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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2015-00042-01

Sanción moratoria: no es un derecho cierto e indiscutible

Fecha
21 de febrero de 2019
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Vélez
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2015-00042-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Córdoba - Sala Segunda de Decisión, en tanto negó las pretensiones de la demanda presentada por la señora Lucía Elena Ayala Durango, pero por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: Por Secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 23001-23-33-000-2015-00042-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez

21 de febrero de 2019

SANCIÓN MORATORIA - No es un derecho cierto e indiscutible / SANCIÓN MORATORIA – Es una sanción

La sanción moratoria no es un derecho cierto e indiscutible, ya que tiene como propósito procurar que el empleador reconozca y pague de manera oportuna la cesantía, por lo que si bien representa una suma de dinero considerable, sucesiva mientras no se produzca su pago; ella ni lo compensa ni lo indemniza por la ocurrencia de la mora del empleador en cumplir con su obligación de dar. De allí que no pueda considerarse a la penalidad aludida como un derecho cierto o una acreencia derivada de la relación laboral ocasionada en virtud de la prestación del servicio o de las eventualidades que el empleador ampare en virtud de lo que ordena la ley; a contrario sensu de la prestación social - cesantías definitivas, que fue establecida para enfrentar las contingencias desde el punto de vista económico del núcleo familiar del empleado mientras este se encuentre cesante, y ha sido definida desde la jurisprudencia, como uno de los componentes de la protección constitucional establecida a favor de los trabajadores, como manifestación del derecho a la seguridad social y asimismo, como una garantía irrenunciable de todo trabajador.(…) la sanción moratoria no retribuye el servicio prestado por el trabajador, ni tampoco se erige como una prerrogativa prestacional en tanto no busca proteger al empleado de las eventualidades a las que pueda verse sometido durante una relación laboral, sino que se instituye como una penalidad económica contra el empleador por su retardo en el pago de la prestación social de las cesantías y en favor del servidor público.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la naturaleza de la sanción moratoria ver: Sentencia de Unificación CE-SUJ2 004 del 25 de agosto de 2016,C.P. Luis Rafael Vergara Quintero

FUENTE FORMAL: LEY 244 DE 1995 / LEY 1071 DE 2006

ACUERDOS EN PROCESO DE REESTRUCTURACIÓNDE PASIVOS / CONDONACIÓN DE LA SANCIÓN MORATORIA – Procedencia

La finalidad de los acuerdos celebrados bajo el régimen contemplado en la Ley 550 de 1999, son de obligatorio cumplimiento para el empresario y los acreedores, en cuanto rebajas, disminución de intereses y concesión de plazos o prórrogas, inclusive respecto de quienes no hayan participado en la negociación, o aun cuando no hubieren consentido en él, con excepciones de obligaciones contraídas con trabajadores establecidas en la misma ley. (…) el proceso de reestructuración de pagos, el legislador previó dos etapas, la primera, correspondiente a la fijación de los derechos de voto de los acreedores, de acuerdo con el monto establecido de sus créditos (artículo 22), y la segunda, que comprende la negociación propiamente dicha, cuya objetivo es que finalice con un acuerdo de pagos dentro del término de cuatro meses (…) El convenio deberá constar íntegramente en un documento escrito, tendrá el plazo que se estipule para su ejecución, sin perjuicio de los términos especiales que se señalen para la atención de determinadas acreencias, y del que llegue a pactarse en los convenios temporales de concertación laboral previstos en la citada ley (artículo 31).(…) de la prueba aportados al proceso se observa que el apoderado judicial de la demandante, aceptó participar en el acuerdo de reestructuración de pasivos, como lo manifiesta en la apelación, y no formuló una objeción formal en los términos del artículo 23 de la Ley 550 de 1999, ni tampoco ante la Superintendencia de Sociedades dentro del término que señala el artículo 26 ibídem, por lo que la Subsección concluye que el mandatario en representación de la señora Ayala Durango, aprobó la condonación que para el caso concreto operó respecto de la sanción que hasta entonces se causó por el retardo en el pago de las cesantías definitivas.

FUENTE FORMAL: LEY 550 DE 1999

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00042-01(0716-18)

Actor: LUCÍA ELENA AYALA DURANGO

Demandado: MUNICIPIO DE CERETÉ (CÓRDOBA)

Radicación:
Interno:
Demandante:
Demandado:
Asunto:
23001-23-33-000-2015-00042-01.-
0716-2018.
Lucía Elena Ayala Durango.-
Municipio de Cereté (Córdoba).-
Cesantías definitivas - Sanción moratoria – Ley 1071 de 2006.

FALLO SEGUNDA INSTANCIA – LEY 1437 DE 2011

ASUNTO

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2017, por el Tribunal Administrativo de Córdoba - Sala Segunda de Decisión, mediante la cual se declaró probada la excepción denominada pretensión de lo no debido formulada por la entidad demandada y se negó la sanción moratoria consagrada en la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006.

ANTECEDENTES

La demanda.

2. La señora Lucía Elena Ayala Durango, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda el 11 de diciembre de 2014, contra el municipio de Cereté (Córdoba).

Pretensiones.

a. Declarar la nulidad del acto ficto derivado del silencio administrativo negativo frente a la petición elevada el 27 de noviembre de 2012, por la cual solicitó el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas.

b. En consecuencia de la anterior declaración y como restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad demandada, a título de sanción moratoria, a un día de salario por cada día de retardo, desde el 1º de diciembre de 2006 hasta el 14 de septiembre de 2012, cuando la entidad territorial accionada cumplió con dicha obligación.

