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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00165-00

Fecha
17 de julio de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00165-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: 1º) Declárase la responsabilidad patrimonial del señor Diógenes Villa Delgado. 2°) Como consecuencia, condénase al señor Diógenes Villa Delgado a pagar en favor de la Nación - Rama Judicial la suma de ochenta y ocho millones sesenta y seis mil quinientos treinta y seis pesos ($88.066.536). 3º) Condénase en costas a la parte demandada, tásense de manera concentrada por la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2023-00165-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

17 de julio de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-26-000-2023-00165-00 (70.478)
Demandante: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Demandado: DIÓGENES VILLA DELGADO
Medio de control: REPETICIÓN - CPACA
Asunto: SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA - CULPA GRAVE

Síntesis del caso: se dirige la demanda en contra del señor Diógenes Villa Delgado
exdirector ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que
se le declare patrimonialmente responsable, a título de culpa grave, con ocasión de la
condena impuesta por el Juzgado Séptimo Administrativo de Bogotá en el marco del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se anuló la Resolución número
6160 del 5 de diciembre de 2011 que declaró la insubsistencia del acto de nombramiento
del señor John Jairo Hurtado Cubillos en el cargo de profesional universitario grado 20 en
provisionalidad de la unidad administrativa.

Decide la Sala en única instancia la demanda de repetición presentada por la Nación
• Rama Judicial en contra del señor Diógenes Villa Delgado.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 19 de diciembre de 2017 (índice 2 SAMAI1), la Nación
• Rama Judicial, a través de apoderado judicial promovió demanda de repetición en
contra del señor Diógenes Villa Delgado (índice 2 SAMAI2) en la cual se formularon
las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: Que se declare responsable al doctor Diógenes Villa
Delgado, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.224.891, en su
calidad de Director Ejecutivo de Administración Judicial, para la época de
los hechos, por los perjuicios causados a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL -
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, como
consecuencia del pago de la suma de SETENTA y OCHO MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO
PESOS M/CTE. ($78.630.385,00), que desembolsó al señor John Jairo
Hurtado Cubillos, con ocasión del fallo proferido por el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Bogotá DC, del 11 de febrero de 2015, que

1
Folio 84 del archivo “ed_001cuadernoprincipal”.
2
Folios 10 a 29 del archivo “ed_001cuadernoprincipal”.

2

Expediente 11001-03-26-000-2023-00165-00 (70.478)
Actor: Nación - Rama Judicial
Repetición
Sentencia de única instancia

declaró responsable extracontractualmente a la Nación - Rama Judicial,
en virtud de haber proferido el doctor Villa Delgado, la Resolución No.
6160 del 5 de diciembre de 2011, por la cual declaró insubsistente el
nombramiento del señor John Jairo Hurtado Cubillos, en el cargo de
Profesional Universitario grado 20, infringiendo directamente la
Constitución, la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
profiriendo dicho acto administrativo de desvinculación sin la debida
motivación, violando de manera grosera, caprichosa las normas de
derecho, teniendo en cuenta que este no persiguió razones del buen
servicio público, sino por el contrario se basó en motivaciones de carácter
personal, conducta del funcionario que encuadraría en la presunción de
culpa grave consagrada en el numeral 3 del artículo 6 de la Ley 678 de
2001, por medio de la cual se reglamenta la determinación de
responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del
ejercicio de la acción de repetición.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración, el doctor
Diógenes Villa Delgado, identificado con la cédula de ciudadanía No.
14.224.891, deberá reconocer y pagar a favor de la NACIÓN - RAMA
JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
la suma de SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($78.630.385,00),
suma esta que la Administración pagó en su totalidad al señor John Jairo
Hurtado Cubillos, en cumplimiento del fallo proferido por el Juzgado
Séptimo Administrativo de Bogotá, del 11 de febrero de 2015, reconocida
mediante Resolución No. 6280 del 6 de octubre de 2017.

TERCERA: Ordenar la actualización del valor de la condena hasta la
fecha de pago efectiva y se dé cumplimiento a la sentencia en los términos
del artículo 192 y ss de la Ley 1437 de 2011.

CUARTA: Ordenar el cumplimiento de la sentencia de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 334 del CPC, de acuerdo a la remisión del
artículo 193 de la Ley 1437 de 2011.

QUINTA: Que se condene en costas a la demandada de conformidad con
el artículo 188 del CPACA” (índice 2 SAMAI - mayúsculas fijas y negrillas
del texto original)3.

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito
contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1) El 5 de diciembre de 2011, el señor Diógenes Villa Delgado, en la condición de
director ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, profirió la
Resolución número 6160 mediante la cual declaró la insubsistencia del acto de
nombramiento del señor John Jairo Hurtado Cubillos en el cargo de profesional
universitario grado 20 en provisionalidad de la unidad administrativa.

3
Folios 1 a 2 del archivo “ed_001demanda”.

3

Expediente 11001-03-26-000-2023-00165-00 (70.478)
Actor: Nación - Rama Judicial
Repetición
Sentencia de única instancia

2) En virtud de lo anterior, el señor John Jairo Hurtado Cubillos presentó demanda
en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Nación - Rama Judicial a través de la cual solicitó que se declarara la ilegalidad del
mencionado acto administrativo, así como también que se ordenara el reintegro
laboral y el pago de las sumas de dinero que dejó de percibir por concepto de
salarios y prestaciones sociales.

