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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00031-01

Fecha
21 de abril de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00031-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: 30 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». 15 Radicación: 76001-23-33-000-2018-00031-01 (1393-2021) Demandante: Mariela Bustamante Meléndez Primero. Confirmar la sentencia proferida el 17 de septiembre de 2020 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda promovida por la señora Mariela Bustamante Meléndez contra el departamento del Valle del Cauca. Segundo. Adicionar la sentencia recurrida en cuanto se ordena, por Secretaría de la Sección Segunda, remitir copias de la presente actuación a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República, para los efectos pertinentes, con base en lo manifestado en la parte motiva de esta providencia. Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia. Cuarto. Reconocer personería a la abogada Laura Cristina Libreros Barrientos como apoderada del departamento del Valle del Cauca, conforme al poder que obra en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado. Quinto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2018-00031-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

21 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2018-00031-01 (1393-2021)
Demandante: Mariela Bustamante Meléndez
Demandado: Departamento del Valle del Cauca, Secretaría de Educación

Temas: Sanción moratoria, cesantías parciales

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada
contra la sentencia proferida el 17 de septiembre de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual accedió a las pretensiones de
la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Mariela Bustamante Meléndez, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad
del acto ficto originado en la falta de respuesta a la petición que elevó ante la

1
Folios 5 a 7.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 76001-23-33-000-2018-00031-01 (1393-2021)
Demandante: Mariela Bustamante Meléndez

administración tendiente a obtener el reconocimiento de la sanción moratoria
derivada de la tardanza en el pago de sus cesantías parciales.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
actora solicitó condenar a la parte demandada a lo siguiente: i) reconocer la
sanción por la mora en el pago de sus cesantías parciales, conforme lo disponen
las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, equivalente a 602 días; y ii) actualizar el
valor de las condenas conforme a los artículos 192 y siguientes del CPACA.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

i) El 22 de abril de 2015, la señora Mariela Bustamante Meléndez reclamó sus
cesantías parciales.

ii) Por Resolución 03280 del 24 de octubre de 2016, el departamento del Valle del
Cauca reconoció el aludido beneficio. Este acto fue notificado el 1 de noviembre
de 2016.

iii) La prestación se pagó el 23 de diciembre de 2016.

iv) El 25 de enero de 2017, la demandante reclamó ante el ente territorial
accionado la sanción moratoria, toda vez que transcurrieron 546 (sic)2 días entre
el momento en que solicitó las cesantías y la fecha en que se expidió el acto de
reconocimiento.

v) Al momento de presentar la demanda, la interesada aún no ha recibido
respuesta a su petición.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
2
En las pretensiones la actora se refirió a 602 días de mora.

2

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Demandante: Mariela Bustamante Meléndez

Como tales se señalaron las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso lo
siguiente:

i) La Ley 1071 de 2006 dispuso que, en caso de mora en el pago de las cesantías,
la entidad empleadora debía reconocer un día de salario por cada día de retardo.

ii) La parte demandada tenía 60 días para desembolsar el referido auxilio,
contados a partir del momento en que se radicó la solicitud. No obstante, en este
caso transcurrieron más de 1.410 días (sic)3 sin que se hubiera atendido la
obligación.

1.2. Contestación de la demanda

El departamento del Valle del Cauca se abstuvo de contestar la demanda.4

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 17 de
septiembre de 2020, accedió a las pretensiones de la demanda, con sustento en
las siguientes consideraciones:5

i) El 22 de abril de 2015, la actora solicitó sus cesantías parciales. Al tenor de la
Ley 1071 de 2016, la entidad accionada tenía 70 días hábiles para reconocer y
pagar dicha prestación, los cuales vencieron el 5 de agosto de 2015.

ii) Por Resolución 03282 del 24 de octubre de 2016, el departamento del Valle del

3
En las pretensiones la actora se refirió a 602 días de mora y más adelante, en el acápite de concepto de
violación, indició que eran 546 días.
4
Información extraída de la constancia secretarial obrante en el folio 37.
5
Folios 78 a 83.

