Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00577-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00577-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00577-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
6 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., seis (06) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00577-00
Accionante: Diógenes Villa Delgado
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y
otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala decide sobre la acción de tutela1 presentada por Diógenes Villa Delgado en
contra de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 29 de enero de 20262, la parte interesada interpuso esta acción constitucional
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa y a la contradicción, que consideró vulnerados por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial. Lo anterior, debido a que, dentro del proceso
de repetición 11001-03-26-000-2023-00165-00, la autoridad judicial declaró su
responsabilidad patrimonial mediante sentencia del 17 de julio de 2025, a pesar de
que alegó no haber sido debidamente notificada de dicho trámite ni de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-43-064-2017-00369-00, la cual
sirvió de fundamento para el ejercicio de la acción de repetición.
2. Hechos
2.1. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial presentó demanda de
repetición3 contra Diógenes Villa Delgado, con el fin de que se le declarara
responsable, en su calidad de exdirector ejecutivo de administración judicial, por los
perjuicios causados a la entidad, la cual se vio obligada a pagar a John Jairo Hurtado
Cubillos la condena proferida en el trámite de la nulidad y restablecimiento del
1 Obra en el certificado 19588F225A615251 06B3C3FFB8DA4EAD 75114D62579AA510
6786DCD9AD44D30D, índice 2.
2 Folio 2 del certificado 88153B429CF6DCCC FA731F4EE23EA3C8 DACC7186E87594A4
D8B8A5CC1985C42D, índice 2.
3 Folios 10 – 29 del archivo 004ED_001CUADERNOPRINCIPAL del certificado 3F2B2C6C9A816040
E6C8EE0EB6E9E4B9 A9414524EA60244D C9474926199E9B0D, índice 10.
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derecho 11001-33-43-064-2017-00369-00, mediante la cual se anuló el acto
administrativo que lo declaró insubsistente.
2.2. El 26 de julio de 20184, el Juzgado Sesenta y Cuatro (64) Administrativo de
Bogotá admitió la demanda y, entre otras actuaciones, ordenó notificar
personalmente a Diógenes Villa Delgado. Posteriormente, mediante auto del 15 de
febrero de 20195, requirió a la parte demandante para que gestionara la notificación
personal del demandado, so pena de entender tácitamente desistida la demanda.
Adicionalmente, el 6 de noviembre de 20196 y el 14 de febrero de 20207 se emitieron
nuevos requerimientos relacionados con dicha notificación.
En las providencias del 20 de octubre de 20208 y del 8 de octubre de 20219 se
ordenó emplazar a Diógenes Villa Delgado. Posteriormente, mediante auto del 10
de junio de 202210, y una vez la parte demandante aportó una dirección de correo
electrónico, se dispuso notificar personalmente al demandado a través de dicho
medio digital11.
2.3. Como consecuencia, Diógenes Villa Delgado otorgó poder a la abogada Martha
Isabel Gómez Gil12, quien allegó una contestación13 con el fin de ejercer su
representación judicial.
2.4. Transcurrido el correspondiente trámite procesal, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado asumió competencia14 y, mediante proveído del 6
de diciembre de 202415, prescindió de la audiencia inicial y resolvió varias solicitudes
probatorias, entre ellas, negó las pruebas documentales, testimoniales y la
declaración de parte solicitadas por el demandado.
4 Folios 86 – 90, ibid.
5 Folios 94 – 95, ibid.
6 Folio 104, ibid.
7 Folio 110, ibid.
8 Folios 115 – 116, ibid.
9 Folios 131 – 133, ibid.
10 Obra en el archivo 008ED_005AUTOORDENANOTIFIC del certificado 3F2B2C6C9A816040
E6C8EE0EB6E9E4B9 A9414524EA60244D C9474926199E9B0D, índice 10.