3) El 11 de febrero de 2015, el Juzgado Séptimo Administrativo de Bogotá accedió
a las pretensiones de la demanda por estimar que el acto administrativo enjuiciado
fue proferido sin motivación alguna, de modo que hubo una vulneración del derecho
del debido proceso.

4) A través de la Resolución número 6280 del 6 de octubre de 2017, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial reconoció en favor del referido accionante el
valor de setenta y ocho millones seiscientos treinta mil trescientos ochenta y cinco
pesos ($78.630.385).

5) Hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del exdirector ejecutivo de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Diógenes Villa Delgado, por cuanto,
al declarar la insubsistencia del acto de nombramiento del señor John Jairo Hurtado
Cubillos, incurrió en culpa grave, su conducta se enmarca en lo previsto en el
numeral 3 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 -sin la modificación introducida por
la Ley 2195 de 2022- relativa a la “omisión de las formas sustanciales o de la esencia
para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable”,
pues, la resolución fue emitida sin la debida motivación a pesar de encontrarse
vigente la Ley 909 de 2004 que exige justificación para la desvinculación de
funcionarios en provisionalidad; adicionalmente, la decisión que profirió obedeció a
razones de índole personal (índice 2 SAMAI)4.

4
Folios 10 a 29 del archivo “ed_001demanda”.

4

Expediente 11001-03-26-000-2023-00165-00 (70.478)
Actor: Nación - Rama Judicial
Repetición
Sentencia de única instancia

3. Contestación de la demanda

La demanda de la referencia fue admitida en única instancia el 26 de julio de 2018
(índice 2 SAMAI5), providencia en la que se ordenó la notificación personal del señor
Diógenes Villa Delgado6.

El señor Diógenes Villa Delgado se opuso a las pretensiones de la demanda por
estimar que i) no se acreditó que actuó con dolo o culpa grave; ii) la expedición de
la Resolución número 6160 del 5 de diciembre de 2011 obedeció a la necesidad de
mejorar el servicio, toda vez que, el reemplazo del señor John Jairo Hurtado Cubillos
contaba con mayores competencias para desempeñar el cargo; iii) las afirmaciones
de la parte actora sobre supuestos móviles personales en la decisión de declarar la
insubsistencia del nombramiento del señor John Jairo Hurtado carecen de respaldo
probatorio; iv) no se puede valorar como prueba en su contra la sentencia
condenatoria dictada en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho dado que no fue vinculado a dicho trámite judicial; v) parte del monto de
dinero pagado al señor John Jairo Hurtado Cubillos corresponde a intereses
causados por la mora en el cumplimiento del fallo condenatorio, aspecto que no le
es imputable; vi) debe declararse la caducidad del medio de control judicial (índice
2 SAMAI)7.

4. Fijación del litigio

El 6 de diciembre de 2024 se resolvió prescindir de la realización de la audiencia
inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 por tratarse de un asunto
de pleno derecho y, se fijó el litigio en los siguientes términos:

“Se pretende la declaratoria de responsabilidad patrimonial del señor
Diógenes Villa Delgado quien se desempeñó como director de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para la época de los

5
Folios 86 a 90 del archivo “ed_001demanda”.
6
Es preciso advertir que, el conocimiento del asunto correspondió inicialmente al Juzgado Sesenta
y Cuatro Administrativo de Bogotá quien admitió la demanda mediante auto del 26 de julio de 2018,
no obstante, a través de providencia del 23 de agosto de 2023 dicha autoridad judicial declaró
probada la excepción previa de falta de competencia por el factor subjetivo, porque en virtud del
artículo 149 de la Ley 1437 de 2001 por el hecho de haber ostentado el demandado el cargo de
director ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la competencia recae en el
Consejo de Estado en única instancia; por lo anterior, el 30 de mayo de 2024 esta Corporación avocó
conocimiento de la demanda de la referencia (índice 4 SAMAI).
7
Folios 1 a 9 del archivo “ed_010contestacionconan”.

5

Expediente 11001-03-26-000-2023-00165-00 (70.478)
Actor: Nación - Rama Judicial
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Sentencia de única instancia

hechos, por incurrir en una conducta gravemente culposa8 al haber
proferido la Resolución 6160 de 2011 sin la debida motivación, con
desviación de poder y violación manifiesta e inexcusable de las normas
de derecho, pues, la desvinculación del señor John Jairo Hurtado Cubillos
no persiguió razones del buen servicio público sino que, se basó en
motivaciones de carácter personal, situación que dio lugar a la condena
de la entidad” (índice 11 SAMAI).

5. Alegatos de conclusión

Por auto del 11 de marzo de 2025 (índice 23 SAMAI) se corrió traslado a las partes
para que presentaran las alegaciones de conclusión por el término común de diez
(10) días y, por el mismo lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto.

En dicha oportunidad procesal, la Nación - Rama Judicial reiteró los argumentos
planteados durante el trámite del proceso (índice 28 SAMAI); mientras que el
Ministerio Público solicitó acceder a las pretensiones de la demanda porque, a su
juicio, la actuación del señor Diógenes Villa Delgado fue gravemente culposa por el
hecho de no haber motivado la mencionada Resolución número 6160 del 5 de
diciembre de 2011, pues, para la época de los hechos el escenario normativo y
jurisprudencial exigía que la declaración de insubsistencia debía ser debidamente
justificada en el acto administrativo (índice 27 SAMAI).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis del caso, 3) conclusión y, 4) condena en costas.