3

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Demandante: Mariela Bustamante Meléndez

Cauca reconoció el aludido beneficio y desembolsó los dineros el 23 de diciembre
de ese año, esto es, por fuera de la oportunidad legal.

iii) Bajo este contexto, se declara la nulidad del acto acusado y, a título de
restablecimiento del derecho, se condena al ente territorial accionado a pagarle a
la señora Mariela Bustamante Meléndez «la sanción por mora desde el 6 de
agosto de 2015 al 23 de diciembre de 2016».

1.4. El recurso de apelación

El apoderado de la parte accionada interpuso recurso de apelación contra la
referida sentencia con base en los siguientes argumentos: 6

i) El Departamento del Valle del Cauca celebró un acuerdo de reestructuración de
pasivos, al amparo de la Ley 550 de 1999 y el Decreto Departamental 673 de
2014, en el cual reguló la sanción moratoria debatida y se previó que esta sería
reconocida en el 70%; sin embargo, la actora solicita «que se declare que la
entidad demandada debe liquidar nuevamente la sanción moratoria sobre el 100%
y no sobre el 70% como lo pretende pagar».

ii) En este caso se respetó la jurisprudencia del Consejo de Estado, teniendo en
cuenta que el aludido acuerdo de reestructuración no desconoció la sanción
moratoria, sino que disminuyó su cuantía, lo cual es válido en el marco del referido
proceso, pues los trabajadores aprobaron dicha determinación y no se
quebrantaron sus derechos ciertos e indiscutibles.7

iii) En el sub lite no procede el pago de la sanción moratoria, toda vez que la
administración se ajustó al ordenamiento superior y actuó de buena fe.8

6
Folios 85 a 87.
7
En la alzadas se citaron las siguientes sentencias de la Sección Segunda de esta corporación: i) del 25 de
octubre de 2012, radicado: 76001-23-31-000-2006-00399-01 (1353-2010); ii) del 12 de octubre de 2016, no
se identificó el radicado; iii) del 11 de mayo de 2017, número interno: 1059-2014.
8
La entidad apelante invocó la sentencia 36.748 de la Corte Suprema de Justicia.

4

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Demandante: Mariela Bustamante Meléndez

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

La demandante guardó silencio en esta etapa9 y la entidad accionada reiteró los
argumentos expuestos en el transcurso del proceso.10

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público rindió concepto y solicitó confirmar la sentencia
apelada por las siguientes razones: 11

i) El 22 de abril de 2015, la actora reclamó sus cesantías parciales, las cuales
fueron reconocidas por Resolución 3280 del 24 de octubre de 2016 y pagadas el
23 de diciembre de 2016, pese a que ello debió ocurrir antes del 6 de agosto de
2015.

ii) Por lo tanto, la administración incurrió en una mora de 1 año, 4 meses y 13 días.

iii) En la alzada se mencionó un acuerdo de reestructuración en el que se
determinó que la sanción moratoria se pagaría en un 70%; sin embargo, en el
plenario no obra prueba de que la demandante, en calidad de acreedora, participó
en dicho acuerdo o que condonó la indemnización por mora.

iv) Tampoco se allegó el acuerdo de restructuración que dé cuenta del
cumplimiento de la Ley 550 de 1999 o del respeto de los derechos adquiridos de
los servidores del departamento del Valle del Cauca, en especial en lo referente a
las cesantías parciales y la sanción moratoria objeto de debate.

La Sala decide, previas las siguientes

9
Según constancia secretarial visible en el folio 98 y conforme lo reporta la plataforma SAMAI del Consejo de
Estado.
10
Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
11
Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

5

Radicación: 76001-23-33-000-2018-00031-01 (1393-2021)
Demandante: Mariela Bustamante Meléndez

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer si la demandante tiene derecho al pago de la sanción
moratoria derivada del pago tardío de sus cesantías parciales.