3. Las anteriores pretensiones se sustentan en los siguientes hechos relevantes que se extraen de la demanda y de los documentos aportados con esta:

Fundamentos fácticos.

a. La demandante señaló laboró como docente en la Escuela Primaria Mixta de Manguelito de Cereté desde el 3 de mayo de 2001 hasta el 30 de noviembre de 2002, y el alcalde municipal le reconoció sus prestaciones sociales definitvas, entre ellas las cesantías a través de la Resolución 562 del 10 de marzo de 2003.

b. Adujo que la entidad demandada no efectuó el pago de la suma dineraria reconocida, por lo que presentó demanda ejecutiva laboral, respecto de la cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cereté libró mandamiento ejecutivo el 31 de marzo de 2004, dentro del cual la última liquidación del crédito aprobada por el juez, se efectuó el 1º de diciembre de 2006.

c. Sostuvo que el municipio de Cereté fue admitido para la promoción de un acuerdo de reestructuración de pasivos mediante la Resolución 6150 del 20 de diciembre de 2006, de conformidad con la Ley 550 de 1999, y pese a ello, la deuda por concepto de las cesantías solo le fue pagada a la actora hasta el 14 de septiembre de 2012. Por consiguiente, el 27 de noviembre solicitó la sanción moratoria a la entidad demandada, frente a la cual se configuró el silencio administrativo negativo que se demanda a través del presente medio de control.

Normas violadas y concepto de violación.

4. Invocó como normas desconocidas la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006.

5. Acusó el acto administrativo ficto de desconocer las normas que establecen los términos perentorios para el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas de los servidores públicos, e igualmente, adujo que de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, los acuerdos de reestructuración celebrados por las entidades territoriales en ningún momento le permiten al deudor insolvente desatender sus acreencias, sino que la finalidad es atenderlas con sujeción a lo dispuesto en el convenio, por lo que podrán someterse únicamente a rebajas, disminución de intereses y concesión de plazos o prórrogas.

Municipio de Cereté – contestación de la demanda.

6. Señaló que la demandante, entre otros actores, a través de apoderado, inició un proceso ejecutivo laboral en contra del municipio accionado para obtener el pago de sus cesantías definitivas y la sanción moratoria, mediante el cual se libró mandamiento de pago por la suma $1.284.525.443, y de acuerdo con la última liquidación del crédito aceptada por el Juez Primero Civil del Circuito de Cereté mediante auto del 3 de agosto de 2006, quedó un saldo insoluto de $359.241.907, suma que, según se afirmó, fue cancelada por la entidad territorial, en cumplimiento de lo pactado en el acuerdo de reestructuración de pasivos, en donde se incluyó la cláusula novena, parágrafo quinto, por la que se acordó: «Las acreencias cuyos pagos fue[ron] intentados a través de proceso[s] ejecutivos se cancelan de conformidad a la última liquidación del crédito practicado dentro del proceso ejecutivo y que fue incorporada dentro del inventario de acreencias o [en] su defecto por el valor del mandamiento de pago».

7. En consonancia con lo anterior, adujo que el municipio demandado no tiene ninguna obligación con la señora Ayala Durango relacionada con las cesantías definitivas y la sanción moratoria pretendida a través del presente medio de control, razón por la cual, propuso como argumento de defensa la pretensión de lo no debido, y adicionalmente, formuló como excepciones, la caducidad de la acción y prescripción.

Audiencia Inicial

8. El Tribunal Administrativo de Córdoba realizó Audiencia Inicial concentrada el 24 de abril de 2017, en el que una vez efectuado el saneamiento del proceso, declaró no probado el medio exceptivo de caducidad de la acción y fijó el litigio en los siguientes términos:

«[…] determinar si los señores: LUCY AYALA DURANGO, […] tienen derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías, de conformidad con lo establecido en la Ley 244 de 1995, hoy regulada por la Ley 1071 de 2006, desde el primero de diciembre de 2006 hasta el 14 de septiembre de 2012.» (Se resalta)

Sentencia de primera instancia.

9. El Tribunal Administrativo de Córdoba - Sala Segunda de Decisión, mediante sentencia del 29 de septiembre de 2017, declaró probada la «excepción denominada “pretensión de lo no debido», denegó las súplicas de la demanda y no condenó en costas.

10. El a quo precisó que de acuerdo con los elementos de prueba que obran en el expediente, se acreditó que la demandante instauró un proceso ejecutivo en virtud del cual solicitó el pago de sus prestaciones sociales definitivas liquidadas mediante la Resolución 562 del 10 de marzo de 2003, del cual conoció el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cereté y libró mandamiento de pago a favor de la señora Ayala Durango, entre otros ejecutantes.

11. Igualmente, expuso que el municipio demandado se sometió a un acuerdo de reestructuración de pasivos conforme lo establecido en la Ley 550 de 1999, «el cual fue votado el 6 de agosto de 2007, según se evidencia en el acta adjunta al referido documento», y que dentro de su contenido se estipularon en la cláusula tercera el obligatorio cumplimiento para todos los acreedores, inclusive quienes no hubieran participado en la negociación, y en la novena, parágrafo 5º, que «las acreencias cuyo pago fue intentado a través de procesos ejecutivos se cancelarán de conformidad a la última liquidación del crédito practicada dentro del proceso ejecutivo y que fue incorporada dentro del inventario de acreencias o en su defecto por el valor de mandamiento de pago».

12. Arguyó que en virtud del señalado convenio, la entidad territorial pagó a la demandante, entre otros acreedores, las sumas de $300.000.000 y $337.616.505, en las fechas 16 de julio y 14 de septiembre de 2012, respectivamente, dentro del que se incluyó la obligación atinente a las prestaciones sociales y sanción moratoria; por ende, concluyó que al incluir la deuda en el inventario de pasivos no desconoció sus derechos preexistentes, sino que se establecieron plazos para atender los créditos concertados en el acuerdo de reactivación económica, dentro del cual también se previó que el valor de la obligación ejecutada sería el resultante de la última liquidación practicada dentro del proceso ejecutivo, por lo que se fijó un límite para el cobro de los valores que en lo sucesivo se causaran, de acuerdo con el parágrafo 5º de la cláusula novena, configurándose así la excepción de “pretensión de lo no debido” formulada por el municipio de Cereté.

Recurso de apelación.

13. El apoderado judicial de la parte demandante manifestó su desacuerdo frente al fundamento de la sentencia de primera instancia, esto es, el atinente a que operó la condonación de la sanción moratoria causada desde el 1º de diciembre de 2006 al 14 de septiembre de 2012, pese a que no es posible renunciar un derecho laboral cierto.