8
“Al respecto, se advierte que la parte actora fundamenta la demanda, principalmente, en la conducta
gravemente culposa del señor Diógenes Villa Delgado, sin embargo, en algunos acápites de la
demanda hace alusión también a una conducta dolosa, en este caso solo se analizará la conducta
imputada en forma principal, esto es, ‘culpa grave’, pues, no se puede invocar en forma concomitante
dos distintas conductas del agente estatal por constituir una violación del debido proceso y del
derecho de defensa del demandado y por tratarse de comportamientos diferentes que se excluyen
entre sí”.

6

Expediente 11001-03-26-000-2023-00165-00 (70.478)
Actor: Nación - Rama Judicial
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1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Presentada la demanda de manera oportuna9, el objeto de la controversia planteada
consiste en determinar si se reúnen los requisitos necesarios para atribuirle
responsabilidad patrimonial al señor Diógenes Villa Delgado en la condición de
exdirector ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con
ocasión de la expedición de la Resolución número 6160 del 5 de diciembre de 2011
que declaró la insubsistencia del acto de nombramiento del señor John Jairo
Hurtado Cubillos en el cargo de profesional universitario grado 20 en provisionalidad
de la unidad administrativa, acto que posteriormente fue anulado en sentencia
emitida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, motivo por el cual la
entidad demandante fue obligada a pagar los salarios y prestaciones sociales
dejados de percibir por el servidor afectado con dicha decisión10.

La parte demandante invoca la presunción establecida en el numeral 3 del artículo
6 de la Ley 678 de 2001, por considerar que el demandado incurrió en culpa grave
por expedir el acto administrativo que declaró la insubsistencia del acto de
nombramiento del señor John Jairo Hurtado Cubillos, pues, dicho acto carecía de
motivación y la decisión obedeció a razones de carácter personal.

Para lo anterior la Sala determinará, primero, si los elementos objetivos del medio
de control judicial de repetición consistentes en la existencia de la condena y el pago
se hallan acreditados y, posteriormente, verificará si se encuentran demostrados los
supuestos de hecho para que opere la presunción de culpa grave alegada y que
llevaron a la causación del daño antijurídico por el cual la Nación - Rama Judicial
fue condenada y tuvo que pagar perjuicios en favor de un tercero y, si como
consecuencia de ello debe reembolsar las sumas pagadas por la entidad
demandante.

9
Según el literal I) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, la demanda de repetición debe
presentarse dentro de los dos años siguientes al día en que efectivamente se realice el pago de la
condena o, a más tardar, contados desde el vencimiento del plazo con el que cuenta la
administración para efectuar dicho pago. En este caso objeto de estudio, la sentencia condenatoria
quedó ejecutoriada el 27 de febrero de 2015 (índice 2 samai - fl. 61 del archivo
“ed_001cuadernoprincipal”), el pago de la condena se hizo el 3 de noviembre de 2017 (índice 2
samai - fls. 43 a 44 del archivo “ed_001cuadernoprincipal”), esto es, por fuera del término de diez
(10) meses establecido en el artículo 192 del CPACA, de modo que la entidad demandante tenía
plazo hasta el 28 de diciembre de 2017 para presentar la demanda de repetición y como esta fue
radicada el 19 de diciembre de 2017 (índice 2 samai - folio 84 del archivo
“ed_001cuadernoprincipal”), se interpuso dentro del término legal.
10
El presente asunto tiene prelación conforme a lo acordado por la Sala Plena de la Sección Tercera
de esta Corporación en el acta número 10 del 25 de abril de 2013, sin sujeción al turno.

7

Expediente 11001-03-26-000-2023-00165-00 (70.478)
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Es importante aclarar que, aunque en un apartado aislado de la demanda se
mencionó en forma completamente general y abstracta que el señor Diógenes Villa
Delgado habría actuado con dolo, lo cierto es que tal manifestación no estuvo
respaldada por hechos concretos, argumentos jurídicos ni explicaciones que
permitieran atribuirle esa conducta; en esa medida, no resulta procedente analizarla
en esta instancia, en especial si se considera que, en la fijación del litigio se
estableció, expresa y puntualmente, que el examen del comportamiento del
demandado se limitaría únicamente a la culpa grave, decisión que no fue
controvertida por ninguna de las partes y, por lo tanto, adquirió ejecutoria y efecto
jurídico vinculante para estas y el juez.

2. Análisis del caso

Para el análisis del presente caso la Sala abordará su estudio en el siguiente orden:
1) generalidades del medio de control judicial de repetición, 2) la existencia de una
condena judicial o de un acuerdo conciliatorio, 3) la acreditación del pago, y 4) la
calificación de la conducta del demandado.

2.1 Generalidades del medio de control judicial de repetición

El artículo 90 superior prevé que en los casos en que el Estado es obligado a
reparar un daño debe repetir contra su agente cuando la condena ha sido el
resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este11, de igual
manera, la figura ha tenido desarrollo legal en el Decreto-ley 01 de 1984 y en forma
más reciente en la Ley 678 de 2001.

En tal virtud la jurisprudencia de la Corporación ha sido unánime en determinar los
presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, a saber: (i) la condena
al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular; (ii) el pago efectivo
a la víctima del daño y, (iii) la existencia de una conducta dolosa o gravemente
culposa del agente como factor determinante de la condena.