2.2. Marco normativo

La Ley 6 de 1945 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones
de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial
de trabajo», en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores
oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada
año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el artículo 17, literal
a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y
obreros nacionales de carácter permanente.

El Decreto 1160 de 1947 «sobre auxilio de cesantías», en su artículo 6, señaló
que para liquidar las cesantías se toma como base el último sueldo o jornal, salvo
que hubiera sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se
toma el promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo
servido, si fuere menor a ese lapso.

Ahora bien, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro - FNA, y
dentro de los objetivos que estableció para la administración de sus recursos, fijó
los siguientes: «pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos
y trabajadores oficiales»12, y «proteger dicho auxilio contra depreciación
monetaria»;13 con tales finalidades, el artículo 3 ibidem determinó que las
cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los

12
Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968.
13
Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.

6

Radicación: 76001-23-33-000-2018-00031-01 (1393-2021)
Demandante: Mariela Bustamante Meléndez

ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos
públicos y empresas industriales y comerciales del estado debían ser liquidadas y
entregadas al FNA; asimismo, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de
Previsión Social realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de
cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.

Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 ibidem empezó el llamado «desmonte
del régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la liquidación anual
de esta prestación para los empleados y trabajadores de las entidades aludidas
previamente, y la liquidación definitiva por la porción de tiempo laborada durante el
año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales del 9%, a ser
liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo que figure a favor de
cada empleado.

El Decreto 432 de 1998 «por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro,
se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones», mantuvo el
objetivo de administrar, de manera eficiente, las cesantías14, y, dentro de sus
funciones, las de recaudo y pago de ese auxilio a los afiliados, al igual que la
protección contra la pérdida de su valor adquisitivo 15. Además, en los artículos 6 y
7 ibidem, fijó un monto por concepto de intereses, con el propósito de evitar la
pérdida del poder adquisitivo del auxilio de cesantías depositado, y un porcentaje
a título de intereses sobre las cesantías.

Ahora bien, la Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para el
pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones
y se dictan otras disposiciones» en su artículo 1 fijó el término de quince días para
que la administración expida el acto de reconocimiento de cesantías definitivas de
los servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de radicación de la
solicitud que se haga en tal sentido, en todo caso, determinó que en el evento de
que la solicitud esté incompleta, el empleador debe manifestarlo así al peticionario,

14
Artículo 2 del Decreto 432 de 1998.
15
Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.

7

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Demandante: Mariela Bustamante Meléndez

dentro de los diez días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, y señalar
expresamente los requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen,
pueda proferir el acto que reconozca la prestación, en el término inicialmente
indicado.

El artículo 2 ibidem determinó que una vez se encuentre en firme el acto de
reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta con el término de
cuarenta y cinco días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora
y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo, en el equivalente a un día
de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se
haga efectivo el pago.

Al respecto, es importante hacer mención de los argumentos que sirvieron de
soporte a la exposición de motivos que dio origen a la sanción moratoria
consagrada en la aludida ley, en especial, los siguientes:

[…] la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los
servidores públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para
lograr el cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque
ha terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que
traen consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque
ante la necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida o coima
para los funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites. Este hecho
origina además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de
radicación de las solicitudes, prácticamente al mejor postor.

Además de este factor de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando al final se
paga al trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad
patronal meses, y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más.
No obstante que la entidad pagadora, los Fondos, durante todo ese tiempo han
estado trabajando esos dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la
institución, pero sin ningún reconocimiento para el trabajador16.

16
Gaceta del Congreso año IV – núm. 225 del 5 de agosto de 1995.

8

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Demandante: Mariela Bustamante Meléndez

La Ley 1071 de 2006, adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, en torno al pago
de las cesantías definitivas y parciales 17 de los servidores públicos, en sus
artículos 4 y 5 determinó lo siguiente:

Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales,
por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo
el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al
recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos
pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de
los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se
haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no
cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad
podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se
produjo por culpa imputable a este.

