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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00596-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00596-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: RECONOCER personería adjetiva al abogado Henry Humberto Vega Rincón para actuar como apoderado del señor José Fernando Díaz Murillo en la tutela de la referencia SEGUNDO: REVOCAR la decisión de 26 febrero de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A que negó la solicitud de amparo, para, en su lugar, DECLARAR la improcedencia del mecanismo constitucional. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00596-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

16 de abril de 2026

Demandante: José Fernando Díaz Murillo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00596-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., dieciséis [16] de abril de dos mil veintiséis [2026]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00596-01
Demandante: JOSÉ FERNANDO DÍAZ MURILLO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN D

Temas: Tutela contra providencia judicial. Revoca decisión de primera
instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación interpuesta por el señor José Fernando Díaz Murillo
contra la sentencia de 26 de febrero de 2026 proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, que negó la solicitud de amparo de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Con escrito radicado el 29 de enero de 2026, el señor José Fernando Díaz Murillo,
por conducto de apoderado, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, con el fin de que
se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y de acceso
a la administración de justicia.

Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión
de la sentencia de 24 de julio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, mediante la cual revocó el fallo de
21 de noviembre de 2024 del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial
de Facatativá que había accedido parcialmente a las pretensiones del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho ejercido por el señor José
Fernando Díaz Murillo contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía

1

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Demandante: José Fernando Díaz Murillo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00596-01

Nacional. La referida causa se identificó con el radicado 25269-33-33-003-2019-
00016-02.

1.2. Pretensiones

Las peticiones de la demanda de tutela son las siguientes:

Por lo anterior expuesto de manera respetuosa solicito se proteja los derechos
fundamentales reclamados y como consecuencia se deje sin efectos la sentencia de
segunda instancia de fecha 24 de julio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por José Fernando Diaz Murillo identificado con la cédula de ciudadanía
91.534.735 de Bucaramanga (Santander), contra la Nación-Ministerio de Defensa -
Policía Nacional.

Se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro de un término
prudencial profiera una nueva decisión conforme al material probatorio [...]1.

1.3. Hechos

La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes supuestos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

El señor José Fernando Díaz Murillo indicó que se vinculó a la Policía Nacional en
el año 2012 en el grado de patrullero y fue ascendido al grado de teniente.

Adujo que, el 17 de febrero de 2018 se puso de presente que «24» auxiliares
adscritos a la 5ª Sección de la Compañía Francisco José de Caldas y Tenorio de la
Escuela Nacional de Carabineros Alfonso López Pumarejo, manifestaron que fueron
víctimas de agresiones físicas y psicológicas por parte de José Fernando Díaz
Murillo.

Precisó que el 2 de marzo de 2018, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para
la Policía Nacional expidió el acta «002-APROP-GRURE-3,22», mediante la cual
recomendó el retiro del señor José Fernando Díaz Murillo por voluntad del Gobierno
Nacional, suscrita por el mayor general Óscar Atehortúa Duque. Lo anterior se
materializó con la resolución 2564 de 20 de abril de 2018.

Refirió que, el 20 de abril de 2018 se profirió fallo disciplinario de primera instancia
dentro del proceso «REGI1-2018-8», en el cual se declaró probada la comisión de
la falta consistente en «realizar una conducta descrita en la ley como delito, a título
de dolo, cuando se cometa con ocasión de la función», en consecuencia, se impuso

1 Cita del texto original con énfasis y posibles errores.

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al accionante la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 10
años. Esta decisión fue confirmada el 24 de mayo de 2018 por el inspector general
de la Policía Nacional, Óscar Atehortúa Duque, la cual se ejecutó con la resolución
5182 del 17 de julio de 2018.

Manifestó que el 15 de febrero de 2019 ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, dentro del cual alegó la vulneración de sus derechos
al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital, a la salud, al trabajo y la vida digna,
al considerar que el mayor general Óscar Atehortúa Duque se encontraba impedido
para decidir la segunda instancia del asunto disciplinario, dado que había
participado previamente en la Junta Asesora que recomendó su retiro.