14. Indicó que los derechos laborales tienen el carácter de ciertos e irrenunciables, entre ellos, el pago de salarios y prestaciones sociales, tal como se ha sostenido a nivel jurisprudencial en atención a los tratados internacionales ratificados por Colombia, como lo es el Convenio C-173 de 1992, que consagró: «los créditos adeudados a los trabajadores en razón de su empleo deberán quedar protegidos por un privilegio, de modo que sean pagados con cargo a los activos del empleador insolvente antes de que los acreedores no privilegiados puedan cobrar la parte que les corresponda. De igual manera el artículo 6 consagró que el privilegio deberá cubrir al menos los créditos laborales correspondientes a: … d) a las indemnizaciones por fin de servicios adeudadas al trabajador con motivo de la terminación de la relación de trabajo.».

16. Por lo anterior, adujo que tanto el reconocimiento como el pago de los intereses y sanciones por el retardo en la cancelación de salarios y prestaciones sociales constituye una obligación para el empleador moroso, tal como lo sostuvo la Corte Constitucional en la sentencia C-048 de 1996, y adicionalmente tiene el carácter de derecho cierto e indiscutible, según lo considerado por la misma Corporación en las sentencias T-418/1996 y T-568/11, así como por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en donde se sostuvo que no es necesaria la existencia de una sentencia o acto administrativo para que exista certeza del crédito, toda vez que la fuente de la obligación para cancelar la penalidad aludida, está constituida por la ley.

17. Finalmente, arguyó que la intención del legislador nunca ha sido desconocer los derechos de los trabajadores otorgados mediante justo título, en concordancia con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección de los derechos laborales en los eventos de insolvencia del empleador, en donde se dispuso que «cuando en virtud de la legislación nacional, se autorice la continuación de actividades de una empresa que sea objeto de insolvencia, los créditos laborales correspondiente al trabajo efectuado a partir de la fecha en que se decidió esa continuación deberán quedar excluidos del procedimiento y SALDARSE a sus vencimientos respectivos con los fondos disponibles».

Alegatos de conclusión en segunda instancia.

18. La parte demandante manifestó en primer lugar, que las cesantías son una prestación social cuya finalidad es proteger al trabajador para el momento en que quede cesante, por lo que al tratarse de una garantía de aquellas ínsitas en el derecho a la seguridad social previsto en el artículo 48 de la Constitución Política, de manera que no puede ser desconocido en razón del acuerdo de reestructuración de pasivos del municipio de Cereté; y en segundo orden, que la sanción moratoria se causó hasta el día en que efectivamente se pagó el auxilio de cesantías.

CONSIDERACIONES

Análisis del asunto.

19. Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto, encontrándose en la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida en primera instancia y sin que se evidencien vicios que acarreen nulidades y requieran el ejercicio de control de legalidad por parte del órgano judicial, se procederá a plantear el siguiente:

Problema Jurídico.

20. De acuerdo con los cargos formulados por la parte demandante en calidad de apelante único, le corresponde a la Sala analizar si la sanción moratoria constituye un derecho cierto e indiscutible, y en consecuencia, si la participación en el acuerdo de reestructuración del municipio de Cereté, implicó que operó la condonación o que ha renunciado a ella, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 5º de la cláusula 9 del citado acuerdo, en la cual se estipuló lo siguiente:

«PARÁGRAFO 5. PROCESOS EJECUTIVOS. Las acreencias cuyo pago fue intentado a través de procesos ejecutivos se cancelarán de conformidad a la última liquidación del crédito practicada dentro del proceso ejecutivo y que fue incorporada dentro del inventario de acreencias o [en] su defecto por el valor del mandamiento de pago.»

21. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará: i) la naturaleza jurídica de la sanción moratoria; ii) las normas que establecen los acuerdos de reestructuración de pasivos para la reactivación económica y financiera de los entes territoriales y los antecedentes jurisprudenciales, para finalmente establecer, si en el caso concreto se configuró la condonación de la sanción moratoria o la renuncia a ella, en virtud del acuerdo de reestructuración celebrado por el municipio de Cereté

Naturaleza jurídica de la sanción moratoria por cesantías definitivas y su exigibilidad.

22. La Ley 244 de 19951 modificada por la Ley 1071 de 2006, fijó los términos para el pago oportuno de cesantías de los servidores públicos y establece una sanción en los siguientes términos:

«Artículo 1º.- Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de la liquidación de las Cesantías Definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la Resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la Ley.

Artículo 2º.- La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social.

Parágrafo.- En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste.» (Se resalta).

23. El espíritu de la citada disposición es proteger el derecho de los servidores públicos que se retiran del servicio a percibir oportunamente la liquidación definitiva y pago de sus cesantías. En tal sentido, estableció el procedimiento para su reconocimiento y pago, consagrando, entre otros asuntos, una sanción a cargo de la administración y a favor del empleado, correspondiente a un día de salario por cada día de retardo, en caso de constituirse retraso en el pago definitivo de la referida prestación social.

24. Entonces, se trata de una obligación principal que se deriva del incumplimiento del deber del empleador de los plazos contemplados en la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, la cual deberá solicitarse de manera independiente ante la administración a partir de su exigibilidad.

25. En ese sentido, la Sentencia de Unificación CE-SUJ2 004 del 25 de agosto de 2016, con ponencia del Consejero de Estado Luis Rafael Vergara Quintero, definió la naturaleza jurídica de dicha penalidad, para establecer que no es accesoria a la prestación social – cesantías-, pues la finalidad del legislador para incorporarla al ordenamiento jurídico es sancionar al empleador por el retardo en el cumplimiento de un deber legal, más no constituye una carga laboral o retribución por los servicios prestados.

26. De este modo, la jurisprudencia del Consejo de Estado igualmente ha caracterizado la sanción moratoria por el pago extemporáneo de las cesantías como una multa a favor del trabajador y en contra del empleador estatuida con el objeto de reparar los daños causados al primero por el incumplimiento en el plazo para el pago.