De conformidad con el artículo 2, los destinatarios de la Ley 1071 de 2006 son
«los miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del
Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para
los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los
particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los

17
Es importante precisar que se entiende por cesantías parciales aquellas que se requieren a la
administración o al fondo administrador de esa prestación con fines de adquirir vivienda o adelantar
estudios. El artículo 3 de la Ley 1071 de 2006 al respecto, señaló: «Artículo 3°. Retiro parcial de
cesantías. Todos los funcionarios a los que hace referencia el artículo 2° de la presente norma podrán
solicitar el retiro de sus cesantías parciales en los siguientes casos: /- 1. Para la compra y adquisición de
vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación de gravámenes del inmueble,
contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero(a) permanente. /- 2. Para adelantar estudios ya sea
del empleado, su cónyuge o compañero(a) permanente, o sus hijos.».

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Demandante: Mariela Bustamante Meléndez

funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares
afiliados al Fondo Nacional de Ahorro». (Se resalta).

2.3. Hechos probados

• El 22 de abril de 2015, la señora Mariela Bustamante Meléndez solicitó el
reconocimiento y pago de sus cesantías parciales con destino a reparaciones
locativas del bien inmueble de su propiedad.18

• El 24 de octubre de 2016, por Resolución 03280, el secretario de educación del
departamento de Valle del Cauca le reconoció las cesantías parciales a la
actora.19

• El 23 de diciembre de 2016 se pagó la referida prestación.20

• El 25 de enero de 2017, la accionante solicitó al ente territorial demandado la
sanción moratoria por el pago inoportuno del auxilio de cesantías.21 En el plenario
no obra respuesta a dicha petición.

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, la
Sala se referirá, en forma exclusiva, a los dos planteamientos de la parte
recurrente que comprenden, por un lado, la existencia de un proceso de
reestructuración de pasivos que delimitaba el derecho a la sanción moratoria y,
por otro lado, la imposibilidad de pagar dicho beneficio en razón a que la
administración actuó de buena fe.

En este orden de ideas, no se abordará nuevamente la causación del derecho a

18
Folio 3. La información también consta en la Resolución 03280 del 24 de octubre de 2016 (folios 5 a 7).
19
Folio 29.
20
Folio 4.
21
Folios 9 a 10.

10

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Demandante: Mariela Bustamante Meléndez

dicha sanción ni el período reconocido por el a quo, ya que ello no fue objeto de
apelación y, conforme al artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de
segunda instancia debe pronunciarse «solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante».

Ahora bien, el argumento relacionado con el proceso de reestructuración de
pasivos que se surtió en el departamento del Valle del Cauca no está llamado a
prosperar, ya que el ente afirmó que la actora solicita la reliquidación de la sanción
moratoria, pues la entidad se comprometió a pagar el 70% de dicho concepto
cuando lo procedente era sufragar el 100%.

Sin embargo, al revisar la demanda y la forma en que se desarrolló el presente
litigio, se observa que la señora Bustamante Meléndez nunca se refirió a una
reliquidación de la sanción moratoria ni impugnó el acuerdo que invoca la parte
demandada, es decir, que la alzada no guarda relación con el debate en este
aspecto.

De otro lado, al plenario no se aportó ninguna prueba tendiente a demostrar que el
departamento del Valle del Cauca suscribió un acuerdo de reestructuración de
pasivos con sus servidores y mucho menos que la actora hubiera hecho parte de
aquél o que de algún modo acogió o consintió las determinaciones allí adoptadas.

Igualmente, es preciso resaltar que la Ley 550 de 199922 habilitó la celebración de
acuerdos de reestructuración a favor de las empresas que se encuentren en
dificultades para atender sus obligaciones con el fin de que «puedan recuperarse
dentro del plazo y en las condiciones que se hayan previsto en el mismo».23 Esta
normativa también es aplicable a las entidades territoriales, según su naturaleza y
características, conforme lo prevé el artículo 58 ibidem.