11
Constitución Política de Colombia, artículo 90, inciso segundo: “…en el evento de ser condenado
el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la
conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra este”.

8

Expediente 11001-03-26-000-2023-00165-00 (70.478)
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2.2 La existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio

Para la Sala, no cabe duda sobre la existencia de una condena judicial impuesta
en contra de la parte actora consistente en el pago de una suma de dinero, pues,
en el expediente obra copia de la sentencia del 11 de febrero de 2015 proferida por
el Juzgado Séptimo Administrativo de Bogotá que declaró la nulidad de la
Resolución número 6160 del 5 de diciembre de 2011 expedida por el entonces
director ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y, en
consecuencia, ordenó, a título de restablecimiento del derecho, el reintegro laboral
y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir por el señor
John Jairo Hurtado Cubillos (índice 2 SAMAI12).

2.3 La acreditación del pago

Respecto del pago de la condena, la actuación se soporta en los siguientes
documentos:

1) La Resolución número 6280 del 6 de octubre de 2017, por medio de la cual el
director ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial reconoció y
ordenó el pago en favor del señor John Jairo Hurtado Cubillos por el valor de setenta
y ocho millones seiscientos treinta mil trescientos ochenta y cinco pesos
($78.630.385) por concepto de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir,
así como también por intereses moratorios (índice 2 SAMAI13).

2) El certificado emitido por la directora administrativa de la división de tesorería de
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en la que se señaló que el 3 de
noviembre de 2017 se realizó el pago de setenta y ocho millones seiscientos treinta
mil trescientos ochenta y cinco pesos ($78.630.385) en favor del señor John Jairo
Hurtado Cubillos (índice 2 SAMAI14).

3) La Sala considera que los mencionados elementos materiales probatorios
constituyen, en su conjunto, pruebas suficientes para demostrar el pago de la
condena, postura que es acorde con lo establecido por esta Subsección que, en
oportunidades anteriores ha afirmado que no existe disposición legal que exija como
prueba que la constancia del pago deba provenir del acreedor y que otros medios

12
Folios 45 a 60 del archivo “ed_001cuadernoprincipal”.
13
Folios 63 a 71 del archivo “ed_001cuadernoprincipal”.
14
Folios 43 a 44 del archivo “ed_001cuadernoprincipal”.

9

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de prueba, tales como documentos públicos con presunción de autenticidad son
suficientes para demostrar el mencionado presupuesto15.

2.4 Calificación de la conducta del demandado

Con base en lo anterior, la Sala procede a analizar la conducta del demandado y la
posibilidad de calificarla como gravemente culposa conforme a la presunción
contenida en el numeral 3 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 -original sin la
modificación introducida por la Ley 2195 de 2022-, calificación con base en la cual
se formulan las súplicas de la demanda, se seguirá el siguiente derrotero: 1)
régimen aplicable, 2) hechos probados y, 3) análisis de la conducta específica del
demandado.

2.4.1 Régimen aplicable

Para la determinación del régimen legal aplicable en este caso debe considerarse
que los hechos se refieren a que fue el señor Diógenes Villa Delgado quien, en la
condición de director ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
mediante la Resolución número 6160 del 5 de diciembre de 2011, declaró
insubsistente el acto de nombramiento del señor John Jairo Hurtado Cubillos en el
cargo de profesional universitario grado 20 en provisionalidad de la unidad
administrativa, época en la que ya estaba vigente la Ley 678 de 200116.

1) El artículo 6 de la Ley 678 de 2001 prevé los eventos en los que es posible
presumir la culpa grave del agente o exagente estatal, presunciones que
corresponden a las denominadas “iuris tantum”, esto es, que pueden ser
desvirtuadas probatoriamente.

La Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad estimó que las
presunciones legales tienden a corregir la desigualdad material frente al acceso a
la prueba, no comprometen el debido proceso y no implican atribución de
culpabilidad en cabeza del demandado17; sin embargo, es deber de la entidad actora
expresar la causal derivada de la presunción de dolo o culpa grave en orden a
permitir que el demandado tenga la oportunidad de ejercer su derecho de defensa
y contradicción frente a un cargo específico, igualmente la entidad demandante

15
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de mayo de 2020, expediente
número 45522, MP Martín Bermúdez Muñoz.
16
Promulgada en el Diario Oficial No. 44.509, de 4 de agosto de 2001.
17
Corte Constitucional, sentencia C-374 de 2002.

10

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debe probar los supuestos de hecho que estructuran la correspondiente presunción
para que pueda tener efectos jurídicos.

2) En el proceso de la referencia, respecto del sujeto pasivo del medio de control
judicial Diógenes Villa Delgado, en la demanda se aludió a la presunción de culpa
grave consagrada en el numeral 3 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 -original sin
la modificación introducida por la Ley 2195 de 2022- y como argumento se precisó
que el demandado obró así, porque, el acto administrativo demandado no fue
motivado, además, la decisión allí adoptada se hizo por razones de índole personal.

3) La Sala advierte que hay lugar a declarar la responsabilidad del aquí demandado
porque se acreditó uno de los supuestos de hecho para que opere la presunción
contemplada en el numeral 3 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001.

