Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00577-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00577-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00577-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C, nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00577-01
Accionante: Diógenes Villa Delgado
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro
Tema: Derechos al debido proceso y contradicción. Acción de Repetición.
Requisitos de procedencia. Agotamiento de recursos procedentes.
CONFIRMA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 6 de marzo de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, que declaró improcedente la acción por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad y de relevancia constitucional.
ANTECEDENTES
El señor Diógenes Villa Delgado, en nombre propio, promovió acción de tutela con
el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y
contradicción, que considera vulnerados con la sentencia del 17 de julio de 2025
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en el medio de
control de repetición, al que se le asignó el radicado 11001-03-26-000-2023-00165-
00. Señala también como demandado a Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que se desempeñó como director de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, y en ejercicio de sus funciones declaró insubsistente el nombramiento del
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señor Jhon Jairo Hurtado Cubillos mediante resolución No. 6160 del 5 de - Archivo Central.
diciembre
de 2011, por «situaciones graves de corrupción y desgreño administrativo».
Que el 11 de febrero de 2015 el Juzgado Séptimo Administrativo de Bogotá profirió
sentencia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento con radicado
110013335007201200010-00, en la que se declaró la nulidad de la resolución No.
6160 y se condenó a la Rama Judicial. Además, que no fue llamado o citado como
parte interviniente ni tercero interesado en el Proceso.
Que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial presentó demanda de
repetición en su contra, y en el acápite de notificaciones expresó «al demandado en
la Carrera 1 A No. 11ª-05 sur barrio jardín en la ciudad de Pitalito - Huila»; dirección
que no correspondía a su domicilio, pese a que la entidad demandante conocía
claramente su dirección de toda la vida, pues siempre ha residido en la ciudad de
BOGOTA D.C. y para la fecha del auto admisorio de la demanda, 26 de julio del
2018, se desempeñaba como fiscal delegado en la Dirección Seccional de Fiscalías
de Bogotá.D.C; situación que era ampliamente conocida por la misma.
Que en el expediente consta que el Juzgado 64 Administrativo de Bogotá, ofició a
la Fiscalía General de la Nación, entidad que informó el correo electrónico
institucional y demás datos de ubicación del actor, incluida una certificación sobre
la vinculación a la Fiscalía.
Que el 23 de junio de 2022, al revisar la página de la Rama Judicial se enteró del
proceso que cursaba en su contra y presentó solicitud de nulidad ante el Juzgado
64 Administrativo de Bogotá, quien conocía en ese momento de la acción de
repetición con radicado 11001334306420170036900; y que esta solicitud no fue
resuelta.
Que el proceso fue remitido por competencia al Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B; en donde el Magistrado ponente prescindió de la práctica
de pruebas testimoniales solicitadas por el demandado; y en sentencia del 17 julio
de 2025 se declaró la responsabilidad patrimonial y se accedió a las pretensiones.
Considera que en la decisión judicial de única instancia se incurrió en:
1) Defecto sustantivo, puesto que no aplicó las normativas sobre notificación y
emplazamiento, y la sentencia no resolvió las solicitudes de caducidad y de
nulidad presentadas.
2) Desconocimiento del precedente constitucional contenido en las Sentencias
C-414 de 2022 y T-698 de 2004, puesto que la autoridad judicial accionada
no le garantizó la doble conformidad.
3) Defecto fáctico por omisión en la valoración del acervo probatorio, en tanto
omitió recaudar las pruebas testimoniales que fueron pedidas
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oportunamente. - Archivo Central.
Afirma el actor que se trató de una actuación de mala fe por parte del abogado de
la demandante para que no fuera notificado y de esa manera se le violaron sus
derechos fundamentales al ser emplazado.
Agrega que, si bien la demanda se presentó oportunamente, el auto admisorio debió
notificarse dentro del año siguiente, acorde al artículo 94 CGP sin embargo, ello no
ocurrió así; «lo que enerva la Inoperancia de la Interrupción de la Caducidad».
PRETENSIONES
Solicitó que se tutelen los derechos fundamentales invocados; que se declare la
nulidad de todo lo actuado dentro del proceso de repetición; que se ordene al
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B la práctica de las pruebas
testimoniales solicitadas; que se deje sin efecto la sentencia del 17 de julio de 2025
proferida por la autoridad judicial accionada; y que se ordene emitir una nueva
decisión en la que «se examine la petición de caducidad que omite el texto
proveído».