11 El correspondiente soporte obra en el archivo 010ED_007CONSTANCIANOTIFIC, ibid.
12 Folio 18 del archivo 012ED_010CONTESTACIONCONAN del certificado 3F2B2C6C9A816040
E6C8EE0EB6E9E4B9 A9414524EA60244D C9474926199E9B0D, índice 10.
13 Obra en el archivo 012ED_010CONTESTACIONCONAN, ibid.
14 Obra en el archivo 018Auto que avoca _AVOCA CONO_7047820230016500avoc, ibid.
15 Obra en el archivo 024Autoquedispon_PRESCINDE_7047820230016500proc, ibid.
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2.5. Posteriormente, mediante sentencia de única instancia del 17 de julio de 202516,
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la
responsabilidad patrimonial de Diógenes Villa Delgado y lo condenó a pagar la suma
de ochenta y ocho millones sesenta y seis mil quinientos treinta y seis pesos
($88.066.536).
Como fundamento, luego de hacer referencia a la norma y a la jurisprudencia
aplicable al caso concreto, se expuso que, para la fecha en que se expidió el acto
administrativo, no existía controversia interpretativa respecto de la obligatoriedad de
motivar la decisión que declaró la insubsistencia. En consecuencia, aunque el
tutelante afirmó que la actuación tuvo como finalidad mejorar el servicio, dicha razón
no fue consignada en el acto de desvinculación. Por lo tanto, aun cuando pudieran
acreditarse motivos válidos para la decisión, la ausencia de motivación impidió
convalidar el actuar del agente estatal.
Así, enfatizó que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que
fundamentó la demanda de repetición no se debatió ni valoró la existencia de un
mejoramiento del servicio, sino que el vicio determinante fue la falta de motivación
del acto.
Por último, aclaró que no se demostró que el actor hubiera actuado con base en
alguna orientación jurídica institucional que lo hubiera inducido en error y que
permitiera desvirtuar la imputación de culpa grave que se le atribuyó.
2.6. El proceso concluyó luego de que, mediante auto del 20 de noviembre de
202517, se rechazara por improcedente el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandada.
3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte actora sostuvo que sus prerrogativas fundamentales fueron vulneradas por
los siguientes motivos:
3.1. Se indujo a las autoridades judiciales a error, dado que durante el trámite del
proceso se proporcionaron datos que no correspondían a los suyos para efectos de
16 Obra en el archivo 041Sentencia_EXTRA220230016500704, ibid.
17 Obra en el archivo 053Autoquerechaz_70478RECHAZARECURSOA, ibid.
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notificación, a pesar de que la parte demandante tenía pleno conocimiento de su
lugar de trabajo, de su correo institucional y de su ubicación, por lo que no debió ser
emplazado. De esta manera, se configuró un defecto procedimental absoluto por
indebida notificación.
3.2. Al negarse las pruebas solicitadas, se le impidió demostrar que no era experto
en la materia y que sí existieron directrices jurídicas de la entidad que aconsejaron
la ausencia de motivación en el acto de insubsistencia, así como los testimonios
requeridos, lo que implicó la configuración de un defecto fáctico y un defecto
sustantivo.
3.3. La sentencia reprochada no tuvo en cuenta ni resolvió la excepción de
caducidad que propuso ni realizó un análisis oficioso respecto de dicha figura.
3.4. También se configuró un desconocimiento del precedente contenido en las
sentencias C-414 de 2022 y T-698 de 2004, las cuales establecen la garantía de
impugnación para todas las sentencias que declaran la responsabilidad en la acción
de repetición, lo que implicó la inaplicación del principio de doble conformidad.