Informó que el asunto le correspondió en primera instancia al Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá, autoridad que en sentencia de 21
de noviembre de 2024 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda al
declarar la nulidad del fallo disciplinario de segunda instancia y ordenar rehacer la
actuación a partir del envío del expediente al inspector general de la Policía Nacional
para que se tramitara nuevamente. También dispuso la eliminación de la sanción
del Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI) y de
las demás bases de datos correspondientes. Lo anterior, luego de concluir que le
asistía razón al demandante en el sentido de encontrar impedido al mayor general
Óscar Atehortúa Duque por su participación en la junta asesora.

Advirtió que, contra la anterior decisión, las partes presentaron recursos de
apelación. El señor José Fernando Díaz Murillo insistió en que le fueran reconocidos
los perjuicios reclamados y que se condenara en costas a la entidad. Por su parte,
el extremo demandado sostuvo que debía diferenciarse la facultad discrecional,
respecto del retiro de la función disciplinaria, por tratarse de actuaciones autónomas
e independientes, aun cuando tengan origen en los mismos hechos. En ese orden,
determinó que no resultaba aplicable lo dispuesto en el artículo 842 de la Ley 734

2 «ARTÍCULO 84. Causales de impedimento y recusación. Son causales de impedimento y
recusación, para los servidores públicos que ejerzan la acción disciplinaria, las siguientes:

1. Tener interés directo en la actuación disciplinaria, o tenerlo su cónyuge, compañero permanente,
o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero
civil.

Nota: (Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-
029 de 2009, en el entendido de que en igualdad de condiciones, ellas comprenden también a los
integrantes de las parejas de un mismo sexo.)

2. Haber proferido la decisión de cuya revisión se trata, o ser cónyuge o compañero permanente, o
pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, del inferior
que dicto la providencia.

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de 20023 y que la participación del mayor general Óscar Atehortúa Duque en la junta
asesora no implicaba un prejuzgamiento sobre la responsabilidad disciplinaria.

Señaló que mediante providencia de 24 de julio de 2025 la Subsección D de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la decisión
de primer grado, para, en su lugar, denegar las súplicas de la demanda al considerar
que la intervención del mayor general Óscar Atehortúa Duque en la junta asesora
se produjo en un escenario ajeno al trámite disciplinario y que no existía evidencia
de que hubiese emitido un concepto anticipado sobre la responsabilidad del
accionante. Resaltó que la recomendación de retiro se circunscribió a valorar el
impacto de los hechos en el servicio y en la imagen institucional. Finalmente
argumentó que el demandante contó con la oportunidad de formular la respectiva
recusación en el marco del trámite disciplinario, sin embargo, no lo hizo.

1.4. Fundamentos de la solicitud

El señor José Fernando Díaz Murillo aseguró que la sentencia de 24 de julio de
2025 dictada por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca incurrió en los yerros sustantivo, falta de motivación y fáctico, no
obstante, únicamente desarrollo este último defecto al indicar, en síntesis, que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D valoró
indebidamente acta «002-APROP-GRURE 3,22», en el sentido de obviar que la
firma del mayor general Óscar Atehortúa Duque en dicho documento, daba cuenta
de la emisión de un concepto previo sobre los hechos investigados, lo cual, a su
juicio, claramente comprometió su imparcialidad.

Adicionalmente, aseguró que al desconocer que el referido funcionario integró la
junta asesora, no pudo promover la respectiva recusación.

1.5. Trámite de la acción en primera instancia

Mediante auto de 2 de febrero de 2026, el magistrado ponente de primer grado
admitió la acción de tutela de la referencia; ordenó notificar como demandado al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D; vínculo
en calidad de tercero con interés al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Facatativá y a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional.

Nota: (Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-
029 de 2009, en el entendido de que en igualdad de condiciones, ellas comprenden también a los
integrantes de las parejas de un mismo sexo.). […]».
3 «Por la cual se expide el Código Disciplinario Único».

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1.6. Contestaciones

1.6.1. La Policía Nacional indicó que el asunto disciplinario se desarrolló con
observancia de las garantías procesales previstas en la ley, por lo tanto, aseguró
que no existió amenaza ni vulneración de los derechos fundamentales del señor
Díaz Murillo.