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 2 de febrero de 2026, se admitió la acción de tutela; y se ordenó efectuar las
notificaciones correspondientes.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial manifestó que el accionante
fue director ejecutivo de Administración Judicial, pero fue suspendido del cargo por
orden de la Contraloría al encontrar un «desgreño administrativo cercano a los 2
billones de pesos». Que, no es cierto que el actor hubiese retirado del cargo al señor
Jhon Jairo Hurtado por corrupción, puesto que nunca motivó el acto, ni allegó
pruebas al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ni al de repetición que
justificara dicha afirmación.
Afirmó que el accionante conocía desde el 2019 del proceso de repetición en su
contra, puesto que fue notificado a su correo electrónico laboral
diogenes.villa@fisclia.gov.co de la demanda, sostuvo conversaciones vía
WhatsApp con el abogado de la entidad sobre el proceso en curso, y se le comunicó
de la existencia del trámite judicial a dos direcciones, una en la ciudad de Bogotá y
la otra en el municipio de Pitalito – Huila, por lo que la entidad adelantó todas las
gestiones necesarias para la notificación en debida forma.
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Que de igual manera, el 28 de junio de 2022, luego de transcurridos 5 -años Archivo Central.
desde
la interposición de la demanda, el accionante compareció al proceso por conducta
concluyente; y se surtieron todas las etapas del proceso, garantizando a las partes
los derechos y las garantías constitucionales. Solicitó que se nieguen las
pretensiones y, que se declare improcedente la presente acción por la ausencia de
las causales de procedencia.
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B dijo que la acción de tutela
no es procedente, porque las irregularidades que señaló el actor no cumplen con la
exigencia jurisprudencial de relevancia constitucional; puesto que busca reabrir un
debate jurídico concluido y crear una instancia adicional frente a una sentencia en
la que se realizó un correcto análisis fáctico, probatorio y jurídico.
Manifestó que en la sentencia tutelada sí se pronunció sobre la caducidad del medio
de control y aplicó las normas del proceso contencioso administrativo, en concreto
el artículo 164 de la ley 1437 de 2011. Que en el caso no era aplicable el artículo 94
del Código General del Proceso, puesto que esta normativa se utiliza cuando hay
aspectos no contemplados en normas específicas, y respecto a la caducidad de la
acción de repetición hay reglas establecidas dentro del CPACA y de la Ley 678 de
2001.
Expresó que mediante auto del 6 de diciembre de 2024 se negó la práctica de las
pruebas testimoniales tanto de la parte actora como de la demandada, por estimar
que eran impertinentes e inconducentes y que dicha decisión debió ser controvertida
en el momento procesal oportuno.
En cuanto al rechazo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia aquí
discutida, dijo que fue rechazado por improcedente, lo que no implica un
desconocimiento de algún precedente constitucional, pues las sentencias proferidas
en única instancia no son susceptibles de recursos ordinarios.
Solicitó que se declare improcedente la acción interpuesta.
SENTENCIA IMPUGNADA
La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia
del 06 de marzo de 2026, declaró improcedente la acción, por considerar que no se
superaron los requisitos de relevancia constitucional y de subsidiariedad.
Afirmó que, si bien el accionante interpuso solicitud de nulidad por indebida
notificación, y en las providencias posteriores no se hizo mención del tema, el actor
debió informar al Juez mediante memoriales o solicitudes de adición o corrección;
además, reiteró que se entendió subsanada la circunstancia que podía generar la
nulidad pues el accionante llegó al proceso y se surtieron todas las etapas.
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Respecto a las pruebas dejadas de practicar, explicó que las mismas - Archivo Central.
fueron
declaradas impertinentes mediante auto del 6 de diciembre de 2024, por lo que en
su momento debió interponer los recursos que considerara necesarios.
Concluyó que, durante el proceso ordinario el accionante no agotó los mecanismos
que el ordenamiento jurídico puso a su disposición para la protección de sus
intereses; y que, mediante la tutela pretende subsanar su inactividad.
IMPUGNACIÓN
El accionante alega que sí se cumplía con los requisitos de subsidiariedad y de
relevancia constitucional.