27. Visto lo anterior, es preciso concluir que la sanción moratoria no es un derecho cierto e indiscutible, ya que tiene como propósito procurar que el empleador reconozca y pague de manera oportuna la cesantía, por lo que si bien representa una suma de dinero considerable, sucesiva mientras no se produzca su pago; ella ni lo compensa ni lo indemniza por la ocurrencia de la mora del empleador en cumplir con su obligación de dar.

28. De allí que no pueda considerarse a la penalidad aludida como un derecho cierto o una acreencia derivada de la relación laboral ocasionada en virtud de la prestación del servicio o de las eventualidades que el empleador ampare en virtud de lo que ordena la ley; a contrario sensu de la prestación social - cesantías definitivas, que fue establecida para enfrentar las contingencias desde el punto de vista económico del núcleo familiar del empleado mientras este se encuentre cesante, y ha sido definida desde la jurisprudencia, como uno de los componentes de la protección constitucional establecida a favor de los trabajadores, como manifestación del derecho a la seguridad social y asimismo, como una garantía irrenunciable de todo trabajador.

29. Lo anterior, ha sido igualmente reiterado por la jurisprudencia pacífica de esta Corporación, en donde la sala de decisión homóloga de esta Subsección, sostuvo que: «No existe discusión que la sanción moratoria no es considerada como una prestación social, sino como su nombre lo indica, es una sanción que se aplica cuando se demuestra que hubo un retardo en el pago de las cesantías y el interesado la reclama oportunamente a la administración para agotar debidamente la vía gubernativa».

30. Así lo ha considerado igualmente la Corte Suprema de Justicia, al reiterar el carácter eminentemente sancionatorio de aquella que en el caso de los trabajadores particulares está regulada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, lo cual sustentó en que esta se genera cuando el empleador se sustrae, sin justificación atendible, al pago de salarios y prestaciones sociales a que tiene derecho el trabajador a la terminación del contrato de trabajo.

31. A su vez, la Corte Constitucional ha diferenciado entre la naturaleza jurídica de las cesantías y la sanción moratoria, al indicar que en el régimen laboral colombiano existen unas garantías y beneficios denominadas prestaciones sociales y debido a su importancia para el trabajador, el legislador ha contemplado mecanismos de carácter sancionatorio con el fin de que el empleador cumpla oportunamente sus obligaciones. En esta oportunidad, el máximo tribunal constitucional señaló:

«[…] el auxilio de cesantía se erige en una de las prestaciones más importantes para los trabajadores y su núcleo familiar, como también en uno de los fundamentos más relevantes del bienestar de los mismos, en cuanto se considera el respaldo económico de sus titulares para el acceso a bienes y servicios indispensables para el mejoramiento de la calidad de vida de la población asalariada. Aunado a lo anterior, en caso de mora en el pago de este auxilio, así como sus intereses, la entidad responsable de la obligación tiene el deber de reconocer y pagar de sus propios recursos, una sanción moratoria consistente en un día de salario por cada día de retardo, hasta tanto se haga efectivo el pago. Para lo cual, solamente es necesario que el afectado acredite la no cancelación dentro del término previsto en las disposiciones legales.

A partir de las consideraciones normativas y conceptuales expuestas en los capítulos anteriores, todo empleador está en la obligación de consignar el valor de esta prestación social dentro de los términos legalmente establecidos, so pena de incurrir en una sanción moratoria, por desestabilizar las relaciones laborales y consecuentemente desconocer una de las prerrogativas fundamentales que rigen este tipo de vínculo jurídico.»

32. De lo anterior, se concluye la sanción moratoria no retribuye el servicio prestado por el trabajador, ni tampoco se erige como una prerrogativa prestacional en tanto no busca proteger al empleado de las eventualidades a las que pueda verse sometido durante una relación laboral, sino que se instituye como una penalidad económica contra el empleador por su retardo en el pago de la prestación social de las cesantías y en favor del servidor público.

De los acuerdos de reestructuración de pasivos para la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales.

33. La dirección general de la economía está a cargo del Estado, por lo que intervendrá en la economía, en virtud de los mandatos establecidos en los artículos 334 y 335 de la Constitución Política. En tal sentido, las actividades financiera, bursátil, aseguradora, son de interés público y solo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en dichas materias y promoverá la democratización del crédito.

34. Con fundamento en los postulados constitucionales señalados, se expidió la Ley 550 de 1999 «Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley», que en el inciso tercero del artículo 1° ibídem, incluyó dentro de su ámbito de aplicación a las entidades territoriales, así:

«Artículo 1o. Ámbito de aplicación de la ley.
[…]
Esta ley se aplicará igualmente a las entidades territoriales, de acuerdo con lo dispuesto en el Título V de la misma, y a las sucursales de sociedades extranjeras que desarrollen actividades permanentes en Colombia.».

35. Dentro de los fines de la intervención en la economía, el artículo 2º de la citada ley, contempló, entre otros, el propender por la reactivación de los sectores productivos de las empresas, así como del empleo, dentro de un régimen en el que las empresas y sus empleados acuerden condiciones especiales y temporales en materia laboral, en procura de una óptima estructura administrativa, financiera y contable de la entidad, con agilidad, equidad y seguridad jurídica.

36. En cuanto a los instrumentos para la obtención de los fines estatales, dotó a las empresas y entidades públicas de instrumentos, tales como la negociación y celebración de acuerdos de reestructuración previstos en el artículo 3º, numeral 1o de la ley; herramienta definida como la convención que se celebre a favor de una o varias empresas con el objeto de corregir deficiencias que presenten en su capacidad de operación y para atender obligaciones pecuniarias, de manera que puedan recuperarse dentro del plazo que se estipule para su ejecución y en las condiciones que se hayan previsto en el mismo – artículo 5º-.