De otro lado, afirmó que el accionante pudo recusar al inspector general en sede
disciplinaria, en consecuencia, reprochó que acudiera a la acción de tutela para
sanear aspectos que son del resorte del juez de lo contencioso administrativo.

Por último, refirió que este mecanismo constitucional se torna improcedente en
atención a que el actor actualmente percibe asignación de retiro y no se demostró
la configuración de un perjuicio irremediable.

1.6.2. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá indicó
que los argumentos de la acción de tutela de la referencia se dirigen contra la
sentencia de 24 de julio de 2025 dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en ese sentido, luego de advertir que carece de legitimación en la
causa por pasiva, solicitó su desvinculación.

1.6.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D, precisó que las razones sustento de su decisión están contenidas en el fallo de
24 de julio de 2025, las cuales se encuentran conforme a derecho y no transgreden
las garantías fundamentales del accionante.

1.7. Fallo impugnado4

Mediante providencia de 26 de febrero de 2026 la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado delimitó el estudio del caso al defecto fáctico en
atención a que los otros yerros no se argumentaron, y negó la solicitud de
desvinculación elevada por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial
de Facatativá.

Luego, superó todos los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial, estudió de fondo y negó el amparo deprecado al concluir
lo siguiente:

32. Del examen integral de la sentencia no se advierte que se haya adoptado una
decisión irracional o caprichosa. Por el contrario, la decisión se sustenta en una

4 La notificación de la decisión se realizó electrónicamente los días 5 y 6 de marzo de 2026.

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interpretación razonable del numeral 4 del artículo 84 de la Ley 734 de 2002, de cara
a los elementos de juicio del proceso, al considerar que no toda intervención o
manifestación en un espacio distinto al disciplinario tiene la entidad suficiente para
configurar un impedimento.

33. El Tribunal realizó un análisis detallado del contenido del Acta No. 002 APROP-
GRURE-3,22 valorando su alcance y contexto, y concluyó que de su texto no se
desprendía que el mayor general Óscar Atehortúa Duque hubiera emitido concepto
previo o adoptado una postura sobre la responsabilidad disciplinaria del investigado.

34. En síntesis, del estudio efectuado se concluye que la Subdirección D de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no incurrió en el defecto
alegado. No se evidencia arbitrariedad ni vulneración de derechos fundamentales,
sino el ejercicio legítimo de la función jurisdiccional5.

1.8. Impugnación6

Con escrito radicado oportunamente el 10 de marzo de 2026, el señor José
Fernando Díaz Murillo impugnó la decisión del a quo al manifestar su inconformidad
con la resolutiva en el sentido de iterar el defecto fáctico.

Al respecto, recalcó que el general Óscar Atehortúa Duque si emitió juicio de valor
en el acta «002-APROP-GRURE-3.22» del 2 de marzo de 2018, comoquiera que
integró la junta asesora dentro de la cual se consideraron los hechos que dieron
lugar al proceso disciplinario, y se concluyó que el tutelante desplegó una serie de
comportamientos que comprometieron de manera negativa su profesionalismo
como funcionario de policía. En ese sentido, aseguró:

7. El acta No. 002-APROP-GRURE-3.22 del 2 de marzo de 2018, fue signada por el
señor Mayor General Oscar Atehortúa Gómez y no se declaró impedido, ni en sede
administrativa, como en sede disciplinaria, lo cual es violatorio del derecho de defensa
y el debido proceso, temas que ha sido tratados por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, donde el Estado ha sido condenado por las arbitrariedades.

Es por lo aquí expuesto y donde he demostrado que se constituyó vía de hecho por
defecto fáctico, que solicitó se revoque la sentencia de tutela hoy impugnada y se
conceda la protección a los derechos fundamentales vulnerados ordenando a las
accionadas se falle en un término prudencial de conformidad con lo expuesto.

5 Cita del texto original con posibles errores.
6 Las citas incluidas en este numeral fueron extraídas del texto original y pueden contener errores.

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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el señor
José Fernando Díaz Murillo contra la sentencia 26 de febrero de 2026 proferida por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con
el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 20217, así como los Acuerdos 080 de 2019 y 434 de 2024 de la Sala Plena de
esta corporación.