2.4.2 Hechos probados

De conformidad con las pruebas decretadas y aportadas al proceso, los hechos
probados más relevantes para la adopción de la decisión de la controversia
planteada son los siguientes:

1) El demandado Diógenes Villa Delgado, en la condición de Director Ejecutivo de
Administración Judicial, suscribió la Resolución número 6160 de 5 de diciembre de
2011 a través de la cual declaró la insubsistencia del acto de nombramiento del
funcionario John Jairo Hurtado Cubillos en el cargo de profesional universitario
grado 20 de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en los siguientes
términos:

“El director ejecutivo de administración judicial en ejercicio de sus
facultades legales estatutarias, especialmente las conferidas en el
artículo 99 de la ley 270 de 1996
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar insubsistente el nombramiento como
profesional universitario grado 20 de la Unidad Administrativa, al doctor
JOHN JAIRO HURTADO CUBILLOS identificado con la cédula de
ciudadanía 80.792.476 de Bogotá, a partir del 5 de diciembre de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha
de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá DC, 05 DIC 2011

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(firmado)
DIÓGENES VILLA DELGADO”
(índice 2 SAMAI - mayúsculas fijas del original)18.

2) Contra ese acto administrativo el 5 de julio de 2012 el señor John Jairo Hurtado
Cubillos presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que
fuese anulado y, en consecuencia, que se ordenara su reintegro laboral y el pago
de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, por razón de que el acto
administrativo carecía de motivación (índice 18 SAMAI).

3) El 11 de febrero de 2015, el Juzgado Séptimo Administrativo de Bogotá declaró
la nulidad de la Resolución número 6160 de 5 de diciembre de 2011 y, a título de
restablecimiento del derecho, ordenó el reintegro laboral y el pago de los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir por el funcionario afectado con la referida
decisión administrativa (índice 2 SAMAI)19.

En este contexto señaló lo siguiente:

“(…) es del caso precisar que la jurisprudencia del órgano de cierre de
esta jurisdicción, ha señalado que los empleados en provisionalidad no
gozan de fuero de estabilidad, por cuanto su ingreso no se produjo previo
concurso de méritos sino en ejercicio de la facultad discrecional, por ende,
para su retiro no estable invocar las causales y procedimientos legalmente
establecidos para el personal de carrera administrativa, pues para la
desvinculación puede hacerse de la misma forma en que ingresó,
presumiéndose que su objetivo es el mejoramiento del servicio, ello no
obsta para que el acto administrativo que así lo disponga tenga que ser
motivado, considerando que en vigencia de la Ley 443 de 1998 no era
necesaria la motivación de los actos administrativos de insubsistencia,
situación que en vigencia de la Ley 909 de 2004 cambió, debiendo
indicarse las razones que soportan la decisión.

En este sentido, la doctrina constitucional ha señalado que la falta de
motivación de los actos de insubsistencia de quienes ocupan cargos en
provisionalidad, por ese solo hecho, genera un vicio de nulidad, por cuanto
se vulnera el derecho fundamental al debido proceso y se desconocen
principios constitucionales que prevalecen en el ejercicio de la función
pública.

(…).

En el contexto del precedente jurisprudencial transcrito, advierte al
despacho la necesidad de motivar el acto administrativo de
desvinculación del empleado o empleada que ejerce un cargo de carrera
en provisionalidad, cuando tal retiro es surtido en vigencia de la Ley 909
de 2004, motivación que debe ser clara, detallada y precisa, indicando las
circunstancias particulares y concretas, de hecho y de derecho por las que
se remueve al servidor, requisito en el evento de inexistir, genera nulidad
del acto.

18
Folio 62 del archivo “ed_001cuadernoprincipal”.
19
Folios 45 a 60 del archivo “ed_001cuadernoprincipal”.

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Expediente 11001-03-26-000-2023-00165-00 (70.478)
Actor: Nación - Rama Judicial
Repetición
Sentencia de única instancia

A pesar de la inexistencia de fuero de estabilidad, considerando que el
criterio orientador en los casos de insubsistencia y terminación del
nombramiento en provisionalidad es siempre el mejoramiento del servicio,
cuando el retiro se produjo en vigencia de la Ley 909 de 2004 y su decreto
reglamentario 1227 de 2005, y en la aplicación de la doctrina
constitucional es imperativa la motivación del acto indicando clara,
detallada y en forma precisa las circunstancias particulares y concretas
de hecho y derecho las razones de la remoción, omisión que genera
nulidad del acto por vulneración del debido proceso, y los postulados de
Estado social de derecho, principio democrático y el principio de
publicidad en el ejercicio de la función pública, siendo el caso, ante tal
evento, declararse la nulidad y ordenar el reintegro de la persona
desvinculada al cargo que ejercía o uno de iguales o mejores condiciones,
así como el pago de los salarios y prestaciones dejados de pagar,
declarando que no hubo solución de continuidad.

Por lo anotado, el despacho concluye que el acto demandado resulta
violatorio de normas superiores, por cuanto el señor John Jairo Hurtado
Cubillos laboraba en provisionalidad en el cargo de profesional
universitario grado 20 de la unidad administrativa de la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, sin evidenciarse una razón legal, que diera
lugar al retiro del servicio, que llevara a que el director ejecutivo de
administración ejecutiva motivara la Resolución 6160 del 5 de diciembre
de 2011, por la cual se declaró insubsistente el nombramiento en
provisionalidad del señor Hurtado Cubillos, requisito que en vigencia de la
Ley 909 de 2004, del decreto reglamentario 1227 de 2005 es imperativo
y que conforme la doctrina del honorable Consejo de Estado y de la
honorable Corte Constitucional genera nulidad del acto por afectación del
debido proceso, y desconocimiento de los postulados del estado social de
derecho, principio democrático y el principio de publicidad en el ejercicio
de la función pública”.