4. Pretensiones de la acción
La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:
“a. Que se declare que la Sección Tercera – Subsección B- del Consejo de
Estado, vulneró EL DEBIDO PROCESO, el derecho a LA DEFENSA y de
CONTRADICCIÓN, por la defectuosa aplicación del CPACA, al no hacer
pronunciamiento alguno sobre la petición de nulidad presentada ante el
JUZGADO 64 ADMINISTRATIVO por el demandado DIOGENES VILLA
DELGADO, al suministrar la parte actora una dirección falaz e inexistente del
lugar de notificaciones del demandado y así ocasionar que éste fuera
emplazado y enlistado en el registro de personas emplazadas, la cual debió ser
valorada por la instancia en el Consejo de Estado habida cuenta que las
actuaciones surtidas tenían plena validez ya que no se había dictado sentencia
en el despacho que no tenía competencia.
b. En consecuencia, se amparen los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, al derecho a LA DEFENSA y de CONTRADICCIÓN, declarando la
nulidad de todo lo actuado por el juzgado 64 Administrativo y el H. Consejo de
Estado a partir del Auto que ordenó el emplazamiento del demandado
DIOGENES VILLA DELGADO.
c. Así mismo, en consecuencia, se amparen los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, al derecho a LA DEFENSA y de CONTRADICCIÓN, y
como pretensión subsidiaria se ordene a la sección Tercera Subsección B del
Consejo de Estado se declare la nulidad de todo lo actuado a partir del auto
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que dispuso alegar de conclusión y en su defecto se ordene la práctica de las
pruebas solicitadas de la parte demandada de naturaleza testimonial.
d. De igual manera, amparar el debido proceso al demandado DIOGENES
VILLA DELGADO, y como petición subsidiaria en consecuencia se ordene a la
Sección Tercera – Subsección B- del Consejo de Estado, que se deje sin valor
y efecto la sentencia de fecha 17 de julio de 2025, enlista dentro de las suplicas
de la parte demandada, pero sobre la cual no hace pronunciamiento alguno
proferida por el despacho del Doctor Fredy Ibarra Martínez, y se examine la
petición de caducidad que la omite en el texto de su proveído, y se ordené emitir
una nueva decisión en la que se rechacen las pretensiones de la demanda por
haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad”18.
5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición
5.1. Mediante auto del 2 de febrero de 202619, el despacho ponente admitió la acción
de tutela y ordenó notificar, en calidad de demandados, a la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado y a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial20.
5.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial21 informó sobre las gestiones
realizadas para asegurar la notificación del proceso de repetición, al punto de allegar
conversaciones con el actor, mediante las cuales pretendió demostrar que él estaba
al tanto del trámite judicial. De esta manera, consideró que, pese a que el tutelante
dilató su participación en el medio de control, luego de cinco (5) años se hizo parte
y se entendió notificado por conducta concluyente, toda vez que presentó una
contestación dentro del expediente ordinario.
Por otro lado, estimó que la autoridad judicial no desconoció el precedente
jurisprudencial, que el mecanismo constitucional se pretendió utilizar como una
instancia adicional y que el actor tuvo la posibilidad de acudir al recurso
extraordinario de revisión.
5.3. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado22 consideró que
los reproches elevados carecían de relevancia constitucional, por cuanto pretendían
18 Obra en el certificado 19588F225A615251 06B3C3FFB8DA4EAD 75114D62579AA510
6786DCD9AD44D30D, índice 2.
19 Obra en el certificado CEAB708BF9DAF7F2 CDAE539FB040E867 3E9E498498E67437
095EA5148CAE0725, índice 4.
20 Los soportes de notificación obran en el índice 7.
21 Obra en el certificado 2DA03F7BFD438B24 21CB4C1621F5DD9A 0867DEA4A73E9AE7
AE937B6307D45567, índice 11.
22 Obra en el certificado 1B26BBEC45EF5871 C3E2625AEBF15A0B 03CA6013D3FBCDA9
593D36ABEDD02A76, índice 12.
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crear injustificadamente una instancia adicional respecto de una sentencia en la que
se efectuó un adecuado análisis fáctico, probatorio y jurídico.