2.2. Cuestión previa

La Sala le reconocerá personería adjetiva al abogado Henry Humberto Vega Rincón
para actuar como apoderado del señor José Fernando Díaz Murillo en el trámite
tutelar de la referencia. Ello, en atención a que el juez a quo no se pronunció al
respecto en el auto admisorio de 2 de febrero de 2026 ni en el fallo de primera
instancia.

2.3. Problema jurídico

En el asunto bajo estudio, corresponde a la Sala determinar si debe confirmar,
modificar o revocar la decisión de 26 de febrero de 2026 proferida por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la cual se negó la
solicitud de amparo constitucional.

Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, solo en el caso de encontrarse superados;
(iii) el análisis del caso concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20128
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de

7 Vigente desde el 6 de abril de 2021. Antes de esa fecha, regía el Decreto 1983 de 2017.
8 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela

• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.

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la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema9.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales10.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. La Sala precisa que, contrario a lo señalado por el a quo constitucional, el
requisito de relevancia constitucional no se advierte superado en el asunto de
la referencia frente a la providencia de 24 de julio de 2025, marco en el cual los
argumentos expuestos por el señor José Fernando Díaz Murillo no cumplen con las
reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 215
de 16 de junio de 202212.

En el referido fallo la alta corte señaló que, tratándose del ejercicio de acciones de
tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un debate que
gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus garantías
fundamentales, más no en un juicio de corrección del fallo reprochado por cuanto
esta circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial».

9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
10 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12 Postura iterada en el fallo de tutela T-075 de 22 de marzo de 2023.

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Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad
en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial».

En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de
relevancia constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la
acción y en la especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con
el fin de evitar que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la
esfera funcional de otras autoridades judiciales.

Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la
carga de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías
superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los
derechos fundamentales».

En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:

El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda
claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de
las partes.

Luego entonces, en la sentencia SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que
se analiza debe cumplir con las siguientes finalidades:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal.13

13 Parafraseo de la SU 2015 de 2022.

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Igualmente, en el citado fallo unificador se fijaron las siguientes reglas que el juez
de tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención
satisface el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:

a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico14; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y
desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales»15.

b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos legales
como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la excepción de
los casos en que de esta se «desprendan violaciones a los derechos y deberes
constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés general16.
En este orden, el examen de la relevancia constitucional exige que la solicitud
de amparo trascienda la simple inconformidad con las decisiones adoptadas por
los jueces naturales.

c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia, más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada a un derecho fundamental»17.

d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una alta corte, el examen de este requisito debe ser más
riguroso18, es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u omisión
arbitraria por parte de la autoridad judicial que derive en la violación de derechos
fundamentales, toda vez que estas Colegiaturas actúan como tribunales de
cierre.

14 Sentencia SU-103 de 2022.
15 Sentencia SU-573 de 2019.
16 Ibídem.
17 Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
18 Sentencia SU-573 de 2019.

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2.5.1.1. Ahora, al descender al análisis del escrito inicial y de impugnación, esta
colegiatura no avizora que las inconformidades del señor José Fernando Díaz
Murillo contengan la entidad argumentativa requerida. Es decir, al tratarse de una
tutela contra providencia judicial, es indispensable que la parte accionante además
de identificar los yerros de los cuales adolece la decisión, así como las garantías
superiores que considera vulneradas, debe exponer con suficiencia las razones del
por qué el asunto requiere la intervención del fallador de esta sede, lo cual no fue
satisfecho por el señor Díaz Murillo.

Si bien el extremo tutelante resaltó que en este caso se configuró una vulneración
a los derechos al debido proceso, al trabajo y de acceso a la administración de
justicia con ocasión de la expedición de la sentencia de 24 de julio de 2025, lo cierto
es que hasta este punto del debate no se advierte, a priori, que la decisión
censurada sea arbitraria, irrazonable o caprichosa, debido a que, en el marco de su
autonomía el tribunal que conoció la segunda instancia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho negó las pretensiones de la demanda luego de concluir
que con el material probatorio aportado no se desvirtuó la legalidad de los actos
demandados.