37. Por su parte, el artículo 34 de la normativa en cita, relativo a los efectos del acuerdo de reestructuración, dispuso lo siguiente:

«Como consecuencia de la función social de la empresa los acuerdos de reestructuración celebrados en los términos previstos en la presente ley serán de obligatorio cumplimiento para el empresario o empresarios respectivos y para todos los acreedores internos y externos de la empresa, incluyendo a quienes no hayan participado en la negociación del acuerdo o que, habiéndolo hecho, no hayan consentido en él, y tendrán los siguientes efectos legales:

[…]

8. Todas las obligaciones se atenderán con sujeción a lo dispuesto en el acuerdo, y quedarán sujetas a lo que se establezca en él en cuanto a rebajas, disminución de intereses y concesión de plazos o prórrogas, aun sin el voto favorable del respectivo acreedor, salvo las excepciones expresamente previstas en esta ley en relación con las obligaciones contraídas con trabajadores, pensionados, la DIAN, los titulares de otras acreencias fiscales o las entidades de seguridad social». (Resaltado fuera del texto original).

38. De acuerdo con la norma transcrita, la finalidad de los acuerdos celebrados bajo el régimen contemplado en la Ley 550 de 1999, son de obligatorio cumplimiento para el empresario y los acreedores, en cuanto rebajas, disminución de intereses y concesión de plazos o prórrogas, inclusive respecto de quienes no hayan participado en la negociación, o aun cuando no hubieren consentido en él, con excepciones de obligaciones contraídas con trabajadores establecidas en la misma ley.

39. En el proceso de reestructuración de pagos, el legislador previó dos etapas, la primera, correspondiente a la fijación de los derechos de voto de los acreedores, de acuerdo con el monto establecido de sus créditos (artículo 22), y la segunda, que comprende la negociación propiamente dicha, cuya objetivo es que finalice con un acuerdo de pagos dentro del término de cuatro meses (artículo 23). Dice la norma:
«[…] El promotor determinará el número de votos admisibles que corresponda a cada uno de los acreedores para decidir la aprobación del acuerdo de reestructuración; y determinará también la existencia y cuantía de las acreencias que deben ser objeto del acuerdo.
Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha en que haya quedado definida la designación del promotor, de conformidad con lo dispuesto en los artículos HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0550_1999.html" \l "7" 7 y HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0550_1999.html" \l "12" 12 de esta ley, deberá realizarse una reunión para comunicar a los interesados el número de votos admisibles y la determinación de la existencia y cuantía de las acreencias. La reunión se realizará a las 10 a. m. en las oficinas de la entidad nominadora, el día de vencimiento del plazo aquí indicado, a menos que sea convocada por el promotor en forma oportuna y que en la convocatoria se indique con precisión otro lugar, ubicado dentro del domicilio del empresario, una fecha anterior y otra hora para tal efecto.
La convocatoria se hará mediante aviso en un diario de amplia circulación en el domicilio del empresario y en los de las sucursales que éste posea, publicado con una antelación de no menos de cinco (5) días comunes respecto de la fecha de la reunión. Dicho aviso será inscrito en el registro mercantil de las Cámaras de Comercio con jurisdicción en los domicilios del empresario y en los de sus sucursales. Dicha inscripción se sujetará a la tarifa establecida por el Gobierno Nacional para la inscripción de documentos en el registro mercantil.
Desde la fecha de publicación del aviso de convocatoria a que se refiere el inciso anterior, o dentro de los quince días comunes anteriores al vencimiento del plazo señalado en el inciso segundo de este artículo, el promotor tendrá a disposición de los acreedores toda la información y documentación a que se refiere el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0550_1999.html" \l "20" 20 de la presente ley, acompañada del listado preliminar de votos, votantes y acreencias elaborado por el promotor, junto con sus correspondientes soportes. Los acreedores, por sí o a través de apoderado, podrán examinar el listado preliminar de votos, votantes y de acreencias, así como sus correspondientes soportes. Cualquier solicitud de aclaración u objeción que no haya sido resuelta con anterioridad durante la negociación, deberá ser planteada durante la reunión, y será resuelta en ella por el promotor en su calidad de amigable componedor por ministerio de la ley. […]».
40. Sobre las objeciones señala el artículo 26 de la Ley 550 de 1999, lo siguiente:

«[…] Cuando cualquier acreedor interno o externo, o un administrador del empresario con facultades de representación, tenga una objeción a las decisiones del promotor a que se refieren los artículos HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0550_1999.html" \l "22" 22 y HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0550_1999.html" \l "25" 25 de la presente ley que no pueda ser resuelta en la reunión prevista en su artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0550_1999.html" \l "23" 23, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de terminación de dicha reunión el objetante tendrá derecho a solicitar por escrito a la Superintendencia de Sociedades que resuelva su objeción. La Superintendencia resolverá dicha objeción, en única instancia, mediante el procedimiento verbal sumario, pronunciándose a manera de árbitro, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_procedimiento_civil_pr014.html" \l "435" 435 del Código de Procedimiento Civil. La Superintendencia resolverá todas las objeciones presentadas en tiempo sobre el particular sobre el particular <sic> y la providencia respectiva, una vez en firme, permitirá al promotor establecer con certeza los votos admisibles y los créditos que han de ser objeto del acuerdo de reestructuración.

PARÁGRAFO. La Superintendencia resolverá las diferencias con base en los documentos que hayan sido considerados por el promotor, quien los remitirá de inmediato para que ésta resuelva. Si se requiere de la práctica de avalúos para efectos de resolver la objeción, se dará aplicación a los artículos HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0550_1999_pr001.html" \l "60" 60, HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0550_1999_pr001.html" \l "61" 61 y HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0550_1999_pr001.html" \l "62" 62 de esta ley; y el objetante, al formular su objeción, deberá acompañarla con la prueba correspondiente al avalúo en que se fundamente, practicado de conformidad con lo dispuesto en esta ley al respecto, so pena de rechazo de la misma. […]»

41. El convenio deberá constar íntegramente en un documento escrito, tendrá el plazo que se estipule para su ejecución, sin perjuicio de los términos especiales que se señalen para la atención de determinadas acreencias, y del que llegue a pactarse en los convenios temporales de concertación laboral previstos en la citada ley (artículo 31).

Del acuerdo de reestructuración celebrado por el municipio de Cereté en el marco de la Ley 550 de 1999.

42. Se celebró entre el Alcalde de Cereté (Córdoba) y sus acreedores, previa autorización del Concejo Municipal a través del Acuerdo 003 de del 5 de marzo de 2007, por razones de orden financiero, fiscal e institucional.