Así, aseguró que en el fallo censurado sí existió un pronunciamiento sobre la
caducidad del medio de control; que durante el trámite del asunto se negó la práctica
de las pruebas solicitadas por la parte tutelante por considerarlas improcedentes e
inconducentes, y que dicha decisión no fue controvertida mediante los recursos
ordinarios previstos para el efecto. Además, indicó que el recurso de apelación fue
rechazado con fundamento en el marco normativo aplicable al caso concreto.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Diógenes
Villa Delgado en contra de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado y de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de conformidad con
lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y
13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2. Problema jurídico
En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.
3. Cuestión Previa
De conformidad con lo expresamente solicitado en las pretensiones de la demanda
tuitiva, mediante las cuales se pidió únicamente dejar sin valor y efecto la sentencia
de única instancia que resolvió la acción de repetición, esta Sala pasará a examinar
de manera conjunta la procedibilidad de los cargos relacionados con la indebida
notificación, la negativa a las solicitudes probatorias del interesado y la supuesta
omisión en el examen de caducidad, dado que todos estos aspectos antecedieron
la providencia atacada, se relacionaron con la dirección del trámite procesal y
tuvieron incidencia en el fallo adoptado.
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Posteriormente, se verificará por separado el reproche relativo a la vulneración del
principio de doble conformidad, por habérsele impedido al tutelante apelar la
sentencia reprochada.
4. El requisito de subsidiariedad en el caso concreto
4.1. El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política claramente expresa que la
acción de tutela resulta procedente cuando el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial. Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado que la solicitud
de amparo procede de forma excepcional: (i) cuando, a pesar de existir otros
mecanismos, estos no son idóneos ni eficaces para la protección de los derechos
fundamentales, o (ii) cuando se ejerce para evitar la causación de un perjuicio
irremediable23. En el primero de los casos, la orden de protección sería definitiva y,
en el segundo, transitoria.
4.2. En el sub examine, el tutelante reprocha, en primer lugar, que durante el
proceso de repetición se surtió una indebida notificación, a pesar de que la entidad
demandante contaba con todos sus datos de contacto; en segundo lugar, que se le
negaron todas sus solicitudes probatorias, por lo cual no pudo demostrar las
razones que lo llevaron a adoptar la decisión de declarar una insubsistencia, lo que
incidió directamente en el fallo que lo declaró responsable; y, en tercer lugar, que
en la providencia atacada no se efectuó análisis alguno sobre la caducidad del
medio de control.
4.3. Al respecto, esta Sala advierte que la solicitud de amparo no cumple con el
requisito de subsidiariedad frente a ninguno de los cargos anteriormente citados,
porque:
4.3.1. Aunque en el expediente se observa que el actor interpuso una solicitud24 de
nulidad por su indebida notificación25, y que posteriormente el Juzgado Sesenta y
Cuatro (64) Administrativo de Bogotá, mediante auto del 10 de junio de 2022 26,
ordenó su notificación personal sin mayor consideración sobre dicho asunto, y que
en providencias posteriores no se estudió el tema, resulta claro que, si el actor
23 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2013.
24 Obra en el archivo 007ED_004ESCRITONULIDADDO del certificado 3F2B2C6C9A816040
E6C8EE0EB6E9E4B9 A9414524EA60244D C9474926199E9B0D, índice 10.
25 En la que también hizo mención de las supuestas conductas irregulares de la entidad demandante que
impidieron su adecuada notificación.
26 Obra en el archivo 008ED_005AUTOORDENANOTIFIC, ibid.
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estimaba que su solicitud de nulidad no había sido resuelta, debía informarlo al juez
natural, ya fuera mediante memorial o a través de una solicitud de adición o
corrección de cualquiera de las providencias mencionadas, o incluso con
posterioridad al fallo.
Lo anterior, sin perjuicio de que el juez contencioso administrativo, al recibir la
contestación de la demanda27 allegada con posterioridad al mencionado incidente,
hubiera podido entender que se subsanó la circunstancia que podía generar la
nulidad o que se configuró una notificación por conducta concluyente.