Ello es así, debido a que, salta a la vista que el debate planteado por el señor Díaz
Murillo se circunscribe a que en sede de tutela se realice nuevamente el análisis
sobre el acta «002-APROP-GRURE-3,22» expedida por la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, mediante la cual se recomendó su
retiro del servicio por voluntad del Gobierno Nacional, comoquiera que cuenta con
la firma del mayor general Óscar Atehortúa Duque, funcionario que luego decidió la
segunda instancia del trámite disciplinario pese a encontrarse impedido al haber
emitido un concepto previo sobre los hechos que dieron lugar a la sanción.

En ese orden, lo que advierte esta colegiatura es que con sustento en la presunta
incursión de una irregularidad en la apreciación de un medio de convicción, se
pretende reactivar un debate abordado y zanjado por el juez natural en el marco de
su autonomía e independencia judicial, comoquiera que lo que se plantea en este
escenario es que se revise si el fallo que puso fin al asunto disciplinario se encuentra
viciado de nulidad por haber sido expedido por un funcionario que a su juicio se
encontraba impedido para tal efecto.

Ese planteamiento fue objeto de la demanda ordinaria y del recurso de apelación
ejercido por la entidad demandada, y fue analizado tanto por el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá como por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D; esta última autoridad que
disintió del a quo al precisar que en el caso objeto de su atención no se cumplía

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Demandante: José Fernando Díaz Murillo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00596-01

alguno de los supuestos previstos en el artículo 84 de la Ley 734 de 2002, razón por
la cual concluyó que el mencionado general no presentaba impedimento para
resolver el proceso disciplinario.

En ese contexto, queda en evidencia que la solicitud de amparo no cuenta con un
ejercicio de sustentación desde la esfera constitucional y de la violación de las
garantías que la parte actora alegó como desatendidas, que demuestren lo urgente
de la intervención del juez de tutela y de su pronunciamiento en el asunto de la
referencia.

No es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión censurada se
transgredieron algunos derechos superiores o se presentaron determinadas vías de
hecho, por el contrario, es menester que quien se considera afectado, cumpla con
el deber de argüir el concepto de la vulneración que se deriva de una providencia
judicial en abierta contradicción de los postulados constitucionales, que implique en
esta sede un análisis de fondo frente a la decisión cuestionada.

Básicamente, los cargos, al enmarcarse en la acción de tutela contra providencia
judicial, requiere con mayor énfasis que el interesado ejecute una exposición que
sin lugar a duda demuestre de forma coherente, el engranaje entre la orden objeto
de reproche y la inescindible afectación de las garantías fundamentales en su
núcleo esencial.

Así las cosas, es evidente que este medio de amparo persigue emplear una tercera
instancia y además, carece de la carga argumentativa suficiente a través de la cual
justifique la relevancia del caso a partir de la exposición del concepto de la violación,
lo cual implica un ejercicio explicativo, jurídico y lógico que le permita a esta
colegiatura advertir una prominente vulneración de sus prerrogativas superiores con
ocasión de la providencia dictada por la autoridad censurada, en el sentido riguroso
que señaló la Corte Constitucional en las sentencias de unificación 215 y 103 de
202219.

Todo lo anterior, da lugar a que esta Sala revoque la decisión de primer grado que
negó el amparo solicitado, para, en su lugar, declarar la improcedencia de la acción
de la referencia.

19 Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-

15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; y (iii) sentencia
de 28 de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00596-01

2.6. Conclusión

De conformidad con lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de 26 febrero de
2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que
negó el amparo solicitado, para, en su lugar, declarar la improcedencia de la acción
de la referencia promovida por el señor José Fernando Díaz Murillo contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: RECONOCER personería adjetiva al abogado Henry Humberto Vega
Rincón para actuar como apoderado del señor José Fernando Díaz Murillo en la
tutela de la referencia

SEGUNDO: REVOCAR la decisión de 26 febrero de 2026 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A que negó la solicitud de amparo, para,
en su lugar, DECLARAR la improcedencia del mecanismo constitucional.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

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Demandante: José Fernando Díaz Murillo
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00596-01

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2354 de 2012.

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