43. Como antecedentes del acuerdo, se observa que mediante la Resolución 6150 del 20 de diciembre de 2006, la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público aceptó la solicitud de promoción del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos y se designó al promotor, quien convocó a todos los acreedores del municipio de Cereté a la votación mediante aviso publicado en el Diario Regional «El Meridiano de Córdoba», la cual se celebró el 6 de agosto de 2007, día en que se obtuvo la mayoría requerida por el artículo 29 de la Ley 550 de 1999, esto es, el 69.99%; por ende, se tuvo como suscrito el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos.

44. En cuanto a la obligatoriedad del citado acuerdo, en la cláusula tercera se estipuló lo siguiente:

«CLÁUSULA 3º. Teniendo en cuenta lo dispuesto por los artículos 4 y 34 de la Ley 550 de 1999, el presente ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS, es de obligatorio cumplimiento para EL MUNICIPIO y para todos sus ACREEDORES, incluyendo a quienes no hayan participado en la negociación, o que, habiéndolo hecho, no hayan consentido en él, […]. Tratándose de EL MUNICIPIO, el mismo se entiende legalmente obligado a la celebración y ejecución de los actos administrativos de sus órganos de control que se requieran para cumplir con las obligaciones contenidas en este ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS.»

45. La anterior disposición, se consagró igualmente en la cláusula 43 relativa a los efectos del convenio.

46. En la cláusula 9, se definieron las clases de acreedores y reglas generales para el pago de las obligaciones, en los siguientes términos:

«[…]
Grupo No. 1: Trabajadores y Pensionados;
Grupo No. 2: Entidades Públicas e Instituciones de Seguridad Social.
Grupo No. 3: Entidades financieras;
Grupo No. 4: Otros acreedores.»

47. En lo concerniente a las acreencias cuyo pago se ordenó a través de procesos ejecutivos, en el parágrafo 5º de la cláusula novena se previó su cancelación de conformidad con la última liquidación del crédito practicada dentro del proceso ejecutivo e incorporada en el inventario de acreencias o en su defecto, por el valor del mandamiento de pago, la disposición que se transcribe a continuación:

«PARÁGRAFO 5. PROCESOS EJECUTIVOS. Las acreencias cuyo pago fue intentado a través de procesos ejecutivos se cancelarán de conformidad a la última liquidación del crédito practicada dentro del proceso ejecutivo y que fue incorporada dentro del inventario de acreencias o [en] su defecto por el valor del mandamiento de pago.» (Se resalta)

48. En la cláusula 10, se previó el orden de pago de las obligaciones de los trabajadores correspondiente al primer grupo de acreedores, así:

«CLÁUSULA 10. PAGO DE OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. El municipio cancelará las acreencias del primer grupo de acreedores en orden ascendente. […] Las mesadas pensionales, los sueldos, vacaciones, cesantías y demás pasivos salariales o prestacionales de EL MUNICIPIO, son obligaciones que se cancelarán con prioridad dentro del grupo atendiendo la regla anterior y se pagarán a partir de la suscripción de este ACUERDO y hasta la vigencia fiscal de 2014 dependiendo de la disponibilidad de recursos [….]»

49. La cláusula 14 estipuló el compromiso de los acreedores titulares de las medidas cautelares de proceder a su levantamiento y la terminación de los procesos ejecutivos en curso, previa verificación de que la obligación estuviere incluida en el acuerdo, a saber:

«CLÁUSULA 14. En virtud del presente ACUERDO, y en desarrollo de lo dispuesto por el numeral 2º del artículo 34 de la Ley 550 de 1999 y el numeral 13 del artículo 58, los acreedores titulares de las medidas cautelares, o el Alcalde, solicitarán de manera inmediata a la celebración del presente ACUERDO, el levantamiento de dichas medidas que pesan sobre los recursos y los activos del MUNICIPIO, y la terminación de los procesos ejecutivos que se hallen en curso una vez verificado que las acreencias que originaron la iniciación de los procesos ejecutivos se encuentren incorporadas en el acuerdo de reestructuración».

50. Igualmente, se consagró como principio de interpretación del convenio la buena fe en su celebración (cláusula 48), y las siguientes reglas particulares de interpretación:

«CLÁUSULA 50. En la interpretación del ACUERDO DE REESTRUCTUACIÓN DE PASIVOS, por parte de EL COMITÉ DE VIGILANCIA deberá acudir en primer lugar al contenido de las cláusulas del mismo y en defecto de ellas, a los fines que rigen la suscripción del ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS.»

51. Establecido lo anterior, la Sala analizará el problema jurídico atendiendo a las normas y los antecedentes jurisprudenciales analizados en los acápites precedentes.

Del análisis del caso concreto.

52. En el sub judice, el a quo negó las pretensiones de la demanda, al considerar que en virtud del acuerdo de reestructuración de pasivos, en el que se estipuló la cláusula novena por la cual las partes acordaron que el pago de las acreencias derivadas a través de procesos ejecutivos se cancelarían de acuerdo con la última liquidación del crédito practicada dentro del proceso ejecutivo, en el caso de la demandante operó la condonación de la sanción moratoria que pretende a través del presente medio de control.

53. La parte actora manifestó su desacuerdo frente al argumento del a quo para negar las pretensiones de la demanda, en razón a que la sanción moratoria es un derecho laboral cierto e indiscutible, de manera que la celebración del acuerdo de reestructuración del municipio de Cereté no puede desconocer dicha obligación, por cuanto los créditos laborales deben saldarse en su totalidad.