22
«Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la
reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el
desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las
normas de esta ley».
23
Artículo 5 ibidem.

11

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Demandante: Mariela Bustamante Meléndez

Respecto a los procesos de reestructuración de pasivos y su impacto en los
derechos labores, esta corporación ha precisado lo siguiente: 24

«Con base en las anteriores consideraciones y en la jurisprudencia trascrita se puede
decir que si bien en el proceso de restructuración se deben supeditar derechos
individuales del acreedor, al colectivo de satisfacer todos los créditos en igualdad de
condiciones, también lo es que dicho sacrificio no puede ser de tal magnitud que
conlleve el desconocimiento de derechos fundamentales que puedan ser trasgredidos
por un Acuerdo que cercene créditos laborales legalmente adquiridos.
[…]

Así pues, la intención del Legislador siempre ha sido la de proteger las obligaciones
adquiridas con justo título antes de llevar a cabo el respectivo Acuerdo, llegando
inclusive hasta permitir la celebración de Acuerdos que tengan como objeto
suspender, que no desconocer, ciertas prerrogativas laborales que tuviera el
trabajador. Cuánto menos no sería su intención de salvaguardar aquellas obligaciones
que adquirió el deudor, no como consecuencia de una prerrogativa adquirida por el
empleado, sino de una gracia que la ley le dio al cesante por el incumplimiento de su
ex empleador en el pago de una prestación que por ley tiene derecho.

La Organización Internacional del Trabajo – OIT- a través del Convenio C-173 de 1972,
también se ha referido a la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia
del empleador. Ahí, la Conferencia General de la OIT subrayó la importancia de la
protección de los créditos laborales en estos casos, y consagró en la Parte II, DE LA
PROTECCIÓN DE LOS CRÉDITOS LABORALES POR MEDIO DE UN PRIVILEGIO, los créditos que
deben protegerse en casos de insolvencia del empleador.
Por ejemplo, el artículo 5 manifestó que los créditos adeudados a los trabajadores en
razón de su empleo deberán quedar protegidos por un privilegio, de modo que sean
pagados con cargo a los activos del empleador insolvente antes de que los acreedores
no privilegiados puedan cobrar la parte que les corresponda.

De acuerdo con el anterior lineamiento, las entidades públicas pueden adoptar las
medidas encaminadas a lograr el saneamiento fiscal, pero ello no las convalida
para cercenar los derechos laborales,25 ni evadir el pago de sus obligaciones,
aunque sí pueden establecerse «rebajas, disminución de intereses y concesión de
plazos o prórrogas».26

24
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, radicado: 08001-
23-31-000-2011-00628-01 (0528-14).
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de diciembre de 2021, radicado:
76001-23-33-000-2016-01066-01 (0458-2020).
26
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de abril de 2017, radicación: 23001-
23-33-000-2012-90129-01 (0094-15).

12

Radicación: 76001-23-33-000-2018-00031-01 (1393-2021)
Demandante: Mariela Bustamante Meléndez

De esta manera, se concluye que el argumento referido a la existencia de un
proceso de reestructuración de pasivos no tiene la suficiencia para revocar el
proveído impugnado, pues dichos procesos no legitiman el desconocimiento de los
derechos laborales. Además, al plenario no se allegó prueba de aquél, por lo que
no es posible verificar su alcance respecto de las acreencias reclamadas en el sub
lite y determinar si era válida una rebaja de la sanción reclamada o si la actora
consintió en ello, como lo ha analizado esta corporación en anteriores
oportunidades.27

Frente al argumento del ente territorial apelante tendiente a que se le exonere del
pago de la sanción moratoria porque actuó de buena fe, la Sala debe indicar que
la demanda se funda en la Ley 1071 de 2006, la cual no sujeta el reconocimiento
de tal penalidad a la demostración del elemento subjetivo de buena o mala fe por
parte del empleador, sino que esta surge ante el hecho del incumplimiento.