Indicó que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
condenó a la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, hubo una nula
actividad defensiva por parte del apoderado de la Rama Judicial, puesto que no
aportó pruebas, no presentó alegatos de conclusión ni apeló la sentencia
condenatoria; además, que a la actuación nunca se le llamó como un tercero con
interés, por lo que no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa.
Reiteró los argumentos expresados en el escrito inicial, consistentes en, primero,
que la decisión desconoció el precedente de la Sentencia C-414 de 2022 de la Corte
Constitucional, en la cual se estableció que la impugnación procede respecto de
todas las sentencias que declaren responsabilidad en acciones de repetición, por lo
que al rechazársele el recurso interpuesto se está vulnerando su derecho al debido
proceso; segundo, que no se hizo un examen constitucional completo respecto a la
caducidad y las formas de notificación; y tercero, que se le negaron las pruebas
testimoniales.
Expuso que la primera instancia de la tutela aplicó de manera excesivamente formal
el requisito de subsidiariedad respecto a la solicitud de nulidad, pues si bien
reconoció que se solicitó y que no se resolvió, le atribuyó la carga de realizar más
actos al demandado debido a una omisión judicial y, desconoció la obligación del
Juez administrativo de realizar el control de legalidad de las actuaciones.
Insistió en que se amparen los derechos fundamentales invocados.
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.
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Generalidades de la acción de tutela - Archivo Central.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C-590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU-128/21,
se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones (…)
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable (…)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración (…)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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completamente al margen del procedimiento establecido. - Archivo Central.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:
«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada4.
(:..) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, […]. Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la
intervención urgente del juez de tutela6.»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedencia cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4 Sentencia SU-074 de 2022.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
6 Sentencia SU-072 de 2018.
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• Archivo Central.
Análisis del caso concreto
A esta Subsección corresponde definir si se encuentran cumplidos los requisitos de
subsidiariedad y de relevancia constitucional, que no se hallaron satisfechos en la
sentencia recurrida, pues solo de ser así, habría lugar a analizar las inconformidades
expuestas por el accionante.
La Sala considera que le asiste razón a la primera instancia al decir que no se
cumplen dichos requisitos, pues lo pretendido no es demostrar la vulneración de
derechos fundamentales mediante la incursión en casuales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial sino subsanar su
inactividad al no haber agotado los recursos ordinarios que el ordenamiento jurídico
puso a su disposición para la protección de sus intereses.
Al respecto, esta Sala considera necesario para una mayor claridad del asunto
establecer los elementos probatorios allegados y, las actuaciones surtidas en el
proceso ordinario, encontrando que:
• El 19 de diciembre de 2017 la Nación – Rama Judicial presentó demanda de
repetición en contra del señor Diogenes Villa Delgado, por haber dado lugar a una
condena en nulidad y restablecimiento del derecho laboral contra la entidad.
• En auto del 26 de julio de 2018 el Juzgado 64 Administrativo de Bogotá, admitió la
demanda de repetición y ordenó la notificación personal al demandado.
• El señor Diogenes presentó el 24 de junio de 2022 solicitud de nulidad por indebida
notificación, al considerar que existió un actuar de mala fe por parte del abogado de
la demandante para que no fuera notificado correctamente y de esa manera se le
violaran sus derechos fundamentales.
• El 6 de febrero de 2023 el Juzgado 64 Administrativo de Bogotá notificó el auto
admisorio de la demanda al correo: diogenesvilla@hotmail.com, dirección
electrónica informada en la solicitud de nulidad.
• El 21 de marzo de 2023 el accionante presentó contestación de la demanda y,
propuso como excepciones la falta de jurisdicción y competencia, y la caducidad
de la acción.
• En auto del 23 de agosto de 2023 el Juzgado declaró probada la excepción de
falta de competencia por el factor subjetivo, y ordenó remitir el expediente al Consejo
de Estado, al considerar que:
«Si bien el presente asunto se radicó el día 19 de diciembre de 2017, se tramitó
en vigencia de la ley 1437 de 2011 sin su respectiva modificación y antes de
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• Archivo Central.
que se adoptaran las medidas de emergencia sanitaria por COVID19, también
lo es, que el artículo 86 de la ley 2080 de 2021, señala que la reforma allí
contenida rige de manera inmediata a partir de su publicación, preservando
algunas disposiciones, dentro de las cuales no está la decisión de excepciones
previas.