54. A continuación se analizan las pruebas que obran en el expediente relacionadas con los supuestos fácticos alegados por la apelante, lo cual es relevante para la decisión.

i) En cuanto a la vinculación de la actora, se encuentra acreditado y no es objeto de debate, que ejerció el cargo de docente desde el 3 de mayo de 2001 hasta el 30 de noviembre de 2002, en la Escuela Primaria Mixta de Manguelito (Cereté).

ii) Mediante la Resolución 562 del 10 de marzo de 2003, el alcalde municipal de Cereté le reconoció y ordenó el pago de la suma de $4.333.844, por concepto de prestaciones sociales definitivas, entre los cuales se encontraban las cesantías definitivas.

iii) La demandante a través de apoderado judicial y en conjunto con otras personas, inició proceso ejecutivo laboral contra el municipio de Cereté, por el cual formuló las siguientes pretensiones:

«[…] 1. Sírvase señor juez, librar mandamiento de pago por la vía ejecutiva laboral a favor de mis mandantes y en contra del Municipio de Cereté, por las siguientes sumas por concepto de capital distribuidos de la siguiente manera:

Nombre demandante
Monto Resolución
Sanción moratoria fecha presentación demanda
LUCÍA ELENA AYALA DURANGO
4.333.844
6.994.276

[…]
Sírvase reconocer la mora en los términos establecidos en la Ley 244 de 1995 de conformidad a lo establecido en el inciso primero y en el parágrafo del artículo 2º de la ley referida. “El parágrafo del artículo 2º de la Ley 244 de 1995 penalizó económicamente en las entidades que incurran en mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, con una sanción equivalente a un día de salario por cada día de retraso. […] Hasta que se haga efectivo el pago. La misma disposición estableció que para el cobro de dicha sanción bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo.

[…]
LUCÍA ELENA AYALA DURANGO: $22.782.66»

iv) Obra copia auténtica de la providencia del 31 de marzo de 2004, por la cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cereté, dispuso lo siguiente:

«Librar mandamiento de pago por la vía Ejecutiva Laboral en favor de […] LUCÍA ELENA AYALA DURANGO, [….] y en contra del municipio de Cereté, por las siguientes sumas:
[…]

3. LUCÍA ELENA AYALA DURANGO: Por la suma de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($4´333.844) M.CTE, por concepto de prestaciones sociales.

VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($22.782.66) diarios, desde el 27 de mayo de 2003 hasta el día del pago, como sanción de la Ley 244 de 1995.»

Posteriormente, mediante auto del 19 de diciembre de 2006, la misma autoridad judicial en virtud de una liquidación del crédito presentada el 1º de diciembre de 2006 por el mandatario de los ejecutantes, modificó la anterior decisión, en el sentido de establecer que el total de la suma adeudada es de $637.616.505.00, la cual discriminó así:

• Nuevos intereses: $19.059.258
• Sanción moratoria: $223.005.610
• Agencias en derecho: $36.309.730

Ahora bien, a través de auto del 15 de enero de 2007, debido a que la alcaldía municipal aportó al proceso ejecutivo la Resolución 6150 del 20 de diciembre de 2006, por la cual se aceptó la solicitud de promoción de un acuerdo de reestructuración a la entidad territorial accionada, el Juez Primero Civil del Circuito, ordenó lo que al tenor se transcribe a continuación:

«1. Suspéndase el proceso ejecutivo laboral de Elvis del Carmen Petro Rentería y otros contra el municipio de Cereté, […]
2. Ofíciese a las entidades donde reposan embargos, informándoles la suspensión procesal y el mantenimiento del statu quo.»

v) En lo concerniente a la inclusión de acreencias de la actora en el Acuerdo de Reestructuración celebrado por el municipio de Cereté, con la demanda se aportó certificación del 1º de octubre de 2012 proferida por la Tesorera Municipal, por la cual se informó al proceso de la referencia, lo que al tenor se transcribe a continuación:

«[…]
Atendiendo su solicitud de oficio de radicado No. 0005116 de fecha 18 de septiembre, anexo dos copias que corresponden a los pagos realizados por la fiducia. Al proceso del señor ELVIS PETRO RENTERÍA Y OTROS cuyo apoderado es el doctor JORGE ALBERTO SAKR VÉLEZ […] según pago de acreencias del proceso de reestructuración de pasivos en el marco de la ley 550.

Abono realizado el día 16 de julio del 2012. Por un valor de $300.000.000,oo millones de pesos.
Pago final realizado el día 14 de septiembre de 2012, por un valor de $337.616.505,oo millones de pesos. » (Se resalta).

En efecto, con el señalado oficio se aportó copia de las transacciones bancarias realizadas a favor del apoderado Jorge Alberto Sakr Vélez, del 16 de julio de 2012 y 14 de septiembre de 2012, por los conceptos señalados en precedencia.

viii) La parte actora, a través de su mandatario judicial, solicitó el 27 de noviembre de 2012 al alcalde municipal de Cereté, la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas desde el 1º de diciembre de 2006 hasta el 14 de septiembre de 2012, frente a la cual se configuró el acto ficto derivado del silencio administrativo negativo que se demanda a través del presente medio de control.

55. De acuerdo con lo anterior, se concluye que tal como lo consideró el tribunal de instancia, y que no es objeto de debate por la parte actora, la acreencia de la demandante por concepto de las prestaciones sociales, entre ellas, las cesantías definitivas y la sanción moratoria causada hasta el 1 de diciembre de 2006, cuyo pago solicitó a través del proceso ejecutivo laboral ante la jurisdicción ordinaria, fue incluida en el acuerdo de reestructuración de pasivos.

56. Por lo anterior, el a quo consideró que si bien el pago de las cesantías definitivas se efectuó en el 2012, lo cierto es que la parte actora votó favorablemente el acuerdo de reestructuración de pasivos, hecho alegado en la contestación de la demanda y que se tuvo por demostrado en la sentencia de primera instancia, sin que la apelante manifestara encontrarse en desacuerdo frente a este supuesto fáctico; convenio dentro del cual se estipuló en el parágrafo 5º de la cláusula novena, que consagró: «las acreencias cuyo pago fue intentado a través de procesos ejecutivos se cancelarán de conformidad a la última liquidación del crédito practicada dentro del proceso ejecutivo y que fue incorporada dentro del inventario de acreencias o en su defecto por el valor del mandamiento de pago».