2.4.3 Análisis de la conducta específica del demandado

1) En este caso puesto a consideración de la Sala existe claridad acerca de la
condición de agente estatal del demandado Diógenes Villa Delgado quien, para la
época de los hechos (5 de diciembre de 2011), se desempeñaba como director
ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial20.

2) A partir de las pruebas previamente relacionadas no hay duda acerca de que el
demandado expidió el acto administrativo anulado por esta jurisdicción y que dio
lugar a la condena impuesta a la entidad actora y por cuyo pago repite en el presente
asunto; esta circunstancia, en principio, configuraría el supuesto de hecho alegado
por la parte demandante consistente en que la condena proferida en contra de la
Nación - Rama Judicial tuvo como fundamento la conducta gravemente culposa de
su exdirector Diógenes Villa Delgado por causa de “omisión de las formas

20
Se encuentra acreditada la calidad de agente estatal del señor Diógenes Villa Delgado, en tanto
la Resolución 6160 del 5 de diciembre de 2011, acto cuya expedición dio origen a la condena
impuesta a la Nación - Rama Judicial, fue suscrita por el mencionado funcionario en su condición de
director ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, calidad expresamente
consignada en dicho documento (índice 2 SAMAI - folio 62 del archivo “ed_001cuadernoprincipal”).

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Expediente 11001-03-26-000-2023-00165-00 (70.478)
Actor: Nación - Rama Judicial
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Sentencia de única instancia

sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada
por error inexcusable”, según lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 6 de la Ley
678 de 2001.

3) Para establecer si el señor Diógenes Villa Delgado incurrió en una conducta
gravemente culposa es importante resaltar lo siguiente:

a) La Ley 909 de 2004 entró a regir desde el 23 de septiembre de ese año, la cual
en el artículo 3 preceptúa que se trata de una norma aplicable a quienes prestan
sus servicios en empleos de carrera “de las entidades del nivel territorial:
departamentos, distrito capital, distritos y municipios y sus entes descentralizados”;
igualmente, en el artículo 41 consigna las causales de retiro para los funcionarios
públicos de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción, y previó en
el parágrafo 2 lo siguiente: “es reglada la competencia para el retiro de los empleos
de carrera de conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política
y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado”.

Esa disposición fue complementada con posterioridad con el Decreto número 1227
del 21 de abril 2005 que, en el artículo 10 dispuso: “Antes de cumplirse el término
de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento provisional, el
nominador, por resolución motivada, podrá darlos por terminados” (se resalta).

b) En su momento, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de
unificación del 13 de marzo de 200321 (dictada con antelación a las normas antes
citadas) predicó y aplicó el criterio según el cual los actos por los cuales se
declaraba la insubsistencia de los actos de nombramiento de funcionarios en
provisionalidad no requería de motivación, por cuanto el nominador podía hacerlo
en uso de su facultad discrecional, al igual que para su nombramiento en
provisionalidad, posición que fue reiterada con los años siguientes, pues, se
aplicaba una analogía22 entre cargos de libre nombramiento y remoción y aquellos
en provisionalidad, en los siguientes términos:

“(…) obedece a que, tanto el acto por el cual se retira del servicio por
insubsistencia a un empleado de libre nombramiento y remoción, como el
que desempeña un cargo en provisionalidad son de la misma naturaleza,
es decir, se presume que son expedidos en aras del buen servicio público,
presunción que es susceptible de ser desvirtuada en sede jurisdiccional,

21
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 13 de marzo de 2003, expediente 76001-23-
32-000-1998-01834-01, MP Tarsicio Cáceres Toro.
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 30 de junio de 2005, expediente 76001-23-
32-000-2001-01469-01 (3211-04) MP Ana Margarita Olaya Forero.

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aduciendo y probando por el interesado, que motivo determinante es
diferente al buen servicio”23.

c) Lo anterior contrastaba con la tesis de la Corte Constitucional que, en sede de
revisión de decisiones de acciones de tutela, consideraba que el nombramiento en
provisionalidad gozaba de una estabilidad relativa, de manera que el acto de
insubsistencia debía ser motivado en aras de garantizar el debido proceso, la
defensa y la estabilidad laboral del afectado24.

d) No fue sino hasta el 23 de septiembre del año 2010 que la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado adoptó el criterio según el cual debían
motivarse los actos administrativos que desvinculaban del servicio público a los
funcionarios provisionales25, lo que dio lugar a que ese criterio armonizara con lo
expuesto en la sentencia SU-917 de 2010 de la Corte Constitucional26.

4) En el presente asunto, se advierte que el acto administrativo suscrito por el aquí
demandado fue expedido el 5 de diciembre de 2011 y carece completamente de
motivación, pues, se limitó a declarar la insubsistencia del acto administrativo de
nombramiento del señor John Jairo Hurtado Cubillos sin exponer razones de hecho
ni de derecho que sustentaran la decisión, por lo tanto, se quebrantó lo dispuesto
en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto 1227 de 2005 vigentes para la época de los
hechos, así como también, se desconoció el criterio jurisprudencial adoptado en el
año 2010 tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado, según
el cual, la motivación constituye un requisito obligatorio en los actos de
desvinculación de los funcionarios que desempeñan en provisionalidad cargos de
carrera.

