsidiariedad, de acuerdo con las razones que a
continuación se exponen:
20. La accionante afirmó que el Tribunal Administrativo de Córdoba desconoció
la Sentencia de Unificación CE- SUJ004 de 2016, toda vez que la sanción moratoria
no puede confundirse con intereses financieros y su reconocimiento no depende de
la conducta del trabajador, sino de la mora de la administración.
21. No obstante, se precisa que la parte actora contaba con otro mecanismo
judicial idóneo para ventilar la discusión que hoy plantea en esta sede constitucional,
como lo es el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia previsto en el
artículo 258 de la Ley 1437 de 2011, el cual resulta procedente cuando la sentencia
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cuestionada contraríe lo dispuesto en una sentencia de unificación del Consejo de
Estado. Sin embargo, no se observa que dicha parte hubiese agotado este
instrumento de defensa judicial.
22. Así las cosas, debe recordarse que la acción de tutela, por su carácter
residual, solo puede utilizarse cuando se han empleado todos los recursos previstos
en el ordenamiento para salvaguardar los derechos que hoy invoca transgredidos,
por lo que no le es dable al juez constitucional emitir un pronunciamiento de fondo
sobre el particular, pues ello implicaría desconocer las competencias que fueron
atribuidas a otra autoridad judicial.
23. En consecuencia, se colige que la solicitud de amparo es improcedente,
frente al supuesto desconocimiento del proveído de unificación que alega la
demandante, comoquiera que no se superó la exigencia de subsidiariedad, en la
medida en que dicha parte no empleó la herramienta que tenía a su alcance antes
de acudir a la vía constitucional.
24. Ahora bien, frente a los defectos sustantivo, procedimental y fáctico, la Sala
considera que se cumplieron plenamente los requisitos generales de procedencia,
comoquiera que (1) la controversia goza de relevancia constitucional, toda vez que
el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al
mínimo vital, debido proceso y acceso a la administración de justicia; se
argumentaron con suficiencia los reparos alegados y no se trata de un asunto de
mera legalidad o carácter eminentemente económico; (2) se tiene acreditada la
legitimación, tanto activa como pasiva, puesto que el accionante es el titular de las
garantías constitucionales que se invocan como vulneradas y el Tribunal
Administrativo del Córdoba fue la autoridad que profirió la decisión que se cuestiona
en el escrito de amparo; (3) la acción de tutela se presentó el 28 de enero de 2026,
es decir, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la Sentencia del 29
de julio de 20252; (4) no se cuestionó una irregularidad procesal; (5) se identificaron
razonablemente los hechos y argumentos con fundamento en los cuales se alega
la vulneración de derechos fundamentales; y (6) la tutela no se interpone contra una
providencia de igual naturaleza.
25. Así las cosas, procederá a realizarse un análisis de fondo frente a las
causales específicas mencionadas.
Análisis de la vulneración alegada: estudio de los defectos
26. La Sala negará el amparo solicitado por la parte accionante, al no haberse
estructurado ninguna de las causales específicas de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, en atención a los argumentos que a
continuación se exponen:
27. La accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales al
mínimo vital, debido proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales
estimó vulnerados por el Tribunal Administrativo de Córdoba, al expedir la Sentencia
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La providencia fue notificada por mensaje de datos el 14 de agosto de 2025.
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del 29 de julio de 2025, comoquiera que se incurrió en defecto (i) sustantivo, al
exceder el alcance de la Ley 550 de 1990; (ii) procedimental, dado que la renuncia
de la sanción moratoria por el hecho de figurar como acreedora dentro de un
acuerdo de reestructuración de pasivos en el marco de la norma mencionada no fue
propuesto por las partes ni objeto de discusión en ninguna de las instancias; y (iii)
fáctico, puesto que en el expediente no obraba manifestación expresa, individual,
libre e informada de su renuncia al pago de dicha penalidad.
28. Para brindar mayor claridad al caso y resolver los anteriores desacuerdos,
la Sala considera necesario exponer los argumentos en que se apoyó el Tribunal
Administrativo de Córdoba para revocar la decisión adoptada por el Juzgado 6
Administrativo de Montería y, en su lugar, negar las súplicas de la demanda. Al
respecto, se advierte que la autoridad accionada, en primer lugar, explicó que la Ley
550 de 1990 estableció un régimen para promover y facilitar la reactivación
empresarial y la reestructuración de los entes territoriales, para asegurar la función
social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones.