4.3.2. En la misma línea, se observa que la decisión del 6 de diciembre de 202428,
mediante la cual se negaron las pruebas solicitadas por el demandado, no fue objeto
de recurso ordinario alguno.
4.3.3. Sumado a ello, en la sentencia del 17 de julio de 2025 29, se advierte que se
afirmó: “Presentada la demanda de manera oportuna”30 y que, dentro del pie de
página identificado con el numeral 9, se expusieron las razones que justificaron
dicha aseveración.
De esta manera, se observa que, si el actor no estuvo conforme con dicho análisis
o si consideró que este debía complementarse, tuvo la oportunidad de solicitar una
adición, aclaración o complementación de la providencia mencionada, pero no
desplegó actuación alguna al respecto.
4.4. Relatado el comportamiento procesal del demandado ordinario, resulta
evidente que, a lo largo del proceso, el tutelante no agotó los mecanismos ordinarios
que el ordenamiento jurídico ha puesto a su disposición para la protección de sus
intereses. A ello se suma que tampoco demostró la existencia de un perjuicio
irremediable ni la falta de idoneidad de los medios procesales con los que contaba,
de modo que es claro que pretendió, mediante este mecanismo constitucional,
subsanar su inactividad, la cual condujo a que se profiriera una decisión
desfavorable para sus intereses.
27 Folios 1 – 9 del archivo 012ED_010CONTESTACIONCONAN, ibid.
28 Obra en el archivo 024Autoquedispon_PRESCINDE_7047820230016500proc, ibid.
29 Obra en el archivo 041Sentencia_EXTRA220230016500704, ibid.
30 Folio 6, ibid.
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4.5. En ese sentido, se declarará la improcedencia de la solicitud de amparo frente
a los cargos examinados, por no superar el requisito de subsidiariedad.
5. El requisito de relevancia constitucional en el caso concreto
5.1. Ahora, frente al reproche relacionado con que se ignoró el principio de doble
conformidad, dado que el actor interpuso un recurso de apelación que fue
rechazado, esta Sala considera necesario aclarar que, sobre el requisito de
relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela
“no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”31.
En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber32: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202233, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales”.
5.2. Para la Sala resulta evidente que la solicitud de amparo frente al cargo
examinado no satisface el requisito de relevancia constitucional, toda vez que la
parte demandante no cumplió con la carga argumentativa exigida. En efecto,
aunque este juez constitucional puede interpretar que la providencia que generó la
31 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
32 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
33 Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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vulneración del principio de doble conformidad es el auto del 20 de noviembre de
202534, no se elevó una pretensión explícita al respecto.
Sumado a lo anterior, más allá de manifestar su desacuerdo con la normatividad
que dio lugar al rechazo del recurso de apelación, la parte actora no hizo referencia
a la configuración de alguna de las causales específicas de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales respecto de la decisión mencionada, la cual
explicó con claridad las razones para rechazar el recurso propuesto, así:
“3) El demandado en su escrito de apelación sostiene que, no obstante tratarse
de un proceso tramitado en única instancia, debe reconocerse la procedencia
de la impugnación con fundamento en el artículo 149A del CPACA, adicionado
por el artículo 25 de la Ley 2080 de 2021, disposición que fue declarada
exequible de manera condicionada por la Corte Constitucional a través de la
sentencia C-414 de 2022, en el entendido de que el derecho a la doble
conformidad no solo cobija a los altos funcionarios allí enunciados sino también
a los demás servidores públicos demandados a través del medio de control
jurisdiccional de repetición.
4) Sobre el particular, el despacho observa que la referida normatividad no
resulta aplicable al presente proceso, por cuanto el artículo 86 de la Ley 2080
de 2021 estableció expresamente lo siguiente:
“Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La
presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las
normas que modifican las competencias de: los juzgados y
tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo
se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año
después de publicada esta ley”.
En consecuencia, las disposiciones que modificaron la competencia del
Consejo de Estado -como lo hizo el artículo 149A de la Ley 1437 de 2011- solo
rigen para las demandas presentadas a partir del 25 de enero de 2022.