Precisamente, el Consejo de Estado en la referida sentencia del 23 de septiembre
de 2010 puso de presente lo siguiente:

“A la luz de la Ley 909 de 2004, la motivación del acto es requisito de
su esencia, en tratándose de actos que dispongan el retiro del servicio
de los empleos de carrera, incluidos aquellos ocupados por empleados
nombrados en provisionalidad aún antes de entrar en vigencia dicha

23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de marzo de 2009,
expediente 76001-23-31-000-2000-05374-01 (5374-05), MP Rafael Vergara Quintero.
24
Corte Constitucional, sentencia T-800 del 14 de diciembre de 1998, MP Vladimiro Naranjo Mesa.
Corte Constitucional, sentencia T-610 del 24 de julio de 2003, MP Alfredo Beltrán Sierra. Corte
Constitucional, sentencia T-087 de 17 de febrero de 2009, MP Nilson Pinilla Pinilla.
25
Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 23 de septiembre de 2010,
expediente 25000-23-25-000-2005-01341-02 (0883-08), MP Gerardo Arenas Monsalve.
26
Corte Constitucional, sentencia SU-917 del 16 de noviembre de 2010, MP Jorge Iván Palacio
Palacio.

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normatividad, de tal manera que la falta de este requisito constituye causal
suficiente para invalidar la decisión administrativa.” (negrillas de la Sala).

Así las cosas, se observa que la ausencia de motivación del acto administrativo que
declara la insubsistencia de un acto de nombramiento constituye un vicio sustancial
que afecta su validez, por cuanto, desconoce los principios constitucionales de
legalidad, debido proceso y derecho de defensa por el hecho de privar al
administrado del conocimiento de las razones que sustentan la decisión adoptada
y, consecuencialmente, de impedirle controvertir la determinación y su motivación
por razón de desconocerla, proceder con el cual se configura, claramente, una
violación evidente de los derechos constitucionales y fundamentales del debido
proceso y de defensa que le asiste al afectado con tal medida administrativa.

5) Es importante destacar que, para la fecha de expedición del acto -5 de diciembre
de 2011- ya no existía controversia interpretativa respecto de la obligatoriedad de
motivar este tipo de decisiones, pues, la jurisprudencia exigía de manera clara y
categórica la motivación expresa27.

6) En consecuencia, se concluye que la omisión de motivar el acto administrativo
mediante el cual se declaró la insubsistencia del acto de nombramiento del señor
John Jairo Hurtado Cubillos constituye un error inexcusable que refleja una
conducta gravemente culposa por parte del aquí demandado, por cuanto, según lo
establecido en la sentencia SU-917 de 2010 de la Corte Constitucional, así como
también en la postura adoptada por la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en ese mismo año, quedó definido con suficiencia y claridad que
los actos de desvinculación de empleados en provisionalidad, cuando ocupan
cargos de carrera, deben estar debidamente justificados, en respeto y garantía del
principio de legalidad y del derecho fundamental del debido proceso administrativo.

7) De igual manera, es pertinente anotar que, aunque el señor Diógenes Villa
Delgado en su defensa manifestó que la declaración de insubsistencia obedeció a
la necesidad de mejorar el servicio, lo cierto es que tal circunstancia no fue

27
Es preciso advertir que, a partir de la sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado el 23 de septiembre de 2010, se consolidó la línea
jurisprudencial según la cual, conforme a lo previsto en la Ley 909 de 2004, los actos administrativos
que disponen la declaración de insubsistencia del nombramiento de funcionarios en provisionalidad
en cargos de carrera, cuando esta se produce bajo la vigencia de dicha ley, deben estar debidamente
motivados. En aplicación de este criterio, pueden consultarse las siguientes providencias: sentencia
del 17 de febrero de 2011, expediente 25000-23-25-000-2003-00934-01(0387-08), MP Gerardo
Arenas Monsalve; sentencia del 21 de noviembre de 2011, expediente 50001-23-31-000-2005-
10239-01(1685-09), MP Alfonso Vargas Rincón; sentencia del 15 de agosto de 2013, expediente
05001-23-31-000-2003-00087-01(2375-11), MP Bertha Lucía Ramírez de Páez.

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Expediente 11001-03-26-000-2023-00165-00 (70.478)
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consignada en el acto administrativo que dispuso la desvinculación, aspecto que
resultaba determinante para la validez del mismo, pues, siendo la motivación un
elemento esencial de este tipo de actos, su omisión no puede ser subsanada
posteriormente en sede de repetición.

Es menester recalcar que la motivación no constituye una simple formalidad sino
que representa una garantía sustancial del debido proceso, indispensable para que
el administrado conozca las razones que sustentan la decisión y pueda ejercer, en
tiempo real y adecuadamente sus derechos de defensa y contradicción.

8) En igual sentido, la Sala estima que aun en caso de acreditarse que existieron
razones válidas de mérito o conveniencia para la desvinculación del señor John
Jairo Hurtado Cubillos, la ausencia de motivación en el acto administrativo impide
convalidar la actuación del agente estatal a la luz del estándar objetivo de diligencia
que se exige a todo servidor público.