29. En esa medida, indicó que en el artículo 58 de la referida norma, se
determinó que las disposiciones sobre acuerdos de reestructuración e instrumentos
de intervención serían aplicables a las entidades territoriales, tanto en su sector
central como descentralizado, con el fin de asegurar la prestación de los servicios a
cargo de estas y el desarrollo de las regiones, teniendo en cuenta la naturaleza y
las características de tales entidades. Añadió que en el artículo 34 se señaló que
los acuerdos celebrados con base en esa Ley son de obligatorio cumplimiento para
el empresario o empresarios respectivos y para todos los acreedores internos y
externos de la empresa, incluyendo a quienes no hayan participado en la
negociación del acuerdo o que, habiéndolo hecho, no hayan consentido en él.
30. En virtud de lo anterior y para lo que aquí interesa, el tribunal expuso que el
departamento de Córdoba celebró un acuerdo de reestructuración de pasivos con
sus acreedores, entre los cuales, se encuentra la demandante, en el marco de la
Ley 550 de 1999, en el cual en el parágrafo 11 de la cláusula 9 estableció lo
siguiente:
«[…]PARÁGRAFO 11. NO RECONOCIMIENTO DE INTERESES. En desarrollo del
presente ACUERDO, los ACREEDORES aceptan la propuesta de EL
DEPARTAMENTO, relacionada con la condonación de los intereses que llegaren a
causarse sobre el valor del capital de sus ACREEENCIAS, a menos que el
reconocimiento de intereses se realice de manera expresa en alguna de las cláusulas
del presente ACUERDO y, expresamente se comprometen a no iniciar nuevos
procesos en contra de EL DEPARTAMENTO para obtener el reconocimiento y pago
de indemnizaciones o intereses sobre las mismas, incluyendo las indemnizaciones
moratorias de que trata la Ley 244 de 1.995. Por las razones expuestas, a las
ACREENCIAS que hacen parte de este ACUERDO, en ningún caso se les reconocerán
intereses, indexaciones o cualquier tipo de actualización a la obligación reconocida,
excepto por su establecimiento mediante cláusula especifica y en el caso de los
intereses a reconocer a las entidades administradoras de fondos de pensiones y
entidades promotoras de salud por concepto de transferencias laborales […]»
31. Adicionalmente, el Tribunal sostuvo que, el 17 de agosto de 2016, la
demandante presentó solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías
definitivas. Asimismo, indicó que en la Resolución No. 0699 del 24 de abril de 2018,
mediante la cual se ordenó el reconocimiento de esa prestación, se señaló que de
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conformidad con el Certificado No. Adtva550-2018-0047 del 21 de marzo de 2018,
«expedido por el director administrativo de la Ley 550 1999», existía un registro de
acreencias en el acuerdo inicial a nombre de la señora Díaz González, por concepto
de cesantías y pensiones a cargo del departamento.
32. Agregó que el departamento de Córdoba, a través del Oficio No. 001778 del
11 de mayo de 2018, autorizó el pago de las cesantías definitivas retroactivas de la
actora, el cual quedó a disposición de esta última el 15 de mayo de 2018. Además,
señaló que el 31 de agosto del 2018, la demandante solicitó el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria.
33. Con base en los anteriores argumentos, el tribunal afirmó que si bien entre
la fecha de solicitud de reconocimiento de cesantías y la expedición en la que se
reconoció esa prestación transcurrió más de un año, también lo es que dicho
término obedeció a que las cesantías de la parte actora estaban registradas como
acreencia cierta en virtud del Acuerdo Inicial de reestructuración que adelantaba el
Departamento de Córdoba conforme a la Ley 550 de 1999, acreencia esta que había
sido depurada mediante las actas No. 203 del 2014 y 165 del 5 de diciembre de
2016, como lo indicó el director administrativo del departamento en el Certificado
No. Adtva550-2018-0047 del 21 de marzo de 2018.
34. Por tanto, concluyó que al haber pertenecido la demandante al acuerdo de
reestructuración en lo referente a las cesantías adeudadas por el departamento de
Córdoba por su actividad docente no vinculada al FOMAG no era procedente
condenar a la entidad territorial por la sanción moratoria reclamada, ya que, en virtud
de lo dispuesto en el parágrafo 11 de la Cláusula 9 del acuerdo, se entendía que
aquella parte renunciaba a adelantar actuaciones judiciales para obtener el pago de
indemnizaciones moratorias sobre las obligaciones allí reconocidas.
35. Examinados los argumentos que fundamentaron la providencia que aquí se
discute, la Sala observa que el Tribunal Administrativo de Córdoba fundamentó su
decisión con base en lo dispuesto en la Ley 550 de 1999 y en el Acuerdo de
Reestructuración de Pasivos celebrado entre el departamento de Córdoba, en virtud
del cual la accionante se comprometió a recibir el pago de sus cesantías bajo las
estipulaciones allí consignadas, incluida aquella relacionada con el no cobró de los
intereses moratorios, especialmente, el de la sanción prevista en la Ley 244 de
1995.