57. Ahora bien, de los elementos de prueba aportados al proceso se observa que el apoderado judicial de la demandante, aceptó participar en el acuerdo de reestructuración de pasivos, como lo manifiesta en la apelación, y no formuló una objeción formal en los términos del artículo 23 de la Ley 550 de 1999, ni tampoco ante la Superintendencia de Sociedades dentro del término que señala el artículo 26 ibídem, por lo que la Subsección concluye que el mandatario en representación de la señora Ayala Durango, aprobó la condonación que para el caso concreto operó respecto de la sanción que hasta entonces se causó por el retardo en el pago de las cesantías definitivas.

58. No obstante lo anterior, la parte actora indica que en atención a que la sanción moratoria constituye un derecho cierto e irrenunciable, el reconocimiento de la aludida penalidad debe efectuarse hasta la fecha en que efectivamente se pagaron las cesantías definitivas, esto es, el 14 de septiembre 2012.

59. Al respecto, esta Subsección considera que tal como lo sostuvo la Sección Segunda de esta Corporación mediante Sentencia de Unificación CE-SUJ2 004 del 25 de agosto de 2016 y la jurisprudencia pacífica de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, la sanción moratoria constituye una penalidad de tipo económico cuya finalidad es apremiar al empleador al cumplimiento de una obligación laboral, esto es, el pago de la prestación social – cesantías definitivas, de modo que no retribuye la prestación del servicio por parte del empleador, por ende, no es posible señalar que se trata de un derecho o una acreencia derivada de la relación laboral o de las eventualidades amparadas por disposición legal.

60. En consecuencia, si bien la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, previó que «la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas», lo cierto es que debido a que la actora solicitó el pago de la sanción moratoria a través del proceso ejecutivo, cuya acreencia fue incluida en el acuerdo de reestructuración de pasivos, y respecto del cual se aceptó el pago hasta la última liquidación del crédito practicada, se concluye que de acuerdo con la aceptación hecha por el apoderado judicial de la demandante, no hay lugar al reconocimiento de la sanción moratoria pretendida a través de este medio de control, por el período comprendido entre el 1º de diciembre de 2006 y el 14 de septiembre de 2012, pues se itera, no se trata de una prestación social y tampoco se deriva de ella, esto es, de la relación laboral.

61. En tal virtud, operó la condonación de una sanción que no constituye un derecho cierto e irrenunciable, por lo que no hay lugar a prosperar los cargos formulados en la apelación, teniendo en cuenta que la sanción moratoria es un apremio para que el empleador cumpla la obligación de pagar las cesantías de su empleado dentro de los plazos establecidos en la ley.

62. De acuerdo con lo anterior, la Sala precisa que en el caso concreto de la demandante, la sanción moratoria que se causó hasta la última liquidación del crédito fue incluida en su totalidad en el acuerdo de reestructuración; por consiguiente, se entiende que en el sub júdice, la obligación de la entidad empleadora frente al pago de las cesantías definitivas se encuentra satisfecha.

63. Así las cosas, por todo lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Córdoba - Sala Segunda de Decisión, en tanto negó el reconocimiento de la sanción moratoria pretendida por la señora Lucía Elena Ayala Durango, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

64. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Córdoba - Sala Segunda de Decisión, en tanto negó las pretensiones de la demanda presentada por la señora Lucía Elena Ayala Durango, pero por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Por Secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER

El proceso de la referencia ingresó al Despacho con el informe de la Secretaría de la Sección Segunda de la Corporación el 14 de septiembre de 2018, visible en el folio 217 del expediente.
«Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones»
« Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación»

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011

Folio 79.
Folio 1.
Folios 1 y 2 del expediente.
«por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley. »
«Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones. »
«Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación. »
Al respecto citó: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Sentencias del 15 de septiembre de 2011. Rad. 2008-00060-01 (2005-09) y del 25 de octubre de 2012. C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Rad. 2006-00399-01.
Contestación que obra a folios 103 a 109 del expediente.
Folios 153 a 159.
Folios 184 a 190.
«por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley. »
Folios 193 - 195.
M.P. Hernando Herrera Vergara.
El apelante no identificó la sentencia a la que hizo referencia en este aparte de su escrito.
Folios 210 - 211.
Acuerdo de Reestructuración de Pasivos celebrado en el municipio de Cereté y sus acreedores con base en la Ley 550 de 1999.
« Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.»
«por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.»

C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia 47001-23-31-000-2002-00266-01(0875-06) del 06/03/2008. C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. En dicho proveído se señaló lo siguiente: «La indemnización moratoria de que trata la Ley 244 de 1995, como ya se anunció, es una multa a cargo del empleador y a favor del empleado, establecida con el fin de resarcir los daños que se causan a este último con el incumplimiento en el pago de la liquidación definitiva del auxilio de cesantía en los términos de la citada Ley.»
Corte Constitucional. Sentencia SU 336/17. M.P. IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO (E).
Sobre la naturaleza jurídica del auxilio de cesantías, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 12 de octubre de 2016, radicación: 1325 - 16, C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia del 10 de octubre de 2018. C.P. Gabriel Valbuena Hernández. Rad. 08001-23-31-000-2011-00276-01(3070-15).

Corte Suprema de Justicia. Sentencias SL4112-2018 del 25 de septiembre de 2018, radicación n.° 66605 y SL4869-2018 del 14 de noviembre de 2018, radicación N.° 58990.

Sentencia T-008/15. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
«Artículo 334. HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43214" \l "1" Modificado por el art. 1, Acto Legislativo 003 de 2011, La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto público social será prioritario.

El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones.

[…]

Artículo 335 Constitución Política. Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito.»

«Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley».
Según se observa en la copia auténtica aportada por Ministerio de Hacienda y Crédito Público (folios 162 a 180), en virtud de la prueba decretada a petición de la parte demandada, en la Audiencia Inicial del 18 de junio de 2014 (fls. 150 – 154).
Información extraída del Acta de reunión y votación del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos del Municipio de Cereté consultado en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el siguiente link: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FMIG_6816602.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased.
Folio 171.
Folios 16 a 18.
Copia simple que obra a folios 7 a 15 del cuaderno principal.
Folios 19 - 37.
Que obra en copia auténtica a folio 61.
Folio 55.
Folio 62.
Transacciones de pago que obran a folios 64 y 65.
Folios 66 y 67.
C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
«Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones»
«Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.»

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