En efecto, el parágrafo del artículo 5 ibídem prevé que «[en] caso de mora en el
pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad
obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un
día de salario por cada día de retardo» lo anterior, en sentir de la Subsección,
constituye un imperativo que no exige analizar si el actuar del empleador estuvo o
no precedido de buena o mala fe.28

En orden a lo expuesto, la Sala debe concluir que el argumento anterior, no está
llamado a prosperar pues el tribunal tan solo estaba en la obligación de verificar si
la administración incurrió en mora en el reconocimiento y pago de las cesantías
parciales a favor de la demandante y, como lo constató, era viable acceder a las
pretensiones.

27
Al respecto, pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i)
del 11 de mayo de 2017, radicado: 23001-23-33-000-2012-00097-01 (1059-2014); y ii) del 21 de febrero de
2019, radicado: 23001-23-33-000-2015-00042-01(0716-18).
28
Así se ha reconocido, entre otras, en las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Segunda, i)
Subsección B, sentencia del 4 de octubre de 2012, radicado: 08001-23-31-000-2004-01499-01 (1274-10); ii)
Subsección A, sentencia del 22 de marzo de 2018, radicado: 08001-23-33-000-2014-00565-01 (0842-16); iii)
Subsección A, sentencia del 5 de julio de 2018, radicado: 08001-23-33-000-2013-00800-01 (1298-16).

13

Radicación: 76001-23-33-000-2018-00031-01 (1393-2021)
Demandante: Mariela Bustamante Meléndez

Por las anteriores razones y al no haberse acogido los planteamientos formulados
en el recurso interpuesto, se confirmará la sentencia recurrida.

Sin perjuicio de lo anterior, y como la Sala advierte que la condena puede generar
detrimento patrimonial para el erario, se ordenará remitir copias de las sentencias
de primera y segunda instancia, con destino a la Procuraduría General de la
Nación, a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la
República, para los efectos a que haya lugar y, en tal sentido, se adicionará la
providencia recurrida.

2.5. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016 29, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise
si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de
las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador y la complejidad e intensidad de
la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas

29
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-
2014).

14

Radicación: 76001-23-33-000-2018-00031-01 (1393-2021)
Demandante: Mariela Bustamante Meléndez

se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo
así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en
derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en los numerales 1 y 8
del artículo 365 del Código General del Proceso,30 la Sala no condenará en costas
de segunda instancia a la parte accionada, pues, aunque se confirmará la
sentencia recurrida que accedió a las súplicas de la demanda, se observa que la
demandante se abstuvo de presentar alegatos de conclusión ante esta
corporación.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que se debe confirmar la providencia apelada que
decretó la sanción moratoria pretendida en el sub lite. Igualmente, dicha decisión
deberá adicionarse en el sentido de remitir copia de las sentencias de primera y
segunda instancia a las autoridades indicadas en el acápite que antecede, para lo
de su competencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

30
«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

15

Radicación: 76001-23-33-000-2018-00031-01 (1393-2021)
Demandante: Mariela Bustamante Meléndez

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 17 de septiembre de 2020 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual accedió a las
pretensiones de la demanda promovida por la señora Mariela Bustamante
Meléndez contra el departamento del Valle del Cauca.

Segundo. Adicionar la sentencia recurrida en cuanto se ordena, por Secretaría de
la Sección Segunda, remitir copias de la presente actuación a la Procuraduría
General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General
de la República, para los efectos pertinentes, con base en lo manifestado en la
parte motiva de esta providencia.

Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia.

Cuarto. Reconocer personería a la abogada Laura Cristina Libreros Barrientos
como apoderada del departamento del Valle del Cauca, conforme al poder que
obra en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

Quinto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Ausente en comisión Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
cgg

16

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