Así las cosas, dado que la demanda del proceso de la referencia fue presentada
con anterioridad a dicha fecha -19 de diciembre de 2017-, la norma invocada
por el recurrente y la sentencia C-414 de 2022 que la examinó no son aplicables
al caso concreto.
5) Aunado a lo anterior, el artículo 243A del CPACA, adicionado por el artículo
63 de la Ley 2080 de 2021, dispone expresamente que las sentencias dictadas
en única o segunda instancia no son susceptibles de recursos ordinarios, así:
“Artículo 243A. Providencias no susceptibles de recursos
ordinarios. Artículo adicionado por el artículo 63 de la Ley 2080 de
2021. No son susceptibles de recursos ordinarios las siguientes
providencias:
1. Las sentencias proferidas en el curso de la única o segunda
instancia (…).” (se resalta).
34 Obra en el archivo 053Autoquerechaz_70478RECHAZARECURSOAdel certificado 3F2B2C6C9A816040
E6C8EE0EB6E9E4B9 A9414524EA60244D C9474926199E9B0D, índice 10.
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6) A partir de la norma transcrita, el despacho advierte, sin hesitación alguna,
la improcedencia del recurso de apelación instaurado por la apoderada judicial
del señor Diógenes Villa Delgado por razón de que se dirige contra una
sentencia de única instancia, la cual, conforme al marco legal vigente, no es
susceptible de recursos ordinarios.
7) Por consiguiente, se rechazará por improcedente el recurso de apelación
interpuesto en contra de la sentencia de única instancia proferida el 17 de julio
de 2025”35.
5.3. Una vez expuesto lo anterior, se advierte una falencia argumentativa atribuible
a la parte actora que no puede ser suplida por el juez constitucional. Además, en
sede de tutela, la parte accionante pretende que se examine nuevamente la
procedencia del recurso de apelación, pese a que este asunto ya fue estudiado por
el juez natural de la acción de repetición.
5.4. Resulta claro, entonces, que la parte actora pretende utilizar la acción de tutela
como si se tratara de una instancia adicional, pues, como se ha expuesto, las críticas
formuladas en el escrito tuitivo buscan reabrir la controversia que tuvo lugar en el
trámite ordinario, con el propósito de que prevalezca la interpretación de la parte
tutelante sobre la de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto de las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la
discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.
5.5. Al respecto, debe insistirse en que la procedencia de la acción de tutela en
contra de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para
desconocer la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada
y seguridad jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y
no como un “juicio de corrección” de la decisión cuestionada36, lo que se opone a
que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en
el curso del proceso ordinario37.
6. Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala declarará
improcedente el amparo constitucional, en lo referente al cargo objeto de estudio.
35 Folios 2 – 3 del archivo 053Autoquerechaz_70478RECHAZARECURSOA, ibid.
36 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009.
37 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00577-00
Accionante: Diógenes Villa Delgado
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
7. Entonces, en el caso concreto, la acción de tutela no satisface el requisito de
subsidiariedad respecto de las censuras formuladas contra la providencia de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en lo atinente a la
alegada indebida notificación, toda vez que el actor no agotó los mecanismos
procesales ordinarios previstos para controvertir dicha irregularidad dentro del
trámite de la acción de repetición. De igual manera, el amparo tampoco cumple con
el requisito de relevancia constitucional en relación con el reproche vinculado al
principio de doble conformidad, por cuanto la parte actora no estructuró una
argumentación suficiente que permitiera evidenciar la configuración de una causal
específica de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, limitándose a
expresar su desacuerdo con el rechazo del recurso de apelación, sin demostrar la
existencia de una vulneración directa y actual de derechos fundamentales, lo que
conduce a la Sala a concluir que lo pretendido por el interesado es reabrir el debate
surtido ante el juez natural.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con
las razones ut supra.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado
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