Al respecto, es preciso advertir que, mediante auto del 6 de diciembre de 2024 se
decretó como prueba de oficio el traslado del respectivo proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se juzgó la legalidad del acto administrativo
en cuestión, dentro del cual obra la hoja de vida de la persona que reemplazó al
señor John Hurtado Cubillos (índice 18 SAMAI28); no obstante, es relevante
destacar que en dicho proceso no se debatió ni valoró la existencia de un
mejoramiento del servicio, sino que, el vicio determinante fue la falta de motivación
del acto; en ese sentido, tal causal, como se ha reiterado, no fue expresada ni
mucho menos explicada ni justificada -ni siquiera de forma genérica- en la
Resolución número 6160 de 2011, de modo que no puede ser invocada con efectos
justificantes en sede de repetición.

9) Por otro lado, es fundamental advertir que no obra en el expediente prueba
alguna que demuestre que el demandado hubiera actuado con base en alguna
orientación jurídica institucional; es decir, que hubiera contado con el respaldo de
una directriz, concepto jurídico o asesoría dentro de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial que lo hubiera inducido en error y que pudiera desvirtuar la
imputación de culpa grave que se le atribuye.

28
Folio 258 y siguientes.

17

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10) Por consiguiente, se procederá a declarar la responsabilidad patrimonial del
señor Diógenes Villa Delgado puesto que, por el hecho de haber declarado la
insubsistencia del acto de nombramiento del señor John Jairo Hurtado Cubillos en
el cargo de profesional universitario grado 20 en provisionalidad, sin expresar
motivación alguna, incurrió en una omisión de forma y procedimental sustancial, es
decir, esencial para la validez del acto administrativo, lo cual, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 3 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, configura una
actuación notoria e injustificadamente omisiva y negligente de carácter inexcusable
que desconoció el ordenamiento jurídico vigente y los precedentes jurisprudenciales
de obligatorio cumplimiento para los servidores públicos.

11) De otra parte, en cuanto al argumento de la parte demandante según el cual la
declaración de insubsistencia del acto administrativo de nombramiento que se
comenta obedeció a razones de índole personal por parte del demandado, la Sala
advierte que no obra en el expediente prueba alguna que permita demostrar dicha
circunstancia, de modo que, este supuesto no puede considerarse acreditado
dentro del proceso, y por tanto, no puede ser tenido en cuenta como argumento
adicional para estructurar su responsabilidad.

2.4.4 Liquidación del perjuicio

Está probado que mediante la Resolución número 6280 del 6 de octubre de 2017 la
entidad demandante liquidó y ordenó el pago de la condena impuesta en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor John Jairo
Hurtado Cubillos, por un valor total de setenta y ocho millones seiscientos treinta mil
trescientos ochenta y cinco pesos ($78.630.385); sin embargo, dentro de dicha
suma se incluyeron los rubros de veinte millones cuatrocientos doce mil quinientos
ochenta pesos ($20.412.580) y un millón seiscientos cuarenta y cinco mil
cuatrocientos cincuenta y seis pesos ($1.645.456) que suman un total de veintidós
millones cincuenta y ocho mil treinta y seis pesos ($22.058.036), correspondiente a
los intereses moratorios causados por la mora en el cumplimiento de la sentencia
judicial (índice 2 SAMAI29).

La Sala advierte que dichos intereses derivan exclusivamente del incumplimiento
del deber de pago oportuno por parte de la administración, por ende, no resultan
imputables al demandado dentro del proceso de repetición, toda vez que, no derivan

29
Folios 63 a 71 del archivo “ed_001cuadernoprincipal”.

18

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del acto administrativo declarado nulo ni de la conducta imputada al agente estatal,
por lo tanto, dicho valor será excluido de la condena en repetición.

Así las cosas, la condena en contra del señor Diógenes Villa Delgado se fija en la
suma de cincuenta y seis millones quinientos setenta y dos mil trescientos cuarenta
y nueve pesos ($56.572.349), valor que actualizado a la fecha de la presente
providencia arroja la suma de ochenta y ocho millones sesenta y seis mil quinientos
treinta y seis pesos ($88.066.536)30.

3. Conclusión

Debe accederse a las pretensiones de la demanda, pues, se acreditó uno de los
supuestos de hecho alegados por la parte actora para que operara la presunción
contemplada en el numeral 3 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001.

4. Condena en costas

De conformidad con el artículo 188 del CPACA31 y el numeral 1 del artículo 365 del
CGP32 se condenará en costas a la parte demandada, las cuales deberán incluir las
agencias en derecho que se hubieren causado.

Por lo tanto, las costas procesales deberán ser liquidadas de manera concentrada
por la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado, según dispone el
artículo 366 del Código General del Proceso, con inclusión de las agencias en
derecho.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,

30
Vp = Vh índice final
índice inicial
Vp: Valor presente de la renta. Vh: capital histórico o suma que se actualiza. Índice final certificado
por el Banco de la República a la fecha de esta sentencia, el de junio de 2025: 150,30. Índice inicial:
el de la fecha en que se pagó la condena de nulidad y restablecimiento del derecho -noviembre de
2017-: 96,55.
31
Artículo 188: “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
32
Artículo 365: “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia
la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: (…).
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código (…).”

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administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

F A L L A:

1º) Declárase la responsabilidad patrimonial del señor Diógenes Villa Delgado.

2°) Como consecuencia, condénase al señor Diógenes Villa Delgado a pagar en
favor de la Nación - Rama Judicial la suma de ochenta y ocho millones sesenta y
seis mil quinientos treinta y seis pesos ($88.066.536).

3º) Condénase en costas a la parte demandada, tásense de manera concentrada
por la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Aclara voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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