(…) el proceso se regirá con la normatividad regulada en la ley 2080 de 2021
que reformó el Código De Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, atendiendo que la notificación de la admisión de la demanda y
su respectiva contestación se realizó en vigencia de la ley en mención, esto es,
en el año 2023».
• En auto del 30 de mayo de 2024 el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B avocó conocimiento en única instancia del proceso referenciado.
• En auto del 6 de diciembre del 2024 la Subsección prescindió de la audiencia
inicial, se negaron las pruebas solicitadas por el demandado y, se dispuso el trámite
para proferir sentencia anticipada.
• En auto del 11 de marzo de 2025 la Subsección corrió traslado para que las partes
allegaran los alegatos de conclusión.
• En sentencia del 17 de julio de 2025 la Subsección declaró la responsabilidad
patrimonial del señor Diogenes Villa y lo condenó a pagar a favor de la Rama
Judicial.
• El 11 de agosto de 2025 el señor Diogenes interpuso recurso de apelación en
contra de la mencionada sentencia.
• En auto del 20 de noviembre de 2025 la Subsección rechazó por improcedente el
recurso de apelación, considerando que:
«(…) las disposiciones que modificaron la competencia del Consejo de Estado
-como lo hizo el artículo 149ª de la Ley 1437 de 2011- solo rigen para las
demandas presentadas a partir del 25 de enero de 2022.
Así las cosas, dado que la demanda del proceso de la referencia fue presentada
con anterioridad a dicha fecha -19 de diciembre de 201-, la norma invocada por
el recurrente y la sentencia C-414 de 2022 que la examinó no son aplicables al
caso concreto».
Así las cosas, frente al defecto sustantivo alegado porque la sentencia no resolvió
la solicitud de nulidad presentada por indebida notificación, esta Sala advierte que
el artículo 136 del CGP establece que: «la nulidad se considerará saneada (…)
Cuando a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el
derecho de defensa.».
Además, del material probatorio allegado, se observa que posterior a la solicitud de
nulidad, el Juzgado 64 Administrativo de Bogotá notificó el auto admisorio de la
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demanda, que el señor Diogenes presentó escrito de contestación y, que - Archivo
luegoCentral.
se
surtieron todas las etapas procesales con su vinculación; de manera que la nulidad
se saneó, en tanto, el acto procesal de notificación cumplió su finalidad, pues el
accionante llegó al proceso, se notificó y pudo ejercer su derecho de defensa y
contradicción. Luego, carece de sentido el alegato del actor.
Respecto a la omisión en la valoración del acervo probatorio, se acredita que el
reparo proviene del auto del 6 de diciembre de 2024, en el cual se le negó al señor
Diogenes la práctica de pruebas. Así mismo, se comprueba que la decisión no fue
objeto de recurso ordinario alguno.
Por último, en cuanto al desconocimiento del precedente constitucional de la doble
conformidad contenido en la sentencia C-414 de 2022, la Sala advierte que el
accionante está cuestionando el auto del 20 de noviembre de 2025, en el que se
rechazó el recurso de apelación; decisión contra la cual procedían los recursos de
reposición y queja, según lo establecido en los artículos 245 del CPACA y 352 del
CGP, sin embargo, el accionante no lo interpuso.
Es claro entonces que el alegato referido a la falta de resolución de la solicitud de
nulidad no tiene relevancia pues el accionante actuó en el proceso con las garantías
propias de este y en relación con las decisiones cuestionadas no se encuentra
satisfecho el requisito de subsidiariedad, pues el actor tuvo la oportunidad procesal
de presentar recursos frente al auto que le negó la práctica de los testimonios y
posteriormente respecto el auto que le rechazó el recurso de apelación; sin
embargo, no lo hizo.
En consecuencia, se confirmará la sentencia del 6 de marzo de 2026 proferida por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, a través de la cual declaró
improcedente la acción, al no cumplirse los requisitos de relevancia constitucional
de subsidiariedad, conforme a la parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 6 de marzo de 2026 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, conforme a lo expresado
precedentemente.
Segundo. CONFIRMAR la sentencia en cuanto a la falta del requisito de
subsidiariedad, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Tercero. Notificar, por Secretaría, esta providencia a las partes e intervinientes, en
la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00577-01
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
Cuarto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su - Archivo Central.
eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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