36. Ciertamente, se denota que en el parágrafo 11 de la cláusula 9 del referido
acuerdo se dispuso que los acreedores aceptaban la condonación de los intereses
que se causaran sobre el valor de sus acreencias y que se comprometían a no
iniciar procesos para obtener el reconocimiento de la penalidad por el pago
inoportuno de las cesantías definitivas.
37. En esos términos, la Sala considera que la autoridad accionada realizó una
interpretación razonable de la normativa aplicable al caso, pues la accionante, al
formar parte de dicho acuerdo, voluntariamente aceptó la inclusión de su deuda por
concepto de cesantías definitivas y, en esa medida, las condiciones para su pago
allí pactadas, entre ellas, el no cobro de la sanción moratoria, las cuales, según el
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artículo 34 de la Ley 550 de 1999, son vinculantes y de obligatorio cumplimiento
para la entidad territorial y para todos los acreedores, incluyendo a quienes no
hayan participado en la negociación de este.
38. En esa medida, a pesar de haberse demostrado que transcurrió un plazo
considerable entre la solicitud del reconocimiento de las cesantías definitivas y el
pago de estas, lo que daría lugar al reconocimiento de una indemnización por mora,
el hecho de que la demandante hubiese acordado que no exigiría ni acudiría a la
vía judicial para obtener el pago de esta, le impedía al tribunal condenar a la entidad
territorial por ese aspecto, pues se trataba intereses generados por la mora en el
pago de una acreencia laboral, los cuales no son derechos ciertos e indiscutibles3,
y, en ese sentido, debía respetarse lo pactado por las partes en el Acuerdo de
Reestructuración, máxime cuando la actora no discutió la validez u obligatoriedad
de este.
39. Por tanto, se concluye que el Tribunal Administrativo de Córdoba lejos de
realizar una interpretación arbitraria de la normativa aplicable al caso, efectuó su
exégesis de cara a las circunstancias específicas de la inclusión de la demandante
en el acuerdo mencionado, de ahí que no pueda predicarse la configuración de un
defecto sustantivo.
40. En el mismo sentido, se considera que la corporación judicial precitada no
modificó el objeto de la controversia ni alteró el marco procesal establecido, por
cuanto la discusión la analizó a la luz de los reproches planteados en el recurso de
apelación, en los que precisamente el debate se circunscribió en las obligaciones
pactadas en el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos.
41. Finalmente, en relación con el cargo sobre la defectuosa valoración
probatoria, por la inexistencia de una renuncia expresa sobre el pago de la sanción
prevista en la Ley 244 de 1995, se repara en que el tribunal, al valorar, en ejercicio
de su autonomía y libertad de interpretación probatoria, los documentos que
reposaban en el plenario, especialmente, la Resolución No. 0699 del 24 de abril de
2018, mediante la cual se reconocieron las cesantías definitivas, y la relación de
estas con el Acuerdo de Reestructuración, infirió que la demandante había
renunciado a la indemnización moratoria, al suscribir el Acuerdo, en el cual se
establecieron, entre otras cosas, las condiciones bajo las cuales se reconocerían y
pagarían las obligaciones y se incluyó una limitante para el reconocimiento de la
penalidad discutida.
42. En ese sentido, la sala considera que el reproche formulado no constituye
un defecto fáctico, puesto que la determinación del tribunal no se dio con
fundamento en la prueba que la accionante cuestiona, sino que obedeció a una
apreciación razonable de los elementos de juicio obrantes en el expediente, dado
que la parte actora al aceptar lo estipulado en la cláusula 9 del acto administrativo
mencionado, que contenía el compromiso de no acudir a las vías judiciales a discutir
el pago de la sanción moratoria, de forma indirecta renunció a este derecho y, por
tanto, no podía reclamarla.
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Sentencia del 21 de febrero de 2019 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el
proceso con radicado No. 23001-23-33-000-2015-00042-01 (0716-18).
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Demandante: Carmen Petrona Díaz González
Conclusión
43. Con base en las anteriores consideraciones, la Sala, por un lado, declarará
improcedente la acción de tutela formulada por Carmen Petrona Díaz González, en
relación con la causal de desconocimiento del precedente judicial, por no
satisfacerse la exigencia general de subsidiariedad, y, por el otro, negará el amparo
solicitado al no haberse estructurado los defectos sustantivo, procedimental y
fáctico.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela formulada por
Carmen Petrona Díaz González, en relación con la causal de desconocimiento del
precedente judicial, por no cumplirse el requisito general de subsidiariedad, y,
adicionalmente, NEGAR el amparo solicitado, frente a los demás cargos, esto es,
los defectos sustantivo, procedimental y fáctico, de conformidad con los argumentos
expuestos en la parte motiva de la presente providencia
SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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